La planta, que operaba bajo la firma Argenzum S.A., cerró sus puertas en septiembre del año pasado, dejando a casi una treintena de empleados sin su fuente laboral. En aquel momento, se firmó un acuerdo de desvinculación que contemplaba el pago del 70% de la indemnización correspondiente, en hasta 16 cuotas según la antigüedad de cada trabajador.

Según denuncian los afectados, los pagos se cumplieron entre octubre y enero. Sin embargo, desde febrero las cuotas dejaron de abonarse. La deuda fue asumida por la empresa Pipas, pero hasta el momento no hubo respuestas concretas que aporten previsibilidad a quienes dependen de esos ingresos.

La situación se agrava por un punto clave: al no haber mediado despidos formales, los trabajadores no pudieron tramitar el fondo de desempleo, lo que los dejó sin una red de contención en medio de la búsqueda laboral.

En marzo de 2026, los trabajadores se mantienen en estado de alerta. El conflicto no solo impacta en quienes formaban parte de la planta, sino también en el entramado social y económico de Chascomús, donde cada puesto de trabajo perdido repercute en comercios, servicios y consumo local.

Mientras en Chascomús la incertidumbre persiste, el panorama de la marca a nivel nacional muestra otra realidad. La fábrica que produce las galletitas Tía Maruca en Albardón, provincia de San Juan —operada por Dilexis— atravesó durante 2025 meses de fuerte tensión por atrasos salariales y dificultades financieras que pusieron en riesgo casi 300 empleos.

Sin embargo, a comienzos de 2026 la firma cambió de manos: el empresario bonaerense Juan Carlos Crovella asumió el control con el compromiso de sostener las fuentes laborales. La nueva gestión regularizó pagos en enero y reactivó gradualmente la producción tras un aporte de capital que permitió recomponer la operatoria y normalizar compromisos con proveedores.

El contraste es evidente: mientras en San Juan se anuncia una etapa de reorganización y continuidad, en Chascomús aún no hay certezas para quienes quedaron fuera del esquema productivo.

En una ciudad como Chascomús, la pérdida de 27 empleos industriales no es un dato menor. Se trata de ingresos que sostienen hogares, dinamizan el comercio y forman parte del tejido productivo local.

A casi seis meses del cierre, el reclamo central de los ex trabajadores no es político ni empresarial: es concreto. Exigen que se cumpla el acuerdo firmado y que se regularicen los pagos pendientes.

La comunidad sigue de cerca el conflicto. Porque detrás de cada cuota impaga no hay solo un número en un balance: hay familias que esperan una respuesta.

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien participó de forma protagónica en las negociaciones para destrabar los consensos con sectores dialoguistas, se mostró eufórica tras el resultado y se llevó todas las miradas.

Al final de la sesión, la ex ministra de Seguridad arengó a su tropa y juntó al resto de los senadores libertarios para una foto que registrara el momento de pleno júbilo, que se convierte en un hito en la gestión de Javier Milei.

La ley tiene en el corazón la creación de un Fondo de Asistencia Laboral para pagar las indemnizaciones, pero también propone recortar las horas extras, ajustar las vacaciones y permitir los convenios por empresas. Aquí, los puntos más importantes:

-Se permite el convenio por empresa y establece que uno del ámbito mayor no puede modificar ni disponer el contenido de convenios de ámbito menor.

-Al vencer el convenio colectivo de trabajo habrá un año para negociar las cláusulas, imita la vigencia de los convenios colectivos una vez vencido su plazo, así como también establece un plazo de 1 año desde la promulgación de esta ley para que se convoque a las partes.

-Las asambleas solo se podrán realizar mediante la autorización previa del empleador.

-Las indemnizaciones tendrán un tope de un salario promedio del convenio por año trabajado, donde se excluyen el aguinaldo, los bonos, premios y otros rubros especiales que no sean mensuales. La base de cálculo debe ser la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si este fuera menor.

-El monto de la indemnización no puede exceder tres veces el salario mensual promedio previsto en el convenio colectivo aplicable, excluida la antigüedad.

-Para quienes no estén bajo convenio colectivo, se aplica el tope del convenio más favorable del establecimiento.

-La indemnización no puede ser inferior al 67% de la remuneración mensual normal y habitual, y nunca menor a un mes de sueldo.

-La percepción de esta indemnización implica la extinción definitiva de cualquier reclamo judicial o extrajudicial vinculado al despido, excepto las acciones basadas en delitos penales.

-Se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para solventar los despidos para aquellas firmas que no puedan afrontar esos despidos, que estará financiado con el aporte del 1% de las contribuciones de las grandes empresas que destinan el Anses, y del 2,5% de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

-En caso de muerte del trabajador, los beneficiarios (cónyuge, conviviente, hijos menores o con discapacidad o, en su defecto, otros familiares directos) tienen derecho a una indemnización igual a la de despido.

-En caso de sentencia judicial condenatoria por indemnizaciones laborales, el empleador puede abonar el monto en cuotas: para grandes empresas, el máximo permitido es de 6 cuotas mensuales consecutivas; para micro, pequeñas y medianas empresas, hasta 12 cuotas mensuales consecutivas. Estas cuotas deben ser ajustadas conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) más una tasa de interés anual del 3%.

-Cuando el contrato es a plazo fijo y el despido se realiza antes del vencimiento, la indemnización se calcula considerando la antigüedad que se habría acumulado hasta el final del plazo original.

-Se crea una banco de horas para compensar las horas extras con francos compensatorios u otro sistema, siempre respetando los descansos mínimos legales.

-Permite compensar una jornada mayor en determinados días con una menor en otros, siempre que no se supere el máximo legal de la semana o el que determine el régimen laboral específico, ya sea por ley especial o por convenio colectivo.

-La prestación de horas extras debe ser voluntaria, contar con límites claros y un sistema de control que permita registrar las horas trabajadas y las disponibles para el goce del trabajador.

-El régimen debe respetar los descansos mínimos exigidos por la ley, con el objetivo de garantizar la protección y el beneficio del trabajador.

-La jornada reducida solo podrá implementarse cuando así lo dispongan las leyes vigentes, los contratos individuales, los Convenios Colectivos de Trabajo o acuerdos colectivos firmados con la representación sindical.

-Siempre deben respetarse los descansos mínimos de 12 horas entre jornadas y de 35 horas para el descanso semanal.

-Las vacaciones se podrán realizar entre el 1 de octubre y el 30 de abril y se podrán fraccionar pero debe cumplir siete días.

-Trabajadores y empleadores pueden, por mutuo acuerdo, disponer el goce de vacaciones fuera del período establecido.

-La fecha de inicio de las vacaciones debe ser notificada por escrito al trabajador con una antelación no menor a 30 días.

-Cuando las vacaciones no se otorgan de manera simultánea a la totalidad de los trabajadores de un establecimiento y se acuerdan en forma individual o por grupos, el empleador debe organizarlas de manera que cada uno goce de sus vacaciones, al menos una vez cada tres años, durante la temporada de verano.

-Se mantienen los aportes voluntarios y obligatorios de los trabajadores a los gremios, pero con un tope del 2%.

-Las obras sociales sindicales mantendrán el aporte del 6% de las empresas, en lugar del 5% como proponía el Gobierno.

-Los bancos serán los únicos autorizados a poder pagar los sueldos y se descartó que puedan cumplir esa función las billeteras virtuales.

-Se traspasará la Justicia nacional laboral a la ciudad de Buenos Aires

- Establece una serie de requisitos de validez para los certificados médicos que justifiquen las inasistencias por enfermedad o accidente inculpable.

