En Chascomús comienza a instalarse el debate sobre la importancia de que bares, restaurantes y confiterías exhiban de manera obligatoria en el exterior de sus locales las cartas con precios actualizados de platos y bebidas.

Si bien en la Provincia de Buenos Aires existen normativas vinculadas a la transparencia en la información gastronómica, la exhibición de menús en la vía pública no está regulada de manera precisa, quedando a criterio de cada establecimiento. Esta situación contrasta con lo que ocurre en destinos turísticos de todo el mundo, donde la visibilidad de las cartas en el frente de los locales es una práctica habitual que refuerza la confianza y el cuidado del visitante.

En este sentido, se plantea que sería fundamental que el Honorable Concejo Deliberante de Chascomús discuta una ordenanza específica que contemple la obligatoriedad de esta medida, otorgando un marco normativo claro tanto para los comerciantes como para los consumidores.

Una normativa local de estas características no solo contribuiría a la transparencia y a la igualdad de condiciones entre los establecimientos, sino que además potenciaría la imagen de Chascomús como un destino turístico responsable, moderno y alineado con las tendencias internacionales.

La posibilidad de que el tema llegue al recinto aún está pendiente, pero distintos sectores coinciden en que se trata de una iniciativa que merece ser debatida como una herramienta clave para proteger al consumidor y cuidar la experiencia de quienes visitan la ciudad.

Las vacaciones de invierno serán una buena oportunidad para analizar las repercusiones de una nueva ordenanza municipal destinada a regular el pernocte de motorhomes y casillas rodantes en espacios públicos de Tandil, con el objetivo de ordenar la actividad turística y mejorar la convivencia en la ciudad.

La concejal Maridé Condino, impulsora de la iniciativa, profundizó en los detalles de la normativa, que fue votada este año en el Concejo Deliberante y comenzó a implementarse recientemente, según consigna El Eco de Tandil. Condino aclaró que el objetivo de la ordenanza no es desalentar la llegada de turismo itinerante, sino establecer reglas claras para su estadía.

La intención es que, al igual que en muchas otras ciudades turísticas, los motorhomes y casillas rodantes utilicen los campings habilitados para pasar la noche. Detalló que los visitantes pueden “estar deambulando por la ciudad, recorriendo y disfrutando de los espacios públicos, pero a partir de las 22 queremos que pernocten en los campings, en los lugares que están habilitados para eso”.

La implementación de esta regulación surge de “malas experiencias en la ciudad de Tandil como en otras”. Condino señaló que estas situaciones incluyeron “descargas de aguas grises o negras en espacios públicos”, lo cual generó la necesidad de ordenar la actividad, siempre de acuerdo con El Eco. Además, la medida también contempla aspectos de seguridad vial, considerando que estos vehículos de gran porte estacionados durante la noche aumentan las probabilidades de un siniestro.

Para facilitar el cumplimiento de la ordenanza, la Dirección de Turismo puso a disposición un listado completo de campings habilitados. Además, para las descargas de aguas grises o negras, la Dirección de Obras Sanitarias  habilitó sus instalaciones para realizar el servicio de manera gratuita.

Respecto a la aplicación de la normativa, Condino enfatizó en que el enfoque no es punitivo de inmediato. “No se hace una infracción inmediatamente, se revisa, se habla con la persona, se contemplan estas cuestiones que tienen que ver con el horario donde se cena y que quizás no estén durmiendo sino cenando en un restaurante”, explicó. (DIB) GML

Funcionarios mantuvieron este miércoles un encuentro con integrantes de la Cámara de Comercio en el que abordaron el detalle de la ordenanza 5.694/22 de regulación del uso del espacio público.

En la reunión, convocada por la Cámara de Comercio, estuvieron presentes el secretario de Gobierno, Cipriano Pérez del Cerro, el de Hacienda, Juan Facundo Alfonsín, la subsecretaria de Turismo y Producción, Jimena Arano, la directora de Planeamiento Urbano y Obras Privadas, Patricia Méndez, la arquitecta Rosario Placenave, y los concejales Marcelo Teileche y Julieta Spina de Unión por la Patria.

En ese ámbito, -según informaron desde la comuna- dialogaron sobre la forma en la que se avanza en la implementación de la norma en relación con la actividad comercial y se indicó que la regulación busca eliminar barreras para la circulación segura de las personas, detallando aspectos como la ubicación y altura de elementos como toldos y bicicleteros.

