Dentro de los espacios políticos que respaldaron la iniciativa, impulsada por La Libertad Avanza, estuvieron los bloques del PRO, la UCR (Unión Cívica Radical) y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). También fueron claves los votos aportados por los aliados provinciales, entre ellos, los diputados de Tucumán (Independencia) y San Juan (Producción y Trabajo).

Unión por la Patria fue la bancada opositora mayoritaria y también se sumaron al rechazo los integrantes del Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad, Encuentro Federal y la Coalición Cívica. Además, expresaron su disconformidad algunos espacios provinciales como Elijo Catamarca, Primero San Luis y el monobloque Defendamos Córdoba, que es integrado por la diputada Natalia de la Sota.

Los integrantes de Provincias Unidas e Innovación Federal votaron divididos: algunos de sus integrantes acompañaron la propuesta oficialista, mientras que otros se inclinaron por el rechazo.

Ahora el proyecto debe volver a la Cámara alta. El Gobierno confía en poder aprobarlo el 27 de febrero.

Figuraron como ausentes los legisladores Sergio Casas (Unión por la Patria, La Rioja), Ignacio García Aresca (Provincias Unidas, Córdoba) y Juan Schiaretti (Provincias Unidas, Córdoba).

Fuente: Agencia DIB 

Con el objetivo de debatir este miércoles en comisiones de Diputados el proyecto de reforma laboral, el Gobierno de Javier Milei define por estas horas cómo quedará redactado el polémico artículo sobre las licencias por enfermedades y si lleva el jueves la iniciativa al recinto, en medio de un paro de la CGT.

Todo indica que este miércoles el proyecto se debatirá en comisiones. Allí se modificará el artículo sobre las licencias laborales, ya que hasta el PRO adelantó que no avalará ese punto. “Vamos a apoyar la ley de modernización laboral, pero no el régimen de licencias por enfermedad”, dijo Cristian Ritondo, el jefe del bloque de diputados amarillo, y sostuvo que “la solución no puede ser recortar derechos de quienes realmente están enfermos”.

También la senadora Patricia Bullrich reconoció que “por un error” se hará ese cambio, por lo que el texto volverá al Senado. "No empañamos la ley, cometimos u error y lo vamos a arreglar", dijo la ex ministra de Seguridad. Y agregó que “si tocan una coma y vuelve al Senado, tardará una semana más" en aprobarse definitivamente.

En concreto, el artículo 44 que se aprobó en el Senado introduce un nuevo esquema para la remuneración de los trabajadores que sufran un accidente o una enfermedad no vinculados con la actividad laboral y se vean inhabilitados para trabajar, que recibirán el 50% de su salario, y en las situaciones en que la imposibilidad de trabajar no derive de una acción voluntaria ni de un conocimiento previo del riesgo para la salud, el monto a percibir asciende al 75 % de la remuneración.

El artículo votado por la Cámara Alta establece que el pago durante el período en cuestión dejará de ser del 100% del salario como ocurre ahora. Tanto los sindicatos como partidos de la oposición advierten que se trata de un retroceso en materia de derechos adquiridos.

Si bien en principio podría ser este jueves el debate en el recinto, todo dependerá de los tiempos en el Congreso, donde se especula que la otra fecha de sesión sería el miércoles 25. Todo se dará en un contexto de paro general, sin movilización, de la CGT. Según votó el triunvirato, será el día que se debata el proyecto.

Otro de los puntos que generó ruido en la iniciativa es la posible inclusión de un artículo para facultar a las billeteras virtuales a acreditar salarios, pero Bullrich dijo que sólo quedaron habilitadas "las entidades bancarias e instituciones de ahorro oficial".

"Eso va aquedar sí, en Argentina hay 213 billeteras virtuales y no todas tienen las condiciones para pagar un salario. Un banco lo que hace es darle a la empresa un descubierto, si la empresa no paga el día cinco, el banco lo cubre y lo paga, si un banco tiene un problema, el Banco Central se hace cargo. Una billetera virtual tiene que tener espalda", señaló la senadora libertaria en diálogo con el canal TN.

Fuente: Agencia DIB 

Luego de la polémica generada por el artículo de la reforma laboral que recorta el sueldo durante las licencias por enfermedad, la senadora Patricia Bullrich dijo que darán marcha atrás y anticipó que impulsarán modificaciones en la Cámara de Diputados para que los casos de mayor gravedad sigan cobrando la totalidad de sus haberes.

"Sobre enfermedades severas, degenerativas, o irrecuperables para ponerle una adjetivación, vamos a hacer una modificación y vamos a dejar un 100%", adelantó la senadora, que el martes consiguió que la reforma laboral tenga media sanción en la Cámara alta.

En declaraciones a Todo Noticias aclaró que aún están "trabajando" en el tema para ver de qué manera se incorpora durante el debate en Diputados sin necesidad de que el proyecto vuelva al Senado para su ratificación.

La senadora aclaró que el pago del 100% será "sólo en caso de corroboración concreta y fehaciente" y aseguró que habló del tema "con la mesa política", con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, "durante todo el fin de semana" y con la secretaria de Legal y Técnica, María Igarzabal.

"Para esas enfermedades vamos a volver al 100% de acuerdo a la ley, a la vieja ley de Contrato de Trabajo. Es el único país del mundo que va a pagar el 100%. A los vivos se le va a terminar la avivada", afirmó e insistió en que "si te querés hacer el vivo, vas a cobrar el 50%".

En el plano de la salud mental, Bullrich sólo respondió que "hay un exceso enorme" de ese tipo de licencias. "La Argentina trucha la tenemos que terminar", dijo y contó que durante su paso por el Ministerio de Seguridad tuvo "muchas de esas".

Cabe recordar que la media sanción del Artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que, frente a un accidente o enfermedad ajena al ámbito laboral, el trabajador cobrará solo el 50% de su sueldo si el cuadro es producto de una "actividad voluntaria y consciente del riesgo" (ejemplo que el Gobierno graficó días atrás con "lastimarse jugando al fútbol"), y un 75% si no hubo intención.

Ante las críticas por este duro ajuste, Bullrich justificó la esencia original del recorte denunciando una "mafia de certificados truchos" a nivel nacional que perjudica a las empresas.

Fuente: Agencia DIB 

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Surzenegger, justificó hoy uno de los cambios más polémicos de la reforma laboral que se aprobó en el Senado: la reducción salarial para las personas que sufran enfermedades que les impidan concurrir normalmente a su lugar de trabajo.

Se trata de un cambio introducido a última hora en el articulado que ahora tratará diputados, por el cual si un trabajador falta porque contrae una enfermedad o sufre una lesión no relacionada con su voluntad, cobrará el 75% del salario durante ese período. Pero si es por una acción devenida de su voluntad activa, la pagarán solo el 50% del básico.

Sturzenegger lo explicó así: “A partir de ahora si te lastimaste jugando al fútbol, tu jefe te puede pagar solo el 50%. Porque tu empleador no tiene nada que ver ”.

“La reforma laboral es para todos los empleos, no solo para los nuevos ”, aseguró hace unas semanas Federico Sturzenneger, ministro de Desregulación del Estado. Esa es la postura que han manifestado todos los funcionarios del Gobierno.

Sin embargo, no todos están de acuerdo con esta posición. “La Ley no es de aplicación retroactiva, pero se aplica a los contatos vigentes. Pero los que ingresaron con un régimen anterior, el Fondo de Cese Laboral lo pueden discutir judicialmente para que les paguen la indemnización completa “, sostiene Natalia Salvo, abogada laboralista y docente de la UBA.

De todos modos, la especialista advierte que “hay una escuela que te va a decir que la indemnización es un derecho en expectativa, porque el Código Civil te dice que las leyes se aplican a las condiciones jurídicas vigentes ”.

“Si se aprueba la Ley, se aplica a todas las relaciones en curso”, asegura Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas. “Si a mí me despiden o me enfermo, rige la ley de cuando ese hecho ocurre”, añade.

La Ley garantiza siempre un piso de derechos, luego están los convenios colectivos de trabajo que rigen para cada actividad, acordados entre los sindicatos y las cámaras empresariales de cada sector. En este punto, la nueva norma impulsada por el Gobierno incluyó un cambio vital: los acuerdos individuales o por empresa pueden regir por encima de los convenios nacionales. “Van a llamar a los trabajadores uno por uno a firmar las nuevas condiciones y eso va a ser válido según la Reforma”, anticipa Cynthia Benzion, ex presidenta de la Asociación de Abogados Laboralistas.