-Ante la discrepancia de certificados médicos entre la empresa y un trabajador se podrá pedir una junta médica

-Habrá incentivos para aquellas empresas que contraten nuevo personal, que podrán tener rebaja de contribuciones patronales

-Se crea un nuevo Régimen de Inversiones para las pequeñas y medianas empresas para nuevos emprendimientos, con beneficios de amortización de Ganancias e Iva.

-Se denomina a los repartidores como “prestadores independientes” sin relación de dependencia, aunque las empresas tendrán que contratar seguros de accidentes, y brindar capacitación a esos trabajadores.

-Se derogan impuestos internos a las embarcaciones, aviones, automóviles, celularesy productos santuarios, pero estableciendo obligaciones para las empresas como seguros de accidentes, capacitación en seguridad vial y transparencia en bloqueo

Establece un régimen de servicios privados de movilidad de personas y/o reparto a través de plataformas tecnológicas, en el cual establece los derechos y obligaciones de los prestadores independientes, así como las obligaciones de las empresas dueñas de las plataformas.

Fuente: Agencia DIB. 

A través de un comunicado, el director en Argentina de Ecopek, Emilio Larrañaga, anunció el cierre de la planta de esta firma que pertenece al grupo mexicano Alpek Polyester.

Los motivos que señala son la “baja demanda que ha sufrido el negocio en los últimos tiempos y la baja expectativa de que se pueda recuperar la misma sin un marco regulatorio que incentive el uso de material reciclado, como en el resto de los países de la región”.

Días atrás, la petroquímica Alpek reportó que invertirá 130 millones de dólares durante 2026, 30,8% menos a lo reportado el año pasado. Dichos planes de inversión, se plantearon ante el panorama de incertidumbre que reducirá el consumo y la debilidad del dólar en los mercados internacionales.

Puntualmente Alpek, que suministra los envases PET a Coca Cola, Manaos y aceiteras, entre otros clientes, tiene su planta en el parque industrial de Zárate.

Desde que asumió Milei, se perdieron 5.832 compañías, una cifra que refleja su peso dentro del entramado industrial nacional. En ese mismo período, según detallaron desde el Gobierno bonaerense, en la provincia se pulverizaron cerca de 62.000 puestos de trabajo.

De hecho, con la apertura de las importaciones, la situación se volvió más compleja en los últimos meses, tras el cierre de varias plantas y comercios de importantes firmas, entre ellas, Fate y Whirlpool. Y justamente por la crisis en las empresas de “línea blanca”, Socolor S.A anunció el cierre de su fábrica en La Plata luego de 20 años de actividad.

La reconocida pyme fundada en 2003 se dedicaba a la fabricación de chapas para electrodomésticos, pero informó que dejará de funcionar. "Dejar en el camino una industria y su gente no creo que sea el precio que haya que pagar", dijo Mariano Nicolicchia, hijo del fundador.

El final de la firma comenzó a verse más cerca en 2024, cuando las ventas comenzaron a bajar de hasta un 40%. Y durante las primeras semanas de 2026, la fábrica solo producía un 10%. “El proceso empieza cuando uno se endeuda hasta con amigos, los números no dan”, dijo a Radio con Vos, y aclaró que a “todo el sector le pasa lo mismo”.

“Una empresa por semana que abastecen a los fabricantes de heladeras o van cerrando o despiden gente. Las reglas de juego son muy desparejas”, señaló Nicolicchia. Y aseguró que han atravesado crisis, pero “con esta velocidad no lo vi nunca”.

Fuente: Agencia DIB

Dentro de los espacios políticos que respaldaron la iniciativa, impulsada por La Libertad Avanza, estuvieron los bloques del PRO, la UCR (Unión Cívica Radical) y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). También fueron claves los votos aportados por los aliados provinciales, entre ellos, los diputados de Tucumán (Independencia) y San Juan (Producción y Trabajo).

Unión por la Patria fue la bancada opositora mayoritaria y también se sumaron al rechazo los integrantes del Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad, Encuentro Federal y la Coalición Cívica. Además, expresaron su disconformidad algunos espacios provinciales como Elijo Catamarca, Primero San Luis y el monobloque Defendamos Córdoba, que es integrado por la diputada Natalia de la Sota.

Los integrantes de Provincias Unidas e Innovación Federal votaron divididos: algunos de sus integrantes acompañaron la propuesta oficialista, mientras que otros se inclinaron por el rechazo.

Ahora el proyecto debe volver a la Cámara alta. El Gobierno confía en poder aprobarlo el 27 de febrero.

Figuraron como ausentes los legisladores Sergio Casas (Unión por la Patria, La Rioja), Ignacio García Aresca (Provincias Unidas, Córdoba) y Juan Schiaretti (Provincias Unidas, Córdoba).

Fuente: Agencia DIB 

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, calificó este jueves de “extorsivo” al paro de 24 horas que lleva adelante la CGT, dijo que el acatamiento es “perverso” porque sin transporte la gente no puede llegar a sus puestos de trabajo y apuntó contra el dueño de Fate por cerrar la planta en pleno debate sobre la reforma laboral.

Según dijo Adorni, "no hay nada más extorsivo y en contra de la libertad y de la democracia que lo que están haciendo los sindicalistas”. Y al cargar contra los gremialistas, dijo que “la gente los odia” y por eso “tienen 80% de imagen negativa porque lo único que hacen es complicarle la vida al trabajador".

El funcionario también se refirió al fuerte acatamiento que tiene la medida de fuerza, sobre todo en las grandes ciudades donde muchos trabajadores se movilizan con transporte público. "Acá el problema es cómo le explican a un trabajador por qué no lo dejan llegar a su lugar de trabajo. El acatamiento al paro es bastante perverso, porque si te cortan el medio de transporte por más ganas que tengas de ir a trabajar no podés hacerlo", dijo.

El ministro coordinador hizo una comparación con el anterior gobierno y, en declaracionesa La Casa Streaming, enfatizó que "con Alberto Fernández tenías 200% de inflación, 60% de pobres, un país devastado y no había paros. Evidentemente las motivaciones para que los sindicalistas se despierten son extrañas o inentendibles".

Además, Adorni apuntó contra la CGT: "Hay gente que representa a los trabajadores y que hoy no los deja ir a laburar". En cuanto a las conversaciones cruzadas con este sector, aseguró que hay momentos en los que "el diálogo se corta" y que "esta gente lo único que quiere es hacerle daño a la Argentina".

Con respecto a las pérdidas económicas que produce este paro general, el jefe de Gabinete habló de una cifra aproximada a los 600 millones de dólares. "Es una pena que haya gente que tenga la potestad de decidir sobre la vida del otro", remarcó.

La jornada arrancó con algunos focos de tensión por sectores de izquierda y manifestantes que se desmarcaron de la CGT -que llamó a un paro sin movilización- y decidieron salir a la calle. Algunos de los trabajadores despedidos de la planta de Fate cortaron por unos minutos la Panamericana, mientras que otros grupos interrumpieron los accesos a la ciudad de Buenos Aires con bloqueos en el Puente Pueyrredón y en Puente La Noria. En todos los casos intervinieron fuerzas federales.

Por otro lado, Adorni también dio su opinión sobre el cierre de Fate, la fábrica de neumáticos de Javier Madanes Quintanilla que dejó en la calle a 920 trabajadores. "Al argentino no podés obligarlo a pagar las cosas tres veces más de lo que valen para que una empresa sobreviva; esa era la lógica de una vieja Argentina que hoy ya no existe más", sostuvo.

