“Presentamos tres leyes: Presupuesto, la fiscal y el financiamiento. El año pasado no nos votaron ninguna. No se puede funcionar así. Este año esperamos que nos voten las tres leyes”, dijo Kicillof en una entrevista exclusiva con Ecos Diarios, durante una visita a la ciudad de Necochea.

El gobernador habló en medio de la discusión parlamentaria de los proyectos, e hizo hincapié en el de autorización de deuda: “ Es muy importante la de financiamiento, porque estamos en una situación en la que el gobierno nacional les debe plata a todas las provincias”, dijo.

Kicillof calculó que esa deuda para la PBA es de unos 13 billones de pesos y recordó que hay vencimientos en marzo y septiembre. “Nos vencen intereses y capital de la deuda en dólares que dejó Vidal y que tuvimos que refinanciar porque caía todo. Lo que estamos pidiendo son los recursos para refinanciar esa deuda, porque si no obviamente hay que afrontarla con recursos corrientes que van contra por ejemplo la obra pública”, le explicó el mandatario al matutino necochense.

Una de las claves de la negociación para la probación de los proyectos pasa por los municipios: hay varios intendentes con las finanzas complicadas y en general reclaman que parte de la deuda que eventualmente tome la provincia se transfiera a las arcas locales, a través de un fondo específico. El gobernador se mostró de acuerdo y por primera vez especifico una oferta: “Nosotros dijimos: vamos a tomar 3 mil millones de dólares y de eso coparticipar con los municipios. Son más o menos 350 mil millones de pesos (para las comunas) que también están apechugando esta situación como nosotros. Y 120 mil millones de pesos garantizados, más allá de que nosotros tomemos deuda ”, señaló.

La respuesta es clave porque, como informó DIB el sábado, implica hacer el cálculo sobre el total de la autorización de fondos que pide el Ejecutivo. También es importante lo de los fondos garantizados: implica que los 120.000 millones de pesos se transferirán en 2026, más allá de que la Provincia pueda tomar el total de los fondos recién en 2027.

Kicillof hizo una descripción dura de la situación financiera de la provincia como parte de su argumentación para solicitar la aprobación de las leyes. Y más allá de las deudas de Nación explicó que el contexto de baja actividad económica también repercute. “Hay una caída del 10% en los ingresos de la Provincia: estamos pidiendo una ley de financiamiento que autorice los vencimientos de este año más los del año pasado que no aprobaron y tuvimos que afrontar con gastos corrientes”, enfatizó.

“Uno espera que nos den las herramientas para gobernar en este contexto tan difícil, con este gobierno nacional que no se hace cargo de nada: nos sacó los remedios, ampliamos remedios, sacó los oncológicos, ampliamos la cobertura de medicamentos oncológicos, sacó fondos para educación nosotros compramos libros… obviamente hay que responder”, les dijo Kicillof a los legisladores. Y repitió el pedido: “yo espero que acompañen y nos den los instrumentos. Estos 350 mil millones es más que transferimos el año pasado y el anterior”, explicó.

Por otra parte, el gobernador cargó duro contra el Presidente. “Es un gobierno nacional que no existe”, dijo. “Abandonaron toda la ora pública. Han abandonado el fondo de incentivo docente, el de Seguridad. No son decisiones contra mí, yo sé que conmigo tiene saña, confronta todo el día, porque pensamos muy distinto”, apuntó Kicillof. “Yo digo que en carácter de gobernador, lo que me encuentro es que las 24 jurisdicciones lo mismo. Y le mintieron, porque los que votan a Milei y le prometen que le van a terminar una obra… no hizo nada”.

Kicillof también apuntó a la polémica que viene sosteniendo contra el ministro del Interior, Diego Santilli, al que le reclama sin éxito por ahora una reunión. “Nuestros ministros hablan todos con todos, pero no tenemos respuesta. Reunirse para qué. Yo no quiero discutir teoría económica. Me interesa que cumpla las funciones que tiene que cumplir un gobierno nacional ”.

Y no se privó de lanzar un dardo contra su antecesor, Guillermo Francos: dio que “estaba más quemado con los gobernadores… lo dijeron ahora: ojalá que el que venga pueda cumplir algo”.

En Necochea Kicillof desarrolló una intensa agenda local, que incluyó la inauguración nueva Comisaría 2° de Quequén. Allí adelantó que el distrito recibirá seis patrulleros adquiridos con fondos provinciales, debido a que, según señaló, “Milei nos cortó ilegalmente el Fondo de Seguridad”.

Luego visitó el Centro de Desarrollo Infantil, una de las 85 obras detenidas por la Nación al inicio del actual gobierno. “Dejó todo plantado, obras al 60% en barrios que las necesitan. Las terminamos con fondos municipales y provinciales”, indicó.

Respecto del encuentro que sostuvo con el intendente Arturo Rojas, Kicillof explicó a Ecos Diarios que repasaron temas estructurales. “Venimos trabajando una posible solución para el casino, pero hay decisiones que también deben pasar por el Concejo Deliberante”, adelantó.

También se abordó el futuro institucional del Puerto Quequén tras la elección de Jimena López como diputada nacional. “Tenemos una agenda conjunta basada en los problemas reales del distrito”, sostuvo Kicillof.

Durante su visita a Ecos Diarios, el Gobernador fue recibido por unos de sus directivos, Sebastián Ignacio.

(DIB) AL 

Así lo hizo saber el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, quien si bien dijo que el proyecto “entra en un marco de negociación”, reconoció que “es inconveniente” para la Provincia avanzar con la idea de algunos intendentes, sobre todo en el contexto actual de ajuste y recortes de fondos por parte de la administración de Javier Milei.

“La Provincia requiere ese endeudamiento para reforzar sus arcas y así destinar una parte a los municipios. Si ponés un fondo fijo que no esté vinculado a ningún recurso adicional son fondos propios que va a tener que repartir la Provincia. Y eso es un poco inconveniente. Sobre todo, por la posición en la que estamos”, señaló el funcionario este lunes en conferencia de prensa.

