El gobierno de Javier Milei publicará este lunes “el primer tramo de la reglamentación” de la Ley Bases en el Boletín Oficial, luego de que la normativa lograra su sanción definitiva a fines de junio.

Según indicaron fuentes del ejecutivo citadas por el diario Clarín, la normativa reglamentaría las modificaciones en la Ley de Empleo Público y habilitaría la privatización de las empresas públicas, ambas incluidas en el Título II de la Ley Bases, “Reforma del Estado”.

La noticia fue confirmada luego de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, publicara esta mañana un enigmático mensaje en sus redes sociales para recomendarle a sus seguidores estar atentos a la publicación del próximo Boletín Oficial.

“Les recomiendo a todos que no se pierdan de leer el próximo Boletín Oficial de la República Argentina. Fin”, publicó Adorni en su cuenta de “X”.

A los pocos minutos, los usuarios de la red social comenzaron a responder el posteo del portavoz pidiendo precisiones y haciendo conjeturas, pero el vocero se llamó al silencio tras haber obtenido la atención que buscaba.

¿Será la reglamentación de la Ley Bases? ¿Más desregulaciones? ¿Fin del cepo? ¿Privatizaciones? No hubo respuesta del portavoz.

Quien sí salió a dar algunas precisiones fue Guillermo Francos. En diálogo con radio Mitre, afirmó: “Ayer se firmó un decreto con la reglamentación sobre todo de procedimientos administrativos. Todas las normas que hacen a la desburocratización del Estado. Una vez que se publique en el Boletín Oficial este lunes, ya se pone en vigencia”.

Y añadió que “en la semana lo que se va a aprobar seguramente es la reglamentación del capítulo del RIGI”, por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, que conforma el título VII de la ley.

Si bien el Ejecutivo nacional tuvo la aprobación definitiva de la Ley Bases y el Paquete Fiscal seis meses después de haber iniciado la gestión, hasta el momento tan solo se reglamentó la segunda normativa.

El pasado 12 de julio, el Gobierno reglamentó, mediante el decreto 608/2024, los principales puntos del denominado Paquete Fiscal o, más formalmente, la Ley 27.743 con las Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes . Ahí están los lineamientos de las reglas que regirán Bienes Personales, el blanqueo y la moratoria. (DIB)

Tras arduas negociaciones con la oposición dialoguista, que logró cambiar varios artículos, Milei finalmente obtuvo el nuevo paquete de leyes “fundamental”, según su criterio, para llevar adelante las transformaciones que quiere para la Argentina. La reglamentación se produce en la previa a la firma del Pacto de Mayo en la que el Gobierno buscará lograr el compromiso de distintos sectores, dirigentes y gobernadores sobre diez puntos relacionados a su plan económico, social y político.

En tanto, con la ley Bases Milei logró tener el visto bueno para avanzar en cambios profundos cambios en prácticamente todas las áreas de la vida cotidiana: relaciones laborales, empleo, obras públicas, entre otras.

En ese sentido, en el artículo 1° de la Ley Bases se declara “la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un (1) año” y se delegan “en el Poder Ejecutivo nacional las facultades dispuestas vinculadas a materias determinadas de administración y de emergencia”, uno de los puntos que más controversia generó.

Las obras públicas financiadas por el Estado que superen los $10.000 millones serán canceladas salvo aquellas con avance de ejecución del 80% o más, o que posean financiamiento internacional, afectando infraestructuras como rutas, hospitales y escuelas.

Impacto laboralLa ley bases tiene además impacto en el mundo laboral de los empleados de organismos del Estado, quienes quedan sujetos a reestructuración y podrán ser puestos en disponibilidad por un máximo de un año. Durante este período, recibirán capacitación o se les asignarán tareas en servicios tercerizados. Si no son reasignados en este plazo, serán desvinculados con una indemnización basada en su mejor salario mensual y su antigüedad.

No serán afectados los empleados que sean delegados sindicales con mandato vigente o que estén de licencia por motivos como enfermedad, accidente, embarazo o matrimonio. Una vez vencida la licencia, podrían ser puestos en disponibilidad.

Además, se prohíben durante el horario laboral actividades vinculadas a campañas electorales y partidistas, y a partir del cumplimiento de los requisitos de jubilación, los empleados podrían ser exhortados a iniciar los trámites previsionales.

Dentro de la Ley Bases se establece que el derecho a huelga no podrá ser tomado como un elemento causal de despido, aunque sí se podrá descontar el día a aquellos empleados que paren.

En tanto, uno de los cambios más sustanciosos que introduce la ley está dado por las relaciones laborales entre privados: se introduce un período de prueba de seis meses para nuevos empleados, ampliable a ocho meses o un año dependiendo del tamaño de la empresa. Mientras que participar en bloqueos o tomas de la empresa será considerado como injuria laboral grave y justificación para el despido.

También se plantea un fondo de cese laboral como alternativa a las indemnizaciones, financiado con un aporte mensual del empleador que no supere el 8% del salario. Se trata de un sistema similar al que utiliza la UOCRA y que, para aplicarse, deberá ser acordado a través del convenio colectivo de trabajo. Además, se establecerán indemnizaciones agravadas en casos de despido por discriminación.

Para el caso de los trabajadores independientes o monotributistas, podrá contratar a otros tres trabajadores independientes para llevar adelante un emprendimiento productivo.

El polémico RIGIEl Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que también concentró varias críticas, está destinado a fomentar grandes inversiones con grandes exenciones impositivas.

Para calificar, las compañías deben realizar una inversión mínima de 200 millones de dólares. Las reglas del régimen permiten a los inversores recaudar un porcentaje de las exportaciones dos años después del inicio de la inversión: el 20% en el segundo año, el 40% en el tercer año, y el 100% a partir del cuarto año.

Modificaciones en Ganancias y Bienes PersonalesEl paquete fiscal establece una reversión del impuesto a las Ganancias que había establecido el entonces ministro de Economía Sergio Massa durante la última parte del año pasado, cuando era el candidato presidencial de Unión por la Patria.

A partir de ahora, el mínimo no imponible será de $1.800.000 brutos para los solteros y de $2.200.000 para los casados con hijos. Así, con alícuotas que van del 5% al 35%, volverán a pagar este tributo alrededor de 800.000 trabajadores que habían sido eximidos el año pasado. Se podrán deducir del impuesto gastos por alquiler y servicios médicos. La actualización del mínimo no imponible se hará de forma trimestral durante este año, en septiembre, y luego de forma semestral a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En el caso del impuesto a los Bienes Personales, el mínimo no imponible se elevará, eximiendo a quienes posean bienes por debajo de los $100 millones. Las alícuotas disminuirán a un rango entre 0,5% y 1,5%. Además, un régimen especial permitirá adelantar el pago del tributo de cinco ejercicios a una tasa preferencial.

En cuanto a los monotributistas, sus escalas y montos de facturación se incrementarán hasta un 400% desde julio. Las cuotas a pagar subirán en la misma proporción, actualizándose semestralmente según el índice de precios al consumidor. Así, la categoría más baja (A) podrá facturar hasta $6.450.000 anuales -actualmente era de $2,1 millones-, y el monto máximo de facturación para la categoría más alta (K) será de $68 millones.

