El Gobierno nacional avanzó, por decreto, en una reforma integral del sistema de inteligencia, una medida que generó fuerte polémica en la oposición. La norma, publicada en el Boletín Oficial, redefine competencias, reorganiza estructuras, crea nuevos ámbitos de coordinación interinstitucional y establece un marco más preciso para la producción de inteligencia estratégica por parte del Estado.

El DNU 941/25, que lleva la firma del presidente Javier Milei y todos los ministros, y se da en pleno receso del Congreso en receso, profundiza las reformas en el sistema de inteligencia, que “durante décadas fue utilizado de manera discrecional, opaca y ajena a su verdadera finalidad”.

El texto del Ejecutivo dando cuenta de las razones y detalles de su decisión se da en medio de las críticas que encabezó el kirchnerismo y siguieron otros espacios opositores como Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal.

El DNU dota de mayor poder a la SIDE-comandada por el estratega Santiago Caputo a través de Cristian Auguadra- y habilita, por ejemplo, a que los agentes de inteligencia puedan detener personas. Además, crea la Dirección Nacional de Ciberseguridad bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, liderada por Manuel Adorni, un ladero de la secretaria general, Karina Milei. Hasta ahora, la hermana presidencial no tenía injerencia en este rubro.

“El objetivo central de esta reforma es acotar, definir y clarificar con precisión tanto la estructura como las competencias del sistema de inteligencia nacional, adecuándolo a las amenazas y desafíos del siglo XXI. En este sentido, se avanza en la eliminación de funciones que históricamente le fueron asignadas sin sustento institucional, como la seguridad interna del país, que depende del Ministerio de Seguridad Nacional, y la protección de la infraestructura crítica y los sistemas de información del Estado, que ahora serán competencia de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología”, dijeron desde el Gobierno en un comunicado, en relación con esta nueva área que quedará dentro de los dominios de Adorni.

“Asimismo, la reforma impulsa un proceso de racionalización y achicamiento de la estructura, concentrando las capacidades del sistema de inteligencia en su función esencial. En particular, se redefine el rol de la Agencia de Seguridad Nacional, que queda circunscripta exclusivamente a tareas de contrainteligencia, eliminando superposiciones, estructuras innecesarias y misiones difusas que solo contribuyeron al desorden y la falta de control", añadió la SIDE.

Según el texto de la normativa, la Agencia de Seguridad Nacional ahora pasa a llamarse Agencia Nacional de Contrainteligencia. Además, la Agencia Federal de Ciberseguridad pasa a ser la Agencia Federal de Ciberinteligencia y la División de Asuntos Internos se transforma en la Inspectoría General de Inteligencia.

El decreto también ahonda sobre la contrainteligencia y la formaliza. En cuanto a ese aspecto, la SIDE afirmó en su comunicado: “La contrainteligencia es definida de manera clara y taxativa, como la función destinada a proteger al Estado argentino frente a acciones de inteligencia, espionaje o injerencia de agentes externos, poniendo fin a prácticas del pasado en las que los recursos del Estado fueron utilizados para la persecución política interna, el espionaje doméstico o el control indebido de dirigentes, periodistas y ciudadanos”.

El comunicado también recuerda que el decreto dispone la eliminación de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar y refiere que se tomó esa medida porque la existencia de este organismo “generaba una superposición innecesaria de funciones con los organismos de inteligencia del Estado Mayor Conjunto”, por lo que ahora se consolidará un “esquema más eficiente, integrado y coherente en materia de inteligencia de defensa”.

Fuente: Agencia DIB 

El gobernador bonaerense Axel Kicillof presentó este miércoles ante el Juzgado Federal N°1 de La Plata, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla, una denuncia penal contra la SIDE por presuntas maniobras de espionaje ilegal en su contra.

La presentación que hizo el gobernador se sustenta en un documento al que accedió el periodista Hugo Alconada Mon titulado Hechos previstos 09JUL25, que detalla reportes de inteligencia clandestina por parte del organismo.

