El Honorable Concejo Deliberante de Chascomús se prepara para su décima sesión ordinaria, que tendrá lugar este jueves 24 de julio en el recinto de la calle Mitre. La jornada promete ser nutrida, con una agenda que abordará desde modificaciones de ordenanzas existentes hasta la presentación de nuevas iniciativas de interés local.

Entre los despachos de comisión que se tratarán, destaca el Expediente N° 6000/O, que propone la modificación de las Ordenanzas 5660/22 y 5672/22. Las Comisiones de Reglamento, Producción y Seguridad han recomendado su aprobación con modificaciones, lo que indica un debate en torno a su alcance final. Asimismo, se discutirá el Expediente N° 6008/O, relacionado con la convalidación de un convenio, que también cuenta con un despacho favorable de las Comisiones de Reglamento y Presupuesto, aunque con sugerencias de modificaciones.

Un punto emotivo en el temario es el Expediente N° 6015/O, que busca autorizar la colocación de una placa conmemorativa con el nombre “Doctor Edgardo De Gracia” en el Hospital San Vicente de Paul. Este proyecto, que cuenta con el respaldo sin modificaciones de la Comisión de Cultura, se perfila para una aprobación sin sobresaltos.

La sesión también incluirá una importante cantidad de proyectos ingresados, reflejando la diversidad de preocupaciones e inquietudes de los diferentes bloques políticos. Entre ellos, el Expediente N° 6022/O propone declarar de Interés Deportivo Municipal la 10° Edición de la “Copa Ciudad de Chascomús” de Taekwondo ITF, una muestra del apoyo al deporte local. Por su parte, el bloque Cambiemos Chascomús presenta el Expediente N° 6023/O, que busca disponer y habilitar espacios de estacionamiento reservados para personas con discapacidad y/o movilidad reducida, una iniciativa enfocada en la inclusión.

Otros proyectos de relevancia que ingresan al cuerpo deliberativo incluyen solicitudes al Departamento Ejecutivo (DE) para la limpieza y mantenimiento de calles y zanjas en barrios como San Andrés (Expediente N° 3915/O) y el Barrio 30 de Mayo (Expedientes N° 3923/C y N° 3924/C), así como pedidos de informes sobre actuaciones en casos de violencia de género (Expediente N° 3917/C) y la problemática del sistema cloacal (Expediente N° 3920/C).

La oposición también ha elevado una serie de solicitudes contundentes. La UCR – GEN, por ejemplo, requiere información a la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires sobre estadísticas penales de la ciudad (Expediente N° 3919/C). Además, presenta el Expediente N° 3926/C, que solicita citar al gerente local de EDEA S.A. a la Comisión de Obras del Concejo Deliberante. El objetivo es que informe sobre el plan de mantenimiento, el plan de obras e inversiones proyectadas para el restante del 2025 y para el período 2026, así como sobre las medidas adoptadas para mejorar la calidad y la eficiencia del servicio eléctrico. Por otro lado, el interbloque UxCh – UxCh/UP – UxCh/FdT – UP/PJ ha presentado el Expediente N° 2468/R, que expresa preocupación por las deudas de vecinos y vecinas por préstamos fuera de los bancos y la mora en sus pagos.

Finalmente, se destaca el Expediente N° 243/D, presentado por UCR – GEN – Cambiemos Chascomús, que propone la constitución de una Comisión Investigadora conforme al artículo 249 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, lo que podría generar un intenso debate en el recinto.

La “cruzada” del ministro Luis Caputo que buscó aplicar un golpe a los intendentes bonaerenses al prohibir que se incluya impuestos y tasas en facturas de servicios públicos de luz o gas, recibió un duro revés. Tras idas y vueltas, declaraciones cruzadas y denuncias en la Justicia, ahora la Cámara Federal de San Martín ratificó la inconstitucionalidad de la resolución del Ministerio de Economía.

La decisión adoptada por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández ratificó un fallo de primera instancia del Juzgado Federal de Campana que declaró la inconstitucionalidad de la Resolución 267/2024, dictada por la secretaría de Comercio, que prohíbe a los municipios cobrar impuestos en los servicios públicos por considerarlos “conceptos ajenos”. Si bien el falló es a favor del municipio de Escobar, beneficia a otros distritos que habían hecho diversas presentaciones.  

