La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso este lunes la baja de la habilitación otorgada al Correo Argentino para desempeñarse como acondicionador secundario de especialidades medicinales con fines de trazabilidad. La decisión fue formalizada a través de la Disposición 12/2026.

De acuerdo a la justificación, la medida responde a la falta de una dirección técnica habilitada, condición indispensable para operar en este tipo de actividades reguladas. Y recayó sobre la planta logística y centro operativo ubicado en la localidad de Malvinas Argentinas, utilizado para servicios de distribución, logística y manejo de medicamentos.

En ese sentido, implica la cancelación del Legajo N° 7512, se enmarca en las facultades de control y fiscalización que ejerce la ANMAT sobre todas las actividades vinculadas a medicamentos y productos de uso médico en el territorio nacional, con el objetivo de garantizar la seguridad sanitaria y el cumplimiento de la normativa vigente.

A su vez, argumentaron que, de acuerdo con la Ley 16.463, “actividades de producción, elaboración, fraccionamiento, comercialización, importación, exportación y depósito, en jurisdicción nacional o con destino al comercio interprovincial de las drogas, productos químicos, reactivos, formas farmacéuticas, medicamentos, elementos de diagnóstico y todo otro producto de uso y aplicación en medicina humana y las personas de existencia visible o ideal que intervengan en dichas actividades sólo podrán realizarse, previa autorización y bajo el contralor de la autoridad sanitaria, en establecimientos habilitados por ella y bajo la dirección técnica del profesional universitario correspondiente”.

Por otro lado, la disposición acude al Decreto 150/92, para justificar el cambio reciente. Este mismo exige que los establecimientos dedicados a la producción o fraccionamiento de medicamentos funcionen bajo la dirección técnica de profesionales farmacéuticos, químicos o con títulos habilitantes, de acuerdo con la naturaleza de los productos. Por dicha razón, el texto confirma la decisión en su primer artículo “cancelando el Legajo N° 7512, por los motivos detallados en el Considerando".

El Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) prestó conformidad a la baja de la habilitación en el ámbito de su competencia. Además, intervinieron la Dirección de Gestión de Información Técnica y la Dirección de Asuntos Jurídicos de ANMAT.

Fuente: Agencia DIB 

En un país donde los aumentos desmedidos se han vuelto moneda corriente —desde la medicina prepaga hasta los alimentos más básicos—, el acceso a la salud ya no es una garantía sino un desafío cotidiano. Mientras millones de argentinos pierden cobertura médica por la caída de su poder adquisitivo o por la desregulación de las obras sociales, el sistema de salud pública se convierte en el único refugio para quienes no pueden pagar. Y es ahí, en ese contexto de abandono nacional, donde el Estado local debe decidir si se corre o se planta. En Chascomús, eligieron lo segundo.

La situación económica que atraviesa la Argentina golpea con fuerza. Según datos recientes, cerca del 36% de la población ya depende exclusivamente de la salud pública. Esta cifra crece cada mes, arrastrando consigo a sectores que antes contaban con obra social o prepaga. La crisis no distingue clases sociales: los consultorios municipales y la farmacia del hospital ven desfilar a vecinos de todos los rincones y perfiles sociales, empujados por los aumentos, los recortes y la falta de respuestas desde el gobierno central.

Frente a esta emergencia sanitaria y social, la Municipalidad de Chascomús destinó, solo en abril, más de 71 millones de pesos a la compra de medicamentos e insumos hospitalarios. El dato no es menor, y cobra aún más relevancia cuando se sabe que no se trata únicamente de sectores históricamente vulnerables, sino de un universo cada vez más amplio de vecinos y vecinas que necesitan ayuda. Porque cuando el sistema privado expulsa, la salud pública contiene. O al menos lo intenta.

Pero el esfuerzo tiene límites. La reciente disposición nacional que prohíbe el uso de productos del laboratorio Ramallo implicó un gasto extra de más de 7 millones de pesos para el municipio, que debió reponer medicación con fondos propios para garantizar la continuidad de tratamientos. Esta situación no es un hecho aislado, sino parte de una política más amplia de desregulación del mercado, cuyos efectos son devastadores en el bolsillo de la población, especialmente el de las personas mayores.

Mientras el precio de los medicamentos crece por encima de la inflación, los jubilados que perciben la mínima siguen recibiendo el mismo bono de $70.000 desde marzo, cuando, si se ajustara según la fórmula oficial, debería duplicarse. Además, el recorte del vademécum del PAMI obligó a muchos beneficiarios a pagar de su bolsillo fármacos esenciales que hasta hace poco estaban cubiertos al 100%. Algunos directamente dejaron de tomarlos.

En ese paisaje de desamparo, el Estado municipal de Chascomús no eligió la comodidad de la excusa ni la parálisis del “no hay plata”. Respondió, aún cuando el recorte de fondos nacionales y provinciales también golpea sus cuentas. Aumentó la inversión en salud. Reforzó la presencia territorial. Rediseñó prioridades. Porque cuando el sistema falla arriba, alguien tiene que estar abajo para sostener.

No es magia, ni alcanza. Pero es decisión política. Y es, sobre todo, una señal de humanidad y compromiso en tiempos donde mirar para otro lado parece ser la salida más fácil.

El gobierno municipal dio a conocer, a través de su secretario de Hacienda, Juan Facundo Alfonsín, que durante el mes de abril se realizó una inversión de $71.000.000, a fin de dar respuesta a la creciente demanda de medicamentos en la farmacia del hospital municipal e insumos hospitalarios. El dato relevante, en el caso de los medicamentos, es que esta demanda no se circunscribe a determinados sectores socioeconómicos, sino que cada vez son más los vecinos y vecinas que recurren a la asistencia del Estado.

La situación obliga a la gestión municipal a rever los parámetros y criterios para dar respuesta a esta necesidad creciente de la población, en un contexto de recortes presupuestarios tanto para programas nacionales como provinciales.

En su último informe, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), dio a conocer la evolución de los precios de venta al público de los medicamentos, desde la asunción del gobierno nacional. El mismo pone especial atención en aquellos fármacos más consumidos por las personas adultas que, solo en el mes de abril, aumentaron en promedio un 5%, muy por encima del 2,8% de inflación publicado por el INDEC para el mismo mes.

Las políticas de desregulación del mercado produjeron un alza de precios que ya en los últimos dos meses de 2023, tuvieron un incremento en promedio del 77,2%. Este aumento impactó de manera directa en la pérdida de poder adquisitivo de las personas mayores, en su mayoría jubiladas y/o pensionadas. El dato cobra mayor relevancia si se considera que en promedio, las personas mayores consumen cinco medicamentos al mes, por lo que la proporción del gasto es cada vez mayor en relación a sus ingresos.

