El juez federal de Campana, Adrián González Charbay, restableció la vigencia de la ley de emergencia en discapacidad que había sido suspendida por el gobierno de Javier Milei luego de ser aprobada y reconfirmada por el Congreso, por lo que ahora el Ejecutivo deberá pagar a prestadores y participantes de talleres protegidos.

El juez dictó la medida al hacer lugar a un amparo colectivo presentado por organizaciones vinculadas a la asistencia de personas con discapacidad. González Charbay suspendió la vigencia del articulo II del decreto 681/25, por el cual el gobierno había frenado la aplicación de la ley bajo el argumento de que no se habían explicitado los fondos para financiarla.

Según la oficina de presupuesto del Congreso, la aplicación de la emergencia tendría un impacto fical -anual- de entre 0,22 y 0,42% del PBI.

La ley había sido aprobada por el Congreso en julio del año pasado y declaraba la emergencia en materia de discapacidad hasta fines de 2027, pero aunque el Poder Ejecutivo promulgó la norma estableció un freno a su aplicación al considerar que el Congreso no había definido las fuentes de financiamiento.

Así, el decreto ejecutivo 681/2025 dejó la norma en suspenso, lo que generó un fuerte reclamo de familias, organizaciones y prestadores. El amparo judicial que motivó el fallo había sido presentado por dos familias en representación de sus hijos, cada uno con Certificado Único de Discapacidad.

El recurso sumó el respaldo de asociaciones civiles y entidades vinculadas al sector en todo el país y tuvo como principal argumento que la suspensión dejaba en estado de indefensión a miles de personas que dependen de tratamientos, servicios y apoyos que ya venían deteriorándose por la crisis económica y el desfinanciamiento.

Del lado del Gobierno, el Ministerio de Salud defendió la suspensión al argumentar razones fiscales y advirtió que aplicar la ley sin fondos específicos pondría en riesgo otras áreas estatales. Sostuvo además que la reasignación presupuestaria era una responsabilidad del Congreso y no del Ejecutivo.

Esos planteos fueron rechazados por el magistrado González Charvay al señalar que tras la negativa del veto presidencial, la Constitución obliga al Poder Ejecutivo a promulgar y ejecutar la ley sin condiciones.

Por otra parte, afirmó que el decreto que dejó la ley en suspenso violó ese mandato y subordinó una norma del Congreso a reglamentos de menor jerarquía, lo que constituye una intromisión en las competencias legislativas.

El juez federal también cuestionó los argumentos fiscales del Gobierno y recordó que el Congreso había habilitado al jefe de Gabinete a realizar las reasignaciones necesarias y que, desde diciembre de 2023, ya se habían hecho más de diecinueve modificaciones presupuestarias para otros fines.__IP__

La sentencia destacó la especial vulnerabilidad de las personas con discapacidad, principalmente en niños y adultos mayores, así como también y la obligación del Estado de adoptar medidas de protección reforzada invocando jurisprudencia de la Corte Suprema y de la Corte Interamericana que exigen evitar cualquier retroceso en derechos sociales.

Finalmente, el juez González Charvay ordenó la aplicación inmediata de la Ley 27.793, declaró inválida la suspensión dispuesta por el Decreto 681/2025, impuso costas al Estado y dispuso publicar la decisión en el Registro Público de Procesos Colectivos. La decisión judicial reafirma los límites constitucionales al Poder Ejecutivo cuando se trata de derechos sociales

Fuente: Agencia DIB 

El Gobierno confirmó que vetará la suba de haberes jubilatorios aprobada en la Cámara de Diputados de la Nación. Ya anoche, tras conocerse el resultado de la votación, el presidente Javier Milei había expresado en su cuenta de X: “Esperemos que los senadores no apoyen esta demagogia populista pero de cualquier forma nuestro compromiso es vetar cualquier cosa que atente contra el DÉFICIT CERO”. Este jueves, en tanto, el jefe de Gabinete Guillermo Francos afirmó que el resultado de la votación en la Cámara baja es de “una irresponsabilidad política muy grande”, y que el Gobierno “no va a permitir que se arruine el equilibrio fiscal”.

Francos, en diálogo con Radio Mitre, comentó que “la Cámara de Diputados aprobó dos leyes para el sistema jubilatorio, una con respecto a un incremento de emergencia para los jubilados, y otra para establecer una extensión de pedido de moratoria. Yo digo que es una irresponsabilidad política muy grande. Entiendo que los diputados tengan como objetivo expresar una especie de sensibilidad hacia un sector que, por supuesto, hoy está en una mala situación, como viene en una mala situación hace muchos años, aunque se ha mejorado la situación que tenía anteriormente”.