El dictamen se consideró que Caputo excedió sus facultades al intentar eliminar las tasas de las boletas de luz y gas y ratificó la autonomía de los gobiernos locales, amparados por las constituciones Provincial y Nacional. Si bien el tribunal admitió la propuesta de Caputo persigue un “propósito plenamente legítimo”, alertó que la misma búsqueda podría hacerse por otros medios, sin poner en riesgo las finanzas comunales y respetando los convenios suscriptos oportunamente entre los municipios y las empresas que actúan como agentes de percepción de esos tributos.

“La decisión de ‘prohibir’ impacta directamente sobre el derecho con el que cuentan los municipios de imponer contribuciones y percibirlas sin intervención alguna de autoridad extraña, ya que se estaría desnaturalizando el mandato constitucional de asegurar su autonomía”, consideraron los jueces.

Además, sostuvieron que “el procedimiento para el cobro de las tasas (de alumbrado público y distribución de gas) se ve sustentado por la normativa provincial, los convenios suscriptos entre las empresas prestatarias de los servicios públicos y los municipios, así como por las autorizaciones oportunamente otorgadas por las entidades de control”.

Una pelea de meses

La polémica se instaló en septiembre de 2024, cuando la Secretaría de Industria y Comercio emitió la resolución que establece límites para que las empresas de servicios públicos puedan incluir en sus facturas “sumas o conceptos ajenos a dicho bien o servicio”,lo que alcanzó desde las tasas viales que cobran algunos municipios en las estaciones de servicio, hasta las “ecotasas” que cobran los hoteles en zonas turísticas.

En los últimos años, se volvió una práctica común que en las boletas de electricidad se incluya el cobro de otros servicios, como el pago de seguros de vida o créditos. De este modo, el Gobierno prohibió todas las tasas que se cobran de manera directa a los usuarios y que no tienen relación con el consumo del bien o servicio adquirido. Pero ahora, y tras la fuerte presión de los intendentes del conurbano con presentación judiciales, la Cámara Federal de San Martín le aplicó un duro revés a la gestión libertaria. (DIB)

El séptimo mes del año arrancará con una serie de aumentos que le meterán nuevamente presión a la inflación, que en mayo alcanzó el 1,5% y, según las proyecciones, en junio podría acercarse al 2%.

LUZ

A partir de julio, aumentan las tarifas de luz de la provincia de Buenos Aires, según lo dispuso el Gobierno en la Resolución 599/25. En el caso de la energía eléctrica las subas se deben al precio mayorista, que lo define el Gobierno Nacional, y al ajuste del valor agregado de distribución (VAD), un tributo provincial. De esta manera, se espera que un usuario residencial N1 (es decir, de ingresos altos) con un consumo medio pase a pagar unos 39.800 pesos. Asimismo, las autoridades estiman que un usuario N2 (ingresos bajos) que pagó 24.400 pesos este mes, pase a pagar unos $25.300 con el nuevo cuadro tarifario.

GAS

La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía fijó el nuevo precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) para los consumos realizados a partir de julio, y los usuarios de gas natural verán un ajuste en sus facturas. La Resolución 282/2025 determinó una reducción 0,74% en el precio del gas en el PIST, tomando como referencia el valor vigente de la Resolución N° 228/25. Este precio del PIST se trasladará a los usuarios finales para los consumos realizados a partir de julio, una vez que el Enargas publique los nuevos cuadros tarifarios.

COMBUSTIBLES

El Gobierno nacional informó un nuevo ajuste parcial del impuesto a los combustibles que impactará en los precios. Según el decreto 441/2025 publicado en el Boletín Oficial en naftas se aplicará un incremento de $ 6,620 por litro en el impuesto sobre los combustibles líquidos y de $ 0,405 por litro en el impuesto al dióxido de carbono. Para el gasoil, el aumento será de $ 5,346 por litro para el gravamen general, $2,895 para la alícuota diferencial que rige en regiones como la Patagonia y zonas específicas del interior del país, y $0,609 por litro por el gravamen al dióxido de carbono. Asimismo, se decidió posponer incrementos atrasados para amortiguar el impacto sobre los precios de los combustibles que luego inciden en la inflación.

AGUA

A partir del 1° de julio, los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) abonarán un incremento del 1% en las tarifas del servicio de agua potable y cloacas que presta Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). Esta actualización se enmarca en el esquema de revisión mensual de precios que aplica la empresa desde hace meses, y que acompaña el índice de inflación del mes previo. Para el caso de Aguas Bonaerenses (ABSA) no habrá ajuste.

