El nuevo nivel de las jubilaciones será ajustado con la fórmula que estableció -vía un de decreto de necesidad y urgencia de abril de 2024 que modificó a una ley previa pero nunca fue ratificado por el Congreso- que solo tiene en cuenta el nivel de inflación y no una combinación de ese criterio con la evolución de los salarios, como se hacía antes.

Así, la jubilación mínima de bolsillo (sumando el bono) será de $429.079,70 en febrero, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanzará los $287.375,53 (son el 80% de la jubilación mínima) y las pensiones no contributivas por invalidez o por vejez llegarán a $251.453,59 (es el 70% de la mínima, aproximadamente).

En términos brutos, el aumento contra la mínima de enero será de $ 9.780,38.

A la vez, la canasta básica para los adultos mayores está en 1.514.074,13, según el último dato difundido por la Defensoría de la Tercera edad, que corresponde a octubre pasado.

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) indicó que, a diciembre, cuando la mínima era de 340.886 pesos sin bono, la pérdida respecto de lo que hubiese sido si la fórmula no hubiese cambiado, fue del 27,4%. Es decir, según ese trabajo, las mínimas hubiese sido ese mes de 434.279 pesos, lo que implica una brecha de $93.393.

CEPA también calculó el valor del si no hubiese perdido poder adquisitivo en el período marzo 2024-diciembre 2025: debió ubicarse ese último mes en $ 177.485 pesos.

Fuente: Agencia DIB. 

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó la jubilación mínima que pagará desde enero: volvió a congelar el bono en 70 mil pesos, que sigue en el mismo valor hace 20 meses, mientras que los haberes mínimos subieron un 2,5%, en sintonía con el repunte de la inflación, indicador a la que está atado.

Según la Resolución 381/25 publicada en el Boletín Oficial, la jubilación mínima va a ser de $349.299,32 en enero. Se trata de un aumento nominal de casi 9 mil pesos en comparación con el haber que se pagó este mes. Si se suma a ese monto el bono de 70 mil pesos, el mínimo de bolsillo queda en 419,299.32 pesos en enero.

De eso modo, la minima alcanza a superar la canasta básica total elaborada por el INDEC para un adulto (que en noviembre fue de $406.903), pero está muy lejos de la canasta para adultos mayores que publica la Defensoría de la tercera Edad con componentes alineados con las necesidades de los adultos mayores, que se ubicó en su última medición -octubre- en 1.514.074,13

La actualización de enero alcanza también a la Prestación Básica Universal (PBU) y a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). El mes que viene la PBU alcanzará los $15.788,50 y la PUAM llegará a los $27.43,46.

Fuente: Agencia DIB. 

Luego que el Senado aprobara el proyecto que busca recomponer los haberes jubilatorios y aumentar el bono de $70.000, congelado desde su entrada en vigencia, la mínima, tomando como base los montos actuales, quedaría en $441.564.

Si bien el presidente Javier Milei adelantó que vetará la iniciativa que la Cámara alta convirtió en ley, quedan instancias para que el incremento se haga efectivo y eso dependerá no solo del Congreso sino de la posibilidad de que se judicialice ese incremento.

En la actualidad, el haber mínimo para jubilados y pensionados alcanza los $309.294,79, mientras que el haber máximo es $2.081.261,17. Estos valores reflejan los ajustes mensuales por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) dispuestos desde la entrada en vigencia de la nueva fórmula de movilidad en abril de 2024. En el caso de aquellos que cobran mínima, se suma el bono de $70.000, por lo que el monto total llega a $379.294,79.

El proyecto sancionado por 52 votos y 4 abstenciones prevé una suba para todas las jubilaciones y pensiones del 7,2% y elevar el bono a $110.000. Es el porcentaje necesario para que el aumento extraordinario de 12,5% otorgado por decreto en abril del año pasado alcance 20,6%, nivel que corresponde a la inflación de enero de 2024.

