El gobierno logró imponer hoy en el Congreso su dictamen del Presupuesto para el año próximo, que prevé una inflación del 10%% y un crecimiento del 5%, tras ceder fondos discrecionales a gobernadores dialoguistas y con dos importantes modificaciones de último momento: la derogación de las leyes de financiamiento universitario y emergencia en discapacidad, lo que confirmaría el ajuste en ambos sectores.

El dictamen, conseguido con 28 firmas en la Comisión de Presupuesto presidida por Alberto Benegas Lynch, le permitirá al Ejecutivo llevar el proyecto al recinto este miércoles, jornada en la que podría dar un paso fundamental para alcanzar el objetivo político de hacerlo ley antes de fin de año Si lo logra, 2026 sería el primer año en que el Javier Milei contaría con pauta de gastos e ingresas aprobado desde que llegó al gobierno, en 2023.

La mayoría que permitió a La Libertad Avanza lograr el dictamen se nutrió de votos del oficialismo, Pro, la UCR, el MID, Innovación Federal -donde están representados los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones)-, el bloque Elijo Catamarca, que responde a Raúl Jalil, Producción y Trabajo, del sanjuanino Marcelo Orrego, y el espacio Independencia, alineado con el tucumano Osvaldo Jaldo.

En la negociación, el Ejecutivo hizo uso de los Aporte del Tesoro Nacional -los ATN- que se entregan en forma discrecional a las provincias teóricamente para afrontar situaciones excepcionales: 43 mil millones de pesos para Tucumán, Misiones y Chaco. Además, sumó el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares, pedido por las provincias mineras.

A última hora, LLA incluyó, en el artículo 75 de la iniciativa, la derogación de las leyes sobre discapacidad y universidades, vigentes pero que no cumple bajo el argumento de que no incluyeron las partidas de gastos para financiarlas, lo que generó reclamos judiciales. El último de ellos derivó en un fallo lo obliga a aplicar la Emergencia, pero el Ejecutivo lo apeló.

Si se aprobase como tal, el ajuste que el gobierno nacional dispuso sobre esas áreas quedaría confirmado por ley.

Durante el debate, hoy dos dictámenes de minoría, uno Unión por la Patria y otro de Provincias Unidas. El PRO y la UCR, en tanto, plantearon una disidencia ya que había votado a favor las leyes que ahora se derogan. Pero no lo hicieron el resto de los bloques de la oposición dialoguista, que también los habían acompañado.

Desde Unión por la Patria, el diputado Pablo Yedlin calificó de “falta de respeto institucional” la derogación de las leyes. Justamente, el dictamen en disidencia de ese sector garantiza el financiamiento universitario, la plena vigencia de la ley de emergencia en discapacidad y los fondos para la emergencia pediátrica. El proyecto opositor también contempla la continuidad del régimen de zonas frías, la automaticidad de las asignaciones familiares, la recomposición de ingresos jubilatorios afectados por el cambio de fórmula y la actualización del bono previsional.

La disidencia de Pro, en tanto, incluyó tambióen un reclamo específico por la deuda que la Nación mantiene con la Ciudad de Buenos Aires, cuyo pago se acordó con Luis Caputo tras un fallo judicial. Pero no hubo ninguna acción similar del PJ para reclamar por los fondos que se retrajeron a la PBA, que Axel Kicillof calculó en unos 9 mil millones de dólares.

El texto del proyecto prevé un crecimiento de la economía del 5% del PBI, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio de $1423 para diciembre de 2026. Además, proyecta un aumento del 10,6% en las exportaciones y del 11% en las importaciones. En materia fiscal, estima un superávit primario del 1,5% del PBI y un superávit financiero -con intereses de la deuda- del 0,2% del PBI.

A la vez, proyecto subas en partidas sociales muy por debajo de la inflación prevista, ya de por sí baja: del 5% en gasto de jubilaciones, un 17% en salud y un 8% en educación, mientras que deja pendiente de resolver el reclamo de las provincias por las cajas previsionales. 

Los consumos problemáticos de sustancias han aumentado en la población en los últimos dos años y la situación es preocupante, sobre todo en los barrios más vulnerables de las grandes ciudades, aunque es transversal a todos los sectores socioeconómicos de la población.

