“EE.UU. anunció un acuerdo ‘amplio’ con la Argentina que se perfila como el pacto económico-comercial más desigual y asimétrico firmado desde el Pacto Roca-Runciman. Un esquema 90/10, con 15 obligaciones asumidas por la Argentina y apenas 2 de EE.UU”, expresó el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco.

En ese sentido, explicó que la Argentina se sumó a la misma fila que El Salvador, Ecuador y Guatemala, que recibieron el mismo “framework” comercial, publicado el mismo día y con cláusulas casi idénticas. “Pero esos países no tienen base industrial; son economías primarias”, destacó Bianco en redes sociales, y criticó que la negociación se desarrolló sin estudios de impacto, sin participación del Congreso, sin consultas a los sectores productivos y sin intervención de las provincias.

“EE.UU. exige la liberalización de sectores que representan cerca del 70% de lo que exporta a la Argentina: medicamentos, químicos, maquinaria, tecnología, dispositivos médicos, vehículos y productos agrícolas. Es prácticamente todo su comercio estratégico hacia nuestro país”, advirtió la mano derecha de Axel Kicillof. Y cuestionó que lo que ofrece a cambio es notablemente más impreciso: apertura para “ciertos recursos naturales indisponibles” y “ciertos insumos farmacéuticos no patentados

Además de criticar la ya intervención de la nación de Donald Trump en la economía y en los procesos electorales, aseguró que el acuerdo impone cambios regulatorios para Argentina. En ese sentido, marcó la eliminación de licencias y formalidades, modificaciones en procedimientos aduaneros, aceptación de certificaciones estadounidenses y alineación con estándares externos. “El peso de la adaptación recae de un solo lado”, dijo.

También ministro de la Producción bonaerense, Augusto Costa, se mostró preocupado por lo que trascendió del convenio, del que todavía faltan detalles. “Este acuerdo pega de lleno en la provincia de Buenos Aires y se suma a la política de ajuste y de destrucción del empleo que venimos viendo. Es muy preocupante, realmente”, advirtió a Radio 10.

Costa fue muy enfático al considerar que el acuerdo que anunció el Gobierno nacional "es parte de esta estrategia ruinosa de subordinación y entrega de soberanía que viene desplegando Milei". Para el funcionario, el "alineamiento incondicional con Estados Unidos" puede perjudicar a distintos sectores como la industria. "Va a comprometer mucho la industria, el desarrollo tecnológico, la posibilidad de agregar más valor en nuestro país", remarcó.

" Es la provincia que aporta el 50% de los bienes industriales de Argentina, este acuerdo pega de lleno en la Provincia y se suma a toda esta política de ajuste y destrucción de empleo y es muy preocupante", remarcó.

Al insistir con las críticas al Gobierno, Costa advirtió que horas antes del anuncio del acuerdo el ministro de Economía, Luis Caputo, dio un discurso ante la UIA y no mencionó la palabra industria. "Más preocupante aún es que se anuncie (el acuerdo) el mismo día que el ministro se presenta ante la UIA y no menciona ni una vez la palabra industria o política industrial", dijo sobre Caputo, y agregó: "Estamos ante un gobierno que está desindustrializando la Argentina". (DIB)

Tras la jura de Diego Santilli como ministro del Interior, el Gobierno de Axel Kicillof presentó un pedido formal para reunirse con el nuevo funcionario. La idea es reclamar por el recorte de fondos que Nación dispuso desde el inicio de la gestión y el traspaso de obras, ante la paralización que se hizo en pos de alcanzar el superávit fiscal.

Así lo informó el ministro de Gobierno, Carlos Bianco en una publicación en redes sociales, donde compartió este miércoles la carta donde solicitó la reunión con Santilli con el objetivo de "reclamar los fondos que el Gobierno nacional le quitó a los bonaerenses y retomar la ejecución de las 1000 obras que dejaron abandonadas".

"Estos asuntos resultan centrales para el desarrollo y el bienestar de las y los bonaerenses, por lo cual consideramos indispensable poder mantener un intercambio directo que permita analizar su estado actual y conocer con precisión las perspectivas de resolución", dice el documento.

