En este marco, el Municipio de Chascomús firmó el contrato con la empresa MOR SA – EMAC SA (UTE) para la ejecución de la Etapa 1A, marcando un paso clave para garantizar la continuidad de un proyecto estratégico para la comunidad.

En una primera instancia, la obra había sido financiada por el Estado Nacional. Sin embargo, la paralización de la obra pública a nivel nacional y la interrupción del financiamiento obligaron al Municipio a gestionar alternativas que permitieran evitar la detención de una obra esencial para la salud pública y el crecimiento de la ciudad.

Ante este escenario, la Provincia de Buenos Aires decidió retomar el proyecto y definir un nuevo esquema de ejecución por etapas.

La Cloaca Máxima contempla una Etapa 1, que a su vez se divide en distintas subetapas. En ese sentido, la Provincia otorgó un subsidio para la ejecución de la Etapa 1A, que es la que actualmente se encuentra en marcha.

En el marco de estos avances, el intendente municipal Javier Gastón, junto al secretario de Obras, Servicios Públicos y Ambiente, Jorge Marino, recorrieron el barrio El Algarrobo, donde dialogaron con vecinos y vecinas y brindaron detalles sobre el desarrollo de la obra y su impacto en la mejora del sistema de saneamiento del sector.

En paralelo, la Provincia de Buenos Aires ya adjudicó las Etapas 2 y 3 de la Cloaca Máxima, lo que garantiza la continuidad integral del proyecto.

La Cloaca Máxima es una obra estructural, pensada para acompañar el crecimiento urbano de Chascomús, mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas y fortalecer el sistema de saneamiento a largo plazo.

Gracias a la articulación entre el Municipio y la Provincia, y a la decisión de no detener una obra vital para la ciudad, el proyecto avanza hoy con previsibilidad, financiamiento asegurado y un horizonte claro para su finalización.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires está realizando una inversión extraordinaria de $21.409 millones para intervenir 41.505 m2 de esta obra fundamental del patrimonio argentino, que se proyectó con altos estándares de calidad desde el pliego de licitación, tanto en la elección de los materiales utilizados como en la modalidad de ejecución. Se trata de la primera obra de puesta en valor integral desde su inauguración en el año 1941.

Los trabajos implican la refacción y renovación integral de la Rambla y los espacios comunes, con tareas de recuperación, restauración y recambio de pisos, muros de piedra, escaleras, rampas de accesibilidad y equipamiento urbano. Incluyen además la restauración del boulevard y recovas; la reparación de los desagües pluviales y cloacales; la renovación del sistema de iluminación y la reconstrucción de los sectores verdes, divididos en 9 sectores de obra, y organizados en dos etapas.

“Es la primera renovación que se hace en 85 años desde su inauguración en 1941. Son más de 41.000 m2 en total que, en plena temporada, se están interviniendo y que no se trata solo del recambio de los solados, sino de trabajos estructurales e integrales, con altos estándares de calidad, que incluyó estudios para fabricar las baldosas iguales a las originales”, dijo Katopodis en su exposición.

La Etapa II comprende la renovación integral de las recovas del Casino y del Hotel Provincial, que incluyen los espacios semicubiertos de las fachadas frente al mar y los laterales de cada uno de los edificios. Las intervenciones incluyen, por un lado, obras estructurales que resultan fundamentales para el funcionamiento y la conservación del patrimonio, como retiro de solados, Tendido de una nueva red cloacal y de agua corriente; desobstrucción, renovación y/o recuperación de la red de desagües pluviales; y la renovación total de los cielorrasos y baños públicos.

Asimismo, las obras de restauración edilicia, que buscan recuperar los valores patrimoniales del conjunto, implican componentes técnicos, como también aspectos estéticos y formales. Esto incluye la reposición integral de los solados históricos; limpieza y/o reposición de piezas pétreas; renovación del sistema de iluminación; reparación y recuperación de las carpinterías y frentes de los locales comerciales; interiores de las recovas; revoques y pintura de los muros; y la recuperación de espacios verdes y parquización.

En tanto, los trabajos de la Etapa I se encuentran en marcha en distintas áreas. En el Casino y Hotel Provincial se realizó el desmonte y retiro de pisos, tareas de replanteo, nivelación y el reacondicionamiento de contrapisos, y se repusieron solados graniticos. Actualmente se realizan reajustes de baldosas flojas y juntas. Asimismo, se concretó el recambió de las redes pluviales obsoletas y la ejecución de cámaras, y se avanzó con la renovación de las instalaciones eléctricas. Además, se colocaron cestos de basura, bicicleteros y bancos.

En el frente marítimo y lateral del Hotel Provincial se están realizando el retiro de solados, tareas de nivelación, reacondicionamiento de contrapisos y colocación de solados graníticos de reposición, así como el recambio de instalaciones pluviales obsoletas, la renovación del mobiliario urbano, además de la instalación de una rampa accesible al sector de playa.