Además, en agosto y diciembre de 2024, el PAMI redujo la cantidad de medicamentos incluidos en el vademecum, cambiando los términos de cobertura. A partir de esta medida, beneficiarios de la obra social que hasta entonces compraban medicinas de base con cobertura al 100%, se vieron obligados a pagar precios libres. En consecuencia, una porción de esta población manifiesta haber dejado o reducido el consumo de alguna de ellas.

Como golpe de gracia al bolsillo de jubilados y pensionados que perciben la mínima, el bono compensatorio se congeló en marzo de 2024 en $70.000, monto que se mantiene cuando, si se actualizara en base a la fórmula promovida por el mismo gobierno nacional para la recomposición de jubilaciones y pensiones, el bono de mayo debería haber sido de $154.400.

Pero las consecuencias de las políticas de precios libres para la industria farmacéutica se extiende a la economía de otros sectores de la población, que perciben la pérdida del poder adquisitivo de sus salarios frente a un proceso inflacionario desacelerado y de caída de la actividad económica. Ésto argumenta la demanda creciente de asistencia en los centros locales de atención pública, la cual recae sobre el Estado Municipal frente a la ausencia de su par nacional.

Por otra parte, a partir de la disposición 3158 del 13 de mayo de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), seguida por disposición del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, el Estado Municipal prohíbe el uso y/o circulación de los productos elaborados por Laboratorios Ramallo, registrados bajo la firma HLB Pharma. Esto representa un costo adicional de más de $7.000.000 en el presupuesto municipal, destinados a una nueva compra para la reposición del stock de farmacia.

Así lo dispuso el Ministerio de Salud de la Nación, mediante el Decreto 345/2024, publicado en el Boletín Oficial en abril del año pasado.

No obstante, más allá del anuncio y el decreto, el alcance de la medida no es restrictivo para las recetas en papel, ya que hay 17 jurisdicciones del país que cuentan con ley de receta electrónica, otras tienen su propia ley provincial con un régimen propio, como Buenos Aires, CABA, Chubut, La Rioja, mientras que algunas provincias se encuentran tramitando su propia normativa o bien utilizan esta modalidad digital de forma parcial.

En la provincia de Buenos Aires, donde desde el 28 de febrero de 2023 rige la Receta Electrónica Bonaerense, seguirán habilitadas las prescripciones de medicamentos tanto en papel como en formato digital.

Alejandra Gómez, presidenta del colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos aires, explicó a DIB que “en provincia de Buenos Aires coexisten la receta electrónica con la receta en papel”.

Asimismo, indicó que “desde el 2020 hay prescripción electrónica, hay muchas obra sociales que se manejan con receta electrónica, con receta electrónica, como PAMI, aunque aún ese modo de prescripción falta que tenga la receta electrónica de psicotrópicos, la de archivo, y en ese caso el paciente tiene que llevar la receta en papel”.

Además, la titular de la entidad bonaerense, aseveró: “Hasta que no haya una interconectividad entre los módulos prescriptorios y los reservorios, donde las recetas se tienen que alojar, puede ser que la farmacia no tenga acceso a la receta electrónica que el médico le prescribió y el paciente tenga que asistir con el link o la receta impresa, porque no tenemos forma de verlo en la farmacia”. En esa línea, Gómez precisó: “Hoy faltaría esa parte para despapelizar toda la cadena, incluso en el momento de la dispensa en la farmacia”.

De igual modo, Rubén Sajem, director del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos, expresó en declaraciones radiales que la medida anunciada el miércoles por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, “no pasa de ser una intención, la fecha 1º de enero es una fecha tentativa, y está muy a medias el desarrollo del sistema”.

Asimismo, subrayó que “las provincias tienen que adherir a este sistema, hay cantidad de provincias que no adhirieron, otras que tienen su propio sistema, por lo que si una persona está de vacaciones no va a poder usar la receta electrónica y sí la de papel, de acuerdo al lugar donde esté”.

Para descartar confusiones, Sajem remarcó: “Hay que llevar tranquilidad a la gente: quienes tengan la receta en papel la van a poder seguir usando”.

El titular de la entidad farmacéutica dijo en declaraciones a Urbana Play que “el sistema es bueno”, de acuerdo a su implementación en otros países, pero “hay que desarrollarlo, está muy verde, no está completamente desarrollado el sistema ni está reglamentado como va a ser el libro de las farmacias”.

En ese sentido, Sajem completó: “Parte de la integración del sistema asegura que las recetas no sean usadas varias veces. La receta electrónica no es una foto, hay un sistema que todavía está muy en veremos, falta todavía, porque la autoridad sanitaria sacó el decreto en abril pero hay una cantidad de sistemas que no están conectados”. (DIB) ACR

El Gobierno nacional puso nuevos límites para la entrega de medicamentos gratuitos a jubilados y pensionados del PAMI, por lo que de ahora en más no podrán acceder aquellos que tienen ingresos netos mayores a 1,5 haberes previos mínimos, unos $390.000 o no poseer más de un inmueble.

Si bien desde el PAMI salieron a aclarar que garantizarán el 100% de cobertura en medicamentos ambulatorios, lo hará través del Subsidio por Razones Sociales, destinado a personas afiliadas que, debido a su situación de vulnerabilidad social, no pueden afrontar el costo de sus medicamentos con descuento.

En concreto, con el anuncio de las autoridades de la obra social de los jubilados ya no habrá cinco medicamentos cubiertos al 100% por jubilado, como venía siendo hasta ahora, con excepción de aquellos que realicen un trámite específico para contar con el llamado “subsidio social”.

Si el afiliado no cumple con los dos primeros puntos y el gasto en medicamentos indicado para su tratamiento representa un 15% o más de sus ingresos, podrá solicitar el 100% de cobertura en medicamentos mediante un análisis de excepción en que se evaluará la situación económica particular. Para ello, será necesario:

Casi todos. Solamente los Afiliados Veteranos de Guerra del Atlántico Sur no están alcanzados por estas limitaciones y podrán acceder directamente a la cobertura correspondiente.

Para iniciar el trámite del subsidio social, deberás presentar los siguientes documentos:

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, se refirió a la nueva medida que tomó el gobierno nacional que limita el acceso a los medicamentos de los afiliados de PAMI, y los obliga a sumar un trámite. A través de su cuenta de X, Kreplak compartió con preocupación un análisis de la situación.

“Se elimina el programa de medicamentos gratuitos del PAMI. Esto agrava la crisis de acceso a medicamentos y suma un nuevo capítulo a la política sanitaria del gobierno nacional que profundiza nuestra preocupación”, expresó el funcionario, y añadió: “Accederán a la medicación cubierta al 100%, y mediante un trámite especial, quienes no cobren más de una jubilación mínima y media (389 mil pesos), no tengan prepaga, un auto con antigüedad menor a 10 años y no tengan más de una propiedad a su nombre”.