Según la Encuesta Nacional de Consumos y Prácticas de Cuidado (ENCoPraC), el 82,6% de la población percibe un aumento del consumo en los últimos dos años y un 80,1% considera que seguirá creciendo. No obstante, el gobierno nacional ha congelado el presupuesto destinado a estas políticas para 2025, cuyas partidas son las mismas que las de la segunda mitad del año pasado. “En un contexto de inflación sostenida, esto implica un fuerte recorte en términos reales. Y aún más preocupante es que, a mitad de año, ya se ha ejecutado más del 72% de esos recursos, lo que anticipa serias dificultades para sostener programas clave durante el segundo semestre”, indicó en un comunicado la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Y apuntó: “Estos números no son solo estadísticas: son el reflejo de una sociedad que siente que está perdiendo el control sobre una problemática compleja, que requiere más presencia del Estado, no menos”.

Cada 26 de junio se conmemora el Día Mundial contra el Narcotráfico y el Uso Indebido de Sustancias. “En lugar de fortalecer la inversión en políticas públicas de prevención y tratamiento —como recomiendan todos los organismos internacionales—, el actual gobierno opta por un desfinanciamiento que tendrá efectos devastadores a mediano y largo plazo”, subrayó la Defensoría. En esa línea, sumó: “Lo que está en juego no es solo una partida presupuestaria, es el derecho de las personas con consumos problemáticos a recibir atención digna, es el derecho de las familias a no sentirse solas frente a una problemática compleja”.

Según describe la Organización Panamericana de la Salud (OPS), las sustancias psicoactivas son diversos compuestos naturales o sintéticos, que actúan sobre el sistema nervioso generando alteraciones en las funciones que regulan pensamientos, emociones y el comportamiento.

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) sostiene que, por cada dólar invertido en tratamiento, se ahorran 7 en justicia penal y 12 en salud pública. “Ignorar esta evidencia no es solo un error económico: es una vulneración del derecho a la salud, a la inclusión y a vivir en entornos seguros”, advirtió la entidad ciudadana bonaerense.

El consumo problemático de sustancias no solo deteriora la calidad de vida de quienes padecen conductas adictivas, sino de sus familias. Además, unos 3 millones de personas mueren al año en el mundo por esta cuestión sanitaria. Al hablar de drogas, es necesario que el imaginario social tenga en cuenta los altos consumos de alcohol, que están naturalizados, son los más peligrosos y letales: 2,6 millones de personas fallecen por su vinculación con la bebida.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) expresó: “El consumo de sustancias daña gravemente la salud, aumenta el riesgo de padecer enfermedades crónicas y trastornos mentales, y provoca cada año millones de muertes que se podrían evitar. Es una tragedia para las familias y las sociedades y aumenta la probabilidad que se produzcan accidentes, traumatismos y actos de violencia. Para que nuestras sociedades sean más equitativas y saludables, debemos poner en práctica con urgencia medidas enérgicas que reduzcan las consecuencias negativas para la salud y la sociedad del consumo de alcohol y que pongan a disposición de las personas los tratamientos de los trastornos por consumo de sustancias de forma más económica y directa”.

Un informe reveló que casi siete de cada diez familias tuvieron que realizar recortes en su alimentación, número que empeora en los barrios populares, donde los recortes alcanzaron al 80% de las familias.

El estudio relevó 49 políticas de cuidado y detectó que sólo 7 están vigentes, 18 están en peligro y 24 fueron desmanteladas. “El 86% de las políticas se encuentran discontinuadas y derogadas”, resalta el informe de La cocina de los cuidados, que funciona desde marzo pasado como un espacio intersectorial y transversal de seguimiento y producción de información sobre las medidas de Gobierno en el campo de los cuidados. Es integrado organizaciones sociales y de derechos humanos, sindicatos, iglesias, académicos, funcionarios y legisladores de distintas fuerzas políticas.

Según lo relevado, el porcentaje exacto de familias que debieron recortar es el 65%, y se agregó que el 67% de los hogares con infantes afirmó tener más dificultad para obtener vacantes en espacios de cuidado y jardines.