Asimismo, en la Plazoleta Almirante Brown se realizó la puesta en valor de los pisos, el recambio de instalaciones pluviales obsoletas y el reordenamiento de instalaciones eléctricas; y se avanza con la colocación de solados y mobiliario urbano; y en el bajo Rambla se realizó la puesta en valor de los pisos; se cambió la totalidad del intertrabado de hormigón, se colocaron nuevos canteros y cordones y actualmente se realiza el recambio de tendido eléctrico, la instalación de mobiliario urbano, la renovación del sistema de desagües pluviales y tareas de limpieza.

Fuente: Agencia DIB 

Desde la Federación del Personal de Vialidad Nacional (Fepevina) advirtieron por la seguridad de quienes transitan estas rutas, cuyo estado empeora con el correr de los meses debido a la falta de mantenimiento. Un detallado informe técnico elaborado por trabajadores de la Dirección Nacional de Vialidad, encendió las alarmas por el crítico estado de la red vial y puso el foco en varias rutas estratégicas que atraviesan la provincia de Buenos Aires.

Según el relevamiento que analizó Agencia DIB, entre el 65% y el 70% de la calzada se encuentra en estado regular o malo, una situación que se agrava en corredores clave para la producción, la logística y la seguridad vial bonaerense. En ese sentido, destacan que desde la llegada de Javier Milei a la presidencia, Vialidad atraviesa el proceso de desmantelamiento institucional más profundo desde su creación.

Con 75% menos de presupuesto que en 2023 y casi mil despidos durante la gestión libertaria, el mantenimiento preventivo fue abandonado y reemplazado por bacheos precarios que solo “administran el riesgo”. En ese sentido, se detectaron calzadas con fallas estructurales graves, baches profundos y deformaciones que han reducido la velocidad media de circulación a unos 60 km/h, incrementando significativamente los costos logísticos y la siniestralidad vial.

El informe sostiene que el mantenimiento preventivo fue prácticamente eliminado y reemplazado por bacheos precarios, incapaces de frenar el deterioro estructural de las calzadas.

Actualmente, los corredores más comprometidos tienen que ver con la paralización de los contratos de recuperación y mantenimiento y a la falta de ejecución presupuestaria del Impuesto sobre los Combustibles, que legalmente debería volcarse al bacheo, conservación y señalización.

En la provincia de Buenos Aires, son varios los trayectos con problemas. De hecho, el informe relevó que sólo el 36,8% de las rutas nacionales que pasan por el territorio están en buen estado. Mientras que el 11,5% es regular, el 51,7% está en mal estado. Si se compara con otras provincias, en Córdoba el 12% está en mal estado; en Santa Fe el 53,6%; La Pampa 38,6% y San Luis 2,2%.

Las rutas nacionales en la mira por su mal estado.

La RN 3, tiene un alto tránsito que al menos entre los 14 tramos desde la provincia de Buenos Aires, en Cañuelas, hasta Azul, con alta congestión. Su traza se caracteriza por poseer un alto nivel de tránsito con un gran porcentaje de vehículos pesados: casi el 60%. Transportan agregados pétreos, cal y cemento hacia la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano como así también granos a los puertos de Rosario o de Bahía Blanca.

Además, circulan unos 9800 autos por día en el tramo desde Cañuelas a San Miguel del Monte, unos 6500 desde Las Flores hasta Azul, y otros 3500 desde la intersección de la ruta 226 hasta Coronel Dorrego.

Cabe recordar que el año pasado y tras una demanda del municipio de Azul al Gobierno de Javier Milei por el mal estado de la ruta 3, desde Vialidad Nacional calificaron como “infundado” el reclamo por el deterioro y aseguraron que el trazado no presenta daños. Sin embargo, luego “pidieron per5dón” y prometieron trabajos sobre la calzada. Es que las obras aquí permanecen paralizadas y hay un alto nivel de siniestralidad vial, lo que llevó a vecinos a hacer varias manifestaciones.

La ruta 5, que se extiende desde Luján hasta Santa Rosa, La Pampa, presenta deterioros en tramos largos, generando peligrosidad y reclamos por falta de mantenimiento, aunque hay obras de autopista en progreso entre Mercedes y Suipacha para mejorar la circulación y la seguridad vial.

En efecto, el informe destaca que existe deterioro severo de la cartera asfáltica, bajo la situación actual no pueden desarrollarse velocidades que en promedio sean superiores a los 80 km/h, lo cual además eleva el tiempo de viaje, tornándolo más costoso. Se estima que el 30% de los vehículos que transitan allí son pesados y, además del reclamo de vecinos, también intendentes han pedido retomar las obras.

Trabajos de bacheos en las rutas nacionales.

La ruta 7, entre Junín y Chacabuco, presenta un estado mixto: el tramo principal está convertido en autopista con mejoras en seguridad vial, pero enfrenta problemas de mantenimiento, obras paralizadas y riesgos persistentes en accesos y colectoras. El informe destaca que actualmente se observan baches, falta de señalización e iluminación que generan peligros de seguridad vial.

Existen quejas vecinales por baches profundos en pasos a nivel (ej. km 212), colectoras deterioradas, ausencia de demarcación, iluminación deficiente y pastizales en banquinas, elevando riesgos para tránsito pesado. De hecho, tras una serie de accidentes, el intendente de Chacabuco, Darío Golía, le reclamó a Nación que "recapacite" y continúe con las obras en la ruta 7.