Sin embargo, apunto contra el empresario al asegurar que le resultó llamativo que la decisión se haya tomado un día antes del debate en Diputados por la reforma laboral. "No se entiende que cierra la empresa un día antes del tratamiento de la reforma laboral", sostuvo y dejó entrever que tiene vinculaciones políticas con el anterior gobierno.

"El caos de Fate tiene origen que vieja Argentina que no existe más, los empresarios prebendarios que cazaban en el zoológico. Cuando ganaste, no decías nada; pero tampoco invertías ni te modernizabas", dijo Adorni y agregó: "Al que no le interesan los empleados es a los empresarios prebendarios".

"La única manera que tenían de sobrevivir era cazar en el zoológico. De hecho, a este empresario lo tenés defendiendo el cepo cambiario, no quiere tener competencia. Nos condena a los argentinos a pagar 2 o 3 veces más de lo que valen las cosas". Y apuntó que lo que plantea el Gobierno es "un cambio de modelo".

"Entendemos que incluso empresarios no lleguen a comprender lo que está pasando. Se terminó la remarcación de precios, esto de aumentar el margen 300% para cubrirte. Hoy vas a tener que vender con 3 % de margen", señaló.

Adorni, en tanto, negó tener el dato sobre la pérdida de más de 65.000 puestos de trabajo en la industria a raíz de la recesión y la apertura de importaciones. De todas maneras, insistió con que, de ser cierto, "esa mano de obra no va a quedar en la calle. Vas a tener un montón de rubros, industrias, comercios que se van a tener que reconvertir porque no van a poder seguir vendiendo televisores blanco y negro cuando afuera venden a color".

Fuente: Agencia DIB 

Después de meses de tensión, paradas de planta y negociaciones fallidas, según pudo saber la Agencia DIB de manera exclusiva, Fate cierra de manera definitiva sus operaciones en la Argentina tras más de 80 años de historia. La decisión marca un punto de quiebre para la industria del neumático y enciende señales de alarma sobre el presente del sector manufacturero local.

La compañía, uno de los principales fabricantes de cubiertas del país, arrastraba un deterioro productivo y financiero en un escenario signado por la apertura comercial, el derrumbe del mercado interno y un conflicto prolongado con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (Sutna).

Todos los empleados administrativos de Fate recibieron un aviso para que no concurran a trabajar este miércoles.

La planta que la empresa posee en la localidad bonaerense de San Fernando, la mayor del sector en el país, permanecía parada desde hace más de un mes.

En paralelo, la firma redujo a la mitad su dotación de operarios en los últimos dos años, en un proceso de contracción que anticipaba el escenario actual. La compañía, controlada por el empresario Javier Madanes Quintanilla, sostiene que enfrenta una pérdida de competitividad que provocó que no pudiera continuar.

El trasfondo combina factores productivos, laborales y macroeconómicos. A mediados de 2024, Fate inició un ajuste que incluyó el despido de 97 trabajadores y el ofrecimiento de retiros voluntarios. Poco después, solicitó un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) ante la Secretaría de Trabajo de la Nación. Mediante ese mecanismo, las empresas pueden suspender o despedir personal con costos reducidos y renegociar condiciones laborales bajo el argumento de una situación crítica.

Desde el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna), que conduce Alejandro Crespo, la respuesta fue de rechazo frontal. Denunciaron un “lock-out patronal” y acusaron a la empresa de intentar disciplinar a los trabajadores y forzar una reforma laboral de hecho. El enfrentamiento derivó en asambleas, paradas de planta y movilizaciones, en una dinámica que profundizó la parálisis productiva.

El gremio, además, cuestionó la narrativa empresaria. Recordó que Fate ya había esgrimido argumentos similares en negociaciones previas, incluso durante la pandemia, cuando -según señalaron. pretendió abonar solo parte de los salarios pese a recibir asistencia estatal. También afirmaron que balances posteriores reflejaron ganancias millonarias, lo que, a su entender, debilita la tesis de una crisis terminal.

Más allá del conflicto puntual, el cuadro sectorial es adverso. Fate no es la única fabricante bajo presión. Pirelli y Bridgestone, los otros dos grandes jugadores con plantas en Argentina, también enfrentan un escenario complejo.

La actividad emplea a alrededor de 5.000 trabajadores de manera directa y depende en gran medida del desempeño automotriz y del consumo interno.

Las empresas atribuyen buena parte de las dificultades al encarecimiento de insumos estratégicos, como el caucho natural y el acero, gravados por aranceles de importación. A ello suman el impacto de la apertura comercial, que facilitó el ingreso de neumáticos extranjeros a precios considerablemente más bajos. En el sector aseguran que la diferencia puede alcanzar hasta el 40% respecto de los productos locales, con China como principal origen.

Los números acompañan esa percepción. En mayo del año pasado se registró un récord histórico: ingresaron al país 869.525 neumáticos en un solo mes, el mayor volumen en dos décadas. China concentró cerca del 78% del segmento de autos y camionetas. Durante el primer semestre de 2025, las importaciones asiáticas crecieron más de un 37% interanual, impulsadas por menores costos logísticos y menos trabas administrativas.

En contrapartida, la producción local se resintió con fuerza. El rubro industrial de “Caucho y Plástico” cerró 2025 con una caída superior al 22%, mientras que las plantas de neumáticos operaron apenas a un tercio de su capacidad instalada. Dos de cada tres máquinas permanecieron apagadas hacia fin de año, una marca que en el sector comparan con los peores momentos de la crisis de 2001.

El derrumbe del mercado interno completa el diagnóstico. La recesión y la pérdida de poder adquisitivo empujaron a los consumidores a postergar el recambio de cubiertas o a buscarlas en países limítrofes, donde resultan más económicas. Al mismo tiempo, el freno en la producción de terminales automotrices redujo drásticamente la demanda de neumáticos para equipo original, un segmento clave para las fábricas nacionales.

La empresa Fate S.A.I.C.I. llegó a la Argentina como proyecto local hace más de 80 años: fue constituida en 1940 con capitales argentinos y comenzó a operar con una planta pequeña de unos 1.000 m² en el barrio de Saavedra, Ciudad de Buenos Aires, donde inicialmente produjo telas impermeables, bandas de rodamiento para reparación de neumáticos y otros productos de caucho.

Cinco años después, en 1945, la firma dio sus primeros pasos en la fabricación de neumáticos y cámaras para automóviles y camiones a pequeña escala, consolidando su espacio en el mercado nacional.

En la década siguiente, Fate firmó en 1956 un acuerdo de asistencia tecnológica con la estadounidense General Tire, lo que le permitió modernizar su producción e introducir nuevas tecnologías.

Posteriormente, en 1960 comenzó la construcción de su planta industrial en San Fernando, provincia de Buenos Aires -inaugurada en 1963-, que con los años se convertiría en la mayor fábrica de neumáticos del país.

Fuente: Agencia DIB 

Con el objetivo de debatir este miércoles en comisiones de Diputados el proyecto de reforma laboral, el Gobierno de Javier Milei define por estas horas cómo quedará redactado el polémico artículo sobre las licencias por enfermedades y si lleva el jueves la iniciativa al recinto, en medio de un paro de la CGT.

Todo indica que este miércoles el proyecto se debatirá en comisiones. Allí se modificará el artículo sobre las licencias laborales, ya que hasta el PRO adelantó que no avalará ese punto. “Vamos a apoyar la ley de modernización laboral, pero no el régimen de licencias por enfermedad”, dijo Cristian Ritondo, el jefe del bloque de diputados amarillo, y sostuvo que “la solución no puede ser recortar derechos de quienes realmente están enfermos”.