Si bien no hay una respuesta formal del ministro nacional a esta solicitud, días atrás Santilli, quien tras el resultado electoral volvió a posicionarse como posible candidato a gobernador en 2027, había descartado la posibilidad de mantener un encuentro con Kicillof porque, dijo, no acompaña las medidas del Gobierno nacional.

Más allá de este desplante de Nación, lo cierto es que Santilli ya venía oficiando de funcionario con reuniones con cuatro gobernadores: Ignacio Torres, Raúl Jalil, Martín Llaryora y Marcelo Orrego. Mientras que el propio Javier Milei recibió días atrás a varios mandatarios y algunos, incluso, como el pampeano Sergio Ziliotto, tampoco acompañan la idea libertaria.

En este contexto, el martes desde Florencio Varela, Kicillof hizo referencia a la falta de diálogo con Nación y volvió a reclamar por la obra pública paralizada desde diciembre de 2023. “Mientras tenemos mil obras paralizadas, el Presidente convocó a muchos gobernadores para negociar las deudas de la Nación a cambio de que apoyen leyes espantosas”, señaló.

Y teorizó sobre la no convocatoria del Presidente: “Tengo una hipótesis de por qué no fui invitado: Milei sabe que este Gobernador de la provincia de Buenos Aires no va a acompañar ninguna ley que vaya en contra de los derechos de nuestro pueblo”.

Hay al menos dos obras a cargo del Gobierno nacional con impacto en el territorio bonaerense que la gestión de Kicillof viene planteando que quiere asumir. Se trata de la finalización de la Autopista Presidente Perón y la jurisdicción de las aguas del Río de La Plata para llevar adelante el dragado del Canal Magdalena: una licitación que se había iniciado en los últimos meses de la gestión de Alberto Fernández y que quedó suspendida con la llegada de Milei.

También la Provincia tiene en agenda la deuda que reclama ya ante la Corte Suprema por el recorte de fondos. “Que nos devuelvan lo que Milei nos robó: esos casi $13 billones, que vuelvan a retomar la obra pública, que continúen con el dragado del Río Salado, que nos den la jurisdicción de la autopista Perón, que nosotros la venimos reclamando hace varios años, que nos den la jurisdicción de las aguas del río de la Plata para poder llevar adelante el dragado del canal Magdalena”, detalló Bianco el lunes en conferencia de prensa. (DIB) 

“El dinero para realizar las tareas de dragado está, lo que falta es decisión política”, señaló este lunes el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, quien le sugirió a la Rosada que utilice fondos del Fideicomiso de Infraestructura Hídrica o Aportes del Tesoro, que están subejecutados.

El funcionario explicó en conferencia de prensa que las obras en el río Salado avanzaron de forma ininterrumpida durante más de dos décadas, pero que a partir de la asunción de Javier Milei, la administración nacional paralizó los trabajos correspondientes a la etapa 2 del tramo 4. “Se descontinuó en diciembre de 2023 y se produjo una especie de embudo que impide que baje el agua como corresponde”, dijo.

En ese sentido, reconoció que hay una etapa 5 que le corresponde a la Provincia, que ya cuenta con los fondos comprometidos del un organismo internacional. Pero todo dependerá de que el Gobierno de Milei termine la parte que le corresponde y que, según dijo hace pocas horas Patricia Bullrich en la ciudad de 9 de Julio, se finalizará. “La etapa 4 fue iniciada en septiembre por el Gobierno nacional. Esperamos terminarla en un año, y la siguiente corresponde a la Provincia”, explicó.

El Gobierno provincial proyecta la finalización del Plan Maestro Integral de la cuenca del río Salado, una obra integral y emblemática que permitirá mitigar los efectos de los períodos de sequías e inundaciones en la cuenca del río Salado, abarcando a 59 municipios y alcanzará a una población de más de 1,5 millones de habitantes.