Por otro lado, se establece un aumento en los importes que pagan mensualmente los monotributistas en concepto del impuesto integrado y de los aportes al régimen jubilatorio y a la obra social. Sumando todos los parámetros, las cuotas a pagar van desde $26.600 (categoría A) hasta $280.734 (categoría H). Hasta ahora, los montos iban de $12.128 a $66.111. (DIB)

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, criticó la sanción de la Ley Bases y del paquete fiscal. “No hay un artículo que beneficie a la provincia de Buenos Aires, a los sectores medios, al comerciante, a las pymes, al laburante”, lamentó el mandatario.

Kicillof comentó en declaraciones a Radio 10: “Creo que hay un elemento que tiene que ver con hablarle a los mercados. En la primera versión de la Ley Bases, que era kilométrica y en la que metieron todo adentro como si fuera una lista de pedidos de Navidad de buena parte de de los sectores más concentrados de la Argentina, llevaron todo eso que había armado Sturzenegger. Entiendo que para Patricia Bullrich, además. Y se lo encajan ‘llave en mano’ a Milei”.

Y continuó: “Esa primera versión era muy nociva. Nosotros la estudiamos para comprenderla, y vimos que no había un solo artículo en beneficio de la provincia de Buenos Aires, de los sectores medios, de los sectores trabajadores. Después se redujo a una versión más pequeña, que es la que ahora consiguió la aprobación, y repito lo mismo”.

“Más allá de las reformas”, añadió el gobernador, “por todo lo que nos fuimos enterando de lo que ocurrió en la historia de la aprobación de esta ley se ve que el Gobierno necesitaba mostrar que tenía alguna capacidad legislativa”.

Axel Kicillof también puso el acento en las facultades delegadas que obtuvo Javier Milei a partir la aprobación de la ley: “No termino de entender cómo a un Gobierno que con los instrumentos que tiene lleva adelante este tipo de políticas, cómo se le da la posibilidad de manejarse sin pasar por el poder legislativo en temas tan delicados como economía y energía. Hay que atarles las manos para que no le voten prácticamente cualquier cosa pero hasta ellos introdujeron modificaciones y ahora le dan una delegación de facultades para que ni tenga que pasar por las cámaras a discutirlo. Es de mucha gravedad lo que ocurre”.

De todos modos, el gobernador aprovechó para felicitar “a nuestros bloques, que con una minoría han dado estas discusiones, han hecho venir a los sectores y han de alguna manera desnudado el contenido regresivo de estas leyes”.

En otra parte de la charla, Kicillof apuntó contra el discurso ideológico del presidente Javier Milei: “Yo fui siempre heterodoxo, discutí contra la corriente principal que promueve el ajuste y el consenso de Washington, pero eso no tiene nada que ver con la escuela Austríaca y el anarcocapitalismo, no hay nadie que coincida con esta idea de destruir el Estado; todas las escuelas económicas comprenden que el Estado puede tener distinto grado de intervención, pero no que no haya Estado”. (DIB) MM

El Gobierno de Javier Milei consiguió en la madrugada de este viernes su primer gran logro legislativo: la Cámara de Diputados aprobó las primeras dos leyes desde que asumió en diciembre. Se trata de la postergada Ley de Bases, y el paquete fiscal que le sirve para consolidar la meta de equilibrio en las cuentas públicas. 

Para la Ley Bases, el oficialismo y sus socios de bloques dialoguistas aceptaron todos los cambios aplicados por el Senado, cosechando 147 votos positivos, 107 negativos y dos abstenciones.

Quedaron afuera del paquete de empresas declaradas sujetas a privatización Aerolíneas Argentinas, el Correo y los medios públicos, pero el Gobierno ya avisó que volverá a la carga más adelante con leyes específicas para privatizar las empresas públicas que quedaron afuera.

A pesar de eso, el primer éxito legislativo de Milei incluyó varios puntos considerados centrales para la Casa Rosada, como las facultades delegadas, algunas privatizaciones, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, la reversión del Impuesto a las Ganancias, la suba del piso de Bienes Personales y el blanqueo de capitales.

En concreto, la Ley Bases se aprobó con 147 votos a favor y 107 en contra del peronismo, la izquierda, el socialismo y Natalia de la Sota. Asimismo, Ganancias obtuvo 136 votos afirmativos -116 en contra- y la reforma de Bienes Personales, 134 votos positivos -118 negativos-.

Para asegurarse la aprobación de la Ley Bases el oficialismo había desistido de incluir en la lista de empresas que se pueden privatizar a Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina. Lo mismo ocurrió con la eliminación de la moratoria previsional y la creación de la Prestación de Retiro Proporcional, destinada a los trabajadores que tienen algunos aportes pero no llegan al mínimo de 30 años. 

Por otro lado, los libertarios aceptaron los cambios al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones y al blanqueo de capitales que hizo el Senado. 

Restitución del impuesto a las Ganancias

En lo que respecta a la reversión del impuesto a las Ganancias, se aprobó con 136 votos a favor, cuatro más de los conseguidos en abril, y 116 en contra que también sumó tres votos, y como se especulaba los diputados de Unión por la Patria por Catamarca dieron su apoyo a la restitución de la cuarta categoría.

La reversión de Ganancias había sido aprobado por Diputados pero luego el Senado lo rechazó por la presión de los gobernadores patagónicos, que buscaban evitar que el tributo alcance gran parte de los trabajadores de su provincia debido a que tienen sueldos altos por el régimen de las zonas desfavorables y por el tipo de actividades que realizan (por ejemplo, los petroleros y los trabajadores de los puertos).

La aprobación de la versión de Diputados llevará el mínimo no imponible de Ganancias quedaría en $1.800.000 brutos para los solteros y a $2.200.000 para los casados con hijos. Así, volverían a pagar este tributo alrededor de 800.000 trabajadores con alícuotas que van del 5% al 35%. En tanto, la actualización del mínimo se haría de forma trimestral durante este año, en septiembre, y luego de forma semestral a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC). (DIB)

La cámara de Diputados tratará el jueves el proyecto de Ley Bases luego de que un plenario de comisiones aprobara hoy un dictamen de mayoría que expresa el acuerdo entre La Libertad Avanza y los bloques de la llamada oposición dialoguista, la UCR, Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal y la Coalición Cívica, aunque algunas de estas bancadas mantuvieron disidencias parciales.  

El proyecto que según la convocatoria formal se tratará el jueves desde el mediodía tiene el respaldo de 66 firmas y como se preveía conserva las modificaciones que el Senado le introdujo a la iniciativa que había sido aprobada por la cámara Baja en primera instancia. La más importantes es la exclusión de Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina (RTA) de la lista de empresas a privatizar.

Antes de que las comisiones de Legislación General y Presupuesto dieran el ok al texto, el vicejefe de Gabinete, José Rolandi y la secretaria de Planeamiento Estratégico de esa cartera, María Ibarzabal Murphy , se reunieron para terminar de anudar un acuerdo con representantes de los bloques de Pro, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal.

La exclusión de Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y RTA de la nómina de empresas a ser privatizadas sigue siendo motivo, sin embargo, de diferencias entre los bloques. Por caso, la bancada de Pro firmará el dictamen en disidencia por considerar que esas tres compañías deberían pasar a manos privadas, anunció la diputada Silvana Giudici.

