La Justicia advirtió al Gobierno de Javier Milei que la Ley de Emergencia en Discapacidad “deberá estar en plena ejecución” el día 4 de febrero de este año y lo intimó a acreditar el avance de la implementación de la norma. De caso contrario, aplicará multas a funcionarios.

La decisión del Juzgado Federal de Campana fue tomada luego de la apelación del Ejecutivo en diciembre. En ese sentido, el juez Adrián González Charvay resolvió que el Ejecutivo tenga los procesos administrativos listos para cumplir con la normativa sancionada por el Congreso, incluso cuando no se haya pronunciado la Cámara Federal de San Martín, que tiene en trámite una apelación del caso.

“Toda vez que la Ley de Emergencia citada debe estar reglamentada dentro de los treinta días (conf. art. 21 de la misma) hágase saber a las partes que, tomando como inicio del cómputo el proveído de fecha 18/12/2025 que concedió el recurso de apelación con efecto devolutivo, la ley en trato deberá estar en plena ejecución para el día 04/02/2026, sin perjuicio de lo que en definitiva resuelva el Superior”, dice la resolución.

Según indicaron familiares de personas con discapacidad en un comunicado, a partir de este fallo el Estado deberá presentar “documentos reales” que acrediten el cumplimiento de la sentencia.

En este contexto, el juzgado advirtió que ya no aceptará informes genéricos basados en “evaluaciones”, “análisis” o “proyectos”, sino en constancias concretas que demuestren avances efectivos.

Por su parte, tras la definición judicial, la actriz y madre de un chico con discapacidad, Valentina Bassi, sostuvo: "La ley se tiene que cumplir: si en 10 días hábiles no cumplen comenzarían las multas para los funcionarios", planteó en Instagram.

Cabe recordar que la gestión libertaria apeló en diciembre el fallo que ordenó aplicar de manera inmediata la Ley de Emergencia en Discapacidad y que dispuso la invalidez del artículo 2 del Decreto 681/2025, con el que el gobierno había suspendido la aplicación de la esa ley. El fallo dictado por el juez González Charvay, que tiene alcance colectivo, debe ser resuelto por la Cámara Federal de San Martín.

Fuente: Agencia DIB 

El Ministerio de Economía reglamentó el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) y definió una serie de criterios patrimoniales que dejarán fuera del beneficio a determinados hogares. La medida es aun cuando sus ingresos declarados estén por debajo del tope establecido.

La decisión del Gobierno de Javier Milei fue formalizada a través de la Disposición 2/2026 de la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético, publicada este martes en el Boletín Oficial, que aprueba los indicadores de “exteriorización patrimonial y de manifestación de capacidad económica” que se utilizarán para aceptar o rechazar solicitudes.

A partir de ahora, todas las personas que reciban ayuda económica para pagar la luz y el gas pasarán a estar inscriptas en un nuevo sistema llamado Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF). El trámite será obligatorio para quienes deseen mantener el beneficio y deberá realizarse mediante un formulario digital que se presentará como declaración jurada.

Esta medida surge tras la entrada en vigencia del Decreto 943/25, que cerró el período de transición anterior y dispuso la creación de un nuevo régimen de subsidios. Según el texto oficial, la Secretaría de Energía será la autoridad encargada de ejecutar y controlar la administración de estos beneficios.

El objetivo declarado es identificar, con mayor precisión, quiénes realmente necesitan la ayuda estatal para afrontar los gastos de energía y evitar errores o superposiciones en el reparto.

Para esto, el Ejecutivo oficializó también el modelo de formulario que deberá ser completado por los solicitantes. De igual forma, destacaron que gran parte de los datos se obtendrán de registros previos, como el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), por lo que quienes ya estén inscriptos allí no necesitarán anotarse de nuevo.

Fuente: Agencia DIB

En los últimos meses, la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de Chascomús registró un notable incremento en la cantidad de vecinos que se acercan para tramitar la inscripción al subsidio de energía eléctrica. La fuerte suba de tarifas y el deterioro de la economía familiar empujaron a muchos hogares que en un principio no se habían adherido al beneficio a solicitarlo de urgencia.

Sin embargo, desde la dependencia municipal advierten un dato que genera especial preocupación: crece el número de usuarios que, aun contando con el subsidio, no logran reunir el dinero necesario para afrontar el pago de sus facturas.

El Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE) establece un esquema diferenciado por nivel socioeconómico. Los usuarios de ingresos bajos (Nivel 2) conservan el beneficio para consumos de hasta 350 kw/h mensuales, mientras que los de ingresos medios (Nivel 3) lo mantienen hasta los 250 kw/h. Todo consumo que exceda esos topes se factura a tarifa plena, lo que implica montos cada vez más difíciles de afrontar para gran parte de la población.

En el caso del gas, los hogares de Nivel 2 acceden a un descuento del 64% y los de Nivel 3, del 55%, siempre sobre un límite de 149 metros cúbicos; más allá de ese consumo, rige el precio completo del servicio.

La realidad, advierten desde la OMIC, es que ni siquiera con estas bonificaciones los sectores más vulnerables logran sostener los costos. “Las familias nos plantean que están priorizando qué pagar y qué dejar de pagar. Hablamos de servicios básicos, no de lujos”, señalaron con preocupación.

