Un arquitecto de La Plata se prepara para iniciar una demanda millonaria contra Google al considerar que la empresa violó sus propias políticas de privacidad y seguridad y lo expuso a una gravísima imputación penal. La acción judicial, que también alcanzará a Meta–Facebook Argentina, ya superó la instancia de mediación prejudicial y quedará radicada en el Fuero Nacional Civil y Comercial.

El caso se originó en 2022, según cuenta El Día, cuando el profesional fue víctima de un hackeo en su cuenta de Gmail, utilizada exclusivamente con fines laborales. Aunque Google envió una alerta por “actividad sospechosa”, el aviso llegó cuando el acceso ilegal ya se había producido.

A partir de esa intrusión, también se vio comprometida su cuenta de Facebook, donde se cargaron imágenes de contenido pedofílico sin su conocimiento ni consentimiento.

La detección automática del material derivó en una denuncia ante el National Center for Missing & Exploited Children y en la apertura de una causa penal en la Justicia bonaerense.

El arquitecto fue imputado y sometido a un proceso judicial por el presunto delito de extrema gravedad, hasta que pericias técnicas permitieron establecer que había sido víctima de un ataque informático, lo que llevó al archivo definitivo de la causa.

Pese a ello, las consecuencias fueron profundas: perdió el acceso a su correo laboral, donde almacenaba proyectos y documentación clave, y nunca pudo recuperar esa información.

Según sus abogados, Lucas Ferrari Goñi y Nicolás Barbieri Sargiotti, Google no brindó asistencia ni restituyó la cuenta, lo que derivó en un grave perjuicio económico, profesional y psicológico. La demanda apuntará a la falta de debida diligencia de las plataformas y reclamará un resarcimiento económico millonario.

Fuente: Agencia DIB 

El Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro decidió apartar a la jueza Julieta Makintach del juicio por la muerte de Diego Maradona, luego de la exposición en el recinto del guión y un tráiler del documental que llevaba adelante la magistrada sobre el proceso judicial sin autorización alguna.

Si bien al abrirse la audiencia Makintach dijo que no era ella la que aparecía en las imágenes del documental que se filtraron, y aludió al hecho de que se vio vulnerada por la difusión de fotos personales tomadas de sus redes sociales, tras haberse presentado la prueba de que evidentemente formaba parte de la producción de una pieza audiovisual sobre el juicio, se disculpó y renunció al tribunal. 

Makintach, en un primer momento, dijo que solo le había dado una entrevista a una amiga de la infancia, un domingo a las cinco de la tarde, que nunca había visto el material filtrado. En su descargo, sumó: “No hay irregularidad, no hay delito, no hay mal desempeño, lo que hay es una gran operación mediática para coaccionar y apartarme de este debate y saben que, yo no me voy a excusar, quiero dejar en claro que no me voy a apartar (…) yo no voy a dar lugar a la nulidad de este debate porque no lo merece, no hay causa ni temor de parcialidad. ¿Y saben qué? Esto me deja en calma con mi espíritu”.

No obstante, minutos después, la magistrada no tuvo más opción que dar un paso al costado, luego de la presentación de los materiales que realizó el fiscal del caso, Patricio Ferrari, y de la declaración de los otros dos jueces del tribunal, Maximiliano Savarino y Victoria Di Tomasso.

“Espero que el juicio pueda seguir sin mí, que se sepan la verdad y que no haya mas demoras. Fue desprolijo, digan lo que quieran, no me puedo hacer cargo de todo esto que me atribuyen porque no es mío. Estoy tan sorprendida como ustedes. Sí la entrevista, lo demás no; para mí es una sorpresa y parece una película de ficción”, dijo Makintach.

El fiscal Patricio Ferrari fue quien mostró este martes el tráiler del documental, el guión y la estructura narrativa de la producción, prueba clave para terminar con la recusación de la jueza Makintach. Además, le retrucó con vehemencia “estar mintiendo en la cara” de todos los presentes.

El fiscal expuso el guión y el tráiler del documental en cuestión y leyó: “Justicia divina, una miniserie. Dividida en 6 capítulos de 30 minutos”. Además, el material estaba subtitulado, por lo que no mostró material en crudo, sino un video que evidenció que el producto estaba en marcha. “Ofició de actriz y no de jueza”, expresó Ferrari. “La doctora Makintach nuevamente volvió a mentirnos a todos en la cara, no ya antes, sino ahora”, afirmó.