Asimismo, el 76% de las familias con adultos mayores expresó que perciben costos ampliamente más elevados, sobre todo en los medicamentos que perdieron cobertura. El 74% aseveró un impedimento para contratar cuidados para estas personas, debido a una caída en sus ingresos.

Por otro lado, de los hogares que contienen personas con discapacidad, el 64% afirmó que se acrecentaron los problemas económicos para obtener prestadores que les aseguren las terapias necesarias. A la par, el 85% de estas familias identificó una importantes suba de precios en los medicamentos, representando su mayor dificultad.

Los barrios populares también padecieron las caídas, ya que el 57% de quienes asisten a comedores barriales afirman haber encontrado menor cantidad de comida. Teniendo en cuenta que hay familias que dependen de la asistencia a estos sitios para alimentarse, la cifra enciende las alarmas.

“La cifra oficial de pobreza en menores de 0 a 14 años para el primer semestre de 2024 llega al 66,1% y para el intervalo entre 12 y 17 años la cifra trepa a 69%“, expresa la Mesa Intersectorial en el informe. Así, también quedan afectados los cuidados de las infancias, tanto como sucede con los adultos mayores y las personas con discapacidad. A menor capacidad de gastos, mayor pobreza, y a mayor pobreza, menores posibilidades de cumplir con los cuidados correspondientes. (DIB)

La convocatoria en defensa de la educación y la universidad pública, con una movilización histórica en la Ciudad de Buenos Aires comandada por la UBA e instituciones del AMBA, tuvo fuerte adhesión en todo el interior de la provincia de Buenos Aires.

Varios distritos bonaerenses son sedes de universidades nacionales, como La Plata, Junín, Mar del Plata, Tandil y Bahía Blanca, y en otros hay extensiones de distintas casas de estudio, política impulsada en los últimos años por el Programa Puentes del gobierno provincial. Además, en varias localidades decidieron movilizarse para poner en agenda la educación terciaria, que brindan los institutos de formación.

La protesta, que se llevó a cabo en todo el país, se enmarca en el reclamo formal del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), al gobierno del presidente Javier Milei, y se sintetiza en cuatro puntos:

La Marcha Federal Universitaria convocada por universidades, centros de estudiantes, gremios docentes y organizaciones sociales y políticas que adhirieron al reclamo, tuvo actividades y movilizaciones masivas en todo el territorio bonaerense.

La Plata: si bien la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y las distintas facultades que la conforman se sumaron a la marcha central en la Ciudad de Buenos Aires, hubo una nutrida concentración frente el Rectorado de la UNLP, en avenida 7 y calle 48.

La Plata!Rectorado de la UNLP pic.twitter.com/XuGHqj1TTN

Junín: sede de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA). Se realizó un acto abierto a la comunidad a las 10 de la mañana en el SUM “Mario Meoni” de la universidad. Durante la tarde hubo una marcha por el centro de la ciudad.

Pergamino: Se sumó a la jornada de la Junín y organizó una marcha de estudiantes terciarios del Conservatorio de Música “Juan Carlos Paz”, de la Escuela de Artes Visuales “Emilio Pettoruti” y del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 5. También adhirieron el cuerpo de delegados del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 122 y varias organizaciones sociales y políticas.

Tandil: sede de la Universidad Nacional del Centro (UNICEN). La movilización comenzó a la mañana con una “Caravana vehicular por la Educación Pública”. A las 13 salió la marcha desde el Campus Universitario hasta el centro de la ciudad.

Hoy en Tandil marchamos por la UNICEN y la Educación Pública. pic.twitter.com/WixYa1EwEM

Olavarría: Desde las 16 se realizó una concentración en el Centro Cultural Universitario, para marchar hasta la sede de la municipalidad.

Azul: Concentración en el Campus de Azul para marchar hacia la Plaza San Martín, en el centro de la ciudad. Se leyó un documento en defensa de la educación pública y el cierre de la jornada fue con presentación de bandas locales.

Quequén: Se realizaron clases públicas durante toda la jornada y luego se convocó a una marcha en el centro de la localidad.  

Mar del Plata: Sede de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP). La convocatoria comenzó a las 16 en el Complejo Universitario y a las 17.30 se realizó la concentración en el Monumento a San Martín, en el centro de la ciudad. La marcha fue multitudinaria, con unas quince cuadras colmadas de gente.