Giudici le respondió a Nicolás Massot, de Hacemos Coalición Federal, quien minutos antes había fundamentado que la Cámara de Diputados no tiene facultades para insistir en la privatización de estas tres empresas porque el oficialismo del Senado decidió retirarlo del tratamiento antes de la votación en general.

La CC también anunció que respalda pero con disidencias.

El RIGI, un punto central que ha sido duramente cuestionado por el gobernador Axel Kicillof en las últimas horas, será aprobado tal como salió del Senado. Kicillof lo cuestiona por sus efectos económicos y en un marco especial: el Gobierno, a través del CEO de IPF, Horacio Marín,  presionó para que la inversión de esa estatal junto a la malaya para construir una planta de GNL en Bahía Blanca quede condicionada a la adhesión de la Provincia al RIGI.

Ahora, se espera que diputados avance con el paquete fiscal, pero en este caso metodología sería inversa: Diputados votaría el proyecto original y daría la espalda a los cambios que introdujo el Senado. En la práctica, significa dar el OK a la reposición de la cuarta categoría de ganancias que la cámara Alta había eliminado, la elevación del piso para Bienes Personales y el Blanqueo de Capitales, entre los puntos más importantes. (DIB) AL

Por CARLOS ALVAREZ CORREA. alvarezcorreacarlos@yahoo.com | @la.voz.del.productor

El “productor agropecuario” o como se quiera decir “la producción agropecuaria”, no está ni mencionada en los artículos de la ley Bases ¿Por qué un productor tiene que apoyarla?

Esta semana, los dirigentes estuvieron expectantes de la aprobación de la Ley Bases en el Senado de la Nación y consultados muchos productores decían no haberla leído.

Se cambió muchas veces el proyecto original de Ley Bases, aún así el optimismo de la dirigencia rural fue manifiesta.

No encuentra explicación tanto apoyo cuando no son ni mencionados.

LAS PROMESAS

¿Serán algunas promesas para el futuro? Pero ¿cuáles serán?

¿La eliminación de las retenciones (Derechos de Exportación) para beneficio de los  exportadores, será la promesa que motiva tanto apoyo de la dirigencia rural?

Las exportaciones están aumentando, pero para el productor tranquera adentro hasta hoy no trajo ningún beneficio. Los precios pagados al productor, vienen por debajo de los costos y le piden a éste que espere, aunque lo está haciendo desde hace años.

La exportación es como una religión. Más fe que razón.

Pero lo cierto es que los dirigentes rurales conocen que se les habrá prometido para magno apoyo a la Ley.

LAS ENTIDADES DEL CAMPO

La Confederación de Asociaciones Rurales (CARBAP) viene jugada con Milei desde la campaña. Apoyó el inconstitucional DNU y ahora salió con un comunicado apoyando la ley Bases.

La Sociedad Rural Argentina (SRA), en la voz de Nicolás Pino, también se manifestó su apoyo al proyecto de ley condicionando algunos aspectos.

La Federación Agraria Argentina (FAA) también realizó su apoyo con algún reparo.

Las entidades rurales están cargadas de pasión, cual hinchada de un equipo que todavía no hizo ningún gol a su favor. Difícil será irse de la cancha si el equipo pierde con tanta pasión puesta.

El PROYECTO BASES

El Titulo I se refiere a la emergencia administrativa con objetivos desconocidos aspiracionales para ello. Nada tiene sobre el sector agropecuario.

El Titulo II solo pone límites a la disolución de organismos estatales, quizá ahí podemos dar un punto positivo: la inclusión del INTA y del CONICET. Pero con facultades de intervenir los mismos. Inexplicable.

También hay un capítulo de privatizaciones y procedimientos administrativos, empleo público, con habilitación para despidos sin causa con indemnizaciones similares a la Ley de Contrato de Trabajo; algo inédito. Pero en nada se menciona al sector agropecuario.

El Titulo III habla sobre renegociación de obras públicas y concesiones, que el sector agropecuario no posee mayor interés.

El Titulo IV quizá en lo relativo a la denominada promoción del empleo o promoción del despido y trabajo “en negro”. Modificando multas por la falta de registración de los trabajadores. Inicialmente puede parecer un beneficio al poder contratar trabajadores sin registrar sin mayores consecuencias. Pero terminará profundizando el actual éxodo de mano de obra rural a la vida periurbana. La frase “no hay gente para trabajar en el campo” se seguirá escuchando por siempre.

EL RIGI

Mención aparte merece el denominado RIGI (Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones) con exenciones impositivas a las grandes inversiones (más de 200 millones de dólares), creyéndose que no pueden venir y comprar tierras, sembrar y vender aprovechando las exenciones impositivas y exportar sin retenciones, por ejemplo ¿Por qué no?.

Lentamente desaparecerá el mediano productor agropecuario o mediano acopiador, mediano matarife, mediano frigorífico y así todas las cadenas. O a lo mejor en la instalación de grandes feedlots con exenciones impositivas para exportar, produciendo la quiebra de gran cantidad de criadores de la Cuenca del Salado. Está todo habilitado con elocuentes adjetivos.

El productor todavía tiene una carga impositiva del 67% de su producción y encima no tendrá su RIGI. No encontramos fundamento entonces para semejante apoyo.

Carlos Alvarez Correa. 15-6-2024

El senador radical y presidente de la UCR, Martín Lousteau, explicó por qué dio quórum en la sesión, criticó a los senadores santacruceños, aunque sin nombrarlos, por irse de la votación de las facultades delegadas y sostuvo que “algunos se llevaron cosas” tras negociar con el Gobierno.

Lousteau fue el único en su bloque que votó en contra en general del proyecto, pero sí dio quórum para que se lleve adelante la sesión. “Si no daba quórum le daba una semana más a los que negocian para llevarse cosas y después sentarse la semana siguiente. El no quórum en general es dilatar”, se justificó el legislador por la ciudad de Buenos Aires en una entrevista para Radio Con Vos.

En ese marco, sin nombrarlos, criticó a los senadores de Santa Cruz José Carambia y Natalia Gadano por no presentarse a dar quórum y luego levantarse antes de la votación. “Estabas amagando con que estabas en contra y después te levantaste y habilitaste las facultades delegadas”, aseveró.

En otro tramo de la entrevista, le consultaron sobre las repercusiones en su partido por ser el único senador de su bloque en estar en contra del proyecto, a lo que respondió: “Yo soy presidente del Comité Nacional, que en su mayoría está en contra de la ley. La Convención Nacional, la mayoría está en contra, Franja Morada está en contra, la Juventud Radical también. Hay un montón de radicales que no son diputados y senadores”.

Y sobre el rumbo del Gobierno, analizó: “Había que hacer un ajuste y la sociedad tiene vocación de eso, que es extraordinario. ¿Pero cómo se distribuye poner el hombro? En la ley hay un beneficio inimaginable para los más ricos. Milei elige ser conservador fiscal con los jubilados y degenerado fiscal con los más ricos”, dijo sobre las reformas en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y Bienes Personales. (DIB)

El Senado de la Nación aprobó anoche en general la Ley Bases del Poder Ejecutivo. Fue gracias al voto de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, luego de que la votación -tal como marca el reglamento de la Cámara- resultara empatada en dos oportunidades, 36-36. Así, pasadas las 23, Villarruel tomó la palabra durante un minuto. Enmarcando el discurso en los hechos de violencia que se dieron durante la jornada, “y pensando siempre en todo por Argentina, mi voto es afirmativo”, dijo. Inmediatamente después, el recinto discutía el articulado en particular.