TRANSPORTE

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las líneas de colectivos gestionadas por Ciudad y Provincia de Buenos Aires aplican un aumento del 3,5% a partir del 1° de julio. Esto se suma al 7% de suba ya implementado en junio por las líneas nacionales. Actualmente, el boleto mínimo de un colectivo que presta el servicio de transporte público en La Plata, Berisso y Ensenada cuesta $515,04. Con la suba, ascenderá a los $533,22. 

ALQUILERES

En julio, los contratos de alquiler que aún se rigen por la derogada Ley de Alquileres sufrirán un ajuste del 66,1%, lo que representa una desaceleración significativa respecto a los aumentos anteriores. El ajuste se calcula en función de un índice que combina la inflación y los salarios, según los datos del INDEC y el RIPTE. En números concretos, si un inquilino paga un alquiler de $400.000, a partir del próximo mes y por los siguientes doce deberá abonar $664.454, mientras que el que paga $600.000 pasará a abonar $996.682 por mes.                               

En tanto, para quienes firmaron contratos con ajuste cada tres meses, el aumento de julio se calculará con el último índice publicado por el Indec -mayo de 2025-, por lo que el incremento será del 5,89%. Un alquiler de $600.000 pasará a unos $635.330. 

CABLE Y TELEFONÍA

Durante el séptimo mes del año, las empresas de telecomunicaciones comenzarán a aplicar ajustes en los precios de sus servicios de cable y telefonía. Estos incrementos alcanzarán hasta el 5%, dependiendo de la operadora y el tipo de servicio.

COLEGIOS PRIVADOS

Los colegios privados que reciben subsidios estatales en la provincia de Buenos Aires completarán desde julio la segunda parte del aumento en sus cuotas autorizado para este último bimestre. Será del 4,2% y se suma al 6,5% de junio, que hará trepar la cuota un 11% en total.

PREPAGAS

En julio, las empresas de medicina prepaga implementarán un aumento de hasta el 2,65% en sus cuotas, incluyendo también un ajuste en los copagos. Este aumento se enmarca en un contexto de costos crecientes en el sector de la salud, que continúan afectando a los afiliados a las prepagas. Entre las “más populares”, Galeno ajustará 1,9%, OSDE 1,85% y Swiss Medical 1,25%. (DIB)

Durante la reciente Audiencia Pública sobre las tarifas de servicios públicos, convocada por iniciativa de los bloques de Unidad por Chascomús y el Partido Justicialista, se escucharon las exposiciones de distintos sectores y actores sociales sobre el aumento de las facturas de luz y su impacto en este difícil contexto económico y social que atraviesa nuestro país.

Este evento, que tuvo lugar el viernes pasado en el Concejo Deliberante, contó con la participación de representantes de diversos sectores de la comunidad, incluyendo vecinos, sociedades de fomento, organizaciones empresariales y sociales, y referentes de barrios.

En representación del gobierno municipal, asistió el secretario de Hacienda, Juan Facundo Alfonsín, señaló que la municipalidad acumula una deuda de cuatro meses con la empresa distribuidora de electricidad EDEA S.A.

Alfonsín explicó que los gastos de energía eléctrica del municipio están principalmente relacionados con el alumbrado público y el funcionamiento de los sistemas de agua y cloacas.

“A pesar de haber ampliado de forma notoria el servicio de alumbrado público, como así también los bombeos asociados a la provisión de agua y cloacas, la Municipalidad mantiene un consumo anual casi idéntico que al inicio de la gestión de Javier Gastón, cercana a los 8 millones de kw”; agregando que “esto se explica en la conversión a led y la modernización de la infraestructura municipal que utiliza electricidad”.

En su exposición, el secretario detalló que, conforme a las leyes 11.769 y 10.740, los municipios reciben una contribución especial de las distribuidoras a través de la boleta de luz, la cual es pagada por los usuarios, además de la tasa de alumbrado público. “Habitualmente, EDEA transfiere estos ingresos mensualmente a la municipalidad, descontando los gastos de energía correspondientes. Sin embargo, al mes de mayo, la deuda asciende a $45 millones, y se espera que el saldo de junio también sea negativo”, detalló.

