El senado le dio dictamen hoy a los proyectos de Inocencia Fiscal, que invierte la carga de la prueba en materia de evasión tributaria a favor de los contribuyentes, y la reforma de la Ley de Glaciares, para favorecer la actividad minera. El oficialismo quiere que ambas iniciativas se conviertan en ley la semana próxima, junto con el Presupuesto 2026.

El proyecto sobre glaciares fue dictaminado en un plenario de las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Minería, Energía y Combustibles, tras un debate en el cual organizaciones ambientalistas presentaron serias objeciones mientras que representantes del sector minero lo respaldaron.

El proyecto de ley que modifica la Ley 26.639, de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial, con una redefinición de estas últimas zonas que permite un mayor despliegue de los proyectos mineros.

Andrés Nápoli, director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, señaló que la Ley de Glaciares cumplió 15 años en un contexto de agravamiento del cambio climático y advirtió que el proyecto propone una modificación “por vía de la interpretación ”, alterando el espíritu de la norma y el esquema constitucional vigente

Hernán Casañas, de Aves Argentinas, remarcó que los glaciares son ecosistemas extremadamente complejos y advirtió que flexibilizar la ley no atraerá inversiones. Señaló que las empresas serias requieren estabilidad jurídica y no depender del “humor político de turno”, y afirmó que los glaciares no frenan el desarrollo, sino que constituyen la base que lo hace posible.

Desde el sector empresario, Alfredo Vitaller, representante de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), expresó que acompañan el objetivo de proteger los glaciares en tanto cumplan su función como reserva de agua. Sostuvo que la ley vigente presenta imperfecciones que el proyecto busca corregir para reducir incertidumbres y adecuar el marco normativo del sector.

A su turno, Manuel Benítez, de la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CAPMIN), afirmó que la Argentina necesita crecer y desarrollarse, y que la transición energética requiere de una minería consciente, responsable e inteligente.

El dictamen para la inocencia fiscal, en tanto, se adoptó en e la comisión de Justicia y Asuntos Penales-que preside el libertario Juan Carlos Pagotto- luego de analizar el texto votado por la Cámara de Diputados en la madrugada del jueves.

El senador libertario señaló que en “ la Argentina estamos cambiando de paradigma, antes se utilizaba la AFIP como policía del régimen. Este proyecto es un comienzo, sobre todo, para la inocencia fiscal y para que dejemos de depender de resoluciones generales y empecemos a depender de la ley”.

Desde la oposición, el radical Maximiliano Abad, celebró esta iniciativa ya que " este nuevo enfoque reconoce que los contribuyentes son inocentes hasta que el fisco, con documentación y pruebas, demuestre lo contrario. Es un cambio conceptual muy importante”.

No obstante, el senador expresó “su preocupación por la actualización de las multas, particularmente en el caso de las declaraciones juradas, que pasan de 200 a 220.000 pesos, sin que la ley precise el sistema utilizado para ese incremento ni establezca diferencias entre micro, pequeños, medianos y grandes contribuyentes”.

La ley propuesta por el Poder Ejecutivo nacional introduce modificaciones al Régimen Penal Tributario (Ley 24.769); a los Procedimientos Fiscales (Ley 11.683) y al Código Civil y Comercial de la Nación; así como también, un Régimen de Declaración Jurada Simplificada.

La iniciativa crea un “Régimen simplificado de Ganancias ” por el cual, de acuerdo al Gobierno, los contribuyentes que adhieran quedarán “blindados para siempre”. Este régimen, que tendrá un tope patrimonial de hasta 10.000 millones de pesos para poder adherir, garantiza a los contribuyentes no tener que informar sobre variaciones patrimoniales, y tampoco se controlarán los consumos que hagan. Esto implica que ARCA sólo les cobrará el impuesto a las Ganancias por los ingresos que hayan facturado, independientemente del eventual crecimiento patrimonial (que no será controlado) y de esa base se deducirán los consumos. El artículo 39 del proyecto "establece el efecto liberatorio del pago, si se acepta el contenido de la declaración jurada propuesta por ARCA y se realiza el pago en término; excepto que se hayan omitido ingresos".

El proyecto de Inocencia Fiscal aumenta los montos para que se considere que una persona cometió el delito evasión simple, pasando de $1.500.000 a $100.000.000. En tanto, para que la conducta a investigar se considere de “evasión agravada”, el piso tiene que superar los 1.000 millones de pesos (ya no más 15 millones).

