El vocero presidencial Manuel Adorni anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley para modificar el sistema electoral y político a partir de la eliminación de las Primarias Abiertas Obligatorias y Simultáneas (PASO), sumado a modificaciones a las Ley Orgánica de Partidos Políticos (N° 23.298) y la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos (N° 26.215).

“La sociedad argentina vive en una constante campaña electoral. Esto lejos de generar mayor nivel de participación, lo único que ha provocado es cansancio y hastío por parte de los argentinos”, sostuvo Adorni.

La Casa Rosada amagó con eliminar las PASO por decreto desde inicios de su gestión y retomó la iniciativa luego de conseguir la aprobación de la Boleta Única de Papel, pero no avanzó por la falta de apoyo de sus principales aliados, en particular, el PRO.

Ahora, el Gobierno decide avanzar en sus intención de modificar el juego electoral pero lo pone a debate en el Congreso, a semanas de que se finalicen las sesiones ordinarias y del inicio del año electoral, donde es difícil que el resto de los partidos políticos estén dispuestos a cambiar las reglas de juego. 

Según detalló Adorni, el primer eje de la denominada Ley de Reforma para el Fortalecimiento Electoral será la eliminación de las PASO. “Desde su creación, las PASO han funcionado como una encuesta millonaria al servicio solo de la política y en detrimiento de la economía y el tiempo de los argentinos”, argumentó el vocero presidencial y puso como ejemplo el costo de 45 mil millones de pesos que, según dijo, tuvieron las PASO en el año 2023.

El vocero agregó que desde la aplicación de las PASO, en 2011, solo 10 partidos dirmieron sus internas presidenciales a través de esta sistema, mientras que el 40 por ciento no logró alcanzar el umbral de 1,5 por ciento de los votos para pasar a las elecciones generales.

Atado a la eliminación de las PASO, la Casa Rosada pretende modificar la Ley Orgánica de Partidos Políticos “para mejorar su representatividad y evitar los sellos de goma”, apuntó Adorni, a pesar de que aquellos sellos permitieron la presentación de listas de aliadas a La Libertad Avanza en todo el país, en las elecciones 2023. El vocero presidencial detalló las principales modificaciones que se buscarán realizar a la Ley 23.298, a partir de la iniciativa oficial:

*Contar con un número de afiliados equivalante al 0,5% sobre el total de padrón electoral, valor que en la norma actual es del 0,4%.

*Tener un piso mínimo del 3% de los votos en dos elecciones consecutivas para continuar presentándose en posteriores elecciones.

*En el caso de los partidos nacionales, deberán tener representación en 10 jurisdicciones, elevando el número de las 5 jurisdicciones que obliga la norma vigente.

Además, el vocero anunció la creación de una “plataforma digital para gestionar afiliaciones y validaciones” y señaló que de aprobarse la norma en el Congreso, las agrupaciones tendrán plazo hasta 2026 para adecuarse.

Por último, Adorni señaló que también se propone modificar la Ley  26.215 de financiamiento de los partidos políticos y anunció una serie de medidas que quitan equidad en la representación y prometen concentrar el sistema de partidos políticos, a pocas horas del mitín organizado por la Fundación Faro, en la , gestores y empresarios afines a Javier Milei, reunieron a 500 personas que pagaron 25 mil dólares por el cubierto.

El vocero señaló que el proyecto enviado al Congreso tiene como objetivo “reducir el gasto público y transparentar los recursos que reciben los partidos”, a pesar de que tendrá entre sus principales modificaciones “el aumento de topes de los aportes privados”.

Entre las modificaciones propuestas estará la eliminación de espacios de publicidad electoral que tenían que ceder los medios de comunicación (un sistema coordinado por la Cámara Nacional Electoral y que asegura espacios de propaganda a todos los partidos políticos).

Adorni también anunció la eliminación de financiamiento público para la campaña. En ese sentido, indicó “solo habrá un aporte por año, proporcional al resultado electoral” y también se cambiará la prohibición de difundir encuestas electorales reduciendo el plazo de 8 a solo 3 días antes del día de la votación. Por último, Adorni indicó que se pretende crear la figura de fiscal general ante la Cámara Electoral. (DIB)

La iniciativa pertenece a la diputada Silvina Vaccarezza y prevé la creación de unidades fiscales de investigación y juicios especializadas en esta problemática.

El proyecto tiene como objetivo disminuir el delito en las zonas rurales. Cada implementación será gradual de acuerdo al nivel de conflicto existente. En base a esto, las fiscalías se instaurarán en los departamentos judiciales donde exista mayor demanda de hechos delictivos.

Las atribuciones que tienen estas unidades son la recepción de denuncias, realización de Investigación Penal Preparatoria (IPP), recolección de pruebas y por último la elaboración de un mapa geofísico de los delitos cometidos en su Departamento Judicial.