El proyecto de ley de financiamiento para 2026 que envió Kicillof a la Legislatura incluye un apartado para tomar deuda hasta por US$1.990 millones. La idea es que el 8% de ese total sea destinado automáticamente a los intendentes según el Coeficiente Único de Distribución (CUD) de la Ley 10.559. Pero si la toma de deuda es menor, las comunas recibirán menos. Y los intendentes quieren que los montos sean fijos.

“En otro momento se pudo hacer (lo del monto fijo), pero la situación económico-financiera que estamos padeciendo como consecuencia de las políticas y recorte de los fondos nacionales de casi 13 billones pesos, la caída de la recaudación y de la coparticipación” complejizan la situación, agregó Bianco.

Ante esta coyuntura, signada por la escasez de recursos, defendió la idea de que el fondo para las comunas debe estar atado al financiamiento. En ese sentido, dijo que “se puede formar un fondo para los municipios en la medida en que el Gobierno provincial pueda obtener recursos adicionales a través de los instrumentos de financiamiento”.

En otro tramo de la conferencia de prensa, Bianco hizo referencia a la deuda que mantiene Nación con la administración provincial y al posible diálogo con Diego Santilli, el designado ministro del Interior.

"Le escribí a Santilli para pedirle una reunión para tratar los temas de interés provincial, que nos devuelvan lo que Milei nos robó, que retomen la obra pública, que nos den la jurisdicción de la autopista Perón, todo eso fue planteado”, sostuvo la mano derecha de Kicillof.

Sin embargo, dijo que no recibió respuesta del dirigente del PRO, por lo que elevará el pedido de audiencia por los canales formales, que incluyen una nota por mesa de entrada del ministerio correspondiente. “Debe estar ocupado porque tiene dos laburos ahora, diputado por un lado y casi ministro por el otro, así que seguramente cuando jure como ministro que no va a tener la otra parte del trabajo me va a contestar", sostuvo. (DIB) 

Mientras el gobernador Axel Kicillof le pidió a la Legislatura endeudarse por el equivalente en pesos a U$S 1.045 millones y suspender deudas municipales del Covid, el Gobierno provincial reconoció este lunes que existen muchos intendentes en alerta por las cuentas en rojo de las comunas, que pone en riesgo el pago de salarios y aguinaldo en término.

Según declaró el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, varios jefes comunales se comunicaron en los últimos días para alertar sobre problemas en el pago de salarios, reducción de haberes y dificultades para afrontar el medio aguinaldo. “Hay municipios que vienen pagando en cuotas y están muy preocupados por el pago del aguinaldo”, detalló en conferencia de prensa.

Bianco vinculó directamente estas tensiones fiscales a los efectos de la política económica de la administración de Javier Milei, que impactan en números negativos en diversos sectores y en las finanzas públicas. “Esto ya se está viendo muy fuertemente en el comercio, en la industria, en la construcción y también en las arcas del Estado”, expresó, y agregó que la situación “es tremendamente preocupante”.

Sin Presupuesto aprobado por la Legislatura ni endeudamiento, los ingresos por coparticipación, que en rasgos generales se distribuyen en un 55% entre las provincias y el 45% restante para la Nación, cayeron en marzo en torno a los $911.000 millones en territorio bonaerense. En enero, esa cifra había sido de casi $1,1 billones.

En este contexto, el ministro de Hacienda, Pablo López, también se refirió al momento complejo que atraviesa la Provincia y explicó los alcances del “paquete económico” que pretende el Ejecutivo se debata en la Legislatura. Además de la posibilidad de tomar deuda, la iniciativa suspende las deudas que mantienen las comunas desde la época de la pandemia de Covid.

“Es importante contar con la posibilidad de contraer nuevas herramientas de financiamiento para afrontar los pagos que tenemos durante el año. Es un monto que está muy por debajo del promedio anual que tuvieron otros periodos de otras gestiones; es un tercio en promedio si se lo compara con el pedido de endeudamiento que se hicieron durante los años que van del 2016 al 2019”, dijo.

Y al trazar el duro panorama actual López describió: “El ajuste del Gobierno nacional impacta en las finanzas provinciales por el recorte de transferencias no automáticas del 80% real; una fuerte caída de la recaudación del 10%; y mayor presión sobre los gastos por el retiro de la Nación de sus funciones”.

Cabe recordar que en los últimos días varios jefes comunales salieron a alertar sobre la crisis en las arcas a nivel local. El Villa Gesell, el peronista Gustavo Barrera, decretó el estado de emergencia, una especie de “rueda de auxilio” administrativa a la que recurren los gobiernos para poder realizar diversas gestiones o tomar medidas de un modo más ágil y esquivando diversos obstáculos burocráticos.

En Saavedra, el vecinalista Matías Nebot notificó una serie de decisiones orientadas a contener el déficit financiero municipal, entre las que se destaca una rebaja del 13% en los sueldos de funcionarios y concejales, así como una propuesta similar para los trabajadores municipales. “Sabemos que es una decisión difícil, pero la hacemos para evitar un mal mayor, que es no poder afrontar el pago de sueldos”, dijo.

En medio de la caída en la cobrabilidad de las tasas locales, también Guaminí está en alerta. Por eso el alcalde José Nobre Ferreira redujo al mínimo las horas extras, congeló sueldos de los funcionarios políticos y suspendió subsidios a instituciones intermedias, sociales y educativas.

Mientras que el intendente de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño, señaló en diálogo con La Nueva que si bien no piensa en un ajuste salarial para los trabajadores municipales, existe preocupación de cara al pago del medio aguinaldo aduciendo que “se avecinan tiempos complejos”. Y añadió: “Cayó la coparticipación y eso genera en los municipios la necesidad de seguir siendo austeros. Tenemos muchísima preocupación y se acerca el pago del medio aguinaldo”. (DIB)

A través de un proyecto enviado este miércoles al Senado, Kicillof solicitó a la Legislatura la toma de deuda en pesos “por hasta un monto equivalente a US$ 1.045 millones”, un monto similar al pedido en diciembre y que no fue aprobado por la Legislatura. Esta jugada fue adelantada por DIB el 26 de abril, cuando el mandatario abrió una línea de diálogo con el kirchnerismo para asegurar el financiamiento de la Provincia y las comunas hasta fin de año.