De esta manera, los haberes mínimos, tomando como base los montos actuales, quedarían en $441.564. Se trata de una suba total de 16,4%. En el caso de los haberes máximos, estos quedarían en $2.231.111. Aquellos que perciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), con aumento, empezarían a cobrar $317.436 frente a los $247.436 que reciben actualmente. (DIB)

El Senado empezó una nueva sesión con 42 senadores presentes en la que se tratarán el aumento a los jubilados, la declaración de emergencia en Discapacidad y una serie de proyectos de los gobernadores que apuntan a recuperar financiamiento para las provincias, que fueron clave para abrir la sesión

Será una sesión caótica la de este jueves. Sin convocatoria formal, los senadores se presentaron en el recinto y una vez que juntaron el quórum se formalizó el inicio. La titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, se presentó en el estrado presidencial, lo que le vale una nueva andanada de críticas desde La Libertad Avanza. Los senadores libertarios también impugnan los dictámenes de los proyectos porque fueron conseguidos con las comisiones autoconvocadas, sin que haya existido llamado de las presidencias-.

Con la zanahoria de los proyectos destinados a distribuir automáticamente los ATN y a coparticipar el impuesto de combustibles líquidos, la oposición consiguió el número para dar inicio a la sesión ordinaria con facilidad. No hubo casi ausencias, incluso entre los más aliados de La Libertad Avanza.

Los 34 senadores peronistas dieron el presente, así como la larretista Guadalupe Tagliaferri, y los radicales Martín Lousteau y Pablo Blanco: los principales impulsores de la sesión. Pero no eran los únicos. También estaba el jefe de bancada radical, el proto oficialista Eduardo Vischi, así como la cordobesa Alejandra Vigo (pareja del exgobernador Juan Schiaretti) y la rionegrina Mónica Silva.

Hasta el correntino “Camau” Espínola, que hasta hace unas semanas sonaba como posible candidato a gobernador de LLA, bajó al recinto a dar quórum.

Era el desafío de los gobernadores a Javier Milei, a quien le reclaman recursos para sus provincias. El malestar se venía gestando hace tiempo, pero la estrategia electoral de Karina Milei de priorizar las listas “puras” por sobre los acuerdos territoriales con los caciques locales había terminado de dinamitar los puentes. “A los gobernadores los cerrás con recursos o con política, sino es imposible”, mascullaba un operador de Casa Rosada molesto con la estrategia de la hermana presidencial.

Abandonado a su debilidad numérica, el Gobierno apostó todas sus fichas a embarrar la sesión para ganar tiempo. Desde el operativo fallido del comunicador oficialista Alejandro Fantino, que salió a alertar que la aprobación de los proyectos opositores harían tambalear al Gobierno, hasta el propio Javier Milei: todo el aparato oficialista salió a denunciar que la sesión en el Senado representaba un “golpe institucional” contra el Gobierno.

“Hoy el kirchnerismo planea un golpe institucional en el Senado, plantándole a la Vicepresidente una sesión autoconvocada para arrebatarle el poder a la Presidencia del Senado y agujerear los éxitos económicos del gobierno”, denunció la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, minutos antes de que comenzara la sesión. (DIB)

El Gobierno confirmó que vetará la suba de haberes jubilatorios aprobada en la Cámara de Diputados de la Nación. Ya anoche, tras conocerse el resultado de la votación, el presidente Javier Milei había expresado en su cuenta de X: “Esperemos que los senadores no apoyen esta demagogia populista pero de cualquier forma nuestro compromiso es vetar cualquier cosa que atente contra el DÉFICIT CERO”. Este jueves, en tanto, el jefe de Gabinete Guillermo Francos afirmó que el resultado de la votación en la Cámara baja es de “una irresponsabilidad política muy grande”, y que el Gobierno “no va a permitir que se arruine el equilibrio fiscal”.

Francos, en diálogo con Radio Mitre, comentó que “la Cámara de Diputados aprobó dos leyes para el sistema jubilatorio, una con respecto a un incremento de emergencia para los jubilados, y otra para establecer una extensión de pedido de moratoria. Yo digo que es una irresponsabilidad política muy grande. Entiendo que los diputados tengan como objetivo expresar una especie de sensibilidad hacia un sector que, por supuesto, hoy está en una mala situación, como viene en una mala situación hace muchos años, aunque se ha mejorado la situación que tenía anteriormente”.