El ministro argumentó que el hecho de “que un jubilado tenga que hacer un trámite extra para tener sus medicamentos, es una barrera de acceso al derecho a la salud que ya está sucediendo”, y vaticinó: “Estas decisiones impactan en todo el sistema y el resultado lo vamos a absorber en las guardias y contener en farmacias”.

Kreplak citó un estudio que determina que los gastos de un jubilado en medicamentos alcanzan el 35% de sus ingresos. “Con esta decisión tendrán que destinar hasta el 80% aquellos que cobran la mínima”, lamentó.

Se elimina el programa de medicamentos gratuitos del PAMI. Esto agrava la crisis de acceso a medicamentos y suma un nuevo capítulo a la política sanitaria del gobierno nacional que profundiza nuestra preocupación.Solo accederán a la medicación cubierta al 100%, y mediante un…

Asimismo, el funcionario, añadió que “el problema principal es que el PAMI se financiaba en parte con el impuesto PAIS, que se retira sin reemplazo de financiamiento, en otra medida de redistribución regresiva”, y concluyó: “Estamos volviendo al programa impuesto por el macrismo, que ya fracasó. Siguen ajustando a los que más necesitan atentando contra la salud de nuestros jubilados”.

El Gobierno nacional puso nuevos límites para la entrega de medicamentos gratuitos a jubilados y pensionados del PAMI, por lo que de ahora en más no podrán acceder aquellos que tienen ingresos netos mayores a 1,5 haberes previos mínimos, unos $380.000 pesos o no poseer más de un inmueble.

Comunicado oficial sobre Medicamentos PAMI pic.twitter.com/RI5B3vwFH4

Si bien desde el PAMI salieron a aclarar que garantizarán el 100% de cobertura en medicamentos ambulatorios, lo hará través del Subsidio por Razones Sociales, destinado a personas afiliadas que, debido a su situación de vulnerabilidad social, no pueden afrontar el costo de sus medicamentos con descuento.

En concreto, con el anuncio de las autoridades de la obra social de los jubilados ya no habrá cinco medicamentos cubiertos al 100% por jubilado, como venía siendo hasta ahora, con excepción de aquellos que realicen un trámite específico para contar con el llamado “subsidio social”. (DIB) ACR

El Gobierno nacional puso nuevos límites para la entrega de medicamentos gratuitos a jubilados y pensionados del PAMI, por lo que de ahora en más no podrán acceder aquellos que tienen ingresos netos mayores a 1,5 haberes previos mínimos, unos $380.000 pesos o no poseer más de un inmueble.

Si bien desde el PAMI salieron a aclarar que garantizarán el 100% de cobertura en medicamentos ambulatorios, lo hará través del Subsidio por Razones Sociales, destinado a personas afiliadas que, debido a su situación de vulnerabilidad social, no pueden afrontar el costo de sus medicamentos con descuento.

En concreto, con el anuncio de las autoridades de la obra social de los jubilados ya no habrá cinco medicamentos cubiertos al 100% por jubilado, como venía siendo hasta ahora, con excepción de aquellos que realicen un trámite específico para contar con el llamado “subsidio social”.

“Todo aquel afiliado que no pueda pagarlo, puede iniciar el trámite para obtener el subsidio social. Quien no está inscripto debe hacerlo. Es un trámite simple que se puede iniciar en la web y luego presentarse en la agencia”, dijo el titular del PAMI, Esteban Leguizamo, quien dijo que no se sacó ningún medicamento del vademécum. “Los descuentos de los medicamentos al 50%, 60 y 80% siguen sin modificaciones”, dijo.

Los afiliados que deseen tramitar este beneficio deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Si una afiliación no cumple con los puntos 1 y 2, pero los medicamentos necesarios representan un gasto igual o superior al 15% de sus ingresos, podrá solicitar el 100% de cobertura mediante un mecanismo de excepción. En este caso, se evaluará la situación a través de:

El PAMI hizo un comunicado en el que buscó llevar tranquilidad a los jubilados, aunque evitó dar precisiones. Habló allí de reordenamiento de la cobertura de medicamentos de PAMI, que brinda servicios a más de 5,3 millones de personas, generó dudas entre los jubilados y pensionados.

En ese sentido, aclaró que, como parte de una “gestión planificada y eficiente”, el organismo se vio “en la necesidad de llevar a cabo readecuaciones en las coberturas de medicamentos a lo largo de este año en distintas etapas. En el contexto de la firma de un nuevo convenio con la industria, se lleva adelante una nueva readecuación”. Además, indicó que se va a continuar con la cobertura de medicamentos al 100% “como lo indica la legislación vigente”.

“Si alguien no puede pagar, puede ir a cualquier agencia de PAMI y tramitar el subsidio social. Este es un proceso rápido y sencillo”, explicó Leguizamo, y subrayó que el objetivo es garantizar que nadie quede sin medicación por razones económicas. “El Instituto tiene que financiar la demanda, y no la oferta como era antes. Ese es el concepto de administración más importante que tenemos”, explicó. (DIB) FD

Un cambio en el sistema de validación de PAMI, que comenzó a funcionar el pasado viernes 1º de noviembre, ha generado complicaciones en la entrega de medicamentos a jubilados.

El problema se presenta cuando los farmacéuticos se disponen a validar las recetas, ya que una cuestión técnica impide completar el trámite. Concretamente, PAMI dispuso cambiar el sistema de validación central del Convenio de Medicamentos Ambulatorios, dejando de hacerlo por FarmaPAMI y pasando al sistema de IMED, decisión que escapa al ámbito de las entidades farmacéuticas.

Si bien desde PAMI anunciaron que están trabajando en la solución del inconveniente, desde el sector farmacéutico no tardaron en elevar las quejas, ya que los damnificados son los clientes que no pueden acceder a la medicación.

En tanto, desde la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (FACAF), emitieron un comunicado para aclarar que las farmacias “no son las responsables del problema”.

“En la implementación de este cambio tecnológico dispuesto por el Instituto se ha generado una importante cantidad de dificultades a la hora de atender al jubilado en el mostrador de las farmacias en todo el país, y esas dificultades persisten al día de hoy, martes 5 de noviembre”, precisaron desde FACAF.

En esa línea, detallaron que “esas dificultades se traducen en sustanciales demoras o impedimento en la dispensa de medicamentos, inconvenientes para la localización de recetas electrónicas, y otras circunstancias puntuales que hacen a una significativa merma en la calidad de servicio que nuestras farmacias acostumbran a brindar a los afiliados al PAMI”.