La justificación del Gobierno es “afrontar la cancelación y/o renegociación de deudas financieras y/o judiciales no previsionales, y/o de los servicios de deudas, como así también tender a mejorar el perfil de vencimientos y/o las condiciones financieras de deuda pública, atender el déficit financiero y regularizar atrasos de Tesorería”.

Además, el texto explica que también se destinará a “otorgar avales, fianzas y/u otras garantías, financiar la ejecución de proyectos y/o programas sociales y/o de inversión actualmente en desarrollo o que se prevea iniciar, incluyendo aquellos en materia ambiental y de desarrollo sustentable”. Y en la misma iniciativa, el Ejecutivo autoriza a la Tesorería General a emitir letras del Tesoro en pesos u otras monedas por hasta U$S 250.000.000 durante el ejercicio financiero 2025.

La cifra de US$ 1.045 millones era similar a la prevista en un artículo del Presupuesto 2025, proyecto que no se aprobó en buena medida producto de la interna que ya había estallado entre el kicillofismo y el cristinismo, que maniobró para bloquearlo sobre una negativa que también fue de la oposición.

Por otra parte, el proyecto crea, con cargo al endeudamiento, el Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal, cuyos fondos serán utilizados por los municipios que adhieran y quedarán excluidos para financiar gastos corrientes. Dicha herramienta quedará constituida por el equivalente al 8% de los fondos obtenidos por las operaciones de financiamiento (toma de deuda), distribuyéndose el dinero según el Coeficiente Único de Distribución (CUD).

En tanto, la estrategia política de Kicillof también apunta a desactivar en Diputados un proyecto de ley que busca condonar la deuda que los municipios mantienen con el Ejecutivo en el marco de dos fondos especiales creados durante la pandemia. En ese sentido, la nueva iniciativa propone suspender (no perdonar) hasta diciembre el pago de esas deudas y establecer el reintegro de las cuotas abonadas este año.

Es que desde la administración de Kicillof habían tomado distancia de ese proyecto y aseguraron que no se consensuó con el Gobierno. “No fue trabajado ni articulado con el Ejecutivo provincial”, aclaró el ministro de Gobierno bonaerense Carlos Bianco y lamentó que el proyecto fuera impulsado de manera unilateral por legisladores oficialistas, de La Cámpora y el massismo. (DIB)

El Banco Nación (BNA) cerrará sucursales en aquellos municipios que “insisten con abusar de sus vecinos mediante subas de tasas municipales injustificadas”. Lo anunció el ministro de Economía Luis Caputo, quien dijo que así se lo pidió el presidente Javier Milei.

“Hoy el presidente Javier Milei me pidió que cerráramos las sucursales del Banco Nación de aquellos municipios que insisten con abusar de sus vecinos mediante subas de tasas municipales injustificadas, que además esconden en servicios nacionales. Ya he hablado con el presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, quien será el encargado de llevar adelante esta medida”, adelantó Caputo.

El anuncio del ministro se da en plena disputa con intendentes por la incorporación de tasas municipales en las boletas de los servicios públicos. De hecho, hoy mismo el Gobierno oficializó la decisión de dar de baja las tasas municipales en las facturas de Edenor y Edesur. Así se determinó en una resolución publicada este martes en el Boletín Oficial que, de todas maneras, tiene un capítulo abierto en la Justicia que, por ahora, les dio una buena noticia a los intendentes del Conurbano.

La medida conocida hoy, firmada por Darío Arrué, interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), estableció que “corresponde dejar sin efecto toda autorización que haya sido otorgada por este ente, en orden a que se incluya en las facturas que emiten Edenor SA y Edesur SA conceptos a cobrar ajenos a dicho servicio de carácter federal”. Hasta entonces, las distribuidoras podían cobrar servicios adicionales, como las cuotas de seguros de vida o créditos personales.

Eso sucedió luego de que la Secretaría de Comercio cumpliera con el pedido de Caputo y publicara la resolución 267/2024, que busca limitar el cobro de “cargos ajenos a la naturaleza del servicio” que se está facturando, lo que alcanzó desde las tasas viales que cobran algunos municipios en las estaciones de servicio, hasta las “ecotasas” que cobran los hoteles en zonas turísticas.

Respecto de la decisión de avanzar con el cierre de sucursales del Nación, Caputo cerró su posteo: “Estamos todos los argentinos haciendo un esfuerzo enorme por sacar al país adelante, pero hay todavía una buena parte de la política que quiere aferrarse al modelo de ‘privilegios para pocos y pobreza para muchos’ de los últimos veinte años. El pueblo argentino votó un cambio, y es nuestro deber cumplir con su mandato”. Y sumó tres emojis de las banderas argentinas.

No es la primera vez que las sucursales del Banco Nación aparecen en este tironeo. Y hoy mismo el Gobierno de La Pampa informó que no le cobrará al Banco Nación el aumento de la alícuota de Ingresos Brutos fijada por cuatro meses para la actividad financiera, medida que había generado el anuncio del Nación de cerrar nueve sucursales en esa provincia y el traslado de una gerencia zonal a San Luis. Según informa el diario La Nación, lo que no pague de incremento el Nación por ese plazo, que es el tiempo estipulado de aporte para un fondo solidario de ayuda alimentaria, lo absorberá el Banco de La Pampa. En cambio, la suba sí regirá para los otros bancos.

También hoy, la Secretaría de Trabajo llevó a cabo una audiencia entre la Asociación Bancaria y el Nación, después de la denuncia del gremio por el cierre de las nueve sucursales y de la gerencia zonal. Tras la reunión, desde La Bancaria remarcaron que exigieron “el mantenimiento de los puestos de trabajo y las condiciones laborales vigentes de los trabajadores y trabajadoras”, y rechazaron el cierre de las sucursales y la gerencia zonal. Según el sitio Mundo Gremial, la medida dispuesta por el BNA afecta a las localidades de Bernasconi, Colonia Barón, Eduardo Castex, General Acha, Guatrache, Ingeniero Luiggi, Intendente Alvear, Winifreda y Victorica.