La ruta 33 se extiende en la provincia de Buenos Aires y Santa Fe. Conecta ciudades de producción agrícola, cada vez más difícil, debido a que transita un pavimento altamente deteriorado y su tránsito es complejo. “La situación requiere una reconstrucción total más que un bacheo superficial”, señala la Fepevina, quien destaca la presencia de deformaciones y “cráteres”.

Diagnósticos técnicos entre Casilda, Venado Tuerto, Trenque Lauquen, Rufino y Bahía Blanca, revelan fallas estructurales como pérdida de la capacidad portante de la subrasante, lo que significa que el daño no es solo superficial, sino que la base sobre la que apoya el asfalto ha cedido. También intendentes bonaerenses elevaron sus quejas.

Fuente: Agencia DIB

La iniciativa forma parte de un plan integral de hábitat que no se limita únicamente a la construcción de las viviendas, sino que incluye la provisión de infraestructura esencial para garantizar barrios dignos, seguros y funcionales. En ese sentido, la obra contempla la apertura de calles, desagües pluviales, redes de agua potable, energía eléctrica, sistema cloacal, alumbrado público y forestación, elementos fundamentales para mejorar la accesibilidad y la calidad de vida de las futuras familias adjudicatarias.

La incorporación de esta infraestructura básica resulta clave para el desarrollo urbano ordenado y sostenible. La correcta iluminación, el acceso a servicios esenciales y un adecuado sistema de escurrimiento pluvial no solo impactan en el bienestar cotidiano, sino que también previenen anegamientos, fortalecen la seguridad y promueven entornos más saludables.

El proyecto es financiado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y ejecutado de manera conjunta con la Municipalidad de Chascomús, reafirmando el rol del Estado como actor central frente a una problemática que se profundiza: la dificultad para acceder a una vivienda propia o sostener un alquiler en el tiempo, en un mercado con poca oferta y altos costos de ingreso.

Las viviendas se construyen sobre terrenos municipales adquiridos durante la gestión de Norberto Fernandino (1995–1999) y la actual administración de Javier Gastón. Las obras están a cargo de la firma local Playa Construcciones SA, adjudicataria de las licitaciones públicas N.º 08/2023 y N.º 09/2023, lo que además implica generación de empleo y fortalecimiento del trabajo local.

Desde el Municipio informaron que el proceso de inscripción para acceder a las viviendas se abrirá una vez que la obra alcance un mayor grado de avance. Ante consultas, los vecinos pueden acercarse al Área de Hábitat de la Municipalidad, ubicada en Dorrego 202, de lunes a viernes de 8 a 13 horas.

En un escenario donde los alquileres permanentes son cada vez más escasos y difíciles de afrontar, la construcción de viviendas representa una respuesta concreta del Estado para garantizar estabilidad, arraigo y mejores condiciones de vida, al tiempo que impulsa el desarrollo de los barrios y la inclusión social en la ciudad.

“A contramano de lo que está haciendo (Javier) Milei, nosotros seguimos haciendo las obras que traerán más desarrollo a la región: en poco tiempo se iniciarán los trabajos en el tramo de la Ruta 11 que conecta a Mar de Ajó y Pinamar”, dijo Kicillof. “Será una inversión de 100 millones de dólares que no se destinará a la especulación, sino a mejorar las condiciones de vida de los bonaerenses y a generar más empleo y actividad”, completó.

La obra contempla la construcción de la Autovía RP 11 en el tramo de aproximadamente 48 kilómetros de longitud comprendido entre las rotondas de acceso a las localidades de Mar de Ajó y Pinamar. Su ejecución permitirá terminar de completar los 200 kilómetros de Autovía de la Costa Atlántica, desde San Clemente hasta Mar del Plata.

De acuerdo con el Partido de La Costa, la obra brindará “mayor seguridad vial, capacidad y nivel de servicio al tránsito regional; siendo una ruta clave para la actividad económica regional, el intercambio social y el acceso a la salud, educación y servicios de emergencias, especialmente en los meses de verano cuando se triplica la población en los balnearios de la Costa Atlántica”.

Se trata de dos Secciones de 25 y 23 kilómetros cada una, y tendrá una configuración de doble calzada con banquinas pavimentadas, cantero central de 16 metros de ancho y sistemas de retornos situados en los principales accesos e hitos del tramo. En tanto, se anunció que se prevé un plazo de ejecución de 18 meses. La obra incluirá obras hidráulicas, señalización completa e iluminación en accesos e intersecciones, así como también dársenas, refugios peatonales y demás obras de seguridad vial.

Fuente: Agencia DIB 

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires llamará en los próximos días a licitación el Tramo V del Plan Maestro del río Salado, una obra hídrica clave para mitigar las inundaciones, luego de que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) habilitara avanzar con un préstamo por US$138 millones.

La decisión se tomó pese a que el Gobierno de Javier Milei mantiene retrasados los trabajos correspondientes a la etapa 2 del tramo IV, que debe terminarse antes de empezar la parte que le corresponde a la administración bonaerense. Y pese a que la entidad bancaria había condicionado el financiamiento a que se completara el Tramo IV, ahora permitió que la Provincia continúe aun cuando esa etapa nacional todavía no terminó.