El funcionario continuó: “Me gustaría repasar un poquito los números. Tenemos 5.774.000 jubilaciones. De esta cifra son sin moratoria, es decir, gente que ha hecho los aportes para jubilarse, 1.800.000. ¿Y cuántos son los que no hicieron los aportes y se jubilaron con moratoria? Es decir, se jubilan al final sin haber pagado en su momento, les hacen un plan de pago para que ingresen, se jubilen, y en definitiva van pagando la cuota con la propia jubilación. Bueno si eran sin moratoria 1.800.000, con moratoria tenemos 3.900.000, el doble de jubilados”.

“Estos son los distintos planes que se hicieron con el kirchnerismo y este es lo que ahora se prorrogó”, afirmó el jefe de Gabinete. Agregó que “también tenemos pensiones, aunque ahí es superior la cantidad de las pensiones que son sin moratoria, que tienen que ver con jubilados anteriores, en definitiva, y con moratoria son menores, son 200.000”.

Entonces, Francos fue categórico: “En total, cuando uno toma la totalidad de los beneficios que pagaron sus aportes tiene 3.384.000 entre pensiones y jubilaciones, y que no pagaron sus aportes sino que entraron en planes de moratoria 4.102.000”.

El funcionario lanzó: “Todos sentimos la misma sensibilidad (con respecto a los jubilados). Lo que pasa es que la Cámara de Diputados la expresa de una manera que el Estado no puede hacerse cargo”.

“Entonces, ¿qué se pretendió anoche? Uno, mostrarse sensibles ante una situación compleja y difícil, y el otro, tratar de horadar al Gobierno rompiéndole el equilibrio fiscal. Y eso el Gobierno no lo va a permitir, porque el objetivo en esto es muy claro: la solución de los problemas argentinos es mantener el equilibrio fiscal permanentemente”, cerró Francos.

Ya anoche a las diez, apenas conocido el resultado en Diputados, Milei había expresado: “Esperemos que los senadores no apoyen esta demagogia populista pero de cualquier forma nuestro compromiso es vetar cualquier cosa que atente contra el DÉFICIT CERO. Fin”.

Y en el mismo sentido se expresó el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien replicó el mensaje de su jefe y remarcó que “el Presidente de la Nación vetará todos y cada uno de los proyectos de ley que impliquen quebrantar el equilibrio fiscal”. “El populismo ya no es parte del camino. Fin”, insistió. (DIB) MM

Luego de que el FMI difundiera anoche un comunicado para destacar los logros del programa económico argentino y dar a conocer el apoyo de US$ 20.000 millones, a fin de respaldar los “impresionantes beneficios” de las medidas adoptadas, la titular del organismo, Kristalina Georgieva, dijo que “el programa busca profundizar las reformas estructurales para impulsar el crecimiento de Argentina, incluso a través de su vasto potencial en energía y minería”.

Especificó que “los esfuerzos se centrarán en seguir i) fortaleciendo la flexibilidad de los mercados de productos y de trabajo, y en la apertura gradual de la economía; (ii) mejorar la eficiencia del Estado y su previsibilidad regulatoria; y iii) mejorar la gobernanza y la transparencia, en particular mediante una mayor armonización de los marcos de lucha contra la corrupción y la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo con las normas internacionales”.

“El programa respaldado por las autoridades tiene como objetivo consolidar los impresionantes beneficios iniciales de los recientes esfuerzos de política monetaria -respaldados por fuertes esfuerzos de ajuste fiscal y monetario y desregulación- y, al mismo tiempo, abordar las vulnerabilidades macroeconómicas que aún persisten en Argentina”, dijo el organismo.

“Partiendo del compromiso de las autoridades con un objetivo de déficit cero y de su trayectoria de lograr el primer superávit fiscal en casi dos décadas, el programa se centra en fortalecer la calidad y la sostenibilidad del ancla fiscal. Esto se sustentará en una disciplina continua del gasto, medidas de eficiencia y reformas bien secuenciadas de los sistemas tributario, de coparticipación de ingresos y de pensiones. Se seguirán realizando esfuerzos para proporcionar suficiente margen fiscal para la asistencia social prioritaria y el gasto prioritario en infraestructura”, amplió.

Además, el Fondo Monetario pidió “avanzar con las reformas” para fomentar la productividad, la competitividad y el crecimiento“.

Al justificar la decisión del directorio del Fondo, indicó que se trata de un “voto de confianza en la determinación del Gobierno de impulsar reformas, impulsar el crecimiento y brindar una mejor calidad de vida a los argentinos”.

