El Gobierno nacional avanzó con la firma de los contratos sobre la concesión de 741 kilómetros para la explotación, administración y mantenimiento de las rutas 12, 14, 135, A015, 117 y del Puente Rosario–Victoria (RN 174). Se trata de la Etapa I de la red Federal de Concesiones, que comprende la privatización de algunas rutas del país.

De esta manera, desde este miércoles la empresa Autovía Construcciones y Servicios S.A. tomará posesión del Tramo Oriental, en adelante Autovía del Mercosur, y la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por Obring SA, Rovial SA, Edeca SA, Pitón SA y Pietroboni SA, hará lo propio en el Tramo Conexión, en adelante Conexión Alto Delta.

La primera adjudicataria gestionará las rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117, que atraviesan las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes. Asimismo, la UTE se encargará del Puente Rosario–Victoria (RN 174), que conecta Entre Ríos y Santa Fe.

La Etapa I está conformada por 741 kilómetros que forman parte del corredor del Mercosur, que facilita el comercio y la integración regional con Brasil y Uruguay y, además, conecta pasos fronterizos estratégicos e incluye el Puente Rosario–Victoria sobre el río Paraná, en cercanía con accesos a puertos y centros productivos del Gran Rosario, lo que potenciará las exportaciones y el desarrollo logístico.

Según consignó Economía en el comunicado, “el nuevo sistema no contará con ningún subsidio por parte del sector público, que hasta el momento realizaba aportes para sostener un esquema de concesión deficitario y que no brindaba beneficios reales para los usuarios”. Y los nuevos peajes serán de $3.563 en el Tramo Oriental y $3.385 en el Tramo Conexión, con cobro 100% electrónico.

Fuente: Agencia DIB

El Gobierno nacional avanza con un ambicioso plan de privatizaciones y espera poder desprenderse de más de una decena de empresas públicas durante el año próximo, con el objetivo de dar una nueva impronta al sector privado y obtener fondos que permitan robustecer las reservas.

Así lo estableció este lunes en el Decreto 921/2025, que tiene como objetivo mitigar riesgos de cortes de suministro, robustecer la red eléctrica nacional y resolver cuellos de botella estructurales que limitan el transporte de energía desde los centros de generación hacia los centros de consumo.

La decisión había sido comunicada a fines de mayo por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien dijo que la inversión de US$6600 millones sería para financiar 17 obras “prioritarias”, las cuales serán concesionadas a empresas privadas. El plan incluye la incorporación de 5610 nuevos kilómetros de líneas de transporte eléctrico.

El decreto establece que las obras de ampliación del transporte eléctrico definidas como prioritarias se llevarán adelante mediante licitaciones públicas nacionales e internacionales, bajo el marco de la Ley de Concesión de Obra. Este esquema permite que el sector privado construya, opere y mantenga la infraestructura, sin comprometer recursos fiscales directos, garantizando previsibilidad jurídica y sostenibilidad económica.

Asimismo, la norma delega en la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de la Nación la ejecución del proceso licitatorio, incluyendo la aprobación de pliegos, la convocatoria, la evaluación de ofertas y la adjudicación de los contratos, mientras que el Ministerio de Economía actuará como autoridad de aplicación y control.

Con esta medida, el Gobierno dijo que avanzará en la normalización del sector eléctrico, creando las condiciones para destrabar inversiones largamente postergadas y fortaleciendo un sistema de transporte que es clave para la seguridad energética, el desarrollo productivo y la reducción de restricciones que afectan a usuarios, industrias y regiones del país.

Muchos de esos trabajos, se informó en su momento, impactarán en la provincia de Buenos Aires. Tal es el caso del proyecto AMBA I + STATCOM Ezeiza, el AMBA II + STATCOM Rodríguez, la línea 500 kV Vivoratá – Plomer, la línea 500 kV Plomer – O´Higgins y la línea 500 kV Puerto Madryn – Choele Choel – Bahía Blanca.

Fuente: Agencia DIB 

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció este domingo que el Gobierno lanzará este lunes la licitación que dará paso a la concesión de Tecnópolis. “El predio (históricamente deficitario bajo la administración kirchnerista) pasará a funcionar bajo un esquema de inversión privada: nunca más será una carga para los bolsillos de los argentinos”, indicó el jefe de Gabinete.

Tecnópolis nació en julio de 2011 como un espacio para acercar la ciencia y la cultura a la mayor cantidad de argentinos. El inmueble de 509.759,79 m², ubicado sobre la avenida General Paz en Villa Martelli, partido de Vicente López, se encontraba ahora bajo jurisdicción de la Secretaría de Cultura, informó NA.

El Gobierno Nacional avanza con su plan de racionalización de recursos y déficit cero con el llamado a Concurso Público Nacional N° 392-0006-CPU25 para la concesión del uso y explotación del predio de Tecnópolis, en Villa Martelli. Así lo hizo saber en un documento difundido este domingo.

La concesión, con una duración inicial de 300 meses (25 años), tiene como principal objetivo que el Estado deje de financiar una de las estructuras más deficitarias de la administración, garantizando, a su vez, la continuidad de las actividades en el predio mediante inversión privada.

