La jura fue tomada por el presidente de la institución, Dr. Juan Pablo Cremonte, acompañado por el secretario general, Dr. Andrés A. Sachella, y el protesorero, Dr. José I. Ochoa, quienes dieron la bienvenida a los nuevos profesionales que se incorporan a la matrícula.

En esta oportunidad, la ciudad de Chascomús sumó dos nuevos abogados: Lucas Ezequiel Antoniacomi, egresado de la Universidad Nacional de La Plata, y María Laura Pereyra, graduada de la Universidad Empresarial Siglo 21.

Ambos prestaron juramento junto a otros profesionales provenientes de distintas localidades del Departamento Judicial, entre ellas Mar de Ajó, Villa Gesell, Castelli, Dolores, General Madariaga y Pinamar.

El acto formal marca el inicio del ejercicio profesional para los nuevos matriculados, quienes asumen el compromiso de desempeñar la abogacía con responsabilidad, ética y respeto por las normas que rigen la profesión.

Para Chascomús, la incorporación de nuevos abogados representa un fortalecimiento del ejercicio local del derecho y una ampliación de la oferta de servicios jurídicos en la ciudad.

Marcos Muñiz, de 21 años, será juzgado como principal acusado por el homicidio. Las audiencias están previstas entre el 8 y el 11 de septiembre y estarán a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 1, integrado por los jueces Claudia Castro, Cristian Rabaia y Emiliano Lázzari, el mismo cuerpo judicial que intervino en el resonante juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell.

El hecho ocurrió en la madrugada del martes 15 de enero de 2024. Nicolás se encontraba junto a un grupo de amigos en el Parque Libres del Sur, a la vera de la laguna, cuando fueron abordados por al menos tres jóvenes que, armados con un objeto contundente, los amenazaron para robarles celulares y mochilas. En medio del asalto, Nicolás intentó escapar corriendo, pero fue alcanzado por los agresores y apuñalado directamente en el corazón. Tras el ataque, los delincuentes huyeron llevándose su mochila.

Gravemente herido, el adolescente logró caminar algunas cuadras en un intento desesperado por ponerse a salvo, pero se desplomó y falleció en el interior de un garaje ubicado en la calle Sáenz Peña al 100. El cuerpo fue hallado por un vecino, a unos cien metros de la costanera —a la altura del antiguo muelle del San José— y a similar distancia de la Plaza Gouaillard.

Horas después del crimen, la policía logró detener a Marcos Muñiz junto a otros dos sospechosos menores de edad, de 15 y 17 años. Estos últimos quedaron a disposición del Fuero Penal Juvenil, mientras que Muñiz enfrentará ahora el juicio oral como adulto, en una causa que aún conmueve profundamente a la comunidad de Chascomús.

El análisis se llevó a cabo durante la Feria Judicial, período en el que se evaluaron un total de 159 casos. De esa forma, se estimó que 48 pacientes sobrevivieron al opioide adulterado.

En tanto, personal del Cuerpo Médico Forense se encargará de estudiar las muestras recibidas y si ratifica estos datos podría agravarse la situación judicial de 14 procesados y detenidos, entre ellos Ariel García Furfaro, el propietario de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A.

“Se trata de un trabajo de depuración muy grande que se hizo durante el receso”, señaló una fuente allegada al expediente.

García Furfaro, allegado a la familia Kirchner, es considerado “coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales” por provocar los fallecimientos de 20 personas, “en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud, también en calidad de coautor”.

Al empresario se le endilga haber intervenido junto a 16 miembros del plantel de ambos laboratorios a través de “la toma de distintas decisiones relativas a la fabricación, distribución y venta” en la adulteración del lote 31202 perteneciente al opioide, el cual se encontraba “destinado al uso público sanitario, con orden de producción emitida el 16 de diciembre de 2024”.

“Las adulteraciones de la sustancia medicinal consistieron en su contaminación a partir de un proceso de fabricación caracterizado por múltiples falencias, entre ellas muchas críticas, respecto de lo cual existieron pluralidad de alertas que no fueron atendidas”, sostiene la acusación.

Además del propietario de HBL Pharma, también están procesados Diego Hernán García, Nilda Furfaro (la madre de Ariel Fernando García), Javier Martín Tchukrán, José Antonio Maiorano y Carolina Ansaldi. Ariel y Diego García, Javier Martín Tchukrán y José Antonio Maiorano están detenidos en el complejo penitenciario de Marcos Paz.

En tanto, sin prisión preventiva, fueron procesados María Victoria García, Wilson Daniel Pons, Adriana Iudica, Arzolidys Dayana Astudillo Bolivar, Rocío del Cielo Garay, Edgardo Gerardo Antonio Sclafani, Eduardo Darchuk. En el caso de estos últimos, mantuvo la prohibición de salida del país, inhibición general de bienes, la caución juratoria y la comparecencia mensual. Todos estaban ligados a los laboratorios HLB Pharma Group SA y Laboratorios Ramallo SA.

El juzgado espera poder elevar a juicio el caso a mitad de este año. Así lo anticipó el juez Ernesto Kreplak, a cargo de la causa, cuando expuso en noviembre en la Comisión Especial de la Cámara de Diputados.

En ese entonces, Kreplak advirtió que proyectaban “trabajar, incluyendo el período de feria judicial, en analizar las historias clínicas, reunir la información dispersa y enviar, luego de la feria, los casos de víctimas fatales y no fatales, para aproximarnos a lo que sería un número final. Y, en tanto la Cámara confirme nuestro trabajo, realizar la elevación a juicio a mediados del año que viene (2026)".

En paralelo a la pesquisa, los familiares continúan reclamando justicia y que los responsables sean condenados por provocar la peor crisis sanitaria del país ligada a la inoculación con un opioide adulterado con bacterias.

En los más de seis meses de causa, se realizaron tres marchas en las ciudades de La Plata y Rosario para dar visibilidad al reclamo y que el nombre de las víctimas continúen latentes.

Fuente: Agencia DIB 

La Justicia advirtió al Gobierno de Javier Milei que la Ley de Emergencia en Discapacidad “deberá estar en plena ejecución” el día 4 de febrero de este año y lo intimó a acreditar el avance de la implementación de la norma. De caso contrario, aplicará multas a funcionarios.