Apenas segundos después, la Oficina del Presidente celebró “la histórica aprobación de la Ley Bases y Puntos para la Libertad de los Argentinos en el Honorable Senado de la Nación”. “Partiendo de 38 diputados y siete senadores, con grupos terroristas atacando el Congreso, debiendo desplegar las fuerzas de seguridad en defensa de la democracia, con la casta política resistiendo y operando hasta último momento, y debiendo recurrir al desempate de la Vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel, el de esta noche es un triunfo del pueblo argentino y el primer paso hacia la recuperación de nuestra grandeza, habiendo aprobado la reforma legislativa más ambiciosa de los últimos cuarenta años”, comienza el comunicado de Presidencia.

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La jornada estuvo marcada por las protestas en las inmediaciones del Congreso, que fueron reprimidas por las fuerzas federales y que dejaron detenidos y heridos, entre ellos diputados de Unión por la Patria. El gobierno calificó como un “intento de golpe de Estado” las manifestaciones de rechazo y felicitó a la Policía Federal “por su accionar reprimiendo a grupos terroristas”, al tiempo que el presidente Javier Milei advirtió sobre la posibilidad de que se implemente la “metodología de tirar muertos en las calles”. Por la noche se dieron cacerolazos en distintos puntos del país.

La jornada también incluyó denuncias de dádivas, por un lado, de amenazas contra la familia de una senadora.

Durante la mañana, el oficialismo consiguió quórum para iniciar el tratamiento de los proyectos de Ley Bases y el paquete fiscal. Los libertarios alcanzaron en la Cámara Alta la presencia de 37 senadores, el número necesario para abrir el debate. Los últimos en aparecer en el recinto fueron el oficialista formoseño Francisco Paoltroni y Carlos Arce, legislador del Frente Renovador de la Concordia Social. El número fue alcanzado también con la presencia del radical Martín Lousteau, quien ya el martes por la anoche se había comprometido a bajar al recinto.

El debate se inició pasadas las 10, cuando el senador Bartolomé Abdala leyó el dictamen de mayoría. Allí expuso las primeras modificaciones que realizó el oficialismo para lograr nuevas voluntades. En el capítulo privatizaciones, fueron quitadas de la lista Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina (RTA). Por otro lado, se prohibió la disolución de los organismos de cultura en el artículo 3. Durante la jornada se conocieron nuevas modificaciones, en este caso en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), o en el plano previsional, entre otros. (DIB) GML

El oficialismo consiguió quórum en el Senado para iniciar el tratamiento de los proyectos de Ley Bases y el paquete fiscal, y se espera un extenso y acalorado debate. 

Los libertarios alcanzaron en la Cámara Alta la presencia de 37 senadores, el número necesario para dar quórum. Los últimos en aparecer en el recinto fueron el oficialista formoseño Francisco Paoltroni y Carlos Arce, legislador del Frente Renovador de la Concordia Social.

El número fue alcanzado también con la presencia del radical Martín Lousteau, quien ya ayer por la anoche se había comprometido a bajar al recinto. En tanto, hasta el momento no bajaban los legisladores de Unión por la Patria y los santacruceños, quienes reúnen unos 35.

El proyecto de la Ley Bases y el paquete fiscal se tratarán por separado. En este marco, se espera una extensa jornada de debate en el recinto. Las iniciativas a tratarse tienen varios puntos sensibles. Entre ellos están las facultes delegadas, la privatización de empresas públicas, el Impuesto a las Ganancias, la eliminación de la última moratoria previsional y el Régimen de Incentivo a las Inversiones (RIGI).

?? AHORA la senadora Ivanna Arrascaeta iza la bandera nacional y da inicio a la Sesión Pública Especial pic.twitter.com/ucAxzC9I3G

En oposición a los proyectos, se espera una gran movilización en las inmediaciones del Congreso. Desde temprano, afuera comenzaron a concentrarse los manifestantes. (DIB) MT

Después de más de un mes de intensas tratativas en la Cámara alta, la Casa Rosada cedió parte del contenido de los textos a cambio del visto bueno de los senadores para avanzar en su aprobación. En total, sumó 45 modificaciones: 29 en la Ley Bases y 16 en el paquete fiscal.

En lo que se refiere a las facultades delegadas, el proyecto que llega del oficialismo está bastante lejos del que había mandado en diciembre ya que las recorta y son solo por un año renovables por el Congreso de la Nación.

El primer artículo, en el que se declara la emergencia pública por un año en materia administrativa, económica, financiera y energética -que faculta al Ejecutivo a arrogarse poderes especiales en estas áreas-, no sufrió modificaciones en esta última etapa. En Diputados, no obstante, esta prerrogativa presidencial se recortó sustancialmente, cuando pasó de 11 emergencias a tan solo cuatro.

En lo que se refiere a las empresas a privatizar, primero se limitó la facultad del Poder Ejecutivo para intervenir organismos públicos y se bajó de las 41 empresas originales a 9. El proyecto estipula la privatización total para las siguientes cuatro empresas estatales: Aerolíneas Argentinas S.A., Energía Argentina S.A., Radio y Televisión Argentina S.E., Intercargo SAU.

En este punto, varios senadores están en contra de privatizar Aerolíneas y Radio Nacional, lo que hace que aún se siga negociando la posibilidad de quitarlos del listado en el recinto.

Pero también se cambió a que algunas empresas pasen a ser posibles de ser privatizadas de manera parcial o concesionadas. En esta lista quedaron Agua y Saneamientos Argentinos S.A.; Correo Oficial de la República Argentina S.A.; Belgrano Cargas y Logística S.A.; Sociedad Operadora Ferroviaria S.E (SOFSE) y Corredores Viales S.A.

Acá la mayor discusión recaerá en el caso del Correo, en donde los senadores patagónicos y los del norte del país coinciden en la necesidad de que sea público para que se asegure la capilaridad en todo el país, incluyendo las localidades más pequeñas.

Uno de los momentos que seguramente se llevará buena parte del tiempo de debate será el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI). Acá la oposición reformuló el artículo 163 que declaraba “nulo de nulidad absoluta” toda norma provincial que se oponga al RIGI. En este caso, quedó que sólo aplica a aquellas jurisdicciones que decidan adherir al régimen.

Una de las criticas mayores fue que este régimen dejaba en desventaja a los proveedores locales frente a los globales. A partir de esto es que se incluyó un inciso que prevé el desarrollo de las cadenas de producción locales así como también limitar el margen de acción de los proveedores de bienes o servicios con mercadería importada.

Asimismo, se eliminó el artículo que establecía que a partir del tercer año no había imposibilidad para el giro de dividendos y utilidades de las compañías que estén en el RIGI.

En lo que se refiere al paquete impositivo, se incluye -en Diputados había sido eliminado- el Monotributo Social y se incrementan los techos en cada una de las categorías. Respecto de Bienes Personales, se suma un artículo y aumenta 20% la alícuota del impuesto para los que entraron al blanqueo, pasando de una tasa de 0,5% a 0,6 por ciento.

