Tras arduas negociaciones con la oposición dialoguista, que logró cambiar varios artículos, Milei finalmente obtuvo el nuevo paquete de leyes “fundamental”, según su criterio, para llevar adelante las transformaciones que quiere para la Argentina. La reglamentación se produce en la previa a la firma del Pacto de Mayo en la que el Gobierno buscará lograr el compromiso de distintos sectores, dirigentes y gobernadores sobre diez puntos relacionados a su plan económico, social y político.

En tanto, con la ley Bases Milei logró tener el visto bueno para avanzar en cambios profundos cambios en prácticamente todas las áreas de la vida cotidiana: relaciones laborales, empleo, obras públicas, entre otras.

En ese sentido, en el artículo 1° de la Ley Bases se declara “la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un (1) año” y se delegan “en el Poder Ejecutivo nacional las facultades dispuestas vinculadas a materias determinadas de administración y de emergencia”, uno de los puntos que más controversia generó.

Las obras públicas financiadas por el Estado que superen los $10.000 millones serán canceladas salvo aquellas con avance de ejecución del 80% o más, o que posean financiamiento internacional, afectando infraestructuras como rutas, hospitales y escuelas.

Impacto laboralLa ley bases tiene además impacto en el mundo laboral de los empleados de organismos del Estado, quienes quedan sujetos a reestructuración y podrán ser puestos en disponibilidad por un máximo de un año. Durante este período, recibirán capacitación o se les asignarán tareas en servicios tercerizados. Si no son reasignados en este plazo, serán desvinculados con una indemnización basada en su mejor salario mensual y su antigüedad.

No serán afectados los empleados que sean delegados sindicales con mandato vigente o que estén de licencia por motivos como enfermedad, accidente, embarazo o matrimonio. Una vez vencida la licencia, podrían ser puestos en disponibilidad.

Además, se prohíben durante el horario laboral actividades vinculadas a campañas electorales y partidistas, y a partir del cumplimiento de los requisitos de jubilación, los empleados podrían ser exhortados a iniciar los trámites previsionales.

Dentro de la Ley Bases se establece que el derecho a huelga no podrá ser tomado como un elemento causal de despido, aunque sí se podrá descontar el día a aquellos empleados que paren.

En tanto, uno de los cambios más sustanciosos que introduce la ley está dado por las relaciones laborales entre privados: se introduce un período de prueba de seis meses para nuevos empleados, ampliable a ocho meses o un año dependiendo del tamaño de la empresa. Mientras que participar en bloqueos o tomas de la empresa será considerado como injuria laboral grave y justificación para el despido.

También se plantea un fondo de cese laboral como alternativa a las indemnizaciones, financiado con un aporte mensual del empleador que no supere el 8% del salario. Se trata de un sistema similar al que utiliza la UOCRA y que, para aplicarse, deberá ser acordado a través del convenio colectivo de trabajo. Además, se establecerán indemnizaciones agravadas en casos de despido por discriminación.

Para el caso de los trabajadores independientes o monotributistas, podrá contratar a otros tres trabajadores independientes para llevar adelante un emprendimiento productivo.

El polémico RIGIEl Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que también concentró varias críticas, está destinado a fomentar grandes inversiones con grandes exenciones impositivas.

Para calificar, las compañías deben realizar una inversión mínima de 200 millones de dólares. Las reglas del régimen permiten a los inversores recaudar un porcentaje de las exportaciones dos años después del inicio de la inversión: el 20% en el segundo año, el 40% en el tercer año, y el 100% a partir del cuarto año.

Modificaciones en Ganancias y Bienes PersonalesEl paquete fiscal establece una reversión del impuesto a las Ganancias que había establecido el entonces ministro de Economía Sergio Massa durante la última parte del año pasado, cuando era el candidato presidencial de Unión por la Patria.

A partir de ahora, el mínimo no imponible será de $1.800.000 brutos para los solteros y de $2.200.000 para los casados con hijos. Así, con alícuotas que van del 5% al 35%, volverán a pagar este tributo alrededor de 800.000 trabajadores que habían sido eximidos el año pasado. Se podrán deducir del impuesto gastos por alquiler y servicios médicos. La actualización del mínimo no imponible se hará de forma trimestral durante este año, en septiembre, y luego de forma semestral a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En el caso del impuesto a los Bienes Personales, el mínimo no imponible se elevará, eximiendo a quienes posean bienes por debajo de los $100 millones. Las alícuotas disminuirán a un rango entre 0,5% y 1,5%. Además, un régimen especial permitirá adelantar el pago del tributo de cinco ejercicios a una tasa preferencial.

En cuanto a los monotributistas, sus escalas y montos de facturación se incrementarán hasta un 400% desde julio. Las cuotas a pagar subirán en la misma proporción, actualizándose semestralmente según el índice de precios al consumidor. Así, la categoría más baja (A) podrá facturar hasta $6.450.000 anuales -actualmente era de $2,1 millones-, y el monto máximo de facturación para la categoría más alta (K) será de $68 millones.