Según este informe periodístico, la SIDE siguió los movimientos del propio gobernador, el titular del PJ bonaerense Máximo Kirchner, el referente del Frente Renovador Sergio Massa y el diputado de la UCR, Facundo Manes.

El organismo que maneja el secretario de Inteligencia del Estado, Sergio Neiffert, también habría monitoreado protestas gremiales y manifestaciones callejeras contra el gobierno del presidente Javier Milei.

El gobernador bonaerense había adelantado que su administración estaba analizando la presentación judicial, que finalmente se hizo efectiva este miércoles.

En el escrito,Kicillof solicitó que se investiguen presuntos “delitos de acción pública cometidos por personas cuya identidad deberá establecerse” y se investigue el alcance de estos hechos.

La administración bonaerense no fue la única que denunció el presunto espionaje ilegal del organismo que maneja Neiffert. La investigación periodística motivó presentaciones similares por parte de la CTA de los Trabajadores de Hugo Yasky y la CTA Autónoma de Hugo “Cachorro” Godoy.

De comprobarse la veracidad de las acciones denunciadas por el periodista del diario La Nación, la SIDE podría haber violado el artículo 4 de la Ley de Inteligencia Nacional, que prohíbe la vigilancia de personas por su afiliación política o social. (DIB)

En medio de una “alianza” transitoria entre kirchneristas y radicales, el Senado rechazó y derogó el decreto de necesidad y urgencia 656/24 por el que el Gobierno de Javier Milei amplió en $100.000 millones el presupuesto para gastos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) que maneja Sergio Neiffert, hombre de confianza del asesor presidencial Santiago Caputo. Fue un duro golpe para la gestión libertaria que horas antes había sufrido la aprobación del proyecto que actualiza y blinda el presupuesto de las universidades públicas, algo que el Presidente ya adelantó que vetará.

La derogación del DNU obtuvo 49 votos a favor de Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical (excepto los ausentes mendocinos Rodolfo Suarez y Mariana Juri), y tres del PRO (la porteña Guadalupe Tagliaferri, la pampena Victoria Huala y el entrerriano Alfredo De Ángeli. El oficialismo apenas juntó 11 y hubo dos abstenciones, del macrista Martín Goerling (Misiones) y la chubutense Andrea Cristina.

Se trata además de un hecho inédito: es la primera vez que el Congreso rechaza un DNU, desde la ley de 2006 que regula el tratamiento de estas decisiones.

Si bien el oficialismo había logrado excluir del temario al DNU 656, un sector de la oposición logró en el inicio de la sesión, doce horas atrás, que se volviera a incorporar. Si bien el Gobierno intentó evitar la derrota legislativa por todos los medios, entablando conversaciones con senadores y presionando a gobernadores para tratar de dejar sin quorum la sesión, no lo logró.

El segundo golpe vino por el lado de las universidades. La ley no solo incrementa el presupuesto, sino que incluye una recomposición para los docentes y no docentes. Esto generará un impacto fiscal de 735.598 millones de pesos, lo que implica el 0,14% del PBI, según informó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

Durante la votación en general, la iniciativa obtuvo 57 adhesiones, 10 rechazos y una abstención, por lo que el texto pasó de manera holgada los dos tercios. De hecho, durante la votación en general avalaron la ley tres legisladores del PRO: Guadalupe Tagliaferri -siempre estuvo a favor-; el jefe de la bancada, Luis Juez, y la tucumana Beatriz Ávila, mientras que se abstuvo la pampeana Victoria Huala. Otros tres lo hicieron en contra: Carmen Álvarez Rivero, Martín Goerling y Alfredo De Ángeli.

El texto sancionado establece que el Poder Ejecutivo tendrá que actualizar desde el 1 enero de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2024, de forma bimestral, el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales por el Índice de Precios al Consumidor informado por el INDEC. 