Del total de 17 millones de hectáreas de la Cuenca del Salado, 3.8 millones de has están dedicadas a la agricultura, 11,25 millones de has a la ganadería. De hecho, la cuenca concentra el 75% del stock vacuno bonaerense, lo que representa el 28% del total nacional. Y en cuanto a la agricultura, entre el 60% y el 70% de los granos que produce la provincia se generan en esta región.

En este contexto, Bianco destacó que durante la gestión de Kicillof se concretaron los mayores avances en el dragado del río Salado, e insistió en que los 33 kilómetros pendientes de la etapa actual, que le corresponden a Nación, permitirían recuperar cerca de 3 millones de hectáreas productivas hoy anegadas.

“Mientras la Provincia trabaja y asiste a los municipios afectados, la Nación no ejecuta los recursos que tiene disponibles. El dinero está, lo que falta es decisión política”, aseguró el funcionario. Y detalló las acciones que se vienen realizando ante las inundaciones: la declaración de emergencia y desastre agropecuario en más de 30 municipios, beneficios fiscales de ARBA, refuerzos del Fondo Provincial de Emergencia Climática, y asistencia directa con maquinaria, subsidios y obras viales. (DIB) 

Por Andrés Lavaselli

La confirmación de que Cristina Kirchner mantiene su intención de ser candidata a diputada provincial en las elecciones que Axel Kicillof adelantó para el 7 de septiembre es el primer dato fuerte del complejo desafío que enfrenta ahora el peronismo: ¿cómo armar listas de unidad en medio de una fractura interna? En la oposición, en cambio, la incógnita –que no se resolverá hasta que se conozca el resultado de la elección porteña- es si habrá acuerdo o no. Mientras, Javier Milei desembarca en La Plata para intentar nacional la campaña y reeditar el juego de la polarización con el expresidenta.

La posibilidad de un acuerdo de unidad en el peronismo se abrió el lunes, cuando Cristina desactivó un plan para obligar a Kicillof a aceptar la elección unificada. Pero como demostración de que las desconfianzas perduran intactas, la explicación de los motivos difiere de un campamento a otro. En el Instituto Patria dicen que “priorizó los intereses del conjunto, como hace siempre”. En La Gobernación coinciden, pero agregan que la expresidenta presenta como virtud una necesidad: el camporismo –dicen- no había podido juntar los votos necesarios para aprobar las elecciones concurrentes.

El diagnóstico de Cristina ata la elección provincial a la nacional: si el peronismo pierde el 7 de septiembre –dice- también será derrotado en 26 de octubre, cuando se elijan los diputados nacionales por la provincia. Imagina, por lo tanto, campañas cuasi unificadas, con el foco puesto en la discusión de ella con Milei. El esquema implica un protagonismo que genera desconfianzas en el kicillofismo, que advierte un relato en elaboración en el cual la expresidenta será la responsable del triunfo, si ocurre; mientras que si se imponen los libertarios, Kicillof será señalado por el desdoblamiento.

En el entorno del gobernador circula una evaluación alternativa sobre el saldo de lo que ocurrió y puede ocurrir. Coinciden en la necesidad imperiosa de derrotar a  Milei debe guiar al armado. Pero a la vez creen que, en cierto modo, Kicillof “ya triunfó”. ¿Por qué? “Axel fue sometido a una presión tremenda para que desista de su posición. No lo hizo. No se asustó y eso preserva su liderazgo”. La señal interna que implicó sostener ante los intendentes que la pedían la estrategia del desdoblamiento es una parte esencial de ese diagnóstico del Movimiento Derecho al Futuro.

La interlocución entre los tres sectores sigue en pausa: Massa habla con todos pero el diálogo Kicillof-Kirchner sigue cortado: el Patria pide un llamado de Axel en retribución al gesto de ceder de Cristina, pero en La Plata recuerdan que él la llamó hace un mes y ella lo mandó a hablar con Máximo. Es una referencia con una deriva adicional: ¿por qué Cristina reservó para sí el anuncio de tregua y no permitió que lo haga el presidente del PJ bonaerense? En La Cámpora aventan cualquier fantasma de discrepancia, pero en La Plata apuntan a otra cosa: una señal de debilidad.