En cuanto a Ley Minera e busca modificar el artículo 22 de la ley 24.196, sobre inversiones mineras, para incrementar del 3% al 5% el tope de regalías percibidas por las provincias sobre el valor ‘boca mina’ del mineral extraído.

En cuento al blanqueo, se eliminó la posibilidad de que las criptomonedas sean parte de los bienes que puedan ser regularizados. La redacción original estipulaba: “sin importar quien ha sido su emisor, quien es su titular o donde estuvieran depositadas, custodiadas o guardadas”, pero ante el rechazo opositor fue quitado del texto.

-Respecto del dinero que sea regularizado y depositado a Cuenta Especial de Regularización de Activos, se adicionó la posibilidad de que el Poder Ejecutivo promueva con éste “la inversión productiva de pequeñas y medianas empresas en las Provincias de menor grado de desarrollo relativo o fomentar el crédito de las mismas”.

-Se excluyó del régimen a los funcionarios públicos de los últimos diez años. En la redacción original se contemplaban aquellos que se hayan desempeñado en los últimos cinco años.

-Se excluyó del régimen a los hermanos de los funcionarios públicos. Se sumaron a los cónyuges, convivientes, padres e hijos.

-Se incluyó la prohibición de inscribirse en blanqueos futuros hasta el 31 de diciembre de 2038.

-Se incorporó un nuevo artículo para aumentar un 20% la alícuota del impuesto a los Bienes Personales para quienes se inscriban en el blanqueo. Con esta modificación, la tasa pasaría del 0,5% al 0,6%.

Esos cambios están contenidos en el dictamen de mayoría, el que impulsa el Ejecutivo. Por otra parte, existe uno de minoría, que presentaría el senador radical y presidente de ese partido a nivel nacional Martín Lousteau. Ese dictamen podría recibir el apoyo de Unión por la Patria. (DIB) AL

Los diez gobernadores de Juntos por el Cambio salieron este lunes a pedir por la aprobación de la Ley Bases y del paquete fiscal que el miércoles tratará el Senado, en un contundente gesto de apoyo al Gobierno de Javier Milei.

El comunicado conjunto lo firmaron el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri y los gobernadores Ignacio Torres, de Chubut; Leandro Zdero, de Chaco; Gustavo Valdés, de Corrientes; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Carlos Sadir, de Jujuy; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Marcelo Orrego, de San Juan; Claudio Poggi, de San Luis; y Maximiliano Pullaro, de Santa Fe.

“Los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio manifiestan su apoyo contundente a la ratificación y sanción de la Ley Bases y del paquete fiscal. Resulta indispensable darle las herramientas al gobierno nacional para avanzar con las transe votó mayoritariamente la sociedad argentina“, sostuvieron en el texto.

Y advirtieron que “cualquier dilación que pueda ocurrir en el trámite legislativo puede afectar no sólo a las finanzas nacionales, sino también a las provinciales”.

“Necesitamos dar una clara señal a los mercados, al mundo y a los argentinos que nuestro país avanza hacia el equilibrio fiscal, apuesta a la inversión privada y moderniza su sistema laboral”, argumentaron, en medio de días de turbulencia desde lo económico por la caída de los bonos y la suba del dólar paralelo y el riesgo país.

Para los gobernadores de JxC “todos estos ejes han encontrado un consenso mayoritario entre el oficialismo y un sector de la oposición constructiva y dialoguista”, en la que se erigen.

El texto culminó con un mensaje de urgencia, que se lee tanto para la sociedad como para los senadores que deberán tratar la norma: “No hay más tiempo que perder. La mayoría de las provincias ha manifestado su apoyo a los instrumentos requeridos por el Presidente de la Nación y el Gobierno nacional”. (DIB)

El tratamiento de ambas iniciativas fue fijado por la vicepresidenta Victoria Villarruel para las 10 horas, aunque en la misma mañana también hay pedida una sesión por parte de Unión por la Patria para tratar el affaire de los alimentos retenidos en depósitos de Capital Humano.

El oficialismo todavía trabaja en lograr los consensos para aprobar el proyecto en general, que se todos modos deberá volver a diputados porque fue modificado respecto del texto que había aprobado  la Cámara Baja la semana pasada.

Pero de todos modos avanzará con el intento de aprobación en la cámara Alta el miércoles, por lo que desde los gremios y el gobierno de Axel Kicillof ratificaron que marcharán para plantear en el Congreso su oposición.

 “Nos vamos a concentrar en la Plaza Congreso para decirles a los senadores y senadoras que todavía están dudando sus votos, que piensen que tienen una responsabilidad histórica. O se convierten en héroes de la Patria o en los traidores de la Patria”, sentenció el titular adjunto de la CGT Pablo Moyano.

La movilización será el próximo miércoles 12 de junio a las 9  frente al palacio legislativo. Moyano recalcó que el llamado fue para “todos los trabajadores y trabajadoras, jubilados y jubiladas, y todos los sectores de la sociedad que van a ser afectados por esta ley”.

El anuncio fue hecho luego de una reunión del Consejo Directivo de la central obrera y durante una conferencia en la que estuvieron presentes representantes de las CTA, la UTEP y la madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida.

Junto a Moyano estuvo el secretario general de SMATA, Ricardo Pignanelli, quien advirtió sobre “serios problemas para el pueblo argentino” si el proyecto se aprueba,

También estuvieron el diputado y dirigente de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky; el titular de La Bancaria, Sergio Palazzo; el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis; y representantes de gremios aeronáuticos que rechazan la privatización de Aerolíneas Argentinas, una empresa “que es una obsesión de los gobiernos de derecha

La presencia Kicillof es, en ese contexto, una “posibilidad cierta” dijeron a DIB en el Gobirerno, aunque aclararon que todavía no está confirmada. El gobernador participó de las dos manifestaciones que hasta ahora realizó la CGT y también de la marcha del 24 de marzo y del 8 M. (DIB) AL

El flamante Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, intentó ayer una victoria política que acompañe su designación pactando el tratamiento del proyecto de Ley Bases y el paquete fiscal en el Senado en una reunión de más de dos horas con los jefes de las bancadas de la oposición dialoguista y la vicepresidenta Victoria Villarruel, pero aunque mencionó la posibilidad de un “consenso”, aun no se aseguró el avance.

“Mañana se va a empezar a circular un dictamen sobre el que hay consensos. Si no hay dictamen, seguiremos esperando a que haya dictamen”, dijo Francos a la salida de ese encuentro, en el que se buscó asegurar la firma del dictamen en un plenario de comisiones mañana, algo que aún no estaría cerrado. Pero abrió el paraguas: al afirmar que si no hay dictamen seguirán esperando aceptó que son todavía serios los problemas para llegar un acuerdo

El gobierno negocia todavía cambios a la norma que tienen que ver con la aplicación del Impuesto a las Ganancias en las provincias patagónicas; aspectos del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). También se conversa sobre la inclusión o no de Aerolíneas y el Correo entre las empresas privatizables.

En la reunión que encabezó Francos no estuvieron invitados estuvieron invitados senadores como Martín Lousteau (UCR-Capital), Guadalupe Tagiaferri (Pro-Capital) y José María Carambia (Por Santa Cruz), los opositores “dialoguistas” -por fuera de UxP y la izquierda- quienes sostienen las diferencias más severas con los proyectos del Gobierno y todavía no definieron si apoyarán o no los despachos de comisión que impulsa el oficialismo.