Pese a ello, el BEI dio el visto bueno y otorgó la “no objeción técnica”, el aval clave para poner en marcha el proceso licitatorio. Y como confirmó el propio Axel Kicillof horas atrás, la del Tramo V será la primera licitación del 2026. Se trata de 95,38 kilómetros entre el Canal del Este, de la laguna de Bragado, y la descarga en la laguna El Carpincho, en Junín, atravesando además Chacabuco y Alberti.

El paquete de obras incluye la adecuación y ensanche del cauce, dragado, conformación de recintos laterales para absorber crecidas y otras intervenciones que resultan claves para el funcionamiento hidráulico del sistema. Dentro de ese esquema, el financiamiento del BEI se concentrará principalmente en los subtramos 5.1 y 5.2, mientras que el 5.3 quedará para una fase posterior.

También se prevé intervenir diez puentes -ocho carreteros y dos ferroviarios-, ejecutar la obra de cierre de la laguna Rocha y avanzar en un modelo hidrodinámico del sistema junto al Instituto Nacional del Agua (INA) para evaluar el comportamiento del río, validar las obras realizadas y mejorar la planificación futura.

Las obras en el río Salado avanzaron de forma ininterrumpida durante más de dos décadas, pero que a partir de la asunción de Javier Milei, la administración nacional paralizó los trabajos correspondientes a la etapa 2 del Tramo IV. Al discontinuarse la obra, se produjo una especie de embudo que impide que baje el agua como corresponde. Se estima que los 33 kilómetros pendientes de la etapa actual, permitirían recuperar cerca de 3 millones de hectáreas productivas hoy anegadas.

En medio de las inundaciones que castigaron este año a gran parte de la provincia, Patricia Bullrich, siendo ministra de Seguridad, visitó la ciudad de 9 de Julio, y prometió que Nación finalizará el tramo que le corresponde. “La etapa 4 fue iniciada en septiembre por el Gobierno nacional. Esperamos terminarla en un año, y la siguiente corresponde a la Provincia”, explicó.

En ese sentido, el Gobierno provincial proyecta la finalización del Plan Maestro Integral de la cuenca del río Salado, una obra integral y emblemática que permitirá mitigar los efectos de los períodos de sequías e inundaciones en la cuenca del río Salado, abarcando a 59 municipios y alcanzará a una población de más de 1,5 millones de habitantes.

Del total de 17 millones de hectáreas de la Cuenca del Salado, 3,8 millones de has están dedicadas a la agricultura, 11,25 millones de has a la ganadería. De hecho, la cuenca concentra el 75% del stock vacuno bonaerense, lo que representa el 28% del total nacional. Y en cuanto a la agricultura, entre el 60% y el 70% de los granos que produce la provincia se generan en esta región.

Fuente: Agencia DIB 

La habilitación se realizó a través de la resolución 569 de la Subsecretaria de Control y Fiscalización Ambiental, que declaró apto el tramo V de la etapa 2 del Plan Maestro del Salado. De este modo, los trabajos quedaron en condiciones de arrancar desde el punto de vista administrativo.

Sin embargo, hay un obstáculo: el financiamientos -un crédito internacional por 100 millones de dólares, ya otorgado- no se habilitará hasta que se finalice el tramo IV, que está paralizada por el gobierno nacional el 27 de febrero de este año mediante una nota enviada a las contratistas Centro Construcciones SA, Pentamar SA UTE, José J. Chediack SAICA, Ecodyma, Dragados y Obras Portuarias SA y Sabavisa SA.

“Tenemos el financiamiento acordado de la etapa V, pero el banco internacional nos está objetando el tema de la etapa 4.2“, explicó la semana pasada el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, en una conferencia de prensa que ofreció en 25 de Mayo.

Tenemos el financiamiento acordado de la etapa V, pero el banco internacional nos está objetando el tema de la etapa 4.2

El Plan Maestro Integral del Río Salado contempla la adecuación de 531 kilómetros del cauce del río, que atraviesa 59 municipios y afecta directamente a más de 8 millones de hectáreas productivas. Hasta ahora, se completaron 402 kilómetros. Otros 95 kilómetros (tramo 5) están en etapa de licitación provincial y 33 kilómetros (el tramo IV de la etapa 2) permanecen paralizados por decisión nacional. 

En la actividad realizada en la ciudad de Navarro, trece intendentes estuvieron presentes, junto al presidente de la Autoridad del Agua, Damián Costamagna; el director provincial de Hidráulica, Flavio Seiano; el director vocal de la Autoridad del Agua, Máximo Lanzetta; y Jonatan Sánchez Sosa, director provincial de Logística, Infraestructura en Conectividad y Trabajo Rural del Ministerio de Desarrollo Agrario, entre otros funcionarios.

Durante el encuentro, los mandatarios comunales plantearon la situación crítica de la Cuenca del Río Salado y firmaron una nota dirigida al gobierno nacional para solicitar la reactivación de la obra del Tramo IV, etapa II, paralizada desde diciembre de 2023.