A junio de 2024, el Banco Nación cuenta con 739 sucursales en el país -655 sucursales plenas, 62 anexos operativos, 4 bancos en planta, 16 sucursales electrónicas y 2 sucursales sin contabilidad propia-, 34 puestos de promoción, 1 oficina administrativa, 3 sucursales móviles y su Casa Central. (DIB) GML

En este proyecto de colaboración público-privada, los frentistas adquirieron los materiales necesarios, entre ellos suelo seleccionado, tosca y estabilizado, mientras que el gobierno municipal se encargó de aportar la mano de obra.

El costo total de los materiales fue de aproximadamente 13 millones de pesos, mientras que la participación municipal permitió concretar la obra mediante su personal y equipamiento.

Desde la comuna destacaron que esta iniciativa es una muestra más del interés de los vecinos por trabajar con el municipio en el mantenimiento de la infraestructura pública.

El juez federal de Zárate Campana, Adrián González Charbay, suspendió la aplicación de la resolución del Ministerio de Economía que prohíbe al municipio de Pilar aplicar una tasa municipal en las boletas de electricidad de Edenor y de gas de Naturgy BAN, al hacer lugar a una medida cautelar solicitada por la comuna, hasta tanto decida si es constitucional o no la resolución del Gobierno.

El reclamo fue planteado por el intendente de Pilar, Federico Achával, que señaló que la resolución 267/2024 de la secretaría de Industria y Comercio “causa un gravamen irreparable a los derechos constitucionales del municipio”. Dijo la comuna que tiene derecho a cobrar tasas de servicios, por ejemplo, de alumbrado público, incorporándolas en la boleta de Edenor. Lo mismo planteó con la tasa por Vigilancia, Inspección y Desarrollo de Emprendimientos para la Provisión del Servicio Público de Gas por Redes, que se incluye en la boleta de Naturgy BAN SA.

El municipio justificó su pedido en la ley provincial N° 10.740 y en el convenio que mantiene con Edenor para cobrar el tributo municipal, a través de su incorporación en la factura del servicio de aquella empresa. A su vez, agregó las normas provinciales que dan el marco de la energía eléctrica y la competencia del organismo de control (OCEBA) en aquel territorio.

Tras el pedido, el juez federal resolvió “hacer lugar a la medida cautelar” y ordenar “la suspensión de los efectos de la Resolución 267/2024 dictada por la Secretaría de Comercio e Industria de la Nación” que había puesto en alerta a los intendentes del conurbano, que ya elevaron sus reclamos.

“La medida interina tendrá vigencia hasta tanto se resuelva la medida cautelar solicitada en autos. A tal fin, requiérase al Ministerio de Economía – Secretaría de Industria y Comercio que produzca el informe previsto por el artículo 4 de la ley 26.854, en el plazo de tres días de notificado de la presente resolución”, agregó el texto.

Tal como informó agencia DIB que la resolución nacional 267/2024 publicada la semana pasada en el Boletín Oficial restringe la posibilidad de aplicar recargos en las liquidaciones que envían las empresas de servicio a sus clientes. Y el objetivo, según dijo el ministro de Economía Luis Caputo, es que “las facturas de servicios esenciales deben contener de forma única y exclusiva la descripción y el precio correspondiente al servicio contratado por el consumidor”.

Así, quedan afuera conceptos como pueden ser la tasa de alumbrado público, de seguridad e higiene o alguna relacionada con los bomberos que aparecen en las boletas y sirven para inversiones locales. No obstante, el Oceba aclaró ahora que la resolución 267 no puede primar sobre la Ley provincial 11.769, que regula la inclusión de conceptos ajenos en las facturas.

Es decir, Nación podría regular aspectos reglamentarios a las empresas que tienen concesión nacional como Edenor y Edesur. Y ahí sí impactaría en la caja de los intendentes del conurbano. Pero no sobre el interior, donde quien tiene injerencia es la Provincia. A través del Oceba regula los contratos con las compañías Eden (norte bonaerense); Edes (sur); Edea (municipios de la costa y Mar del Plata) y Edelap (Capital bonaerense y la región). Y a eso se suman las más de 200 cooperativas eléctricas que operan en el interior bonaerense. (DIB)

Axel Kicillof entregó hoy la tercera cuota del llamado Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal, un paquete de financiamiento adicional de $116 mil millones para los municipios cuyo destino final definen los intendentes, en un acto en la Casa de Gobierno en el cual el Gobernador agradeció a los alcaldes por sostener la gestión durante la crisis y contrastó con el gobierno de Javier Milei, que le cortó la entrega de fondos legales a la Provincia.

“Cumplimos nuestros compromisos porque asumimos la tarea de acompañar y proteger al pueblo de la provincia”, dijo Kicillof en un discurso en el Salón Dorado de la Gobernación en el que dejó claro que realizó el pago pese a que “estamos siendo sometidos a una política que apunta deliberadamente a fundir y a asfixiar a las provincias” con una serie de recortes en el envío de fondos que calificó de “injustos e ilegales”.

Cabe mencionar que Chascomús recibirá $ 204.724.485,00. Dichos fondos son no reintegrables y de libre disponibilidad a partir del Coeficiente Único de Distribución (CUD), tal lo dispuesto por la Ley nro. 15.408. Finalizado el evento, el intendente Javier Gastón manifestó: “seguimos trabajando con el gobierno provincial para sostener los servicios entre todos. En esta situación de crisis social y económica, es muy importante para Chascomús contar con el apoyo del gobierno de la provincia para poder seguir sosteniendo políticas públicas que nos contengan a todos”.

El Fondo de Fortalecimiento Fiscal fue aprobado mediante una ley de la Legislatura aprobada a fin de año pasado y se gira en cuatro cuotas de $38.106 pesos cada una que terminan de pagarse en octubre. Kicillof enfatizó que la provincia está cumpliendo con esas entregas poese a los recortes de Nación: la señal, en términos políticos, es que se maneja como la contracara del Presidente de la Nación.

El gobernador sumó a los recortes de entrega de fondos regulados por Ley, por los que litiga con Nación ante la Corte Suprema, el desplome de la recaudación “producto de las políticas  de Javier Milei poara resaltar que “aun con todas esas dificultades, y al mismo tiempo que continuamos reclamando por los recursos, la Provincia de Buenos Aires está cumpliendo con el compromiso sellado en la Legislatura con los 135 municipios”.