Por otro lado, la Reforma incluye el fin de la ultraactividad. De esta manera, los convenios colectivos vencidos no se prolongan mientras se negocia uno nuevo, lo que pone a los sindicatos en la obligación de sentarse a negociarlos nuevamente: deberán hacerlo en el plazo de un año desde la aprobación de la Ley. “El empleador le va a poder decir al trabajador que su convenio va a caer en 12 meses y presionarlo para que firme y acepte la ley vigente”, sostiene Salvo.

Fuente: Agencia DIB. 

El senado le dio dictamen hoy a los proyectos de Inocencia Fiscal, que invierte la carga de la prueba en materia de evasión tributaria a favor de los contribuyentes, y la reforma de la Ley de Glaciares, para favorecer la actividad minera. El oficialismo quiere que ambas iniciativas se conviertan en ley la semana próxima, junto con el Presupuesto 2026.

El proyecto sobre glaciares fue dictaminado en un plenario de las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Minería, Energía y Combustibles, tras un debate en el cual organizaciones ambientalistas presentaron serias objeciones mientras que representantes del sector minero lo respaldaron.

El proyecto de ley que modifica la Ley 26.639, de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial, con una redefinición de estas últimas zonas que permite un mayor despliegue de los proyectos mineros.

Andrés Nápoli, director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, señaló que la Ley de Glaciares cumplió 15 años en un contexto de agravamiento del cambio climático y advirtió que el proyecto propone una modificación “por vía de la interpretación ”, alterando el espíritu de la norma y el esquema constitucional vigente

Hernán Casañas, de Aves Argentinas, remarcó que los glaciares son ecosistemas extremadamente complejos y advirtió que flexibilizar la ley no atraerá inversiones. Señaló que las empresas serias requieren estabilidad jurídica y no depender del “humor político de turno”, y afirmó que los glaciares no frenan el desarrollo, sino que constituyen la base que lo hace posible.

Desde el sector empresario, Alfredo Vitaller, representante de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), expresó que acompañan el objetivo de proteger los glaciares en tanto cumplan su función como reserva de agua. Sostuvo que la ley vigente presenta imperfecciones que el proyecto busca corregir para reducir incertidumbres y adecuar el marco normativo del sector.

A su turno, Manuel Benítez, de la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CAPMIN), afirmó que la Argentina necesita crecer y desarrollarse, y que la transición energética requiere de una minería consciente, responsable e inteligente.

El dictamen para la inocencia fiscal, en tanto, se adoptó en e la comisión de Justicia y Asuntos Penales-que preside el libertario Juan Carlos Pagotto- luego de analizar el texto votado por la Cámara de Diputados en la madrugada del jueves.

El senador libertario señaló que en “ la Argentina estamos cambiando de paradigma, antes se utilizaba la AFIP como policía del régimen. Este proyecto es un comienzo, sobre todo, para la inocencia fiscal y para que dejemos de depender de resoluciones generales y empecemos a depender de la ley”.

Desde la oposición, el radical Maximiliano Abad, celebró esta iniciativa ya que " este nuevo enfoque reconoce que los contribuyentes son inocentes hasta que el fisco, con documentación y pruebas, demuestre lo contrario. Es un cambio conceptual muy importante”.

No obstante, el senador expresó “su preocupación por la actualización de las multas, particularmente en el caso de las declaraciones juradas, que pasan de 200 a 220.000 pesos, sin que la ley precise el sistema utilizado para ese incremento ni establezca diferencias entre micro, pequeños, medianos y grandes contribuyentes”.

La ley propuesta por el Poder Ejecutivo nacional introduce modificaciones al Régimen Penal Tributario (Ley 24.769); a los Procedimientos Fiscales (Ley 11.683) y al Código Civil y Comercial de la Nación; así como también, un Régimen de Declaración Jurada Simplificada.

La iniciativa crea un “Régimen simplificado de Ganancias ” por el cual, de acuerdo al Gobierno, los contribuyentes que adhieran quedarán “blindados para siempre”. Este régimen, que tendrá un tope patrimonial de hasta 10.000 millones de pesos para poder adherir, garantiza a los contribuyentes no tener que informar sobre variaciones patrimoniales, y tampoco se controlarán los consumos que hagan. Esto implica que ARCA sólo les cobrará el impuesto a las Ganancias por los ingresos que hayan facturado, independientemente del eventual crecimiento patrimonial (que no será controlado) y de esa base se deducirán los consumos. El artículo 39 del proyecto "establece el efecto liberatorio del pago, si se acepta el contenido de la declaración jurada propuesta por ARCA y se realiza el pago en término; excepto que se hayan omitido ingresos".

El proyecto de Inocencia Fiscal aumenta los montos para que se considere que una persona cometió el delito evasión simple, pasando de $1.500.000 a $100.000.000. En tanto, para que la conducta a investigar se considere de “evasión agravada”, el piso tiene que superar los 1.000 millones de pesos (ya no más 15 millones).

Por otra parte, se reduce el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias de cinco a tres años. ARCA no iniciará acciones penales siempre y cuando se cancelen las deudas y sus respectivos intereses, aunque este beneficio correrá una sola vez por contribuyente.

Si la denuncia no estuviera aún radicada, quedará extinguida en caso de que el contribuyente cancele esas obligaciones pagando un adicional del 50% dentro de los 30 días hábiles desde la notificación de la imputación.

Si bien el proyecto apunta a un relajamiento de los controles fiscales, aumentarán los montos de las sanciones económicas por presentar declaraciones juradas fuera de término.

Fuente: Agencia DIB. 

El gobierno de Javier Milei se vio forzado a retroceder en su intención de avanzar de modo “express” con la reforma laboral: el tratamiento será el 10 de febrero, mientras que el 26 de diciembre, fecha que se barajaba para ese proyecto, se tratará el presupuesto -cuya sanción en Diputados generó ruidos en el oficialismo- y el proyecto de Inocencia Fiscal, que también tuvo el OK de la cámara Baja.

El pedido para sesionar en febrero fue formulado por la senadora Patricia Bullrich, justamente tras lo ocurrido en la cámara Baja, donde el oficialismo logró la media sanción del Presupuesto pero al costo de resignar la derogación de las leyes de financiamiento universitario y emergencia en discapacidad, lo que lo llevó a evaluar modificaciones o un veto, por el costo fiscal que tendría su aplicación.

En este escenario, Bullrich anticipó que el Gobierno convocará a una nueva ronda de sesiones extraordinarias desde el 2 al 27 de febrero con la intención de tratar el resto de los proyectos impulsados desde la Casa Rosada: la reforma laboral y también la Ley de Glaciares. El proyecto tuvo dictamen de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda y en el interín hasta la fecha prevista para llevarla al recinto, el gobierno aceptará modificaciones al proyecto.

Fuentes parlamentarias comentaron que una de las cuestiones que entorpeció acuerdos para hacer avanzar el proyecto fueron los comentarios del Ejecutivo respecto de que no estaban de acuerdo con cómo había salido el Presupuesto en la cámara Baja. A eso se suma la votación para la integración de la Auditoria General dela Nación, con un acuerdo entre el oficialismo y el kirchnerismo que excluyó a PRO y llevó a su jefe de bancada, Cristian Ritondo, a amenazar con una denuncia judicial al presidente de Diputados, Martín Menem.

En ese contexto, La Libertad Avanza no contaba con el numero de votos suficiente apra garantizarse la aprobación del proyecto. La movida de Bullrich, que informó de todo a la mesa política del Ejecutivo, le ahorró a Milei una derrota casi segura en una semana. La decisión final se tomómientras la CGT realizaba su marcha frente a la Casa Rosada.

Por ahora, el contenido del dictamen se desconoce. Fue trabajado por Bullrich con el secretario de Trabajo, Julio Cordero.

Fuente: Agencia DIB. 

El gobierno bonaerense presentará en el congreso nacional un proyecto de ley que otorga beneficios laborales y económicos para los trabajadores de plataformas como Rappi, Uber o Pedidos Ya, con la que buscan “contenerlos” después de que el proyecto de reforma laboral de Javier Milei los excluyó de los beneficios del trabajo en relación de dependencia.