El funcionario continuó: “Me gustaría repasar un poquito los números. Tenemos 5.774.000 jubilaciones. De esta cifra son sin moratoria, es decir, gente que ha hecho los aportes para jubilarse, 1.800.000. ¿Y cuántos son los que no hicieron los aportes y se jubilaron con moratoria? Es decir, se jubilan al final sin haber pagado en su momento, les hacen un plan de pago para que ingresen, se jubilen, y en definitiva van pagando la cuota con la propia jubilación. Bueno si eran sin moratoria 1.800.000, con moratoria tenemos 3.900.000, el doble de jubilados”.

“Estos son los distintos planes que se hicieron con el kirchnerismo y este es lo que ahora se prorrogó”, afirmó el jefe de Gabinete. Agregó que “también tenemos pensiones, aunque ahí es superior la cantidad de las pensiones que son sin moratoria, que tienen que ver con jubilados anteriores, en definitiva, y con moratoria son menores, son 200.000”.

Entonces, Francos fue categórico: “En total, cuando uno toma la totalidad de los beneficios que pagaron sus aportes tiene 3.384.000 entre pensiones y jubilaciones, y que no pagaron sus aportes sino que entraron en planes de moratoria 4.102.000”.

El funcionario lanzó: “Todos sentimos la misma sensibilidad (con respecto a los jubilados). Lo que pasa es que la Cámara de Diputados la expresa de una manera que el Estado no puede hacerse cargo”.

“Entonces, ¿qué se pretendió anoche? Uno, mostrarse sensibles ante una situación compleja y difícil, y el otro, tratar de horadar al Gobierno rompiéndole el equilibrio fiscal. Y eso el Gobierno no lo va a permitir, porque el objetivo en esto es muy claro: la solución de los problemas argentinos es mantener el equilibrio fiscal permanentemente”, cerró Francos.

Ya anoche a las diez, apenas conocido el resultado en Diputados, Milei había expresado: “Esperemos que los senadores no apoyen esta demagogia populista pero de cualquier forma nuestro compromiso es vetar cualquier cosa que atente contra el DÉFICIT CERO. Fin”.

Y en el mismo sentido se expresó el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien replicó el mensaje de su jefe y remarcó que “el Presidente de la Nación vetará todos y cada uno de los proyectos de ley que impliquen quebrantar el equilibrio fiscal”. “El populismo ya no es parte del camino. Fin”, insistió. (DIB) MM

Durante la última sesión del Concejo Deliberante, se aprobó un proyecto que convoca al Intendente Municipal para mantener un diálogo, luego de que el Ejecutivo vetara siete ordenanzas propuestas por el cuerpo legislativo. En declaraciones a la prensa, el concejal de la UCR, Valentino Redruello, expresó su preocupación por esta situación.

“El veto en exceso es autoritarismo; no podemos seguir trabajando de esta manera”, afirmó Redruello, quien subrayó que las ordenanzas rechazadas eran responsables y beneficiaban a los vecinos. “Es necesario que el Intendente se abra al diálogo”, agregó, reiterando la disposición del bloque a revisar sus posturas, aunque indicó que han apoyado la mayoría de los proyectos del Ejecutivo.

El proyecto de comunicación aprobado resalta la importancia de establecer un entendimiento entre el Departamento Deliberativo, compuesto por los 16 concejales, y el Departamento Ejecutivo, encabezado por el Intendente. La comunicación destaca que la negativa cerrada a aceptar decisiones del Concejo es perjudicial para la representación de la ciudadanía.

“Las decisiones que toma el Concejo deben ser respetadas por el Intendente”, concluyó Redruello, enfatizando la necesidad de construir puentes de diálogo en beneficio de la comunidad.

EL PRO se pronunció a favor de respaldar el veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento universitario, que se debatirá el miércoles en la Cámara de Diputados. Sin embargo, el partido criticó la gestión del Gobierno en la materia.

Ese posicionamiento se adoptó en una reunión de la mesa directiva del partido encabezada por el expresidente Mauricio Macri. Desde las 11 y bajo la modalidad virtual, en el encuentro también estuvieron los gobernadores de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; de Chubut, Ignacio Torres; el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; el presidente del bloque, Cristian Ritondo, y la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez.

De acuerdo con la agencia Noticias Argentinas, esa es la postura que el partido llevará a la sesión especial de Diputados convocada para este miércoles. A través de un comunicado, el PRO expresó que el bloque “ya votó mayoritariamente en la Cámara de Diputados hace pocas semanas, rechazando esa ley. Seguimos pensando lo mismo”.

Sin embargo, el PRO criticó la política oficial sobre las universidades. Señaló que “habiendo pasado diez meses de gestión el Gobierno se encuentra en un conflicto agravado por cuestiones internas del propio gobierno, conflicto que con una gestión profesional y eficiente se podría haber evitado”. “Como siempre hemos señalado, para el PRO la gestión importa”, sentenció.  