Aun en ese contexto, comienzan a circular criterios y nombres. Cristina cree que es dueñla del 50% de los lugares y que MDF y el FR deben conformarse con el 25% restante cada uno. Es una posición de arranque de negociación: no está claro aún si ella será candidata nacional después de postularse en provincia, ni si Massa, que quiere que sus legisladores renueven,  será una carta para reforzar la oferta peronista en el Conurbano pese a que hasta ahora lo niega. Kicillof le baja el precio al tema: manda a decir que él solo pone en juego una legisladora y que muchos de lo que ahora integran su espacio no ingresaron a las listas por pedido suyo. “Con no enterarnos 48 horas antes de listas armadas por Máximo con Insaurralde y poder discutir antes estamos bien”, dicen en su entorno.

El miércoles será un día importante para determinar el ritmo y los modos de avance de esa discusión. Se votará en Diputados el proyecto para eliminar las PASO que la semana pasada tuvo su OK en el Senado. El clima de la previa es de “pax armada”: nadie duda que el proyecto será aprobado, pero la posibilidad de una jugada que reintroduzca tensión está latente. Ocurrió cuando se trató la cuestión en la Cámara Alta con la cuestión de las reelecciones y los plazos para los comicios, dos novedades de última hora empujadas por el camporismo, y podrían volver a ocurrir.

Todo indica que Milei protagonizará el martes un postergado desembarco en La Plata, para cerrar el “Congreso de la Libertad Bonaerense” junto a varios de sus ministros. Sumará a su hermana Karina, responsable de la organización del partido La Libertad Avanza en las provincias y al Diputado José Luis Espert, probable cabeza de la lista de diputados nacionales libertarios. Su presencia es una forma de nacionalizar la campaña: Milei busca plantarse como la contrafigura de Cristina y explotar una grieta que ya le generó buenos resultados. Su compromiso, dicen, será alto. Y su nivel de intervención.

A la vez, es un intento de superar un déficit evidente de LLA: la carencia de nombres reconocidos en los territorios. Es un punto en el que aparece la pulseada con PRO, que tiene mucho mejor desarrollo territorial, aunque una marca que, hoy, es mucho menos taquillera. No es una discusión que se produzca en el vacío: Karina viene de dar un paso en falso en Santa Fe, donde su criterio de listas puras sin acuerdos terminó en una derrota clara de los libertarios, que quedaron terceros detrás del acuerdo del gobernador Pullaro con PRO y socialistas locales y de una de las variantes del PJ.

¿La Provincia de Buenos Aires es tan distinta a Santa Fe? ¿Lo que fracasó allá puede funcionar acá? Son preguntas sin respuestas aun entre los libertarios. Pero Karina es observada por otro jugador fuerte de esa interna: el asesor todoterreno Santiago Caputo, que siempre sostuvo la necesidad de hacer acuerdos locales. En PBA Caputo respalda un armado –el partido Las Fuerzas del Cielo, que se lanzó en un recordado acto de estética filo fascista encabezado por “El Gordo Dan- que tiene roces con algunos referentes que responden a Sebastián Pareja, el delegado de la hermana presidencial.

En paralelo, la disputa con PRO no se resolverá hasta después del 18 de mayo, cuando se realicen las elecciones porteñas. Allí, Milei parece querer darle un golpe duro a Macri en su distrito de origen: no solo puso un candidato de su riñón como Manuel Adorni, sino que este acaba de decir que no es un mal salir segundo detrás de Leandro Santoro, el candidato del peronismo. Traducción: el objetivo principal es derrotar al PRO (creen que en 2027 los porteños no elegirán a alguien del perfil de Santoro como jefe de Gobierno) más que al peronismo.