 “El Directorio Ejecutivo del FMI aprobó un acuerdo de Servicio Ampliado del FMI (SAF) a 48 meses para Argentina por un total de US$20.000 millones (o el 479% de la cuota), con un desembolso inmediato de US$12.000 millones, y una primera revisión prevista para junio de 2025 con un desembolso asociado de alrededor de US$2.000 millones”, precisó el organismo.

Y dijo esperar que el programa “contribuya a catalizar el apoyo oficial multilateral y bilateral adicional, así como un reacceso oportuno a los mercados internacionales de capital”.

El FMI explicó que este respaldo “apoya el camino hacia el afianzamiento de la estabilidad macroeconómica, el fortalecimiento de la sostenibilidad externa y el establecimiento de las bases para un crecimiento más sólido y resiliente”.

Señaló, además, que el acuerdo “apoya la transición a una nueva fase de su plan de estabilización y crecimiento para afianzar la estabilidad macroeconómica, fortalecer la sostenibilidad externa y profundizar las reformas estructurales para crear una economía más abierta y orientada al mercado”.

El organismo detalló que “las prioridades de política se centrarán en mantener un anclaje fiscal sólido, la transición hacia un régimen monetario y cambiario más sólido, con mayor flexibilidad del tipo de cambio, y avanzar en las reformas para fomentar la productividad, la competitividad y el crecimiento”. (DIB)

El Gobierno estableció este lunes que los haberes mínimos y máximos para las jubilaciones de ANSES de diciembre tengan un aumento del 2,69% y así se fijó el último aumento del año para los jubilados que también afecta a pensionados y a otras prestaciones sociales.

De esta manera, en la Resolución 1122/2024 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que lleva la firma de Mariano de los Heros, estableció que el haber mínimo garantizado vigente a partir del mes de diciembre, será de $ 259.598,76. En tanto, los haberes máximos alcanzarán los $1.746.853,91.

La oficialización de la jubilación mínima en $259.598,76, no incluye el bono de 70.000 pesos que el Gobierno viene otorgando para compensar la pérdida en el poder adquisitivo de las prestaciones. Tal como ocurrió durante todo el año, este extra se seguirá cobrando para quienes perciben el haber mínimo y otras prestaciones como la PUAM y las PNC. Sumando este extra, el monto final que recibirán los jubilados de la mínima alcanzará los $329.598,76.

En línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor de octubre, a partir del último mes del año, las bases imponibles se fijan en un mínimo de $87.432,81 y un máximo de $2.841.525,42, conforme a lo establecido por la normativa vigente.

En cuanto a las prestaciones previsionales, la Prestación Básica Universal (PBU) será de $118.754,58, y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se establece en $207.679,01, a lo que se sumarán los $70.000 de refuerzo, totalizando $277.681,01. Para quienes reciben pensiones no contributivas, el haber será de $181.718,09, también con el refuerzo incluido, resultando en un total de $251.718,09.

La medida responde a la normativa vigente que establece ajustes en función de la inflación y busca garantizar ingresos mínimos y el poder adquisitivo de los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Estas actualizaciones incluyen además la habilitación para que la Dirección General de Normas y Procesos de ANSES implemente las disposiciones necesarias. (DIB)

La medida fue publicada en la resolución 3/2024 y publicada este miércoles en el Boletín Oficial, y según se afirma, apunta a “optimizar los recursos” del sector estatal.

De acuerdo al artículo 19 de la Ley Nacional del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones N° 24.241, las personas que tendrán que iniciar el proceso serán los “hombres que hubieran cumplido 65 años, mujeres que hubieran cumplido 65 años, y quienes acrediten 30 años de servicios con aportes computables en uno o más regímenes comprendidos en el sistema de reciprocidad”.

Entre los argumentos de la iniciativa, impulsada por la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, mencionan que la Ley Bases declaró “la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año” y facultó al Poder Ejecutivo “a mejorar el funcionamiento del Estado para lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común, reduciendo el sobredimensionamiento de la estructura estatal a fin de disminuir el déficit, transparentar el gasto y equilibrar las cuentas públicas”.

Si bien no están bajo el alcance de la normativa, en el articulado recomiendan “implementar la presente medida a las entidades previstas en el inciso “b” del artículo 8° de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional”, entre las que se cuentan a “Empresas del Estado, las Sociedades del Estado, las Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria, las Sociedades de Economía Mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias”.