Por su parte, Savarino, titular del tribunal, expresó tras conocerse el material audiovisual: “Se acepta la recusación. A mi modo de ver, la prueba resulta mas que contundente”. El magistrado añadió: “Voy a decirlo bien claro, la doctora (Di Tomasso) y yo no tenemos nada que ver con la filmación documental que está circulando en todos los medios de comunicación. La doctora Di Tommaso y yo integramos hace ocho años el mismo tribunal y hace cinco años nos falta un juez. Con la jueza Makintach no compartimos las mismas oficinas. En nuestro tribunal no lo íbamos a permitir”.

Di Tomasso también tomó la palabra y, en sintonía con Savarino, tomó distancia de la jueza Makintach. “En esas imágenes que vieron todos había dos personas que sabían que las estaban tomando: la que las estaba tomando y la que las autorizó”, apuntó la jueza, y agregó: “Invito a cualquiera de ustedes, sobre todo a los periodistas, que vayan piso por piso y que pregunten quiénes son los doctores Savarino y Di Tommaso”.

Entrada la tarde de este martes audiencia pasó a un cuarto intermedio, para definir los pasos venideros y las instancias siguientes de un juicio que resulta, ante las circunstancias expuestas, bochornoso. (DIB) ACR

Casi tres años después del triple crimen que conmocionó a la comunidad de Chascomús, la Justicia ha fijado la fecha para el inicio del juicio que tendrá como único acusado a Francisco Reddy, quien al momento de los hechos tenía 21 años. Reddy deberá responder por el brutal asesinato de su padre, Diego Reddy (42), su madrastra, María Eugenia Suárez (32), y su hermanastro, Ignacio Reddy (12). El horror se desató el 29 de diciembre de 2023 en el campo “Los Pinos”, ubicado a pocos kilómetros de la Ruta 2.

Desde aquel fatídico día, han transcurrido 495 días. Francisco Reddy permanece detenido en el penal de Dolores y, hasta el momento, ha optado por el silencio ante la Justicia. Pese a ser citado a indagatoria en dos oportunidades, el imputado se negó a declarar. En esta condición llegará al juicio que se desarrollará a partir del 10 de agosto de 2026, bajo la jurisdicción del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°1 de Dolores. Este mismo tribunal fue el encargado de llevar adelante el resonante juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa. El tribunal estará integrado por los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lazzari.

La fiscalía, a cargo de Jonatan Robert, ha imputado a Francisco Reddy por los siguientes delitos: homicidio calificado por el vínculo en relación al asesinato de su padre; homicidio agravado por alevosía por la muerte de su madrastra; y homicidio simple por el crimen de su hermanastro menor.

El fiscal Robert se muestra confiado en la solidez de la acusación, asegurando que existen elementos clave que incriminan a Reddy. Entre las pruebas que se presentarán en el juicio se encuentran vainas servidas de una escopeta que fue secuestrada, huellas dactilares halladas en la escena del crimen, e incluso indicios de un intento fallido por parte del acusado de simular un secuestro extorsivo con el objetivo de desviar la investigación policial.

La reconstrucción de los hechos realizada por los investigadores sugiere una secuencia escalofriante. Se presume que Francisco Reddy asesinó primero a su madrastra mientras ella se encontraba cocinando, luego atacó a su hermanastro en un galpón cercano, y finalmente ultimó a su padre a unos 200 metros de distancia. Todas las víctimas fueron alcanzadas por disparos efectuados a corta distancia, configurando lo que los investigadores describieron como una verdadera cacería en el campo de Chascomús.

Francisco Reddy se encuentra detenido desde el 1 de enero de 2024 y, según las declaraciones del fiscal Robert en el pedido de elevación a juicio, existen “bastantes motivos para sospechar que participó en el hecho investigado en carácter de autor”. La fecha del juicio marca un punto crucial en la búsqueda de justicia para las víctimas de este horrendo crimen que conmocionó a toda una comunidad.

A tres años y medio de la muerte de Diego Armando Maradona, este martes comenzó el juicio por “homicidio simple con dolo eventual” contra el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) número tres de San Isidro. En total son siete acusados los que se sentarán en el banquillo durante el proceso.