La oficina, ubicada en Dorrego 229, sigue gestionando la tarifa social, el registro de electrodependientes y las inscripciones al RASE. Atiende de manera presencial los lunes, miércoles y viernes de 9 a 12 horas, además de consultas por teléfono al 42-2234 o vía correo electrónico en omic@chascomus.gob.ar

El Gobierno nacional decidió extender el plazo para que aquellos que requieran subsidios en las tarifas energéticas puedan inscribirse en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE). Si bien el primer anuncio marcaba que había tiempo hasta el 4 de agosto, ahora la posibilidad de registrarse estará vigente hasta el 4 de septiembre, es decir, un mes más.

“Para los beneficiarios de la tarifa social que nunca se inscribieron en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía se va a extender hasta el 4 septiembre de este año. Se hace una extensión por 30 días más”, adelantó el vocero presidencial Manuel Adorni.

La medida apunta a los hogares que tienen subsidiados los servicios de gas natural y de electricidad, que deberán realizar un trámite si desean seguir recibiendo esa ayuda estatal. El plazo ahora se extendió hasta septiembre para no perder automáticamente la bonificación, que en medio del invierno traerá un aumento notorio en las facturas.

“Es muy importante que se registren en este RASE porque les va a permitir seguir manteniendo el precio de la tarifa y lograr que la asistencia se focalice en quien realmente no puede pagar el servicio”, agregó.

Según el vocero, el Estado nacional gastó en esos subsidios a la energía 150.000 millones de dólares durante los últimos veinte años. “Es algo desproporcionado (el gasto) porque los subsidios no son gratis, los pagamos entre todos, y en Argentina se han pagado con pobreza por la inflación que generaban debido al déficit fiscal”, sentenció.

Un usuario que califique para un subsidio de luz y gas puede inscribirse para recibir la bonificación. Lo único que necesita hacer es completar a través del sitio oficial el formulario para el RASE, que tiene carácter de declaración jurada.

En las últimas semanas el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) se comunicó con quienes debían completar el formulario para continuar siendo beneficiarios de un subsidio. Estos hogares de bajos ingresos debían ingresar al sistema de manera individual para registrarse dentro un plazo de 60 días de corrido que vence en los primeros días de septiembre.

Para saber si un domicilio es beneficiario de algún subsidio en la tarifa de electricidad, se debe ingresar a la web oficial del ENRE y completar un formulario online donde se les solicita el número de cuenta de Edenor o de Edesur.

En cuanto a la tarifa de gas, el consumidor debe dirigirse al sitio oficial del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), ir a la sección Regímenes de Beneficios, luego dirigirse al RASE e ingresar la empresa prestadora del servicio de gas y el número de usuario, cliente, cuenta, servicio o suministro.

La solicitud debe ser completada por todos los hogares que nunca se hayan inscrito y quieran acceder al beneficio. Una vez inscritos, podrán acceder siempre y cuando reúnan las condiciones socioeconómicas para tenerlo. Tienen que ser hogares que cumplan con los siguientes requisitos:

– Perciban ingresos totales de bolsillo menores de 3,5 canastas básicas totales de hogar tipo 2 (que en junio último equivalían a $ 3.056.091, según el INDEC) o menores de 3,5 canastas básicas totales tipo 2 más el 22% ($ 3.728.431) para los hogares de la Patagonia.

– No cuenten con 3 o más inmuebles propios.

– No tengan 3 o más vehículos con una antigüedad menor a 5 años.

– No tengan una aeronave o embarcación de lujo.

– No sean titulares de activos societarios que demuestren capacidad económica plena

Saber si uno tiene subsidio de luz es un proceso muy sencillo. Se trata de un trámite digital y gratuito para el cual solo se debe contar con el número de cuenta de la empresa distribuidora. Este dato se puede hallar en las facturas del servicio, en el extremo superior.

Una vez obtenido este dato, hay seguir los siguientes pasos:

1) Acceder al formulario digital de consulta y completar cuál es la empresa proveedora de energía (Edenor o Edesur).

2) Luego hay que colocar el número de cliente o de cuenta que figura en la factura.

3) Hay que hacer clic en la caja que verifica que se trata de un usuario humano y, entonces, en el botón que dice “Consultar”.

Una vez realizada la gestión, el sistema indicará si el usuario recibe el subsidio eléctrico o no.

Si el usuario es beneficiario de una tarifa social, pero no está inscripto en el RASE, deberá seguir los pasos para hacerlo. Cabe destacar que solamente se deberá completar una solicitud por hogar.

Cualquier persona que sea usuaria residencial mayor de 18 años puede acceder al beneficio, siempre y cuando no sea catalogado como nivel 1. 

Para acceder al subsidio, todo usuario (siempre y cuando no sea N1) debe completar un formulario de inscripción, o bien hacerlo a través de un centro de atención telefónica llamando al 0800-222-7376. También se puede acudir en forma presencial a la prestadora o a los entes reguladores. Tras ingresar a la web:

En medio del fuerte ajuste de las tarifas y a la espera de nuevas subas para los próximos meses, la Secretaría de Energía de la Nación determinó la reestructuración del esquema de subsidios al consumo energético y estableció un período de transición de un régimen general a otro focalizado.

En este sentido, aquellas personas que accedieron de forma automática a los subsidios a la electricidad y el gas y quieren mantener ese beneficio, deberán inscribirse en Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) -si no lo hubiesen hecho con anterioridad- antes del domingo 4 de agosto. Se estima que son alrededor de 1,7 millones de usuarios. Para hacerlo deben ingresar a la página web www.argentina.gob.ar/subsidios y seguir los pasos necesarios para completar los formularios.