En el comunicado, añadieron: “Las Entidades Farmacéuticas solicitan a todos los actores que intervienen en esta coyuntura que se redoblen los esfuerzos para lograr de manera inmediata y definitiva una normalización de las herramientas tecnológicas que permitan a nuestras farmacias recuperar su normal labor, y poder darles a los jubilados la atención habitual”. (DIB) ACR

En Chascomús, las dificultades que enfrentan los beneficiarios de obras sociales y prepagas han cobrado protagonismo en las últimas semanas. Cecilia Anchordoquy, farmacéutica local, expuso la situación en el programa “Por Siempre Noticias” de la 97.3, planteando interrogantes sobre cómo la tecnología ha comenzado a transformar este sector.

Según Anchordoquy, muchas obras sociales requieren el uso de teléfonos con tecnología específica, lo que se convierte en un obstáculo para la mayoría de los adultos mayores, quienes, además de no contar con smartphones, a menudo no tienen las habilidades necesarias para utilizarlos. “Hay pacientes crónicos que deben realizar todo su tratamiento a través del teléfono”, explicó. Si bien algunas obras sociales aún no han adoptado estas exigencias tecnológicas, la diversidad de sistemas en funcionamiento complica los trámites necesarios para acceder a medicamentos, convirtiendo lo que debería ser un proceso simple en una “aventura” abrumadora para quienes no están familiarizados con estas herramientas.

Además, la farmacéutica destacó que muchos medicamentos han dejado de ser cubiertos por las obras sociales. “Es fundamental que nos consulten a los farmacéuticos, ya que hay tratamientos que son de por vida, y si se inician los trámites correspondientes, la obra social está obligada a cubrirlos por tratarse de pacientes crónicos”, afirmó.

Por si fuera poco, el incremento constante en los precios de los medicamentos plantea un grave problema. Esta situación deja a muchas personas en la difícil decisión de abandonar tratamientos vitales debido a restricciones económicas. La falta de control sobre estos aumentos se ha convertido en una preocupación generalizada, que añade una carga adicional a quienes ya enfrentan desafíos significativos en su atención médica.

Un informe alertó que Argentina tiene medicamentos de uso frecuente sustancialmente más caros que en países como España, según un estudio impulsado por el Centro de Estudios para la Salud  Argentina (CESA) y retomado por la Unión Argentina de Salud (UES).

En rigor, en el trabajo se comparan los precios de 13 medicamentos de uso frecuente, entre nuestro país y España. “Los datos indican que comparativamente los precios en nuestro país son sustancialmente más altos, tal son los casos de la Metformina que en Argentina  cuesta $ 34.517 y en España es de 2,90 euros, es decir unos $ 4.350, o el Diclofenac 75 que en Argentina cuesta $ 20.455 y en España 2,50 euros, es decir, $ 3.750”.

En este mismo sentido, “es importante destacar que la industria farmacéutica en España es un factor clave y estratégico de la economía, existiendo unas 174 plantas industriales. Mientras que Argentina también posee un posicionamiento muy importante, contando con unas 190  plantas, de las cuales 160 son de capitales nacionales”.

Y si bien nuestro país se caracteriza “por un desarrollo muy importante de la industria farmacéutica, de gran seguridad y calidad, sus estrategias corporativas y de relativa competencia, determinan que a pesar de la  oferta de cantidad, esto no se traduce en menores precios en el mercado nacional y produciéndose cada vez más barreras de  accesibilidad y asequibilidad por parte de la población”, continúa la UES en un comunicado.

“En la actualidad del total de recursos financieros que recauda el sistema de salud privado, el gasto en medicamentos representa casi el 40% de esa totalidad, siendo que hace de 10 años, no superaba el 20%”, agregaron.

Según la UES, varios de los factores que condicionan el acceso a los medicamentos “son la falta de financiamiento, problemas de suministro, insuficiente capacidad de producción local, inadecuada legislación farmacéutica, influencia de los acuerdos comerciales, etc”.

Y añaden: “Todo lo anteriormente expresado, debiera estar enmarcado dentro de una política sanitaria integral y universal, diseñada a partir de datos objetivos y con una visión desde la perspectiva  de la economía normativa, es decir a partir de la sugerencia de mejoras basadas en criterios muchas veces subjetivos, implicando juicios de valor y opiniones”.

Además, cuestionaron la idea de que actualmente los medicamentos estén incrementándose por debajo de la inflación. “Esto tiene una relativa veracidad ya que solamente podemos medirlo en medicamentos ambulatorios y un breve lapso de tiempo”.

En el informe desde la UES también se refieren a algunas iniciativas vinculadas a la importación de medicamentos, algo que promueve el Gobierno nacional, como supuesta forma de reducir los costos. No obstante, afirma que a partir de esto surgieron “las advertencias sobre aspectos de seguridad sanitaria e incumplimientos de normas locales para la importación, con los consecuentes niveles de responsabilidades”.

Es que por ejemplo la Anmat no reconoce la actuación de las agencias regulatorias de India, de donde provienen la mayoría de los medicamentos, un sector farmacéutico que abastece más del 50% de la demanda mundial de diversas vacunas, el 40% de la demanda de genéricos de EEUU y el 25% de todos los medicamentos del Reino Unido. (DIB)

En un nuevo revés para los jubilados argentinos, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) anunció una drástica reducción en la cobertura de medicamentos. A partir del 1° de septiembre, millones de adultos mayores verán disminuida su cobertura del 100% a un porcentaje significativamente menor, dejando a muchos sin la posibilidad de acceder a tratamientos esenciales.

Esta medida, que coincide con el veto del gobierno de Javier Milei a la reforma de la movilidad jubilatoria, ha generado un fuerte rechazo por parte de organizaciones sociales y políticas. El diputado nacional Daniel Gollán denunció en sus redes sociales que “el PAMI deja a millones de jubilados y jubiladas sin cobertura al 100% en sus medicamentos. La perversidad de este gobierno no tiene límites“.

¿Qué implica esta nueva medida?

PAMI deja a millones de jubilados y jubiladas sin cobertura al 100 % en sus medicamentos. La perversidad de este gobierno no tiene límites pic.twitter.com/NZdw6SZslf

¿Quiénes se verán afectados?

Millones de jubilados y pensionados que actualmente cuentan con la cobertura del 100% en sus medicamentos se verán afectados por esta medida. En particular, aquellos con ingresos bajos y enfermedades crónicas serán los más perjudicados.

A partir de la entrada en vigencia de esta decisión, solo quedarán con descuentos del 100% aquellos remedios de enfermedades crónicas o tratamientos especiales, como los oncológicos, hipoglucemiantes, insulina, tiras reactivas y antirretrovirales.