La decisión del Juzgado Federal de Campana fue tomada luego de la apelación del Ejecutivo en diciembre. En ese sentido, el juez Adrián González Charvay resolvió que el Ejecutivo tenga los procesos administrativos listos para cumplir con la normativa sancionada por el Congreso, incluso cuando no se haya pronunciado la Cámara Federal de San Martín, que tiene en trámite una apelación del caso.

“Toda vez que la Ley de Emergencia citada debe estar reglamentada dentro de los treinta días (conf. art. 21 de la misma) hágase saber a las partes que, tomando como inicio del cómputo el proveído de fecha 18/12/2025 que concedió el recurso de apelación con efecto devolutivo, la ley en trato deberá estar en plena ejecución para el día 04/02/2026, sin perjuicio de lo que en definitiva resuelva el Superior”, dice la resolución.

Según indicaron familiares de personas con discapacidad en un comunicado, a partir de este fallo el Estado deberá presentar “documentos reales” que acrediten el cumplimiento de la sentencia.

En este contexto, el juzgado advirtió que ya no aceptará informes genéricos basados en “evaluaciones”, “análisis” o “proyectos”, sino en constancias concretas que demuestren avances efectivos.

Por su parte, tras la definición judicial, la actriz y madre de un chico con discapacidad, Valentina Bassi, sostuvo: "La ley se tiene que cumplir: si en 10 días hábiles no cumplen comenzarían las multas para los funcionarios", planteó en Instagram.

Cabe recordar que la gestión libertaria apeló en diciembre el fallo que ordenó aplicar de manera inmediata la Ley de Emergencia en Discapacidad y que dispuso la invalidez del artículo 2 del Decreto 681/2025, con el que el gobierno había suspendido la aplicación de la esa ley. El fallo dictado por el juez González Charvay, que tiene alcance colectivo, debe ser resuelto por la Cámara Federal de San Martín.

Fuente: Agencia DIB 

La Suprema Corte de Justicia bonaerense ordenó suspender de manera preventiva la ordenanza que regula el uso de agroquímicos en el partido de Tandil, en el marco de una causa que también involucra a la Municipalidad de Rauch y que cuestiona la constitucionalidad de ambas normativas por su impacto ambiental sobre la Cuenca del arroyo Chapaleofú.

La cautelar se hizo a pedido de un grupo de vecinos de dicha cuenca y luego que estos hayan recibido el apoyo del procurador general Julio Conte Grand. El dictamen del fiscal reconoce la legitimidad del reclamo de pobladores de los distritos citados y de los de las localidades tandilenses de Gardey y Vela, donde rige una normativa aprobada en 2022.

El fallo del máximo tribunal suspende provisoriamente la aplicación de un artículo de una ordenanza de 2021 en Tandil que establece las distancias y condiciones para la aplicación de agroquímicos, y de otro artículo en Rauch hasta tanto se sustancien los requerimientos de información ordenados y se dicte una resolución definitiva sobre el fondo de la cuestión.

Además, se exigió a los intendentes de ambas localidades que en un plazo perentorio de diez días le eleven a ese cuerpo todos los antecedentes que dieron origen a las respectivas ordenanzas, antes de dictar un fallo definitivo.

En los considerandos, la Suprema Corte puso el foco en el potencial riesgo de contaminación del recurso hídrico, así como en la necesidad de adoptar decisiones judiciales acordes a los principios preventivo y precautorio que rigen en materia ambiental.

En ese marco, destacó que los límites previstos para la aplicación aérea de agroquímicos en ambas ordenanzas “prima facie se apartan de las pautas que la Provincia ha fijado” en su normativa general, lo que refuerza la necesidad de una evaluación más profunda.

Fuente: Agencia DIB

En el marco de un balance institucional sobre el cierre del año, el titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFID) Nº 10 de Chascomús, Dr. Jonatan Robert, encabezó una jornada de trabajo y capacitación destinada al personal policial y a los integrantes de la Subsecretaría de Seguridad de Lezama. El encuentro tuvo como eje central el análisis de las actuaciones judiciales y los procedimientos penales desarrollados en el distrito a lo largo de 2025.

Durante la reunión, el fiscal Robert realizó un pormenorizado repaso de las causas más significativas, subrayando que el éxito de las investigaciones radicó en el accionar conjunto y coordinado entre las fuerzas de seguridad locales y el equipo municipal.

El funcionario judicial puso de relieve los resultados favorables obtenidos en diversas intervenciones que marcaron la agenda de seguridad del municipio este año. Entre los hechos destacados se mencionaron:

Uno de los puntos más valorados por el Dr. Robert fue la consolidación de un equipo de trabajo eficiente. En este sentido, destacó la labor del Centro de Monitoreo de Lezama, cuya tecnología y personal resultaron piezas fundamentales para el aporte de pruebas y la prevención del delito.

"Es fundamental el trabajo articulado entre las fuerzas locales, la coordinación y el compromiso que han demostrado", señaló el Fiscal, quien también dedicó un párrafo especial al aporte de los vecinos. Según se indicó, la colaboración ciudadana ha sido un pilar fundamental para fortalecer la prevención y lograr el esclarecimiento de hechos delictivos.

Esta jornada representó la cuarta instancia de encuentro técnico realizada en lo que va del año, lo que demuestra una política de Estado local orientada a la formación continua y al diálogo fluido entre la Justicia y las fuerzas operativas.

Con este balance, el municipio de Lezama reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana, apostando a la profesionalización de sus equipos y a la integración de recursos para brindar tranquilidad a toda la comunidad.

El conflicto entre el Gobierno nacional y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó un nuevo capítulo luego de que el abogado de Claudio “Chiqui” Tapia, Gregorio Dalbon, publicara un extenso mensaje en redes sociales en el que cuestionó el origen y la intencionalidad de las denuncias impulsadas contra la conducción del fútbol argentino.

Bajo el título “Datos públicos”, el también letrado de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner puso el foco en los denunciantes y en el rol de distintos actores estatales, en medio de las actuaciones iniciadas por la Inspección General de Justicia (IGJ) y las presentaciones realizadas ante organismos nacionales e internacionales.

En su publicación, el abogado sostuvo que “el denunciante de la AFA, Juan Facundo Del Gaiso, registra ingresos del Estado. Existen además antecedentes administrativos que lo vinculan al fútbol (Res. 288/LCAVA/21)”.

