El Gobierno nacional, a través de la Resolución 10/2025, implementó un nuevo ajuste que impacta directamente en el ámbito científico y universitario: como un intento de limitar convenios con organizaciones sociales, ordenó recortar investigaciones y programas científicos.

La intención es “pasar la motosierra” a aquellos proyectos que no estén “al servicio del crecimiento económico y desarrollo estratégico del país”. Se eliminarán programas y convenios vinculados a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología que “deban rendiciones, que estén vencidos y no aporten al crecimiento del país”.

“Resulta imperioso que la evaluación de los programas se realice verificando su correlato con el Plan Estratégico definido para el 2024-2025, el cual tiene su eje en la redefinición y reorientación de las estructuras institucionales y sistemas de evaluación relacionados con la gestión del conocimiento y la promoción de la ciencia y la tecnología, con una política orientada a la generación de conocimiento y el desarrollo de tecnologías al servicio del crecimiento económico y desarrollo estratégico del país, con asiento en las temáticas de agroindustria, energía y minería, economía del conocimiento y la innovación y salud”, explica la resolución.

“Que, en este sentido, corresponderá dar por finalizados aquellos programas cuyos objetos no encuentren asidero en el citado Plan Estratégico. Que las medidas que se adopten deberán realizarse procurando soluciones que reduzcan las contingencias presentes y futuras para el ESTADO NACIONAL y en definitiva de todos los argentinos, minimizando los riesgos y costos a su mínima expresión”, añade.

En este contexto, se aceptarán únicamente las que estén desarrolladas en un valor mayor al 30% de ejecución mientras que las restantes entrarán “en revisión” o se cerrarán.

Mediante el Decreto Bases Para la Reconstrucción de la Economía Argentina Nº 70 de fecha 20 de diciembre de 2023 se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025.

Expresamos nuestro más enérgico repudio a la Resolución 10/2025 emitida por el gobierno Nacional durante el día de hoy que plantea la eliminación de las investigaciones científicas relacionadas con las ciencias sociales, el medio ambiente y el calentamiento global entre otras. pic.twitter.com/XVbMZasVm3

En medio de los despidos en el INCAA, el Gobierno suspendió la recepción de proyectos que soliciten ayuda financiera del organismo por 90 días, medida que alcanza, además, a aquellos que ya se hayan presentado, pero que aún no cuenten con una resolución que los declare de interés.

Lo hizo mediante la resolución 227/2024, publicada esta madrugada en el Boletín Oficial. Durante esos tres meses, según se desprende del decreto, el Gobierno espera plantear “nuevas normas de regulación del fomento audiovisual con el objeto de adecuarse a las necesidades del mundo actual en pos de una dinámica y agilidad acorde a los nuevos tiempos”.

Esta decisión se da a pocas semanas de que el Gobierno oficializara la baja de contratos y los recortes en el INCAA, uno de los organismos más castigados por el ajuste.

“Suspender la recepción de todo tipo de proyectos que se realicen mediante el sistema de ventanilla continua en los que se soliciten ayuda financiera del organismo, por el plazo de noventa (90) días a partir del día de su publicación”, señala el artículo primero del decreto.

Y continúa: “Determinar que los proyectos presentados para su evaluación y que a la fecha no tengan una resolución emitida por el organismo que los declare de interés, tanto audiencia media y masiva, como la que les otorgue un subsidio por vía digital documental, y que aún no cuenten con comité asignado digital, serán devueltos a los presentantes”.

Por último, señala que “los proyectos referidos en el artículo anterior podrán ser presentados nuevamente una vez culmine el periodo de suspensión, los que se deberán adecuar a la nueva normativa”.

El INCAA es un organismo que depende de la Secretaría de Cultura. Sus actividades se financian a través del Fondo de Fomento Cinematográfico: recibe el 10% sobre el precio de las entradas de espectáculos cinematográficos, y el 10% del precio de venta o locación de videogramas grabados; y además, un porcentaje de la facturación bruta por publicidad en los servicios de comunicación audiovisual y porcentajes de las películas que se reproducen en el sitio Cine.ar.