El punto es que si se da ese resultado, a Macri le costará mucho más negociar un acuerdo global para la PBA y estará más expuesto a fugas individuales de dirigentes PRO hacia la boleta libertaria. Pero si ocurre lo contrario, el expresidente saldrá relativamente empoderado y la conversación final será en otros términos. (DIB) AL

Uno de los que tomó la palabra fue el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena, criticó la postura del Gobierno nacional y sostuvo: “Frente al dolor de una familia argentina aparece una especulación tan berreta y deshumanizada que duele muchísimo”.

“El Gobierno nacional abandonó todas sus obligaciones y sus funciones”, dijo en diálogo con AM 530 y afirmó: “No recuerdo un hecho de semejante gravedad en la historia reciente, un presidente que no asume ninguna de las funciones que tiene y se mete a sacar una ventajita política mientras anda por la vida estafando gente para jugar con el dolor y la tragedia de una familia argentina”.

Su par de Infraestructura, Gabriel Katopodis, no sólo calificó a Milei como “un estafador” al recordarle su participación en la fallida cripto $Libra, sino que aseguró que el Presidente respondió con lo único que sabe hacer: “Mentir, agredir y estafar haciéndole creer a la gente que él trabaja por el bien de los ciudadanos cuando sólo se preocupa por favorecer a su familia y a un puñado de millonarios. Milei no para de estafar, de mentir y de agredir”.

“Es un presidente estafador que utiliza el dolor de la gente para ganar un voto más. Se quedó con 750 mil millones de pesos que iban directamente a fortalecer el sistema de seguridad en su desesperación por que no se le caiga la bicicleta financiera que montó con Luis Caputo”, agregó en su red social X.

.@JMilei es un Presidente estafador que utiliza el dolor de la gente para ganar un voto más. Se quedó con 750 mil millones de pesos que iban directamente a fortalecer el sistema de seguridad en su desesperación por que no se le caiga la bicicleta financiera que montó con… https://t.co/MUAwTHyIrj

También salió a apoyar al gobernador en su pedido de trabajar en conjunto con Nación el Grupo de los Doce, que incluye a los intendentes Francisco Echarren (Castelli), Juan Pablo García (Dolores), Juan Manuel Álvarez (General Paz), Walter Wischinivetzky (Mar Chiquita), Sebastián Walker (Pila), Juan De Jesús (La Costa), Javier Gastón (Chascomús), Carlos Rocha (General Guido), Sebastián Iannantuony (General Alvarado), Gustavo Barrera (Villa Gesell) y Alberto Gelené (Las Flores).

 “Señor Presidente, en vez de pensar en Golpes Institucionales, acepte la invitación de Axel Kicillof. Y restituya los fondos a la Provincia”, indicaron en un comunicado en el que reclamaron además la restitución del Fondo para el Fortalecimiento Fiscal que “ilegalmente le quitó a la Provincia”.

En tanto, el intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, rechazó la posibilidad de una intervención federal de la provincia. “No creo que le dé el cuero para intervenir la provincia. Es una vergüenza. Estalla. Él está interviniendo la decisión del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Es una locura más”, dijo a Radio 10.

Mientras que Jorge Ferraresi (Avellaneda) calificó de “preocupante y antidemocrático que un presidente que le quitó $ 750 mil millones a la provincia de Buenos Aires destinados a las políticas de seguridad, hoy sugiera la intervención o pida la renuncia del gobernador”. Y agregó: “Utilizar la tragedia para hacer política es caer a la más baja de las miserias políticas de parte de quien dijo venir a terminar con la casta”.

Por su parte, el diputado nacional Daniel Gollán también fue categórico en su rechazo: “Tenemos una Argentina gobernada por un dictadorzuelo, estafador a escala mundial que se está llevando puesta la Constitución, el Congreso y el Poder Judicial con el aval del poder real y la complicidad de una oposición que lo deja hacer. La PBA no se toca”. (DIB)

Tras una serie de hechos de inseguridad que sacudieron a la zona oeste del Gran Buenos Aires, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, se reunió este lunes con su par porteño, Waldo Wolff, para avanzar en una coordinación conjunta para buscar una solución a la problemática.