También suscribieron un acta en la que expresaron la importancia de que se apruebe la ley de endeudamiento de la Provincia de Buenos Aires, al considerar que su sanción permitiría avanzar con proyectos y obras estratégicas para el desarrollo de toda la región comprendida por los comités de cuenca.

Como parte de la agenda de trabajo, los municipios firmaron con la Autoridad del Agua un convenio de articulación para la detección de obras hidráulicas no autorizadas.

La reunión incluyó además la elección de autoridades.

En la Subregión B1, se eligió al intendente de Navarro, Facundo Diz, como presidente, y Javier Gastón fue designado al frente de la Subregión B2, acompañado por el intendente de Lezama, Arnaldo Harispe, como secretario de actas; el de Pila, Sebastián Walker Esponda como secretario administrativo y el de General Belgrano, Osvaldo Mario Dinápoli, como tesorero.

También participaron los intendentes de General Paz, Juan Manuel Álvarez; de Bragado, Sergio Barenghi; de General Las Heras, Javier Osuna; de Suipacha, Juan Luis Mancini; y el intendente interino de Chivilcoy, Eduardo De Lillo.

En los últimos días, el controvertido tramo IV.2 de las obras del río Salado volvió a ocupar el centro de los reclamos productivos. El Consejo Asesor del Plan Maestro, integrado por representantes de CONINAGRO, CARBAP, SRA, FAA y la UIA, volvió a plantarse ante la Nación para exigir la reactivación total de esta etapa, cuya reanudación —afirman— es insuficiente para cumplir con el plazo previsto de un año de ejecución.

“Valoramos la reanudación de las obras, pero es una reactivación solo parcial. Hay solo dos dragas trabajando en uno de los tres subtramos de 10 kilómetros cada uno, que en total suman los 30 kilómetros entre Ernestina y la Ruta Nacional 205. Por eso la exigencia que planteamos, lejos de ser un capricho, es un acto de responsabilidad”, sostuvo Alberto Larrañaga, titular del Consejo Asesor.

En este marco, el organismo reclamó al Gobierno nacional la reactivación inmediata y simultánea de los tres subtramos del tramo IV.2, cuya paralización —advirtieron— impacta gravemente en zonas aledañas a Roque Pérez, 25 de Mayo, Lobos y Navarro, y mantiene a numerosos productores “tapados por el agua en ese cuello de botella”.

Con ese objetivo, el Consejo Asesor mantuvo recientemente reuniones con la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, dependiente del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo, y evalúa avanzar con nuevas medidas. Entre ellas, analiza retomar el reclamo itinerante por las localidades de la cuenca del Salado, realizado meses atrás, además de iniciativas gremiales impulsadas por cada una de las entidades que lo componen.

Por otro lado, el Consejo expresó su preocupación por la falta de transparencia en la administración del Fideicomiso de Infraestructura Hídrica, conocido como Fondo Hídrico Nacional, creado junto con el lanzamiento del Plan Maestro. En este sentido, reclamaron la creación de una página oficial que permita acceder públicamente a la información sobre ejecución y destino de los recursos.

Según detalló Larrañaga, los montos acumulados en el fideicomiso superarían los 190 mil millones de pesos, fondos que “están durmiendo la siesta en colocaciones financieras en el Banco Nación, mientras las obras se paralizan por deudas que no llegan al 20% de esa cifra. Esto no resiste el menor análisis, es inexplicable e inaceptable”.

Cabe recordar que la ejecución del tramo IV.2 había sido declarada prioritaria por el actual gobierno nacional en 2024, según consta en información oficial. No obstante, la obra fue luego ralentizada, paralizada y finalmente neutralizada por falta de pagos a las empresas contratistas. Hace dos meses se anunció su reactivación, pero el Consejo Asesor sostiene que, hasta ahora, es solo parcial.

En el marco del avance de la Red Federal de Concesiones (RFC), el Gobierno nacional oficializó el llamado a licitación pública para la Etapa II del proyecto, que permitirá la concesión de casi 1.900 kilómetros que corresponden a la segunda etapa y que va hacia la privatización de unos 9.000 kilómetros de rutas nacionales.

La medida quedó formalizada mediante la Resolución 1843/2025, fue publicada en el Boletín Oficial, y beneficiará a rutas que atraviesan la provincia de Buenos Aires, como la 3, 5, 226 y 205, entre otras. La licitación pública nacional e internacional apunta a la construcción, explotación, administración y mantenimiento de diversas rutas.

En concreto, se licitará la concesión de casi 1.900 kilómetros de rutas nacionales que se dividen en dos tramos. El primero de ellos es el Tramo Sur Atlántico Acceso Sur, que abarca 1.325 kilómetros. Incluye a la ruta nacional 3 (unos 615 km), 205 (unos 254 km), 206 y autopistas Riccheri, Newbery y Ezeiza –Cañuelas.

En tanto, el denominado Tramo Pampa es de 547 km sobre la ruta nacional 5, entre las ciudades de Luján y Santa Rosa, La Pampa. Allí beneficiará, entre otras, a Chivilcoy, Alberti, Bragado, 9 de Julio, Carlos Casares, Pehuajó, Trenque Lauquen y Pellegrini.