Al acto asistieron 92 intendentes: había alcaldes de Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical y partidos vecinales, e incluso alguno de PRO, fuerza que en general retacea la presencia de sus representantes a los actos que se realizan en la Gobernación para firmar los convenios que operativizan el traspaso de los fondos, a los que considera políticos.  

“Frente a un Gobierno nacional que no cumple con sus obligaciones, desde la Provincia seguimos invirtiendo y trabajando de forma colaborativa con los 135 municipios para mejorar la calidad de vida de los y las bonaerenses”, dijo el titular de Economía.

López agregó, en esa línea, que “podemos hacerlo gracias a una gestión responsable que, al mismo tiempo que nos permitió cerrar el primer semestre con superávit primario, posibilitó también el objetivo de reforzar los programas de acompañamiento y continuar con la obra pública en la provincia”.

De acuerdo a lo que indica la ley, las transferencias se realizan por Coeficiente Único de Distribución (CUD), en tanto que los fondos son no reintegrables y de libre disponibilidad por parte de cada municipio. (DIB) AL

El gobierno nacional publicó hoy una resolución en el Boletín Oficial en la que prevé que provincias y municipios devuelvan dinero girado para realizar obras públicas que aún no se finalizaron, aunque el mecanismo por el cual se realizaron esos trabajos impide retrasos y los contratos firmados desentenderse del financiamiento.

La medida del gobierno de Javier Milei se tomó a través del Boletín Oficial, donde se dio de baja el programa Argentina Hace, que había sido implementado en la órbita del Ministerio de Obras Públicas en 2020, durante el gobierno de Alberto Fernández, para realizar obras “de infraestructura” en 2.300 municipios de la Provincia.

El gobierno indicó en los fundamentos de la medida que Argentina Hace “no responde a los criterios de eficiencia en el funcionamiento del sector público que este contexto requiere”, en un marco de freno a las obras que, además, ahora están bajo la órbita del ministerio de Economía, que dirige Luis Caputo.

De acuerdo al diseño original del programa, el Ejecutivo financiaba las obras y los gobernadores o intendentes se encargaban de las licitaciones y de todo el trabajo que los proyectos demandasen en territorio. En ese marco, según el Gobierno, al asumir había 951 obras pendientes de terminación con este programa con municipios ascendían a $598.522.

Para esos casos, desde Economía también explicaron que las comunas tienen solo tres opciones frente a esa situación: terminar las obrasen un plazo de 120 días, negociar la devolución del dinero o aceptar su traspaso, aunque sin el financiamiento ya que la medida publicada hoy prevé el fin de la “asistencia nacional”.

Sin embargo, fuentes de la administración anterior explicaron a DIB que el gobierno no puede desconocer “los documentos y contratos” firmados para financiar los trabajos, en virtud de la “continuidad jurídica del Estado”.

Pero además existe controversia respecto del sistema de financiamiento y la eventual recepción de fondos sin contraprestación. El mecanismo preveía un adelanto del 30% para comenzar los trabajos y, después, la liberación del resto de los fondos contra presentación de la certificación de avance de obras.

En lo tocante al adelanto, las comunas que recibieron el dinero y no probaron su utilización para avanzar con trabajos concretos fueron intimados mediante cartas documentos.

En ese marco, dijeron que la medida tiene que ver con la intención del gobierno de desprenderse de todas obras para garantizar la consecución del superávit fiscal. “Obras sin ejecutar por un total equivalente a todo el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas en 2’023, cercano al billón de pesos”, agregaron esas fuentes. (DIB) AL

La fórmula para repartir el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de los Municipios, un aporte no reintegrable y de libre disponibilidad de la provincia por más de 110.000 millones de pesos, abrió una dura disputa entre el PRO y la UCR e la Legislatura.

Sucede que desde su creación, en 2020, el Fondo se repartía según una fórmula que vinculaba el Coeficiente que se usa para la coparticipación con los ingresos corrientes de cada comuna. Pero en la negociación por el paquete impositivo que impulsó Kicillof, el Fondo cambió de formato –se hizo de libre disponibilidad- y pasó a ser distribuido solo vía CUD.

El criterio, afirman, beneficia a los municipios más chicos y del interior y es fruto de una negociación que en su tramo final cerraron Juan Pablo De Jesus con intendentes del radicalismo, representados por Maximiliano Suescún, el presidente de su Foro.

Ahora, el PRO intenta revertir lo que entiende como un desbalance para lo cual la diputada Oriana Colugnatti, ligada al intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, presentó un proyecto que establece el cambio de fórmula.

Pero la clave política de la iniciativa quedó en manos de los presidentes de los bloque se Senadores y Diputados de PRO, Alejandro Rabinovich y Agustín Forcheri. Los jefes parlamentarios platearon la cuestión en un zoom con intendentes de Pro en el que aseguraron que “creemos que es una fórmula más justa y más equitativa. Además es la que se venía utilizando”. Dijeron que lo que proponen discutir es “llegar a un equilibrio para que esto beneficie a todos los municipios y los recursos lleguen a donde tienen que llegar.

Aunque por ahora el texto no llegó al recinto ya fue discutido en una reunión de Labor Parlamentaria –a pedido de Forcheri- y generó cruces. El radicalismo naturalmente se opone, pero hay sectores del peronismo que podrían abrirse a una negociación. (DIB) AL  

Tras el primer encuentro del Foro de Intendentes radicales en Tandil, más de 20 alcaldes de la UCR volvieron a reunirse, esta vez en Gonzales Chaves, donde analizaron el complejo escenario económico y social, y advirtieron nuevamente por el crecimiento de la demanda en efectores de salud municipales, así como también por el aumento en los precios de insumos y medicamentos, que limitan el acceso.

“Trabajaron en una agenda conjunta y pedirán audiencia al Gobernador Kicillof con la intención de destrabar el conflicto en Salud”, se informó mediante un comunicado oficial.

La anfitriona fue Lucía Gómez, quien ganó lleva adelante su primer mandato en Chaves y es la intendenta más joven de la provincia de Buenos Aires con 29 años.

Según se desprende del comunicado, los jefes comunales coincidieron en el complejo panorama que viven los efectores de salud municipales que se ven duramente afectados por el incremento de los valores de los insumos y medicamentos, en algunos casos llegando a más de 2600% de aumento interanual.