La cita, que no fue muy extensa ni se tomaron decisiones de fondo, se dio a partir de un llamado de Jorge Macri a Axel Kicillof por los recurrentes ataques ocurridos en territorio bonaerense que tienen como víctimas a efectivos de la Policía de la Ciudad.

Tras la reunión en el comando de Puente 12 de la Policía Bonaerense en La Matanza, Wolff anunció que ambas partes alcanzaron un compromiso para “armar una mesa de trabajo que aborde la problemática que sufre la ciudadanía en general. Allí acercaremos propuestas que apunten a fortalecer la temática”.

En un posteo en la red social X, el funcionario de Macri agregó que el compromiso de su equipo apunta a “trabajar para resolver los problemas cotidianos que sufre la gente, sin importar territorio, color político o afiliación partidaria”.

Por su parte, Alonso, quien días previo había apuntado contra la gestión Macri, confirmó la realización de una “importante mesa de seguridad” y contó que se evaluaron “avances estratégicos en seguridad para el AMBA y nuevas medidas de seguridad a implementar”.

Horas antes del encuentro, los cruces se habían agudizado. “Tengo una buena relación con Javier Alonso, técnica, pero acá hay diferencias políticas. Hay una decisión política nuestra de sacar los piquetes, en la Provincia tienen otras decisiones políticas. Estamos separados por una avenida y no puede de un lado de la avenida un policía tener dos años de formación y del otro lado nueve meses. De un lado tener a toda policía geolocalizada, en la Ciudad y del otro no”, enumeró Wolff.

“Los límites que ponemos los políticos no son los de los delincuentes y cuando los delincuentes ven eso se aprovechan. En el mapa del delito vemos que los mayores delitos en la Ciudad se cometen en el límite con la Provincia porque entran, cometen sus delitos porque allí tienen un trato mucho más laxo”, añadió Wolff.

Frente a esto, Alonso recogió el guante y antes de la cumbre en La Matanza, respondió: “Si ellos quieren sumarse al trabajo serio, bienvenido sea. Tenemos diferencias ideológicas que tenemos con el Ministerio de Seguridad de la Nación. Sin embargo, hemos avanzado mucho en la construcción de equipos conjuntos donde compartimos inteligencia criminal, donde combatimos el narcotráfico”. “La buena predisposición para trabajar la tenemos. Ahora, para chicanas no”, acotó el ministro bonaerense a El Destape Radio.

Ya durante la tarde, después del encuentro, Alonso volvió a la carga contra la gestión de la Ciudad. “En repetidas ocasiones, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, ha intentado disimular las fallas de su gestión lavando su ropa con la provincia de Buenos Aires. Los problemas políticos internos, la inseguridad agravada por fugas de presos, y la suciedad que invade las calles porteñas se maquillan con estrategias superficiales, como si un perfume pudiera ocultar la falta de soluciones reales para los vecinos”, escribió Alonso en un extenso hilo en la red social X.

En repetidas ocasiones, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, ha intentado disimular las fallas de su gestión lavando su ropa con la Provincia de Buenos Aires. Los problemas políticos internos, la inseguridad agravada por fugas de presos, y la suciedad que invade las calles…

“Recientemente, la ministra Patricia Bullrich presentó un dato contundente: en 2024, la tasa de homicidios en el país se redujo de 4,4 a 3,8 por cada 100 mil habitantes, una caída del 13,6%. Este logro, indiscutiblemente, es producto del trabajo comprometido desde la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, Jorge Macri tergiversó cifras oficiales al afirmar que la tasa de homicidios en la provincia era de 7,5, cuando el dato correcto, según lo difundido por la ministra nacional, es 4,5. No se puede gestionar la política de seguridad mintiendo sobre la estadística criminal para sacar un rédito político”, siguió Alonso.

Siempre en el mismo posteo, Alonso continuó: “Jorge Macri ha señalado supuestos ataques sistemáticos contra la policía porteña. Si sus afirmaciones fueran ciertas, sería imperativo presentar pruebas y realizar denuncias formales que permitan investigar y actuar. Mientras eso no ocurra, queda claro que sus declaraciones buscan más rédito político que soluciones reales. Si no tiene pruebas, debería dejar de hacer política con el dolor de las familias de los policías”.