También la senadora Patricia Bullrich reconoció que “por un error” se hará ese cambio, por lo que el texto volverá al Senado. "No empañamos la ley, cometimos u error y lo vamos a arreglar", dijo la ex ministra de Seguridad. Y agregó que “si tocan una coma y vuelve al Senado, tardará una semana más" en aprobarse definitivamente.

En concreto, el artículo 44 que se aprobó en el Senado introduce un nuevo esquema para la remuneración de los trabajadores que sufran un accidente o una enfermedad no vinculados con la actividad laboral y se vean inhabilitados para trabajar, que recibirán el 50% de su salario, y en las situaciones en que la imposibilidad de trabajar no derive de una acción voluntaria ni de un conocimiento previo del riesgo para la salud, el monto a percibir asciende al 75 % de la remuneración.

El artículo votado por la Cámara Alta establece que el pago durante el período en cuestión dejará de ser del 100% del salario como ocurre ahora. Tanto los sindicatos como partidos de la oposición advierten que se trata de un retroceso en materia de derechos adquiridos.

Si bien en principio podría ser este jueves el debate en el recinto, todo dependerá de los tiempos en el Congreso, donde se especula que la otra fecha de sesión sería el miércoles 25. Todo se dará en un contexto de paro general, sin movilización, de la CGT. Según votó el triunvirato, será el día que se debata el proyecto.

Otro de los puntos que generó ruido en la iniciativa es la posible inclusión de un artículo para facultar a las billeteras virtuales a acreditar salarios, pero Bullrich dijo que sólo quedaron habilitadas "las entidades bancarias e instituciones de ahorro oficial".

"Eso va aquedar sí, en Argentina hay 213 billeteras virtuales y no todas tienen las condiciones para pagar un salario. Un banco lo que hace es darle a la empresa un descubierto, si la empresa no paga el día cinco, el banco lo cubre y lo paga, si un banco tiene un problema, el Banco Central se hace cargo. Una billetera virtual tiene que tener espalda", señaló la senadora libertaria en diálogo con el canal TN.

Fuente: Agencia DIB 

Luego de la polémica generada por el artículo de la reforma laboral que recorta el sueldo durante las licencias por enfermedad, la senadora Patricia Bullrich dijo que darán marcha atrás y anticipó que impulsarán modificaciones en la Cámara de Diputados para que los casos de mayor gravedad sigan cobrando la totalidad de sus haberes.

"Sobre enfermedades severas, degenerativas, o irrecuperables para ponerle una adjetivación, vamos a hacer una modificación y vamos a dejar un 100%", adelantó la senadora, que el martes consiguió que la reforma laboral tenga media sanción en la Cámara alta.

En declaraciones a Todo Noticias aclaró que aún están "trabajando" en el tema para ver de qué manera se incorpora durante el debate en Diputados sin necesidad de que el proyecto vuelva al Senado para su ratificación.

La senadora aclaró que el pago del 100% será "sólo en caso de corroboración concreta y fehaciente" y aseguró que habló del tema "con la mesa política", con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, "durante todo el fin de semana" y con la secretaria de Legal y Técnica, María Igarzabal.

"Para esas enfermedades vamos a volver al 100% de acuerdo a la ley, a la vieja ley de Contrato de Trabajo. Es el único país del mundo que va a pagar el 100%. A los vivos se le va a terminar la avivada", afirmó e insistió en que "si te querés hacer el vivo, vas a cobrar el 50%".

En el plano de la salud mental, Bullrich sólo respondió que "hay un exceso enorme" de ese tipo de licencias. "La Argentina trucha la tenemos que terminar", dijo y contó que durante su paso por el Ministerio de Seguridad tuvo "muchas de esas".

Cabe recordar que la media sanción del Artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que, frente a un accidente o enfermedad ajena al ámbito laboral, el trabajador cobrará solo el 50% de su sueldo si el cuadro es producto de una "actividad voluntaria y consciente del riesgo" (ejemplo que el Gobierno graficó días atrás con "lastimarse jugando al fútbol"), y un 75% si no hubo intención.

Ante las críticas por este duro ajuste, Bullrich justificó la esencia original del recorte denunciando una "mafia de certificados truchos" a nivel nacional que perjudica a las empresas.

Fuente: Agencia DIB 

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Surzenegger, justificó hoy uno de los cambios más polémicos de la reforma laboral que se aprobó en el Senado: la reducción salarial para las personas que sufran enfermedades que les impidan concurrir normalmente a su lugar de trabajo.

Se trata de un cambio introducido a última hora en el articulado que ahora tratará diputados, por el cual si un trabajador falta porque contrae una enfermedad o sufre una lesión no relacionada con su voluntad, cobrará el 75% del salario durante ese período. Pero si es por una acción devenida de su voluntad activa, la pagarán solo el 50% del básico.

Sturzenegger lo explicó así: “A partir de ahora si te lastimaste jugando al fútbol, tu jefe te puede pagar solo el 50%. Porque tu empleador no tiene nada que ver ”.

“La reforma laboral es para todos los empleos, no solo para los nuevos ”, aseguró hace unas semanas Federico Sturzenneger, ministro de Desregulación del Estado. Esa es la postura que han manifestado todos los funcionarios del Gobierno.

Sin embargo, no todos están de acuerdo con esta posición. “La Ley no es de aplicación retroactiva, pero se aplica a los contatos vigentes. Pero los que ingresaron con un régimen anterior, el Fondo de Cese Laboral lo pueden discutir judicialmente para que les paguen la indemnización completa “, sostiene Natalia Salvo, abogada laboralista y docente de la UBA.

De todos modos, la especialista advierte que “hay una escuela que te va a decir que la indemnización es un derecho en expectativa, porque el Código Civil te dice que las leyes se aplican a las condiciones jurídicas vigentes ”.

“Si se aprueba la Ley, se aplica a todas las relaciones en curso”, asegura Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas. “Si a mí me despiden o me enfermo, rige la ley de cuando ese hecho ocurre”, añade.

La Ley garantiza siempre un piso de derechos, luego están los convenios colectivos de trabajo que rigen para cada actividad, acordados entre los sindicatos y las cámaras empresariales de cada sector. En este punto, la nueva norma impulsada por el Gobierno incluyó un cambio vital: los acuerdos individuales o por empresa pueden regir por encima de los convenios nacionales. “Van a llamar a los trabajadores uno por uno a firmar las nuevas condiciones y eso va a ser válido según la Reforma”, anticipa Cynthia Benzion, ex presidenta de la Asociación de Abogados Laboralistas.

Por otro lado, la Reforma incluye el fin de la ultraactividad. De esta manera, los convenios colectivos vencidos no se prolongan mientras se negocia uno nuevo, lo que pone a los sindicatos en la obligación de sentarse a negociarlos nuevamente: deberán hacerlo en el plazo de un año desde la aprobación de la Ley. “El empleador le va a poder decir al trabajador que su convenio va a caer en 12 meses y presionarlo para que firme y acepte la ley vigente”, sostiene Salvo.

Fuente: Agencia DIB. 

Estos son los puntos centrales del proyecto de Reforma Laboral que se aprobó en la madrugada de este jueves con media sanción en el Senado, tal como analizó Noticias Argentinas. La intención del Gobierno es que sea tratada -y aprobada- en la Cámara de Diputados en los últimos días de febrero.