Respecto del veto presidencial, y del acompañamiento del PRO, “somos coherentes con la necesidad de sostener el equilibrio fiscal como prioridad para que nuestro país salga adelante”. “Somos coherentes con nuestro respeto a la ley de Administración Financiera, que impide que una ley defina un gasto sin explicar cómo se financia”, reafirmó postura. “El PRO siempre ha defendido la bandera de la educación pública. Lo demostró durante la presidencia de Macri y lo sigue mostrando en sus actuales administraciones provinciales, municipales y de la ciudad de Buenos Aires”, reza el comunicado.

Mañana martes a las 18 los diputados de la fuerza tendrán una reunión de bloque para definir si se expresan en sintonía con la conducción partidaria. (DIB) GML

Javier Milei y Mauricio Macri volvieron a intercambiar gestos de tensión en torno a la resolución de la pelea política en torno al financiamiento de las universidades, ya que los legisladores de PRO podrían no respaldar en el Congreso en veto del Presidente a la ley que le asegura fondos a las casa de estudios hasta fin de año.

Macri, que hizo un silencio sugestivo durante la jornada de ayer, cuando se dieron la masiva Marcha Federal en apoyo a las universidades y, acto seguido, el veto a la ley. Y hoy se reunió con senadores de PRO, casi en sincronía con la convocatoria a una sesión especial en Diputados para el miércoles, en la cual intentarán dejar vigente la ley pese al veto.

Ambas señales fueron examinadas con lupa, porque Macri, presidente de PRO, tiene influencia directa en la postura de los diputados y senadores del partido, que a su vez son un espacio clave para que Milei consiga el tercio de votos necesario para blindar el veto (y otras eventuales iniciativas en su contra).

Del encuentro participaron el titular del PRO en el Senado, Luis Juez (Córdoba); Beatriz Ávila (Tucumán); Carmen Álvarez Rivero (Córdoba); Victoria Huala (La Pampa); Alfredo De Angeli (Entre Ríos); Martín Goerling Lara (Misiones) y Andrea Cristina (Chubut), que se incorporó la semana pasada al bloque.

El faltazo lo pegó Guadalupe Tagliaferri por cuestiones de agenda. Ayer, Tagliaferri, que preside la comisión de Acuerdo, fue a la marcha y se mostró junto al ex jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, alejado de Macri y contrario al veto. Además, había votado a favor de la ley de financiamiento universitario que vetó Milei, al igual que Juez.

De los seis presentes este jueves, solo tres votaron contra el proyecto que vetó Milei cuando fue aprobado en la Cámara Alta: Álvarez Rivero, De Angeli y Goerling Lara. Por su parte, Cristina acompañó el proyecto en general, pero rechazó algunos artículos en particular; mientras que Huala se inclinó por la abstención.

De la reunión, se filtraron dos frases atribuidas a Macri en medios nacionales: “PRO siempre estuvo a favor de la educación pública” y “Para qué voy a seguir yendo a comer milanesas si después no se cumple nada”. Ambas hablan de una distancia política con Milei, la primera es casi una confirmación, además, de la voluntad de ni acompañar puntualmente el veto a la ley para financiar las universidades.

Desde la Casa Rosada también se hicieron escuchar tambores de guerra. Milei se reunió con su gabinete, en una sesión de análisis de lo ocurrido ayer: la jornada, entre otras señales de alarma para el gobierno, incluyó una particular intensidad de las machas en provincias donde Mieli tuvo su mejor perfomance electoral, como Córdoba o Mendoza.

Desde allí también surgieron filtraciones a la prensa nacional. Una indicaba que Milei dijo que lo ocurrido en la calles no cambiará el rumbo de su gobierno, que rechazará cualquier ley que no contemple las partidas para ser financiada (aunque no vetó por caso la ampliación del banco genético a todo tipo de delincuentes, que implica gastos pero no aclara cómo se pagarán).

En ese marco, algunas fuentes del gabinete hicieron trascender que se contempla el firma la posibilidad de ir a la Justicia (sería la Corte) contra la ley, a la que consideran inconstitucional. También mencionaron una supuesta voluntad presidencial de no cumplir con el envío de las partidas que contempla la ley. Una especia de veto en los hechos, de dudosa legalidad. (DIB) AL

El presidente Javier Milei vetó la ley de financiamiento universitario a horas de la masiva marcha que tuvo su epicentro en el Congreso Nacional. Lo había adelantado el Gobierno durante la tarde del miércoles, y finalmente se confirmó al filo de la medianoche con la publicación en el Boletín Oficial del decreto 879/2024, en el que se afirma, entre otros puntos, que “el proyecto de ley es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”. Se trata del segundo rechazo del Ejecutivo a una ley aprobada por el Congreso, luego de que se desestimara la recomposición de las jubilaciones.

La ley de financiamiento de las universidades había sido aprobada por la Cámara alta el 12 de septiembre con apoyo de senadores kirchneristas, de la UCR, los bloques federales y los senadores del PRO Luis Juez y Guadalupe Tagliaferri. Los libertarios votaron en contra con el acompañamiento de tres macristas.

Milei advirtió de inmediato que vetaría el proyecto ya que afectaría el equilibrio fiscal.