Requisitos que impone el PAMI

Para acceder a medicamentos gratuitos el jubilado debe cumplir con los siguientes requisitos:

A partir de este lunes 1º de julio, las recetas y órdenes de estudios y prácticas médicas comenzarán a ser prescriptas obligatoriamente en formato electrónico. De esta manera, entrará en vigencia la Ley Nacional de Receta Electrónica, reglamentada a través del decreto 345/2024, determinando que el Ministerio de Salud de la Nación ponga en marcha el Plan de implementación de las recetas electrónicas y digitales.

La iniciativa contempla un período de adecuación para el registro de las plataformas digitales de 180 días y garantiza el acceso a medicamentos y prácticas médicas. La cartera sanitaria tiene en agenda para esta semana comenzar un plan de capacitación con las distintas jurisdicciones para avanzar en la adecuación y registro de plataformas digitales, de profesionales y de recetarios. Las actividades se realizarán a través de conversatorios y talleres.

Además, se desarrolló una página web de “Receta electrónica” en el sitio oficial del Ministerio, que cuenta con información detallada sobre la implementación de receta electrónica, con información general y específica para la comunidad, farmacias y profesionales de la salud. En la página también se ofrecen instructivos y se describen requisitos de inscripción, normativas, gestión de trámites, entre otros datos de interés.

También se encuentran disponibles distintos espacios de consulta con modalidad presencial para las provincias, y para la comunidad una línea telefónica 0800 (0800-222-1002), y una casilla oficial de correo electrónico receta@msal.gov.ar.

El ministro de Salud de la Nación, Mario Russo, aseveró que “la receta electrónica facilita la trazabilidad del circuito de prescripción y entrega, simplificando las instancias administrativas; y brinda herramientas a los profesionales para tomar mejores decisiones de tratamiento”.

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El PAMI, otras obras sociales y prepagas ya vienen implementando modalidades de receta electrónica, a través del Registro Nacional de Plataformas Digitales Sanitarias (ReNaPDiS).

Por otro lado, se especificó que, durante el período de registración de las plataformas, los profesionales que no cuenten con recetarios electrónicos podrán confeccionar recetas en papel y con ellas las personas podrán obtener sus medicamentos en una farmacia como hasta ahora. Incluso, una vez que la totalidad de las plataformas estén inscriptas, esta modalidad permanecerá como condición de excepción en zonas de difícil acceso o sin conectividad. (DIB) ACR

Los precios de los medicamentos que más consumen los adultos mayores en la Argentina aumentaron un 166% desde que Javier Milei ganó las elecciones en noviembre pasado, una cifra muy por encima de la inflación, que fue del 143,2% en el mismo periodo.

Así lo advirtió un informe conjunto del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), del Centro de Estudios Políticos para Personas Mayores (Ceppema) y la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria (Algec) que se conoció en las últimas horas.

“Tras el triunfo de Javier Milei, el comportamiento de precios de medicamentos más utilizados por personas mayores inició un raid de incrementos significativos: a finales del mes de noviembre se registró una suba del 25,7%, en diciembre el incremento alcanzó 40,9%, en enero sumaron 13,6%, en febrero ajustaron al 15,0%, en marzo al 8,4%, en abril al 2,5% y en mayo al 3,8%”, precisó el documento.

Es decir, en seis meses, los medicamentos que las personas mayores utilizan habitualmente remarcaron sus precios en 166,9%, superando ampliamente la inflación de ese mismo período, que fue del 143,2%.

Pero además, los medicamentos con cobertura del PAMI subieron incluso por encima: en noviembre se ajustaron 14,5%; en diciembre, aumentaron 15,6%; en enero 33,8%,; en febrero mantuvieron su precio, pero en marzo volvieron a subir un 19,4%, en abril un 16% y en mayo 16,6%. De este modo, acumularon 186% de aumento en los últimos seis meses, unos 43 puntos por sobre la inflación.

Además, en el registro interanual los 10 medicamentos que más aumentaron lo hicieron en un 427%. Esto incluye fármacos muy utilizados como el Daflon 500 (para aumentar la tonicidad de las venas) y Trastocir (para el tratamiento de trastornos vasculares periféricos).

Entre esos 10 productos también se encuentran el Ibupirac 600 MG que es uno de los antiinflamatorios no esteroideo (AINE) más utilizado para combatir dolores y fiebre, que aumentó 548% y Aspirina Prevent, un antiagregante plaquetario utilizado para reducir el riesgo de morbilidad y mortalidad en pacientes con antecedentes de infarto de miocardio, angina de pecho, angioplastia coronaria, ACV no hemorrágico, que aumentó 564%.

En este contexto, el CEPA advirtió por el carácter oligopólico del mercado farmacéutico local. “Las ventas (tanto en unidades como en valores) están concentradas en las principales firmas: las dos primeras alcanzan el 21%, las 6 primeras empresas representan el 50% del mercado total, y las 11 primeras el 75% de las ventas totales”, detalló el informe.

Como contraste de la suba de los medicamentos, el informe subrayó la caída del poder adquisitivo de las jubilaciones. “Desde la asunción de Javier Milei, la jubilación mínima con bonos sufre una caída de 25,1 puntos porcentuales entre diciembre 2023 y mayo 2024. En el caso de la jubilación mínima sin bonos la caída para el mismo período es de 13,4 puntos porcentuales”, señaló. (DIB)

Por lo tanto, el Honorable Concejo Deliberante de Chascomús declara su preocupación y más enérgico repudio a la decisión del Gobierno Nacional presidido por Javier Milei a través de su Ministerio de Capital Humano de suspender el circuito administrativo de la provisión de medicamentos que se encuentra bajo la órbita de la Dirección De Asistencia Directa Por Situaciones Especiales (DADSE), poniendo en riesgo la salud y la vida de los pacientes oncológicos que dependen de dicho abastecimiento.

Asimismo declara que resulta necesario que el Poder Ejecutivo Nacional garantice la continuidad de los tratamientos oncológicos, de enfermedades crónicas discapacitantes y de patologías agudas urgentes y el suministro de la medicación que por ley le corresponde.

Entre los considerandos del proyecto se destaca “que es altamente preocupante la decisión del Gobierno Nacional de suspender el circuito administrativo de la provisión de medicamentos que se encuentra bajo la órbita de la Dirección De Asistencia Directa Por Situaciones Especiales (DADSE), poniendo en riesgo la salud y la vida de los pacientes oncológicos que dependen de dicho abastecimiento”.

En este sentido menciona que “se debe poner de manifiesto que resulta necesario que el Poder Ejecutivo Nacional garantice la continuidad de los tratamientos oncológicos, de enfermedades crónicas discapacitantes y de patologías agudas urgentes y el suministro de la medicación que por ley le corresponde”.