El comunicado oficial justifica la decisión con la supuesta crítica situación financiera del inmueble, que estaba bajo la órbita de la Secretaría de Cultura:

* Deuda Histórica: El predio acumulaba una deuda real superior a los $4.813 millones.

* Deterioro y Faltantes: Se reportó equipamiento faltante por $554 millones (con denuncia judicial en trámite) y se hacía necesario un mantenimiento permanente financiado exclusivamente por el Estado.

El Tribunal de Tasaciones de la Nación fijó un canon mensual inicial de $611 millones para la concesión, asegurando la continuidad del ingreso para el Estado.

Fuente: Agencia DIB 

El Gobierno nacional puso en marcha el proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), la empresa que controla las centrales nucleares. La decisión se oficializó con la resolución 1751, publicada este jueves en el Boletín Oficial y fijó que el pase a privados tendrá un plazo máximo de un año.

De esta manera, se implementara un “programa de propiedad participada” por el 5% del capital accionario de NASA, que quedará en manos de los trabajadores, y la venta del 44% de las acciones en bloque de la empresa mediante una licitación pública de alcance nacional e internacional, mientras que el 51% se lo quedará el Estado.

El Poder Ejecutivo estableció en la Resolución que lleva la firma del ministro de Economía, Luis Caputo, que, a fin de garantizar el proceso de privatización, la Secretaría de Energía deberá contar con la intervención previa de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”. Además, tendrá que realizar un inventario de bienes tangibles e intangibles que puedan impactar sobre la valuación de las acciones.

Por otra parte, la unidad ejecutora deberá coordinar las medidas necesarias para que la privatización de Nucleoeléctrica Argentina esté finalizada en el lapso de un año a partir de la publicación de la resolución.

La empresa Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) es la encargada de operar las tres centrales nucleares que tiene el país: Atucha I, Atucha II y Embalse. Entre todas suman una potencia instalada de 1763 MW y aportan el 7% de la energía eléctrica del país. Los accionistas de la compañía son el Ministerio de Economía (79%), la Comisión Nacional de Energía Atómica (20%) y Energía Argentina (Enarsa).

En 2024, la empresa que controla las centrales nucleares del país alcanzó un récord de generación con más de 10,4 millones de MWh netos y un factor de carga del 73,3%. De acuerdo a estimaciones preliminares de analistas del sector, podría tener una valuación total de entre US$560 millones y US$1000 millones.

A finales de septiembre, cuando el Gobierno autorizó el proceso, señaló que con este esquema el objetivo es “nivelar las reglas de juego respecto a la actividad de generación proveniente de otras fuentes”. En tanto, destacó que transferir la actividad de la empresa al sector privado resulta una “conveniencia”.

“La intervención estatal a través del desarrollo de actividades que pueden ser efectuadas por el sector privado no ha dado los resultados esperados y ha sido incapaz de brindar una solución eficiente y rentable para el Estado. Desde el inicio de la gestión, este gobierno ha impulsado una política de reducción del déficit fiscal y del sobredimensionamiento estatal, con el objetivo de mantener el equilibrio de las cuentas públicas”, indicó.

Al anunciar el proceso de privatización, el Gobierno informó que durante 2023 la empresa recibió transferencias de capital no reintegrables por parte del Estado por un valor de $700 millones (aproximadamente 2 millones de dólares a noviembre de ese año). 

Un consorcio integrado por algunas de las mayores exportadoras de granos del país, entre ellas Cargill, Bunge y Louis Dreyfus Company, está trabajando en una propuesta conjunta para la concesión del ferrocarril Belgrano Cargas, como parte del plan de privatización impulsado por el Gobierno de Javier Milei.

​La iniciativa fue confirmada por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en un comunicado, donde detalló que su presidente, Miguel Simioni, se reunió con representantes de Bunge, Louis Dreyfus Company, Cargill, ACA y Aceitera General Deheza (AGD). Estas empresas se encuentran entre las principales exportadoras de soja, y su interés en el Belgrano Cargas resalta la importancia estratégica de la infraestructura ferroviaria para el sector agropecuario, especialmente en las regiones más alejadas de los puertos.

​Un plan clave para el agro y la minería

​El ferrocarril Belgrano Cargas es considerado un activo estratégico, no solo para el transporte de la producción agrícola, sino también para el desarrollo de la minería. En las últimas semanas, empresas mineras de gran envergadura como Río Tinto han manifestado su interés en la concesión a funcionarios del Gobierno, lo que subraya el potencial de esta infraestructura para potenciar múltiples sectores productivos.

​El Gobierno avanza con la privatización de las empresas públicas, un proceso que fue habilitado por la Ley Bases. La privatización de la Operadora Ferroviaria Sociedad Anónima (SOFSA) y Belgrano Cargas y Logística (BCYL) es una de las que se encuentra más avanzada. En el caso de BCYL, el Poder Ejecutivo ha decidido avanzar con una “desintegración vertical”, lo que implica separar las actividades y bienes de cada unidad de negocio para facilitar su concesión a manos privadas.