De acuerdo a la OPC, la actualización de partidas del 2023 según el IPC es de 210.742 millones de pesos; el ajuste bimestral de los recursos para 2024 es de 86.254 millones de pesos, en tanto que para salarios los fondos oscilan en los 441.600 millones de pesos. (DIB)

El masivo rechazo en Diputados del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) por fondos reservados a la SIDE generó este miércoles una grieta interna en La Libertad Avanza (LLA). Según se supo en las últimas horas, poco después de la votación en el recinto, hubo una reunión muy tensa del bloque oficialista, con reproches mutuos, forcejeos, gritos y una denuncia por violencia de género.

Lo ocurrido en la Cámara baja, donde hubo 156 votos en rechazo del DNU, fue inesperado por dos motivos: significó el primer rechazo en Diputados a una medida impulsada por el presidente Javier Milei y, dentro de la propia LLA y aliados, los legisladores aportaron quorum y votos en contra.

Tras la sesión, el bloque de LLA organizó una reunión en uno de los salones del Congreso Nacional que terminó en un escándalo. Los reproches recayeron principalmente en la diputada Lourdes Arrieta, seguida de su compañera Rocío Bonacci, quiénes dieron quorum a la sesión que terminó en rechazo del DNU de la SIDE.

La discusión comenzó cuando Nicolás Mayoraz, Beltrán Bénedit y el jefe de bloque, Gabriel Bornoroni, increparon Arrieta. Le reprocharon haber dado quorum y, sobre todo, de haber contado detalles de la visita a represores presos en la cárcel de Ezeiza. Por estas revelaciones, Mayoraz la acusó directamente de “operadora kirchnerista”. De igual modo, Lorena Villaverde, pidió la expulsión de Arrieta y Bonacci del bloque de LLA.

Según se pudo reconstruir, Arrieta respondió, indignada, porque no la dejaban hablar y comenzó a discutir a los gritos con Mayoraz y Bornoroni. Los gritos se escuchaban desde los pasillos del Congreso e, incluso, se la vio a Bonacci forcejeando con personal de seguridad. El titular de la cámara, Martín Menem, intentó poner paños fríos, sin éxito. Ante esta tensa situación, ingresó personal de seguridad del Congreso y le recomendaron que esperara en otro lado. Luego se la vio salir a Lourdes Arrieta muy nerviosa.

La legisladora Lourdes Arrieta radicó una denuncia en la Cámara de diputados y en la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia contra su compañero de bloque, Nicolás Mayoraz. También habría radicado alguna denuncia contra Mayoraz.

Arrieta ya había presentado una denuncia penal por amenazas contra Menem y otros legisladores, tras ser hostigada por hablar de la visita al penal de Ezeiza.

La diputada, Lilia Lemoine, hizo referencia en declaraciones mediáticas a la pelea y posible fractura del bloque de LLA. En esa línea, acusó a su compañera Lourdes Arrieta, de mentir por la denuncia por violencia de género contra Mayoraz. “No sé qué les llegó. Lo que yo vi hoy es un escándalo de una desequilibrada mentalmente, la chica del patito en la cabeza”, sostuvo Lemoine.

?Lilia cruzó a Lourdes Arrieta (?)?| Dijo que es una desequilibrada y que no tiene los patitos en fila. Lourdes habría salido del despacho a los gritos y llorando frente a todos los medios. (Ayer había intentado cancelar a Menem ?) ¿Opiniones? pic.twitter.com/i5bBxwL5lC

A su vez, acusó a Arrieta de “tener el mismo abogado” que, a su criterio, “armó una causa” contra el legislador Gerardo Milman (PRO), investigado en la causa del intento de magnicidio contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. (DIB) ACR

El kirchnerismo y un diputado del bloque de Miguel Ángel Pichetto fracasaron hoy en el intento por incluir en el temario de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que le que asigna 100 mil millones de pesos a la nueva estructura de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). 

El listado original de temas para tratar durante el encuentro incluía los decretos pendientes de revisión de la Bicameral que fueron dictados durante las administraciones de los ex presidentes Mauricio Macri (2015-2019) y Alberto Fernández (2019-2023), sumado a un puñado del inicio de la presidencia de Javier Milei.  