En el debate se juzgará a Luque, Cosachov, el enfermero Ricardo Almirón, su jefe Mariano Perroni, el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna, la médica coordinadora de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini, y el psicólogo Carlos Díaz.

Por su parte, la enfermera Gisela Dahiana Madrid enfrentará un juicio por jurados populares durante el segundo semestre una vez que finalice el debate principal.

El ex jugador de Boca y la Selección argentina falleció a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 en un country de Tigre como consecuencia de un “paro cardiorrespiratorio secundario a edema agudo de pulmón producido por insuficiencia ventricular izquierda aguda”.

La figura del homicidio con dolo eventual prevé una pena que va de los ocho a los 25 años de cárcel, según establece el Código Penal.

Las hijas de Diego, Dalma, Giannina y Jana Maradona, ingresaron a la sala de audiencias cerca de las 10, para presenciar la primera jornada del proceso judicial.

Por ser familiares, se ubicaron en un sector especial destinado a ellos: están frente a frente con los siete acusados por su responsabilidad en la muerte del Diez.

Dalma y Giannina se sentaron en primera fila junto a Verónica Ojeda y dos de las hermanas del astro del fútbol. Justo atrás se ubicó Jana, junto a otra de las hermanas de Diego.

Leopoldo Luque

El galeno, de 43 años, era el médico personal de Maradona y fue quien solicitó la externación del exjugador tras la cirugía por el hematoma subdural. Según fuentes de la causa, hay audios que le habría mandado a la víctima durante los días previos al fallecimiento.

Los fiscales Cosme Iribarren, Laura Capra y Patricio Ferrari consideran que el neurocirujano omitió ofrecer información sobre la salud de Diego a Dalma, Gianinna y Jana, además de que habría falsificado una firma del exentrenador en un pedido de historia clínica tras la internación en la clínica de Olivos. En tanto, Luque está imputado de restarle importancia a los síntomas compatibles con una insuficiencia cardíaca, no seguir los controles ni convocar a especialistas.

Agustina Cosachov

Otra de las acusadas más complicadas. La psiquiatra está imputada por haber falsificado presuntamente un certificado médico de una visita que nunca realizó. La profesional indicaba a los enfermeros qué dosis y qué medicamentos debían proveerle al exjugador de Sevilla.

La Fiscalía sostiene que Cosachov, de 40 años, no reguló la ingesta de la medicación de forma personal y aseguró a los hijos de Maradona que lo que ocurría era consecuencia de “la espontánea decisión del paciente”.

Ricardo Almirón

El enfermero, que en los últimos días designó a Rodolfo Baqué y Martín Miguel de Vargas como sus dos nuevos defensores (ya era asesorado por Franco Chiarelli), se encuentra acusado de no cuidar a Maradona (al igual que Gisela Madrid).

Pedro Pablo Di Spagna

El médico de 52 años está sindicado de no controlar el estado de salud del astro argentino, al tiempo que, según la acusación, solo habría concurrido en dos ocasiones a la casa del country de Tigre.

La primera vez fue el 12 de noviembre cuando controló al ex entrenador de Gimnasia y Esgrima (LP) de forma personal y ordenó que se realice una serie de estudios, tales como laboratorio, placa de tórax, electrocardiograma, eco doppler. El facultativo recomendó que se integre al personal de salud un nutricionista porque ese día Maradona estaba constipado tras comer brócoli con camarones a la provenzal. La segunda oportunidad tuvo lugar el 18 de noviembre, siete días antes del deceso, donde afirmó que no pudo chequear a Diego porque “no se dejó”.

Los fiscales remarcan que Di Spagna nunca se aseguró de que los análisis indicados se hayan llevado a cabo y por ende no controló la situación.

Carlos Díaz

El psicólogo atendió al campeón del mundo en México 1986 por pedido del abogado Martín Morla.

De acuerdo a su declaración, “nunca pudo haber influido en la muerte” de Maradona: “Muchas cosas me llamaron la atención de las que vi. En primer lugar, que un paciente viva con empleados y no con su familia es algo que a mí me llama la atención. Es la primera vez que veo esto en la práctica clínica. Por otro lado, en la reunión en la Clínica Olivos, donde estuvieron todos, algunos de sus familiares luego no participaron en ningún otro momento del tratamiento”.