Por otra parte, se reduce el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias de cinco a tres años. ARCA no iniciará acciones penales siempre y cuando se cancelen las deudas y sus respectivos intereses, aunque este beneficio correrá una sola vez por contribuyente.

Si la denuncia no estuviera aún radicada, quedará extinguida en caso de que el contribuyente cancele esas obligaciones pagando un adicional del 50% dentro de los 30 días hábiles desde la notificación de la imputación.

Si bien el proyecto apunta a un relajamiento de los controles fiscales, aumentarán los montos de las sanciones económicas por presentar declaraciones juradas fuera de término.

Fuente: Agencia DIB. 

Tras la polémica, los senadores dieron marcha atrás con el último aumento de sus dietas con el que, al quedar “pegados” a la paritaria de los empleados legislativos, iban a terminar cobrando unos 9 millones de pesos. Lo hicieron mediante una nota que firmaron todos los bloques, desde La Libertad Avanza a Unión por la Patria.

El escándalo, sobre el que opinaron el presidente Javier Milei y la vice Victoria Villarruel, se destapó este lunes cuando se confirmó una suba de 6,5% en dos tramos para los empleados del Congreso que por una ley aprobada por los senadores se trasladaba a las dietas.

De esa manera, los sueldos de los senadores iban a pasar de $ 1,9 millones a principios de año a $ 9,8 el mes próximo. Y su salario, de por sí elevado, se iba a multiplicar por cinco en menos de 9 meses.

Finalmente este martes los presidentes de los bloques acordaron que sacarán una resolución renunciando al aumento, pero también anticipando que dejarán de estar atados al aumento de los legislativos.

No es la primera vez que los senadores deben retroceder con un aumento, porque ya lo tuvieron que hacer en mayo cuando producto de lo aprobado en el recinto se plegaron a la suba de 9% que habían acordado los gremios de los legislativos y que en ese momento llevaba las dietas a $ 8 millones.

Según Clarín, José Mayans, jefe del bloque de Unión por la Patria, se comunicó con los presidentes de las otras bancadas para retroceder con la mejora salarial e insistió con avanzar con el proyecto que presentó meses atrás proponiendo unificar los sueldos de los tres poderes del Estado. (DIB)

La Comisión Negociadora paritaria del Congreso, que reúne a los sectores sindicales que representan a los trabajadores y los representantes de ambas cámaras legislativas, resolvió un aumento en dos tramos para las dietas de los legisladores que suma el 6,5%: uno del 3,5% en julio y otro del 3% en agosto.

Con esta medida, las dietas de los senadores nacionales, cuyos ingresos están atados a los incrementos salariales del personal legislativo, tendrán un fuerte impacto: alcanzarán, en bruto, los 9 millones de pesos.

En tanto, en Diputados no tendrá impacto, ya que el titular de la cámara baja, Martín Menem no enganchó el aumento de las dietas legislativas al aumento de los trabajadores.

En abril, el Senado aprobó la resolución para que los aumentos de las dietas legislativas estén atados a los aumentos de los trabajadores legislativos. Así, los senadores llevaron sus ingresos a 8 millones de pesos en bruto (5 millones en mano tras los descuentos).

Esto es producto del proyecto de resolución sancionado por la Cámara Alta, a propuesta del salteño Juan Carlos Romero, aliado de La Libertad Avanza. En la sesión del 18 de abril de este año se puso en consideración esa resolución en una votación “a mano alzada”. Nadie solicitó lo contrario y casi todos los senadores que estaban en el recinto levantaron sus manos.

La resolución determina que, a partir del mes de mayo, los senadores nacionales percibirán 13 dietas anuales. “Cada una de las mismas será equivalente a 2500 módulos, más un adicional de 1000 módulos de gastos de representación y 500 módulos adicionales por desarraigo. El valor del módulo será el equivalente al que perciben los empleados legislativos de conformidad de las previsiones de la Ley 24.600”, indica la normativa votada.Luego de la votación la vicepresidenta, Victoria Villarruel, posteó en la red social X: “Hoy los senadores de todos los bloques acordaron un aumento de su salario que fue votado a mano alzada en el recinto por contar con los votos necesarios para hacerlo. Como Presidente del Senado NO soy senadora, no cobro del Senado y NO puedo interferir en esas decisiones. Tampoco puedo obligar a que se vote nominalmente ni a que se justifique la decisión avalada por todos, porque NO soy senadora. Lo que sucedió en el Senado es perfectamente legal y NO tengo herramienta alguna para frenarlo”. (DIB) ACR

En medio del debate por la Ley Bases, los senadores nacionales recibieron una buena noticia; sus sueldos volverán a ajustarse y en junio cobrarán, en promedio, unos $8 millones de pesos por mes.