En los considerandos del decreto, el Gobierno argumenta la medida “en virtud del déficit presupuestario y financiero existente, y con el objetivo de retomar el equilibrio necesario para que este Instituto pueda financiarse con sus propios ingresos, como así también, debido a la reestructuración, funcionamiento y el establecimiento de un nuevo marco regulatorio para el apoyo al cine es que resulta necesario, sobre la base de los criterios de oportunidad, mérito y conveniencia, efectuar una suspensión de la presentación de proyectos”. (DIB)

El gobernador Axel Kicillof informó este lunes que la Provincia hará un reclamo ante la Corte Suprema de Justicia por la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal que recibía el Estado bonaerense y sostuvo que la gestión de Javier Milei “se roba los recursos” de las distintas jurisdicciones del país.

“Instruimos al fiscal de Estado de la Provincia para que inicie acciones judiciales ante la Corte Suprema de justicia y que cautelarmente restituyan los fondos que nos sacaron”, señaló hoy el mandatario provincial en una conferencia de prensa realizada en el Salón Dorado de la Gobernación bonaerense.

Kicillof señaló que Milei “no solo somete al pueblo a un ajuste salvaje, sino que se roba los recursos de las provincias”. “No son recursos ni de un gobernador ni de un gobierno. Son recursos del pueblo de la provincia de Buenos Aires”, dijo el mandatario provincial sobre la eliminación del Fondo de Fortalecimiento. Y profundizó: “No se dejen engañar, esto es contra el pueblo de la provincia de Buenos Aires”.

El Gobernador hizo hoy un recapitulación de los distintos recortes que viene haciendo Nación sobre las provincias. Se refirió a la quita de fondos educativos, al retiro del fondo de compensación para el transporte y también a la situación de Chubut.

“Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo de Chubut al que hay que restituirle los fondos que hoy le retienen”, señaló. Y contó que se encuentra en diálogo con mandatarios de otras provincias y que este martes habrá una reunión de la que participarán gobernadores “de todos los espacios políticos”.

El Fondo para el Fortalecimiento Fiscal fue creado durante la gestión de Alberto Fernández tras una protesta policial contra el Gobierno bonaerense. En aquel momento, enfrentó en duros términos a Casa Rosada y a Horacio Rodríguez Larreta, porque se financió con la quita de un 1% de los fondos de la coparticipación federal correspondiente a CABA, que judicializó la medida.

La quita de fondos a la Provincia se oficializó hoy a través del Decreto 192/2024, publicado en el Boletín Oficial, que derogó el artículo 4º del Decreto Nº735 de septiembre de 2020 a través del cual se buscaba “equilibrar las finanzas de la provincia de Buenos Aires”.

El Gobernador explicó que el Fondo se utilizó “en primer lugar para recuperar sueldos de la policía” y para comprar equipamiento. “No es para un gobernador ni para un gobierno, es para la seguridad de los y las bonaerenses”, explicó. Y detalló que esos recursos también están vinculados a la ampliación de plazas carcelarias, a infraestructura educativa y comedores escolares.

“A pesar de generar el 40% de los fondos que luego se distribuyen, el año pasado la provincia de Buenos Aires fue la que menos gastó”, indicó Kicillof. Y consideró que Milei “pareciera estar buscando una suerte de disolución”. “Está en juego la unidad nacional y la Constitución”, aseguró.

En este marco, el Gobernador fue consultado sobre la eventual emisión de una moneda bonaerense. “Se están estudiando muchísimas respuestas de diversa índole. Nos invitan al caos, a la locura, a hacer cualquier cosa. Creo que lo que hay que hacer es tratar de evitarlo. Hay que buscar una solución que no implique la disolución de nuestra Nación”, respondió. (DIB) MT

La Municipalidad de Chascomús enfrenta una preocupante situación tras este recorte que, en el caso del Fondo Educativo, financia casi el 40 por ciento de los servicios educativos municipales, conformado por tres primarias, una secundaria y un jardín maternal y de infantes y la Orquesta Escuela en forma parcial, lo que implica dificultades para afrontar el nuevo ciclo lectivo que se inicia.