Otro de los párrafos destacados del proyecto asegura “que la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), depende actualmente del Ministerio de Capital Humano; y otorga subsidios para la adquisición de medicamentos o insumos médicos por razones de salud a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y sanitaria, cuya cobertura se encuentra fuera del vademécum del Banco de Drogas Nacional y Provincial”.

“Dichos medicamentos se aplican al tratamiento de enfermedades oncológicas, crónicas discapacitantes y patologías agudas urgentes. La DADSE es el último recurso que tienen pacientes oncológicos y de otras patologías, de bajo, medio y alto costo, que no tienen obra social ni otra cobertura médica, que no reciben ningún tipo de subsidio o transferencia económica y que tanto sus propias jurisdicciones u otros bancos de medicamentos les han dado una negativa a cubrir su medicación”, señalan con preocupación los ediles del interbloque local de Unión por la Patria.

Cabe mencionar que dicho proyecto de resolución ingresa al Honorable Concejo Deliberante local para ser aprobado en la sesión de este jueves.

La obra social de los jubilados mediante un mensaje a través de WhatsApp, aclaró que se continuaría con la cobertura de tratamientos crónicos y especiales que requieren atención continuada, así como los descuentos en medicamentos.

Sin embargo, con posterioridad, luego de difundir un comunicado de las cámaras farmacéuticas, PAMI informó cambios en la prestación.

El primero de ellos, implica la reducción de la cantidad de medicamentos gratuitos a los que cada persona podrá acceder por mes, que pasarán a ser 5 en lugar de 6 (como era hasta el momento). El cambio entrará en vigencia desde el 1 de abril.

Según alegaron desde la obra social, el objetivo de la decisión es evitar que se generen “abusos” del sistema, señalando que algunos afiliados solicitan medicamentos gratuitos para distribuirlos entre familiares.

Al respecto, cabe recordar que los medicamentos que estén por encima del límite establecido tendrán una cobertura de hasta el 80%, aunque los jubilados podrán realizar un “trámite de excepción” para adquirirlos de forma gratuita. Es decir, para acceder a los mismos beneficios que antes, los jubilados deberán realizar un trámite burocrático.

Recorte en la lista de medicamentos

El comunicado, que es por demás críptico, abre la posibilidad de un segundo cambio en el convenio: el recorte en la lista de los medicamentos que PAMI entrega de forma gratuita.

Actualmente la cifra asciende a 167 moléculas (o “principios activos”), que al ser representados por varias marcas, implica unas 3.000 presentaciones de remedios.

Según fuentes del sector, se eliminarían 30 principios activos de la lista, a los que solo se podría acceder con copagos. Se trataría de los medicamentos “no esenciales” y de venta libre.

Comunicado de las cámaras farmacéuticas

Cabe señalar que la comunicación de ambas decisiones es por demás confusa, ya que a la falta de anuncio oficial de PAMI al respecto, se suma un comunicado oficial de las cámaras farmacéuticas plagado de eufemismos.

Uno de los párrafos del comunicado original ni siquiera está presente en la versión compartido por PAMI. Se trata justamente del que anuncia cambios con respecto a los principios activos, que señala:

Nuevo plan

“En ese marco, se contempla la creación de un nuevo plan, llamado de Cobertura Eventual, en el que se incluirán moléculas que no tienen cobertura en el resto de los planes, respetando precio público, con cobertura del 40% y una bonificación lineal de las farmacias de 10%. Este nuevo Plan se irá operando paulatinamente, restando aún que se construya el vademécum que lo compondrá”.

En otro fragmento, se anuncia el cambio en la cantidad de medicamentos cubiertos por mes como una “política de seguimiento de las prestaciones y control de los consumos”, que luego debió ser aclarada para confirmar que esto implica una reducción de seis a cinco medicamentos. (InfoGEI)Ac

Tras los aumentos de los medicamentos, que en algunos casos llegaron a picos del 140%, desde el Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (CeProFAr) advirtieron que “en ningún lugar del mundo” el precio de esos productos queda librado a la libre juego de la oferta y la demanda, como está ocurriendo en Argentina.

Rubén Sajem, director del CeProFAr, confirmó que según sus datos, la caída en la venta de medicamentos es del 19% por lo que “dos de cada 10 personas no estaría pudiendo acceder a los medicamentos”.

A la hora de precisar el nivel de aumentos, a los que calificó de desproporcionados, Sakem dijo que son “de un 90% promedio con picos que llegan al 140%” y por lo tanto “hoy cuestan el doble y un tratamiento para la hipertensión pasó de $35.000 a $70.000”.

Consultado por los consumos de los jubilados y cómo se verán afectados, indicó: “estamos advirtiendo (…) que como las obras sociales –incluso el PAMI- se nutre de los salarios que aumentan al nivel de la inflación como mucho, el riesgo es que no tenga recursos para seguir con la gratuidad de los medicamentos y su cobertura”.

Al respecto, señaló que “hay que regular el sistema” ya que “en ningún país del mundo pasa que los laboratorios aumentan los precios sin control, como lo están haciendo ahora”.

Titular del CeproFAr apuntó que desde Nación “hay una concepción ideológica de que se desregule todo de acuerdo a la oferta y la demanda” a la cual calificó como “equivocada”.

Y añadió: “No puede haber una libertad para poner precios por parte de los laboratorios” porque “del lado del paciente no existe tal cosa como la libertad para enfermarse o morirse. Nadie lo quiere, no funciona así”. (DIB) AL

Si bien, ni el IOMA, ni la Provincia, tienen deuda con las farmacias por la prestación de medicamentos, la obra social se comprometió con el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires a hacer un adelanto económico en los próximos días de $5800 millones, sumándose así a la ayuda financiera de $800 millones que el gobierno de Axel Kicillof adelantará por la facturación que vence en diciembre. Esto busca aliviar el problema económico que enfrentan las farmacias debido a las condiciones de pago impuestas por los laboratorios proveedores.

Este mediodía se realizó la reunión entre las autoridades del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires (Colfarma), con el fin de acordar y comenzar a trabajar los procesos administrativos para la resolución del problema de financiamiento, para la provisión de medicamentos a las farmacias.

De la reunión participaron por parte del IOMA su presidente, Homero Giles; y la directora de Políticas de Medicamentos, Verónica Martínez Black, y por Colfarma asistió su presidenta Alejandra Gomez y el secretario Luis María Ferrari. Se acordó que en los próximos días además del desembolso de ayuda financiera por parte de la provincia de Buenos Aires, la obra social realizará un pago de $5800 millones correspondientes a la facturación que vencerá en noviembre y diciembre.