Despidos

Sindicatos, bancos y Justicia

Horas extras y vacaciones

Certificados médicos

Nuevos empleos

Trabajadores de plataformas

Impuestos

Convenios

Fuente Agencia DIB 

El debate por la reforma laboral arrancó hoy en la cámara de Senadores que el gobierno alcanzó con 38 manos, apenas uno más de lo imprescindibles, al que contribuyeron aliados de PRO, la UCR y de fuerzas provinciales. Pero al poco de comenzar la sesión, en el exterior se produjeron incidentes entre encapuchados y la policía, que disparó balas de goma y gases lacrimógenos.

El momento de inicio de la jornada se retrasó algunos minutos respecto de lo previsto porque La Libertad Avanza no lograba garantizar más de 34 presencias en el recinto, tres menos del mínimo. Finalmente, el secretario parlamentario Agustín Giustiniani anunció un quórum de 38 presencias, sobre las 11:20.

Además de La Libertad Avanza que tuvo 21 senadores presentes -incluido el cordobés Luis Juez, el radicalismo aportó 9 -uno menos que los 10 que tiene en total- y el PRO aportó a los suyos.

Cuatro gobernadores movieron fichas importantes: el peronista salteño Gustavo Sanez (garantizó que se sentase Flavia Royón); el tucumano Osvaldo Jaldo (jefe de Beatriz Ávila), el catamarqueño también electo por el peronismo; el neuquino Rolando “Rolo” Figueroa (garantizó a Julieta Corroza), el chubutense Ignacio “Nacho” Torres (referencia de Edith Terenzi). El jefe político de Misiones, Carlos Rovira, puso en el recinto a Carlos Arce y Sonia Rojas Decut.

Además, aportaron la cordobesa Alejandra Vigo, esposa del exgobernador Juan Schiaretti y ahora alineada con Martín Llaryora y el correntino Carlos "Camau" Espínola, que fue uno de los armadores de la propuesta y está vinculado al gobernador Gustavo Valdés.

Fuera del edificio del Congreso, la tensión fue en aumento hasta que pasadas las 15 un grupo de manifestantes, que actuaron con el rostro cubierto, se enfrentaron con un nutridísimo operativo policial -actuó la Federal, la policía de la Ciudad, Gendarmería y Prefectura- de unos 4.500 efectivos, dispuesto por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

Los policías reprimieron con disparos de balas de goma, de gases lacrimógenos y con despliegue de camiones hidrantes que aplicaron a rajatabla el protocolo anti piquetes.

En la esquina de Callao donde comenzaron los enfrentamientos sobre la Plaza de los Dos Congresos había militantes del Partido de los Trabajadores por el Socialismo (PTS), que arrojaron piedras a la policía.

El ministro de Interior, Diego Santilli, aseguró vía X que quienes estuvieron implicados "no son trabajadores, son delientes organizados". Desde las organizaciones con vocante aseguraron que se trató de "infiltrados" que actuaron a cara tapada y que no están relacionados con ellos. Santilli agregó: "Por más bombas molotov que armen, la reforma laboral sale sí o sí. Se les acabó la joda".

El avance policial despejó los alrededores del Congreso en la previa de la votación, que en este contexto podría llegar sin protestas cerca. 

En una hermética reunión de su concejo directivo, la Confederación General del Trabajo (CGT) definió la realización de una marcha de protesta a Plaza de Mayo el miércoles próximo, cuando ese proyecto sea debatido en la cámara de Senadores. La central evitó la declaración de un paro general, aunque otras centrales como las CTA sí realizarán paros, al igual que la Unión Obrera Metalúrgica ( UOM).

Jorge Sola, cosecretario general de la CGT, aseguró en conferencia de prensa que “el proyecto no busca modernizar el mundo del trabajo”, sino recortar derechos a los trabajadores. Adicionalmente, Solá aseguró que la central obrera no descarta la posibilidad de convocar a un paro general en el futuro. “Esta no es una batalla que la damos por perdida, simplemente estamos incrementando la protesta”, indicó el dirigente.

Otra acción que tendrá lugar el próximo miércoles serán concentraciones frente a las sedes de las casa de gobierno de diferentes provincias, según resaltó Solá, “para demostrar también en esos lugares el rechazo a esta ley que se va a tratar”.

De todas maneras, Sola resaltó que la “responsabilidad ” de que este proyecto se apruebe en el Congreso es de los legisladores y los senadores. “Hay que preguntarles si van a defender los derechos de los trabajadores o los de un proyecto político que les es ajeno”, enfatizó.

Algunos sindicatos habían propuesto que, además de la movilización, se convoque a un paro de 12 horas para favorecer la asistencia de los manifestantes. Otros gremios más combativos buscaron que se considere realizar un paro de 48 horas.

Inclusive, esta semana, el sindicalista Pablo Moyano reapareció públicamente con fuertes críticas a la reforma laboral impulsada por el Gobierno y al rol que viene jugando la CGT. También apuntó contra los gobernadores del PJ que apoyan la iniciativa y sostuvo que la estrategia de diálogo de la central obrera “no funcionó”.

Sin embargo, el triunviro de la central obrera pospuso por el momento la idea de llamar a un paro general. El sector dialoguista sostiene una postura de negociación con gobernadores y senadores para intentar mitigar el impacto de la reforma a través de cambios técnicos al proyecto. 

En el marco del debate por la Ley de Modernización Laboral, un nutrido grupo de dirigentes y empresarios de la Cuenca del Salado fue recibido en el anexo de la Cámara de Senadores por equipos técnicos vinculados al oficialismo y a la ministra Patricia Bullrich. El objetivo central del encuentro fue trasladar la visión de las pymes regionales, que actualmente concentran cerca del 74% del empleo nacional, frente al proyecto que el Gobierno busca llevar al recinto el próximo 11 de febrero.

La comitiva de la Región Empresaria del Salado (REMSAL), acompañada por diversas cámaras de comercio de la zona, aportó experiencias y vivencias sobre la realidad que atraviesan las empresas en los pueblos de la cuenca. En representación del sector productivo de nuestra ciudad, se destacó la presencia del empresario chascomunense Darío Leguizamón, quien integró la mesa de diálogo aportando la perspectiva local sobre los desafíos de contratación y sostenibilidad administrativa de las pymes de Chascomús.

El proyecto actual cuenta con 213 artículos y propone cambios profundos en la Ley de Contrato de Trabajo, el Régimen de Trabajo Agrario y plataformas tecnológicas, entre otros. Por su parte, los empresarios de CAME pusieron el foco en cuatro puntos sensibles que generan incertidumbre en el sector pyme:

Tras obtener el dictamen a fines del año pasado, el oficialismo ha utilizado los últimos meses para tejer consensos políticos que le permitan alcanzar la media sanción en la Cámara Alta. Los representantes de la Cuenca del Salado manifestaron su apoyo a la iniciativa de modernización, pero insistieron en la necesidad de contemplar cláusulas que protejan a las unidades productivas más pequeñas frente a la litigiosidad y los vacíos normativos.

La reunión concluyó con el compromiso de los equipos técnicos de analizar los aportes regionales antes del tratamiento en el recinto, donde se definirá el futuro de un marco legal que impacta directamente en la organización del trabajo, desde el personal de casas particulares hasta el régimen agrario y el teletrabajo.

En medio de un arranque de año con despidos, suspensiones y cierres de empresas, los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo no son alentadores desde la llegada de Javier Milei al poder. Desde noviembre de 2023 a octubre del año pasado, cerraron más de 900 unidades productivas por mes, lo que repercutió en miles de despidos.

Según las cifras oficiales solo en octubre pasado se dieron de baja 912 empresas en todo el país. Y acumula en esos 10 meses de 2025 una pérdida neta de 8.830 empleadores, con su impacto en miles de puestos de trabajo.