Como viene informando DIB, los Municipios observan un fuerte incremento en la atención en hospitales municipales por los vecinos que se vuelcan al sector público ante la crisis económica y, frente a ese escenario, temen no poder dar respuestas debido a los elevados costos en insumos y medicamentos.

También mostraron preocupación por la paralización de obras nacionales y provinciales, y la incertidumbre frente a su continuidad tras la decisión de no enviar los fondos correspondientes para sus ejecuciones.

La postura del Foro Como resultado del encuentro, los intendentes acordaron solicitar una audiencia al Gobernador Axel Kicillof para gestionar ante la Provincia soluciones reales centradas principalmente en la salud, la seguridad y la obra pública.

Además, y trabajando conjuntamente con los legisladores nacionales y provinciales, buscaran definir herramientas que permitan dar respuesta a los serios problemas que sufren los argentinos en torno al acceso a los medicamentos.

Con respecto al posicionamiento partidario del radicalismo, los jefes comunales buscarán reunirse con las autoridades del Comité Provincial y Nacional para lograr acuerdos y unificar posturas.

Integran el Foro de Intendentes Radicales de la Provincia de Buenos Aires las siguientes comunas: Adolfo Alsina, General Alvear, Florentino Ameghino, General Arenales, Ayacucho, Balcarce, General Belgrano, Adolfo Gonzales Chaves, General Dorrego, General La Madrid, General Lavalle, Lezama, Lincoln, Lobería, General Juan Madariaga, Magdalena, Maipú, Monte, Pellegrini, Rauch, Rojas, Saladillo, San Cayetano, Tandil, Trenque Lauquen, Tres Lomas y Viamonte. (DIB)

El gobierno de Axel Kicillof transfirió $11.600 millones a los 135 municipios bonaerenses, la primera cuota de las cuatro previstas para el fondo de libre disponibilidad que las comunas ahora podrán utilizar para equilibrar sus finanzas.

La decisión de Kicillof se da en medio del tironeo con el gobierno Nacional por los recortes a los envíos de fondos, y supone un gesto de diferenciación del Gobernador, que cumple con lo acordado cuando en la Legislatura se votó la ley de Endeudamiento para este año.

Se trata del Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal creado por la Ley Nº 15.480, que reemplazó a un Fondo de Infraestructura Municipal que tenía el destino prefijado.

“Aún en un contexto en el que el Gobierno Nacional plantea un grave ajuste sobre las provincias argentinas, que ya se ha materializado en la interrupción de todas las transferencias obligatorias no automáticas, la Provincia de Buenos Aires realiza un enorme esfuerzo para cumplir con sus compromisos con los 135 municipios”, indicó el ministerio de Economía en un comunicado.

“Este Gobierno provincial vuelve a manifestar su preocupación por las políticas que se están llevando adelante y el impacto de las mismas en las condiciones de vida de argentinos y argentinas, y reafirma su compromiso con un Estado presente que utilizará todos los medios a su alcance para paliar la grave situación económica y social”, dice el texto difundido por la cartera económica. (DIB) AL

Por Andrés Lavaselli

Intendentes del peronismo pero también del radicalismo lo dejan claro cada vez que pueden: el gobierno nacional puso en marcha un modelo que por ahora solo derrama ajuste en los municipios, pero sin malla de contención.  Las 140 obras públicas nacionales congeladas en el territorio bastarían por sí solas para encender las alarmas, pero el verdadero temor, por estas horas, hunde sus raíces en la situación social.

“Los medicamentos aumentan entre 300 y 900 por ciento, son producto de empresas oligopólicas y el Estado no tiene nada para decir”: la queja la formuló ante DIB Walter Wischnivetzky, el nuevo intendente de Mar Chiquita. Es un peronista, afín a Axel Kicillof. Pero algo parecido dijeron Maximiliano Suescún, de Rauch y Estaban Reino, de Balcarce: ambos pertenecen al radicalismo. Todos están preocupados porque gestionan hospitales municipales, muchas veces los únicos efectores de salud de sus comunas, que podría no poder reabastecer cuando tengan que volver a comprar medicamentos.

La situación que está creando el aumento de medicamentos en los hospitales municipales ya fue objeto de análisis por parte del gobernador Kicillof en una reunión con intendentes opositores y se habló en un mano a mano entre Nicolás Kreplak y la flamante intendenta de Pellegrini. Sofía Gambier. La alcaldesa reeditó una antigua norma municipal para que las obras sociales y prepagas paguen los servicios del hospital municipal que reciben sus afiliados, pero se comprometió a no volver a hacerlo el año que viene. El temor es que Nación aproveche para recortar aún más la asistencia.

En el capítulo obras el ajuste también se hace sentir. El listado de 140 obras que maneja el ministerio de Obras Públicas provincial comprende solo a las de mayor costo, según reveló la periodista Macarena Ramírez en Letra P. Hay de todo: rutas, trabajos hidráulicos, centros de salud. Y a eso hay que sumar otras 247 más, de gestión cooperativa, que tampoco registran avances desde diciembre.

Con un recorte del 11% en la totalidad de las transferencias Nación-Provincias para enero, que DIB adelantó el sábado y el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) confirmó  el miércoles. Buenos Aires bate el récord: algo más de 13% de poda que contrastan con el benévolo (en este contexto) 8% que le tocó a Jorge Macri. Fondos como el Educativo, vitales para las comunas, no se movieron este año.

Los intendentes saben que, como en un efecto dominó, a ellos también les llega la sequía. Lo que más preocupa, ahora, es la cuestión alimentaria. Nelson Sombra, de Azul –un municipio de la zona núcleo, bien alejado de los bolsones de pobreza del Conurbano- dio una señal de alarma en diálogo con DIB. Entre sus vecinos comienza a haber hambre. Y ni él ni ningún otro alcalde está recibiendo ayuda alimentaria nacional.