La hoja de ruta que busca establecer el gobierno implica un dictamen del plenario de comisiones mañana, para avanzar luego la semana que viene con el tratamiento en el recinto de la cámara Baja y finalizar en Diputados antes del 20 de junio, fecha patria que el Presidente Javier Milei podría aprovechar para firmar finalmente el “Pacto de Mayo” con gobernadores.

En algunos despachos libertarios de la Cámara alta al tanto de las conversaciones confían en que los más díscolos pueden firmar un dictamen en minoría, con lo que permitirían destrabar la situación. Con sus rúbricas en un texto alternativo, sumadas a las del despacho que impulsará el oficialismo, que contaría con el apoyo en disidencia de algunos legisladores de la oposición moderada, se estarían pronunciando la mitad más uno de los miembros de las tres comisiones y, así, los proyecto tendrían luz verde para avanzar al recinto a una sesión que se convocaría para la primera semana de junio.

Si se registra este escenario, el kirchnerismo podría imponer su rechazo de plano a ambas iniciativas como dictamen de mayoría. Esto implica que sería lo primero que se votaría en la sesión una vez agotado el debate en general. Por el momento, la bancada que conduce José Mayans (Formosa) no tiene los números para asestarle al Gobierno el duro golpe político de que sus proyectos naufraguen en la Cámara alta. (DIB)

En medio del debate de la Ley Bases, que incluye la privatización de empresas públicas, mayores facultades para despedir empleados públicos y la flexibilización de leyes laborales, la provincia de Buenos Aires siente cada vez más el golpe de la marcha de la economía. Suspensiones y despidos empiezan a repetirse como estrategia de grandes y pequeñas empresas para lograr que “los números cierren”.

Mientras que desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) aseguran que el ajuste del Gobierno de Javier Milei pone en riesgo el trabajo de más de 50 mil personas para los próximos dos meses, el gremio acordó con las empresas del Grupo Construya (FV, Loma Negra y Aluar, entre otras) un esquema de reducción de la jornada laboral por 10 días en mayo, 9 en junio y 10 en julio, con la paga de un 80% del salario neto. Todo en medio de una caída del 33% de los despachos de la empresa en el primer cuatrimestre del año.

Justamente, una de las compañías del grupo, FV, la mayor fabricante de grifería del país, dispuso la suspensión por tres meses de unos 800 operarios de su planta de la localidad de Pilar, donde trabajan 1400 personas. También en este partido del conurbano, la empresa multinacional Whirpool redujo un turno de la producción y despidió a 60 empleados de su planta por el derrumbe de las ventas de lavarropas. Esto último se da en un contexto de una caída del 40% en el primer trimestre de este año de las ventas de electrodomésticos en Argentina, que están en el nivel más bajo de los últimos 12 años.

Relacionado con el sector de la construcción, la motosierra de Milei sobre la obra pública impacta, por ejemplo, en las fábricas de ladrillo. Tras el cierre a principios de año de Ladrillos Olavarría Sociedad Anónima (LOSA) y el despido de 35 trabajadores, ahora se sumó que Cerro Negro comenzó a ponerle freno a su producción y suspendió a unos 50 operarios por 60 días, plazo durante el cual percibirán el 80% de su salario básico. El panorama para las canteras es aún peor. Algunas compañías pasaron de despachar 150 camiones de piedra al mes a sacar tan sólo 10.

Otro rubro con graves problema es el automotriz. General Motors recurrió a retiros voluntarios, mientras que Toyota y Renault también iniciaron esos procesos para cientos de sus trabajadores. La caída de esa industria repercutió también sobre Acindar tras el derrumbe del 40% en su facturación. La fabricante de acero analiza frenar su producción entre 2 y 4 semanas en junio en Villa Constitución, donde trabajan 3000 personas.

Una consecuencia de ello y también de la apertura de las importaciones con la baja de aranceles es el despido de 97 despidos de la empresa de neumáticos Fate en la planta de la localidad de San Fernando. También la japonesa Bridgestone, con planta en Lomas de Zamora, viene de aplicar a lo largo del año suspensiones, adelanto de vacaciones y más de 150 despidos, según denunció el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna).

Por la baja en el consumo la firma norteamericana de snacks Pepsico despidió en abril a 36 operarios en Mar del Plata, mientras que en las últimas horas Chango Más anunció que cesanteó a trabajadores en algunas de sus cerca de 90 sucursales en el país, en medio de un derrumbe del 15% de las ventas en volumen en las grandes cadenas. La medida generó protestas en Avellaneda y Bahía Blanca, mientras que una situación similar se dio en Quilmes, donde el mayorista Diarco cerró una sucursal y dejó en la calle a unas 30 personas, según el gremio de comercio.

En lo que tiene que ver con la industria manufacturera (textil, indumentaria y calzado), sector que emplea de forma directa y registrada a más de 1,2 millones de personas, el golpe de la recesión también se siente. En Mar del Plata, donde existen unas 70 empresas textiles, ya comenzaron los despidos “por goteo”. Y algo similar pasa en Luján desde marzo, cuando dos importantes empresas (Estampados Rotativos y Algoselan) resolvieron acogerse a un esquema de suspensiones. (DIB)

El ministro del Interior, Guillermo Francos, afirmó hoy que el Gobierno nacional tiene los “votos suficientes” para aprobar la Ley Bases que el presidente Javier Milei impulsa en el Congreso, luego de la media sanción que obtuvo la norma en Diputados.

“Tenemos votos suficientes para aprobar la ley. Es más que una sensación, es la relación y la conversación que tenemos con senadores. En algunos temas en particular pueden surgir diferencias, que muchas de ellas las incluiremos en el despacho porque clarifican algunos aspectos”, aseguró Francos en declaraciones radiales.

En esa línea, el funcionario sostuvo que la Cámara Alta reviste “una complejidad diferente” a la Cámara Baja en cuanto a la aprobación de la Ley Bases. “No me preocupa que haya modificaciones que mejoren la ley y después la tratará Diputados y dirá si la aprueba o no”.

El titular de Interior también hizo referencia nuevamente a choque ocurrido entre las formaciones del tren San Martín y aprovechó para contestar a las críticas que realizó el dirigente ferroviario, Rubén “Pollo” Sobrero, quien responsabilizó al Gobierno por el accidente.

“Lo escuché a Sobrero hacer ese comentario y me pareció absolutamente ridículo. Que en una infraestructura que lleva tantos años construir, le adjudiquen el problema al actual Presidente que no esté en condiciones es una cosa que no tiene sentido”, manifestó.

En este sentido, Francos apuntó contra la dirigencia sindical, los acusó de llevar años en el cargo y de formar parte de “estructuras gremiales que los anquilosan en el poder”.

 “Si uno quiere reformar el statu quo choca con los que se han beneficiado durante muchos años de una situación política o de estructuras gremiales que los anquilosan en el poder. Uno está acostumbrado a ver en Argentina dirigentes permanentes en sus cargos”, enfatizó.