El RASE se creó en 2022 para poder crear un padrón y determinar qué usuarios de luz y gas necesitaban mantener los subsidios. Aunque se trata de una medida del Gobierno de Alberto Fernández, la administración de Javier Milei sigue con este sistema de segmentación.

Por el momento algunos sectores de la sociedad pueden acceder a la tarifa social para pagar menos en su factura eléctrica, por lo que es importante verificar si uno está dentro de esa categoría para recibir el subsidio. De todos modos, este se puede solicitar en caso de no estarlo.

Una de las claves del RASE es que establece tres categorías de usuarios en función de su situación socioeconómica. De esta forma, quedan divididos en nivel 1, para los hogares de mayores ingresos (N1), nivel 2 para menores ingresos (N2) y nivel 3 para ingresos medios (N3). De estos tres niveles, solo los dos últimos pueden obtener el beneficio. 

El nivel 1 abarca aquellos hogares cuyos ingresos mensuales equivalen a más de 3,5 canastas básicas para un hogar tipo 2 según el INDEC, que en junio último equivalían a $ 2.182.922,5. Además, dentro de estos hogares también se contempla quienes disponen de otras características como tener 3 o más vehículos con antigüedad menor a 5 años y 3 o más inmuebles.

El nivel 2 o de ingresos bajos, incluye hogares que sus ingresos son menores a una canasta básica total tipo II, es decir $ 873.169 y, además, poseen hasta un inmueble y un vehículo con más de 3 años de antigüedad.

Saber si uno tiene subsidio de luz es un proceso muy sencillo. Se trata de un trámite digital y gratuito para el cual solo se debe contar con el número de cuenta de la empresa distribuidora. Este dato se puede hallar en las facturas del servicio, en el extremo superior.

Una vez obtenido este dato, hay seguir los siguientes pasos:

1) Acceder al formulario digital de consulta y completar cuál es la empresa proveedora de energía (Edenor o Edesur).

2) Luego hay que colocar el número de cliente o de cuenta que figura en la factura.

3) Hay que hacer clic en la caja que verifica que se trata de un usuario humano y, entonces, en el botón que dice “Consultar”.

Una vez realizada la gestión, el sistema indicará si el usuario recibe el subsidio eléctrico o no.

Si el usuario es beneficiario de una tarifa social, pero no está inscripto en el RASE, deberá seguir los pasos para hacerlo. Cabe destacar que solamente se deberá completar una solicitud por hogar.

Cualquier persona que sea usuaria residencial mayor de 18 años puede acceder al beneficio, siempre y cuando no sea catalogado como nivel 1. 

Para acceder al subsidio, todo usuario (siempre y cuando no sea N1) debe completar un formulario de inscripción, o bien hacerlo a través de un centro de atención telefónica llamando al 0800-222-7376. También se puede acudir en forma presencial a la prestadora o a los entes reguladores. 

Entre los datos que se solicitan para completar el formulario RASE se encuentran los siguientes:

Se trata de usuarios que fueron incorporados automáticamente al RASE como hogares de bajos ingresos. En la  nomenclatura oficial, son N2.

En cuanto al RASE, el usuario residencial encargado deberá completar una declaración jurada y, en caso de que ya haya realizado el trámite, la persona puede actualizar la información. 

Antes de empezar es importante tener el número de medidor y el número de Cliente/Servicio/Cuenta/Contrato o NIS que están en la factura de energía eléctrica y gas natural por red.

El último ejemplar de DNI.

El número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años.

Los ingresos de bolsillo de cada integrante del hogar mayor de 18 años.

Una dirección de correo electrónico

Desde agosto, el umbral a partir del cual no se puede solicitar subsidios es desde $3.056.092 de ingreso familiar mensual.

Para aquellos hogares ubicados en el partido de Patagones (Buenos Aires), Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz o Tierra del Fuego, los ingresos mensuales totales para no pertenecer al segmento de mayores ingresos deberán ser equivalentes o menores a $3.728.431 al mes. (DIB)

En medio de la fuerte suba de las tarifas de los servicios públicos que implementó el Gobierno de Javier Milei, la Provincia puso en marcha un mecanismo para asistir a la población de menores recursos. Se trata del régimen provincial de tarifa social para la luz que ya existía, pero ahora la administración de Axel Kicillof hizo algunos cambios para beneficiar a más bonaerenses.

Por medio del Decreto 940, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos estableció que pondrá en marcha “el régimen provincial de la tarifa social de energía eléctrica que se aplicará a través de una bonificación a los/as usuarios/as beneficiarios/as, el que será establecido por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, de acuerdo con las partidas presupuestarias destinadas al efecto en esa repartición”.

Además, se encomendó a la cartera que conduce Gabriel Katopodis “en su carácter de Autoridad de Aplicación del Marco Regulatorio Eléctrico, la determinación de los criterios de inclusión y/o exclusión en la referida tarifa social, la metodología y su mecanismo de implementación, fijación y reconocimiento de la bonificación”.

En tanto, se ordenó “reducir la alícuota establecida por el artículo 4º inciso a) del impuesto creado por el Decreto-Ley Nº 7290/67, al cero coma cero uno por ciento (0,01 %) para los/as usuarios/as residenciales beneficiarios/as de la tarifa social en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires“.

En los fundamentos de la normativa, se indicó que “las medidas impulsadas tienden a velar por el derecho humano al acceso a la energía eléctrica, indispensable para alcanzar o cubrir las necesidades básicas para el desarrollo integral de la población”.