La iniciativa fue anunciada hoy por el ministro de Trabajo, Walter Correa y marca un contraste con la solución del oficialismo para el sector –que aportó muchos votantes jóvenes a La Libertad Avanza, que según la senadora Patricia Bullrich exige no trabajar en relación de dependencia ni sujertarse a regulaciones.

“El gobierno nacional pretende convalidar un modelo que deja a miles de trabajadores sin derechos básicos excluyéndolos expresamente de las normas protectoras laborales”, señala explícitamente un comunicado de Trabajo, que contrasta eso con el hecho de que “la propia OIT analiza cómo mejorar globalmente las condiciones laborales de los trabajadores de plataformas”.

El gobierno nacional pretende convalidar un modelo que deja a miles de trabajadores sin derechos básicos excluyéndolos expresamente de las normas protectoras laborale

La iniciativa plantea acciones en tres niveles: potenciar las inspecciones laborales en lo que se denominan “tiendas invisibles”; garantizar la salud y seguridad laboral de los trabajadores; la creación de una APP para acercarles beneficios tales como un “botón de pánico”, “aviso rápido de seguridad o salud para accidentes en vía pública”; y accesos a descuentos especiales para la adquisición de insumos indispensables para sus tareas.

“En coordinación con los municipios y empresas, también promueve la creación de paradores de acceso público y gratuito para que los trabajadores cuenten con áreas de descanso adecuadas durante la jornada laboral; accedan a instalaciones que faciliten el aseo e higiene personal, incluyendo sanitarios que garanticen el acceso a agua potable en condiciones dignas, y se les facilite el resguardo seguro de objetos personales y herramientas de trabajo”, indicó Correa.

El ministerio de Trabajo intensificará las inspecciones en las “tiendas invisibles ”, a las que el proyecto de ley define como “los establecimientos que, a puertas cerradas, realizan actividades de venta, almacenamiento, empaque y entrega de mercaderías, cuyos pedidos son objeto de transacción mediante plataformas digitales, y desde los cuales se efectúa la entrega a los repartidores”. Estas tiendas deberán cumplir con la legislación laboral vigente.

Estos centros tienen dos costados laborales a abordar: por un lado, los trabajadores de puertas adentro que tienen modos de trabajo a presión, y por otro lado los “ repartidores ”, que están usualmente estacionados o sentados en la vía pública, esperando a que se les asignen pedidos, con escaso o nulo acceso a condiciones de trabajo dignas. El proyecto establece que la cartera laboral será la autoridad de aplicación de la norma.

El proyecto contempla también que las empresas deban contratar, a su exclusivo cargo, un seguro de accidentes personales que garantice cobertura integral frente a los riesgos de la actividad, incluyendo muerte accidental, invalidez permanente y asistencia médica de emergencia. Esta medida establece un piso mínimo de seguridad y salud laboral, asegurando que cada trabajadora y trabajador cuente con respaldo inmediato ante situaciones de siniestralidad vial o accidentes en el desarrollo de sus tareas.

También buscará establecer responsabilidades en los empresarios respecto de las condiciones laborales de estos trabajadores, haciendo foco en los aspectos de salud y seguridad laboral de los mismos, que son clara competencia provincial, y también que observen el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Otro aspecto de la iniciativa será la creación de una APP que les brindará a los trabajadores beneficios en cuestiones básicas relacionadas con su trabajo (acceso a vehículos, seguros, descuentos en repuestos de bicicletas y motos, gomerías, lubricantes, cascos y protecciones, etc.), y que también le brindará un botón de emergencia en salud y otro en seguridad.

La creación de la APP estará destinada a resolver varios temas: por un lado, les dará acceso a las trabajadoras y los trabajadores a un “botón de pánico” o “aviso rápido de seguridad”, el que se accionará cuando adviertan una situación de inseguridad o sean protagonistas de ella.

La APP también contendrá un “botón de emergencia en salud” para cuando se produzca un accidente en la vía pública. Esto no implicará crear nuevos accesos sino hacer más fácil su uso, manteniendo los hábitos de las trabajadoras y los trabajadores vinculados al empleo del celular y las aplicaciones, por la inmediatez que ello otorga.

También posibilitará el acceso gratuito a asistencia y asesoramiento en sus derechos básicos y problemas usuales como contratación de seguros, gestiones vinculadas a las licencias para conducir o trámites migratorios, entre otros.

De esta manera, el proyecto representa un nuevo paso en la construcción de propuestas impulsadas por un Estado, que fortalece su rol de control y protección y pone al trabajo en el centro de sus políticas públicas, con derechos y mejores condiciones para las y los trabajadores de plataformas digitales. 

Axel Kicillof firmó esta tarde junto al resto de los gobernadores peronistas un documento muy crítico del trato que el gobierno nacional le da a las provincias que gobiernan y en el que le vuelven a recriminar deudas pendientes y la paralización de la obra pública, un gesto que se da en medio del tratamiento del proyecto de Presupuesto 2026, que según consideran los perjudica seriamente.

El documento, titulado “Recuperar la Argentina Federal e Inclusiva", surgió de un encuentro que mantuvieron hoy en la casa La Pampa su gobernador, Sergio Zillioto junto con Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gildo Insfrán (Formosa), además del ahora senador Gerardo Zamora y su sucesor Elías Suárez (Santiago del Estero), además de Kicillof.

Uno de los temas centrales de conversación fue unificar la postura ante el paquete de leyes que impulsa el presidente Javier Milei para las sesiones extraordinarias, el Presupuesto pero también la Reforma Laboral. Prometieron en ese sentido rechazar todos los proyectos que “pretendan quitar recursos a las provincias y a sus habitantes, en especial a los trabajadores y los productores”.

El texto plantea el desfinanciamiento de las provincias que arrancó décadas atrás con una modificación de la ley de coparticipación cunado la participación de las provincias cayó del 58% al 42%, pero enfatiza que “cada decisión del gobierno nacional lo profundizó; hasta la reforma laboral que hoy plantea se convirtió en un instrumento impensado para generar más desfinanciamiento federal”.

El posicionamiento de los gobernadores, dijeron a DIB fuentes cercanas a Kicillof, tiene por intención dejar en claro que accionarán contra los proyectos de ley en el Congreso. En esa línea, sumaron la presencia de legisladores del peronismo, entre los que se pudo ver a Jorge Taiana, Santiago Cafiero, Juan Marino, Hugo Yasky, Hugo Moyano (h) y Victoria Tolosa Paz, José Mayans, Juliana Di Tullio y Florencia López.

En las conersaciones se concluypo que el impacto fiscal de la reforma laboral paralas provincias sería de unos $1,6 mil millones por los cambios en Ganancias, y la merma en recursos coparticipables por la baja de impuestos a las grandes empresas. Ene se contexto también cuestionaron la caída del impuesto a los combustibles líquidos para las provincias.

En términos pólíticos, la reunión también contuntuvo un mensaje de distancia a mandatarios con origen peronista pero cercanos a las posiciones de Milei, como el tucumano Osvaldo Jaldo, el catamarqueño Raúl Jalíl y el salteñl Gustavo Saez, que ya hacen sentir su influencia para que avance el proyecto de Presupuesto 2026.

Fuente: Agencia DIB. 

La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam) apoya “la iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional para modernizar las relaciones laborales”.

“Creemos que actualizar las normas puede ayudar a ordenar el sistema, dar más previsibilidad y reducir conflictos”, consignó Cadam en un comunicado, en respaldo al proyecto de reforma laboral que el Poder Ejecutivo envió la semana pasada al Parlamento. No obstante, “entendemos que una reforma de esta magnitud merece un debate profundo y un marco legal claro y moderno. Por eso proponemos avanzar hacia una legislación laboral nueva, actualizada y pensada para la realidad de hoy y de los próximos años”.

De acuerdo con la Cámara, el “problema central” son los juicios laborales con montos impagables. “En la práctica, muchas empresas -sobre todo pyme- enfrentan condenas judiciales que se vuelven imposibles de pagar. Esto no sólo pone en riesgo a las empresas, también termina poniendo en riesgo los puestos de trabajo”.