Nancy Edith Forlini

La mujer de 56 años era la coordinadora de la gerencia de cuidados domiciliarios en la prepaga Swiss Medical. Tras la última cirugía, la empresa de medicina prepaga le brindó servicios de cuidado a Maradona en el country de Tigre.

En un escrito, Forlini aseguró que Luque y Cosachov eran quienes tomaban las decisiones sobre los tratamientos.

Mariano Perroni

El jefe de los enfermeros Almirón y Madrid se encargaba de coordinar las tareas a los dos profesionales imputados. Para los fiscales, escribió planillas con información que no coincidía con “el real estado y atención médica que Diego Armando Maradona recibía”. (DIB)

La declaración de una de las imputadas además de testimonios de dos exintendentes incorporados por lectura y de tres testigos de la defensa formaron parte esta semana de la última etapa del debate en el juicio que se lleva a cabo contra los hijos de Miguel Save, quien integró en los años ’70 la banda paramilitar encabezada por Aníbal Gordon -al servicio de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE)- y que compró terrenos en Chascomús, según se presume, con dinero obtenido a partir de crímenes de lesa humanidad. Los alegatos en el juicio por lavado de dinero se iniciarán el 17 de abril.

“No teníamos ni idea de todo esto y lo descubrimos gracias a este proceso. Nosotros no queremos esos terrenos. Si fueron mal habidos nosotros no formamos parte, lo ponemos a disposición para lo que sea”. Con esas palabras, María Eugenia Save, la menor de las cuatro hermanas, dio su testimonio ante el juez Roberto Falcone que encabeza el juicio en el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata y ratificó su declaración dada durante la instrucción de la causa y que se había leído durante una audiencia previa.

El desconocimiento del origen de los terrenos en cuestión y de una serie de operaciones y actos irregulares a través de las cuales pasaron a ser los titulares de las tierras es la postura que mantienen en su defensa los cuatro acusados y que ratificaron a través de la declaración de una de ellas.

Es que en el juicio, que se inició en febrero, María Eugenia, María Natalia, Marcelo Leonardo y Ana María Save están acusados de ser coautores del delito de lavado de activos de origen ilícito.

La fiscalía, representada por Juan Pablo Curi, sostiene que al menos desde 1999 realizaron una serie de operaciones a través de las cuales lograron la inscripción como titulares registrables en 2008 -luego de fallecido su padre- de los terrenos de Chascomús que habrían sido adquiridos en 1976 con el dinero obtenido a partir de delitos de lesa humanidad como homicidios, secuestros, torturas y privaciones ilegítimas de la libertad llevados a cabo por la organización ilegal que funcionaba al servicio de la ex SIDE y bajo las órdenes de Aníbal Gordon y que integraba Miguel Save, oriundo de esa localidad.

A lo largo de las audiencias, en el juicio no sólo se escucharon declaraciones vinculadas a esas operatorias sino también al origen del caso: la compra y el funcionamiento del campo en el que en 1976 Save, Gordon y otros integrantes de la SIDE pusieron a trabajar a una treintena de personas con el objetivo -nunca alcanzado- de construir allí un club náutico con dinero obtenido de sus crímenes, entre ellos el secuestro de Alberto Cecilio Mechoso Méndez, uruguayo y miembro del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), quien fue posteriormente asesinado.

En la audiencia de esta semana la declaración de una de las acusadas fue el elemento sobresaliente. Se mostró atravesada por lágrimas y reafirmó su “desconocimiento” de las actividades de su padre y de las operaciones posteriores para “blanquear” la compra del terreno que finalmente quedó en sus manos tras el fallecimiento de Save tras sufrir cáncer.

“Yo nací en 1979, en 1976 ni había nacido. Fue muy duro enterarnos de todo esto”, reiteró respecto al accionar de su padre en crímenes de lesa humanidad a través de la banda parapolicial e insistió, tal como ya lo había hecho, en que junto a sus hermanos “nunca supieron todo lo que había atrás de ese campo” y que incluso “siempre pensaron” que había sido comprado legalmente. “Es muy difícil asimilar todo lo que hizo nuestro padre”, afirmó y definió: “Yo no me quiero hacer cargo de la historia de mi padre, porque yo tengo mi historia, nosotros siempre fuimos muy respetuosos con la vida, con las personas. No nos merecemos esto”.