Y sobre la reunión que mantuvo con su par Wolff, Alonso escribió: “Hoy le explicamos al ministro de la Ciudad el método profesional de trabajo que implementamos con el Ministerio de Seguridad de la Nación y con las demás provincias, a través de Mesas de Coordinación donde se analiza la información delictiva y se planifican operaciones conjuntas. También le entregamos una carpeta con información detallada sobre las organizaciones delictivas y las bandas narco que operan en la provincia y que se esconden en la Ciudad, para que se comprometan en la lucha contra el crimen organizado que está detrás de los delitos que sufren todos los días porteños y bonaerenses. Desde esta perspectiva, trabajaremos en una mesa técnica para generar respuestas a los problemas de seguridad del AMBA”.

A modo de cierre, “no permitamos que nadie se arrogue el derecho de apropiarse del dolor de las víctimas. La seguridad de nuestros vecinos no puede ser una herramienta política ni un show mediático. Es un desafío que exige trabajo serio, compromiso y cooperación real entre todos los niveles de gobierno. Que no intenten arrastrarnos a un lodazal donde solo ellos salen salpicados. Nosotros seguimos enfocados en soluciones reales, en el fortalecimiento de las instituciones y en la construcción de una provincia más segura para todos”. (DIB) FD GML

En medio de cierres de fábricas como Dass en Coronel Suárez y Dánica en Lavallol, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires salió a advertir sobre la fuerte pérdida de puestos laborales que en el territorio bonaerense afectó a 54 mil personas en el primer año de la era Milei.

Según datos publicados por el ministro de Economía, Pablo López, la administración libertaria destruyó unos 54 mil puestos de trabajo registrado del sector privado en suelo bonaerense durante su primer año. Ese número, si se toma todo el país, alcanza los 130 mil.

En ese sentido, López destacó que “los sectores más golpeados continúan sin mostrar signos claros de recuperación”. Uno de ellos es el de la construcción que “opera en niveles de actividad 30% inferiores a los de 2023”.

A un año de asumir el gobierno de Milei, cerca de 130.000 argentinos y argentinas perdieron su puesto de trabajo registrado en el sector privado.De ese total, 54.000 son bonaerenses.Los sectores más golpeados continúan sin mostrar signos claros de recuperación. pic.twitter.com/cXYoxw3Lw2

Solo en este rubro se perdieron 65 mil puestos de trabajo entre noviembre de 2023 y septiembre de 2024 a nivel nacional, agregó el funcionario del Gabinete de Axel Kicillof.

La industria es otro de los sectores de la economía particularmente afectados. “Perdió cerca de 28 mil puestos formales desde que asumió el Gobierno Nacional”, dijo el ministro en medio de casos resonantes como el de Dass y Avon, que cerró una de sus sedes en San Fernando y despidió a 293 empleados. (DIB)

El Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano bonaerense lleva adelante un plan de 8.000 viviendas en los 135 municipios de la provincia. Lo hace con recursos propios y financiamiento internacional.

Con la paralización de la obra pública por parte del Estado nacional, en la provincia se abandonaron 16.000 viviendas en distintos niveles de ejecución, muchas por encima del 80%, “un crimen”, lo definió la ministra Silvina Batakis.

“El gobernador (Axel) Kicillof nos asignó la tarea de finalizar todas las obras empezadas y trabajar de forma eficiente para optimizar costos y cumplir los compromisos asumidos.  Eso es lo que hicimos durante todo este 2024 y continuaremos llevándolo adelante para garantizar el acceso a un hábitat digno a todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires”, expresó la ministra.

Mediante el Programa de créditos Buenos Aires CREA (para la reforma, refacción y ampliación de hogares), unas 5 mil familias pudieron concretar sus proyectos y mejorar su calidad de vida. A través del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), se implementaron obras y programas en 224 barrios populares y 62 municipios. Por ejemplo, La Matanza lleva adelante el plan de urbanización más grande de la historia, según consignó el ministerio.