En total, con ambos tramos, son 1.872 km que pasarán a ser gestionados por el sector privado y que, en su gran mayoría, son trayectos utilizados no sólo por vecinos sino para transitar con producción agropecuaria.

Vialidad Nacional, organismo descentralizado actuante en el ámbito de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, será la autoridad encargada de supervisar y controlar los contratos de concesión actuales y futuros, asegurando su cumplimiento en beneficio de los usuarios y el desarrollo de la infraestructura vial.

El nuevo sistema no contará con ningún subsidio por parte del sector público, que hasta el momento realizaba aportes. Si bien esto el Gobierno de Milei lo ve como un avance, vecinos, trasportistas y productores vienen quejándose por el mal estado de las rutas a lo largo y ancho del país.

Cabe destacar, a su vez, que el miércoles se realizó la adjudicación de la concesión la Etapa 1 de la RFC, que comprende otros 741 kilómetros de rutas nacionales, para la administración y mantenimiento correspondiente a los Tramos Oriental, compuesto por la autovía del Mercosur de las rutas nacionales 12 y 14, y el Tramo Conexión, que engloba los caminos de accesos y el puente Rosario-Victoria. Si bien en principio la convocatoria estaba prevista para iniciarse en diciembre del año pasado, la crisis económica retrasó los plazos.

1) Tramo Sur Atlántico Acceso Sur: compuesto por una extensión total de 1.325,17 kilómetros. Está dividida en los subtramos:

2) Tramo Pampa: comprende la RN 5 desde el Km 65 (Luján - Buenos Aires) hasta el empalme con la RN 35 (Santa Rosa - La Pampa) en una longitud total de 546,65 kilómetros.

A lo largo del país, muchos vecinos vienen reclamando desde hace años por el mal estado de las rutas, que se vio agravado por la falta de inversión del Gobierno de Javier Milei en obra pública. Por eso ahora la gestión libertaria avanzará en licitar unos 9.000 kilómetros que representan el 20% de la red vial nacional pero concentran el 80% del tránsito.

La medida se inspira en la ola privatizadora que se llevó a cabo durante la gestión de Carlos Menem, cuando se dieron en concesión unos 8.000 kilómetros de rutas nacionales mediante el sistema de peaje para mantenimiento, un esquema que fue modificado al año siguiente y luego en 2003, ante el descontento de los usuarios por las escasas ventajas obtenidas. (DIB) 

“Es el peor acuerdo comercial que se firmaría en toda la historia Argentina. Es gravísimo. Es un acuerdo donde los Estados Unidos no se compromete a nada”, afirmó Bianco este lunes en conferencia de prensa. Y agregó que “uno tiende a pensar si eso no será como contraposición al apoyo del Tesoro de los Estados Unidos y el Swap acordado”.

Desde Casa de Gobierno, el ministro cuestionó el capítulo referido a barreras no arancelarias. “Argentina se compromete a no requerir formalidades consulares y a eliminar gradualmente la tasa de estadística para productos estadounidenses. ¿Y qué concede EE.UU.? Nada. No es recíproco”, planteó. Según explicó, eliminar esa tasa únicamente para un país “viola compromisos asumidos en la OMC y habilita a que todos los demás litiguen contra Argentina por discriminación”.

Asimismo, destacó que el esquema propuesto permitiría el ingreso al país de productos estadounidenses certificados sólo bajo normas de ese país o estándares internacionales, sin exigencias locales. “Nosotros no vamos a aplicar nuestras propias certificaciones; pero ellos sí harán sus controles si queremos exportar algo. Un medicamento validado por ANMAT no les alcanza, ellos harán sus pruebas. Es completamente asimétrico”, señaló.

En otro tramo de la conferencia, la mano derecha de Axel Kicillof volvió a cuestionar que haya casi mil obras abandonadas por el Gobierno nacional en el territorio bonaerense. Y en ese sentido enumeró, entre otras, 180 obras por $4,3 billones; 6.500 viviendas del Procrear paralizadas y convenios entre Nación–municipios por $679 mil millones, además de infraestructura educativa, hospitalaria y social.

Estos puntos son algunos de los reclamos que Bianco quiere hacerle a Nación y por ello pidió una reunión con Santilli, que hasta ahora rechazó esa posibilidad. “La Provincia está siendo discriminada, ahora también en términos políticos”, sostuvo el ministro, y anticipó que enviará un video y un informe al exdiputado del PRO “ya que no atiende el teléfono ni responde formalmente”.

Según indicó, mientras Santilli mantiene reuniones con otros gobernadores, evita abrir instancias de diálogo con Buenos Aires, pese a ser “la provincia más poblada y la que genera el 40% de los recursos impositivos del país”. Y enfatizó que la discriminación política no se constituye “hacia un Gobierno o hacia el Gobernador y su gabinete sino hacia el pueblo bonaerense, que queda discriminado, primero económica y financieramente; y ahora también políticamente”.

Finalmente, Bianco agregó que “vamos a utilizar la conferencia para grabar un videíto, que después lo voy a cortar y se lo voy a pasar a su WhatsApp, dado que no me recibe y no le puedo comentar lo que le queremos reclamar desde la Provincia. Y además le voy a enviar un prolijo informe de todo lo que le debe el Gobierno nacional a los bonaerenses”. (DIB) 

Las autoridades municipales informaron que el tramo NO ESTÁ APTO para la circulación de tránsito pesado. El caudal del agua, sumado a las condiciones ventosas de la jornada, está provocando un socavón y un ablandamiento generalizado del terreno, lo que compromete la seguridad vial.