La ley sancionada por el Congreso el mes pasado establece una actualización del presupuesto basada en la inflación, medida por el INDEC, y una indexación bimestral usando un coeficiente que combine un 50% de variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), 25% de la variación del dólar y otro 25% de las tarifas de servicios públicos.

Además, se propone una recomposición salarial para docentes y no docentes con base en el IPC, pero de manera subsidiaria a la paritaria colectiva. Para este año, la ley tiene un impacto fiscal de $ 738.595 millones, equivalente al 0,14% del PBI, de acuerdo con un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Esa cifra según afirma el texto del DNU 879/2024, “dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas de la República Argentina, ya que significaría la necesidad de obtener una fuente de financiamiento extraordinaria, imprevista, a efectos de afrontar su costo”.

El decreto comienza diciendo que “el proyecto de ley sancionado por el Honorable Congreso de la Nación es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento“.

Se expresa además que “el presupuesto en ejecución de la Secretaría de Educación dependiente del Ministerio de Capital Humano no incluye los créditos necesarios para atender el gasto asociado al proyecto de ley sancionado, motivo por el que su implementación demandaría aportes adicionales del Tesoro Nacional“.

Ese incremento rondaría los $ 250 mil millones de pesos “en las partidas de las actividades 14, 15, 16 y 25 del Programa 26 ‘Desarrollo de la Educación Superior’ del Servicio 330 ‘Secretaría de Educación’”. Ello, “sin perjuicio del impacto de la actualización que pudiera corresponder por el período septiembre – diciembre del actual ejercicio”, aclaró la normativa, que luego remarcó que “la eventual aplicación de las prescripciones del referido proyecto de ley implicaría un gasto adicional de aproximadamente $ 811.569.000.000“.

El otro punto de discusión es el aumento de los salarios docentes por encima del resto del personal de la administración pública: “La medida sancionada establecería un privilegio para el personal de las Universidades Nacionales (87% de incremento entre diciembre 2023 y agosto 2024) respecto del resto del personal de la Administración Pública Nacional (78% en el mismo período), por lo que los incrementos salariales deben tener lugar a través de la negociación colectiva de trabajo”.

Así, el punto “evidencia una incongruencia respecto a la normativa sustantiva inherente a la negociación colectiva de trabajo y a la gestión de la Administración Financiera Pública”.

Y “el propio ordenamiento jurídico específico de la administración presupuestaria (…) con el objeto de evitar prácticas perniciosas que desvirtuaban la formulación presupuestaria y no respetaban la existencia de sustentabilidad financiera, desterró la posibilidad de negociaciones y/o asignaciones retributivas con carácter retroactivo”.

De esa manera, afirma el decreto 879, “dar cumplimiento a la medida sancionada por el Honorable Congreso de la Nación dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas de la República Argentina, ya que significaría la necesidad de obtener una fuente de financiamiento extraordinaria, imprevista, a efectos de afrontar su costo”.

Y por ello, “a los fines de que el país continúe en la senda de la estabilidad y del crecimiento, corresponde que el Poder Ejecutivo Nacional recurra a la herramienta constitucional del veto total de la iniciativa legislativa que le ha sido remitida”. (DIB) MM

El presiente Javier Milei confirmó que aplicará un “veto total” a la ley de financiamiento universitario que sancionó en Senado esta madrugada, por al cual se aumentan las partidas para el funcionamiento de las casa de altos estudios y para subir el sueldo de sus trabajadores, tanto docentes como no docentes.

“Veto total”, respondió Milei en su perfil de X a una publicación del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, en la que el funcionario había aclarado que la “última palabra” sobre la cuestión la tendría el Presidente. Más temprano, el portavoz Manuel Adorni había adelantado que la medida estaba en estudio.

La confirmación del veto abre la puerta a una intensificación del conflicto en las universidades nacionales, que ya comenzaron este cuatrimestre con paros de actividades en protesta por el retraso salarial de los docentes –lo estiman en el 30% promedio o incluso por encima de esa cifra, según la fuente- y el incumplimiento parcial por parte del Gobierno del compromiso de enviar más fondos para el funcionamiento general de las casas de estudios.

Una de las posibilidades que analizan en los gremios universitarios es la de reiterar una marcha de protesta, luego de éxito de la que se realizó el martes 23 de abril pasado. También podría desatarse una nueva oleada de paros.

Tras la aprobación de la Ley, el gobierno tiene diez días para dejar sin efecto la decisión parlamentaria. Luego, el parlamento podría intentar dejarla firme, pero para eso hacen falta los dos tercios de ambas cámaras legislativas.

La ley fue sancionada por un mosaico de fuerzas políticas de la oposición en la que confluyeron radicales, kirchneristas, fuerzas provinciales y otros bloques menores, que impusieron su criterio por 57 votos a favor, tan sólo 10 en contra y una abstención.