Por otro lado, se establece un aumento en los importes que pagan mensualmente los monotributistas en concepto del impuesto integrado y de los aportes al régimen jubilatorio y a la obra social. Sumando todos los parámetros, las cuotas a pagar van desde $26.600 (categoría A) hasta $280.734 (categoría H). Hasta ahora, los montos iban de $12.128 a $66.111. (DIB)

El Gobierno de Javier Milei consiguió en la madrugada de este viernes su primer gran logro legislativo: la Cámara de Diputados aprobó las primeras dos leyes desde que asumió en diciembre. Se trata de la postergada Ley de Bases, y el paquete fiscal que le sirve para consolidar la meta de equilibrio en las cuentas públicas. 

Para la Ley Bases, el oficialismo y sus socios de bloques dialoguistas aceptaron todos los cambios aplicados por el Senado, cosechando 147 votos positivos, 107 negativos y dos abstenciones.

Quedaron afuera del paquete de empresas declaradas sujetas a privatización Aerolíneas Argentinas, el Correo y los medios públicos, pero el Gobierno ya avisó que volverá a la carga más adelante con leyes específicas para privatizar las empresas públicas que quedaron afuera.

A pesar de eso, el primer éxito legislativo de Milei incluyó varios puntos considerados centrales para la Casa Rosada, como las facultades delegadas, algunas privatizaciones, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, la reversión del Impuesto a las Ganancias, la suba del piso de Bienes Personales y el blanqueo de capitales.

En concreto, la Ley Bases se aprobó con 147 votos a favor y 107 en contra del peronismo, la izquierda, el socialismo y Natalia de la Sota. Asimismo, Ganancias obtuvo 136 votos afirmativos -116 en contra- y la reforma de Bienes Personales, 134 votos positivos -118 negativos-.

Para asegurarse la aprobación de la Ley Bases el oficialismo había desistido de incluir en la lista de empresas que se pueden privatizar a Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina. Lo mismo ocurrió con la eliminación de la moratoria previsional y la creación de la Prestación de Retiro Proporcional, destinada a los trabajadores que tienen algunos aportes pero no llegan al mínimo de 30 años. 

Por otro lado, los libertarios aceptaron los cambios al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones y al blanqueo de capitales que hizo el Senado. 

Restitución del impuesto a las Ganancias

En lo que respecta a la reversión del impuesto a las Ganancias, se aprobó con 136 votos a favor, cuatro más de los conseguidos en abril, y 116 en contra que también sumó tres votos, y como se especulaba los diputados de Unión por la Patria por Catamarca dieron su apoyo a la restitución de la cuarta categoría.

La reversión de Ganancias había sido aprobado por Diputados pero luego el Senado lo rechazó por la presión de los gobernadores patagónicos, que buscaban evitar que el tributo alcance gran parte de los trabajadores de su provincia debido a que tienen sueldos altos por el régimen de las zonas desfavorables y por el tipo de actividades que realizan (por ejemplo, los petroleros y los trabajadores de los puertos).

La aprobación de la versión de Diputados llevará el mínimo no imponible de Ganancias quedaría en $1.800.000 brutos para los solteros y a $2.200.000 para los casados con hijos. Así, volverían a pagar este tributo alrededor de 800.000 trabajadores con alícuotas que van del 5% al 35%. En tanto, la actualización del mínimo se haría de forma trimestral durante este año, en septiembre, y luego de forma semestral a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC). (DIB)

Su debate inició a las 3 de la madrugada de este jueves con el anuncio del dictamen de mayoría por parte del senador oficialista Ezequiel Atauche (Jujuy), miembro informante de La Libertad Avanza y titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda.

A diferencia de la ley de Bases, que ya obtuvo la luz verde antes, la mayoría en favor del proyecto en general fue con el apoyo del senador Martín Lousteau (CABA). Los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano votaron de manera negativa y se plegaron a los 33 kirchneristas. 

La caída del impuesto a las Ganancias estaba en los planes del oficialismo, que ya sabía que la restitución del tributo no tenía los votos suficientes. Sin embargo, el rechazo a Bienes Personales provocó sorpresa y pesadumbre en el oficialismo. La única buena noticia para la Casa Rosada entre tanta desprolijidad legislativa fue que el rechazo, tanto Ganancias como Bienes Personales, no alcanzó una mayoría agravada de dos tercios. Esto podría facilitarle al oficialismo la posibilidad de restituir ambos tributos cuando el proyecto vuelva en segunda revisión.