“Estas políticas nacionales de shock, que sólo pretenden mostrar mejoras en algunos indicadores fiscales, con el nivel de impiedad que se aplican, nos afectan a todos y son un caldo de cultivo de situaciones sociales muy complejas, que además siguen madurando con el tiempo”, agregó.

Por su parte, el vicepresidente de la Cámara de Comercio, Matías López, expresó su preocupación por los altos costos de las facturas eléctricas en un contexto de baja actividad económica.

“Nos preocupan los aumentos en las facturas domiciliarias, porque son los mismos vecinos los que sufren estos aumentos y los que consumen en nuestros comercios, y esto hace que pueda bajar más la actividad económica. Los planes de pago no son solución, porque es patear para adelante y el panorama es el mismo en un mes, dos meses o tres meses. Necesitamos hacer visible que los comercios han disminuido la cantidad de horas que están abiertos, lo que significa que algún vecino trabaje menos, mientas que otros comercios han cerrado porque se hace muy difícil sostener la actividad comercial con estas tarifas”, manifestó.

Los prestadores presentes destacaron la preocupación compartida por la pérdida de competitividad que resulta de estos aumentos, lo que dificulta la capacidad de ofrecer productos turísticos a precios atractivos para los clientes.

Además, se hizo hincapié en la importancia de concientizar sobre la necesidad de mantener los locales turísticos habilitados, resaltando los beneficios en términos de seguridad que esto conlleva.

Nápoli estuvo acompañado por la subsecretaria de Desarrollo Turístico y Productivo, Jimena Arano, y la directora de Turismo, Soledad Marconi.

Por otra parte, se analizó la posibilidad de llevar a cabo articulaciones y acciones colaborativas con el objetivo de aumentar la visibilidad de la gran diversidad de propuestas que tiene la ciudad.

La Secretaría de Energía instruyó ayer a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) y al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) implementar la bonificación total del costo de la energía para los bomberos voluntarios del país, a través de la Resolución 161/2023.

La disposición publicada en el Boletín Oficial responde a la Ley N° 27.629, aprobada el 15 de junio de 2021, que establece diversas medidas de apoyo económico para mejorar el funcionamiento del sistema de bomberos voluntarios contemplando también a las prestaciones de seguridad social, cobertura de riesgos y beneficios impositivos.

Dicha Ley instituye un régimen tarifario especial gratuito para todas las entidades del sistema, incluyendo la energía eléctrica, gas natural, agua potable, telefonía fija y móvil; y otros servicios de comunicaciones que se encuentren bajo jurisdicción nacional.

Los beneficiarios del régimen son las asociaciones y federaciones de bomberos voluntarios, el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina y la Fundación Bomberos de Argentina, como entidades conformantes del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.

Luego de un año y medio de ser aprobada la Ley y “dada la criticidad que presentan los servicios públicos mencionados”, el pasado 16 de enero se reglamentó la bonificación en los servicios públicos a través del Decreto 23/2023 luego de haberse “expedido sin formular objeciones o bien prestando su conformidad las instancias técnicas de los ministerios competentes”.

Dicho decreto de enero implementa el régimen tarifario especial e instruye a los diversos entes reguladores de serbios públicos a dictar las normas complementarias y aclaratorias que resulten necesarias para instrumentar el beneficio dentro de los sesenta días posteriores, además de ordenarles que garanticen que la calidad y las condiciones del servicio resulte equivalente al que reciben el resto de los usuarios.

Finalmente este viernes, la Secretaría de Energía estableció para la demanda de energía de este grupo de usuarios la “bonificación total de los Precios de Referencia de la Potencia (Potref), del Precio Estabilizado de la Energía (PEE) y del Precio Estabilizado del Transporte (PET), así como de cualquier otro cargo de jurisdicción nacional” en el mercado mayorista. (DIB)

Las tarifas de muchos servicios básicos, como transporte, gas y agua entre otros, sufrirán ajustes durante marzo, lo que volverá a meterle presión a la inflación que arrancó el año en alza, con un 6%. También, al igual que en febrero, habrá incrementos en naftas, prepagas y alquileres.

Colegios privados

El Gobierno de Axel Kicillof y representantes de las cámaras de los colegios privados de la provincia de Buenos Aires establecieron topes a las subas en los establecimientos hasta el 31 de julio. En ese sentido, se fijaron porcentajes de aumentos acumulados según los meses incluidos dentro del acuerdo. El primero de ellos será en marzo 16,80%. Después le seguirán abril 3,35%, mayo 3,35%, junio 3,35% y julio 4%.