A principios de junio, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) oficializó este viernes los nuevos cuadros tarifarios “de transición” que desde junio aplicarán las distribuidoras Edenor y Edesur en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), ajuste que para el Gobierno “no es significativo” ya que “la bonificación sigue siendo muy importante”.

Según el ENRE, la factura promedio antes de impuestos de los usuarios R-Nivel 1 altos ingresos, aumenta en promedio con respecto al cuadro vigente a mayo un 20%. En el caso de los usuarios R-Nivel 2 ingresos bajos, aumenta en promedio un 93% y los usuarios R-Nivel 3 aumenta en promedio un 130%. Cabe recordar que Edenor y Edesur son empresas distribuidoras bajo la órbita de Nación y abarcan 3.067.644 usuarios, es decir, un 59% del total.

El resto, el 41% del territorio bonaerense está bajo la órbita de204 distribuidoras, cuatro provinciales y 200 municipales. Tras el aumento mayorista y la quita de subsidios, la cartera de Katopodis informó que el 49% de los usuarios residenciales bonaerenses se encuentran agrupados en el nivel 2, el 33% en el nivel 1 y el 18% en el nivel 3. En lo que es el área Edenor-Edesur en la provincia, el 54% pertenece a ingresos bajos (N2), el 27% altos ingresos (N1) y 19% ingresos medios (N3).

Desde junio, a los hogares de ingresos medios se les redujo el consumo subsidiado de 400 a 250 kw mensuales. Los bajos pasan a tener un tope de consumo subsidiado de 350 kw mensuales. Al exceder el límite, pagarán el precio pleno de energía.

De esta manera, si un usuario residencial tiene un consumo de 150 kWh mensuales, abonará las siguientes tarifas de acuerdo según las distribuidoras:

Desde la oficina de OMIC informan que la Secretaría de Energía de la Nación modificó el Sistema de Subsidios a la energía y el valor de consumo. Deberán inscribirse en el registro de segmentación energética quienes aún no lo hayan hecho y quienes sean beneficiarios de tarifa social y/o algún programa provincial inscriptos de manera provisoria.

Los interesados podrán registrarse hasta el 5 de agosto del corriente, a través de la página web http://argentina.gob.ar/subsidios o, acercarse a las oficinas de Dorrego 229, de lunes a viernes entre las 9 y las 12 hs. Para el trámite es necesario presentar la última factura de gas y de luz, constancia de CUIT, DNI, constancia de ingresos de todo el grupo familiar conviviente, y dirección de correo electrónico.

Cabe destacar que quienes no cumplan con el registro dentro del plazo vigente, ingresarán automáticamente a la categoría de ingresos altos.

Los usuarios registrados como “N°2 ingresos bajos” mantendrán un esquema de subsidio para aquellos consumos que no excedan los 350 Kmh/mes (kilowatt hora mes). Pasado dicho consumo se abona tarifa plena.

Los usuarios registrados como “N°3 ingresos medios” mantendrán el subsidio para los primeros 250 Kmh/mes de consumo. Todo consumo superior a ese rango abonará tarifa plena.

En cuanto al servicio de gas los usuarios registrados como N°2 obtendrán una bonificación del 64% y en lo que respecta a los usuarios registrados como N°3 la bonificación será del 55% ambas sobre lo que consuma como excedente del consumo base 149m3 mensual. El excedente abona tarifa plena.

Las generadoras eléctricas, nucleadas en la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de la República Argentina (Ageera), enviaron una carta al ministro de Economía, Luis Caputo, para rechazar el pago de la deuda atrasada de Cammesa con bonos que cotizan a la mitad de su valor.

Economía publicó este miércoles la resolución 58/2024 que resuelve el pago pendiente de diciembre y enero con el bono AE38, lo que representa una quita del 50% a la deuda por subsidios energéticos que tiene el Gobierno con las generadoras eléctricas y las productoras de gas (petroleras).

Frente a esto, Ageera, que reúne a empresas como Pampa, AES y Central Puerto, rechazó la modalidad de pago porque, según asegura, afecta los derechos contractuales de las generadoras y es “una violación a su derecho de propiedad privada”.

Además, indicaron en la nota, “impacta en los compromisos financieros asumidos por algunos generadores con quienes otorgaron financiamiento para desarrollar las inversiones en sus respectivas centrales” e “implica una quita adicional en la remuneración de los generadores que venden su energía al Spot en pesos, la cual ya se ha visto desvalorizada fuertemente por la elevada inflación de los últimos meses”.

Entre las siete razones para oponerse a la forma de pago elegida por el Gobierno, la entidad asegura que “afecta en forma directa los programas de operación, mantenimiento e inversión en generación incrementando innecesariamente el riesgo del sistema eléctrico, en particular a las centrales que venden su energía al Spot, en pesos y a precios desactualizados”.

También afirman que “resulta una alteración a contratos adjudicados en procesos licitatorios públicos lo que genera un precedente que desalentará nuevas inversiones, como ya sucedió en el pasado”.

La deuda total que tiene la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) con las generadoras de energía y petroleras alcanzaba hasta el mes pasado los $ 1.074.258.000.000 ($ 1,07 billón) o el equivalente a unos 1.250 millones de dólares. De eso se tendrá que hacer cargo el Tesoro, por mantener los subsidios para hogares -al fijar precios que no reflejan del todo los costos del sistema-. (DIB)

En la previa de la Audiencia Pública que se llevará a cabo este jueves y tiene como objeto evitar la judicialización de los aumentos de las tarifas de luz y gas, el Gobierno analiza ampliar aún más las condiciones para que los usuarios puedan acceder a los subsidios a la energía que otorga el Estado nacional.