En tanto, sostuvo que el accidente en el San Martín es “símbolo de lo que pasa en la infraestructura argentina, que está muy caída. Son años y años en que los trenes no fueron mantenidos, al igual que las rutas”, señaló. (DIB)

Luego de que el Senado entrara este jueves en cuarto intermedio y por lo tanto se pospusiera el dictamen de la Lay Bases, el ministro del Interior, Guillermo Francos, reconoció que están negociando cambios con la oposición para que el proyecto se apruebe. Estas modificaciones incluyen el régimen de inversiones para empresas extranjeras (RIGI) y el impuesto a las Ganancias, en respuesta a reclamos de las provincias.

Francos explicó en declaraciones a Radio Mitre que el objetivo es que la Cámara alta apruebe la iniciativa en general y se introduzcan las modificaciones durante el debate en particular, lo que permitiría llegar al Pacto de Mayo con el paquete prácticamente sancionado. Esos cambios deberán ser luego refrendados en Diputados para que la ley entre en vigencia, algo que el Poder Ejecutivo da por descontado.

“Hay algunas propuestas de modificación que estamos analizando en conjunto con los senadores en algunos aspectos del RIGI: algunos legisladores entienden una cosa y nosotros entendemos otra, así que estamos analizando cómo puede clarificarse el artículo”, informó Francos.

El RIGI es el régimen de inversiones que concede grandes beneficios a empresas extranjeras que inviertan más de 200 millones de dólares en el país. La oposición no sólo entiende que esas condiciones son excesivas, sino también que significan una discriminación para las compañías locales.

Francos informó que también están analizando un reclamo de los gobernadores patagónicos sobre el Impuesto a las Ganancias, incluido en el paquete fiscal que se discute en conjunto con la Ley Bases.

Así como se aprobó en Diputados, en el paquete fiscal que se trató junto a la Ley Bases se fija un piso del Impuesto a las Ganancias de $1.800.000 para trabajadores solteros y $ 2,2 millones para casados. Esto significa que unos 800.000 trabajadores hoy exentos de Ganancias volverían a pagar el impuesto en alícuotas que van del 5% al 35%.

Francos detalló que las objeciones de los patagónicos pasan por ese piso que fija el paquete aprobado en la Cámara Baja, ya que empujaría a cientos de trabajadores de sus provincias a volver a tributar sobre sus salarios.

“Estamos conversando sobre el reclamo de los gobernadores patagónicos, de considerar Patagonia como zona desfavorable porque ellos tienen salarios más altos porque tienen costos más altos. Ellos están planteando una diferencia, un piso más alto de ganancias, y estamos en ese análisis”, indicó el funcionario.

En ese sentido, el ministro afirmó que “si existen estas modificaciones, finalmente tendrá que volver a Diputados para que ratifique la norma”.

El Senado entró este jueves en cuarto intermedio hasta el lunes de la próxima semana.

La Cámara alta había retomado el debate en comisiones en medio del paro general. Primero arrancó la comisión de Presupuesto y Hacienda, donde se presentó el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

La Libertad Avanza (LLA) aceptó la nota enviada por el kirchnerismo en la que pidió la inclusión de nuevos expositores y, también, de fuertes cuestionamiento de bloques aliados que dejaron entrever un sinfín de modificaciones en capítulos clave: RIGI, Ganancias y blanqueo, entre otros puntos.

De la comisión, compuesta por 17 miembros, se ausentaron los integrantes del bloque Unión por la Patria, Eduardo De Pedro, Jesús Fernando Rejal, Carlos Alberto Linares, Juan Manzur, María Teresa González y Antonio Rodas, quienes así manifestaron su apoyo a la huelga general convocada por la CGT. (DIB) MM

El Gobierno nacional quedará habilitado a pasar a disponibilidad a hasta 100.001 empleados de planta permanente del Estado nacional, si el Senado sanciona sin cambios en proyecto de Ley Bases aprobado el martes por la cámara de Diputados.

La novedad surge del artículo 52 del proyecto de Ley Bases que flexibiliza las condiciones de estabilidad de los trabajadores, contenidas en norma marco de regulación del empleo público, sancionada en 1999.

La iniciativa forma parte del plan del gobierno de Javier Milei para reducir o eliminar organismos públicos y de esa forma achicar el tamaño de un Estado que considera sobre dimensionado y causante de un déficit público que está en el origen de la inflación.

“El personal alcanzado por el régimen de estabilidad que resulte afectado por las medidas de reestructuración que comporten la supresión de órganos, organismos o de las funciones a ellos asignadas; o de reducción por encontrarse excedida, conforme surja del informe fundado del órgano competente en la materia, la dotación óptima necesaria, quedará, automáticamente, en situación de disponibilidad por un periodo máximo de hasta doce (12) meses”, indica el artículo en cuestión.

El inconveniente para los trabajadores es que puede ser el primer paso a un despido, algo que según había prometido el Presidente Javier Milei en campaña, no ocurriría.

Es que el segundo paso tras la declaración de disponibilidad es la de recibir capacitación y formalizar una nueva relación activa de trabajo. Si no lo consigue en los 12 meses indicados, “quedará automáticamente desvinculado de la Administración Pública Nacional” percibiendo una indemnización “igual a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses”.

De acuerdo al articulado, quedan excluidos de esta posibilidad los empleados de los entes y organismos que no se puede disolver.

Estos son:

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS); la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); el Instituto de la Propiedad Industrial (INPI); el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA); Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM); la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE); la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA); la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU); la Comisión Nacional de Valores (CNV); el Instituto Nacional Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI); la Unidad de Información Financiera (UIF); y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). (DIB) AL

Al igual que en la Ley Bases, el Gobierno accedió a modificar varios puntos de este proyecto para acercar posiciones con los bloques de la oposición dialoguista y evitar sorpresas en el recinto. Puntualmente, aceptó actualizar semestralmente por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) las escalas de Ganancias y el Monotributo. La administración libertaria pretendía hacerlo de manera anual, pero los legisladores aliados exigieron una mayor periodicidad en el reajuste para evitar que por el efecto inflacionario se sumen contribuyentes a pagar el tributo.

Además de La Libertad Avanza (LLA), el paquete fiscal contó con el apoyo del bloque de Pro, así como también del grueso de los bloques de la UCR, Hacemos Coalición Federal y la Coalición Cívica. A ellos se sumaron los ocho diputados de Innovación Federal, que representan a los gobernadores de Misiones, Río Negro y Salta, y Osvaldo Llancafilo, del Movimiento Popular Neuquino (MPN).

Los votos negativos los aportaron los diputados de Unión por la Patria (UxP) y de la izquierda. En tanto, los radicales Facundo Manes, Fernando Carbajal, Marcela Coli y Pablo Juliano optaron por la abstención, junto al santacruceño Sergio Acevedo (Por Santa Cruz) y Jorge Ávila (Hacemos Coalición Federal). En tanto, hubo siete ausencias: Carla Carrizo (UCR), Sergio Casas (UxP), Natalia de la Sota (Córdoba Federal), José Luis Garrido (Por Santa Cruz), Álvaro González (Pro), Roberto Mirabella (UxP) y Leopoldo Moreau (UxP).

Impuesto a las Ganancias. El proyecto reinstala este tributo para la cuarta categoría para aquellos salarios superiores al $1.8 millones de pesos para los trabajadores solteros y $2.2 millones para los trabajadores casados con dos hijos. El Gobierno pretendía que la actualización de estos pisos mínimos fuese anual, pero ante la presión opositora, los funcionarios de la Casa Rosada accedieron a que haya una actualización trimestral este año (sería en septiembre) y que, a partir del año próximo, sea semestral. También será semestral la actualización de los topes de facturación en las distintas escalas del régimen de monotributo.