Prepagas

El 20 de febrero venció la posibilidad de cargar el formulario que permitirá a los usuarios de medicina prepaga pagar -si cumplen con los requisitos- una cuota más baja. Todos los meses deberán revalidar el trámite. En marzo, la suba será de 7,66% para todos los usuarios de altos ingresos, sobre la base de la variación del índice de costos de salud, mientras que los afiliados con ingresos netos por debajo de $392.562 y que completen el formulario de ingresos tendrán una suba menos, de 5,04%.

Combustibles

Marzo es el último mes contemplado dentro del acuerdo de precios firmado por el Gobierno y las empresas del sector, que incluyó subas de 4% en diciembre, enero y febrero. El ajuste ahora será de 3,8% y se aplicaría a mediados de mes.

Subte

En los primeros días de marzo se oficializarán las nuevas tarifas para este medio de transporte de pasajeros en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se aplicarán en cuatro tramos. Según lo anunciado, el pasaje pasará a costar $58 en marzo, $67 en mayo, $74 en junio y $80 en septiembre.

Agua

La empresa Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) comenzará a cobrar desde marzo parte del aumento del 45,2% en la tarifa de agua, aunque será retroactivo a diciembre, mes desde que rige el ajuste al que fue autorizado por el Gobierno. La tarifa de agua y cloacas de 94 localidades de la provincia subirá desde el nuevo mes el 20% (por un ajuste correspondiente a diciembre) y otro 10% en relación con febrero. Queda para más adelante otro 10% con el que completará el 42.5%.   

En lo que respecta al servicio de AySA, en la zona metropolitana, desde 2022, se viene aplicando un recorte gradual de subsidios en la tarifa. Ahora comenzarán a pagar tarifa plena, que abarca a unos 984.000 usuarios residenciales. Los clientes de zonas medias-bajas (alrededor de 1,1 millones de usuarios) mantendrán desde marzo un 15% de subsidio sobre el precio final de la factura. Las personas que tienen tarifa social o comunitaria quedan afuera del recorte de subsidios y tendrán el 100% de la tarifa social.

Colectivos

Las tarifas de colectivos del AMBA se ajustarán a partir de marzo mensualmente según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Gran Buenos Aires. Este mes el boleto trepará a $ 39, $ 42, $ 45 y $ 48 de acuerdo a la extensión del recorrido. 

Alquileres

Los inquilinos cuyos contratos cumplan un año desde la última actualización, percibirán un ajuste de alrededor del 89%, según el cálculo de la fórmula establecida por la Ley de Alquileres vigentes, que se rige por un índice que elabora el Banco Central en función de la evolución de la inflación y los salarios. De esta manera, una persona que, por ejemplo, pagó $ 60.000 en el inicio de su contrato, ahora abonará $ 113.400.

Gas

El Enargas autorizará un ajuste en los ingresos que cobran las distribuidoras de gas, lo que repercutirá en subas para los usuarios que van del 39% al 50%. Lo que ya está resuelto es que el costo propio del gas que se traslada a las tarifas es del 28% desde el 1 de marzo para usuarios de altos ingresos (Nivel 1 de segmentación de subsidios a la energía) y los de ingresos medios (Nivel 3), mientras que aquellos que quedaron en el Nivel 2, de ingresos bajos y tarifa social, no verán subas del gas.

Personal doméstico

En marzo corresponde aplicar el último tramo del aumento que se informó en noviembre con lo cual los salarios aumentarán un 4%. De esta forma, el personal para tareas generales (Prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar) pasará a cobrar $611,50 la hora y $75.075 el mes en el caso del personal con retiro y $659,50 la hora y $83.482,50 el mes en caso de ser personal sin retiro.

Telecomunicaciones

A pesar de las subas autorizadas por el Gobierno por el DNU 690/2020 del 4% para enero y febrero y del 3,5% para marzo y abril, ya hay una empresa con una cautelar contra el decreto que anunció un incremento por encima de estos números. Movistar ajustará el precio de sus planes en un 17,7% a partir del 15 de marzo. (DIB)

En el caso del gas, se estima que el aumento en las boletas será del gas del 20%. La quita de subsidios se hará en función del nivel de ingresos, o en caso de que los usuarios no se hayan anotado en el formulario RASE para retener la ayuda estatal.