Con la suba, del 9% (2% retroactivo a abril y 7% de mayo), los 72 integrantes de la Cámara alta pasarán el mes que viene a cobrar esa cifra en bruto, algo de más de $ 5 millones netos (en mano). El aumento llega como consecuencia de un mecanismo que ata los ingresos de los senadores a la paritaria de los empleados del Congreso.

Hace un mes, una votación poco clara en el Senado generó revuelo cuando los propios legisladores aprobaron una resolución que habilitó la suba de las dietas. En una votación a mano alzada, decidieron aumentarse las dietas desde el 1 de mayo de $1,9 millones a $7,2 millones (bruto). La medida generó una fuerte polémica.

El propio presidente Javier Milei cuestionó la iniciativa desde sus redes sociales. “Así se mueve la casta”, escribió. Las críticas comenzaron a elevarse hasta llegar a la vice Victoria Villarruel, presidenta del Senado, que también se defendió en sus redes sociales y aclaró que no está dentro de sus facultades poder impedir esa votación.

El texto que se refiere a las dietas que acordaron los bloques en ese momento con Villarruel señala que pasarán a estar conformadas por 2.500 módulos (de $1.800, pero se va actualizando), más un adicional de 1.000 módulos por gastos de representación y 500 módulos de adicional por desarraigo. Sobre este último punto, sólo cuatro no lo cobran en la actualidad. Además, se agregará una dieta a las 12 actuales para compensar el aguinaldo. (DIB)

Tanto el cosecretario general de Camioneros, Pablo Moyano, como el titular del sindicato de Sanidad, Héctor Daer, ratificaron este miércoles en la marcha por el Día del Trabajador que habrá un paro general el 9 de mayo contra el gobierno de Javier Milei que habían anunciado después de reunirse con el Gobierno.

“Nunca estuvo en duda”, remarcó Daer y apuntó contra Clarín por una nota en la que deslizó la posibilidad de que el segundo paro general de la central obrera se cancelara: “Lo ponen en duda los mismos medios, no nosotros”.

Moyano aseguró que “el pueblo no está callado” y afirmó: “Hay motivos suficientes para que el 9 de mayo haya un paro general histórico”. “Nos estamos organizando: en la marcha universitaria hubo as de un millón de personas, el 6 está lo del transporte y el 9 el paro”, enumeró el referente de Camioneros.

El gobernador Axel Kicillof participará mañana en las calles de la marcha convocada por la CGT para protestar contra la política económica del presidente Javier Milei, mientras apuró un pedido al Senado para que rechace la Ley Bases bajo el argumento de que es una herramienta que “desintegrar el Estado y que en la Argentina impere la ley de la selva”.

Kicillof marchará junto a representantes gremiales y renovará el respaldo que había dado en la primera marcha de la CGT, durante el paro de enero contra el DNU 70. Desde ese momento, el gobernador marchó en todas las manifestaciones contra las políticas libertarias, incluidas las del 24M y las Marcha Federal Universitaria.

Ahora privilegiará otra vez la cercanía con los gremios en una jornada para la que dio libertad de acción a sus ministros -es feriado- aunque ya se anotaron Andrés “Cuervo” Larroque, Carlos Bianco, Gabriel Katopodis y Walter Correa, de Desarrollo de la Comunidad, Gobierno, Obras Públicas y Trabajo, respectivamente.

La convocatoria lanzada por la CGT con respaldo de las dos CTA, que participarán como también lo harán a organizaciones sociales- tiene por consigna “La Patria no se vende” y se realiza el día después de la reforma laboral, aprobada en Diputados como parte de la Ley Bases. Para la misma jornada, Unión por la Patria empuja el tratamiento del DNU 70 en la cámara Baja.

Kicillof en tanto ya puso la mirada en el siguiente capítulo del tratamiento parlamentario del proyecto del presidente Javier Milei: agitó el voto en contra, dijo, porque “que consagra privilegios, deteriora derechos, resigna soberanía y profundiza la desigualdad”, además se instaurar en Argentina “la ley de la selva”.