A propósito, a la Cámara empresaria le “preocupa especialmente que se intente oficializar como método de actualización de condenas laborales la combinación de IPC (Indec) más una tasa de interés”. “No estamos de acuerdo con convertir en regla la indexación por un índice más intereses, porque esto multiplica las condenas de manera desproporcionada y puede llevar al cierre de empresas”, rechazó, y agregó: “Este esquema se contrapone con normas vigentes que prohíben indexar sumas de dinero (Ley 23.928 y modificatorias)”.

Y luego el comunicado plantea las propuestas de la Cámara: volver a un sistema de actualización con tasas bancarias; eliminar las “cuotas solidarias” y similares impuestas por convenios; que los aportes o contribuciones patronales especiales previstos en convenios colectivos deben ser estrictamente voluntarios; y que el empleador no sea agente de retención de aportes sindicales.

Por otro lado, para “frenar la industria del juicio”, “apoyamos medidas para reducir litigios injustificados”. Y plantea un ejemplo: “Si se demuestra que hubo un reclamo exagerado o sin sustento (‘plus petición inexcusable’), pedimos que las costas sean asumidas en forma solidaria entre la parte demandante y su abogado, para que haya responsabilidad real por demandas desmedidas”. Además, Cadam apoya modificar el procedimiento laboral “para que el avance del juicio dependa del impulso de las partes y pueda plantearse la caducidad de instancia cuando un expediente queda sin movimiento, evitando procesos eternos”.

A modo de cierre, para Cadam “cuidar a las empresas es cuidar el trabajo”. “Nuestro objetivo es simple: una legislación moderna, clara y equilibrada, que proteja derechos, reduzca conflictos, evite abusos y permita que las empresas -especialmente las pyme- puedan seguir produciendo y sosteniendo empleo”.

Fuente: Agencia DIB 

El Poder Ejecutivo avanzó con la presentación de la Ley de Modernización Laboral, un paquete integral que introduce cambios profundos en l as normas de empleo, registración, negociación colectiva y contribuciones patronales. La reforma, que llega en medio de un replanteo general del esquema regulatorio argentino, incluye medidas de desburocratización, reducción de litigiosidad y nuevos incentivos para la contratación formal.

La iniciativa, que ingresó al Parlamento a través del Senado, abarca 79 páginas y detalla uno por uno los cambios que el oficialismo pretende introducir en la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo, la columna vertebral de la legislación laboral argentina.

El texto constituye la apuesta más ambiciosa de la gestión Milei para flexibilizar las condiciones de contratación y despido, redefinir derechos individuales y colectivos, y avanzar en una reducción permanente de las contribuciones patronales. En términos prácticos, el proyecto plantea un nuevo marco normativo que impacta de manera directa en la forma en que se organizan, se remuneran y se extinguen las relaciones laborales.

Uno de los ejes centrales del proyecto es la creación del registro laboral centralizado en ARCA, que pasará a ser la única instancia válida de inscripción de trabajadores. A partir de esta modificación, ningún organismo podrá exigir requisitos adicionales, lo que busca simplificar trámites y unificar la información laboral en un solo sistema.

La Ley también introduce cambios amplios en el Régimen de Contrato de Trabajo. Entre ellos, la redefinición de qué conceptos integran las indemnizaciones, mayores posibilidades de pactar remuneraciones en moneda extranjera y un reordenamiento del tiempo de trabajo que permite nuevas modalidades de compensación horaria. Además, se endurecen los requisitos para las certificaciones médicas y se incorpora un esquema más amplio de beneficios no remunerativos.

En materia judicial, el Gobierno impulsa un cambio clave: las indemnizaciones previstas en la Ley de Contrato de Trabajo pasarán a ser la única vía de reparación posible ante un despido. D e esta manera, se elimina la posibilidad de iniciar reclamos adicionales por daños y perjuicios basados en el Código Civil y Comercial, con el objetivo declarado de reducir la litigiosidad.

Otro punto central es la reforma de la negociación colectiva. Se limita la llamada “ultraactividad”, que mantenía vigentes todos los convenios vencidos de manera indefinida.

Con la nueva norma, solo seguirán en pie las cláusulas normativas hasta que haya un nuevo acuerdo o una prórroga expresa. También se fortalece la autonomía de los convenios sectoriales de menor alcance y se reglamenta el carácter no remunerado de las asambleas sindicales.

Se habilita, asimismo, la conformación de los denominados "bancos de horas" que habilita a que las partes acuerden un régimen de compensación de las "horas extraordinarias" del trabajador siempre que se respeten las 12 horas de descanso mínimo legales (entre jornada y jornada, y de descanso semanal). Este esquema permitiría compensar tiempos dentro de la jornada laboral sin generar horas extra tradicionales, por ejemplo, acordando una reducción de carga horaria en momentos de menor demanda o la generación de francos compensatorios.

La iniciativa incorpora, además, la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), al que los empleadores deberán aportar un 3% del salario de cada trabajador.

Ese fondo, administrado por entidades supervisadas por la Comisión Nacional de Valores, será inembargable y estará destinado exclusivamente a financiar indemnizaciones y otros pagos previstos por ley.

La reforma propone una reorganización del régimen de vacaciones con mayor flexibilidad para empresas y trabajadores. Establece que el período anual deberá otorgarse entre el 1° de octubre y el 30 de abril, aunque las partes podrán pactar fechas diferentes.

Se introduce la posibilidad de fraccionar las vacaciones en tramos nunca inferiores a siete días y se garantiza que cada trabajador pueda disfrutar vacaciones en verano al menos una vez cada tres años. También se regula el procedimiento en caso de interrupción por enfermedad, obligando a reprogramar los días pendientes.

El texto amplía la definición de conceptos remunerativos y no remunerativos. Los llamados beneficios sociales —comedor, reintegros médicos, guardería, útiles escolares, cursos, etc.— se consolidan como no remunerativos, sin aportes ni contribuciones. Se habilita la creación de componentes remunerativos dinámicos (fijos o variables) por negociación colectiva o decisión unilateral, los cuales no generan derechos adquiridos: no aplican ultraactividad ni continuidad tácita. Además se exige que todo salario en dinero sea abonado por acreditación bancaria o medios electrónicos, y se actualiza el régimen de recibos y deducciones.

La reforma impacta directamente en la ultraactividad: los nuevos componentes remunerativos variables no generan ultraactividad, aun tras largo tiempo de aplicación.

Se especifican los requisitos para acreditar la incapacidad. Se establece la exigencia de que los certificados médicos contengan diagnóstico específico, tratamiento y cantidad de días de reposo. Además, se prevé que sean emitidos por personal médico habilitado.

Se regula la exigencia de una junta médica en caso de discrepancia entre los profesionales.

Para incentivar la formalización, se establece el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), que regirá durante un año y otorgará contribuciones patronales reducidas -del 2% por cuatro años- a quienes contraten a personas sin empleo formal reciente, monotributistas, desocupados o exempleados públicos. A su vez, la reforma contempla una reducción general de contribuciones, fijada en 17,40% para empleadores de grandes servicios y comercio, y en 15% para el resto del sector privado.

El proyecto incluye también un régimen especial para trabajadores de plataformas, como repartidores y choferes, a quienes se reconoce como prestadores independientes con requisitos operativos y de cobertura específicos para las empresas que administran las aplicaciones.

Finalmente, la ley incorpora otros cambios vinculados al sistema tributario y al clima de inversiones, como la reducción de alícuotas del Impuesto a las Ganancias corporativo y la creación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones, que promueve la amortización acelerada.

El texto del proyecto cierra: “Con estas medidas propuestas, el proyecto continúa en la senda de simplificación y ordenamiento normativo que el Gobierno viene impulsando desde el inicio de su gestión, orientada a eliminar distorsiones, depurar afectaciones, unificar criterios, dotar de neutralidad al sistema, simplificar y reducir costos de cumplimiento. Este proceso se guía por un principio innegociable: resguardar el equilibrio fiscal que tanto esfuerzo demandó alcanzar”.

Se mantiene la obligación del trabajador de sostener el empleo al trabajador que presente una disminución definitiva como consecuencia de accidente o enfermedad, pero se habilita la reducción del salario para que sea acorde a las nuevas condiciones de categoría y jornada.

Se elimina la exigencia del empleador de preavisar durante el periodo de prueba.