Según los defensores del proyecto, el costo fiscal de la norma es de apenas el 0,14% del producto bruto interno (PBI). En números, serían unos $780.000 millones de pesos. El oficialismo acusó a la oposición de hacer demagogia con un tema tan sensible como la educación, amén de destacar que la iniciativa no establece la fuente de financiamiento de la mayor erogación que implicará para el presupuesto nacional.

El veto será el segundo en la era libertaria, luego de que hace dos semanas el mandatario firmara el último 30 de agosto la ley de movilidad jubilatoria. En ese caso, la oposición en la cámara de Diputados no logró reunir los dos tercios necesarios para voltear la iniciativa. (DIB) AL

Tras la sanción en el Senado de la ley que recompone el presupuesto de las universidades nacionales, el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que el mandatario Javier Milei tiene “en evaluación” vetarla.

“Se está analizando, no está confirmado que se vaya a vetar o a no vetar. Está en discusión en todo el gabinete y la decisión, por supuesto, la va a tomar el Presidente”, respondió Adorni ante la consulta periodística en su habitual conferencia de prensa.

La cautela del funcionario contrastó con lo que venían expresando miembros del Gobierno respecto de la convicción de que había que vetar el proyecto.

La ley incrementa el presupuesto universitario e incluye una recomposición para los docentes y no docentes. Esto generará un impacto fiscal de 735.598 millones de pesos, lo que implica el 0,14% del PBI, según informó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

Sería, si se avanza en ese sentido, el segundo veto durante el Gobierno mileísta, luego del que el Presidente firmara hace dos semanas contra la ley de movilidad jubilatoria. (DIB)

Con el respaldo de los bloque de Libertad Avanza y PRO más el acompañamiento de un grupo de legisladores radicales que cambiaron de posición en las últimas, la Cámara de Diputados dejó firme el veto del presidente Javier Milei a la ley que subió 8,1% las jubilaciones y estableció una nueva fórmula de cálculo que abría la posibilidad de que futuros incrementos no estén limitados por el nivel de inflación.

El resultado de la votación fue de 153 diputados a favor de rechazar el veto, 87 que lo respaldaron y 8 abstenciones. Para alcanzar los dos tercios se necesitaban 166 voluntades, por lo que estuvo a 13 votos de conseguir su objetivo.

En ese desenlace resultó clave el cambio de postura de cinco diputados radicales que en junio había votado a favor de la reforma – Mariano Campero, Pablo Cervi, Martín Arjol, José Tournier y Luis Picat- como así también la abstención del bloque de Innovación Federal, que responden a los gobernadores de Río Negro, Misiones y Salta.

Juntos, esos cinco radicales y los ocho federales suman 13 escaños: si no hubiesen cambiado de opinión respecto de las bondades del proyecto luego de que fue vetado, esa decisión del presidente se hubiese caído y el incremento a los haberes se hubiese mantenido firme.

También resultó estratégico el reemplazo del radical entrerriano Rodolfo Galimberti, que había anunciado un voto contra el veto, por la PRO cercana al gobernador Rogelio Frigerio, que votó a favor. Ballejos era la suplente en la lista que llevó a Galimberti al Congreso, quien dejó la bancada para ocupar una silla en la comisión técnica que administra la represa Salto Grande, donde cobrará 8 mil dólares al mes. El diputado del Frente de Izquierda Nicolás del Caño denunció como “un escándalo” ese reemplazo.

Para el Ejecutivo fue un éxito que celebró el propio Milei, quien en las redes sociales difundió un mensaje en el que calificó de “87 héroes” a los diputados que no se plegaron al rechazo al veto. El Presidente había sostenido en varias oportunidades que el aumento –unos 14 mil pesos para las jubilaciones mínimas, que están en 304.540,23- y el cambio de fórmula atentaban contra el superávit de las cuentas públicas. Por eso, nuevamente calificó de “degenerados fiscales” a los legisladores que optaron por respaldar el incremento de haberes.

El debate fue agitado. Hubo, por caso, cruces entre los propios radicales. Fue Roxana Reyes, radical santacruceña que se ausentó a la hora de votar para facilitar el triunfo libertario, al igual que Gerardo Cipollini- encendió el fuego cuando luego de relacionar la crisis del sistema previsional con la decisión del kirchnerismo de incorporar nuevos jubilados mando un mensaje al interior de su bloque para justificar su postura.

“Van a tener que ir a terapia muchachos, ganó Javier Milei, no ganamos nosotros“, disparó la santacruceña, quien señaló que “el veto presidencial dice que no hay posibilidad de donde sacar la plata, van a emitir, van a crear otro impuesto”.

Campero, uno de los que votaron negativo, pidió la palabra para argumentar su decisión: “no voy a ser partícipe de una desestabilización que quieren hacer los kirchneristas”, aseguró, y recibió la ovación de los liberales.