Al respecto, los funcionarios municipales remarcaron que el propósito es garantizar accesibilidad y seguridad en el espacio público, esos son los dos principios rectores de la Ordenanza.

En ese sentido, se destacó además la accesibilidad económica de las tarifas, como los 7 mil pesos anuales por un toldo estándar y la exención de pagos para los bicicleteros.

Finalmente, se subrayó la importancia de un espacio público seguro y accesible para fomentar de consumidores y se acordó seguir avanzando en el diálogo sobre la implementación de balcones gastronómicos y la posible reunión con comerciantes.

El secretario de Gobierno municipal, Cipriano Pérez del Cerro, explicó los motivos por los que el Departamento Ejecutivo vetó la ordenanza 5.777 que suspendía a la 5.694/22 de regulación del uso del espacio público.

“La oposición en el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que suspendía la vigencia de la normativa destinada a garantizar la accesibilidad en el espacio público para que no haya barreras que impidan a las personas circular correctamente y con seguridad. Entonces, regula dónde se pueden colocar elementos, de qué manera, a qué altura tiene que haber un toldo. Esto es una cuestión de ordenamiento y, a su vez, le da un marco de seguridad a todo lo que es público. No es una ordenanza que apunte a una recaudación. Es fundamentalmente para garantizar los derechos de todos”, expresó.

Al respecto, indicó que se regula la colocación de elementos: “Por ejemplo, la colocación de un bicicletero en la vereda no se cobra, pero sí tiene que colocarse de determinada forma que, por ejemplo, no impida la circulación de las personas, de los peatones”.

Pérez del Cerro indicó que “el único argumento que utilizan los concejales de la oposición, que son quienes hicieron el proyecto, es la cuestión económica, cuestión que ni siquiera resolvieron, porque no quedó suspendida la Ordenanza Fiscal Impositiva, por lo que aquel que sin esta norma hubiera ocupado el espacio público, hubiera tenido que pagar igual porque la obligación del pago no estaba suspendida”, aseguró.

El secretario consideró que “se ha cometido un error gravísimo al dejar sin normativa el uso del espacio público, sin mucho análisis, indudablemente. Los concejales deberían haberla estudiado y hacer las modificaciones que crean conveniente pero no suspenderla porque esto produce una anarquía en la nadie puede usar el espacio público o lo usan todos de cualquier manera”.

En cuanto al veto realizado, fue notificado al Concejo Deliberante y ahora debe volver a tratarse.

En ese sentido, el funcionario indicó que “la norma que regula el uso del espacio está vigente del mismo modo que estaba antes y ellos pueden insistir con la ordenanza pero esperemos que se entienda que no es lo conveniente y que no haya ningún proyecto para levantar el veto o que, en caso de haberlo, el resto de los concejales no lo acompañen porque realmente va en contra de los intereses de toda la comunidad”.

A través del decreto 1.184/2023, fueron vetados los artículos 4, 5 y 10 de la ordenanza Nº 5.770 aprobada por el Concejo Deliberante el 28 de diciembre pasado.

Esta normativa aprueba el Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos para el ejercicio 2024 enviado por el Departamento Ejecutivo.

Los artículos 4°y 5° de la Ordenanza modificada por el Concejo Deliberante se contradecía con la Ley Orgánica de las Municipalidades, que es una norma superior”.

En relación con ambos ítems, se indica que se habrían transcriptos párrafos de la Ley Orgánica de las Municipalidades cuya redacción no se encuentra vigente, ya que fueron modificados a través de la Ley 14.062.

En referencia al artículo 10º, fue vetado al considerarse que “se incorporaron bonificaciones que no fueron solicitadas y por las cuales tampoco se realizaron consultas al Departamento Ejecutivo respecto a su viabilidad. Es decir, que no cuentan con una estimación de su magnitud, además de carecer de un detalle que permita determinar su cuantía ya que no se especifica si se trata de un pago único, de pagos mensuales, anuales u otros períodos de tiempo”.

En otro orden, el Ejecutivo también hizo uso del derecho al veto parcial en la ordenanza 5.769 que realiza modificaciones al Anexo II de la Ordenanza Nº 5.525.