Blanqueo de capitales. El proyecto establece que los activos por hasta los US$100.000 tendrán una alícuota del 0%, mientras que los montos superiores abonarán alícuotas crecientes en función del momento en que ingresen. En la primera etapa, que se extenderá hasta el 30 de septiembre de 2024, la tasa sobre el excedente será del 5%; en la segunda etapa, hasta el 31 de diciembre de 2024, será del 10%, y en la tercera, hasta el 31 de marzo de 2025, del 15%.

Bienes Personales. Se establece una fuerte rebaja en este tributo. El mínimo no imponible subirá de $11 millones a $100 millones y la deducción por la vivienda familiar pasará de $56 millones a $350 millones, lo que implica que se reducirá la base de contribuyentes alcanzados. Estos importes se ajustarán cada año en función de la variación anual de la inflación difundida por el INDEC. Otro de los beneficios es la reducción gradual de la escala de alícuotas progresivas, eliminándose la discriminación existente para bienes situados en el exterior. Para el ejercicio fiscal 2023, la alícuota máxima que se propone es del 1,5%, y se irá reduciendo paulatinamente hasta alcanzar el 0,25% en el 2027, por debajo del 0,75%. Además, se crea un régimen especial que permite adelantar el pago de cinco años (del 2023 al 2027) en una cuota con una alícuota reducida del 0,45% por año por el patrimonio que supere el mínimo no imponible, y posteriormente será del 0,25% del excedente hasta 2028.

Monotributo. El proyecto plantea un aumento tanto de los niveles de facturación –con un tope máximo de $68 millones anuales- como de la cuota mensual a pagar. Esos aumentos oscilan entre el 200 y el 300%, según la categoría. Asimismo, se amplían los límites de facturación de locaciones y servicios, con nuevas categorías para este segmento, igualándolas a la de venta de cosas muebles.

Moratoria de obligaciones tributarias, aduaneras y de seguridad social no regularizadas. Permitirá pagar obligaciones vencidas al 31 de marzo de 2024 en hasta 84 cuotas con diversos beneficios como la condonación de la totalidad de las multas y de hasta el 70% de los intereses por los saldos adeudados, dependiendo la modalidad de pago. (DIB)

Luego de que la Cámara de Diputados aprobara hoy el título IX de la Ley Bases, que contiene reformas previsionales, las personas que no tengan los años de aportes mínimos necesarios para jubilarse solo podrán acceder a los 65 años e un beneficio equivalente al 80% de un haber mínimo, sin importar si es varón o mujer.

Los cambios en materia jubilatoria -que solo se implementarán si el Senado sanciona el proyecto de ley que hoy aprobó Diputados- fueron aprobados por 125 votos positivos, 113 negativos y 3 abstenciones.

El primer artículo del título IX de la iniciativa del oficialismo establece la derogación de la moratoria previsional, iniciativa promulgada a principios de 2023 mediante la Ley 27.705, con el fin de darle continuidad a los esquemas de moratorias que rigen desde hace casi dos décadas con las políticas de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

Esta modificación implica la pérdida del derecho de jubilarse para las personas mayores que no cuenten con los 30 años de aportes necesarios a la Anses, una medida que afecta sobre todo a las mujeres mayores.

En la actualidad, con la moratoria, al cumplir los 60 años, las mujeres pueden iniciar los trámites de la jubilación y pagar los años faltantes de aportes para cobrar sus haberes mensuales. Desde 2021 se implementó para las madres además un reconocimiento a las tareas de cuidado de hijos e hijas.

El Gobierno pretende crear, en reemplazo de la moratoria jubilatoria, un sistema denominado “Prestación de Retiro Proporcional (PRP)”, que consta de un haber mensual equivalente a la Prestación Universal al Adulto Mayor (PUAM), que representa el 80% del haber jubilatorio mínimo. Para acceder a esta prestación, las personas deben cumplir con los siguientes requisitos:

En resumen, si el Senado aprueba la “Ley Bases”, quienes no tengan los años de aportes necesarios solo podrán acceder a la PUAM a los 65 años, y cobrarán solo el 80 por ciento del haber mínimo, independientemente de la cantidad de años que hayan aportado, y siempre que puedan demostrar que se encuentran en una situación de vulnerabilidad social.

El gobernador Axel Kicillof participará mañana en las calles de la marcha convocada por la CGT para protestar contra la política económica del presidente Javier Milei, mientras apuró un pedido al Senado para que rechace la Ley Bases bajo el argumento de que es una herramienta que “desintegrar el Estado y que en la Argentina impere la ley de la selva”.

Kicillof marchará junto a representantes gremiales y renovará el respaldo que había dado en la primera marcha de la CGT, durante el paro de enero contra el DNU 70. Desde ese momento, el gobernador marchó en todas las manifestaciones contra las políticas libertarias, incluidas las del 24M y las Marcha Federal Universitaria.

Ahora privilegiará otra vez la cercanía con los gremios en una jornada para la que dio libertad de acción a sus ministros -es feriado- aunque ya se anotaron Andrés “Cuervo” Larroque, Carlos Bianco, Gabriel Katopodis y Walter Correa, de Desarrollo de la Comunidad, Gobierno, Obras Públicas y Trabajo, respectivamente.

La convocatoria lanzada por la CGT con respaldo de las dos CTA, que participarán como también lo harán a organizaciones sociales- tiene por consigna “La Patria no se vende” y se realiza el día después de la reforma laboral, aprobada en Diputados como parte de la Ley Bases. Para la misma jornada, Unión por la Patria empuja el tratamiento del DNU 70 en la cámara Baja.

Kicillof en tanto ya puso la mirada en el siguiente capítulo del tratamiento parlamentario del proyecto del presidente Javier Milei: agitó el voto en contra, dijo, porque “que consagra privilegios, deteriora derechos, resigna soberanía y profundiza la desigualdad”, además se instaurar en Argentina “la ley de la selva”.

El Senado tiene que rechazar la Ley Bases de Milei. Es una ley que institucionaliza la deserción del Estado Nacional de sus obligaciones más elementales, que consagra privilegios, deteriora derechos, resigna soberanía y profundiza la desigualdad. La ley de Milei sienta las bases…

“Lo que pretenden es legalizar los destrozos que ya están haciendo: caída récord de salarios y jubilaciones, recesión, despidos y desempleo, paralización de la obra pública, atropello a las provincias, tarifazos despiadados y entrega del patrimonio nacional”, escribió el gobernador en su cuenta de (X).

El gobernador también apuntó a la estabilidad emocional de Milei: “no es buena idea darle superpoderes a un presidente tan alejado de la realidad, que no es capaz ni de gobernar sus propios impulsos que descarga sobre cualquiera que manifieste una crítica”.

Según el mandatario, el proyecto, denominado oficialmente Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, no con tiene “son las bases para refundar la Argentina, son las bases para fundirla”. Alertó que “entrega a los jubilados, a la clase media, a los trabajadores, a los pequeños productores, a las pymes, para beneficiar al puñado más rico y poderoso”. (DIB) AL