La maniobra había sido motorizada por la diputada Carolina Gaillard, de Unión por la Patria (UxP), que puso a votación una moción para incluir los decretos con los que el Ejecutivo disolvió la AFI y formalizó la SIDE y, a su vez, el otro con el que le asignó 100 mil millones a ese organismo. Además de los seis senadores kirchneristas de esa comisión, la iniciativa recibió el apoyo del diputado Nicolás Massot, de Hacemos Coalición Federal. 

Del otro lado, la mayoría que bloqueó esa iniciativa se compuso por Francisco Monti (UCR), Víctor Zimmermann (UCR), Juan Carlos Pagotto (LLA), Luis Juez (PRO), Hernán Lombardi (PRO), Oscar Zago (MID), Lisandro Almirón (LLA) e Ivanna Arrascaeta (LLA). El faltazo lo dio el senador correntino de Unidad Federal Carlos Espínola.

Despejado el intento del kirchnerismo y Massot por avanzar con los DNU, el titular de la Bicameral, Pagotto, apuntalado por Lombardi, puso a votación una moción, que resultó afirmativa, para continuar con el orden del día original y fijar las siguientes reuniones de la Bicameral de Trámite Legislativo para el 22 de agosto y el 5 y 19 de septiembre próximo. 

Más allá de la obturación de LLA con los radicales y PRO, los decretos de tienen un plazo. Establecen que, vencidos los 10 días de plazo de un DNU, cualquier bloque puede pedir su tratamiento en el recinto de sesiones como ocurrió con el polémico DNU 70/2023 que desregula la economía y que fue rechazado por el Senado en marzo.

En inicio del encuentro, Gaillard le pidió a Pagotto que explicara la razón por la que no incluyó en el temario oficial los decretos con los que el Ejecutivo disolvió la AFI y formalizó la SIDE. 

La inquietud de Gaillard residía en que tres senadores kirchneristas habían presentado en mesa de entrada, la semana pasada, una nota para pedir que se incluyeran en el temario de la Comisión Bicameral ambas resoluciones que la Casa Rosada hizo públicas días atrás.

Si bien en su alocución Pagotto admitió que el pedido de Gaillard era válido, sostuvo que “así como el reglamento manda a incluirlo, hay una ley que dice que los gastos reservados de inteligencia se tienen que tratar de otra manera. Todo tiene que ver con todo, senadora, es inteligencia”.

El guante lo recogió Massot, alfil de Pichetto en el comisión, y resaltó los plazos que tiene la comisión, a diferencia de otras, y apuntó contra el Gobierno. “Ya está la hora de comparar con el gobierno anterior, el anterior del anterior. El funcionamiento de los DNU es anómalo. Esta comisión es la única que tiene 10 días para hacer efectivo sus dictámenes, justamente, porque funciona supletoriamente al normal régimen de formación de las leyes”, explicó Massot.

Y continuó: “Acá hay solo dos decretos sobre los cuales es efectivo que nosotros nos reunamos hoy, porque los demás las dos cámaras ya tienen libertad de tratarlos directamente. Sobre los únicos dos decretos que es relevante que hoy dictaminemos, o no, son los del diseño de la SIDE y su presupuesto“.

El pichettismo hizo caer este miércoles la sesión en la Cámara de Diputados, en una muestra de fuerza a la Casa Rosada y en disconformidad a la silla que, según detallan en off fuentes legislativas, le habrían prometido en la Comisión Bicameral de Inteligencia. (DIB)

El Gobierno adicionó 100.000 millones de pesos al presupuesto general 2024 que serán destinados “al fortalecimiento del Sistema de Inteligencia Nacional”. Se trata de “fondos reservados” derivados de una ampliación en el Presupuesto 2024, se informó a través del decreto 656/2024 publicado hoy en el Boletín Oficial,

La decisión -dice el texto- se sustenta en la “necesidad de asignar las partidas presupuestarias que permitan solventar, inicialmente, las acciones para la reorganización del Sistema de Inteligencia Nacional y el adecuado funcionamiento de los referidos organismos desconcentrados que lo integran”, es decir, el Servicio de Inteligencia Argentino, la Agencia de Seguridad Nacional; y la Agencia de Ciberseguridad y la División de Asuntos Internos, creada como organismo de control de los anteriores.