​El ferrocarril Belgrano Cargas opera a lo largo de 7.600 kilómetros de vías en 17 provincias. Con la futura privatización, las empresas privadas recibirán la concesión de la operación, mientras que la infraestructura (rieles y terrenos) se mantendrá como propiedad del Estado Nacional. El proceso está siendo liderado por Diego Chaer, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, bajo la órbita del Ministerio de Economía.

El Gobierno Nacional activó formalmente el proceso de privatización de Intercargo S.A.U., la empresa estatal encargada del servicio de rampa y asistencia en tierra a aeronaves en los aeropuertos del país. La operación se realizará mediante la venta del 100% del paquete accionario a través de una licitación pública nacional e internacional, sin otorgamiento de preferencias ni implementación de programas de propiedad participada.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 1067/2025 del Ministerio de Economía, publicada este lunes en el Boletín Oficial, en cumplimiento de la Ley 27.742 (Ley de Bases) y en línea con los decretos 695/2024, 198/2025 y 416/2025 que regulan la desinversión estatal en empresas públicas. El texto instruye a la Secretaría de Transporte y a la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas” a coordinar todos los pasos necesarios para ejecutar la privatización dentro de un plazo máximo de ocho meses.

Intercargo es una sociedad anónima unipersonal cuyo único accionista es el Estado Nacional. Prestaba hasta noviembre de 2024 el Servicio Único de Atención en Tierra a aeronaves en exclusividad, bajo un contrato de concesión firmado originalmente mediante la resolución 7417/1990. Esa concesión deberá rescindirse por mutuo acuerdo antes de transferir las acciones al comprador.

La privatización prevé también la actualización del inventario de bienes tangibles e intangibles de la empresa, tarea que ya está en marcha. El Tribunal de Tasaciones de la Nación comunicó que no podrá realizar la valuación completa en un plazo razonable, por lo que la Agencia de Transformación deberá solicitar esa tarea a una entidad bancaria del sector público nacional.

Todo el proceso licitatorio se desarrollará a través de las plataformas oficiales CONTRAT.AR y SUBAST.AR. La Secretaría de Transporte se encargará de la documentación técnica y contractual, con la intervención previa de la Unidad Ejecutora Especial. La Subsecretaría de Transporte Aéreo, por su parte, deberá garantizar la continuidad del servicio y preservar la conectividad aérea nacional e internacional durante la transición.

La empresa había quedado en el centro de la escena a fines de 2024 tras un conflicto gremial en Aeroparque y Ezeiza que paralizó vuelos y afectó a miles de pasajeros. En medio de ese episodio, el vocero presidencial Manuel Adorni afirmó: “El fin de Intercargo tal como lo conocemos”. En esa misma conferencia, aseguró: “Ningún terrorista sindical podrá tomar de rehén nuevamente a un pasajero”.

Ese conflicto derivó en la desregulación del servicio de rampa, anunciada por el Ejecutivo en noviembre del año pasado, y en la habilitación de nuevas empresas privadas para competir en el sector. Según informó la Secretaría de Transporte, ya fueron autorizadas seis firmas: MNZS S.A., Global Protection Service S.A., Fly Seg, Air Class Cargo, Handyway Cargo S.A. y Escalum Investment S.A.

Desde el Gobierno aseguran que estas acciones “buscan mejorar la competitividad del sector, fomentando mayores inversiones en infraestructura y una oferta de servicios de mejor calidad tanto para las líneas aéreas como para los pasajeros”. Con la privatización de Intercargo en marcha y la apertura del mercado de rampa, se consolida una nueva etapa en el sistema aeroportuario argentino. (DIB)

El Gobierno de Javier Milei inició el proceso para vender las acciones que el Estado tiene en la Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica (Citelec), dueña de Transener, que es la principal empresa de transporte de electricidad del país. La operación se formalizó a través de la Resolución 1050/2025 del Ministerio de Economía publicada este viernes en el Boletín Oficial.

El Estado posee el 26,32% de Transener de manera indirecta, a través de la empresa estatal Energía Argentina (Enarsa), que a su vez es dueña del 50% de Citelec, la sociedad controlante de la transportista, junto con Pampa Energía, la empresa fundada por Marcelo Mindlin. Citelec tiene el 52,64% de las acciones clase A de Transener. El resto de la participación accionaria se reparte entre la Anses (19,57%) y el capital que cotiza en la Bolsa porteña (27,79%).

La venta de las acciones de Citelec se realizará a través de un concurso público con base, de alcance nacional e internacional, dentro de un plazo ocho meses. La resolución dice que se deberá contratar a un banco público para que haga la tasación de la compañía y la participación del Estado, que podría rondar los US$ 150 millones a US$ 200 millones. Sin embargo, con la próxima revisión de tarifas y si la macroeconomía se mantiene estable podría elevarse ese monto.

A fines de abril de este año, el Gobierno había oficializado la autorización para poner en marcha la privatización total de Enarsa en un proceso que se dará por etapas, con el desprendimiento de cada una de las 15 unidades de negocio. El primer paso fue la venta de las acciones de la empresa estatal en Citelec, controlante de Transener, que opera una red nacional que incluye cerca de 12.400 kilómetros de líneas de transmisión eléctrica en 500 kilovoltios (kV, Extra Alta Tensión) y 132 kV (Alta Tensión).