Sin embargo, si se analiza desde noviembre de 2023, el último que gobernó Alberto Fernández, a octubre pasado, en 23 meses se produjo una caída neta de 21.046 empleadores o “unidades productivas”, que emplean a uno o más trabajadores. Es decir, unas 915 por mes o 30 por día.

De acuerdo a los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), siempre en el mismo período, el sistema de riesgos del trabajo sumaba 9.857.173 trabajadores en noviembre de 2023, y pasó a octubre 2025 a 9.584.566 empleados. Es decir, el empleo registrado cayó en 272.607 puestos, una reducción del 2,77%, a un ritmo cercano a 400 trabajadores menos por día.

El ajuste impactó con fuerza en sectores estratégicos: Transporte y Almacenamiento fue el más afectado en cantidad de empleadores (-5.042), mientras que la Administración Pública encabezó la pérdida de empleo en términos absolutos, con 83.014 puestos menos, y la Construcción sufrió la mayor caída relativa, con un desplome del 15,6% de su dotación laboral.

Las áreas más castigadas por la devaluación y “la motosierra” en términos de empresarias fueron las vinculadas a la construcción (1.797 empresas menos), la industria manufacturera (-2.238 menos), comercio (-4.184 menos), servicios inmobiliarios (-3.057) y servicio de transporte y almacenamiento (- 5.042).

Mientras que el 99,63% de los empleadores que cerraron son firmas de hasta 500 trabajadores -principalmente pymes-, la mayor parte de los despidos se concentró en empresas de gran porte. El 66,8% de los puestos perdidos correspondió a compañías con más de 500 empleados, lo que da cuenta de una estrategia de ajuste que combina destrucción del entramado productivo chico y recortes masivos en grandes unidades económicas y en el Estado.

Cabe recordar que días atrás, el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, resaltó el cierre de miles de pymes desde que asumió Milei. Tras un 2025 conflictivo, con varias empresas que cerraron sus puertas o suspendieron personal para atravesar la crisis, el informe de López indicó que entre noviembre del 2023 y septiembre del 2025, un total de 5335 empresas bonaerenses dejaron de operar y se registran siete meses consecutivos de cierres. Unas 232 por mes, solo en el territorio bonaerense.

Fuente: Agencia DIB 

La postal vuelve a repetirse. Empresa que cierra, y decenas de familias que quedan en la calle. Esta vez se trata de la fabricante de papas congeladas estadounidense Lamb Weston, quien bajó las persianas de la planta ubicada en la localidad bonaerense de Munro, en Vicente López, y despedirá a unas 100 personas.

La noticia que se vincula a otras empresas que en las últimas horas avanzaron con cesantías, y más allá del cierre de esta planta, la compañía informó que se quedará con la que montó hace pocos meses en el Parque Industrial de Mar del Plata con una inversión de US$ 320 millones.

"Lamb Weston cerrará la planta de Munro, Argentina, y consolidará la producción para América Latina en su moderna planta de Mar del Plata", informó la empresa en un comunicado. La sede regional de la compañía está en Buenos Aires.

"El cierre de Munro refleja la estrategia en curso para mejorar la rentabilidad y la eficiencia operativa y del capital en toda la red global de manufactura", agregó la firma con sede en Idaho.

“Gestionar eficazmente los costos a lo largo de nuestra cadena de suministro es fundamental para generar valor para los clientes, al tiempo que nos permite priorizar inversiones que modernicen los activos físicos y mantengan las operaciones eficientes, resilientes y preparadas para el crecimiento futuro”, señaló la directora de la cadena de suministro, Sylvia Wilks, en el comunicado.

"Aproximadamente 100 empleados afectados por el cierre de Munro recibirán paquetes de indemnización de acuerdo con los requisitos y regulaciones locales.", confirmó la compañía, que provee papas congeladas para restaurantes y comercios.

Ubicada dentro del Polo Industrial de Mar del Plata, la planta tiene 40.000 metros cuadrados y capacidad para producir 360 toneladas, dependiendo también de la variedad del producto. Opera en tres turnos, las 24 horas, y genera 250 empleos directos, incluyendo puestos administrativos, técnicos, ingenieros y operarios.

"Se espera que este proyecto genere aproximadamente 3.000 empleos indirectos", precisaron a principios de 2025 desde la compañía, que opera en más de 100 países y cotiza en bolsa.

Fuente: Agencia DIB 

Un relevamiento reciente de la consultora Sistémica puso números concretos a este proceso. Según el informe, en el último trimestre se registraron 21 casos de cierres, suspensiones o recortes de personal, con un impacto directo sobre 4.382 trabajadores. Las zonas más golpeadas fueron la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y el NOA, regiones con fuerte peso industrial.

Todas las empresas que cerraron plantas y despidieron o suspendieron personal

La crisis alcanzó de lleno a ramas históricas de la producción. En el sector cerámico, Ilva cerró su planta de Pilar, en territorio bonaerense, y dejó sin empleo a 300 trabajadores. También en Buenos Aires, la multinacional Whirlpool, vinculada a la industria metalmecánica, bajó las persianas de su fábrica inaugurada en 2022, con 220 puestos de trabajo afectados.

El rubro autopartista tampoco quedó al margen. Corven avanzó con despidos en su planta de Venado Tuerto, Santa Fe, donde 150 trabajadores perdieron su empleo. A su vez, SKF clausuró su establecimiento de Tortuguitas, en Buenos Aires, con 145 desvinculaciones, mientras que Dana cerró su fábrica de Naschel, San Luis, lo que comprometió 50 puestos de trabajo.

En la industria electrónica, el ajuste se hizo sentir con fuerza en Tierra del Fuego: Newsan despidió a 150 trabajadores de su planta de Ushuaia. En paralelo, el sector de equipos eléctricos sumó el cierre de la fábrica de DBT-Cramaco en Sastre, Santa Fe, donde se perdieron 37 empleos.

La industria láctea también sufrió un golpe significativo. La Suipachense cerró su planta en Suipacha, Buenos Aires, y dejó sin trabajo a 143 empleados. En el rubro alimenticio, la firma Otito dispuso el cierre de su establecimiento en San Pedro, Jujuy, lo que afectó a 40 trabajadores.

El sector textil, uno de los más sensibles a la competencia importada, acumuló varios casos. TN & Platex discontinuó líneas de producción en Corrientes y La Rioja, con 88 desvinculaciones, mientras que Luxo y Vulcalar cerraron sus plantas y generaron un saldo de 168 personas despedidas.

Además de los cierres y despidos, el trimestre estuvo marcado por suspensiones de gran escala. En la industria metalúrgica, Acindar (ArcelorMittal) implementó suspensiones en su planta de Villa Constitución, Santa Fe, que alcanzaron a 200 trabajadores.

En el sector alimenticio, Mondelez frenó la actividad de 2.300 empleados en su planta de General Pacheco, provincia de Buenos Aires, en una de las decisiones más significativas por su volumen.

Por su parte, en el rubro textil, Textilana (Mauro Sergio) suspendió a 175 trabajadores, mientras que Stellantis resolvió adelantar las vacaciones y extender el receso de verano por un mes, hasta el 4 de enero de 2026, en su planta de El Palomar, donde se producen los modelos Peugeot 208, 2008 y Partner, y Citroën Berlingo.

Este deterioro del empleo industrial se da en paralelo a un retroceso de la inversión extranjera directa (IED). Según el balance cambiario del BCRA, entre enero y octubre el flujo neto de IED registró un saldo negativo de u$s1.500 millones, reflejando salidas de capital y procesos de desinversión de empresas ya instaladas en el país.