En este sentido, el DNU sostiene que “el decreto N° 614/24 dispuso una profunda transformación del Sistema de Inteligencia con el objeto de crear los mecanismos necesarios para el funcionamiento coordinado entre los diferentes organismos de inteligencia con el fin de proteger la soberanía nacional, preservar el orden constitucional y formular apreciaciones de inteligencia útiles para la consecución de los objetivos nacionales”.

A principios de la semana pasada, a través de un posteo de la Oficina del Presidente, el Gobierno había informado la decisión de disolver la Agencia Federal de Inteligencia y volver a un esquema previo que reivindica la SIDE, la anterior Secretaría de Inteligencia del Estado.

Los cambios en materia de Inteligencia se dieron a un mes y medio del desplazamiento de Silvestre Sívori, primer titular del área en la administración libertaria, que salió eyectado tras el desplazamiento de la Jefatura de Gabinete de Nicolás Posse, quien lo había designado como interventor. Luego de la salida de Sívori, el elegido para hacerse cargo de la agencia fue Sergio Neiffert, hombre de confianza del asesor presidencial Santiago Caputo. (DIB)

La declaración de una de las imputadas además de testimonios de dos exintendentes incorporados por lectura y de tres testigos de la defensa formaron parte esta semana de la última etapa del debate en el juicio que se lleva a cabo contra los hijos de Miguel Save, quien integró en los años ’70 la banda paramilitar encabezada por Aníbal Gordon -al servicio de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE)- y que compró terrenos en Chascomús, según se presume, con dinero obtenido a partir de crímenes de lesa humanidad. Los alegatos en el juicio por lavado de dinero se iniciarán el 17 de abril.

“No teníamos ni idea de todo esto y lo descubrimos gracias a este proceso. Nosotros no queremos esos terrenos. Si fueron mal habidos nosotros no formamos parte, lo ponemos a disposición para lo que sea”. Con esas palabras, María Eugenia Save, la menor de las cuatro hermanas, dio su testimonio ante el juez Roberto Falcone que encabeza el juicio en el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata y ratificó su declaración dada durante la instrucción de la causa y que se había leído durante una audiencia previa.

El desconocimiento del origen de los terrenos en cuestión y de una serie de operaciones y actos irregulares a través de las cuales pasaron a ser los titulares de las tierras es la postura que mantienen en su defensa los cuatro acusados y que ratificaron a través de la declaración de una de ellas.

Es que en el juicio, que se inició en febrero, María Eugenia, María Natalia, Marcelo Leonardo y Ana María Save están acusados de ser coautores del delito de lavado de activos de origen ilícito.

La fiscalía, representada por Juan Pablo Curi, sostiene que al menos desde 1999 realizaron una serie de operaciones a través de las cuales lograron la inscripción como titulares registrables en 2008 -luego de fallecido su padre- de los terrenos de Chascomús que habrían sido adquiridos en 1976 con el dinero obtenido a partir de delitos de lesa humanidad como homicidios, secuestros, torturas y privaciones ilegítimas de la libertad llevados a cabo por la organización ilegal que funcionaba al servicio de la ex SIDE y bajo las órdenes de Aníbal Gordon y que integraba Miguel Save, oriundo de esa localidad.

A lo largo de las audiencias, en el juicio no sólo se escucharon declaraciones vinculadas a esas operatorias sino también al origen del caso: la compra y el funcionamiento del campo en el que en 1976 Save, Gordon y otros integrantes de la SIDE pusieron a trabajar a una treintena de personas con el objetivo -nunca alcanzado- de construir allí un club náutico con dinero obtenido de sus crímenes, entre ellos el secuestro de Alberto Cecilio Mechoso Méndez, uruguayo y miembro del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), quien fue posteriormente asesinado.