En una entrevista con FM Por Siempre, el secretario señaló que la crisis y las medidas económicas “limitaron considerablemente la capacidad de maniobra de los municipios. La situación que estamos observando no es la mejor y lo vamos confirmando día a día”.

En ese sentido, destacó el trabajo responsable de la administración municipal pero advirtió sobre las dificultades para mantener el equilibrio financiero en medio de los recortes presupuestarios: “Estamos agudizando la creatividad para lo que se viene, porque seguimos observando una “estatización” de la población, con el aumento en las demandas de ayuda para alimentos, alquileres, servicios y atención de la salud”, dijo.

El secretario expresó además la preocupación por la interrupción de obras educativas importantes, como la construcción de la escuela 56 en el barrio 30 de Mayo, que es ejecutada por la municipalidad (a través de una licitación pública) pero financiada por el gobierno nacional.

Finalmente, consideró la necesidad de plantear planes de emergencia con carácter preventivo, buscar fuentes de financiamiento que no afecten a quienes están más desprotegidos y que, al mismo tiempo, “podamos acompañar a los más afectados por la situación económica, social y sanitaria actual, como así también garantizar las fuentes de trabajo municipales y procurar la mejora del poder adquisitivo de los salarios”, apelando al acompañamiento del Concejo Deliberante con la aprobación de la emergencia solicitada que, remarcó, “no pretende superpoderes, como quiere instalarse, sino brindar herramientas que permitan actuar ante estas urgencias de forma ágil, recordando que en el año 2020 fue otorgada por el Concejo, como así también en tres de los cuatro años de la administración 2011/2015”.

Cuatro intendentes bonaerenses del PRO firmaron un comunicado para expresarse en contra de la decisión del Gobierno nacional de eliminar “Fondo compensador al transporte” que subsidiaba a empresas de colectivos que prestan servicio urbano en el interior del país.

“Esta medida no es contra los intendentes, es contra los millones de estudiantes, enfermeros, trabajadores que diariamente utilizan el transporte público para movilizarse en sus respectivas ciudades. Una determinación semejante afecta de forma directa a la productividad del país”, señala el escrito difundido por jefes comunales de ciudades grandes del interior del país.

Entre los intendentes firmantes están los bonaerenses Guillermo Montenegro (General Pueyrredon), Javier Martínez (Pergamino), Pablo Petracca (Junín) y Santiago Passaglia (San Nicolás). Todos ellos pertenecen al PRO, fuerza aliada hoy al gobierno de Javier Milei.

“Los intendentes de las principales ciudades del país, nos encontramos en una situación de extrema preocupación, ante el comunicado de prensa difundido por el Ministerio de Economía de la Nación, en el cual se manifiesta explícitamente que se eliminará el Fondo Compensador al transporte del interior”, señala el comunicado difundido.

Asimismo, señala que “esta medida implicaría dejar sin transporte a todo el interior del país” y que “si bien, un esquema posible es el subsidio directo a los pasajeros y no a las empresas, esto tiene que ser estudiado en profundidad para establecer el universo de quién es sujeto pasible de recibir dicho subsidio”.

“Ante esta situación, los intendentes que suscriben, evaluaremos todas las medidas políticas y judiciales para garantizar las partidas ya asignadas por el presupuesto nacional”, indicaron. Y agregaron: “A su vez, nos autoconvocaremos en los próximos días para solicitar en conjunto la revisión de la misma. Convocamos a los legisladores nacionales de cada una de las provincias para dicha instancia”.

El comunicado también lleva la firma de Damián Bernarte (San Francisco), Daniel Passerini (Córdoba), Eduardo Accastello (Villa María), Emiliano Durand (Salta), Jorge Jofré (Formosa), Juan Manuel Llamosas (Río Cuarto), Juan Pablo Poletti (Santa Fe), Marcos Ferrer (Rio Tercero), Mariano Gaido (Neuquén), Pablo Javkin (Rosario), Raúl Jorge (San Salvador de Jujuy), Rosario Romero (Paraná) y Roy Nikisch (Resistencia). (DIB) MT