También arremetió contra Matías Yofe, de quien dijo que “mantiene vínculos laborales con el Estado y reuniones institucionales con funcionarios y magistrados, de público conocimiento”.

Por otra parte, Dalbón afirmó que “parte del material difundido en medios (allanamientos) proviene de filtraciones cuya trazabilidad y motivación merecen ser esclarecidas”. Allí aseguró que deberían investigarse los roles de la exministra de Seguridad y ahora senadora, Patricia Bullrich, y de la actual ministra, Alejandra Monteoliva.

El abogado señaló: “Cuando se avanza coordinadamente contra ‘Chiqui’ Tapia, Pablo Toviggino y la AFA, la pregunta no es ideológica: ¿quiénes intervienen, desde dónde y con qué intereses?”.

Dalbon cerró su mensaje: “Transparencia. Estado de Derecho. Nada más. Nada menos. Ahora vamos por TODO. ”.

Fuente: Agencia DIB 

La Justicia Federal hizo lugar a una cautelar peticionada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para que el Ejecutivo cumpla artículos de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, que apuntan a la actualización y recomposición de los salarios de docentes y no docentes de universidades nacionales y del monto de becas estudiantiles.

La decisión del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11 se tras el reclamo del Consejo en octubre, cuando solicitó que se declare inconstitucional el decreto por el que Javier Milei suspendió la aplicación de la ley, al argumentar que no autorizaba o disponía gastos para prever en forma expresa el financiamiento universitario.

En ese sentido, el CIN puso énfasis en los artículos 5 y 6, que establecen la actualización salarial docente y de becas estudiantiles según el índice inflacionario. Los actores alegaron una afectación colectiva y urgente, al argumentar que el incumplimiento erosionaba el poder adquisitivo, comprometía el funcionamiento universitario y lesionaba derechos constitucionales a la educación y a la autonomía institucional.

De hecho, desde que asumió Milei en diciembre de 2023, la merma del salario de los docentes universitarios ronda el 45%, según advierten el Consejo Superior de la UBA y los sindicatos del sector.

Frente a este pedido, el juez Martín Cormick admitió la cautelar y ordenó al Gobierno cumplir de forma inmediata con lo dispuesto en los artículos 5° y 6° de la ley 27.795. En ese sentido, consideró que "se encontraría conformado un supuesto de arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, en tanto la lesión de los derechos o garantías reconocidos son consecuencia del acto u omisión de la autoridad pública de forma clara e inequívoca, sin necesidad de un largo y profundo estudio de los hechos".

El artículo 5, en concreto, se enfoca en la garantía del financiamiento para actividades esenciales y la actualización salarial, estableciendo la recomposición de salarios docentes y no docentes (no inferior a la inflación), obligando a que los aumentos sean remunerativos y bonificables, y convocando a paritarias trimestrales.

Mientras que el artículo 6 se enfoca en la actualización automática de becas estudiantiles por inflación y la necesidad de partidas específicas para ciencia y extensión, asegurando un piso de recursos para el sistema universitario, con un fuerte componente de transparencia y control presupuestario.

Fuente: Agencia DIB 

A través de un comunicado oficial, el cuerpo legislativo expresó su acompañamiento al reclamo de las familias afectadas por una de las causas sanitarias de mayor impacto histórico en la Argentina, tanto por su magnitud como por la gravedad de los hechos investigados.

“La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires declara su apoyo a la segunda Marcha contra el silencio por las víctimas del fentanilo adulterado, su solidaridad con las familias y el acompañamiento ante el pedido de memoria, verdad y justicia”, señala el documento difundido desde el recinto.

En el mismo sentido, un informe firmado por la diputada Mónica Schlotthauer y el legislador Christian Castillo sostuvo que “la masacre del fentanilo es el resultado lógico de una cadena de fallas sistémicas”, y advirtió que cada instancia de control “no solo falló, sino que agravó la negligencia del eslabón anterior”.

La convocatoria es impulsada por familiares de víctimas del fentanilo contaminado con bacterias, producido por los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., quienes llaman a la ciudadanía a movilizarse para mantener “la memoria y la justicia viva”.

Hasta el momento, se confirmaron 124 muertes vinculadas al uso del fármaco adulterado, aunque la cifra final aún no está cerrada. Algunos relevamientos periodísticos elevan el número a 173 víctimas fatales.

Entre las víctimas se encuentra Renato Nicolini, el fallecido más joven por esta causa, oriundo de Chascomús. Su madre, Sol Francese, se convirtió en una de las voces más firmes del reclamo de justicia.

Renato había sido trasladado desde La Plata al Hospital Italiano tras sufrir un accidente. Allí recibió fentanilo para permanecer sedado mientras estaba conectado a un respirador. “Los primeros dos días estuvo grave, pero estable. Después empezó a mejorar, le bajaron la sedación y se despertó”, recordó su mamá.

Sin embargo, su evolución se vio abruptamente interrumpida por una neumonía provocada por dos bacterias presentes en el fentanilo contaminado. Permaneció 10 días internado y falleció el 5 de mayo. La familia se enteró del brote una semana después, por una persona ajena al hospital.

“Queremos que se condene a los dueños del laboratorio, que sabían lo que estaban haciendo, y también a los farmacéuticos, bioquímicos y jefes técnicos que no controlaban los procesos. Hubo muchas irregularidades y, aun así, se siguió produciendo”, denunció Francese.

La mujer señaló que los responsables serían dos laboratorios vinculados a la familia Furfaro, y recordó que uno de ellos “se incendió en 2018 de manera sospechosa”, en una causa que entonces fue relacionada con la efedrina.

“Desde ese momento acumularon más de 130 denuncias que nunca avanzaron en la ANMAT, por eso nunca se los sancionó y siguieron trabajando. No entendemos cómo pudieron continuar operando”, remarcó.

También advirtió que la medicación contaminada fue distribuida a más de 300 hospitales y centros de salud, lo que obligó a retirar de circulación todos los productos del laboratorio ante la imposibilidad de determinar el origen de la contaminación.

“Es peor que un atentado. No hay antecedentes en la historia argentina de tantas personas fallecidas por una medicación adulterada”, lamentó.

Finalmente, Francese ratificó su compromiso con la causa judicial: “Desde el momento en que supe que fue el fentanilo, decidí buscar justicia. Sabía que era contra un laboratorio grande y que iba a ser difícil, pero estoy convencida de que los responsables van a ser condenados. No queremos que se saque al juez, que es el único que nos escuchó y se puso la causa al hombro”.