Se insta a la población a tomar las precauciones necesarias y a utilizar las vías alternativas hasta que las condiciones del Camino de la Horqueta mejoren.

Tras la jura de Diego Santilli como ministro del Interior, el Gobierno de Axel Kicillof presentó un pedido formal para reunirse con el nuevo funcionario. La idea es reclamar por el recorte de fondos que Nación dispuso desde el inicio de la gestión y el traspaso de obras, ante la paralización que se hizo en pos de alcanzar el superávit fiscal.

Así lo informó el ministro de Gobierno, Carlos Bianco en una publicación en redes sociales, donde compartió este miércoles la carta donde solicitó la reunión con Santilli con el objetivo de "reclamar los fondos que el Gobierno nacional le quitó a los bonaerenses y retomar la ejecución de las 1000 obras que dejaron abandonadas".

"Estos asuntos resultan centrales para el desarrollo y el bienestar de las y los bonaerenses, por lo cual consideramos indispensable poder mantener un intercambio directo que permita analizar su estado actual y conocer con precisión las perspectivas de resolución", dice el documento.

Si bien no hay una respuesta formal del ministro nacional a esta solicitud, días atrás Santilli, quien tras el resultado electoral volvió a posicionarse como posible candidato a gobernador en 2027, había descartado la posibilidad de mantener un encuentro con Kicillof porque, dijo, no acompaña las medidas del Gobierno nacional.

Más allá de este desplante de Nación, lo cierto es que Santilli ya venía oficiando de funcionario con reuniones con cuatro gobernadores: Ignacio Torres, Raúl Jalil, Martín Llaryora y Marcelo Orrego. Mientras que el propio Javier Milei recibió días atrás a varios mandatarios y algunos, incluso, como el pampeano Sergio Ziliotto, tampoco acompañan la idea libertaria.

En este contexto, el martes desde Florencio Varela, Kicillof hizo referencia a la falta de diálogo con Nación y volvió a reclamar por la obra pública paralizada desde diciembre de 2023. “Mientras tenemos mil obras paralizadas, el Presidente convocó a muchos gobernadores para negociar las deudas de la Nación a cambio de que apoyen leyes espantosas”, señaló.

Y teorizó sobre la no convocatoria del Presidente: “Tengo una hipótesis de por qué no fui invitado: Milei sabe que este Gobernador de la provincia de Buenos Aires no va a acompañar ninguna ley que vaya en contra de los derechos de nuestro pueblo”.

Hay al menos dos obras a cargo del Gobierno nacional con impacto en el territorio bonaerense que la gestión de Kicillof viene planteando que quiere asumir. Se trata de la finalización de la Autopista Presidente Perón y la jurisdicción de las aguas del Río de La Plata para llevar adelante el dragado del Canal Magdalena: una licitación que se había iniciado en los últimos meses de la gestión de Alberto Fernández y que quedó suspendida con la llegada de Milei.

También la Provincia tiene en agenda la deuda que reclama ya ante la Corte Suprema por el recorte de fondos. “Que nos devuelvan lo que Milei nos robó: esos casi $13 billones, que vuelvan a retomar la obra pública, que continúen con el dragado del Río Salado, que nos den la jurisdicción de la autopista Perón, que nosotros la venimos reclamando hace varios años, que nos den la jurisdicción de las aguas del río de la Plata para poder llevar adelante el dragado del canal Magdalena”, detalló Bianco el lunes en conferencia de prensa. (DIB) 

“El dinero para realizar las tareas de dragado está, lo que falta es decisión política”, señaló este lunes el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, quien le sugirió a la Rosada que utilice fondos del Fideicomiso de Infraestructura Hídrica o Aportes del Tesoro, que están subejecutados.

El funcionario explicó en conferencia de prensa que las obras en el río Salado avanzaron de forma ininterrumpida durante más de dos décadas, pero que a partir de la asunción de Javier Milei, la administración nacional paralizó los trabajos correspondientes a la etapa 2 del tramo 4. “Se descontinuó en diciembre de 2023 y se produjo una especie de embudo que impide que baje el agua como corresponde”, dijo.

En ese sentido, reconoció que hay una etapa 5 que le corresponde a la Provincia, que ya cuenta con los fondos comprometidos del un organismo internacional. Pero todo dependerá de que el Gobierno de Milei termine la parte que le corresponde y que, según dijo hace pocas horas Patricia Bullrich en la ciudad de 9 de Julio, se finalizará. “La etapa 4 fue iniciada en septiembre por el Gobierno nacional. Esperamos terminarla en un año, y la siguiente corresponde a la Provincia”, explicó.

El Gobierno provincial proyecta la finalización del Plan Maestro Integral de la cuenca del río Salado, una obra integral y emblemática que permitirá mitigar los efectos de los períodos de sequías e inundaciones en la cuenca del río Salado, abarcando a 59 municipios y alcanzará a una población de más de 1,5 millones de habitantes.