En la audiencia de esta semana la declaración de una de las acusadas fue el elemento sobresaliente. Se mostró atravesada por lágrimas y reafirmó su “desconocimiento” de las actividades de su padre y de las operaciones posteriores para “blanquear” la compra del terreno que finalmente quedó en sus manos tras el fallecimiento de Save tras sufrir cáncer.

“Yo nací en 1979, en 1976 ni había nacido. Fue muy duro enterarnos de todo esto”, reiteró respecto al accionar de su padre en crímenes de lesa humanidad a través de la banda parapolicial e insistió, tal como ya lo había hecho, en que junto a sus hermanos “nunca supieron todo lo que había atrás de ese campo” y que incluso “siempre pensaron” que había sido comprado legalmente. “Es muy difícil asimilar todo lo que hizo nuestro padre”, afirmó y definió: “Yo no me quiero hacer cargo de la historia de mi padre, porque yo tengo mi historia, nosotros siempre fuimos muy respetuosos con la vida, con las personas. No nos merecemos esto”.

Durante la audiencia, además, se incorporaron por lectura los testimonios de dos exintendentes de Chascomús ya fallecidos, Norberto Fernandino y Miguel Ángel Tocci. El último de ellos cuando fue senador provincial había presentado un proyecto de ley que nunca prosperó y que proponía que los terrenos pasaran a ser propiedad del Estado provincial para determinar “qué había pasado en ese lugar”.

Cabe recordar que en el origen de la investigación se llegó a sospechar que ese lugar también había funcionado como centro clandestino de detención y como lugar de enterramiento de víctimas de terrorismo de Estado aunque nada de ello avanzó en base a las pruebas recolectadas aunque sí la Justicia continuó indagando sobre el origen de la compra de las tierras posiblemente con dinero proveniente de delitos de lesa humanidad.

Por la última audiencia, a su vez, pasaron, dos testigos aportadas por la defensa, amigas de la madre de los cuatro acusados, que relataron cómo había sido la vida de la familia con la ausencia de Save en la crianza de sus hijos, el buen concepto general de ellos y lo “reservado” que era el hombre ante ellos. Un tercer testigo que había trabajado para Save en un parador de la Ruta 2 aportó distintos datos que serán de interés para la postura que alegará la defensa en busca de hacer hincapié en las posibilidades de que el dinero para la compra del terreno haya salido de ese emprendimiento.

Tras el cierre del paso de testigos, y a la espera de la incorporación de una serie de documentación, el miércoles 17 será el momento en el que empiecen los alegatos del Ministerio Público Fiscal y de las querellas integradas por la Unidad de Información Financiera (UIF), la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense y el Comité para la Defensa de la Ética, la Salud y los Derechos Humanos (Codesedh). Fuente: Qué Digital

Constituidos en el lugar, efectivos de la dependencia local establecieron que un masculino y una femenina, ambos mayores de edad, junto con una menor, hija de la mujer, se habían registrado en el lugar aportando nombres falsos con identificaciones correspondientes a otras personas. Allí, se logró dar con la verdadera identidad de los involucrados.

Asimismo, personal policial tomó conocimiento que el sujeto mayor de edad tenía pedido de captura y detención solicitado por el Juzgado de Garantías Nº 3 de Moreno por los delitos de “Lesiones” y “Daño en concurso real entre sí”, motivo por el cual el Juzgado de Garantías Nº 5 de Chascomús requirió su inmediato traslado monitoreado en virtud a los frondosos antecedentes delictivos graves y de conocimiento público a nivel nacional.

El sujeto en cuestión es hijo del agente de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Pedro “El Lauchón” Viale, quien falleció en un allanamiento realizado por el Grupo Alcón, quienes irrumpieron en su vivienda en Moreno y lo acribillaron.

Finalmente cabe mencionar que se iniciaron actuaciones judiciales con intervención de la UFID Nº 9 de Chascomús por “Averiguación de ilícito”.