​El delito se perpetró en la tarde del 25 de julio de 2025. Según se dio por probado, Figueroa y una mujer coactuaron funcionalmente para arrancar la puerta de un domicilio en Chascomús. Una vez dentro, se apoderaron de:

​- Dos televisores de 32 pulgadas.​- Una motocicleta Gilera Smash 110 c.c.​- Dos garrafas de 10 kg.

​Tras consumar el robo, la pareja se dio a la fuga con los elementos sustraídos.

​La investigación se apoyó en varios elementos probatorios que confirmaron la autoría de Figueroa y su acompañante:

​La mujer, al prestar declaración, negó su autoría y responsabilizó a Braian Figueroa y a otros dos individuos. No obstante, el Dr. Enzagaray destacó que la joven había suscripto un acuerdo de "Suspensión de Proceso a Prueba" (conocido como Probation).

(Probation): Este recurso legal permite a un imputado evitar el juicio y no registrar antecedentes penales, siempre que cumpla con reglas de conducta determinadas durante un período de uno a tres años. Si se cumple con lo acordado, se obtiene el sobreseimiento total; de lo contrario, el proceso penal se reanuda.

​A pesar de haber suscripto este acuerdo, la mujer fue identificada por la testigo y vista en las imágenes de monitoreo transportando parte de los bienes.

​Finalmente, el acuerdo de juicio abreviado había sido consensuado entre el Fiscal, Dr. Juan Manuel Dávila, y el Defensor Oficial, Dr. Carlos Fortini, y ratificado por el propio imputado en cuanto a la calificación del delito y la pena. El Juez Enzagaray resolvió la condena a Ariel Braian Figueroa por ser hallado autor penalmente responsable del grave delito.

El Gobierno impulsa una modificación en el Código Penal y, este lunes, desde la Casa Rosada, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ahora exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentaron el proyecto que busca endurecer las penas a delitos graves, principalmente vinculados a violencia sexual y corrupción.

"Un proyecto de país en serio necesita trascender la libertad del Gobierno de turno, que las políticas de seguridad estén talladas en piedra", expresó Adorni. "La reforma viene a poner orden, donde antes reinaba la barbarie, la doctrina es clara: el que las hace, las paga, se pone fin a la doctrina zaffaronista", sumó.

"No importa cuánto se escondan, serán perseguidos. Y para quienes delinquen en función pública, perderán la jubilación de privilegio", aseveró el jefe de Gabinete, y apuntó: "Poco a poco las calles dejarán de ser tierra libre para el crimen".

Patricia Bullrich, por su parte, sostuvo que "el Congreso va a tener una misión histórica", e hizo especial referencia a los cambios en delitos vinculados a la violencia sexual. "A partir de ahora los favorecidos van a ser la sociedad y las víctimas", describió Bullrich. "Los códigos no se cambian todos los días son cuerpos complejos; este cambio de doctrina tiene como objetivo fundamental que la Justicia llegue a tiempo, que las penas sean efectivas y que no se sientan insuficientes", precisó.

"Los chicos abusados sexualmente en cualquier contexto, familiar, escolar, no pueden denunciar, porque tienen enfrente a su padre, su abuelo, en consecuencia este delito es imprescriptible, es decir, si ese chico puede hablar 30 años después, ese delito se va a investigar", agregó Bullrich, y destacó el precedente que marcó el diseñador Roberto Piazza años atrás con su caso.

• Ejecución de las condenas: se buscará que se cumplan las penas completas.

• Las condenas a perpetua no van a tener límite temporal. Si se le suman los años, quienes cometan delitos graves pueden tener condenas muy altas.

• Cambios en el concepto de legítima defensa: cambiará la presunción en favor de quien se defiende. Las víctimas van a tener una posibilidad de intervenir en todo momento.

• El Código será aplicable a todas las provincias.

• Serán imprescriptibles los delitos graves y gravísimos, tales como homicidio agravado, abuso sexual en todas las modalidades, sustracción de menores, trata de personas, procesos contra organizaciones criminales, terrorismo, tráfico y contrabando de estupefacientes. Estas serán de cumplimiento efectivo y el 82% de los casos van a ser con prisión efectiva.

• Los funcionarios que sean condenados por delitos de corrupción no podrán acceder a su jubilación de privilegio.

• Suba en las penas de los homicidios: el homicidio simple pasaría de 25 a 30 años.

• De acuerdo a los agravantes dentro del delito de homicidio se tendrá en cuenta si se trata de un magnicidio, si matan a una autoridad de un instituto educativo, si las víctimas son menores de 16 años o adultos mayores.

• Imprudencias de tránsito: la pena actual es de 1 a 3 años, y agravada de 2 a 4. En el nuevo Código cambia de 2 a 6 años, simple, y agravada de 3 a 6 años.

• Para quienes porten armas sin el permiso correspondiente, va a haber una condena taxativa concreta.

• Cuando el condenado cumpla su pena o reciba salidas transitorias, la víctima será la primera en enterarse.

(DIB) 

El pasado 28 de octubre, en la Cámara de Diputados de la Nación, se desarrolló una nueva reunión de la Comisión Especial de Seguimiento e Investigación sobre el fentanilo contaminado y/o adulterado, presidida por la diputada Mónica Fein (Encuentro Federal).Entre los familiares presentes estuvo Sol Francese, vecina de Chascomús y madre de Renato Nicolini, el joven de 18 años que falleció tras recibir medicación contaminada con fentanilo mientras se encontraba internado en el Hospital Italiano de La Plata.

La historia de Renato comenzó el 25 de abril, cuando sufrió un accidente en moto en Chascomús que le provocó un grave traumatismo craneal. Tras ser estabilizado en el hospital local, fue derivado al Hospital Italiano, donde ingresó a terapia intensiva. Aunque inicialmente evolucionaba dentro de lo esperado, su cuadro se complicó con fiebre e infecciones.El 3 de mayo, la familia recibió la noticia de su muerte cerebral, y dos días después, Renato se convirtió en donante de órganos, dando vida a cinco personas.Tiempo después, se confirmaría que había sido una de las víctimas del lote de fentanilo contaminado, proveniente del laboratorio HLB Pharma, lo que llevó a su familia a presentarse como querellante en la causa judicial.