La reversión de Ganancias tuvo 41 rechazos y solo 31 votos afirmativos. El texto fijaba que el impuesto vuelva a pagarse a partir de un sueldo de $1.800.000 en el caso de solteros y de $2,2 millones para casados. La actualización, por inflación, se fijaba para septiembre de este año, y a partir del año que viene cada seis meses.

Durante el debate en el Senado, el oficialismo incorporó el diferencial del 22 % por zona desfavorable que beneficia a las provincias del Sur. Igualmente los patagónicos votaron en contra.

El título de Bienes Personales también fue rechazado. El texto del oficialismo planteaba una reducción del piso a partir del cual se empieza a pagar Bienes Personales y una disminución en las alícuotas. De acuerdo al proyecto, el mínimo no imponible subía de $ 27 a $ 100 millones y la deducción por la vivienda familiar iba a pasar de $ 56 a $ 350 millones.

Pero la votación salió rechazada para sorpresa del oficialismo, que no lo esperaba. Hubo 37 votos en contra y 35 a favor. Además de los 33 legisladores de Unión por la Patria, votaron en contra los dos santacruceños, José María Carambia y Natalia Gadano, el radical Martín Lousteau y la rionegrina Mónica Silva.

El blanqueo, en tanto, sí encontró el visto bueno del Senado. Este permite regularizar activos no declarados hasta US$ 100.000 sin pagar el impuesto especial. Para montos más altos, contempla alícuotas progresivas del 5 % hasta el 15 %. Se aprobó por unanimidad: 72 votos a favor.

A pedido de la porteña Guadalupe Tagliaferri (Pro), se excluyeron las cláusulas que permitían a los residentes extranjeros ingresar el régimen de regularización y a las personas físicas declarar bienes muebles cuya titularidad se encuentra a nombre de empresas. Estas modificaciones contaron con el voto del kirchnerismo, que consolidó así una mayoría de dos tercios con la intención de que los cambios no puedan ser revertidas por la Cámara de Diputados cuando discuta el proyecto en segunda revisión.

En tanto, también fue aprobado el capítulo que establece una nueva moratoria fiscal, que incluye obligaciones tributarias aduaneras y de seguridad social, que apunta a regularizar deudas vencidas al 31 de marzo último.

El régimen permite saldar estos pasivos al contado o en tres cuotas y condona un 70% de los intereses punitorios y resarcitorios para quienes ingresen en los primeros 30 días de puesto en marcha el plan. El beneficio disminuye de manera gradual a medida que se amplían los plazos de ingreso a la moratoria. (DIB)

Después de más de un mes de intensas tratativas en la Cámara alta, la Casa Rosada cedió parte del contenido de los textos a cambio del visto bueno de los senadores para avanzar en su aprobación. En total, sumó 45 modificaciones: 29 en la Ley Bases y 16 en el paquete fiscal.

En lo que se refiere a las facultades delegadas, el proyecto que llega del oficialismo está bastante lejos del que había mandado en diciembre ya que las recorta y son solo por un año renovables por el Congreso de la Nación.

El primer artículo, en el que se declara la emergencia pública por un año en materia administrativa, económica, financiera y energética -que faculta al Ejecutivo a arrogarse poderes especiales en estas áreas-, no sufrió modificaciones en esta última etapa. En Diputados, no obstante, esta prerrogativa presidencial se recortó sustancialmente, cuando pasó de 11 emergencias a tan solo cuatro.

En lo que se refiere a las empresas a privatizar, primero se limitó la facultad del Poder Ejecutivo para intervenir organismos públicos y se bajó de las 41 empresas originales a 9. El proyecto estipula la privatización total para las siguientes cuatro empresas estatales: Aerolíneas Argentinas S.A., Energía Argentina S.A., Radio y Televisión Argentina S.E., Intercargo SAU.

En este punto, varios senadores están en contra de privatizar Aerolíneas y Radio Nacional, lo que hace que aún se siga negociando la posibilidad de quitarlos del listado en el recinto.

Pero también se cambió a que algunas empresas pasen a ser posibles de ser privatizadas de manera parcial o concesionadas. En esta lista quedaron Agua y Saneamientos Argentinos S.A.; Correo Oficial de la República Argentina S.A.; Belgrano Cargas y Logística S.A.; Sociedad Operadora Ferroviaria S.E (SOFSE) y Corredores Viales S.A.

Acá la mayor discusión recaerá en el caso del Correo, en donde los senadores patagónicos y los del norte del país coinciden en la necesidad de que sea público para que se asegure la capilaridad en todo el país, incluyendo las localidades más pequeñas.

Uno de los momentos que seguramente se llevará buena parte del tiempo de debate será el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI). Acá la oposición reformuló el artículo 163 que declaraba “nulo de nulidad absoluta” toda norma provincial que se oponga al RIGI. En este caso, quedó que sólo aplica a aquellas jurisdicciones que decidan adherir al régimen.