Del total de 17 millones de hectáreas de la Cuenca del Salado, 3.8 millones de has están dedicadas a la agricultura, 11,25 millones de has a la ganadería. De hecho, la cuenca concentra el 75% del stock vacuno bonaerense, lo que representa el 28% del total nacional. Y en cuanto a la agricultura, entre el 60% y el 70% de los granos que produce la provincia se generan en esta región.

En este contexto, Bianco destacó que durante la gestión de Kicillof se concretaron los mayores avances en el dragado del río Salado, e insistió en que los 33 kilómetros pendientes de la etapa actual, que le corresponden a Nación, permitirían recuperar cerca de 3 millones de hectáreas productivas hoy anegadas.

“Mientras la Provincia trabaja y asiste a los municipios afectados, la Nación no ejecuta los recursos que tiene disponibles. El dinero está, lo que falta es decisión política”, aseguró el funcionario. Y detalló las acciones que se vienen realizando ante las inundaciones: la declaración de emergencia y desastre agropecuario en más de 30 municipios, beneficios fiscales de ARBA, refuerzos del Fondo Provincial de Emergencia Climática, y asistencia directa con maquinaria, subsidios y obras viales. (DIB) 

En medio de un panorama desolador -con más de cinco millones de hectáreas bajo el agua y pérdidas estimadas en 2.400 millones de dólares-, el Gobierno bonaerense lanzó duras críticas contra la administración de Javier Milei por la parálisis del Plan Maestro Integral de la Cuenca del río Salado, una obra clave para prevenir inundaciones y mitigar el impacto del cambio climático.

“Esta es una política de Estado que desde 1997 se viene desarrollando de manera conjunta entre la Nación y la Provincia”, recordó Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense.

El funcionario explicó que las obras avanzaron de forma ininterrumpida durante más de dos décadas, pero que “a partir de diciembre de 2023, la Nación paralizó los trabajos correspondientes a la etapa 2 del tramo 4, como ocurrió con más de 2.300 obras públicas en todo el país”.

Katopodis advirtió que la suspensión de esa fase, que tenía financiamiento asegurado a través del Fondo Hídrico, “trabo las gestiones para obtener el crédito internacional del tramo 5, que iba a ejecutar la Provincia”.

Según el ministro, la interrupción “ya lleva casi dos años” y frenó una etapa que podría haberse completado en 2024. “En momentos como este se demuestra el verdadero valor de la obra pública y del trabajo mancomunado del Estado. Sin planificación y sin inversión, los daños se multiplican”, afirmó.

El reclamo bonaerense se produce mientras productores rurales del interior enfrentan una situación límite. En Bragado, una de las zonas más castigadas, la productora Paulina Bordeu denunció que el municipio no ejecutó obras durante los tres años de sequía, cuando las condiciones eran ideales para avanzar en infraestructura. “Estamos con el agua al cuello por la inacción municipal”, dijo en diálogo con Radio Rivadavia.

Según Bordeu, los caminos rurales se transformaron en ríos y muchas familias quedaron aisladas. “Tenemos animales que se están muriendo por el agua estancada. Se levantan bacterias y no te da tiempo a reaccionar”, lamentó. En su campo, de 500 hectáreas, la tasa vial asciende a entre cinco y siete millones de pesos mensuales, un gasto que considera “sin contraprestación alguna”. Pese a la emergencia, el municipio aplicó un aumento del 25%. “El productor quiere salir adelante, pero si no pagás, te bloquean la cuenta y no podés mover un camión”, señaló.

Ante la falta de respuestas, los productores enviaron una carta documento al gobierno local y amenazan con una rebelión fiscal. Recién entonces, aseguró Bordeu, “el intendente apareció en helicóptero a recorrer la zona”. La productora explicó que la raíz del problema es estructural: el agua que llega desde 9 de Julio no puede escurrir hacia Mechita por el terraplén de las vías y por una laguna cercana a la ciudad. “Bragado es una gran olla que recibe agua y queda estancada”, resumió.

La falta de obras también tiene un fuerte impacto humano. Los trabajadores rurales deben recorrer hasta 50 kilómetros diarios por caminos intransitables para llegar a sus puestos, mientras que muchas familias viven con el agua a pocos metros de sus casas. “Hay gente que no es escuchada y la está pasando muy mal. No pedimos privilegios, pedimos hechos”, insistió Bordeu.

Según cálculos del productor Ignacio Iturriaga, de Roque Pérez, la superficie anegada -2,25 millones de hectáreas agrícolas y una cifra similar de ganaderas- generará pérdidas directas por 2.466 millones de dólares.

“Lo que no se sembró o no se invirtió no es solo plata que pierde el productor: es plata que pierde el contratista, el que vende insumos, el del pueblo. Es dinero que no circula y que no vuelve”, explicó.

Mientras los productores advierten que los daños económicos y ambientales serán “irreparables” sin obras urgentes, el Gobierno bonaerense insiste en que la parálisis del Plan del Salado es un error que costará caro. “Cuando la obra pública se detiene, el agua siempre encuentra la manera de recordarnos por qué era necesaria”, concluyó Katopodis.