Durante la audiencia, además, se incorporaron por lectura los testimonios de dos exintendentes de Chascomús ya fallecidos, Norberto Fernandino y Miguel Ángel Tocci. El último de ellos cuando fue senador provincial había presentado un proyecto de ley que nunca prosperó y que proponía que los terrenos pasaran a ser propiedad del Estado provincial para determinar “qué había pasado en ese lugar”.

Cabe recordar que en el origen de la investigación se llegó a sospechar que ese lugar también había funcionado como centro clandestino de detención y como lugar de enterramiento de víctimas de terrorismo de Estado aunque nada de ello avanzó en base a las pruebas recolectadas aunque sí la Justicia continuó indagando sobre el origen de la compra de las tierras posiblemente con dinero proveniente de delitos de lesa humanidad.

Por la última audiencia, a su vez, pasaron, dos testigos aportadas por la defensa, amigas de la madre de los cuatro acusados, que relataron cómo había sido la vida de la familia con la ausencia de Save en la crianza de sus hijos, el buen concepto general de ellos y lo “reservado” que era el hombre ante ellos. Un tercer testigo que había trabajado para Save en un parador de la Ruta 2 aportó distintos datos que serán de interés para la postura que alegará la defensa en busca de hacer hincapié en las posibilidades de que el dinero para la compra del terreno haya salido de ese emprendimiento.

Tras el cierre del paso de testigos, y a la espera de la incorporación de una serie de documentación, el miércoles 17 será el momento en el que empiecen los alegatos del Ministerio Público Fiscal y de las querellas integradas por la Unidad de Información Financiera (UIF), la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense y el Comité para la Defensa de la Ética, la Salud y los Derechos Humanos (Codesedh). Fuente: Qué Digital

El juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa que se lleva adelante en la ciudad de Dolores entrará este miércoles en su etapa de alegatos, donde la fiscalía, el abogado de la familia de la víctima y la defensa expondrán sus fundamentos con relación a las condenas y penas que se solicitarán para los ocho acusados por el homicidio del joven estudiante de abogacía, mientras que se espera que los imputados digan sus últimas palabras al igual que los padres del muchacho asesinado.

Esta instancia, que continuará mañana, llega tras la finalización de las audiencias correspondientes a la presentación de pruebas y testigos.

Fuentes judiciales confirmaron que, a partir de las 9, en la sede del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores comenzarán los alegatos con la exposición de los fiscales de juicio, Juan Manuel Dávila y Gustavo García.

Durante la misma jornada también expondrán sus fundamentos los abogados Fernando Burlando, Fabián Améndola y Facundo Améndola, representantes de los padres de Báez Sosa, Silvino Báez y Graciela Sosa.

Tanto el Ministerio Público Fiscal como los abogados del particular damnificado adelantaron que continuarán con la acusación con la que la causa fue elevada a juicio y en la que los ocho acusados son considerados responsables del delito de “homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”, que prevé una pena de prisión perpetua, y “lesiones”, en relación a los ataques sufridos por amigos de Fernando.

Por su parte, mañana será el turno de la defensa técnica, a cargo del abogado Hugo Tomei, representante de los acusados Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23).

En tanto, se espera que los ocho imputados utilicen su derecho a las últimas palabras frente a los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lazzari.

Las denominadas “últimas palabras” son una garantía prevista en el artículo 368 del Código Procesal Penal bonaerense, que establece que como último acto, el presidente o la presidenta del tribunal “preguntará a la persona imputada, bajo sanción de nulidad, si tiene algo que manifestar” y luego “cerrará el debate”.

Durante la etapa de pruebas solicitaron declarar Lucas, Luciano y Ciro Pertossi, Máximo Thomsen y Blas Cinalli; mientras que Matías Benicelli, Ayrton Viollaz y Enzo Comelli aptaron por no hacerlo.

Como familiares de la víctima, también estarán en condiciones de decir unas últimas palabras los padres de Fernando, Silvino Báez y Graciela Sosa, aunque en su caso deberán solicitarlo sus representantes en calidad de particular damnificado, Fernando Burlando y Fabián Améndola. (DIB)

Un amigo de Pablo Ventura, el remero de la localidad bonaerense de Zárate incriminado falsamente en la causa por el crimen de Fernando Báez Sosa, declaró este jueves en el juicio por el homicidio que a los rugbiers imputados “les divertía pelear” y dijo que uno de ellos, Lucas Pertossi, formó parte de un grupo de jóvenes que en enero de 2019 agredieron a la salida de un boliche a un chico que terminó hospitalizado con una fractura de cadera.