El proyecto introduce regulaciones que reconfiguran el rol gremial en ciertos casos. Por ejemplo, los trabajadores eventuales no podrán ocupar cargos sindicales que impliquen tutela. Limita deducciones automáticas a favor de sindicatos sólo cuando provengan de leyes, estatutos o convenios de empresa signatarios, requiriendo consentimiento expreso del trabajador en el resto de los casos.

Asimismo, se establece que los acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios deberán contar con intervención judicial o administrativa para ser válidos, reforzando controles sobre prácticas sindicales vinculadas a conciliaciones.

Huelga y los servicios esenciales o actividades de importancia trascendental. Se insiste con la reforma dispuesta por el Decreto 70/23 respecto al derecho de huelga y sus limitaciones en materia de servicios esenciales o actividades de importancia transcendental.Modificaciones a la Ley 14.250 sobre Asociaciones Sindicales

Límite a realizar Asambleas. Se dispone el deber de la asociación sindical de contar con autorización previa del empleador para la celebración de una asamblea tanto donde se realizará el horario y el tiempo de su duración y en caso de que se realice dentro del establecimiento deberá requerir autorización respecto del lugar. Además se aclara que el trabajador no devengará salarios durante el tiempo de la misma.Infracciones graves.

Bloqueos de empresa. Se dispone, en línea con el DNU 70/23, entre las conductas prohibidas y consideradas infracciones muy graves, provocar el bloqueo o tomar un establecimiento.

Sindicatos de empresa. Se facilita el procedimiento para la obtención de personería gremial de los sindicatos de empresa.Límite de horas. Se limita a diez (10) horas, el crédito para el ejercicio de las funciones de los delegados del personal.Tutela sindical. Se regula con mayor precisión los límites a la tutela sindical.

Período de prueba. Se extiende de treinta (30) días a seis (6) meses.

Recibo. El recibo deberá ser en forma electrónica.

Constancia bancaria. La constancia bancaria constituirá prueba suficiente.

Se prevé un régimen específico de Servicios Personales de Reparto y Mensajerías que utilizan plataformas tecnológicas a los efectos de establecer reglas adecuadas para promover el desarrollo de la economía de plataformas tecnológicas asegurando la independencia de los repartidores.

Fuente: Agencia DIB 

El Gobierno presentará este martes las reformas que busca aprobar en el Congreso, centradas sobre todo en la legislación laboral. Todavía tiene que discutir el temario completo y con ese fin se reúne al mediodía el Consejo de Mayo. La propuesta definitiva trata regímenes especiales y actualizar normativas como vacaciones, beneficios sociales, licencias por enfermedad e indemnizaciones.

A primera hora, se publicó en el Boletín Oficial el decreto 865/2025 con el llamado a Sesiones extraordinarias, que ya fue firmado la semana pasada por el mandatario nacional.

El temario completo, según se lee en un anexo del decreto mencionado, es el siguiente:

El punto 3 comprende una iniciativa que establece un marco jurídico específico para prohibir que los funcionarios de alto rango emitan para cubrir el déficit.

Varias de estas medidas fueron discutidas por el Consejo de Mayo, que volverá a reunirse a las 13.30 en la Casa Rosada, justamente, para acordar los puntos que faltan de algunos de estos textos y elaborar el informe final.

La reunión de este martes será la última de 2025. Encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, contará con la presencia de representantes de los distintos poderes y sectores sociales.

Por el Poder Ejecutivo, estará el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Por las provincias, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.

En representación del Poder Legislativo, estarán Carolina Losada (senadora nacional, UCR) y Cristian Ritondo (diputado nacional, PRO). Mientras que participarán Gerardo Martínez, por la CGT, y Martín Rappallini, presidente de la UIA.

La expectativa está puesta fundamentalmente en la reforma laboral, que recientemente trascendió a los medios y no cuenta con el apoyo de los sindicatos.

La propuesta definitiva trata regímenes especiales y modifica procedimientos judiciales vinculados, además de actualizar distintas normativas como vacaciones, beneficios sociales, licencias por enfermedad y nuevas reglas para indemnizaciones.

Fuente: Agencia DIB 

El titular de la Agencia de Recaudación Bonaerense (ARBA), Cristian Girard, encabezó la exposición ante legisladores acompañado por el ministro de Economía, Pablo López, y las autoridades parlamentarias Verónica Magario y Alexis Guerrera.

“La Ley Impositiva es un engranaje más dentro de nuestra concepción sobre el rol del Estado: intervenir para mejorar las condiciones de vida, ampliar derechos y sostener una sociedad más justa y solidaria”, afirmó Girard.

El funcionario explicó que la norma “profundiza la progresividad en la recaudación de impuestos patrimoniales y sostiene una visión pro producción y empleo en Ingresos Brutos”.

Una de las principales medidas es el congelamiento del Impuesto Inmobiliario, tanto urbano como rural. Girard detalló que se mantiene la estructura del tributo sin modificar tablas ni alícuotas, lo que “implica una disminución real de la carga fiscal para el 100% de las partidas”.

En un contexto de fuerte deterioro económico, el funcionario insistió: “No hay cuotas adicionales ni aumentos en el Inmobiliario. Es un alivio concreto para las familias y el sector rural”.

Otro de los ejes centrales es la reducción nominal de la Patente Automotor. Según el proyecto, el 75% de los contribuyentes pagará menos que en 2024.

“Tres de cada cuatro bonaerenses se verán beneficiados gracias a una reformulación de las tablas que corrige los saltos de alícuota derivados de la suba en el precio de los autos”, señaló el titular de ARBA. La medida busca recomponer la equidad y evitar que la presión fiscal recaiga sobre los sectores medios.

En la Provincia de Buenos Aires, la patente automotor se calcula en cinco tramos según la valuación fiscal del vehículo, aplicando una alícuota progresiva al valor del mismo, con topes de aumento anuales para moderar las subas, y beneficios por pago anticipado; la Ley Impositiva de cada año establece los montos específicos y las alícuotas para cada escala de valuación. Para 2025, se fijaron diferentes porcentajes según el tramo de valuación, con alícuotas más altas para vehículos de mayor valor.

La patente es progresiva, lo que significa que el porcentaje de impuesto aumenta a medida que el valor del vehículo es mayor.

Girard detalló: “Se va a llevar a cabo por medio de una reformulación de las tablas. En la ley anterior se arrancaba con una alícuota mínima de 3,6% y una máxima de 5%, ahora esos valores se reducirán en cuatro tramos con valores entre 1% y 4%”, puntualizó.

“En relación con Ingresos Brutos, no hay incremento de alícuota para ninguna actividad ni se incluye el anticipo extraordinario a grandes contribuyentes. La provincia decidió sostener el beneficio de alícuota disminuida incrementada. Vamos a actualizar los tramos en un 40% para que mas Pymes se vean beneficiada”, concluyó Girard.

En tanto, desde la oposición aguardarán el análisis del proyecto completo previo a emitir su respaldo a la iniciativa. “Es positivo que no haya aumento en Ingresos Brutos durante esta recesión, aunque esperamos conocer los números de la actualización inmobiliaria”, detallaron desde el radicalismo.

Respecto a Ingresos Brutos, Girard ratificó la continuidad de una política que combina simplificación tributaria y alivio para PyMEs, con mayor fiscalización sobre actividades de alta capacidad contributiva. “Seguimos fortaleciendo la progresividad, modernizando la administración tributaria con herramientas digitales que nos permiten recaudar mejor sin ahogar la producción ni el consumo”, subrayó.

Finalmente, el funcionario defendió el espíritu general de la Ley Impositiva 2026: “Es una norma que acompaña a quienes producen y trabajan, reduce la carga sobre los patrimonios medios y reafirma el principio de que paguen más quienes más tienen. Así logramos distribuir mejor el esfuerzo y construimos una provincia más justa”.

Tan como lo venía anunciando, el presidente Javier Milei firmó el veto al aumento a las jubilaciones y a los fondos para discapacidad que sancionó el Congreso hace pocas semanas.

La firma del mandatario tuvo lugar este sábado. A partir de la oficialización que se hará el lunes, el veto presidencial suspende el aumento jubilatorio de haberes y pensiones del 7,2% y el incremento para el bono, que pasaba de $ 70 mil a $ 110 mil, que además se iba a empezar a actualizar por inflación.