El encuentro entre las autoridades del IOMA y el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires se realizó en la obra social y fue fundamental para acordar los pasos a seguir en la resolución de este problema. Es importante destacar que tanto el gobierno de la provincia de Buenos Aires como el IOMA están comprometidos en encontrar soluciones y apoyar a las farmacias en este difícil momento.

Ayer el gobierno de Axel Kicillof, anunció que va a desembolsar $800 millones de pesos como adelanto de la facturación de medicamentos con vencimiento en diciembre para las farmacias integrantes de la Red Colfarma, con el fin de ayudarlas a superar la situación financiera, sobre todo a las consideradas pequeñas y medianas, ya que muchos de estas farmacias no pueden afrontar el pago que les imponen los laboratorios si o si a pocos días.

Ante esta situación, el gobernador bonaerense Axel Kicillof decidió intervenir y brindar un apoyo financiero para las farmacias. Este desembolso será de gran ayuda para que estas puedan hacer frente a sus compromisos financieros y económicos.

Por otra parte, también IOMA y Colfarma se comprometieron a modificar los acuerdos vigentes, para lo cual los equipos técnicos profesionales de ambas instituciones mantendrán reuniones de trabajos semanales para realizar los cambios de gestión administrativas con el objetivo de acortar los plazos de presentación y pago de facturaciones.

Declaraciones de Homero Giles y Alejandra Gómez

Luego de la reunión la presidenta de Colfarma, Alejandra Gomez, expresó su agradecimiento al IOMA “y a toda la gestión provincial por haber atendido la problemática de nuestras farmacias, que comenzó como un problema financiero, pero para muchas farmacias se transformó en un problema económico”, y enfatizó en que “hoy tuvimos un nuevo comienzo para conversar sobre este y otros temas. Eso es lo que le confiere una gran trascendencia a esta reunión”.

Gomez detalló que entre los temas abordados en la reunión entre el Instituto y el Colegio de Farmacéuticos provincial, “se acordó llevar adelante una agenda de trabajo conjunta” y, en lo inmediato, “la modificación de los plazos de pago, acortando los tiempos de cobro” para que las farmacias bonaerenses puedan prestar el servicio farmacéutico en toda la provincia a las y los pacientes del IOMA, “garantizando accesibilidad a los medicamentos y la integridad de los recursos económicos, tanto de las farmacias como de la obra social” .

“Es un gran paso hacia la adecuación del convenio que nos une. Creo que fortalece el compromiso entre ambas instituciones y nos compromete a trabajar juntos por nuestra comunidad” destacó Gomez, la presidenta del Colfarma. Añadió que “es una gran oportunidad para que la industria, como otra parte firmante del convenio, se comprometa también a adecuar los plazos de pago a las droguerías y que estas hagan los propios con nuestras farmacias”.

Por su parte, el presidente de IOMA, Homero Giles, explicó que estos problemas suceden cuando el mercado regula una función pública. “La salud no puede ser tratada así, el acceso a la salud es un derecho y por eso tiene que ser regulada por el Estado porque es el único que garantiza la equidad y la igualdad. En este caso la equidad en cuanto a la administración y entrega de medicamentos”.

Y al mismo tiempo el titular del Instituto argumentó que “a los medicamentos tienen que acceder todas las personas que lo necesiten. Por eso no se puede dejar que sea el mercado, la ganancia, la especulación, quien regule. Porque siempre hay uno que tiene una posición privilegiada, con mayor fuerza, en este caso los laboratorios, y que las ejercen de manera egoísta, y hace que ponga en riesgo todo el resto de la cadena, que son la sobrevivencia de las farmacias y la posibilidad de que las obras sociales y prepagas, toda la seguridad social, garantice la accesibilidad de medicamentos para los afiliados”, enfatizó Giles.

Por otra parte, Gomez también habló sobre la necesidad de que la industria de medicamentos se comprometa a colaborar en estos momentos para garantizar el acceso a la continuidad de los tratamientos de las personas. En este sentido recordó “que los laboratorios productores de medicamentos no sólo fijan los precios”, sino que “también establecen las condiciones de toda la cadena comercial. En estos momentos tan difíciles que se atraviesa, desde el sector de la salud necesitamos compromiso y esfuerzo de todas las partes”.

En este sentido Giles dijo que “esto además es completamente descabellado, porque ¿cuál es el fin de esto? Si las farmacias se funden, los laboratorios no tienen cómo proveer medicamentos porque por ley no pueden proveer medicamentos directamente a las personas, y si solo quedan las farmacias más grandes y se funden las familiares, las medianas, las más pequeñas, van a tener que pagar las afiliadas y afiliados de su bolsillo, con lo cual se va a generar un sistema de salud para pocas personas”, finalizó el presidente de IOMA.

Sobre este particular, en la reunión de las autoridades del IOMA y Colfarma se abordó la cuestión de “la necesidad de avanzar hacia la integración tecnológica que establece el convenio vigente entre las partes” ya que la “proforma puede ser un mecanismo efectivo para acortar plazos. Aunque se trata de cuestiones técnicas, tienen un gran valor político, ya que son definiciones del tipo de atención para los pacientes desde la Obra Social y la implementación a través de las farmacias.

¿A qué se debió el problema de dispensa de medicamentos?

El problema es multicausal, entre ellos surge a raíz de los plazos y condiciones de pago que los laboratorios exigen a las farmacias. Muchas de ellas, especialmente las pequeñas y medianas, no tienen los recursos económicos necesarios para cumplir con estas obligaciones en el plazo establecido. Esto ha llevado a una situación complicada en la provisión de medicamentos, afectando directamente a las personas afiliadas que dependen de las farmacias para continuar con sus tratamientos.

Estas modificaciones principalmente fueron las de acortar los tiempos de abono de la facturación sumado a que los laboratorios aumentaron los precios por encima de la inflación.

Las farmacias bonaerenses, que en la provincia de Buenos Aires alcanzan a unas 4600 de las cuales un 90% están en el rango de medianas o pequeñas, a través de Colfarma que las representa, habían señalado días atrás que “no podían sostener la actividad dado que las financiadoras reintegran el monto de las ventas entre 60 y 90 días” después de concretada la venta en mostrador lo que implica “algo muy costoso en este contexto” para que sea sostenido por la farmacia comunitaria.

Se espera que, con esta ayuda financiera, las farmacias puedan continuar con la provisión de medicamentos a las y los afiliados sin interrupciones y poder cumplir con los pagos y obligaciones que tienen con los laboratorios proveedores.  Por otra parte, es importante decir que se acordó la disminución de plazos y condiciones de pago justas para las farmacias, evitando así futuros problemas de financiamiento y sobre todo económicos.