“Son personas que su diversión a la noche era salir a buscar pelea. Les divertía pelear. Ellos provocaban con empujones, con un toque en la cabeza o un vaso derramado. Te ponían a prueba para ver tu reacción. Te quedabas callado, y si reaccionabas ya sabemos el resultado”, aseguró esta tarde Francisco Mateo Santoro, que cerró la novena jornada de testigos en el debate que se lleva adelante en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores, según consignó la agencia Télam.

Según precisó, solo conocía “de vista” a los rugbiers acusados por el crimen ocurrido en la madrugada del 18 de enero de 2020 en Villa Gesell, y se refirió al “enojo que generaban en base a como estos personajes se manejaban en Zárate”.

El testigo dijo que “siempre se movían en grupo” y recordó dos presuntos hechos de violencia en esa localidad del norte bonaerense, en los que aseguró que ellos estuvieron involucrados.

Santoro explicó que el primero de ellos ocurrió en “una previa”, donde “provocaron” a un amigo de él, y que el incidente “no pasó a mayores porque mi amigo los conocía y sabía la mala fama que tenían”.

El segundo hecho, según precisó el testigo, sucedió en el club Pineral, donde “un grupo de más de cuatro personas” persiguió a la salida de un boliche a un joven que “terminó hospitalizado con fractura de cadera”.

“No se puede decir que era una pelea porque era uno contra un grupo. Me atrevería a decir más de cuatro personas, y el único apellido que reconozco es Pertossi. Corren a un chico, lo tiran al piso, lo golpean. No era humano ver lo que estaba pasando“, dijo.

A partir de una pregunta del fiscal Gustavo García, dijo que no podía precisar a cuál de los tres Pertossi imputados del crimen de Fernando se refería, dijo que no lo recordaba “con exactitud”, pero sostuvo de todos modos que “el que siempre te ponía a prueba con empujones o lo que sea era Lucas Pertossi”.

Al termino de la declaración, el abogado que representa en el juicio a la familia de la víctima, Fernando Burlando, dijo que “de la nada”, los acusados “realizaban provocaciones para llegar a una pelea” y que “atacaban cuando tenían mayoría numérica”. (DIB)

Los amigos de Fernando Báez Sosa identificaron ayer a los rugbiers Máximo Thomsen, Luciano Pertossi y Enzo Comelli como tres de los agresores que en un principio atacaron a “patadas en la cabeza, el pecho y la mandíbula” al estudiante de abogacía, y que al menos dos de ellos lo golpearon cuando estaba “en el piso” en la puerta del boliche Le Brique de Villa Gesell la madrugada del 18 de enero de 2020.

En tanto un tercer testigo que integraba el grupo de Fernando ubicó al rugbier Ayrton Viollaz en el lugar de la golpiza gritando “¿Y ahora?” a modo de arenga e impidiendo que los amigos se acercaran a defenderlo.

“Sé que Thomsen le pegó, yo diría que en el pecho; el que me sacó a mí (por Luciano Pertossi) es el que estaba pegando patadas en el costado de la cabeza y el resto de los agresores no lo recuerdo”, dijo el testigo Lucas Filardi, el primero de los amigos de Fernando en declarar hoy ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores que juzga a ocho rugbiers por el homicidio doblemente agravado de Fernando y las lesiones cometidas contra otros cinco chicos.

Por su parte, el segundo amigo que declaró, Juan Bautista Besuzzo, identificó a Comelli como el primero de los rugbiers en atacar a Fernando.

“Si tuviese que decir (quién golpeó primero) es Enzo Comelli (…) lo reconocí en rueda y por cómo estaba vestido” en los videos, dijo el joven, quien a continuación describió que ese rugbier fue quien le dio a Fernando “uno de los primeros golpes y lo dejó arrodillado” y luego Thomsen le dio “tres patadas en la mandíbula”.