Según surge de los nuevos documentos que publicó la Secretaría de Energía en su página web, podrían “tomarse en consideración para el rechazo o exclusión del beneficio” a los que viajaron más de una vez al exterior en los últimos 5 años, si fue a un país no limítrofe con la Argentina; y a quienes sean titulares de una cobertura de medicina prepaga que no esté vinculada a un trabajo en relación de dependencia.

Pero también los criterios con los que el Gobierno de Javier Milei avanza en el objetivo de reducir el monto de los subsidios energéticos (electricidad y gas de red y garrafas) apuntan a los usuarios que hayan comprado dólares o cualquier moneda extranjera en los últimos 3 meses y a quienes pagan en telefonía celular el equivalente a más del 25% de un salario mínimo, valor que desde marzo será de $ 50.700 (sobre $ 202.800).

Estos criterios de exclusión de la ayuda estatal presuponen que los usuarios tienen suficientes ingresos o patrimonios para afrontar el costo pleno de la energía en sus tarifas, y se suman a otros como tener un auto o moto con una antigüedad menor a 5 años o dos con menos de 10 años.

La audiencia tiene como objeto evitar la judicialización de los aumentos, pues el decreto 332/2022 diseñado durante la gestión del ministro de Economía Martín Guzmán, determinaba que los aumentos no pueden superar para los usuarios N2 (ingresos bajos), el 40% del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) y para los usuarios N3 no pueden superar el 80% del CVS del período contado desde el aumento previo. En la audiencia del jueves, el Gobierno presentará la “Canasta Básica Energética”, el concepto a partir del cual presente focalizar mejor la ayuda del estado y reducir el monto total de los subsidios.

En relación con los ingresos, el Gobierno también tendrá en cuenta a quienes realicen consumos con tarjetas de crédito o billeteras virtuales por el equivalente a más de 5 salarios mínimos, una cifra que ascendería en marzo a $ 1.014.000.

Otros aspectos patrimoniales que considerará el Gobierno, mediante la declaración voluntaria de los usuarios o el cruce con múltiples bases de datos, son la tenencia de aeronaves, embarcaciones de lujo o con fines recreativos, la titularidad de al menos dos inmuebles, automóviles de lujo o de colección y la pertenencia al directorio o la propiedad de una empresa privada.

La idea de la Rosada, ya explicitada por el secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo, es subsidiar solo a aquellos grupos familiares para lo que el costo de la Canasta Básica Energética (CBE), exceda el 10% del ingreso familiar. Eso a su vez estará cruzada por cuestiones como las distintas “zonas bioclimáticas” del país. (DIB) FD

El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) formalizó la convocatoria para el 8 de enero a una Audiencia Pública en la que se abordará la actualización de las tarifas de transporte y distribución, el traslado de subsidios al precio de gas, y el diseño de un nuevo sistema de actualización mensual.

La medida se oficializó mediante la resolución 704/2023 publicada este viernes en un suplemento especial del Boletín Oficial, en línea con la decisión del Gobierno de reducir los subsidios a los servicios energéticos y determinar un esquema de actualización tarifaria.

El objetivo del Gobierno es ganar tiempo y realizar la audiencia con celeridad, ya que luego hay un proceso administrativo que demora al algo más de un mes y los entes reguladores deben elaborar un informe. Si bien la intención del Ejecutivo era implementar la quita de subsidios desde enero, va a llevar algún tiempo más hacerlo. Si se llega, las facturas podrían estar con aumentos en febrero, aunque lo más probable es que sean las de marzo.

Los temas a tratarse en el encuentro que se realizará el 8 de enero, a las 9 de manera virtual, son:

Desde la comuna informaron que tras intensas gestiones realizadas por el intendente Javier Gastón, las entidades locales obtendrán un apoyo económico del programa Clubes en Obra impulsado por el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación.

A través de este programa que apunta a la mejora de la infraestructura de clubes de barrio y entidades deportivas comunitarias, se depositaron 2 millones de pesos a cada club mencionado.

El intendente Javier Gastón visitó las sedes de las instituciones beneficiadas, acompañado por el subsecretario de Deportes municipal, Pablo Francese. Ambos dialogaron con los presidentes de las instituciones beneficiadas, quienes expresaron que los fondos recibidos permitirán realizar mantenimiento y mejoras.

La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) advirtió que si no aumentan los subsidios, las empresas de transporte del interior no podrán garantizar “la regularidad y continuidad de los servicios”. 

A través de un comunicado publicado en su sitio web oficial y titulado “El transporte de pasajeros está en emergencia”, la FATAP se quejó de que existe una brecha de más de 20 millones de pesos entre lo que perciben las compañías del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) respecto de aquellas que lo hacen en el resto de la Argentina. 

Por eso, la Federación se encargó de poner una “alerta acerca del constante deterioro que las variables económicas de la actividad a causa del fuerte incremento de los costos, y el retraso en la actualización de las tarifas y compensaciones destinadas al sector”.

Según detallaron, “los subsidios que recibe el transporte de pasajeros en el AMBA alcanzan los 24.700 millones de pesos”, mientras que “el interior recibe apenas 3.800 millones”. Eso equivale a “un millón por unidad en AMBA y 300.000 por unidad en el interior”.

En tanto, remarcan que los ingresos de la gente en AMBA, donde el pasaje cuesta $ 25,40, son mayores que los que reciben las personas del interior, donde el pasaje asciende a $ 80. 