La concesión de Transener comenzó en 1993. Desde entonces, en 20 de los últimos 33 años el sector convivió con situaciones de emergencia económica, lo que derivó en una fuerte restricción de inversiones y en una baja rentabilidad.

El ex presidente Mauricio Macri y su ex ministro de Energía y Minería Juan José Aranguren habían querido privatizar Transener entre fines de 2017 y principios de 2018, pero los aliados radicales en Juntos por el Cambio los obligaron a olvidarse de esa intención. Poco después se derrumbaron las acciones y esa idea quedó trunca. (DIB)

El Gobierno nacional anunció este viernes el inicio del proceso de privatización de Aguas y Saneamientos Argentinos S.A (AySA), que brinda servicios de agua y cloacas para la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense. Así lo confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien dijo que se transferirán el 90% de las acciones que tiene el Estado en la empresa a capitales privados.

“El Gobierno nacional tomó la decisión de iniciar el proceso de privatización de AySA”, anunció Adorni durante su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada.

Según indicó el portavoz, detalló: “Se incorporará capital privado mediante la transferencia del 90% de las acciones de la empresa, actualmente en manos del Estado, a través de un esquema mixto que combina una licitación pública nacional e internacional para seleccionar un operador estratégico y una oferta pública inicial para abrir el capital de la empresa a otros inversores”.

“En la propuesta se incluye la permanencia de los empleados como accionistas de AySA dentro del Programa de Propiedad Participada actualmente vigente, el cual representa el 10% del capital social de la empresa”, puntualizó.

Por otro lado, el vocero presidencial apuntó contra las gestiones anteriores de la empresa. “Desde su reestatización en 2006, AySA requirió aportes del Tesoro permanentes totalizando más de US$13.400 millones hasta 2023. En este sentido, indicadores claves muestran que hubo un fuerte deterioro en la infraestructura y en los costos operativos. La dotación creció un 90% durante la gestión estatal y el nivel de morosidad de los usuarios alcanzo el 16% cuando supo ser del 4% en promedio”, enumeró Adorni al mencionar las razones de la decisión de la administración libertaria.

En ese marco, el portavoz destacó que cuando Milei llegó a la Casa Rosada “se encontró con que se habían gastado más de US$4800 millones en la última gestión de gobierno” de Alberto Fernández y apuntó: “Con todo este presupuesto, la empresa funcionó como plataforma de campaña”.

En tanto, Adorni aclaró que “todo este proceso de privatización se inicia a partir de hoy, será regulado por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y ajustado a los más altos estándares nacionales e internacionales para garantizar la transferencia del mismo”. Y cerró: “La privatización de la empresa permitirá modernizar el sector y mejorar el precio y la calidad del servicio. Es el paso más importante en el camino para la irremediable privatización de AySA”. (DIB)

Antes de viajar a los Estados Unidos para reunirse con Elon Musk y el FMI, el presidente Javier Milei firmó el decreto 116/2025 que transforma al Banco Nación en una sociedad anónima. El Estado mantendrá la titularidad del 99,9% del capital social y el 0,1% restante será propiedad de la Fundación Banco de la Nación Argentina.

Así lo anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, en redes sociales, en un mensaje que completó con la frase “Dios bendiga a la República Argentina” y su tradicional “Fin”.

El Gobierno había incluido al Banco Nación en el listado de empresas a privatizar, pero finalmente la entidad fue excluida por el Congreso.

Según se indicó en su momento desde el Nación, la transformación en sociedad anónima es “imprescindible” para que la entidad “continúe aumentando los préstamos a favor de las PyMEs y las familias”.

“Para sostener ese crecimiento, la institución necesitará ampliar su fondeo, lo que podrá hacer abriendo su capital, para lo cual es esencial que se convierta en Sociedad Anónima y que tenga la aprobación del Congreso”, señalaron desde el banco.

Entre los considerandos del decreto, se menciona que el Gobierno nacional “ha iniciado un proceso de evaluación de la eficiencia organizacional de las estructuras de los distintos órganos y organismos que conforman la Administración central y descentralizada”.

Así, en el decreto 70/2023, el conocido como Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina, “se dispuso que las sociedades o empresas con participación estatal se transformarán en sociedades anónimas y se ajustarán a lo dispuesto en la Ley General de Sociedades”.

Continúan: “Que con fundamento en el citado decreto se procedió a transformar en sociedad anónima a numerosas empresas y sociedades del Estado para mejorar la gestión, transparencia y el gobierno corporativo de las mismas”.

Se argumenta que “el actual régimen de entidad autárquica limita la capacidad del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA para competir en igualdad de condiciones con otras entidades del sector financiero”. Y, por lo tanto, “la transformación del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA en sociedad anónima contribuirá a modernizar su estructura jurídica y operativa, permitiendo una mayor flexibilidad en su gestión y adaptación a las mejores prácticas del mercado financiero, incorporando mecanismos de gobierno corporativo más ágiles y eficientes y una administración más profesionalizada y alineada con estándares internacionales de transparencia, eficiencia y control”.