Esa ley fue aprobada por las dos cámaras del Congreso, que también sancionaron un artículo que reabría por dos años la moratoria que permitía que las personas que no tuvieran los 30 años de aportes jubilatorio poder comprar los saldos faltantes para llegar al haber mínimo.

Mientras que el proyecto sobre discapacidad declaraba la emergencia hasta el 31 diciembre de 2027 y reforzaba las pensiones no contributivas por invalidez para llevarlas al 70% del haber mínimo jubilatorio. Además, establecía que eran compatibles con empleos formales, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos.

Desde el primero momento en que las leyes se aprobaron, el Gobierno asegura que rompen el equilibrio fiscal. “Vamos a vetar. Aún si se dieran las circunstancias, que no creo, que el veto se caiga, lo vamos a judicializar. Aún si se diera el peor de los casos que de repente la Justicia tuviera un acto de celeridad, y lo decidiera tratar en poco tiempo, aún así, el daño que podrían causar podría ser mínimo. Sería una mancha en dos meses, la cual el 11 de diciembre se la vamos a revertir en caso de que tuviera éxito. La política del superávit fiscal es permanente”, había anunciado Milei ante la Bolsa de Comercio después de la contundente votación a favor del incremento en el Senado.

Mientras que días atrás, en la apertura de la Exposición Rural de Palermo, el Presidente insistió: “Para proteger el superávit fiscal, que es el ancla que nos está llevando al futuro, vamos a vetar estas leyes que lo que buscan es llevar al país a la bancarrota y a la pobreza”.

Ahora empieza a tallar la negociación legislativa y con los gobernadores para que la oposición no llegue a los dos tercios y rechace el veto presidencial.

En la Cámara baja, el aumento de las jubilaciones consiguió 142 votos a favor, 67 en contra y 19 abstenciones, mientras que solo hubo 28 ausentes en ese debate.

Ni siquiera uno de los principales aliados de La Libertad Avanza a nivel parlamentario, el PRO, acordó todavía una postura unificada respecto de lo que será el eventual tratamiento de los vetos.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) apoya el posible veto, ya que en un documento técnico se considera que las leyes de gasto que sancionó el Senado (aumento de jubilaciones, moratoria y fondos para ayuda por discapacidad) generaron un escenario de “tensión política e institucional”.

Según el Fondo, esas medidas representan un aumento del gasto del 1,5% del PBI. Además, se indica que fueron aprobadas en un contexto de “creciente presión electoral” e intensificación de campañas políticas, tanto a nivel nacional como provincial, de cara a las elecciones legislativas de octubre. (DIB) MM

Luego que el Senado aprobara el proyecto que busca recomponer los haberes jubilatorios y aumentar el bono de $70.000, congelado desde su entrada en vigencia, la mínima, tomando como base los montos actuales, quedaría en $441.564.

Si bien el presidente Javier Milei adelantó que vetará la iniciativa que la Cámara alta convirtió en ley, quedan instancias para que el incremento se haga efectivo y eso dependerá no solo del Congreso sino de la posibilidad de que se judicialice ese incremento.

En la actualidad, el haber mínimo para jubilados y pensionados alcanza los $309.294,79, mientras que el haber máximo es $2.081.261,17. Estos valores reflejan los ajustes mensuales por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) dispuestos desde la entrada en vigencia de la nueva fórmula de movilidad en abril de 2024. En el caso de aquellos que cobran mínima, se suma el bono de $70.000, por lo que el monto total llega a $379.294,79.

El proyecto sancionado por 52 votos y 4 abstenciones prevé una suba para todas las jubilaciones y pensiones del 7,2% y elevar el bono a $110.000. Es el porcentaje necesario para que el aumento extraordinario de 12,5% otorgado por decreto en abril del año pasado alcance 20,6%, nivel que corresponde a la inflación de enero de 2024.

De esta manera, los haberes mínimos, tomando como base los montos actuales, quedarían en $441.564. Se trata de una suba total de 16,4%. En el caso de los haberes máximos, estos quedarían en $2.231.111. Aquellos que perciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), con aumento, empezarían a cobrar $317.436 frente a los $247.436 que reciben actualmente. (DIB)

Organizaciones sociales, gremiales y políticas, junto a miles de personas autoconvocadas, volvieron a protagonizar una masiva manifestación en defensa del presupuesto universitario: las marchas se dieron en todo el país, pero el epicentro fue la plaza de los Dos Congresos, donde se leyó el documento final: “promulgue la ley de financiamiento universitario”, se exigió en el texto, leído por la presidenta de la Federación Universitaria Argentina, Piera Fernández.

La convocatoria arrancó temprano y ya hacia el mediodía había mucha gente en la plaza: los manifestantes fueron docentes y no docentes, profesores e investigadores de la casa de altos estudios; militantes gremiales, políticos y de organizaciones sociales. Y también miles y miles de personas que no pertenecen a la comunidad educativa opero expresaron su apoyo a la universidad por su rol en la movilidad social argentina.

Muchos de los carteles expresaban la trayectoria de quienes nacieron en hogares humildes, de familias sin educación formal y llegaron a tener un título que les permitió progresar gracias a la universidad pública. Las primeras generaciones de egresados, numerosas sobre todo en las universidades del Conurbano, tuvieron  un protagonismo especial.

En los alrededores del Congreso, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich desplegó un nutrido operativo de seguridad e hizo colocar vallados para impedir que se rodee al Congreso. Pero, debido a la masividad de la manifestación, no pudo aplicar el llamado protocolo anti piquetes, pese a que había amenazado con hacerlo.

Con Javier Milei en baja en las encuestas, varios dirigentes políticos se presentaron en la manifestación: desde Cristina Fernández de Kirchner, que bajó a saludar a los manifestantes en la puerta del Instituto Patria donde recordó que su padre era colectivero pero ella el abogada y su hermana médica gracias a la universidad, hasta Sergio Massa, que apareció rodeado de jóvenes que cantaban “Vamos a volver”. El radical Martín Lousteau encabezó una columna de su partido, que tendrá un rol clave en Diputados para sostener la ley que Milei vetará entre esta noche y mañana. Otro líder radical presente fue el senador Maximiliano Abad, quien dijo que se trató de “mucho más que una manifestación sectorial: es la declaración de principios de un pueblo unido, la educación no se veta”. También se la pudo ver a Elisa Carrió y, en el otro extremo del arco ideológico, a Pablo Moyano. El gobernador Axel Kicillof expresó su apoyo desde México, donde participa de la asunción de Claudia Sheinbaum como presidenta, pero varios de los ministros de su gabinete se hicieron presentes en la plaza.

El gobierno, por su parte, calificó de “política” a la marcha y trató de correr de eje la discusión presupuestaria y deslegitimar el reclamo salarial. El ministro de Planificación, Federico Sturzenegger, dijo que los docentes recibieron subas salariales superiores al promedio de los estatales, lo que fue rechazado por el vicerrector de la UBA, Emiliano Jacobitti; Bullrich dijo que la protesta forma parte de un “golpe” que se prepara contra el gobierno para “noviembre o diciembre”, el propio Milei compartió muchos mensajes de redes en los que se cuestionó a las universidades, en línea con su idea de vetar toda ley que no explicite los recursos necesarios para ser aplicada o comprometa el equilibrio fiscal,

En el documento de cierre se refutó explícitamente esa última cuestión: “esta ley, aprobada por el Congreso en un acto de responsabilidad y compromiso, le da al sistema universitario previsibilidad presupuestaria y a la crítica situación salarial, una respuesta, estableciendo un piso de incremento acorde a la inflación y recuperando el poder adquisitivo del salario. Es una ley que resuelve los problemas responsablemente porque no compromete fiscalmente al Estado, demanda solamente el 0,14% del PBI para su implementación”, leyó Piera Fernández.

En el documento también se pidió que “se reconsidere el presupuesto 2025” porque, si no, “la situación de las universidades y el sistema científico será mucho más grave”.

Y, como habían señalado durante la jornada representantes de los trabajadores y los profesores, mencionaron la posibilidad de cierre de universidades.