#MardelPlata Así llega la marcha universitaria a Luro e Independencia ? pic.twitter.com/gnMBASLwJn

Necochea: desde las 10 de la mañana hubo clases públicas y una jornada de reflexión en el predio Jesuita Cardiel.

Tres Arroyos: concentración a partir de las 17 en el centro educativo CRESTA, que mantiene además un conflicto por desalojo.

Chivilcoy: se realizó una concentración desde las 18 en la plaza central de la ciudad.

Trenque Lauquen: la Facultad Regional Trenque Lauquen de la UTN convocó a una asamblea desde las 16 para luego movilizar.

San Nicolás: desde las 17 se convocó a una concentración en Plaza Sarmiento y desde allí partió la movilización hasta el Playón de la UTN.

Carhué: concentración en Plaza Lavalle a las 17.

Rivera: convocatoria a las 17 en Plaza San Martín.  

Bolívar: convocaron a un abrazo simbólico al Centro Regional Universitario (CRUB) y a una movilización desde el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica (ISFDyT) N° 27.

Bahía Blanca: sede de la Universidad Nacional del Sur (UNS).  La movilización partió de 11 de Abril y avenida Alem para marchar hacia el playón de Alem 1253. La movilización fue masiva. Se leyó un documento y en el cierre se presentaron Karen Arranz y Alejandro Lavigne, y el Coro Universitario.

Multitudinaria manifestación en Bahía Blanca en defensa de las universidades y la educación pública.#MarchaFederalUniversitaria pic.twitter.com/p6F24tAWKP

Pehuajó: concentración en la plaza Dardo Rocha desde las 17.30, con charlas abiertas en defensa de la educación pública, gratuita y de calidad.

Ayacucho: convocatoria a las 18 en la Plaza San Martín, con intervenciones culturales y presentaciones musicales.

Partido de La Costa: movilización desde las 15 en la Plaza del Niño Jesús, ubicada en calle 7 y 30 de Santa Teresita.

Villa Gesell: se realizó una concentración a las 18.30 en paseo 113 y avenida 3, donde funciona el Centro Universitario.

Las Flores: la marcha comenzó a las 17, desde Plaza Mitre hasta el Obelisco de la ciudad.

Ranchos: la marcha fue convocada por el el ISFD Y T N°212 para las 20, en la Plaza de Mayo de la ciudad.

Lezama: concentración sin marcha en Avenida Cobo y Presidente Perón.

Castelli: convocatoria para la tarde, en el Parque San Martín de la ciudad.

General Belgrano: se realizó un acto en el Monumento a las Banderas, desde las 18.30.

Dolores: convocatoria “sin nombres propios ni sellos políticos” desde las 15.30 en la Plaza Castelli.

Chascomús: por la mañana se realizó una recorrida por escuelas secundarias e institutos para juntar firmas en defensa de la educación pública. A las 20 la invitación fue a un “ruidazo” en El Reloj de la localidad.

(DIB, con información de portales y medios locales) ACR

La Marcha Federal Universitaria arrancó esta tarde con una masiva presencia de la comunidad educativa, dirigentes políticos, organizaciones sociales y manifestantes no encuadrados que desbordaron las calles de la Ciudad de Buenos Aires y, al menos hasta ahora, impidieron la aplicación del llamado “protocolo anti-piquetes” con el que amenazó el gobierno.

La marcha en CABA está uniendo la Plaza de los dos Congresos con la Plaza de Mayo y es replicada en muchas ciudades del resto del país.

En las calles la presencia es multitudinaria, al punto que se interrumpió el tránsito en varios tramos del trayecto y en las inmediaciones de ambas plazas, a pesar de lo cual el gobierno no aplicó el Protocolo. La Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había advertido con accionar contra los manifestantes si había cortes aunque admitió que si el número de participantes en la protesta era muy grande eso se iba a dificultar. Parece haber sido el caso.

El Gobierno, de todos modos, terminó de romper el diálogo con la comunidad universitaria al señalar que “está finalizada” la discusión por el financiamiento presupuestario. El ministro del Interior, Guillermo Francos apuntó a la participación “política” y dijo, además, que “estamos todos entendiendo, salvo los que marchan hoy, que todavía no entendieron cuál es la situación del país“.