En ese contexto, la UTEP, pata sindical de los movimientos sociales, le pidió ayer a la ministra de Capital Humano, Sandrq Petovello, agilar las entregas. Las funcionaria dijo que atenderá a cada persona que tenga hambre, por separado. Un esquema pre 2001, ahora presentado como nuevo, Hasta pidió números de DNI. Kicillof movió rápido: conversa con el Movimiento Evita para que aumente su presencia institucional en el gobierno provincial. Sería en el ministerio de Producción, que comanda Augusto Costa. Ya algo tiene en Desarrollo de la Comunidad, del “Cuervo” Larroque. La idea es llegar mejor organizados a marzo, un mes en que las tensiones podrían agudizarse. (DIB) AL

Por Ximena B. Xiong

Pese a que se había divulgado que el Departamento Ejecutivo municipal había retirado el proyecto de Declaración de emergencia económica, financiera, administrativa, social, sanitaria y de servicios públicos en Chascomús, al no haber ingresado en la tercera sesión extraordinaria en el Concejo Deliberante el martes reciente, desde el oficialismo confirmaron que el expediente continúa en el legislativo para su tratamiento.

El martes de la corriente semana, en el recinto del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Chascomús se llevó a cabo la tercera sesión extraordinaria donde se aprobó por unanimidad la adjudicación a la licitación pública Nº 14/2023 para la concesión del parador Lamadrid, siendo el único proyecto del temario al no haber ingresado el expediente de ordenanza del ejecutivo municipal que busca declarar la emergencia económica.

El motivo habría sido porque la Comisión Deliberativa no llegó a un consenso para su tratamiento. Aún así, el expediente continúa en el legislativo para ser tratado en sesión extraordinaria, o de lo contrario, en sesión ordinaria a iniciarse en marzo.

Previo a ello, según supo EL CRONISTA en consulta al presidente del HCD, Andrés Sanucci, primeramente los concejales buscarán mantener una reunión plenaria con el Departamento Ejecutivo para que “nos den detalles y después se verá la necesidad de la emergencia”.

Respecto al proyecto presentado al Concejo Deliberante por el ejecutivo municipal el 24 de enero de 2024 para declarar en estado de emergencia económica, financiera, administrativa, social, sanitaria y de servicios públicos al Municipio de Chascomús, a fin de tomar una serie de medidas de carácter extraordinario destinadas a sostener su equilibrio económico-financiero en el corto plazo, el mismo se fundamenta en el contexto actual de la Argentina y “el deterioro de la situación fiscal producto de las medidas económicas anunciadas a nivel nacional y el impacto a nivel local que tendrán la aplicación de las disposiciones previstas en el DNU 90/23”.

En ese marco, el proyecto manifiesta que “se observa un deterioro de la situación financiera municipal proyectada hacia el cierre del ejercicio 2023, a partir de un aumento del gasto corriente sin un crecimiento similar en el financiamiento de éste, ya que tanto los ingresos propios municipales como la coparticipación vienen cayendo en términos reales”.

Situación que “comienza a tornarse crítica a nivel local, observándose que la liberación o falta de control de los precios de bienes básicos necesarios para la prestación de la variedad de servicios por parte de la municipalidad de Chascomús, principalmente medicamentos e insumos hospitalarios, combustibles y repuestos y reparaciones de maquinarias, equipos y vehículos y, en menor medida, alimentos, trae como consecuencia una escalada de los precios extraordinaria, además de una disparidad entre las ofertas de los distintos proveedores nunca vista”, enfatiza el expediente elevado por el ejecutivo municipal entre sus considerandos y que pone como ejemplo el monto para la compra de medicamentos e insumos que en diciembre de 2023 “fue aproximadamente de $3,5 millones, mientras que en el presente mes el monto llega a $ 20 millones”.

En ese marco, y en espera a que el Concejo Deliberante de tratamiento al proyecto, el ejecutivo propone en su primer articulado la adhesión a las leyes provinciales Nº14.806, 14.812, 14.815 y 15.165, prorrogadas hasta el 31 de marzo de 2025 por Ley Nº 15.480, y “declarar el estado de emergencia económica, administrativa y financiera, social, sanitaria y de servicios públicos al municipio de Chascomús, con la finalidad de paliar la situación actual”.

Sumado a ello, facultar al Departamento Ejecutivo, mientras dure la emergencia, para “aplicar todas las medidas previstas en la normativa provincial referida en el artículo primero de acuerdo a la equivalencia de normas aplicables en el ámbito municipal”.

La provincia de Buenos Aires avanzará este año con la duplicación de los talleres para hacer la Verificación Técnica Vehicular (VTV), lo que permitirá evitar largas demoras, al tiempo que los municipios con plantas tendrán una coparticipación de lo que se cobre por ese control de los autos.

Así lo confirmó el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, quien contó que en el transcurso de 2023, con la nueva licitación para concesionar el servicio, se duplicarán en el territorio los talleres para realizar la VTV.

“Vamos a estar no solo duplicando prácticamente la cantidad de talleres y de líneas de verificación, sino que también para la periferia, para los pueblos más chicos, va a haber un sistema de VTV móvil”, dijo el funcionario en declaraciones a LU6 Radio Atlántica. Ese sistema de VTV móvil, que se reforzará, permitirá anticipar en qué fecha se podrá realizar la verificación en cada localidad “para que la gente pueda planificarla”.

D’Onofrio indicó que en el nuevo sistema de VTV, que “está a punto de licitarse”, los municipios “van a tener una coparticipación de lo que se recaude”. Además, dijo que se cruzarán las bases de datos para que “cada vez que aparezca la imagen en una cámara que detecte patentes, salga (si ese vehículo) tiene VTV o no”.

La provincia tiene actualmente unas 60 plantas para realizar la VTV, que tiene un costo de $ 3.150 por vehículo de hasta 2500 kg. Cabe recordar que de acuerdo al nuevo ordenamiento, una vez que el conductor concurra a realizar la VTV según su actual mes de vencimiento indicado en la última oblea que fue pegada en el parabrisas y de haber aprobado la revisión, el personal de la planta le otorgará un mes de vencimiento extra que será asignado según el último número de la patente. (DIB) FD

Por ahora, el bono más abultado lo lanzó Ensenada. El intendente Mario Secco confirmó una suma de $ 100.000 que se otorgará en tres tramos: $ 40.000 en diciembre, $ 30.000 en enero y $ 30.000 en febrero.

A la espera de confirmaciones sobre un bono de fin de año por parte del Gobierno nacional y de cara a las Fiestas, algunos municipios de la provincia de Buenos Aires ya pautaron este tipo de sumas para otorgar en los últimos meses del 2022 y los primeros de 2023.