Los dos jóvenes coincidieron en que el conflicto se inició adentro de “Le Brique”, cuando había mucha gente y se produjo un roce entre los rugbiers y otro de los amigos del grupo, Julián García, aunque los encargados de seguridad sacaron a la calle a Fernando cuando se acercó a separarlos.

Sobre esa situación, Filardi recordó que cuando le preguntó a Fernando qué había pasado, él le respondió: “Le pegaron a Juli, les dije que paren y ahí se ensañaron conmigo”.

También Besuzzo contó que Fernando le dijo que él no había hecho nada, sino que se acercó para tratar de separar cuando vio que agredían a Julián y lo tomaban del cuello.

“La sensación en el momento fue que el ataque fue hacia Fernando y que cuando cualquiera de nosotros quiso impedir esto, nos sacaron, no nos dejaron poder ayudarlo”, describió ese testigo.

Luego recordó que él gritó “paren, paren” y recibió “una piña que no esperaba”, que lo “descolocó”, por lo que cruzó la calle y pidió ayuda a los patovicas, quienes “no respondieron”.

Antes, Filardi, había relatado que cuando él se acercó “había cuatro o cinco personas pegándole” a su amigo Fernando, que “no hubo acto de defensa” y que en todo momento evitaron que ellos pudieran acercarse a ayudarlo.

Para precisar sus dichos, y a pedido del abogado Fernando Burlando, representante de los padres de la víctima como particulares damnificados, Filardi representó corporalmente los golpes que un agresor “alto” le dio a Fernando.

El tercer testigo en declarar fue Santiago Corbo, quien identificó a Ayrton Viollaz como uno de los rugbiers que “estaba entre el grupo donde estaba Fernando” mientras lo golpeaban y que no permitía que nadie se acercara a ayudarlo.

Ademas, aseguró que lo escuchar gritar a modo de arenga “¿y ahora qué, ahora qué?”.

Todas las declaraciones y un video sobre el ataque fueron presenciados por Maríá Graciela Sosa y Silvino Báez, padres de Fernando, quienes quisieron permanecer en la sala.

Pasadas las 15.30 comenzó a declarar ante el TOC 1 Julián García, quien relató cómo fue la primera agresión de los rugbiers de la que él fue víctima adentro de “Le Brique” y que derivó en el ataque ocurrido luego en la calle, en el que mataron a Fernando.

Los jueces tienen previsto continuar durante esta jornada con las testimoniales de otros cinco amigos de la víctima.

El primer testigo de hoy fue Oscar Rossi, papá de Julieta Rossi, novia de Fernando, quien recordó cuando su hija le avisó lo que había ocurrido y vio el cuerpo del joven en la morgue.

“No le deseo eso ni al peor animal en el medio del campo. A ningún papá le deseo ver a Fernando acostado y esperando que lo ingresen a un cajón”, expresó ante los jueces, al tiempo que aseguró que su hija “no está preparada para enfrentar el debate” y “todo lo que vivió”, razón por la cual hoy no se presentó a testificar..

Todos los testimonios brindados en la jornada fueron presenciados por los ocho Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23), quienes al igual que ayer están presentes en la sala y por el momento no pidieron declarar. (DIB)

El juez de Garantías de La Plata Agustín Crispo elevó este jueves a juicio oral y público la causa seguida al sacerdote Raúl Sidders, procesado y detenido con arresto domiciliario, bajo sospecha de haber abusado sexualmente de una alumna menor de edad, entre 2004 y 2008, en un colegio privado de La Plata.

Sidders, de 61 años, está acusado de abuso sexual gravemente ultrajante por su duración en el tiempo y circunstancias de su realización. Y doblemente agravado por resultar en un grave daño en la salud mental de la víctima y por ser ministro de algún culto. También le imputan corrupción de menores agravada porque abusó de alguien menor de trece años.

El magistrado aceptó el pedido de elevación a juicio oral de la causa formulado por el fiscal Álvaro Garganta, y además rechazó un planteo de prescripción de la acción penal y un pedido de sobreseimiento realizado por la defensa del sacerdote.

Según fuentes judiciales, las pruebas reunidas en la investigación acreditaron que entre esos años el hombre que “se desempeñaba como capellán de la Unidad Educativa ‘Monseñor Lodigiani’ -Colegio San Vicente de Paúl-, abusó sexualmente de una menor de 11 años al inicio de los actos, a quien hacía colocar sus manos en los bolsillos de la sotana y sentir su pene erecto, situaciones que acaecían en el patio de la institución y durante los recreos”. También se señaló que esas acciones generaron “un grave daño en la salud mental de la niña”.