En la marcha de CABA se hicieronm presentes el gobernador Axel Kciillof; al triunviro de la CGT Pablo Moyano; al exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

El presidente Javier Milei reacción por su parte con una jornada de intensa actividad en las redes sociales, donde compartió mensajes de otros usuarios contrarios a la marcha. Entre ellos, uno del legislador porteño Ramiro Marra que indica que “la casta política secuestró la educación. CGT, kirchnerismo, Partido Comunista: lo peor de la política utilizando a la educación pública para atacar al Gobierno. El que no lo ve es porque no quiere. Defendamos la educación pública, pero vamos a eliminar el curro político”. (DIB) AL

La justicia federal falló este martes a favor de la provincia de Chubut y, en su resolución, obligó al Gobierno nacional a devolverle al distrito los fondos coparticipables, informaron fuentes judiciales.

La determinación fue tomada por el juzgado federal de Rawson, a cargo del juez Hugo Sastre.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, había reclamado a la Justicia el dictado de una medida “autosatisfactiva” contra el Estado Nacional para que “case” la retención automática de sumas de la coparticipación de la provincia en concepto de reembolsos por préstamos del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y el reintegro inmediato de lo ya retenido.

En la demanda se reclamó hacer cesar “la retención automática de fondos coparticipables” que “son utilizadas como una herramienta de presión política para bloquear recursos coparticipables”, según el texto al que tuvo acceso Télam.

La provincia concretó la presentación del texto de la demanda ante el juzgado federal de Rawson, a cargo del juez Sastre, quien dio vista a la fiscalía para manifestarse sobre la competencia de ese Tribunal y la competencia de la medida solicitada, informaron a Télam fuentes judiciales

A media mañana del martes, el fiscal federal de Rawson Fernando Gelvez dictaminó que el Juzgado Federal 1 de esa ciudad es competente para intervenir en el caso, postuló que debe admitirse “formalmente la medida autosatisfactiva” pedida y ante ello juez quedó en condiciones de resolver.

El magistrado “debe declararse competente para entender en estos actuados, admitiendo formalmente la medida autosatisfactiva articulada”, sostuvo el dictamen fiscal al que tuvo acceso Télam.

La medida que pide el gobierno de Chubut ” resulta de competencia del Juzgado Federal Nro. 1 de Rawson, por encontrarse demandado el Estado Nacional, más precisamente el Ministerio de Economía, con domicilio en Av. Hipólito Irigoyen N° 250, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, agregó el fiscal.

En la demanda de 77 carillas a la que tuvo acceso Télam, el gobierno de Chubut pidió dictar la medida autosatisfactiva que ordene “el cese de la retención automática que, en concepto de reembolsos por préstamos acordados en el marco del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (Decreto Nro. 286/95), realiza sobre las sumas que ha de percibir la provincia del Chubut por Coparticipación Federal de Impuestos”.

“Esta situación deberá mantenerse por el plazo de la emergencia económica, financiera y administrativa del Estado Provincial dispuesto mediante la Ley Nº VII N° 94”, sostuvo la presentación firmada por el gobernador Torres, el fiscal de Estado de Chubut Andrés Giacomone, el fiscal adjunto Lucas Papini y el abogado Javier Stampone.

En la demanda se reclama también que se ordene al Estado Nacional “renegociar la deuda en condiciones razonables que impliquen un plazo mínimo de 5 años de amortización y una modificación de las condiciones actuales de actualización de la deuda por CER”.

En concreto se pide aplicar “una tasa BADLAR en pesos bancos privados para operaciones superiores a $ 1.000.000, en un plazo de 30 a 35 días, más un spread de 200 a 300 puntos básicos”.

En su defecto, se solicita autorizar a la provincia a tomar “un nuevo endeudamiento con el exclusivo destino de cancelar la deuda con el Fondo Fiduciario Provincial mediante la emisión de un título de deuda cancelable en un plazo de 5 años en pesos o dólares, bajo la legislación nacional o extranjera”.