“Lo que estará en juego es su continuidad, ni más ni menos que eso. Nunca antes lo solicitado por el sistema universitario estuvo tan lejos de lo que el Gobierno propone para su tratamiento. Tan solo la mitad de los recursos reclamados, mínimos para funcionar, fueron contemplados, sin siquiera prever la inflación acumulada en el 2024, y menos aún la proyectada por el propio Gobierno para el próximo año. Un presupuesto es ante todo una declaración de principios, y los principios que se desprenden de la propuesta difieren sustancialmente de los que entendemos el país debe priorizar para resolver sus problemas estructurales”, indica el texto.

El documento concluyó con una arengan contundente ante la multitud congregada en la plaza del Congreso: “Sigamos defendiendo a la universidad pública, gratuita, libre, laica, siempre. ¡No al veto!”. (DIB)

La Legislatura de la provincia de Buenos Aires sancionó el pedido de endeudamiento y la Ley Impositiva 2024 enviados por el gobernador Axel Kicillof, luego de mantener diversas reuniones a lo largo de la jornada con los referentes de los bloques opositores, con quienes se acordó la creación de un fondo de $ 116.000 millones para los municipios.

En una sesión simultánea en Diputados y Senadores  y luego de varios días de rosca política, el oficialismo logró en la madrugada del viernes el visto bueno de los bloques del PRO y un sector de la UCR para aprobar la Ley Impositiva y el proyecto que lo habilita a tomar deuda por un monto en pesos equivalente a 1800 millones de dólares para hacer frente a los servicios de deuda del año próximo. También consiguió la aprobación de una ley que prorroga las emergencias vigentes en seguridad, salud y educación, entre otras, por el lapso de un año.

A su vez, el Ejecutivo Provincial decidió prorrogar el Presupuesto 2023 -que contempló gastos por $6,9 billones- ante la falta de previsiones macroeconómicas por parte de la Nación.

En uno de los puntos que más polémica generó, Kicillof tuvo que ceder y al final se aprobó hasta 200% la suba del inmobiliario (rural y edificado, es decir los que paga el campo y los bonaerenses propietarios).

En el texto original, la Provincia establecía que el 90% de los contribuyentes tendría aumentos iguales o menores al 200% y el 10% restante tendrían subas del orden del 300%. No obstante, los tres bloques que conformaban la bancada de Juntos (PRO, UCR y CC), negociaron con el oficialismo bajar los topes.

De acuerdo con lo aprobado, el impuesto Automotor -Patentes- tendrá un incremento promedio del 145% para los vehículos modelos 2013 a 2024, de acuerdo con los valores que fija la Dirección Nacional de Registro de la Propiedad Automotor, y el tope máximo para el incremento es del 270% para los autos de más alta gama.

Desde el Poder Ejecutivo se precisó que “en Ingresos Brutos, siempre en el marco de los acuerdos federales, se incrementará la recaudación generada por los sectores beneficiados por la actual reconfiguración económica que lleva a cabo el gobierno nacional” y se adelantó que “se implementará un anticipo de Ingresos Brutos a las grandes empresas”.

La Provincia pretende que, tal como ocurre en otras jurisdicciones, haya ajustes de los impuestos bonaerenses atados a la inflación a lo largo del año.

Dentro de las conquistas obtenidas por la oposición, además de un fondo de libre disponibilidad de $116 mil millones para los municipios, también acordaron el depósito para este jueves de la mitad de la deuda que la Provincia mantenía con las intendencias por fondos de obras y seguridad, entre otros. (DIB)

Profesionales farmacéuticos y estudiantes universitarios se convocaron este viernes frente al Palacio de Tribunales “en defensa de la salud pública, de la profesión, de la salud y de la posibilidad de la gente de acceder a medicamentos” mientras las entidades afines presentaron un amparo contra los cambios introducidos por el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 que admite la venta libre de medicamentos en kioscos y otros lugares.

Las farmacias agrupadas en la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) bajaron sus persianas entre las 12 y las 13 de este viernes, en una acción que acompañó la presentación de un recurso de amparo ante la justicia contra el DNU 70/2023.

La titular del Colegio de Farmacéuticos bonaerense, Alejandra Gómez, expresó su preocupación en referencia a los cambios introducidos por el DNU que admite la venta libre de medicamentos en kioscos y otros lugares.

“No deja de ser un medicamento y usarlo mal trae consecuencias; no es algo menor”, aseveró.

“Hoy las entidades que nos representan a nivel nacional, presentan un amparo en la Justicia por todo lo referido al DNU sobre la profesión farmacéutica”, sostuvo Gómez en relación a la presentación que el sector realizó en el Palacio de Tribunales, acompañada por una concentración y un cese de actividades en farmacias de todo el país.

Tras aclarar que esta situación ya se vivió en los años 90′, Gómez afirmó: “Un medicamento de venta libre no deja de ser un medicamento, usarlo mal trae consecuencias, y no es algo menor ni para tratar con liviandad”.

“Trajo consecuencias y con el tiempo se fue corrigiendo, llevó al comercio de productos falsificados, se vio mayor riesgo en hospitales por el uso irracional de ciertos medicamentos y cuando no hay un farmacéutico, no hay control ni nadie que se haga responsable y se pueden tomar productos que interaccionen con algo que se está tomando o que puedan ocasionar algún mal”, explicó.

Gómez se refirió así a una de las modificaciones de la ley 17.565 que habilita el DNU 70/2023, el cual elimina la exigencia de que “los medicamentos denominados de venta libre y de especialidades farmacéuticas, cualquiera sea su condición de expendio, sólo podrán ser efectuadas en todo el territorio de la Nación, en farmacias habilitadas”.

También deja afuera el texto que especificaba que “los medicamentos denominados de venta libre deberán ser dispensados personalmente en mostrador por farmacéuticos o personas autorizadas para el expendio”, indicó la COFA.

“Estamos hablando de que se podrían vender en cualquier lugar sin ningún tipo de cuidado, sin saber su procedencia, sin tener constancia del vencimiento, especialmente cuando se compran blisters”

La medida dictada por el Gobierno deja sin efecto lo que establecía la ley, que determinaba que “la venta y despacho fuera de estos establecimientos se considera ejercicio ilegal de la farmacia y, sin perjuicio de las sanciones establecidas por ley, los que la efectúen podrán ser denunciados por infracción al Código Penal”.

Según aclaró Gómez, ante una falla de medicamentos “a través del Colegio de Farmacéuticos se decide retirar de todas las farmacias inmediatamente y eso -ahora- no podría hacerse”.

“Estamos hablando de que se podrían vender en cualquier lugar sin ningún tipo de cuidado, sin saber su procedencia, sin tener constancia del vencimiento, especialmente cuando se compran blisters”, advirtió.

La concentración comenzó en la Plaza Lavalle, enfrente de los Tribunales, donde se leyó un documento, los profesionales marcharon alrededor de la manzana y entregaron a la justicia el escrito contra los cambios introducidos por el decreto de necesidad y urgencia (DNU).

Mónica Andrea Fernández, farmacéutica de la provincia de Buenos Aires del colegio del Partido Moreno, dijo a Télam que la convocatoria es en “defensa de la salud pública, de la profesión farmacéutica, de la salud de la gente, y la posibilidad de tener acceso a medicamentos”.

“Nos convoca la salud de la gente y sobre todo nuestra profesión y salud pública, que es lo más importante, que es lo que se está avasallando en este DNU”, agregó en diálogo con esta agencia, y explicó que el DNU “también afecta la fuente de trabajo, así que esperamos que se revierta”.

Gabriel Blanco, presidente de la filial La Matanza del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, agregó que “la convocatoria es porque este DNU del presidente Milei nos limpia de un plumazo como profesionales, y sin ningún motivo. No competimos, no formamos precios, trabajamos en nuestra profesión y nos limpian de un plumazo como profesionales”, reiteró.

Luego, Blanco advirtió que “los farmacéuticos y las farmacias somos el primer eslabón de una cadena sanitaria. Cuando la gente no llega al médico, lo primero que hacen es ir a la farmacia donde los atendemos y aconsejamos. Por eso creemos que el medicamento es un bien social, y digamos que sacarlo de la farmacia es un peligro para la población. No pasa en ningún lugar del mundo, es insólito”, consideró.