Según un relevamiento realizado por la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo), al que tuvo acceso DIB, cerca de 20 municipios ya avanzaron con la confirmación de bonos.

Al caso de Ensenada, se suma Dolores que también pautó una suma abultada. Ese Municipio otorgará tres tramos de $ 20.000 para los meses de diciembre de 2022 y enero y febrero de 2023, y en marzo el monto pasará al básico. “Eso significa un incremento en sus sueldos que supera el 100%”, sostuvo el intendente local Camilo Etchevarren.

En esa línea también confirmó una suma la jefa comunal de Quilmes, Mayra Mendoza. “Contaremos con un bono de fin de año de más del doble de lo que fue el del año pasado, esto ayudará a que puedan comprar regalitos, darse un gusto, ya que serán $ 50.000 pesos”, detalló recientemente. El mismo monto tendrán los empleados estatales de Berisso.

En Campana el bono de fin de año para los trabajadores municipales será de $ 40.000; en Tornquist, de $ 25.000; en Laprida, de $ 24.000, y en Brandsen, de $ 15.000. Mercedes sumó $ 18.000 en general y $ 12.000 para jubilados.

Olavarría, por su parte, otorgará un bono de $ 24.215 para fin de año y el pago de una suma $ 20.875 en concepto de presentismo y puntualidad. Esta última suma se abonará en el mes de abril de 2023. Además, entregarán bonos otros municipios como General Rodríguez, Villarino, Luján, Rivadavia, Rojas, Tres de Febrero, General Arenales y Tigre. (DIB) MT

Se realizará de manera virtual; la apertura será el 1 de septiembre de 10 a 11 horas y se podrá acceder mediante la plataforma del IPAP

La Subsecretaría de Transparencia Institucional, perteneciente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, junto al Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP), lanzan la capacitación sobre el Sistema de Declaraciones Juradas Patrimoniales, que busca brindar herramientas sobre la temática a trabajadores, trabajadoras, funcionarias y funcionarios pertenecientes a la administración pública municipal.

Durante el encuentro, a cargo de la subsecretaría que conduce Ana Laura Ramos, se brindarán herramientas de actualización que permitan establecer y fortalecer el Sistema de Declaraciones Juradas Patrimoniales PBA-AFIP.

Este tipo de acciones busca reconocer al sistema de declaraciones juradas como una herramienta esencial dentro de las políticas de transparencia institucional, que posibilita el acceso de la población a la información, a la vez que establece buenas prácticas de ética pública, en un marco de políticas de prevención en la lucha contra la corrupción.

La capacitación se realizará de manera virtual; la apertura será el 1 de septiembre de 10 a 11 horas y se podrá acceder mediante la plataforma del IPAP.

Para inscribirse en necesario completar el siguiente formulario que estará abierto hasta el 24 de agostohttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpx4D53sK0xZp1zhaWHPNfBJc8WOPYN1dH8Q2V4mVNH5_K2w/viewform

En este nivel están: Benito Juárez (70), Coronel Suárez (70), Trenque Lauquen (70), Tigre (68), Salto (63), Avellaneda (60), Berazategui (60), Tres de Febrero (58), Bahía Blanca (55), Azul (50), Junín (50), Las Flores (50), Villarino (50), Baradero (48), Colón (45), Guaminí (40), Hipólito Yrigoyen (40), Lanús (40), Pellegrini (40) y Suipacha (40).

En tanto, los municipios de cumplimiento “bajo o regular” son 54. Los mismos “publican sólo su situación económico financiera con rezago de más de un trimestre, o bien alguna referencia al Presupuesto 2022”. “Tienen en común la particularidad de un cumplimiento parcial de la normativa de referencia en cuanto exposición de la información y al cumplimiento de los plazos establecidos”, explica el informe de ASAP.

Entre otros, en este escalón se encuentran Lobos (39), Rivadavia (38), San Antonio de Areco (35), Ayacucho (30), Bolívar (30), Dolores (30), Laprida (30), Pehuajó (30), Pinamar (30), Quilmes (30), Villa Gesell (30), 25 de Mayo (30), Chacabuco (25), San Nicolás (25) y Moreno (18).

Finalmente, en el grupo de “nula exposición de datos” hay 29 comunas. Estas “se encuentran en situación de incumplimiento, no habiendo publicado vía web, la información económica financiera del ejercicio en curso y en ningún caso el presupuesto vigente”. Algunos municipios que están en este nivel son General Alvear (5), Lezama (5), Morón (5), San Isidro (5), Cañuelas (0), La Costa (0), Merlo (0), Pila (0) y San Pedro (0).

Estabilidad

La primera medición de la ASAP fue en 2018 y determinó que el 84% de los municipios demostraba niveles de transparencia entre regulares y nulos. Ese número cayó al 70% en 2019 y se mantuvo cercano a ese porcentaje en 2020, mientras que volvió a subir en el primer informe del año pasado y se ubicó en el 75%.

En noviembre de 2021 los municipios de baja o nula transparencia pasaron a ser el 61% del total, número que se mantuvo en el actual informe. Sin embargo, se puede destacar que en el reciente relevamiento solo 29 municipios se ubicaron en el último escalón (el de “nula exposición de datos”). A fines del año pasado eran 34 los que estaban en ese nivel.

“Muchos municipios que no estaban publicando información ahora lo están haciendo. Hay mejor predisposición y son cada vez menos los que no publican nada”, le dijo Collino a DIB.

Qué deben cumplir por ley

En el año 2005, la provincia de Buenos Aires adhirió al Régimen de Responsabilidad Fiscal nacional a través de la ley N° 13.295. Esa norma, modificada en 2017, sostiene en su artículo 4 que “cada municipio publicará en su página web el presupuesto anual” (aprobado o prorrogado).

Además, determina que las comunas difundan información: “trimestral de la ejecución presupuestaria”, del “gasto clasificado según finalidad y función”, del “stock de la deuda pública, incluida la flotante”, del “pago de servicios de la deuda” y del “nivel de ocupación del sector público al 31 de diciembre y al 30 de junio de cada año con un rezago de un trimestre”. (DIB)