“Asimismo, durante igual período y en las habituales ocasiones en que le recibía el sacramento de la confesión, corrompió a la menor mediante explicaciones personalísimas sobre cómo masturbarse, realizar sexo oral y mantener relaciones sexuales con acceso carnal con su novio”, se explica en la elevación a juicio.

También informaron que, tal como lo había planteado el fiscal que investigó el caso, Álvaro Garganta, los hechos descriptos fueron encuadrados legalmente como “abuso sexual gravemente ultrajante por su duración en el tiempo y circunstancias de su realización doblemente agravado por resultar en un grave daño en la salud mental de la víctima y por ser el autor ministro de algún culto; y corrupción de menores agravada por resultar la víctima menor de trece años”.

El cura fue detenido en diciembre cuando lo trasladaron para la indagatoria. Pero la Justicia lo benefició con el arresto domiciliario por considerarlo de riesgo por afecciones cardíacas. Estuvo poco más de un mes detenido en una alcaidía platense.

Ahora el proceso quedó atravesado por un debate jurídico a partir de las cuestiones presentadas por el abogado del párroco, quien cree que los delitos prescribieron por el tiempo transcurrido entre los hechos que se le atribuyen y el inicio del proceso. Sin embargo, el juez Crispo, en una extensa y fundamentada resolución, descartó el pedido. (DIB) FD

Por Ximena B. Xiong

Ayer desde la página de Facebook “JusticiaxEmilito” se dio a conocer que el viernes 22 de octubre del 2021 se dará comienzo al juicio oral al ex comisario Tomás Antonio Freites por “Omisión de evitar la tortura”, en la causa Emilio Blanco que ya lleva 23 años en la búsqueda por la verdad y la justicia con el fin de dar un cierre a la extensa lucha.

La nueva fecha surgió luego de una audiencia virtual ocurrida el 24 de junio, en la cual estuvieron presentes los magistrados, los abogados, tanto de los damnificados como del imputado, y la familia Blanco, donde se manifestó la posibilidad de correr la fecha estipulada del juicio, es decir, el 16 de agosto del 2021 para mediados de octubre, ante el contexto actual de Covid-19.

Tras el planteamiento, hace casi un mes la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Dolores emitió una resolución a las partes para notificar y confirmar el cambio de inicio del juicio al ex comisario de Chascomús, Tomas Freites, quedando diferida la realización del debate y por ende sin efectos las nueves fechas que habían sido pautadas para el mes de agosto y septiembre.

Hasta ese entonces, no había novedades de cuándo comenzaría el debate oral y público, más allá de que se desarrollaría a mediados de octubre del 2021. Recién a mitad del corriente mes, las partes fueron notificadas por correo electrónico sobre las nuevas fechas del juicio.

En este sentido, ayer en la fanpage “JusticiaxEmilito” informaron que “el viernes 22 de octubre de este año comienza el juicio oral al ex Comisario Tomás Antonio Freites por S/Omisión de evitar la tortura”, es decir, se dará casi a un mes de lo que serán los 24 años transcurridos del homicidio de Emilio Blanco.

“Luego de la postergación a raíz de la situación epidemiológica -continúa la publicación- se concretó la posibilidad del inicio del juicio tan esperado. Mediante notificación electrónica con fecha 16/7/2021 se informó las fechas de realización del debate oral, las cuales podrán ampliarse según las necesidades que surjan del devenir del mismo”.

Por lo tanto, los días de las audiencias pautadas corresponden al 22, 25 y 26 de octubre, mientras que en noviembre se establecieron cinco días, siendo el 3, 8, 9, 15 y 16. Todos con horarios fijados de 10 a 13hs.

Finalmente cabe mencionar, que la prórroga del inicio al juicio contra el ex comisario Freites se fundamentó, en la resolución del 29 de junio del 2021, por la situación actual de Covid-19, sumado a las bajas temperaturas en el mes de agosto al rondar entre los 20 grados y las medidas sanitarias a aplicarse para evitar la circulación del virus, entre ellas ventilación.