El fenómeno, advierten los analistas, responde tanto a la cautela frente a los riesgos macroeconómicos y regulatorios, como a una redefinición de estrategias empresarias, orientadas a reducir exposición en mercados percibidos como más volátiles.

"El retroceso de la IED convive con un proceso acelerado de cierre de empresas y achicamiento del entramado productivo local. En el último mes se multiplicaron los anuncios de cierres, suspensiones y despidos, con especial impacto en ramas industriales sensibles a la caída del consumo interno y a la competencia de importaciones", señaló Sistémica.

"El fenómeno no se limita a casos aislados, sino que adopta una lógica sistémica: menor demanda, mayores costos relativos y pérdida de competitividad configuran un escenario en el que muchas firmas optan por reducir operaciones (por lo general, reconversión a actividades de importación) o directamente abandonar el mercado. El resultado es un deterioro del empleo formal y un efecto contractivo adicional sobre la actividad, que retroalimenta la fragilidad económica", agregó el informe.

"La destrucción de activos y capacidades productivas no habilita la reasignación de recursos y creación de nuevas actividades en el modo en que lo sugieren los libros de texto de economía. Genera pérdida de empleo y chatarra productiva porque el capital no es plastilina y las habilidades de los trabajadores no son universales sino especificas", advirtió la consultora.

Fuente: InfoProfesional 

El gobierno de Javier Milei se vio forzado a retroceder en su intención de avanzar de modo “express” con la reforma laboral: el tratamiento será el 10 de febrero, mientras que el 26 de diciembre, fecha que se barajaba para ese proyecto, se tratará el presupuesto -cuya sanción en Diputados generó ruidos en el oficialismo- y el proyecto de Inocencia Fiscal, que también tuvo el OK de la cámara Baja.

El pedido para sesionar en febrero fue formulado por la senadora Patricia Bullrich, justamente tras lo ocurrido en la cámara Baja, donde el oficialismo logró la media sanción del Presupuesto pero al costo de resignar la derogación de las leyes de financiamiento universitario y emergencia en discapacidad, lo que lo llevó a evaluar modificaciones o un veto, por el costo fiscal que tendría su aplicación.

En este escenario, Bullrich anticipó que el Gobierno convocará a una nueva ronda de sesiones extraordinarias desde el 2 al 27 de febrero con la intención de tratar el resto de los proyectos impulsados desde la Casa Rosada: la reforma laboral y también la Ley de Glaciares. El proyecto tuvo dictamen de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda y en el interín hasta la fecha prevista para llevarla al recinto, el gobierno aceptará modificaciones al proyecto.

Fuentes parlamentarias comentaron que una de las cuestiones que entorpeció acuerdos para hacer avanzar el proyecto fueron los comentarios del Ejecutivo respecto de que no estaban de acuerdo con cómo había salido el Presupuesto en la cámara Baja. A eso se suma la votación para la integración de la Auditoria General dela Nación, con un acuerdo entre el oficialismo y el kirchnerismo que excluyó a PRO y llevó a su jefe de bancada, Cristian Ritondo, a amenazar con una denuncia judicial al presidente de Diputados, Martín Menem.

En ese contexto, La Libertad Avanza no contaba con el numero de votos suficiente apra garantizarse la aprobación del proyecto. La movida de Bullrich, que informó de todo a la mesa política del Ejecutivo, le ahorró a Milei una derrota casi segura en una semana. La decisión final se tomómientras la CGT realizaba su marcha frente a la Casa Rosada.

Por ahora, el contenido del dictamen se desconoce. Fue trabajado por Bullrich con el secretario de Trabajo, Julio Cordero.

Fuente: Agencia DIB. 

Tras una sesión que se extendió por casi diez horas y concluyó pasada la medianoche, la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley de Presupuesto 2026 impulsado por el Gobierno de Javier Milei.

La iniciativa obtuvo 132 votos afirmativos, 97 negativos y 17 abstenciones, y quedó en condiciones de ser girada al Senado, aunque la votación en particular continuaba durante la madrugada y se anticipaban rechazos parciales a algunos artículos sensibles.

La Libertad Avanza consiguió el respaldo de sus principales aliados parlamentarios: el PRO, la UCR, Innovación Federal, el MID y bloques provinciales que responden a distintos gobernadores. En contraposición, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda votaron en contra del proyecto, mientras que Provincias Unidas optó por la abstención, aunque tuvo un rol clave al inicio de la jornada para alcanzar el quórum.

El debate estuvo atravesado por una fuerte controversia en torno al artículo 75, que deroga las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario. Ese punto se convirtió en el eje de los cuestionamientos opositores, que acusaron al oficialismo de “blindar” el artículo al incluirlo dentro del capítulo 11, junto con otras disposiciones sensibles para distintas fuerzas políticas.

A pedido del PRO, el Gobierno incorporó en ese mismo capítulo el cumplimiento de los actos procesales ordenados por la Corte Suprema en el reclamo por la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, así como la transferencia de 21.347 millones de pesos del máximo tribunal al Consejo de la Magistratura. Para la oposición, se trató de una maniobra para condicionar apoyos y evitar deserciones en la votación en particular.

“Es una extorsión”, lanzó el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, mientras que el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, calificó la estrategia como una “perversidad” y denunció un intento de presión sobre el Poder Judicial. “Meten todo en el capítulo 11 para que nadie se pueda despegar del artículo 75”, sostuvo el santafesino, quien fue aún más duro al advertir que se buscaba condicionar a los jueces para que “ni se les ocurra cuestionar la votación”.

Desde el oficialismo, la diputada libertaria Silvana Giudici rechazó las acusaciones y respondió con dureza: “Dejen de hacer terrorismo, no hay ninguna trampa”. En la misma línea, el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, defendió el proyecto y destacó como principal virtud el “equilibrio fiscal”, al que definió como la “piedra angular” del programa económico de Milei. “Hace 120 años que la Argentina no tiene superávit fiscal. Este presupuesto es el camino hacia el país que siempre soñamos”, afirmó.

El proyecto prevé un crecimiento del 5% del PBI para 2026, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio oficial que rondaría los 1.423 pesos en diciembre del año próximo. Además, estima un superávit primario del 1,5% del PBI y uno financiero del 0,2%, con exportaciones en alza del 10,6%. Desde la oposición, sin embargo, cuestionaron la consistencia de esas proyecciones y las calificaron de “ilusorias”, al advertir que subestiman la inflación y el valor del dólar.

La sesión también estuvo marcada por el debate reglamentario sobre la modalidad de votación en particular. El oficialismo logró imponer, con apoyo de sus aliados, que se vote por títulos completos y no artículo por artículo, una decisión que fue interpretada como un intento de impedir que algunos bloques acompañen el presupuesto en general pero rechacen el artículo 75. La moción se aprobó por 130 votos a 112.

Durante el debate, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Bertie Benegas Lynch, sostuvo que “es un principio moral no gastar más de lo que se tiene” y defendió la reducción del gasto público como condición necesaria para bajar impuestos. Desde el peronismo, en cambio, Agustín Rossi advirtió que el texto “profundiza el ajuste, deprime el consumo y destruye el entramado industrial”.

En paralelo al tratamiento parlamentario, la Casa Rosada desplegó una intensa negociación con gobernadores aliados, que incluyó el reparto de Aportes del Tesoro Nacional y compromisos políticos, como la inclusión de los fondos adeudados a la Ciudad de Buenos Aires por coparticipación, uno de los reclamos centrales del PRO.