“No competimos, no formamos precios, trabajamos en nuestra profesión y nos limpian de un plumazo como profesionales”

Sheila, quien se presentó como consejera del Centro de Estudiantes de Farmacia y Bioquímica de la UBA, dijo que la marcha es en “rechazo al DNU que atenta contra la carrera y nuestro rol profesional como farmacéuticos”.

Próxima a una pancarta en la que se leía la consigna “la salud no se vende” recordó que “ayer, en la Facultad hubo una sesión extraordinaria en donde todo el Consejo Directivo emitió un comunicado de rechazo al DNU porque atenta contra la salud pública y contra las farmacias de barrio”.

“Nosotros, como estudiantes, lo vamos a repudiar y por eso vinimos a esta movilización y apoyaremos todas las movilizaciones que haya porque es nuestro lugar y por nuestro futuro”, dijo.

Por último, recalcó su expectativa de “lograr algo, que este amparo se concrete y que finalmente se frenen estas medidas con las que no estamos para nada de acuerdo”.

El DNU 70/2023, mediante la modificación de la ley 17.565, elimina la exigencia de que “los medicamentos denominados de venta libre y de especialidades farmacéuticas, cualquiera sea su condición de expendio, sólo podrán ser efectuadas en todo el territorio de la Nación, en farmacias habilitadas“.

También deja afuera el texto que especificaba que “los medicamentos denominados de venta libre deberán ser dispensados personalmente en mostrador por farmacéuticos o personas autorizadas para el expendio”, indicó la COFA.

A su vez, la medida dictada por el Gobierno deja sin efecto lo que establecía la ley, que determinaba que “la venta y despacho fuera de estos establecimientos se considera ejercicio ilegal de la farmacia y, sin perjuicio de las sanciones establecidas por la ley, los que la efectúen podrán ser denunciados por infracción al Código Penal”.

“También lleva al fin de las farmacias que están en los barrios más alejados, en los pueblos, beneficiando a las cadenas que se concentran en los grandes centros urbanos”, detalló COFA.

“Si hay desvíos en la calidad, problemas de fabricación, adulteración o falsificación, no va a haber forma de detectarlo oportunamente ni de retirar esos productos del mercado”

Además, advirtió que, con estas medidas, “los medicamentos no van a bajar de precio, porque el precio lo fijan los laboratorios, no las farmacias”, pero “lo que sí va a suceder es que se pone en extrema vulnerabilidad la salud de los argentinos quitando controles sanitarios sobre los medicamentos”.

“Si hay desvíos en la calidad, problemas de fabricación, adulteración o falsificación, no va a haber forma de detectarlo oportunamente ni de retirar esos productos del mercado”, destacó.

“Los farmacéuticos somos imprescindibles, sobre todo hoy, en un contexto de crisis del sistema sanitario, cada vez con mayor demanda de atención. Brindamos servicios fundamentales como el control de la presión, aplicación de vacunas, de inyectables, curaciones, manejo de la medicación”, concluyó COFA.

“El Previaje le dio previsibilidad al sector y permitió que no haya temporada baja al sostener la demanda todo el año de forma constante”, aseveró la Faveyt en un comunicado.

En este sentido, desde la entidad destacaron que el programa permitió movilizar “más de 7,5 millones de turistas y tuvo un impacto económico superior a los $790.000 millones en sus cinco etapas”.

Además, indicaron que “generó más de 55 mil empleos directos y permitió, como nunca, la formalización del sector turístico potenciado la recaudación impositiva -por lo que no significó un costo fiscal negativo para el Estado”.

“Apoyaremos todas las medidas que impulsen al turismo interno y el turismo internacional porque creemos que el trabajo en equipo es la clave”, señalaron desde la federación que nuclea a empresas de viajes y turismo.

También apoyó el Programa el presidente de Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo Regional La Rioja, Poly Badoul, dijo que el PreViaje “generó una revolución económica en nuestro país”.

“Desde el punto de vista local de un destino en desarrollo como La Rioja -continuó-, ayudó a romper con la estacionalidad y permitió de esta forma mantener a las empresas turísticas todo el año”.

Para Badoul, el PreViaje también “ayudó a fomentar la formalidad en un sector donde cuesta mucho luchar contra la competencia desleal que genera la informalidad. Se fomenta el trabajo de las agencias de viaje y de todo el circuito económico que genera el turismo en dos oportunidades, cuando se vende y cuando se utiliza la tarjeta y consume el servicio”.

Asimismo, Yamila Berro, presidenta de Audavi y representante de las agencias de viajes de Puerto Iguazú, señaló: “No sólo activa toda la cadena de servicios en un destino, sino que da la posibilidad de viajar a mucha gente que lo hace por primera vez e incentiva a quien no pensaba hacerlo”.

Por su parte, Rubén Martínez, presidente de Aaavyt El Calafate, destacó que PreViaje debería ser ley porque fue “el mejor plan que se implementó para la industria del turismo”.

“Como empresarios romper con la estacionalidad significó que dejamos de tener empleados por temporadas para tener empleados año completo, es decir, sirvió para fomentar el empleo”, completó. (DIB)

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció que enviará un proyecto de ley para que el Programa PreViaje sea un sistema sancionado por ley, como una política permanente, para promocionar el turismo y aumentar los puestos de trabajo.

Massa destacó en el programa “La noche de Mirtha” que “el país está lleno de turistas no sólo nacionales sino también extranjeros y este fin de semana se han alcanzado niveles de ocupación que superaron los registros anteriores”.

El ministro enfatizó que “en el turismo se da una combinación de tres factores. El primero, el PreViaje, estamos hablando de una movilización en todo el país. Hotelería y gastronomía generan 544.000 empleos. Este fin de semana tiene una ocupación por encima del 90%. El PreViaje fue usado por 7,5 millones de argentinos y lo traigo a la mesa porque quieren eliminar el Pre Viaje y creo que es un error”.

Massa indicó además que “el PreViaje impacta en un montón de empresas gastronómicas, hoteleras y de transporte y es un sistema en el cual le financiamos parte de lo que gasta la gente en el turismo interno de la Argentina y mañana en Potrero de los Funes, San Luís, vamos a plantear el proyecto de ley por el cual el Pre Viaje quede como ley porque garantiza 550.000 empleos y estabilidad”. (DIB) ACR

Los bares y boliches, y todos aquellos establecimientos que se encuentren habilitados para la venta de bebidas alcohólicas en la provincia de Buenos Aires deberán proveer el acceso al agua de manera libre y gratuita a sus clientes, a partir de la ley 15.439 promulgada ayer, martes, por el Gobierno.

La norma, sancionada por la Legislatura en abril, sostiene que el acceso al agua es un derecho y una de las principales estrategias para mitigar la intoxicación alcohólica. Así, todo establecimiento o lugar, fijo o móvil, que se encuentre habilitado para la venta o expendio a cualquier tipo de bebida alcohólica, deberá proveer y garantizar el acceso gratuito al agua potable suficiente y sin límite alguno.

A su vez, los establecimientos que brinden servicio de mesa o barra (bares, restaurantes, cantinas, etc.) deberán garantizar en la mesa de sus clientes una jarra o botella de al menos 250 cc; colocar señalética clara donde se comunique e informe sobre la gratuidad del acceso al agua, e incentivar su consumo como práctica de reducción de daños ante el consumo de alcohol.

Los dispositivos o receptáculos de acceso libre y gratuito al agua, deberán cumplir con los siguientes requisitos mínimos: estar correctamente señalizados, visibles, de acceso libre sin dificultades ni demoras; ser aptos para su funcionamiento irrestricto, limpios y situarse en puntos independientes de los sanitarios; estar acompañados de vasos y/o accesorios para poder hacer uso del agua; y el agua deberá ser apta para el consumo humano y en cantidad suficiente según el tipo de establecimiento.

“La presente Ley tiene por objeto garantizar y promover el acceso irrestricto al consumo de agua potable de forma gratuita en todos los establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas para su consumo dentro del establecimiento y en estadios y lugares donde se efectúen eventos de convocatoria masiva”, indica el texto de la propuesta.

Entre los objetivos de la iniciativa se encuentran los de mejorar la salud y calidad de vida de la población de la provincia de Buenos Aires, garantizar la hidratación adecuada y el consumo de agua segura, reducir los riesgos asociados al uso de alcohol y otras sustancias psicoactivas. (DIB)