Durante su intervención ante la comisión, Sol Francese —enfermera de profesión— reclamó que el Estado implemente una historia clínica digital unificada, una ley de trazabilidad del fentanilo y una reforma integral de la ANMAT. “Son medidas que no pueden faltar ni fallar en el sistema de salud”, sostuvo.

La reunión, presidida por Fein, contó también con la participación de las diputadas Victoria Tolosa Paz (UxP) y Silvana Giudici (PRO), quienes detallaron los avances en la investigación y el trabajo legislativo. Tolosa Paz repasó los pedidos de informes a la ANMAT y las reuniones con el juez federal Ernesto Kreplak, que encabeza la causa, mientras que Giudici remarcó la importancia del “trabajo silencioso” de recopilación de documentación para determinar responsabilidades y proponer nuevas leyes.

Los familiares presentaron además un documento con cinco propuestas concretas, entre ellas:

La comisión anticipó nuevas reuniones en Rosario y en el Congreso Nacional durante noviembre, con la participación del Ministerio de Salud y la ANMAT.“Queremos justicia, pero sobre todo queremos que el sistema cambie para que nadie más pase por lo que nosotros vivimos”, expresó Sol Francese al finalizar el encuentro.

El fiscal federal Eduardo Taiano ordenó analizar el contenido de los teléfonos secuestrados durante la investigación para determinar si el presidente Javier Milei intercambió mensajes con Hayden Davis, Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y otros impulsores de la “memecoin” $Libra, antes, durante y después del lanzamiento que desató un escándalo.

La decisión del fiscal llegó un día después de la reunión que mantuvieron con los diputados miembros de la Comisión Investigadora del Caso $Libra, e incluye además de los dispositivos del Presidente, de su hermana Karina Milei, y el ex asesor de la Comisión Nacional de Valores, Sergio Morales.

El objetivo es indagar en posibles comunicaciones entre ellos y otras figuras claves en el lanzamiento del token. Incluye al CEO de Kelsier Ventures, Hayden Davis, al CEO de Kip Protocol, Julian Peh (o Peh Chyi Haur, su nombre real), y el CEO de Cube Exchange, Bartosz Lipinski, entre otros.

El pedido de análisis forense se centró en los dispositivos electrónicos incautados el 6 de marzo de 2025, cuyo contenido ya fue “extraído” y está en poder de los investigadores. Entre los contactos cruciales que se buscan en las comunicaciones de Novelli y Morales se encuentran los hermanos Milei, además de Davis y Terrones Godoy.

Según publicó La Nación, las comunicaciones, según dispuso Taiano, deben ser rastreadas en la totalidad de las aplicaciones de mensajería utilizadas, incluyendo WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, X (Twitter) y LinkedIn, además de los mensajes de texto tradicionales.

Para reforzar la conexión con figuras clave, el requerimiento incluye la búsqueda de llamadas y mensajes con múltiples líneas telefónicas cuyas titularidades están informadas a nombre de Javier Milei (trece números) y Karina Milei (un número).

Cabe recordar que ayer, y ante un nuevo faltazo de los funcionarios del Gobierno citados a declarar y el fallo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien desestimó el pedido para que se disponga su comparecencia por la fuerza pública, los diputados que integran la Comisión Investigadora votaron apelar la decisión del magistrado y reiteraron que “no vamos a aceptar detener la investigación frente a la obstrucción del Gobierno y de otros poderes”. (DIB)

La diputada nacional Mónica Fein, presidenta de la Comisión Investigadora del Fentanilo, encendió las alarmas al detallar las graves fallas de control que permitieron la adulteración de medicamentos, asegurando que el organismo de fiscalización ANMAT “no controló” al laboratorio responsable y que las irregularidades de la firma “venían ocurriendo de antes”.

La Comisión, constituida por unanimidad de los bloques, buscará establecer “responsabilidades administrativas y políticas” sin interferir en la causa judicial. Fein destacó que fue el juez el que actuó con mayor celeridad que el organismo regulatorio, detectando un segundo lote contaminado e identificando malas prácticas de elaboración que se daban desde hacía años en el laboratorio Ramayo.

La legisladora subrayó la urgencia de modificar normativas y mejorar los procedimientos de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) para garantizar la trazabilidad de los medicamentos y prevenir futuras tragedias.

La legisladora, que asumió la presidencia de la Comisión este miércoles, hizo hincapié en la diferencia de tiempos entre el Poder Judicial y el organismo sanitario. “Tras el estallido de la crisis, fue el magistrado quien actuó con rapidez, una actitud que contrastó con el accionar de la ANMAT ”, dijo.

Tras el estallido de la crisis, fue el magistrado quien actuó con rapidez, una actitud que contrastó con el accionar de la ANMAT

Fein sostuvo en una entrevista radial que “el expediente judicial, de más de 400 páginas, revela que el informe del organismo de control fue parcial, incompleto, desordenado”. Incluso, resaltó que fue el juez quien tomó la iniciativa de “plantear buscar otros lotes” contaminados, un accionar que la ANMAT no ejecutó.

La diputada criticó duramente el procedimiento del organismo al momento de la crisis: “La ANMAT solo te pide, le pide al laboratorio el recall, pero no lo controla”. Es decir, “se limitó a solicitar al laboratorio que retirara los lotes del mercado sin fiscalizar que esa acción se llevara a cabo”.

La presidenta de la Comisión descartó que las fallas de control fueran un problema reciente. “Si uno lee el informe de la ANMAT, habían detectado irregularidades mucho antes”, aseguró, con registros que datan de 2021 y 2023 en el propio organismo.

Si uno lee el informe de la ANMAT, habían detectado irregularidades mucho antes

Fein mencionó el caso del laboratorio Ramayo y recordó un grave antecedente en 2016, cuando en una sede anterior “explota su caldera… generando más de cinco heridos”, un hecho que consta en la causa judicial y que ya marcaba una pauta sobre sus procesos de seguridad.

La legisladora fue contundente al afirmar que el laboratorio demostró “malas prácticas de elaboración y que la ANMAT se las había marcado”. Además, reveló que el informe de clausura indica que se le había ordenado a la firma no distribuir un tipo de ampolla, y el laboratorio “lo siguió haciendo”.

La Comisión comenzará su trabajo el próximo martes escuchando a los familiares de las víctimas, un paso que la diputada consideró fundamental. Luego, se solicitarán informes detallados al ANMAT e INAME.