Acto seguido, Pablo Juliano, el diputado por la Provincia de Buenos Aires que responde a Facundo Manes, salió al cruce de su compañera de bloque avisando que “va a votar igual y a reafirmar su voto a favor del proyecto”. Y cargó contra los diputados que se fotografiaron con Milei al exigir que “devuelvan sus bancas”. “Tengan el coraje político de lo que hacen afuera sostenerlo acá adentro”, dijo el diputado, quien advirtió que “las abstenciones y los que den vuelta su voto van a tener que dar explicaciones”.

Danya Tavela, una de las diputadas de Evolución que está alineada con Martín Lousteau, también cuestionó a los correligionarios que se dieron vuelta. “Roma no paga traidores y el pueblo tampoco los vota”, avisó la legisladora en el recinto.

El kirchnerismo estuvo casi completo y aportó 98 votos de los 153 afirmativos. Faltó la sanjuanina Ana Aubone. Agustina Propato, la esposa de Sergio Berni, llegó en una silla de ruedas por una lesión en una pierna.

En el debate, el jefe del bloque K, Germán Martínez, apuntó contra la Casa Rosada por vetar la ley aprobada por el Congreso con los dos tercios de ambas cámaras. “Un gobierno colgado del travesaño, se lleva a diputados que en junio votaron a favor de los jubilados”, protestó el santafesino, para agregar que “el diablo disfrazado de fuerza del cielo metió la cola”.

Por su parte, Cristian Ritondo, jefe del PRO, defendió en el recinto el veto del Presidente, al apuntar contra la política previsional del kirchnerismo que a su entender “ha sido inviable“. “No vamos a ser parte de un simple montado que empobreció a los argentinos”. “Si quieren voten, pero acá hay responsables de que los jubilados hayan perdido 40 % del poder adquisitivo porque Milei hace seis meses que está gobernando”, agregó.

Hubo otros votos llamativos como el voto a favor del larretista Álvaro González (PRO) y la abstención de Lourdes Arrieta (Fuerzas del Cielo – Espacio Liberal).

El voto de González confirma que Horacio Rodríguez Larreta, el perdedor de la interna presidencial de Juntos por el Cambio el año pasado, ya no articula con el PRO y tiene mucha más afinidad con figuras de la oposición dialoguista como Martín Lousteau y Miguel Ángel Pichetto.

Lo de Arrieta merece un párrafo aparte. En su estreno como diputada independiente tras ser corrida del bloque libertaria, la mendocina fue una de las que cambió el sentido de su voto. En la sesión de junio había tenido disciplina partidaria votando en contra de la reforma jubilatoria, pero en esta ocasión se abstuvo.

“Los jubilados que hoy tienen que afrontar un momento de crisis que, entiendo y respeto a las políticas de shock, pero también entiendo a cada jubilado porque camino, porque viajo en subte, porque me muevo para todos lados sin ningún privilegio y creo firmemente que sí debería el aumento hacerse factible”, sostuvo. (DIB) AL

El Gobierno tiene todo listo para vetar la nueva fórmula jubilatoria que fue impulsada por la oposición y aprobada por el Congreso la semana pasada: el presidente Javier Milei estamparía su firma esta noche, luego de la reunión que encabezará con los jefes de bloques aliados a partir de las 18 en Casa Rosada. La intención del Presidente es explicarle a los legisladores las razones de la decisión, que fue tomada en junio, apenas el proyecto que estipula una recomposición mínima del ingreso de los jubilados fue aprobado por la Cámara de Diputados.

La Secretaría de Legal y Técnica ya tiene el documento preparado. Incluso, se especulaba con la posibilidad de saliera a la luz en el Boletín Oficial de este jueves, algo que finalmente no ocurrió. Al cónclave en Balcarce 50 fueron invitados el titular de la bancada libertaria, Gabriel Bornoroni; su par del PRO, Cristian Ritondo y el referente del MID, Oscar Zago, quien hasta abril estuvo al frente del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara baja. A última hora se confirmó además la presencia del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

El Presidente suele sostener que no va a “entregar” el equilibrio fiscal. Y, a través de sus redes, tampoco pierde oportunidad de bramar contra “la vieja política” a la que acusa de “llevar un siglo fracasando”. “Es lo que hemos venido a cambiar. Y lo vamos a cambiar, hoy o desde el 11 de diciembre de 2025”, escribió Milei, en una referencia implícita a las elecciones legislativas del año que viene.

“El costo político no lo va a pagar él que avisó que lo iba a vetar, lo van a pagar los degenerados fiscales”, repiten como un mantra en Casa Rosada. Se trata del mismo argumento que ensayaron hace casi tres meses en el oficialismo, tras la media sanción en Diputados. Aquel contexto, sin embargo, era completamente distinto. El inminente veto presidencial llega ahora luego de una de las peores semanas para el oficialismo, cuya impericia política terminó empujándolo a dos derrotas al hilo en el Congreso.