“Los costos de las operaciones por Km tanto para el interior y el AMBA poseen iguales costos. Por ello resulta inexplicable esta inequidad, así como la carencia de políticas claras en materia de transporte automotor de pasajeros urbanos y suburbanos”, subrayaron.

Como si fuera poco, la “situación de desigualdad se agrava por el persistente incremento en el precio del gasoil, con aumentos de entre el 120% y el 150% en los últimos seis meses”.

“En este escenario, resultará imposible en adelante garantizar la regularidad y continuidad de los servicios en el Interior del País. Las empresas de transporte corren serio riesgo de quiebra en el corto plazo, con la consecuente pérdida de capital nacional y de puestos de trabajo”, advirtieron. (DIB)

Cada incremento también dependerá, obviamente, del consumo, mientras que las categorías son: nivel 1 son aquellos argentinos de mayor poder adquisitivo, que no solicitaron el subsidio; nivel 2 engloba a los menores ingresos registrados e incluirán a beneficiarios de la tarifa social. Por último, el nivel 3 es la población con ingresos medios. Estos esquemas se usarán para el gas y la electricidad.

En el caso del gas, se combina con la zona del país de que se trate, ya que en las más frías habrá un impacto más reducido. En el del agua, el criterio para determinar  cómo se quitan los subsidios es la zona geográfica dónde se ubica la propiedad que recibe el subsidio.

Así el detalle de aplicación para cada servicio informado hoy es el siguiente:

Aquellas familias que pertenezcan al nivel 1 de ingresos se les aplicará una quita total del subsidio para todo el consumo, con aumentos bimestrales, en septiembre noviembre y enero. El total de suba al final de ese período será del 167%.

Para este servicio, el gobierno difundió el siguiente ejemplo: la factura promedio para este sector fue de $1650, sin contar costos de transporte y distribución. Tomando como base de comparación esa factura, el primer aumento llegará en septiembre y será de $338. El próximo tocará en noviembre, de $468. El último está contemplado en enero de 2023, de $649. Así, en el primer mes del año próximo, esa misma familia nivel 1 tendrá que abonar una tarifa de gas de $3105.Serán $1455 de diferencia en seis meses.

Para aquellas familias nivel 3, de ingresos medios, el Gobierno apunta a que haya un “incentivo al uso eficiente del recurso”. Por eso subsidiará un volumen equivalente al 70% del promedio de los umbrales mínimos y máximos de cada categoría y subzona. El excedente será sin subsidio, por lo que el aumento final de ese excedente será también del 167%.

Siguiendo con el ejercicio anterior, un hogar nivel 3 pagó en junio una factura por $1650 en promedio. En septiembre, se encarecerá $115; en noviembre, otros $160; en enero, de $221. En este caso, dentro de seis meses esta misma familia abonará $2146 por el consumo de gas. Se trata de una variación acumulada de $496 en el semestre (30%).E

En cambio, los usuarios del nivel 2 mantendrán la tarifa vigente. Es decir, así como la factura promedio para este segmento fue de $1693 en junio, en enero del año que viene seguirá en los mismos valores.

Desde el Ejecutivo reconocieron que la cantidad de gas demandada por los hogares no está vinculada al nivel de ingresos que tiene la familia, sino por las condiciones climáticas, cantidad de personas que viven en la casa, características constructivas de la vivienda y eficiencia de los equipos.

“El consumo de gas por redes en los hogares ubicados en las regiones más frías del país duplica al de regiones templadas”, explicaron.

La novedad principal es que para los hogares ubicados en zonas que no tienen servicio de gas natural, el límite a partir del cual todos los usuarios excepto los del nivel dos pagarán la tarifa plena es de 550 Kw mensuales. Para los usuarios en sectores con gas natural, el límite, como se había anunciado será de 400 Kw.

Más allá de eso, sigue vigente el esquema anunciado de quitas en tres tramos, definidos por ingresos y patrimonio.

En base a un consumo de 300 kWh por mes (es decir, la tarifa subsidiada), el Gobierno compartió un cuadro comparativo de cómo fue la factura de luz en agosto de este año sin impuestos y la que se tendrán que enfrentar los argentinos en septiembre.

Con la Empresa Distribuidora de Energía Atlántica (EDEA), la mayor distribuidora de electricidad del interior de la provincia de Buenos Aires, en agosto los hogares que consumieron 300 kWh pagaron $2119. A partir de septiembre, serán $2980. Son $861 más, en línea con el resto de los distritos, pero en porcentaje es un incremento del 40,63%.

Actualmente se cuenta con 11 coeficientes zonales definidos que permiten administrar la carga tarifaria de manera progresiva.

El Gobierno indicó que la gente paga por litro de agua el 30% de lo que cuesta potabilizarla, en tanto que el Estado cubre 70% del servicio y 30% la empresa con ingreso de recaudación. El último aumento de tarifa fue en marzo del 2019.

Así las cosas, se realiza la quita del subsidio en tres zonas que AYSA agrupó de acuerdo a su código de zonificación que tiene en su marco regulatorio:

Los usuarios del nivel alto tienen quita total del subsidio desde 1 de noviembre.

Los usuarios de medio y bajo tendrán una quita en forma progresiva y se saca en forma definitiva en marzo del 2023, aunque los sectores bajos continúan con un 15 % hasta mayo.

Las personas que tienen tarifa social o comunitaria quedan afuera de este esquema.