La diputada subrayó que la crisis actual demuestra que el problema es sistémico y que la respuesta legislativa debe ser de fondo. “También tenemos que ver si hay que modificar normas, si hay que mejorar normativamente procedimientos”, afirmó.

Como medida crucial, Fein destacó la necesidad de establecer una trazabilidad estricta para el fentanilo y otros opiáceos, para evitar que el medicamento se pierda o sea adulterado antes de llegar al paciente.

Finalmente, la presidenta de la Comisión ratificó el compromiso de todos los bloques en el Congreso: “Estamos todos los bloques porque me parece que ante el dolor de las víctimas lo peor que podemos hacer es no analizar todo el procedimiento”. El objetivo es que esta “terrible tragedia sanitaria sirva para evitar futuras”.

El Ministerio de Economía de la Nación notificó al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) sobre el fallo de la Justicia Federal que ordena frenar cualquier reestructuración vinculada al Decreto 462/2025. Y por ahora quedará sin efecto el despido de unos 300 trabajadores.

La cautelar presentada por los gremios es contra de la aplicación del decreto 462/2025 y de la resolución 1240/25 de la cartera que conduce Luis Caputo. Ahora, este organismo mandó una nota interna al titular del INTA, Nicolás Bronzovich, para dejar sin efecto su decisión durante seis meses, hasta fines de febrero de 2026.

La medida surge a partir de la cautelar presentada por la Asociación del Personal del INTA (APINTA) junto a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), con el objetivo de detener los despidos y reubicaciones que el Gobierno había dispuesto en el organismo. Más allá del formalismo, y si bien la carta no explicita los pasos a seguir, en la práctica se anula los efectos de aquellas resoluciones.

El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín, a cargo de la jueza Martina Isabel Forns, resolvió que el Ejecutivo Nacional “deberá abstenerse de ejecutar cualquier acto administrativo que derive de la aplicación del Decreto N° 462/2025, artículos 59 a 69”. Ese decreto había modificado la estructura organizativa del INTA y del INTI, y además dispuso la disolución del INASE, entre otros organismos.

Esta noticia se da luego de que la semana pasada se pusiera en disponibilidad 286 trabajadores del INTA, en la resolución 1240/25 del Ministerio de Economía. Fue ahí que escaló rápidamente a la esfera judicial y Forns intimó al Estado para el “inmediato cumplimiento de la medida cautelar” que suspendía la efectivización de esta disponibilidad. (DIB)

La cifra de fallecidos por el lote de fentanilo contaminado sigue subiendo y la dimensión de la problemática de salud pública ya es histórica por su gravedad: este martes se confirmó que ya son más de 90 las víctimas fatales y se investiga si hay más casos no registrados.

Los casos nuevos que se confirmaron son: tres en Formosa, uno de Córdoba, siete en Santa Fe y nueve en Bahía Blanca. Además, se investiga la actuación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) sobre los laboratorios responsables, HLB Pharma Group y Ramallo S.A.. Por orden judicial se revisarán los últimos cinco años de actuación del organismo.

En tanto, este martes, el juez Ernesto Kreplak ordenó una pericia clave en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Los expertos abrirán una ampolla de fentanilo no contaminado para analizar su composición y buscar pistas sobre el circuito de la droga.

Hasta la fecha hay 24 imputados en la causa, a quienes se les secuestraron elementos en distintos allanamientos, como prueba para la investigación.

La investigación por las muertes en clínicas y hospitales de todo el país a causa de dos lotes de fentanilo contaminado, a cargo del Juzgado Federal N.º 3 de La Plata a cargo de Kreplak, estima que se habrían aplicado cerca de 45.000 ampollas de uno de los lotes adulterados con bacterias multirresistentes.

A partir de versiones que circularon especialmente en redes sociales, donde se decía que había fentanilo contaminado circulando por centros de salud de todo el país, Kreplak aclaró que, según la investigación, existen todavía 30 mil ampollas en poder de hospitales que nunca se aplicaron tras el descubrimiento del caso y el alerta sanitaria pero que “ya no circulan”, de modo que pidió “bajar un poco la espuma”.

En una entrevista con Radio con vos admitió que la cantidad de personas que murieron como consecuencia de la administración de fentanilo infectado con estas bacterias ultrarresistentes probablemente se incremente en la medida que avancen con la investigación. “Esto no llegó al techo, lamentablemente con el correr de los días puede incrementarse el número de víctimas”, avisó.

Las pruebas de la ANMAT confirmaron la presencia de bacterias multirresistentes en dos lotes específicos: el 31.202 y el 31.244, producidos por el laboratorio HLB Pharma Group en asociación con Ramallo S.A.

Estas bacterias, resistentes a múltiples antibióticos, provocaron septicemias fatales en decenas de pacientes en hospitales públicos y privados de todo el país. Según Kreplak, uno de los lotes contaminados tuvo una “alta circulación” y se aplicaron aproximadamente 45.000 ampollas antes de que se activara la alerta sanitaria. El otro lote, en cambio, apenas había salido al mercado y no registró aplicaciones significativas. En total, se decomisaron 115.000 ampollas en allanamientos y se frenaron otras 30.000 en poder de instituciones de salud, evitando su uso.

Mientras tanto hay 24 sospechosos. A la cabeza está Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma. En las sociedades investigadas también figuraron a lo largo del tiempo sus hermanos Damián Roberto y Diego, su madre, Nilda Furfaro, y su abuela, Olga Luisa Arena.

El listado también está integrado por directores técnicos de los laboratorios y responsables de controlar la calidad de los fármacos antes de salir al mercado. Para el magistrado, ellos serían eslabones de una cadena que finalizó en la elaboración de las 154.530 ampollas del lote 31.202 producidas el 18 de diciembre de 2024.

A esas personas, que podrían terminar imputadas y procesadas en el expediente 17371/2025, el juez Kreplak les dictó un embargo general de bienes el 10 de julio pasado, y en mayo ya se había dispuesto su prohibición de salida del país.

El foco de alerta se encendió el 7 de mayo, cuando el Hospital Italiano de la ciudad de La Plata – que ahora es querellante en la causa – detectó infecciones graves en pacientes internados en terapia intensiva. En cultivos realizados a ampollas de fentanilo utilizadas en esos tratamientos se identificaron dos bacterias: Klebsiella pneumoniae productora de metalobetalactamasa (MBL) y Ralstonia mannitolilytica, microorganismos capaces de desencadenar cuadros invasivos como meningitis, bacteriemias y abscesos.