Además, “la transformación permitirá optimizar la asignación de recursos, fortalecer su posición en el mercado y potenciar su capacidad de financiamiento, en beneficio de sus clientes y del desarrollo económico en general”.

De esta manera, “los accionistas del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA (BNA S.A.) serán el ESTADO NACIONAL, quien mantendrá la titularidad del NOVENTA Y NUEVE COMA NUEVE POR CIENTO (99,9 %) del capital social y que ejercerá todos sus derechos a través del MINISTERIO DE ECONOMÍA, y la FUNDACIÓN BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, quien mantendrá la titularidad del CERO COMA UNO POR CIENTO (0,1 %) del capital social”.

Además, en el decreto se remarca que el capital social del BNA S.A. “se prevé en la suma de PESOS UN BILLÓN SEISCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL ($1.602.274.965.000), el cual deberá ser suscripto e integrado en su totalidad, debiendo constar ello en su Acta de Constitución”.

Como informa la entidad en su sitio web, el Banco de la Nación Argentina fue fundado en 1891 por iniciativa del presidente Carlos Pellegrini “como un medio para resolver los embates de una devastadora crisis económica que afectaba, en especial, al sistema bancario existente en ese momento”.

“De capital enteramente estatal, en pocos años abarcó en su giro a toda la geografía nacional y se convirtió en el mayor banco comercial argentino”, se destaca. (DIB) MM

El Gobierno de Javier Milei avanzará en la privatización de la concesión de las rutas que administra Corredores Viales Sociedad Anónima, como paso previo a la eliminación de la empresa estatal que administra parte de los principales caminos de Argentina. Se trata de unos 6.000 kilómetros en todo el país, que incluyen sectores de las rutas 3, 5, 7, 8 y 9, entre otras, y las autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas. Según se informó, la intención es que las nuevas concesionarias ingresen bajo un modelo de obra pública por peajes para la que se convocarán en las próximas semanas a audiencias públicas.

“Subían los peajes mientras las rutas se caían a pedazos”, apuntó el vocero presidencial, Manuel Adorni, al comunicar la decisión en conferencia de prensa.

“A partir de este modelo se va a promover el desarrollo de obras de infraestructura a través de la participación del sector privado, que se va a encargar de ejecutar las obras y gestiones necesarias a su propia cuenta y riesgo, a cambio del derecho de exigir el cobro de un peaje a los usuarios”, comunicó el portavoz.

Corredores Viales cobra peajes, pero el Gobierno apunta a que el atraso tarifario explica el estado de los caminos y definirá los que podrán fijar las nuevas concesionarias, que deberán ejecutar obras de mejora.

“A modo de repaso, en el comienzo de la gestión, el 45% de la totalidad de la traza que operaba Corredores Viales estaba en un estado malo o crítico, los contratos de obra estaban paralizados y el atraso tarifario era de un 45% en relación a la tarifa técnica”, detalló el vocero presidencial.

Corredores Viales registró en 2023 un resultado económico negativo con una deuda con proveedores de $ 142.000 millones y pérdidas acumuladas por $ 268.000 millones, según datos oficiales. Fue asistida por el Tesoro Nacional por $ 301.000 millones de pesos.

El Gobierno puso a cargo de este proceso a la Dirección Nacional de Vialidad de la Secretaría de Transporte de la Nación, en donde lanzaron el programa Red Federal de Concesiones para licitar 9.145 kilómetros distribuidos en trece tramos que representan el 20% de la red vial nacional pero concentran el 80% del tránsito.

Vialidad Nacional convocó para finales de febrero a una audiencia pública para la licitación de lo que se conoce como la Ruta del Mercosur, por unos 670 kilómetros de extensión que durante los últimos 30 años fue operada por la empresa privada CRUSA. Con el anuncio de este viernes se dio inicio al proceso para adjudicar un total de 8.470 kilómetros de rutas entre las que gestiona Corredores Viales, sumando otras que hasta ahora no estaban concesionadas, como la RN 33 en Santa Fe, la RN 18 en Entre Ríos, y la variante de la RN 19 en Córdoba. Esta etapa estará dividida en once tramos.

Corredores Viales S.A., por su parte, se encuentra a cargo de 10 tramos de autovías que suman casi 6.000 kilómetros de extensión en las provincias de Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco, Buenos Aires, Corrientes, Misiones, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, y el Acceso Riccheri a la Ciudad de Buenos Aires. (DIB) MM

El Gobierno de Javier Milei formalizó su decisión de privatizar las rutas nacionales. A través del decreto 28/2025, firmado por el ministro Luis Caputo, se estableció que sean licitados más de 700 kilómetros de seis rutas que son parte del corredor vial 18, actualmente en manos de Caminos del Río Uruguay.

“Con el fin de reducir el gasto público resulta conveniente delegar en el sector privado la conservación y el mantenimiento de tramos de rutas nacionales cuya gestión se encuentra actualmente a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad”, argumenta el texto que se publicó este miércoles en el Boletín Oficial.