La autora de la iniciativa, aseguró que “este proyecto surgió como respuesta a la cantidad de incrementos de delitos rurales que se están dando en distintos puntos de la provincia”.

Ante esta situación la legisladora advirtió que “tenemos que brindar una solución institucional para que con más eficiencia se trabaje en prevención y sanciones”.

Participaron los diputados y diputadas Martín Endere, María Belén Malaisi, Carlos Puglielli, Juan Malpeli, Sabrina Sabat, Viviana Dirolli, Pablo Domenichini; y los presidentes de las comisiones de Asuntos Agrarios de la Cámara de Diputados, María Paula Bustos y Asuntos Agrarios y Pesca de la Cámara de Senadores bonaerense, Luis Alejandro Cellillo.

También formaron parte del encuentro dirigentes de entidades agropecuarias entre los que se encontraban, Horacio Salaverri de CARBAP, Claudio Angeleri de Federación Agraria y Enzo Santilli de CONINAGRO. (InfoGEI)Ac

Así lo confirmó este lunes la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en medio de una visita a Rosario.

“Está entrando en estos días al Congreso de la Nación”, informó Bullrich en compañía del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, con quien brindó precisiones sobre el sistema acusatorio que comenzará a implementarse en la provincia de Santa Fe ante la ola de violencia producto del narcotráfico.

Sobre la propuesta de reducir la edad a partir de la cual los jóvenes que cometen delitos pueden ser juzgados y condenados –hoy establecida en 16 años – la ministra dijo que trabajaron en un proyecto junto al Ministerio de Justicia. “Ya hemos trabajado sobre un proyecto que presentó Justicia, hemos trabajado ambos equipos en conjunto. Ya está listo el proyecto”, subrayó.

Si bien no brindó detalles del contenido del texto, adelantó que el proyecto se presentará en el Congreso cuando Milei retorne de su viaje a la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos.

La ley 22.278, sancionada durante la dictadura militar, sostiene que “no es punible el menor que no haya cumplido dieciséis años de edad”. Aunque el Gobierno no precisó la nueva edad a partir de la cual los menores podrán ser juzgados y condenados, Cúneo Libarona había hablado de establecerla en 14 años. (DIB)

Por Ximena B. Xiong

Desde la Comisión Directiva de la Red Argentina de Parkinson (RaPark) presentaron un proyecto de ley a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, con el objetivo de sancionar un Programa Nacional para las personas con Parkinson.

El proyecto llegó a la diputada nacional Danya Tavela, por el espacio político Evolución Radical, quien evaluará y realizará las modificaciones necesarias para ingresarlo a la Cámara Alta de la Nación.

Luego de que la Cámara de Senadores y de Diputados de la Provincia de Buenos Aires sancionaran y promulgaran la Ley 15.459 que Crea el Sistema Provincial para la Promoción y Protección de las personas que padecen Parkinson, en octubre del corriente año, la Comisión Directiva de la RaPark volvió a confeccionar un proyecto de ley nacional.

Presentada en la corriente semana al bloque Evolución Radical, el proyecto de ley tiene como finalidad que se sancione un Programa nacional para personas con Parkinson para “promover un abordaje integral destinado a la investigación básica y aplicada, la prevención, la detección temprana, la atención, el tratamiento y los cuidados adecuados” de quienes padecen la enfermedad de trastorno degenerativo.

El documento fue formulado por el chascomunense Adrián Borches, diagnosticado con la enfermedad de Parkinson, presidente del Grupo Parkinson Chascomús y de la Red Argentina de Parkinson, quien junto con la comisión directiva de esta última dieron los últimos detalles para presentar el proyecto a la diputada nacional Tavela.

Entre sus artículos, se busca que se declare de interés nacional el abordaje integral de las personas afectadas por la enfermedad, sumado a la creación del Programa Nacional de Párkinson, siendo algunas de sus funciones la realización de campañas de sensibilización, difusión de avances científicos, realización de estudios e investigaciones y elaboración de protocolos de actuación que faciliten la detección temprana.

También, propone un Programa Médico Obligatorio y cobertura de movilidad a personas con Certificado de Discapacidad (CUD) por enfermedad de Párkinson, con foco en el transporte aéreo gratuito para quienes requieran movilizarse para realizar cualquier tipo de tratamiento de salud debidamente acreditado.

Asimismo, cobertura de combustible para aquel paciente que cuente con transporte propio y deba trasladarse a más de 50 kilómetros de su domicilio por tratamiento, a quien se le deberá proveer el combustible necesario.

De igual manera, el proyecto de ley busca que se proporcione hospedaje por tratamiento prolongado para las personas con Parkinson que deban trasladarse para realizarse alguna operación o procedimiento, siendo extensivo para un acompañante.

Por otro lado, entre las fundamentaciones del proyecto se resalta que la misma promueve “medidas tendientes a informar, capacitar y concientizar a la sociedad argentina” y que “buscan disminuir la estigmatización y discriminación a las personas con la enfermedad de Parkinson”.