El dato saliente de la votación de la semana pasada fue que el PRO, el espacio que es aliado de La Libertad Avanza en el Congreso, votó a favor de la iniciativa opositora. Se trató del segundo gesto opositor de parte de los amarillos comandados por Mauricio Macri en poco más de 24 horas. El accionar de la tropa del expresidente, que cenó nuevamente con Milei esta semana en Olivos, fue clave para que los senadores que le responden levanten la mano para sancionar el proyecto. Sin embargo, al día siguiente, Macri apoyó el veto que Milei confirmó que firmará. Jugadas confusas.

En junio, el Gobierno se mostraba confiado en que la unidad de acción lograda en el recinto de Diputados por bloques tan diversos alrededor de la fórmula jubilatoria no iba a replicarse en el futuro. En aquel entonces, no dejó de llamar la atención la reacción extremadamente confrontativa del Presidente contra el Congreso, primero en redes y luego durante su exposición en el Latam Economic Forum. “Les voy a vetar todo, me importa tres carajos”, vociferó el libertario desde el atril del evento empresario que se realizó en Parque Norte.

En esa línea, Milei replicó la semana pasada un mensaje en X contra los senadores que se aprestaban a votar a favor del aumento de las jubilaciones, en el que se los llamaba “cenadores”. “No son más senadores, ahora son cenadores y nos están comiendo vivos”, fue el posteo de la cuenta de Instagram “Coherencia por favor”, y que compartió el Presidente, quien ya había señalado que vetaría todos aquellos proyectos de ley que la oposición, que tiene mayoría en ambas cámaras, aprobara en el Congreso y que implicaran un aumento del gasto público. (DIB)

El expresidente Mauricio Macri salió este viernes a respaldar a Javier Milei luego de una semana de tensión entre el PRO y La Libertad Avanza, al señalar que apoya el veto al proyecto de movilidad jubilatoria, frase con la que se despegó, a su vez, de los senadores de su fuerza que apoyaron la iniciativa opositora y dejó en claro que no había sido su instrucción expresarse de esa manera.

En línea con Milei, Macri aseguró que ya “no se puede discutir la necesidad del equilibrio fiscal” y ante eso, escribió: “Por el bienestar de nuestros jubilados y de los nietos de los jubilados apoyo el veto del presidente Milei”.

En el posteo, también se expresó contra los legisladores. “La mayoría de los senadores que ahora expresan su preocupación por los ingresos de los jubilados son los mismos que se opusieron con vehemencia al cierre y venta de empresas del Estado deficitarias y llenas de corrupción”, dijo.

La mayoría de los senadores que ahora expresan su preocupación por los ingresos de los jubilados son los mismos que se opusieron con vehemencia al cierre y venta de empresas del Estado deficitarias y llenas de corrupción. Hay que recordar, también, que esos mismos senadores…

“Hay que recordar, también, que esos mismos senadores fueron quienes aprobaron la apertura indiscriminada de universidades públicas, fuente de despilfarro, y fachadas para el clientelismo y una corrupción fenomenal. Fueron ellos los que aprobaron el déficit que empobreció a los argentinos”, escribió en su cuenta de X Macri, contra los representantes de la oposición”, planteo en la misma línea que los planteos de Milei.

El jueves en el recinto los senadores de PRO votaron a favor del proyecto de jubilaciones, a excepción de Carmen Álvarez Rivero. Solo se opusieron la cordobesa y los siete libertarios. Después la mayoría de los amarillos se manifestó en contra de parte del articulado, en sintonía con la Casa Rosada.

Milei anunció, en tanto, que vetará la ley porque esa iniciativa para el sistema jubilatorio va en contra de su meta de mantener equilibradas las cuentas públicas.

Este nuevo guiño de Macri se da luego de las fricciones que se produjeron entre el PRO y LLA a partir de que diputados que responden a Mauricio Macri votaran en contra del DNU que giraba fondos para la SIDE por 100 mil millones de pesos. (DIB)

Por Ximena B. Xiong

Tal como se había anunciado, se llevó a cabo la primera sesión extraordinaria en el Honorable Concejo Deliberante al ser convocada por la oposición luego de conocerse el veto parcial por parte del intendente de Chascomús a dos ordenanzas referidas a exención del pago de tasas y bonificación por título.

Pasada las 10hs del viernes, los ediles presentes dieron tratamiento al orden del día convocado para la fecha donde quedaron sin efectos los vetos parciales del intendente Javier Gastón. Finalizada la sesión extraordinaria, desde el bloque Unión por la Patria-PJ alegaron que el veto a la adecuación de tasas no fue aprobado en base al artículo 38 y 69 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

En primera instancia, fue aprobado por la totalidad del cuerpo el interés público y de urgencia el expediente 5789/O que insistió en la aprobación de los artículos de la Ordenanza 5769, referida a tasas de antena, toldos y bicicleteros, que había sido vetado parcialmente.