Se trata de segmentos del corredor vial 18, actualmente a cargo de Caminos del Río Uruguay (Crusa). Precisamente, estarán sujetos a concesión las rutas 12 (desde Zárate a Ceibas y desde Ceibas hasta Gualeguay), 14 (desde Ceibas hasta Paso de los Libres), 135 (de Colón a General Artigas), A-015 (de Concordia a Represa Salto Grande), 117 (de Paso de los Libres a Agustín P. Justo y de Agustín P. Justo al límite internacional entre la Argentina y Brasil), y la 174 (de Rosario a Victoria).

Además, en el texto oficial se aclaró que la medida permite “garantizar la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento y prestación de servicios al usuario de todos los Tramos de la Red Vial Nacional detallados” junto con “la realización de nuevas explotaciones complementarias o colaterales que permitan obtener ingresos adicionales”. 

En relación a las rutas seleccionadas para comenzar el proceso de privatización de la red vial nacional, el documento oficial recordó que “el corredor vial 18 es de suma importancia, no solo para la región del Litoral argentino sino para todo el Mercosur, al conectar tres de las cuatro naciones miembros de ese organismo intergubernamental por vía terrestre, además de incluir en su traza la conexión a la Represa Binacional Salto Grande”. (DIB)

El Gobierno nacional autorizó la venta de las acciones de la empresa siderúrgica IMPSA S.A a la compañía de capitales estadounidenses ARC Energy.

“La Comisión Evaluadora de las ofertas para la venta de Impsa – integrada por el Fondep del Ministerio de Economía, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas y la provincia de Mendoza – resolvió recomendar la preadjudicación de las acciones de la compañía en poder del Estado nacional y provincial al consorcio IAF cuyo socio principal es Arc Energy”, indicó la Secretaría de Comercio en un comunicado de prensa.

El parte oficial señala que “IAF ofertó US$ 27 millones en concepto de aporte de capital sujeto a un cronograma de integración de acuerdo a las necesidades de la empresa y solicitó un plazo hasta el 31 de enero para obtener el refinanciamiento de la deuda que guarda con los acreedores de Impsa, que alcanza la cifra de US$ 576 millones”.

La oferta aprobada fue la única presentada luego de un largo proceso para lograr la privatización de la empresa.

La secretaría de Comercio detalló que “el capital de IMPSA, empresa fundada en 1907, se integra con tres tipos de acciones: las clase A, en manos de la familia Pescarmona con un 5,3%; las clase B, en manos de los acreedores con un 9,8%; a través de sendos fideicomisos de garantía, y las acciones clase C, que pertenecen al FONDEP en un 63,7% y el 21,2% restante a la provincia de Mendoza”.

“La decisión de desprenderse de las acciones en poder del sector público se encuentra alineada con el objetivo de déficit cero del Gobierno nacional y la no asignación de recursos federales a empresas privadas, abriendo así la posibilidad de que la empresa continúe la actividad de forma saneada en un marco de economía de mercado. La provincia de Mendoza, manifestó su voluntad explícita de acompañar la decisión del gobierno federal”, aseguró el parte oficial.

ARC Energy difundió en julio pasado un comunicado en el que oficializó su “interés en adquirir y capitalizar Impsa”. “Se trata de una compañía estadounidense basada en Houston que capitalizará la empresa a través de un fondo de inversión americano especializado en energía”, se presentó ARC. “El objetivo es reestructurar la deuda actual de Impsa, generar nuevos negocios y volver a instalarla como protagonista del sector energético mundial.”

ARC se define como “empresa líder a nivel mundial en la fabricación y comercialización de plantas y equipamientos en la industria del petróleo y el gas”.

“La capitalización propuesta por ARC Energy estará destinada a capital de trabajo y serán canalizados por el fondo de inversión americano, IAF, el cual se especializa en temas de energía y está integrado por referentes de dicha industria. ARC junto a IAF fue manteniendo contactos con el gobierno nacional y provincial previo al envío de la propuesta formal para conocer el estado de la empresa, situación de los proyectos en ejecución y la capacidad productiva del centro de desarrollo tecnológico con el que cuenta Impsa en Mendoza”, informó ARC.

Jason Arcenaux, CEO de ARC Energy y socio y fundador de IAF, afirmó que “Impsa es una empresa con una historia única en el mundo y referente en América Latina, que cuenta con un capital humano de altísima formación y con una tecnología propia para equipos de generación hidroeléctrica y con certificaciones para el diseño y fabricación de componentes nucleares que la puede convertir en un actor protagónico del sector energético mundial”. “En la recorrida que hicimos en el centro de desarrollo tecnológico de Mendoza pudimos observar el potencial de la empresa para crecer en el mercado y llevar alianzas estratégicas con compañías referentes de la industria de todo el mundo” agregó Arcenaux.

IMPSA se dedica a la fabricación de equipos tales como turbinas, grúas, reactores abasteciendo a los sectores de metalurgia, de generación de energía y tecnología.