El Senado tiene que rechazar la Ley Bases de Milei. Es una ley que institucionaliza la deserción del Estado Nacional de sus obligaciones más elementales, que consagra privilegios, deteriora derechos, resigna soberanía y profundiza la desigualdad. La ley de Milei sienta las bases…

“Lo que pretenden es legalizar los destrozos que ya están haciendo: caída récord de salarios y jubilaciones, recesión, despidos y desempleo, paralización de la obra pública, atropello a las provincias, tarifazos despiadados y entrega del patrimonio nacional”, escribió el gobernador en su cuenta de (X).

El gobernador también apuntó a la estabilidad emocional de Milei: “no es buena idea darle superpoderes a un presidente tan alejado de la realidad, que no es capaz ni de gobernar sus propios impulsos que descarga sobre cualquiera que manifieste una crítica”.

Según el mandatario, el proyecto, denominado oficialmente Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, no con tiene “son las bases para refundar la Argentina, son las bases para fundirla”. Alertó que “entrega a los jubilados, a la clase media, a los trabajadores, a los pequeños productores, a las pymes, para beneficiar al puñado más rico y poderoso”. (DIB) AL

Esta decisión, tomada en un momento de profundo sufrimiento y necesidad para millones de ciudadanos, refleja un desprecio flagrante por la realidad del país y una total falta de empatía hacia aquellos que están sufriendo las consecuencias más graves de esta crisis.

El aumento del 40% en la dieta de los senadores es una bofetada a la cara de todos aquellos que luchan día a día para llegar a fin de mes, que tienen dificultades para alimentar a sus familias y que ven cómo sus ingresos se evaporan ante el aumento constante de los precios. Mientras tanto, los senadores, que deberían ser los representantes del pueblo, se llenan los bolsillos con un incremento salarial que resulta obsceno en este contexto de emergencia económica.

Este acto de codicia y falta de sensibilidad por parte de nuestros líderes políticos es una afrenta a la democracia y al principio fundamental de la justicia social. En lugar de ponerse del lado de la gente y trabajar incansablemente para encontrar soluciones a los problemas que aquejan al país, nuestros senadores han optado por privilegiar sus propios intereses egoístas, demostrando una vez más que están desconectados de la realidad y que han perdido por completo el sentido de la responsabilidad y el deber público.

Es hora de que nuestros representantes políticos asuman su verdadera responsabilidad: la de servir al pueblo y trabajar incansablemente para mejorar la calidad de vida de todos los argentinos. El aumento en la dieta de los senadores es un insulto a la dignidad de la nación y una afrenta a la esperanza de un futuro mejor. Es hora de que aquellos que nos gobiernan recuerden para quién trabajan realmente y actúen en consecuencia, demostrando con sus acciones que están verdaderamente comprometidos con el bienestar y el progreso de todos los ciudadanos argentinos.

“Hoy los senadores de todos los bloques acordaron un aumento de su salario que fue votado a mano alzada en el recinto por contar con los votos necesarios para hacerlo. Como Presidente del Senado NO soy senadora, no cobro del Senado y NO puedo interferir en esas decisiones. Tampoco puedo obligar a que se vote nominalmente ni a que se justifique la decisión avalada por todos, porque NO soy senadora”, escribió Villarruel.

Hoy los senadores de todos los bloques acordaron un aumento de su salario que fue votado a mano alzada en el recinto por contar con los votos necesarios para hacerlo. Como Presidente del Senado NO soy senadora, no cobro del Senado y NO puedo interferir en esas decisiones. Tampoco…

“Podría haberme levantado para no que no salga mi foto y parte del periodismo y de los trolls me acusen de lo que NO tengo injerencia alguna pero siempre doy la cara y hoy no va a ser la excepción. Lamento que se le mienta al pueblo y ciertos sectores aprovechen para intentar ensuciarme, pero lo que sucedió en el Senado es perfectamente legal y NO tengo herramienta alguna para frenarlo”, añadió la Vicepresidente.

En tanto, el senador que presentó la propuesta, el salteño Juan Carlos Romero (PRO), nunca detalló en qué consistía la medida que estaban votando, sino que se refirió al “proyecto 615/24 de autoría de varios senadores que obra sobre las bancas”. Sin más, en el tiempo récord de un minuto reloj, se alcanzaron los dos tercios de mayorías para tratar el tema sobre tablas y aprobar el aumento.

De acuerdo a los números y a lo votado, el salario de un senador pasaría de $1,7 millones a $4 millones. El proyecto establece que a partir del mes de mayo, los senadores percibirán un total de 13 dietas anuales. Cada una será equivalente a 2.500 módulos más un adicional de 1.000 módulos por gastos de representación y 500 de adicional por desarraigo. (DIB) ACR