Una de las criticas mayores fue que este régimen dejaba en desventaja a los proveedores locales frente a los globales. A partir de esto es que se incluyó un inciso que prevé el desarrollo de las cadenas de producción locales así como también limitar el margen de acción de los proveedores de bienes o servicios con mercadería importada.

Asimismo, se eliminó el artículo que establecía que a partir del tercer año no había imposibilidad para el giro de dividendos y utilidades de las compañías que estén en el RIGI.

En lo que se refiere al paquete impositivo, se incluye -en Diputados había sido eliminado- el Monotributo Social y se incrementan los techos en cada una de las categorías. Respecto de Bienes Personales, se suma un artículo y aumenta 20% la alícuota del impuesto para los que entraron al blanqueo, pasando de una tasa de 0,5% a 0,6 por ciento.

En cuanto a Ley Minera e busca modificar el artículo 22 de la ley 24.196, sobre inversiones mineras, para incrementar del 3% al 5% el tope de regalías percibidas por las provincias sobre el valor ‘boca mina’ del mineral extraído.

En cuento al blanqueo, se eliminó la posibilidad de que las criptomonedas sean parte de los bienes que puedan ser regularizados. La redacción original estipulaba: “sin importar quien ha sido su emisor, quien es su titular o donde estuvieran depositadas, custodiadas o guardadas”, pero ante el rechazo opositor fue quitado del texto.

-Respecto del dinero que sea regularizado y depositado a Cuenta Especial de Regularización de Activos, se adicionó la posibilidad de que el Poder Ejecutivo promueva con éste “la inversión productiva de pequeñas y medianas empresas en las Provincias de menor grado de desarrollo relativo o fomentar el crédito de las mismas”.

-Se excluyó del régimen a los funcionarios públicos de los últimos diez años. En la redacción original se contemplaban aquellos que se hayan desempeñado en los últimos cinco años.

-Se excluyó del régimen a los hermanos de los funcionarios públicos. Se sumaron a los cónyuges, convivientes, padres e hijos.

-Se incluyó la prohibición de inscribirse en blanqueos futuros hasta el 31 de diciembre de 2038.

-Se incorporó un nuevo artículo para aumentar un 20% la alícuota del impuesto a los Bienes Personales para quienes se inscriban en el blanqueo. Con esta modificación, la tasa pasaría del 0,5% al 0,6%.

Esos cambios están contenidos en el dictamen de mayoría, el que impulsa el Ejecutivo. Por otra parte, existe uno de minoría, que presentaría el senador radical y presidente de ese partido a nivel nacional Martín Lousteau. Ese dictamen podría recibir el apoyo de Unión por la Patria. (DIB) AL

El Ejecutivo envió este miércoles al Congreso el proyecto con el paquete fiscal que será debatido en la Cámara de Diputados en forma simultánea con la Ley Bases. El debate comenzará el jueves a las 11, con una reunión informativa de la comisión de Presupuesto, que preside el libertario José Luis Espert.

Los fundamentos de este paquete de normativas – que tiene 52 páginas y está compuesto por 102 artículos – se basan en la necesidad de “balancear” las cuentas fiscales estatales, a través de la reducción de gasto público y la mejora en la recaudación impositiva.

Como era de esperar, uno de los puntos más salientes del pliego es la instauración del Impuesto de los Ingresos Personales que reemplazará al Impuesto a las Ganancias. La ley busca una reversión de la cuarta categoría de este gravamen. Establecerá un mínimo no imponible de  $1.800.000 brutos para los solteros y en $2.200.000 para los casados con hijos. Además se actualizará a partir de 2025 anualmente por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Entre las otras modificaciones se destaca también la que afecta al actual régimen de Monotributo: se buscará actualizar los topes de facturación y cuotas, con subas de entre 300% y 330%. El ingreso tope anual sería de $68 millones, con la novedad de que será para actividades de comercio y servicios por igual.

Otra novedad que busca habilitar el paquete fiscal es la instauración del Régimen de Regularización de Activos, que permitirá el blanqueo de hasta USD 100.000 sin ninguna penalidad, con un plazo hasta el 30 de abril del 2025 (prorrogable hasta el 31 de julio del 2025). También presenta una moratoria que da opción a regularizar deudas impositivas en hasta 84 cuotas, con posibilidad de condonación de multas.

En cuanto a Bienes Personales, el paquete fiscal plantea modificaciones sobre este impuesto, sumando bonificaciones a quienes cumplan, facilidad de pagos para anticipar abonos de los próximos años y una baja de alícuotas en lo sucesivo.

Según trascendió, el oficialismo espera tener ambas iniciativas aprobadas en la primera semana de mayo para poder girarlas al Senado. Lo ideal sería lograr la sanción antes del 25 del próximo, cuando está prevista la firma del Pacto de Mayo. (DIB) ACR