En base a esos hallazgos, la ANMAT emitió el 8 de mayo una alerta sanitaria que prohibía el uso del lote 31202 del producto “Fentanilo HLB (citrato), 0,05 mg/ml”. Tres días después, la medida se amplió a la suspensión total de las actividades de los laboratorios productores HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo, ambos con sede en la provincia de Buenos Aires. (DIB) ACR

En medio del avance de la investigación, el juez federal Ernesto Kreplak confirmó que las muertes vinculadas al fentanilo contaminado ascienden a 76, advirtió que esta cifra podría seguir en aumento pero aclaró que ya no circulan ampollas contaminadas

La investigación por las muertes en clínicas y hospitales de todo el país a causa de dos lotes de fentanilo contaminado, a cargo del Juzgado Federal N.º 3 de La Plata, estima que se habrían aplicado cerca de 45.000 ampollas de uno de los lotes adulterados con bacterias multirresistentes.

A partir de versiones que circularon especialmente en redes sociales, donde se decía que había fentanilo contaminado circulando por centros de salud de todo el país, Kreplakaclaró que, según la investigación, existen todavía 30 mil ampollas en poder de hospitales que nunca se aplicaron tras el descubrimiento del caso y el alerta sanitaria pero que “ya no circulan”, de modo que pidió “bajar un poco la espuma”.

En una entrevista con Radio con vos admitió que la cantidad de personas que murieron como consecuencia de la administración de fentanilo infectado con estas bacterias ultrarresistentes probablemente se incremente en la medida que avancen con la investigación. “Esto no llegó al techo, lamentablemente con el correr de los días puede incrementarse el número de víctimas”, avisó.

Las pruebas de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) confirmaron la presencia de bacterias multirresistentes en dos lotes específicos: el 31.202 y el 31.244, producidos por el laboratorio HLB Pharma Group en asociación con Ramallo S.A. 

Estas bacterias, resistentes a múltiples antibióticos, provocaron septicemias fatales en decenas de pacientes en hospitales públicos y privados de todo el país. Según Kreplak, uno de los lotes contaminados tuvo una “alta circulación” y se aplicaron aproximadamente 45.000 ampollas antes de que se activara la alerta sanitaria.

El otro lote, en cambio, apenas había salido al mercado y no registró aplicaciones significativas. En total, se decomisaron 115.000 ampollas en allanamientos y se frenaron otras 30.000 en poder de instituciones de salud, evitando su uso.

En este contexto, el magistrado platense enfatizó que “ya no circulan ampollas contaminadas” en el sistema, pero advirtió que el número de víctimas podría aumentar, ya que “esto no llegó a su techo”. De hecho, en mayo de 2025 se reportaban 34 muertes, y la cifra escaló rápidamente a 76 tras el análisis de historias clínicas en más de 200 establecimientos sanitarios, incluyendo hospitales en Rosario y otras provincias. 

Para detectar víctimas no reportadas oficialmente, el equipo judicial cruzó datos de ampollas administradas con historias clínicas y registros de fallecimientos, presumiendo que las dosis contaminadas ya no estaban en stock. 

“Esto no llegó a un techo. Lamentablemente, con el correr de los días, el número de víctimas podría aumentar”, reconoció Kreplak. “Desde el inicio pensamos en más de 100 víctimas”, reveló el magistrado. Por el momento, hay 24 personas bajo sospecha, pero ninguna detenida. (DIB)

Familiares de los pacientes que fallecieron tras ser inoculados con fentanilo contaminado, producido por los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, realizarán este jueves una marcha frente al Hospital Italiano de La Plata para pedir justicia y que la causa avance.

La “movilización en silencio” se hará de 14 a 17 horas en la puerta de la clínica, situada en la calle 51 entre 29 y 30 de la capital bonaerense, para pedir “por la verdad y justicia por todas las víctimas del fentanilo”. El Italiano es querellante en el caso.

El flyer de la convocatoria destaca que la concentración es para que se mantenga “la memoria y la justicia viva” sobre el escandaloso caso que provocó, hasta el momento, según datos oficiales, 54 muertes.

En las últimas semanas hubo avances en la investigación contra los responsables de los laboratorios, entre ellos el empresario Ariel García Furfaro, perteneciente al grupo familiar que tiene en su poder diversas empresas a nivel nacional.

El enojo de los familiares es porque hasta ahora no hay detenidos ni imputados en el caso, lo que llama la atención ante las irregularidades demostradas.

Entre ellas están las alertas y prohibiciones por parte de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), los elementos secuestrados en los allanamientos y hasta la posible vinculación con el poder y el narcotráfico en Santa Fe.

Mientras avanza la investigación, se cree que el número de víctimas podría ser mayor. Los lotes con las ampollas contaminadas fueron distribuidos a más de 300 hospitales del país. (DIB) MM

En un documento de 110 páginas presentado este martes ante la justicia de Nueva York, los damnificados por el criptoescándalo de $LIBRA ampliaron los detalles de la denuncia contra los responsables de lanzar el token sospechado de estafa, y por primera vez profundizaron en el fino trabajo de Lobby realizado por Hayden Davis en Argentina para sumar al proyecto a Javier Milei y a su hermana, Karina Milei.

Se trata de una presentación ante la jueza federal Jennifer L. Rochon, del Distrito Sur de Nueva York, mientras se reúnen pruebas de cara a una audiencia que tendrán todas las partes el próximo 19 de agosto para definir qué pasa con los más de 70 millones de dólares en criptoactivos que Davis tiene en su poder.

Allí, los abogados Margaret Hoppin y Max Burwick reformulan la acusación contra los implicados y plantean la figura de una asociación ilícita empresarial, basándose en la Ley RICO de Estados Unidos, el equivalente a la “Ley antimafias” que promovió Patricia Bullrich en el país.

Para los demandantes, existió “una empresa coordinada de personas con acceso privilegiado a activos digitales (que) diseñó y operó una infraestructura depredadora para defraudar a inversores en mercados de finanzas descentralizadas” utilizando la blockchain de Solana.

Esta organización incluye a Hayden y Gideon Davis, junto a su empresa Kelsier Ventures; a Charles Thomas Davis, Meteora y a Benjamin Chow. En esta instancia, no aparecen dentro de los acusados ni funcionarios ni empresarios argentinos.