IMPSA realiza trabajos en el país para la represa Yacyretá, YPF, otras petroleras que operan en Vaca Muerta, así como grandes compañías a nivel local e internacional, y emplea a unos 720 trabajadores. De acuerdo con lo que plantean desde el Ministerio de Economía, la empresa es deficitaria y arrastra una deuda de US$566 millones.

La metalúrgica, que tiene un siglo de historia, llegó en su apogeo a exportar tecnología a decenas de países, pero actualmente se encuentra muy endeudada.

Una de las principales razones de su endeudamiento es que Venezuela nunca le pagó una deuda que ronda los US$ 300 millones.

Para ARC Energy, IMPSA es clave porque produce tecnología y equipamiento de generación hidroeléctrica, y hasta componentes nucleares.

(DIB)

El Gobierno nacional anunció hoy la privatización del Ferrocarril Belgrano Cargas, en el marco de una conferencia de prensa encabezada por el vocero presidencial Manuel Adorni.

“Producto de la Ley Bases se procederá a privatizar la empresa estatal Belgrano Cargas y Logística S.A. en lo que será la primera privatización de una empresa ferroviaria desde que asumió la administración de Javier Milei”, dijo el funcionario nacional.

Según Adorni, en 2024 “el Estado puso 112 millones de dólares en esta empresa” con “dinero que salió de cada uno de nosotros, de todos los argentinos”.

“Para dimensionar el deficiente estado del sistema ferroviario argentino de cargas, la distancia media transportada hoy es de 500 kilómetros y es exactamente la misma distancia media que se transportaba hace 50 años en la República Argentina”, aseguró.

Según comunicaron desde el Gobierno, el Belgrano Cargas opera 7.600 kilómetros de vías que ahora serán concesionadas a manos privadas, aunque los rieles y las tierras se mantendrán como propiedad del Estado Nacional.

La privatización será llevada adelante por el titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (dependiente del Ministerio de Economía), Diego Chaher.

El Gobierno sostiene que la empresa “en manos estatales es obscenamente deficitaria y posee una planta sobredimensionada de 4.429 personas, además de una estructura jerárquica elevada no acorde a sus funciones”. (DIB) MT

La empresa norteamericana Arc Energy confirmó que presentó una primera oferta para quedarse con Impsa. Esto sucedió minutos después de que el Gobierno difundiera la firma de una carta de intención para ceder el control de la emblemática firma fundada por la familia Pescarmona.

Un comunicado oficial del Ministerio de Economía indica que comenzó “el proceso de cesión de acciones y capitalización” de la firma.

Arc Energy asegura que su objetivo es “reestructurar la deuda actual de Impsa, generar nuevos negocios y volver a instalarla como protagonista del sector energético mundial”.

A su vez, desde la compañía basada en Houston explicaron que aún no hicieron público el monto de su oferta por “un convenio de confidencialidad”.

Actualmente, el Estado posee el 63,7% de las acciones de Impsa, la provincia de Mendoza, 21,2% y el 15,1% restante se divide entre privados. Según cifras oficiales, la compañía tiene una deuda con bonistas internacionales equivalente a US$500 millones y, tal como explicaron desde un despacho del Gobierno, esto motivó que el Estado busque correrse de la compañía.

“El proceso se inició formalmente con una primera propuesta de capitalización presentada por un fondo de inversión norteamericano”, explicó el Ministerio de Economía. Dicha etapa se prolongará durante 30 días, en un período denominado de “Debida Diligencia, que estará abierto a la intención de otros posibles interesados.”

El 10 de agosto se publicará en Boletín Oficial la oferta recibida y “se iniciará el plazo de mejoramiento de oferta”, que se extenderá otros 60 días. Si al cabo de ese período nadie supera la alternativa original, entonces comenzaría el proceso formal de capitalización de Impsa.

En una conferencia de prensa, el secretario de Planeamiento, Juan Pazo, expresó que a partir de la puesta en marcha del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) “muchas inversiones en sectores como el hidroeléctrico o minero pueden hacer que esta compañía se ponga en valor. Desde nuestro lado, lo más importante es garantizar la continuidad de la empresa”. (DIB)

Se trata de vecinos que defienden el sentido de pertenencia hacia un club social con un fuerte arraigo. Se niegan a darse por vencidos a pesar de la severa crisis edilicia e institucional que atraviesa la institución.

Según consigna El Civismo, entre los convocados se encontraban vecinos que pasaron gran parte de su tiempo en el club cuando eran jóvenes, profesores que dictaron clases y personas que participaban de las propuestas y actividades deportivas que desde la actual comisión directiva decidieron interrumpir.

De forma simbólica, los convocados llevaron a cabo un abrazo al club y manifestaron con aplausos y bocinazos su resistencia a entregar la gestión y el control de la institución a manos de la cadena de gimnasios SportClub.

“Pedimos tener acceso al acuerdo que impulsan y a todos los detalles”, manifestó un grupo de socios y socias que dialogó con EL CIVISMO. “Es todo muy oscuro. Cuando uno pide información se encuentra con una postura muy agresiva por parte de la presidenta (María Teresa Gazzotti)”, dijeron.