Los usuarios que consideren que necesitan solicitar la tarifa social, pueden pedirla. (DIB)

La secretaria de Energía, Flavia Royón, aseguró, sobre la nueva segmentación en las tarifas de luz y gas, que “queremos que el subsidio llegue a quien realmente lo necesita”, explicó que “es una actualización para el que realmente la puede afrontar” y comentó que para los sectores medios y altos “que no tengan subsidio”, las subas se darán en tres tramos, a partir de septiembre, y podrían ir de $ 1200 a $ 5000.

La funcionaria hizo estas declaraciones este sábado en Radio Mitre, donde además estimó que “en los primeros días de la semana que viene” el Gobierno haría el anuncio oficial. “Estamos trabajando a contrarreloj porque la expectativa del ministro (de Economía, Sergio Massa) era hacerlo este jueves (11 de agosto), pero no es un tema sencillo”, expresó.

En cuanto al retraso en el comienzo de la actualización de tarifas, Royón contó que “para cuidar este segmento de menores ingresos que no va a sufrir una actualización en este año, tenemos que cruzar bases de datos, y mucha gente no tiene acceso a Internet para poder ingresar al formulario”.

Al respecto, aseguró: “Queremos que el subsidio siga para el que realmente lo necesite y tengamos un sistema más justo. En definitiva, esto también es parte del programa económico y fiscal que lleva adelante el ministro Massa. Todos sabemos que, si no reducimos el déficit, la inflación termina siendo el impuesto más injusto hacia todos, y sobre todo a los que menos tienen”. Y sostuvo su intención de fomentar un sistema energético “más justo”, para que la ciudadanía sea “consciente” de que “es un bien preciado, que hay que cuidarlo”, al tiempo que insistió en que “la agenda de eficiencia energética” debe aplicarse “tanto en la oferta como en la demanda”.

En el caso de quienes reciben la tarifa social, la secretaria de Energía afirmó que “no van a sufrir actualizaciones”. Sin embargo, quienes no se anotaron porque no cumplen los requisitos para recibir el subsidio “va a sufrir una actualización en tres tramos bimestrales”.

“El primer tramo va a ser, si uno quiere, el más importante, porque en los otros dos el costo de la energía tiene que ir bajando, entonces las últimas dos cuotas van a ser menores”, explicó Royón. Finalmente, indicó que este aumento a las tarifas de luz y gas “dependerá del consumo de cada uno”, aunque señaló que las subas podrían ir de $ 1200 a $ 5000. (DIB) MM

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, explicó en conferencia de prensa que de los 9 millones de hogares que solicitaron mantener subsidios de luz y gas “el 80% gasta menos de 400 kilowatts por mes, por lo que van a mantener el subsidio”, en relación con la segmentación de tarifas encarada por el Gobierno nacional.

“Del 20% restante no esperamos que paguen más tarifas sino que reduzcan un poco sus gastos” energéticos, indicó Cerruti durante su habitual conferencia de prensa semanal, en la que brindó pormenores de la reunión entre el presidente, Alberto Fernández, y su ministro de Economía, Sergio Massa.

La funcionaria también indicó que la nueva política en relación con las tarifas no tiene solamente un objetivo fiscal, sino que también persigue “una idea de empezar a considerar que tanto el gas como la luz son bienes de difícil acceso en el mundo, que son bienes que tenemos que cuidar porque tienen que ver con la crisis climática, y que por lo tanto el ahorro tiene que pasar a ser una acción voluntaria pero persistente de los argentinos y las argentinas”.

Por otro lado, la portavoz ratificó que habrá alrededor de 4 millones de hogares que dejarán de percibir subsidios ya que, al no haberse anotado en la segmentación, “entendemos que saben que no califican o no lo necesitan”. (DIB) ACR

Cabe señalar que para anotarse en el registro de subsidios, las personas deben tener las boletas de luz y gas (con su número de cliente y de medidor), además del CUIL de quien solicita el subsidio y también de los integrantes de su grupo familiar.

El secretario de Energía, Darío Martínez, prometió un nuevo cuadro tarifario para el 1° de agosto. A partir de esa fecha, debería estar definido lo que pagarán los clientes que perderán subsidios.

El Gobierno supone que 920.000 clientes de luz y 760.000 de gas están en condiciones de afrontar los “costos plenos” de luz y gas. Actualmente, más del 80% de las boletas están subvencionadas por el Estado.

Aunque en el Gobierno hay satisfacción por los niveles de inscripción, la meta de alcanzar los 8 o 9 millones de hogares aún parece complicada. Por esa razón, estudian una prórroga que podría durar hasta fin de mes.

Hasta ahora, la mayoría de los que se registraron caen está dentro de la categoría “ingresos medios” y conservarán los subsidios. Cabe señalar que el “piso” para poder mantener los subsidios es para hogares con ingresos netos (en mano, de bolsillo) de $ 348.000. (DIB)

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) habilitó la posibilidad de solicitar turno para realizar en forma presencial el trámite de pedido de mantenimiento de los subsidios a las tarifas de luz y gas, a partir de la segmentación tarifaria definida por el Gobierno.

Si bien la Secretaría de Energía dispondrá desde este viernes en su página web el formulario para anotarse en línea en el Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE), la dependencia que conduce Darío Martínez aclaró que también se podrá completar “de manera presencial en oficinas de Anses y en las de los prestadores de servicios”.

En el sitio de Anses, en la sección de turnos, el organismo ya habilitó la solapa “Tarifa Social de Gas, Programa Hogar y Zona Fría”, donde se puede ingresar y colocando el número de CUIL, se despliega la posibilidad de elegir día y hora en la Unidad de Atención Integral (UDAI) más cercana al domicilio.