Con la aprobación en general, el Gobierno dio un paso clave para convertir en ley el Presupuesto 2026, el primero de la gestión Milei tras dos años de prórrogas del esquema heredado de 2023. El desafío inmediato será superar la votación en particular y luego repetir el respaldo en el Senado, donde el oficialismo buscará sancionar la norma antes de fin de año, en un clima político que promete seguir cargado de tensión. 

El gobierno bonaerense presentará en el congreso nacional un proyecto de ley que otorga beneficios laborales y económicos para los trabajadores de plataformas como Rappi, Uber o Pedidos Ya, con la que buscan “contenerlos” después de que el proyecto de reforma laboral de Javier Milei los excluyó de los beneficios del trabajo en relación de dependencia.

La iniciativa fue anunciada hoy por el ministro de Trabajo, Walter Correa y marca un contraste con la solución del oficialismo para el sector –que aportó muchos votantes jóvenes a La Libertad Avanza, que según la senadora Patricia Bullrich exige no trabajar en relación de dependencia ni sujertarse a regulaciones.

“El gobierno nacional pretende convalidar un modelo que deja a miles de trabajadores sin derechos básicos excluyéndolos expresamente de las normas protectoras laborales”, señala explícitamente un comunicado de Trabajo, que contrasta eso con el hecho de que “la propia OIT analiza cómo mejorar globalmente las condiciones laborales de los trabajadores de plataformas”.

El gobierno nacional pretende convalidar un modelo que deja a miles de trabajadores sin derechos básicos excluyéndolos expresamente de las normas protectoras laborale

La iniciativa plantea acciones en tres niveles: potenciar las inspecciones laborales en lo que se denominan “tiendas invisibles”; garantizar la salud y seguridad laboral de los trabajadores; la creación de una APP para acercarles beneficios tales como un “botón de pánico”, “aviso rápido de seguridad o salud para accidentes en vía pública”; y accesos a descuentos especiales para la adquisición de insumos indispensables para sus tareas.

“En coordinación con los municipios y empresas, también promueve la creación de paradores de acceso público y gratuito para que los trabajadores cuenten con áreas de descanso adecuadas durante la jornada laboral; accedan a instalaciones que faciliten el aseo e higiene personal, incluyendo sanitarios que garanticen el acceso a agua potable en condiciones dignas, y se les facilite el resguardo seguro de objetos personales y herramientas de trabajo”, indicó Correa.

El ministerio de Trabajo intensificará las inspecciones en las “tiendas invisibles ”, a las que el proyecto de ley define como “los establecimientos que, a puertas cerradas, realizan actividades de venta, almacenamiento, empaque y entrega de mercaderías, cuyos pedidos son objeto de transacción mediante plataformas digitales, y desde los cuales se efectúa la entrega a los repartidores”. Estas tiendas deberán cumplir con la legislación laboral vigente.

Estos centros tienen dos costados laborales a abordar: por un lado, los trabajadores de puertas adentro que tienen modos de trabajo a presión, y por otro lado los “ repartidores ”, que están usualmente estacionados o sentados en la vía pública, esperando a que se les asignen pedidos, con escaso o nulo acceso a condiciones de trabajo dignas. El proyecto establece que la cartera laboral será la autoridad de aplicación de la norma.

El proyecto contempla también que las empresas deban contratar, a su exclusivo cargo, un seguro de accidentes personales que garantice cobertura integral frente a los riesgos de la actividad, incluyendo muerte accidental, invalidez permanente y asistencia médica de emergencia. Esta medida establece un piso mínimo de seguridad y salud laboral, asegurando que cada trabajadora y trabajador cuente con respaldo inmediato ante situaciones de siniestralidad vial o accidentes en el desarrollo de sus tareas.

También buscará establecer responsabilidades en los empresarios respecto de las condiciones laborales de estos trabajadores, haciendo foco en los aspectos de salud y seguridad laboral de los mismos, que son clara competencia provincial, y también que observen el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Otro aspecto de la iniciativa será la creación de una APP que les brindará a los trabajadores beneficios en cuestiones básicas relacionadas con su trabajo (acceso a vehículos, seguros, descuentos en repuestos de bicicletas y motos, gomerías, lubricantes, cascos y protecciones, etc.), y que también le brindará un botón de emergencia en salud y otro en seguridad.

La creación de la APP estará destinada a resolver varios temas: por un lado, les dará acceso a las trabajadoras y los trabajadores a un “botón de pánico” o “aviso rápido de seguridad”, el que se accionará cuando adviertan una situación de inseguridad o sean protagonistas de ella.

La APP también contendrá un “botón de emergencia en salud” para cuando se produzca un accidente en la vía pública. Esto no implicará crear nuevos accesos sino hacer más fácil su uso, manteniendo los hábitos de las trabajadoras y los trabajadores vinculados al empleo del celular y las aplicaciones, por la inmediatez que ello otorga.

También posibilitará el acceso gratuito a asistencia y asesoramiento en sus derechos básicos y problemas usuales como contratación de seguros, gestiones vinculadas a las licencias para conducir o trámites migratorios, entre otros.

De esta manera, el proyecto representa un nuevo paso en la construcción de propuestas impulsadas por un Estado, que fortalece su rol de control y protección y pone al trabajo en el centro de sus políticas públicas, con derechos y mejores condiciones para las y los trabajadores de plataformas digitales. 

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló una fuerte contracción del empleo registrado y de la cantidad de empleadores en los casi primeros dos años de la gestión de Javier Milei. El estudio analiza la evolución del mercado laboral entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025, a partir de datos oficiales del sistema de Seguridad Social publicados por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

Según el relevamiento, la cantidad de empleadores con trabajadores registrados pasó de 512.357 a 492.223 en el período analizado. La caída equivale a 20.134 empresas menos, lo que representa un promedio de 30 empleadores que dejaron de registrar personal por día, reflejando un deterioro sostenido del entramado productivo formal.

El sector más afectado en términos absolutos fue el de transporte y almacenamiento, que perdió 4.851 empleadores entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025. Le siguieron el comercio mayorista y minorista, reparación de vehículos automotores y motocicletas, con 3.750 empleadores menos; los servicios inmobiliarios, con una caída de 3.005, y los servicios profesionales, científicos y técnicos, que registraron una baja de 2.198 empresas.

En términos relativos, transporte y almacenamiento también encabezó el ranking de retrocesos, con una contracción del 12,3% en la cantidad de empleadores. Detrás se ubicaron los servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales (-11,6%), los servicios inmobiliarios (-10,1%) y la construcción, que mostró una caída del 8,1% en el mismo período.

La reducción del número de empleadores estuvo acompañada por una baja significativa del empleo registrado. El informe señala que la cantidad de trabajadores formales cayó de 9.857.173 a 9.576.189 (-2,85%), lo que implica la pérdida de 280.984 puestos de trabajo, equivalente a casi 420 empleos menos por día desde el inicio de la actual administración nacional.

El sector más afectado en términos de destrucción de puestos laborales fue la administración pública, defensa y seguridad social obligatoria, con una reducción de 88.342 trabajadores. También se registraron caídas pronunciadas en la construcción, que perdió 77.383 empleos, y en la industria manufacturera, con 59.127 puestos menos. Transporte y almacenamiento, a su vez, recortó 53.642 empleos registrados.

Al analizar la dinámica según el tamaño de las empresas, el CEPA advierte que el 99,6% de los empleadores que dejaron de registrar trabajadores fueron firmas de hasta 500 empleados, mientras que las empresas de mayor tamaño explicaron apenas el 0,4% de los casos. No obstante, la mayor parte de la pérdida de puestos de trabajo se concentró en las compañías de más de 500 trabajadores, que absorbieron el 69,4% del total del empleo destruido.

Fuente: Agencia DIB