El documento judicial realiza un análisis pormenorizado del caso y compara el lanzamiento del token $LIBRA con otra memecoin anterior y similar llamada $M3M3, también sospechada de ser un esquema defraudatorio.

Remarca que ambos tenían las mismas características técnicas pensadas para “manipular los mercados” de liquidez sin que pueda ser detectada. Pero que $LIBRA “fue más audaz” por hacerlo con el respaldo del presidente de Argentina.

Para ello, afirma que Davis “cultivó conexiones y relaciones con el gobierno argentino” y señalan los tres viajes que hizo el empresario al país.

Para los abogados, Davis comenzó a cultivar vínculos para lanzar una criptomoneda argentina ya desde comienzos de 2024, cuando empezó a viajar al país. Allí cita la reunión que mantuvo en Casa Rosada el 16 de julio, en donde su acceso fue autorizado por la propia Karina Milei, según consta en el Registro de Audiencias.

Luego cita el viaje de octubre de 2024, cuando asistió al TechForum, el encuentro cripto organizado por Mauricio Novelli. En ese mismo encuentro también estuvieron presentes Julian Peh, CEO-fundador de Kip Protocol y otra de las piezas claves del lanzamiento. Incluso mencionan la reunión que Milei tuvo con Peh, en donde le presentó por primera vez el proyecto “Viva la Libertad”.

También cita los mensajes que Davis envió desde su teléfono, en los que se jactaba de “manejar palancas” sobre Milei, incluyendo la posibilidad de publicar posteos en su cuenta de X. Esta versión había sido publicada por el portal CoinDesk y por The New York Times.

El diario neoyorquino también había revelado presuntos ofrecimientos de Davis a empresarios, donde pedía dinero a cambio de reuniones con el propio Milei y negocios en Argentina.

Según la recopilación que hace el equipo legal de los damnificados, Davis volvió a visitar Casa Rosada el 21 de noviembre de 2024. Citando al The New York Times, remarcan que en esa ocasión Davis festejó “haber logrado un acuerdo con el Presidente”.

En ese artículo también se menciona un mensaje de texto que Davis habría enviado en diciembre de 2024, en donde se jactaba de “mandarle dinero a la hermana de Milei y lograr que él firme y haga lo que yo diga“. “Es una locura”, agregaba Davis.

Luego cita el encuentro de Davis con Milei del 30 de enero de 2025, casi dos semanas antes del lanzamiento de $LIBRA. Es una reunión de la cual Milei publicó una foto en sus redes sociales.

Para los demandantes, que Milei esté subido al proyecto era fundamental para que se lance la criptomoneda. “El equipo de Davis presentó LIBRA como una inversión revolucionaria para apoyar el movimiento libertario de Milei”, explican. Luego señalan la disparada que tuvo su capitalización, llegando a 4 mil millones de dólares, tras el tuit presidencial.

Desde ese momento, los demandados “comenzaron a extraer sistemáticamente capital de los fondos de lanzamiento y liquidez de $LIBRA”, en un movimiento que tenían habilitado y que los compradores no podían conocer de antemano.

El colapso del precio no fue por las “fuerzas del mercado”, se dio “por procesos configurados para tal fin“, denuncian en su presentación.

Para el diputado nacional cordobés Oscar Agost Carreño, que se haya invocado la Ley RICO en Estados Unidos dentro de la causa le abre la puerta a un posible juicio contra la Argentina a futuro por el rol de Milei.

“Por primera vez, un tribunal federal de Estados Unidos tiene en sus manos una demanda por fraude y crimen organizado donde el presidente de Argentina aparece como pieza clave del engaño. Los demandantes piden Triple indemnización bajo ley RICO, daños punitivos y que se juzgue como fraude masivo a escala internacional pudiendo arrastrar al Estado Argentino en un futuro”, escribió en su cuenta de X luego de analizar el cambio en la demanda.

Agost Carreño es uno de los legisladores que más siguen el avance del caso $LIBRA tanto en los tribunales de Comodoro Py como en Estados Unidos. (DIB)

El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, ordenó la inhibición general de bienes y la prohibición de la salida del país para 25 personas y ocho sociedades comerciales, en el marco de la investigación sobre la distribución de fentanilo contaminado de la empresa HLB Pharma y Laboratorios Ramallo en 19 centros de salud, que afectó a 76 personas que estaban internadas, de las cuales, al menos, 53 fallecieron.

La resolución del juez Kreplak busca asegurar el patrimonio de los implicados ante posibilidad de que se fuguen del país y entorpezcan la investigación. Dada la magnitud de los hechos y la presunta implicación de distintas empresas de la industria farmacéutica, la Justicia consideró la necesidad de impulsar medidas inmediatas, para que no se borren ni oculten evidencias de actividades delictivas desarrolladas alrededor de la distribución de este fármaco.

El foco de alerta se encendió el 7 de mayo, cuando el Hospital Italiano de la ciudad de La Plata – que ahora es querellante en la causa – detectó infecciones graves en pacientes internados en terapia intensiva. En cultivos realizados a ampollas de fentanilo utilizadas en esos tratamientos se identificaron dos bacterias: Klebsiella pneumoniae productora de metalobetalactamasa (MBL) y Ralstonia mannitolilytica, microorganismos capaces de desencadenar cuadros invasivos como meningitis, bacteriemias y abscesos.

En base a esos hallazgos, la ANMAT emitió el 8 de mayo una alerta sanitaria que prohibía el uso del lote 31202 del producto “Fentanilo HLB (citrato), 0,05 mg/ml”. Tres días después, la medida se amplió a la suspensión total de las actividades de los laboratorios productores HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo, ambos con sede en la provincia de Buenos Aires.

Aunque todos los pacientes recibieron el fentanilo de los lotes investigados, todavía no se ha establecido con certeza si las muertes fueron causadas directamente por la contaminación. En la mayoría de los casos, se trataba de personas previamente internadas por otras patologías y en condición crítica.

Hasta el momento, los damnificados por el uso de este fármaco fueron atendidos en centros de salud de cuatro jurisdicciones: CABA, la provincia de Buenos Aires, Neuquén y Santa Fe. Todos tienen fecha de internación entre el 10 de febrero y el 9 de mayo, con excepción de un caso notificado con ingreso el 2 de diciembre de 2024. (DIB) ACR