“Quiero agradecerle a los laboratorios nacionales y cooperativos de Argentina que representan la gran mayoría de los medicamentos. Son industria nacional y generan trabajo argentino”, dijo el ministro de Economía, Sergio Massa, al anunciar esta noche el acuerdo.

Massa explicó que el Estado acordó un sendero de 5% por mes los próximos 3 meses para los precios de los medicamentos. Y cede parte para que no haya más aumentos de medicamentos hasta el 31 de octubre.

“Argentina tuvo que devaluar su moneda por imposición del FMI, valoro poder acordar con los laboratorios”, dijo Massa, que es candidato a presidente de Unión por la Patria.

“Es un esfuerzo compartido que hacen laboratorios cediendo su rentabilidad y el Estado para que no se traslade al bolsillo de la gente”, dijo.

 Participaron del encuentro Guillermo Michel, a cargo de la Unidad de Negociación de los acuerdos de precios; el secretario de Comercio, Matías Tombolini; Eduardo Macchiavello, CEO de Roemmers; Gustavo Pellizzari, CEO de ELEA; Edgardo Vázquez, CEO de BAGO; Alfredo Weber, CEO GADOR; Eduardo Franciosi, Director Ejecutivo CILFA; Leonardo Fernández, Vicepresidente y Gerente General Bioprofarma Bago; y Juan José Marconi, Director Ejecutivo Cooperala. (DIB)

El acuerdo tendrá vigencia hasta el 18 de noviembre e incluirá a todos los medicamentos que se comercializan a través de farmacias, incluidos los de venta libre. Para su aplicación se tomarán de base los precios vigentes al 30 de agosto de 2022. Además, la evolución de los precios será monitoreada conjuntamente entre el Ministerio de Salud y la Secretaría de Comercio del Ministerio de Economía.

En este sentido, en la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa), dijeron que el resultado del acuerdo que ahora se prorroga fue positivo. “De acuerdo a la publicación del Indec, el incremento de los precios de los medicamentos en agosto fue de 4,1%, esto es, casi 3 puntos porcentuales por debajo de la variación del IPC general. Si se excluyen los precios de la electricidad, gas y agua (+1,5%), y de los alquileres (+3%), los medicamentos constituyeron el rubro de menor incremento de precios durante agosto”, destacaron.

Además, desde Cilfa se agregó que en los primeros ocho meses del año, el precio de los medicamentos se incrementó por debajo de la inflación. “Los precios de los medicamentos en el acumulado de 2022 registran un incremento de 53,5% de acuerdo al INDEC. De esta manera, en 8 meses de 2022 han crecido tres puntos porcentuales por debajo de la inflación, que en el mismo lapso subió 56,4%°, señalaron.

La mesa de trabajo fue encabezada la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, y su par de Economía, Sergio Tomás Massa. También participaron del encuentro la jefa de Gabinete de la cartera sanitaria nacional, Sonia Tarragona, el secretario de Comercio, Matías Tombolini, y la subsecretaria de Medicamentos e Información Estratégica, Natalia Grinblat.

“El acuerdo viene funcionando bien, este mes los medicamentos estuvieron casi tres puntos por debajo de la inflación, y también vienen por debajo de la inflación acumulada y de la interanual”, explicó Tarragona, al tiempo que remarcó que “continuaremos trabajando con Comercio para seguir de cerca el cumplimiento”.

Por su parte, Tombolini destacó el “trabajo articulado” entre el Estado y los privados, y remarcó que “el objetivo del gobierno es seguir otorgando previsibilidad y garantizando precios de medicamentos accesibles para toda la población”. (DIB) FD

Los precios de los medicamentos aumentaron 65,9% entre septiembre de 2020 y octubre de este año, con un ritmo de incremento por encima de la inflación y de la variación del tipo de cambio, advirtió un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

Según el estudio, en los primeros meses de la pandemia, entre diciembre de 2019 y septiembre 2020, los precios se incrementaron 14,7%, un 1,4% mensual acumulativo; mientras que a partir de septiembre de 2020 y hasta octubre de 2021, se acrecentaron las variaciones llegando a 65,9%, con un ritmo de 4% mensual acumulativo.

De este modo, se observó que “entre octubre 2020 y octubre 2021, el incremento del precio de venta al público (PVP) superó la inflación y duplicó la variación del tipo de cambio”.

La evolución del tipo de cambio y del PVP resulta más o menos homogénea entre noviembre de 2019 y abril de 2021, moviéndose 55,5% y 54% respectivamente.

Sin embargo, entre abril de 2021 y octubre de 2021, el tipo de cambio muestra una variación de sólo 6,8%% y el aumento de PVP suma 23,6%, por lo que los precios de los medicamentos se mueven 3,5 veces más que el ritmo de depreciación del Banco Central.

“Lejos de presentar una asociación directa con la evolución del tipo de cambio, se observa una amplia disociación con la evolución de precios de los medicamentos, llegando a una brecha significativa de más de 20 puntos porcentuales en el período”, analizó CEPA.

El informe señaló que “la cadena se estructura en torno a la figura de los laboratorios, quienes resultan determinantes en cuanto a precios, márgenes de comercialización, mecanismos de financiamiento, y retribuciones a droguerías y farmacia; en particular, los laboratorios son los principales responsables de la formación del precio del medicamento, el cual se da a conocer a través del manual farmacéutico”.

Pese a la existencia de un alto número de empresas en el mercado, las ventas están concentradas en las principales firmas: las primeras 10 facturan casi el 50% del total y las primeras 20, el 70% del total, a lo que se suma que el segmento de comercialización mayorista, conformado por droguerías y distribuidoras, se encuentra altamente concentrado.

El desempeño económico reciente del sector ha sido positivo: sólo en el segundo trimestre de 2021, la facturación total de la industria farmacéutica en la Argentina registró $ 135.420,5 millones, lo que representa un incremento de 75,8% interanual.

Esta variación surge por los aumentos de 72,7% en la facturación de producción nacional y de 83,8% en la reventa local de importados.

Aumentos y jubilaciones

En el caso de los precios del PAMI, se incrementaron 40,4% entre octubre de 2020 y octubre 2021, pudiendo las jubilaciones mínimas ganarle levemente en el período, con una mejora del poder adquisitivo de la jubilación mínima medida en medicamentos de casi 2% en el caso de precios PAMI.

Asimismo, la jubilación mínima se incrementó entre puntas 100,2% (noviembre 2019 a octubre 2021) y la evolución del PVP PAMI aumentó 56,1%, lo que generó una recuperación del poder adquisitivo de la jubilación mínima medida en medicamentos PAMI de 28,3% en ese período. (DIB)