El Decreto 332/2022, que dispuso la segmentación, se publicó el 16 de junio pasado en un suplemento extraordinario del Boletín Oficial y, con esa medida, el presidente Alberto Fernández estableció “un régimen de segmentación de subsidios a usuarios y usuarias residenciales de los servicios públicos de energía eléctrica y gas natural por red, con el objeto de lograr valores de la energía razonables y susceptibles de ser aplicados con criterios de justicia y equidad distributiva”.

“Este viernes va a estar listo el registro para la segmentación de tarifas para los distintos tipos de población”, sostuvo ayer la ministra de Economía, Silvina Batakis.

La segmentación de tarifas prevé tres niveles de usuarios: los beneficiarios de la tarifa social, los que por su capacidad económica dejarán de tener tarifa subsidiada y, en el medio de esos dos extremos, los que podrán acceder a los subsidios.

En el primer caso, el aumento en todo 2022 no será superior al 40% de la variación salarial del año pasado (53,4%), que resulta equivalente al 21,36%.

Para el nivel medio, ese incremento será del 80% de la variación salarial de 2021, equivalente al 42,72%. (DIB)

El Gobierno confirmó este jueves la publicación del decreto que fija un nuevo sistema de segmentación de tarifas para los usuarios y sostuvo que el 90% de la población no recibirá aumentos en las facturas en lo que resta del año.

Así lo precisó la vocera de presidencial, Gabriela Cerruti, en su habitual conferencia de prensa e indicó que la segmentación tendrá tres escalas: una de ellas estará conformada por los grupos de mayores ingresos, quienes comenzarán a pagar la tarifa plena.

Según adelantó, los grupos familiares que perciban salarios por encima al equivalente a tres canastas básicas y media, es decir $ 333.000, no recibirán más subsidios y pagarán la totalidad de las tarifas de luz y gas. En este grupo también se incluyen las familias que tengan tres propiedades o tres automóviles.

Actualmente, la canasta básica total para una familia de cuatro integrantes se encuentra en $ 95.260. De acuerdo a los criterios informados por Cerruti, las familias que perciban más de $ 333.410 dejarán de tener sus consumos subsidiados.

También quedarán incluídos en este grupo las familias que tengan tres o más inmuebles, tres autos de menos de 5 años de antigüedad, aeronaves o embarcaciones de lujo y “activos societarios que exterioricen capacidad económica plena”.

Respecto a las escalas de la segmentación, Cerruti adelantó: “Una que tiene que ver con aquellos ciudadanos que por sus ingresos tendrán que pagar la tarifa plena; otra con aquellas personas de menores ingresos, que no podrán tener un aumento mayor anual al 40% del coeficiente del salario mínimo vital y móvil; y otra intermedia que no puede tener un aumento mayor al 80% del incremento salarial”, explicó la funcionaria. (DIB)

La forma de reducción de los subsidios energéticos se convirtió en el punto de mayor debate en el último día de las audiencias públicas en las que se discute un nuevo cuadro tarifario.

Por un lado el Gobierno consideró que el actual esquema es “pro-rico”, mientras que los consumidores reclamaron detalles del proceso de segmentación que se quiere implementar y las empresas alertaron sobre la necesidad de contar con un plazo de tiempo considerable para la calificación de los usuarios.

La audiencia fue presidida por el subsecretario de Planeamiento Estratégico, el chascomunense Santiago López Osornio, en reemplazo del secretario de Energía, Darío Martínez.

El funcionario sostuvo que “el 50% de la población de mayores ingresos recibe el 60% de los subsidios a la energía eléctrica”. “Hoy el Estado cubre más del 75% del costo del gas y electricidad que se incluye en la factura” y como no se realizan distingos por la capacidad socioeconómica, salvo la implementación de la tarifa social, “el 50% de (la población de) mayores ingresos recibe el 60% de los subsidios a la energía eléctrica”, sostuvo López Osornio.

Respecto de cómo llevar adelante una reducción de los subsidios, el subsecretario señaló que “no se considera una buena opción” el de nivel de consumo y con relación al criterio geográfico evaluó que “sólo es eficiente en zonas de alta densidad de población, como el AMBA”, pero no para el resto del país.

Como tercera opción, López Osornio consideró que los criterios de ingresos y patrimonio “tienen mejor resultado con alcance nacional”.

Sobre esta falta de definiciones se apoyaron los consumidores y las empresas para criticar la propuesta oficial.

María José Lubertino, de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, enfatizó que “no se pueden tomar decisiones sobre un esquema en el que ustedes mismos tienen dudas” y consideró la segmentación como “un error” porque genera una división entre barrios ricos y pobres en forma de “ghetos”.

Por su parte, Mariana Grosso, de la Defensoría del Pueblo de la Nación, cuestionó que “se pretenda instrumentar una segmentación con información insuficiente”.

A su turno, el director de la Asociación de Distribuidores de Gas (Adigas), Daniel Martini, apuntó que la segmentación propuesta “implica modificaciones en los sistemas informáticos y de facturación”, cuya puesta a punto no sólo tendrá “un costo significativo” sino que demandará “un plazo estimado de ocho semanas”.

Martini apuntó a la dificultad de poder determinar la condición de cada usuario debido a la debilidad de la titularidad de las cuentas. En ese sentido reveló que se comunicó la necesidad de cambiar la titularidad de 3 millones de cuentas y sólo el 2,5% respondió al trámite. (DIB)