Y mediante el Programa “Mi Escritura, Mi casa”, que se desarrolla junto al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se tramitaron escrituras gratuitas que estaban pendientes por falta de cuestiones administrativas o complicaciones legales o notariales. El ministerio puso en marcha una gestión que consiste en que luego de cancelar la totalidad del costo de la vivienda, el IVBA impulsa de oficio el levantamiento de la hipoteca que gravaba el inmueble sin que el ciudadano o ciudadana tenga que presentarse a solicitar dicha cancelación.

“El Estado provincial se encargará de que las familias obtengan su escritura libre de gravamen que le había afectado al momento de la hipoteca”, explicó Batakis. La regularización dominial “es una política fundamental dentro de la gestión de Axel Kicillof que va sumando pequeñas acciones para que sean cada vez más las y los bonaerenses que puedan obtener la seguridad jurídica de su hogar”, agregó.

Batakis renegoció créditos con organismos multilaterales de crédito a través de los cuales se implementaron proyectos de viviendas y desarrollo urbano para los distritos de San Martín y Berazategui. (DIB) GML

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, descartó que en los hospitales bonaerenses se vaya a cobrar la atención médica a las personas extranjeras.

En su cuenta de X, Kreplak aseveró que “las ‘medidas’ que anuncia el gobierno nacional carecen de conocimiento del funcionamiento del sistema y solo buscan provocar, generar odio y resentimiento”, y añadió, en referencia al encuentro del Consejo Federal de Salud (Cofesa), que preside el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones: “Estuvimos con las y los ministros de salud de todo el país y nunca se planteó una situación ni similar a la anunciada”.

Para dar cierre al tema y dejar en claro su posicionamiento, precisó: “No cuentan con la provincia de Buenos Aires, donde la atención es gratuita en todo el territorio”.

Las “medidas” que anuncia el gobierno nacional carecen de conocimiento del funcionamiento del sistema y solo buscan provocar, generar odio y resentimiento. Ayer estuvimos con las y los ministros de salud de todo el país y nunca se planteó una situación ni similar a la… https://t.co/6x9uPLrrWC

En esa línea, el ministro sumó un posteo suyo en la misma red social del mes de julio, en el que ya había planteado la postura del Gobierno provincial ante la toma de este tipo de medidas. En aquel momento indicó que solo el 0,81% de las personas internadas en centros de salud locales eran extranjeras, y cuestionó: “Las ideas vinculadas al cobro de prestaciones con la excusa de achicar el gasto público son en realidad un fuerte debate sobre la concepción sobre el derecho a la salud y el rol del Estado”.

En su argumentación, había expresado que “la crisis económica no justifica la estigmatización y exclusión“, por lo que el debate pasa por quienes “pueden o no acceder a la atención sanitaria”.

El Gobierno anunció este martes una serie de cambios en el régimen migratorio en Argentina, que repercute en el arancelamiento de las universidades nacionales y la atención en hospitales públicos para extranjeros no residentes. Lo comunicó el vocero presidencial Manuel Adorni, durante una conferencia en Casa Rosada.

El funcionario señaló que se dispondrá que las universidades nacionales “puedan cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes” y se acabará la “gratuidad médica para extranjeros tal como las conocemos hasta ahora”.

Adorni recalcó que los aranceles que se podrán cobrar a los estudiantes extranjeros no residentes representarán “una fuente de financiamiento para las casas de estudios”. “Solamente a modo de ejemplo, uno de cada tres estudiantes de medicina es extranjero”, explicó.

Más allá del anuncio, el vocero detalló que, sobre la atención médica para extranjeros, “los organismos nacionales, provinciales o municipales competentes en materia van a determinar las condiciones de acceso al sistema de salud, incluyendo la posibilidad de cobrar el servicio a los extranjeros que no residan en el país”, dando cuenta de que cada jurisdicción e institución sanitaria puede adherir o no a la medida. (DIB) ACR