Presidente, quiero decirle que, a diferencia de otros, yo no le tengo miedo. No vamos a ceder ante sus insultos, amenazas o aprietes. No creo en la violencia y voy a defender a los chubutenses hasta las últimas consecuencias. Usted tiene que gobernar para todos los argentinos,… https://t.co/jYKW8pahFG

El gobierno de Chubut reclamó que se ordene al Estado Nacional “hacer inmediata devolución a la provincia de las sumas ($10.516.610.155,08) retenidas automáticamente hasta el día 23/02/2024 de la coparticipación federal -como las posteriores hasta la notificación de la sentencia”.

A lo largo de la demanda se explicó en relación a la deuda que “la tasa de interés se actualiza mediante el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), el avance del proceso inflacionario ocasionado por las políticas implementadas por el propio Estado Nacional causó que la deuda se incremente a la friolera suma de $ 124.565.021.767,23 para el presente año 2024”.

“Atendiendo a la gravedad de la situación, ya desde el mes de diciembre de 2023 la provincia del Chubut viene realizando reiterados pedidos de refinanciación -demostrativa de su manifiesta voluntad de pago-“, se agregó.

Y se remarcó que hay “necesidad imperiosa de proceder a su cancelación en condiciones que no tornen de imposible cumplimiento la satisfacción de los servicios esenciales del Estado Provincial”.

El Gobernador advirtió que hay “real riesgo” de no poder cumplir objetivos en educación pública “a partir de la abusiva retención de recursos por el Gobierno Federal” y lo mismo podría ocurrir con los salarios de los empleados públicos “pese al carácter alimentario de los mismos”

Este lunes, la legislatura del Chubut aprobó un proyecto de ley en el que “se encomienda al Poder Ejecutivo a realizar todas las acciones administrativas, judiciales y métodos alternativos de resolución de conflictos que conduzcan a hacer cesar la ilegalidad y el atropello del gobierno nacional al retener fondos que por derecho le corresponden al estado provincial”.

En otro artículo establece que “lo indicado implica también la realización de las acciones de igual tenor tendientes a la recuperación de los recursos correspondientes al mes de febrero del 2024 del régimen de coparticipación federal de impuestos, la ley 26206 y ley de educación nacional por los meses de diciembre del 2023, enero y febrero del 2024 y los fondos correspondientes al fondo de compensación del transporte público”.

“El ministro Caputo dará mañana las precisiones de las primeras medidas económicas”, indicó el vocero en su primera conferencia en la Casa de Gobierno.

Así, la primera jornada hábil de la presidencia de Javier Milei será atravesada por el nuevo gobierno sin paquete de medidas anticipadas antes de la apertura de los mercados, algo que aparecía como una opción posible en los últimos días.

En su primera conferencia de prensa en Casa de Gobierno, Adorni anticipó que esos encuentros se realizarán todos los días a las 9.

“Los desafíos económicos son enormes. El sistema tributario es uno de los grandes desafíos. El entramado impositivo es inviable tal como lo conocemos. Argentina vive en un estado de emergencia”, dijo el vocero presidencial durante su conferencia de prensa.

“Los problemas de la Argentina y el principio de solución tienen un enfoque económico. La batalla va a estar dada en resolver los problemas muy estructurales que tiene el Estado en términos de política fiscal. Gastar más de lo que se tiene se terminó, el ‘no hay plata’ no es una frase hecha. Se va a respetar a rajatabla el equilibrio fiscal y la lógica que tenemos todos en nuestra economía personal”, continuó Adorni.

Asimismo, apostó hoy por el inicio de una etapa “distinta” en el país con el Gobierno de Javier Milei, del “mérito”, en el que no “tengamos que sufrir ni la pobreza, ni la indigencia ni los salarios bajos”, con “respeto por la ley, las libertades individuales y la propiedad privada”.

Además, Adorni, afirmó que el flamante mandatario tiene la decisión de “poner en valor” al empleado público, al destacar que “la gran mayoría de la gente que trabaja en el Estado es válida, necesaria y muchas veces ha sido dejada de lado”.

“Con lo que no estamos de acuerdo, y vamos a combatir, es con lo que se denomina el empleo militante, que está por una cuestión política, no aporta nada y quita productividad, salario y funciones al empleado que quiere trabajar”, afirmó el portavoz. (DIB)