Por su parte, las tarifas de electricidad subirán hasta 50% en función también de la segmentación de tarifas que apliquen las distribuidoras Edenor y Edesur. Ese impacto también alcanzará a los hogares que mantendrán los subsidios (llamados Nivel 3), cuando se pasen del bloque de consumo previsto de 400 Kwh. Hasta ese tope pagarán tarifa con subsidio, y a partir de ese consumo para arriba pagarán con aumento.

​Para saber cuánto más pagarán, los clientes tienen que verificar la categoría de usuario que tienen asignada en su factura. Para aquellos caratulados R4, que consumen entre 400 y 450 kwh, la tarifa será de $ 7,090 por kWh, lo que representa un aumento del 50% con respecto al valor actual.

Los clientes R5 que consumen entre 451 kWh y 500 KwH mensuales pagarán $ 7,206 por kWh. Los que consumen entre 500 kWh y 600 kwH; los R6, por el consumo variable, desembolsarán un 48% más que los $ 4,98 que abonan ahora. Los nuevos precios regirán a partir del primero de septiembre de 2022 y se sentirá en las facturas de octubre.

En el caso de las facturas de agua, el incremento será del 10% en esta primera etapa que llegará junto al consumo de octubre. Será el segundo aumento del año, ya que en julio pasado la empresa aplicó un incremento del 20%. Para la quita de subsidios habrá que esperar a noviembre. Allí se le retirará la ayuda estatal a usuarios de ingresos altos y medios, que serán segmentados según la zona de residencia.

Los colegios privados también aplicarán una suba de sus cuotas, que en este caso será del 6,5%. “Es un aumento que viene desfasado en el tiempo, ya que el aumento paritario fue en septiembre y el aumento de aranceles lo autorizan para octubre.Mas allá de esto, estamos preocupados por como terminará el año, ya que hay aumentos de sueldos docentes programados para diciembre y una reapertura de paritarias en octubre, sin ningún tipo de compensación arancelaria por el momento”, dijo Martin Zurita, de Aiepba, l asociación que nucle 2.300 colegios privados de la Provincia.

Otro impacto sobre los bolsillos lo provocarán las prepagas, que subirán 11,53%. Será el octavo aumento de las cuotas en lo que va del año. Las subas de este año arrancaron en enero, con un 9%; y siguieron con 6% en marzo, otro 6% en abril, un 8% en mayo, un 10% en junio, 4% en julio, en agosto 11,34% y 11,53% en octubre. Representa un incremento del 87,9% en 10 meses. Y aún resta este año el aumento de diciembre.

Las prepagas son el principal gastos de la clase media en la actualidad, incluso por encima del supermercado. En este escenario exigente para los bolsillos, desde octubre se ajustarán los alquileres en un 67,3%, en el caso de que corresponda.

Para calcular qué aumento sufrirán los alquileres que haya que renovar en octubre hay que consultar el Índice de Contratos de Locación (ICL) que publica todos los días el Banco Central. Los inquilinos que deban renovar sus contratos de alquiler en octubre deberán hacerlo con un incremento del 67,31%, de acuerdo al índice. Es decir, un alquiler que se pagó $ 50.000 en el último año pasará a costar $ 83.654.

El impacto de los ajustes también alcanzará a las expensas, que sufrirán un fuerte aumento provocado por la suba de tarifas y porque los encargados de edificios cobrarán la tercera de siete cuotas del bono extraordinario de $ 134.000. La cuota a pagar el próximo mes es de $ 18.000. El sueldo de un trabajador de edificios representa el 40% de los gastos comunes.

De acuerdo al último acuerdo salarial que comenzó a regir en agosto, y que prevé una revisión en noviembre, los sueldos del personal de casas particulares sufrirán una nueva suba en octubre del 9%.

De esta forma, las empleadas de la quinta categoría, es decir, aquellas contratadas para tareas generales, comenzarán a cobrar $56.537 por mes con retiro. La hora pasa de $460 en septiembre a $496 en octubre. Y el salario para las empleadas sin retiro será de $ 62.869.

El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) autorizó a las compañías a aplicar dos nuevos aumentos en los servicios de telefonía celular, internet y televisión hasta fin de año.​ Habilitó un aumento en octubre del 19,80% y otro en diciembre por el 9,80%. Las subas son para los precios minoristas y, en el caso de la telefonía móvil, para todos los planes, ya sea modalidad pospago o mixta.​

Además, se fijaron valores máximos para el caso de la telefonía celular: para la modalidad prepaga, la recarga de 50MB de datos móviles por día será de $ 36, el segundo de voz tendrá un precio máximo de $ 0,55 y el mensaje de texto $ 7,20.