En este caso, por medio del decreto 1183/2023, fue vetado el Inciso “e” del apartado A del artículo 2º, y los artículos 3º y 4º, en los términos del artículo 108 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

Las disposiciones introducidas por el Cuerpo deliberativo establecían cambios en las tasas para letreros y carteles de comercios o industrias, haciendo mención a la “Tasa del Título Sexto”, lo que constituye “un error sustancial e injustificable”.

Además, se agrega que no se explicitan los motivos de esta decisión para justificar lo pretendido.En cuanto a los artículos 3º y 4º, también vetados, se señala que “al proyecto originalmente presentado por el Departamento Ejecutivo se le agregaron dos artículos que modifican lo normado en los artículos 138º y 173º de la ordenanza 5525. Dicha modificación fue promovida por los bloques de concejales de la oposición, no siendo una atribución de ellos ni del Honorable Concejo Deliberante tener ese tipo de iniciativas, tal cual lo indica la doctrina del Honorable Tribunal de Cuentas, en consonancia con lo normado en los artículos 192º y 193º de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires”.

En la sede del Juzgado de Faltas Municipal, los miembros del Foro de Seguridad Rural de Chascomús junto a “representantes de los parajes rurales de nuestro partido”, entre ellos Juan Olivera, (Don Cipriano), Marcelo Irulegui (Don Cipriano), Carlos Alvarez Correa (Don Cipriano), Rolli Melani (Don Cipriano), Roberto Iriarte (Manantiales) Martina Nogues Miguens (Libres del Sur), Manuel Anchorena (La Corona), fueron recibidos por el Juez de Faltas de Chascomús Dr. Juan José Melani.

Los productores del partido transmitieron al Juez la difícil realidad que se vive en las zonas rurales, debido a la intrusión a los establecimientos agropecuarios de cazadores ilegales.Los vecinos resaltaron que ingresan a las propiedades de los establecimientos, produciendo daños y destrozos a la producción y a las familiar rurales.

En este sentido manifestaron la necesidad que la intrusión a los campos debe ser sancionada con mayor severidad, ya que se trata de bandas organizadas con transportes y personas que hacen de guías para ingresar sin autorización a los campos.

Según detalló un productor, los responsables de estas actividades ilegales son residentes de la zona que organizan estos tours de carreras y cacerías a través de las redes sociales. Transportan a quienes pagan por el servicio en combis, autos o camionetas particulares hacia los campos, donde ingresan en grupos con una jauría de perros.

“Cobran por cazar en campos privados. La policía ha encontrado a personas con órdenes de captura vigentes, con tobilleras electrónicas y armas. Además de amenazarnos, causan daños de todo tipo dentro de nuestras propiedades”, declaró.

El Juez de Faltas Municipal Juan José Melani, por su parte, manifestó que dentro de su competencia aplica la ley sancionando a los intrusos. También informó que se sancionaron desde el año 2021 a la fecha a 619 infractores con multas.

Finalmente, luego de escuchar los reclamos de los productores, ambas partes coincidieron en la necesidad de aumentar el mínimo de las multas y modificar la ordenanza para poder avanzar en la erradicación de la caza ilegal en el partido de Chascomús.

“Conozco en profundidad las necesidades del sector comercial de nuestra ciudad. Desde este Concejo Deliberante tenemos que pensar en estrategias integrales y amigables con la iniciativa privada, que fomenten el comercio, el trabajo, la inversión y el desarrollo local. El desafío es encontrar el justo equilibrio entre cuidar las arcas municipales y potenciar la cultura del trabajo”, expresó Ramiro Ferrante.

En la nota de respuesta a la concejal Liniers, el referente de Juntos Chascomús se refirió también a la “buena recepción” por parte de los comerciantes a la ordenanza aprobada en la sesión del pasado 24 de mayo, que suspendió hasta fines de diciembre la aplicación de los derechos, tasas o contribuciones por uso del espacio público cualquiera sea su denominación, a todo establecimiento comercial que cuente con habilitación municipal, solo en cuanto al espacio utilizado en la vereda del propio inmueble.

En otro párrafo, Ferrante señaló que “Las consultas que las Municipalidades efectúen al Tribunal de Cuentas sobre cuestiones administrativas o contables, deberán ser formuladas por los presidentes de los distintos bloques políticos que integre el Concejo Deliberante”.