“Yo le solicité a la presidenta si por favor podían presentar el padrón actualizado de socios activos y me respondió de mala manera, es muy difícil poder dialogar”, sostuvo un joven que participó del abrazo.

En términos generales los socios expusieron que no cuentan con información fehaciente y confiable como por ejemplo el estado de las finanzas del club, los ingresos que se generan, los gastos, el déficit, los acuerdos con los espacios y actividades que se encuentran en concesión, los presupuestos solicitados para llevar a cabo reformas y arreglos, entre otros aspectos.

Votación irregular

Por otro lado, los convocados también objetaron la validez de la votación que se llevó a cabo en la asamblea: “La votación fue irregular. Se supone que debían alcanzarse los dos tercios y no llegaron a ese número. Además la presidenta no puede votar, sólo tiene esa atribución en caso de empate. Y votaron socios que tienen conflicto de intereses ya que tienen las concesiones actuales”. (Video)

Poco claro

Tampoco quedó claro en la asamblea cuál sería el supuesto canon que pagaría SportClub por el usufructo del edificio, qué reformas o arreglos deberá llevar a cabo y el tiempo por el cual se prolongaría. “Primero dijeron que serían 800 mil pesos por mes y el arreglo del techo. Pero después terminó diciendo (Gazzotti) que sería un porcentaje neto de las ganancias”, expusieron.

Dudas

Finalmente, otro socio expresó sus dudas respecto a los titulares del emprendimiento: “¿SportClub es una franquicia? Porque si es así queremos conocer quién adquirió esa franquicia y se está beneficiando con esta concesión”. (InfoGEI)Ac

El gobierno de Javier Milei buscará privatizar unas 41 empresas estatales entre las que se encuentran el YPF, el Banco Nación, Aerolíneas Argentinas, la Televisión Pública y otras vinculadas a recursos estratégicos como puertos, trenes y el manejo de la energía nuclear.

El megaproyecto de ley presentado por Milei (“Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos”) contiene un capítulo específico sobre la “Privatización de empresas públicas”.

La ley ómnibus busca declarar “sujeta a privatización” a unas 41 empresas estatales (detalladas en un anexo), para lo que se deberá cumplir “con el proceso establecido en el artículo 9° de la Ley 23.696”. Esa normativa señala que “la declaración de ‘sujeta a privatización’ será hecha por el Poder Ejecutivo Nacional, debiendo, en todos los casos, ser aprobada por ley del Congreso”.

Entre las empresas que busca privatizar el Gobierno nacional están la petrolera YPF, el Banco Nación, Aerolíneas Argentinas, la satelital Arsat, la aeroespacial VENG, el Correo Argentino, Corredores Viales, Ferrocarriles Argentinos, la Administración de Infraestructuras Ferroviarias, la Operadora Ferroviaria y el Belgrano Cargas.

Milei también busca que pasen a manos privadas la empresa de energía nuclear Nucleoelectrica que maneja los servicios de las centrales nucleares de Embalse y Atucha I y II; y Energía Argentina, encargada del sector petrolero y energético del país. La iniciativa incluye además la privatización de Yacimientos Carboníferos y Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio.

Algunas curiosidades a medida que vamos viendo. 1)Lista de empresas posibles de privatización en un anexo.2)Pide ratificación del #DNU @radiomitre ⬇️ https://t.co/BT1tsKC2ot pic.twitter.com/87NyxzRdRE

Además, el Gobierno busca vender el paquete de Radio y Televisión Argentina que incluye la Televisión Pública, el Canal 12 de Trenque Lauquen y Radio Nacional. También, Contenidos Públicos (Encuentro, Paka Paka y Depor TV), la agencia de noticias estatal Télam y las radios de las universidades del Litoral y de Córdoba.

Por otro lado, el Gobierno libertario intentará privatizar Fabricaciones Militares (empresa que cuenta con una sede en Azul que fue reabierta en los últimos años luego de que el gobierno de Mauricio Macri la cerrara) y la Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín” de Córdoba. (DIB) MT

En medio de la polémica por el boleto sin subsidios en las tarifas de transporte público, el candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, aseguró que en caso de llegar al poder buscará privatizar el servicio de trenes.

“No podemos seguir con estos niveles de déficit. Y la realidad es que es un oxímoron tener un Estado empresario porque no cumple el rol de un empresario. Debería correrse el Estado del medio. Cuando lo hace el sector privado, lo hace mucho mejor”, sentenció el líder de La Libertad Avanza en declaraciones a A24.

Así, Milei fue consultado por si el funcionamiento de los trenes debería dejar de ser público, y aseveró: “Sí, absolutamente. De hecho cuando teníamos el mejor sistema ferroviario del mundo era inglés”. Dijo en concreto que, en caso de acceder a la Casa Rosada, privatizaría el servicio de trenes, operado ahora por la empresa Trenes Argentinos, una sociedad del Estado.

De esta manera, el libertario pareció reflotar la política del ex presidente Carlos Menem en los años ’90, con esa idea que implementó de “ramal que para, ramal que cierra”. Con ello, cientos de localidades del interior del país quedaron totalmente aisladas por quedarse sin el servicio de trenes. (DIB)