En este aspecto, en diálogo con EL CRONISTA el presidente del Grupo Parkinson Chascomús y de la RaPark mencionó: “Deseamos que salga lo antes posible porque nosotros no tenemos tiempo. En lo que se demore su tratamiento, nuestra enfermedad sigue avanzando”.

Quedará aguardar a que el proyecto de ley sea ingresado a una sesión extraordinaria u ordinaria del siguiente período legislativo de la Cámara de Diputados de la Nación, para su tratamiento y aprobación en pos de promover un abordaje integral de la enfermedad y mejorar la calidad de vida de las personas con Parkinson.

El diputado nacional Diego Santilli presentó hoy el proyecto de ley “Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil”, basado en la noción de justicia restaurativa y el respeto por los derechos humanos de los adolescentes, que contempla bajar la edad de imputabilidad en delitos violentos de 16 a 15 años.

Según información estadística oficial de la Corte Suprema de la Nación, casi el 30% de los delitos contra la propiedad, la integridad sexual y las personas son cometidos por menores de 16 años. En ese contexto, Santilli presentó un proyecto de ley que ahonda en los métodos de abordaje restaurativo a cargo de equipos interdisciplinarios, donde tiene mayor relevancia el daño sufrido por la víctima y la comunidad que la violación a la ley.

La finalidad del proyecto, que cuenta con el acompañamiento de los diputados Rogelio Frigerio, Waldo Wolff, Ricardo López Murphy, Graciela Ocaña, Álvaro González y Fernando Iglesias, está puesta en revertir, en lo posible, los efectos del delito en la sociedad. Para ello, se prevé que las personas adolescentes se hagan responsables de los actos que realizan y que reparen los daños causados.

En ese sentido, en lugar de que la única consecuencia sea la cárcel, el proyecto propone que los adolescentes deban realizar todas las medidas posibles para reparar el daño producido por el delito. Asimismo, las víctimas y la comunidad que sufrieron daños tendrán derecho a participar en todo el proceso, con márgenes amplios de acción y participación, pudiendo proponer modos de reparación.

Santilli plantea que el castigo y la reparación son parte integral de un sistema de responsabilidad penal juvenil y que, por ello, en caso de que las medidas de reparación sean incumplidas o fracasen por culpa de la persona que delinquió, las autoridades judiciales puedan disponer las penas privativas de libertad, las cuales van hasta los 10 años de prisión, con excepción de los casos de homicidio y abuso sexual agravado, en los cuales el máximo de la pena sube a 15 años, en razón de la gravedad de los delitos.

El proyecto de ley prevé que los juicios contra personas adolescentes sean realizados en el plazo máximo de dos años y, en caso de que el plazo transcurra sin que el proceso llegue a su finalización, constituirá una falta grave para las autoridades judiciales intervinientes. De esta manera, se evita la posibilidad de que las autoridades judiciales “cajoneen” expedientes, estableciendo responsabilidades claras.

En caso que la iniciativa sea aprobada, se buscará evitar la saturación del sistema penal mediante la creación de un fuero especializado de justicia penal juvenil, que descomprimirá el trabajo de los tribunales penales y permitirá llegar más rápido a la finalización de los juicios.

Además, el diputado nacional propone la desjudicialización de los procesos penales, lo que permitirá al Estado contar, como primera respuesta al delito, con diferentes medidas socioeducativas, que deberán llevarse a cabo de acuerdo al Abordaje Restaurativo, entendido como un proceso en el que todas las partes implicadas en un conflicto (ofensor, víctima y comunidad) resuelven colectivamente cómo manejar las consecuencias del delito y sus implicaciones para el futuro.

A su vez, se prevé el abordaje restaurativo de trabajo desde la interdisciplina, a fin de que las decisiones no se tomen en forma aislada, dispersa y fraccionada, sino mediante acuerdos y espacios de escucha entre diferentes perspectivas teóricas, en sintonía con lo que han establecido en los últimos años diferentes convenciones y normas internacionales en materia de derechos de adolescentes.

“El presente proyecto se inserta en una idea republicana y democrática del derecho penal, pero que tiene en cuenta las desigualdades existentes entre las personas y, por ende, que la respuesta punitiva por sí misma no es posible sin entender esas desigualdades”, expresó Santilli.

Al respecto, manifestó: “La idea de justicia restaurativa, entendida como ‘una respuesta evolucionada al crimen, que respeta la dignidad y equidad de cada persona, construye comprensión y promueve armonía social a través de la sanación de la víctima, del infractor y de la comunidad’, es la que guía el núcleo del sistema penal juvenil propuesto”.

“Siguiendo esta noción, el proyecto instaura un sistema que prioriza la realización de medidas restaurativas, por fuera del sistema judicial penal, estableciendo la excepcionalidad de las penas privativas de la libertad, y solo cuando el resto de las medidas hayan fracasado”, añadió.