Sometido a votación y habiendo en el recinto 11 concejales pertenecientes a los bloques UCR, Cambiemos Chascomús y UxCh-UP, faltando el Partido Justicialista, quienes se sumaron luego, con ocho votos positivos de la oposición contra tres negativas del oficialismo quedó aprobada la ordenanza que insistió en la aprobación de los incisos y artículos que había vetado parcialmente el jefe comunal.

Respecto al segundo orden del día, el expediente 5790/O “insístase en la aprobación de los artículos de la Ordenanza 5770/23”, presentado por el interbloque UCR-Cambiemos Chascomús, el interés público y de urgencia obtuvo mayoría al igual que la ordenanza en cuestión que llegó a 10 votos positivos contra cinco negativos.

Durante la argumentación, desde la oposición hicieron hincapié en la aprobación de los artículos 4, 5 y 10 de la Ordenanza 5770/23 del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2024, donde focalizaron en la bonificación por título de estudio que beneficia a los agentes municipales.

En ese marco, mencionaron los artículos 8 y 9 de dicha ordenanza respecto a bonificación por función y responsabilidad, “no habiendo argumento suficiente” para vetar el artículo 10 al no especificarse la cuantía del pago en las anteriores, en consideración a la fundamentación del veto del ejecutivo.

De igual manera, trajeron a colación lo dicho y ocurrido en la anterior sesión extraordinaria de enero de 2023 donde también se había vetado un artículo referido a bonificación por título por un Convenio Colectivo de Trabajo, en la que hoy habría un principio de borrador.

En tanto que el oficialismo apuntó a no poner en riesgo la partida presupuestaria al no haber una previsión y que, en todo caso, “es una potestad de las organizaciones sindicales”, sumado a que en la mesa salarial “no ha sido un pedido de los sindicatos”.

A pesar de estar en acuerdo en la bonificación por título y capacitación de los agentes municipales, cinco ediles oficialistas emitieron su voto por la negativa y 10 concejales por la positiva quedando aprobado por mayoría el expediente que insistió en la aprobación de los articulados cuarto, quinto y décimo de la Ordenanza 5770/23 del Presupuesto Municipal 2024.

Levantados los vetos parciales del ejecutivo, se dio paso al tratamiento del Decreto 228 donde se autorizó al intendente Javier Gastón a hacer uso de licencia, correspondiente del período 2023, a partir del 19 de enero de 2024 hasta el 28 de enero del mismo año inclusive.

De esta manera, el primer concejal de la lista, Leandro Bordalecou, pasará a tomar el cargo de intendente interino por el mismo lapso, incorporándose la edil suplente, María Graciela Calderón a ocupar la banca, quien ayer en la sesión especial tomó juramento.

A través del decreto 1.184/2023, fueron vetados los artículos 4, 5 y 10 de la ordenanza Nº 5.770 aprobada por el Concejo Deliberante el 28 de diciembre pasado.

Esta normativa aprueba el Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos para el ejercicio 2024 enviado por el Departamento Ejecutivo.

Los artículos 4°y 5° de la Ordenanza modificada por el Concejo Deliberante se contradecía con la Ley Orgánica de las Municipalidades, que es una norma superior”.

En relación con ambos ítems, se indica que se habrían transcriptos párrafos de la Ley Orgánica de las Municipalidades cuya redacción no se encuentra vigente, ya que fueron modificados a través de la Ley 14.062.

En referencia al artículo 10º, fue vetado al considerarse que “se incorporaron bonificaciones que no fueron solicitadas y por las cuales tampoco se realizaron consultas al Departamento Ejecutivo respecto a su viabilidad. Es decir, que no cuentan con una estimación de su magnitud, además de carecer de un detalle que permita determinar su cuantía ya que no se especifica si se trata de un pago único, de pagos mensuales, anuales u otros períodos de tiempo”.

En otro orden, el Ejecutivo también hizo uso del derecho al veto parcial en la ordenanza 5.769 que realiza modificaciones al Anexo II de la Ordenanza Nº 5.525.

En este caso, por medio del decreto 1183/2023, fue vetado el Inciso “e” del apartado A del artículo 2º, y los artículos 3º y 4º, en los términos del artículo 108 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

Las disposiciones introducidas por el Cuerpo deliberativo establecían cambios en las tasas para letreros y carteles de comercios o industrias, haciendo mención a la “Tasa del Título Sexto”, lo que constituye “un error sustancial e injustificable”.

Además, se agrega que no se explicitan los motivos de esta decisión para justificar lo pretendido.En cuanto a los artículos 3º y 4º, también vetados, se señala que “al proyecto originalmente presentado por el Departamento Ejecutivo se le agregaron dos artículos que modifican lo normado en los artículos 138º y 173º de la ordenanza 5525. Dicha modificación fue promovida por los bloques de concejales de la oposición, no siendo una atribución de ellos ni del Honorable Concejo Deliberante tener ese tipo de iniciativas, tal cual lo indica la doctrina del Honorable Tribunal de Cuentas, en consonancia con lo normado en los artículos 192º y 193º de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires”.