En octubre se ajustarán los impuestos sobre los combustibles, lo que impactará directamente en los valores de la nafta y el gasoil. Se prevé también que haya un incremento de precios en las Estaciones de Servicio.

El 1° de octubre, tal como establece el Decreto 561/2022, comenzará la suba escalonada de los impuestos a los combustibles líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono (IDC), tras varias postergaciones por parte del Gobierno. El impacto en los precios sería del 4,8% para la súper y 3,4% en el caso del gasoil. (DIB)

El Gobierno autorizó este lunes dos aumentos de 9,5% cada uno para las tarifas de internet, telefonía fija y móvil, y televisión por cable y satelital. La medida se anunció a través de la Resolución 725/2022, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

De acuerdo con el documento, firmado por Claudio Ambrosini, presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), organismo encargado de regular el precio de esos servicios, serán dos subas de 9,5% cada una, a aplicarse en mayo y julio próximos.

Además, las autoridades también dispusieron un incremento específico de los valores máximos que pueden cobrar las compañías de telefonía celular en la modalidad prepaga.

Esta actualización se suma a la que se realizó en enero pasado, que fue del 9,8% y alcanzó solamente a las empresas de internet, telefonía fija y televisión por cable y satelital, que tengan menos de 100 mil clientes.

De esta manera, a partir de la factura correspondiente a mayo, las prestadoras de telefonía celular podrán aplicar el primero de los aumentos, para “cualquiera de sus planes en las modalidades pospagas y mixtas”.

En tanto, en julio podrán volver a incrementar sus precios otro 9,5%, “tomando como referencia los valores actualizados”, dando una suba acumulada de 19%.

Lo mismo sucederá con las licenciatarias de Servicios de Valor Agregado de Acceso a Internet (SVA-I), de Servicios de Telefonía Fija (STF), de Servicios de Radiodifusión por Suscripción mediante vínculo físico y radioeléctrico (SRSVFR) y de Servicios de Comunicación Audiovisual de Radiodifusión por Suscripción mediante vínculo satelital (DTH).

En tanto, los precios para la “modalidad prepaga pura” de la telefonía celular quedaron fijados de la siguiente manera: a) Recarga de 50 MB de datos móviles por día: $27,40 en mayo y $30 en julio, con impuestos incluidos; b) Segundo de voz: $0,42 en mayo y $0,46 en julio, con impuestos incluidos.  Y c) SMS: $5,50 en mayo y $6 en julio, con impuestos incluidos.

Entre los considerandos de la Resolución publicada este lunes, el Gobierno señaló que, teniendo en cuenta que “el último incremento autorizado por este ENACOM fue de aplicación segmentada y asimétrica para enero de 2022, y destacando el enorme esfuerzo que las prestadoras del sector realizan para acompañar las distintas medidas de contención de la pandemia”; correspondía “autorizar nuevos incrementos con aplicación para los meses mayo y julio 2022″.

Asimismo, la ENACOM advirtió que cualquier cambio que las empresas “eventualmente realicen sobre sus planes, precios y condiciones comerciales con arreglo a las autorizaciones de incrementos aprobadas en la presente Resolución, deberán ser comunicadas” a las autoridades nacionales.

El Gobierno remarcó que cualquier incremento sobre los precios minoristas que hubiese sido aplicado por las compañías y “que supere los valores expresamente autorizados”, deberá ser reintegrado a sus usuarios en la próxima factura a emitir, con actualización e intereses sujetos a la misma tasa de interés que aplican por mora en el pago.

Además, en aquellos casos en los que algún cliente no abone su factura con estos aumentos no aprobados por la ENACOM, las prestadoras “deberán abstenerse de computar los plazos legales vigentes para proceder a la suspensión del servicio ni aplicar, con causa en dichas facturas, las demás disposiciones vigentes”.

Por último, el Poder Ejecutivo les advirtió a las compañías que incumplir con esta medida “se entiende violatorio de los derechos de los clientes y las clientas e incumplimiento de las obligaciones de los prestadores y dará lugar a la aplicación de las sanciones”. (DIB)