El Ejecutivo, además, facultó a las autoridades cuyo rango no sea inferior al de secretario o el equivalente de las jurisdicciones u organismos descentralizados a solicitar una autorización excepcional para prorrogar el plazo a seis meses, “para aquellos agentes de Planta Permanente cuya continuidad se requiera por razones de servicio debidamente fundadas en una necesidad estratégica para el normal funcionamiento del área”.

Esta solicitud deberá contar con el visto bueno de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, del Ministerio, y tendrá que solicitarse mediante un trámite electrónico, en el que se precisen todos los datos del empleado en cuestión. (DIB)

Luego de que la Cámara de Diputados insistiera con el veto a la fórmula jubilatoria, el Gobierno oficializó un nuevo aumento para las jubilaciones que regirá a partir de octubre, a la espera de que se confirme el bono de hasta $70.000, que se estima no será actualizado en ese monto.

Lo hizo a través de la Resolución 798/2024 publicada en el Boletín Oficial con la firma del director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Mariano de los Heros.

En específico, el artículo 1° de la Resolución de Anses establece que el haber mínimo de los jubilados será de $244.320,56. En tanto, según el artículo 2° de esa normativa, el haber máximo ascenderá a $1.644.046,07.

Las bases imponibles mínima y máxima, en tanto, fueron fijadas por el texto oficial en $82.287,12 y $2.674.292,72, respectivamente, a partir del período devengado octubre de 2024.

De haber sido promulgada la ley propuesta el Congreso, el incremento en septiembre habría sido del 8,1%, llevando la jubilación mínima a $253.303 y, con el bono incluido, a $323.303. Sin embargo, los haberes actuales se mantienen considerablemente por debajo de esta cifra.

El documento estableció además que el importe de la Prestación Básica Universal (PBU) prevista en el artículo 19 de la Ley N° 24.241, será de $111.765,50 a partir de aquel mismo mes, mientras que la Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM) subirá a $195.456,45.

La normativa no especifica qué pasará con el bono de hasta $70.000 que está congelado desde marzo, aunque el vocero presidencial, Manuel Adorni, deslizó días atrás que el próximo mes se abonará, aunque sin aumento.

La ausencia de actualización en el bono de octubre se conoció luego del veto del presidente Javier Milei a la reforma jubilatoria que tenía previsto un aumento previsional del 7,2% por la diferencia entre la movilidad recibida de enero (12,5%) versus el 20,6% de inflación de enero.

Según informó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) “el poder de compra promedio de ocho meses de 2024 registra una caída real de 26,6% respecto de igual período de 2023; en tanto, los haberes mínimos (con bonos) perdieron 16,7% interanual”. (DIB)

Con el respaldo de los bloque de Libertad Avanza y PRO más el acompañamiento de un grupo de legisladores radicales que cambiaron de posición en las últimas, la Cámara de Diputados dejó firme el veto del presidente Javier Milei a la ley que subió 8,1% las jubilaciones y estableció una nueva fórmula de cálculo que abría la posibilidad de que futuros incrementos no estén limitados por el nivel de inflación.

El resultado de la votación fue de 153 diputados a favor de rechazar el veto, 87 que lo respaldaron y 8 abstenciones. Para alcanzar los dos tercios se necesitaban 166 voluntades, por lo que estuvo a 13 votos de conseguir su objetivo.

En ese desenlace resultó clave el cambio de postura de cinco diputados radicales que en junio había votado a favor de la reforma – Mariano Campero, Pablo Cervi, Martín Arjol, José Tournier y Luis Picat- como así también la abstención del bloque de Innovación Federal, que responden a los gobernadores de Río Negro, Misiones y Salta.

Juntos, esos cinco radicales y los ocho federales suman 13 escaños: si no hubiesen cambiado de opinión respecto de las bondades del proyecto luego de que fue vetado, esa decisión del presidente se hubiese caído y el incremento a los haberes se hubiese mantenido firme.

También resultó estratégico el reemplazo del radical entrerriano Rodolfo Galimberti, que había anunciado un voto contra el veto, por la PRO cercana al gobernador Rogelio Frigerio, que votó a favor. Ballejos era la suplente en la lista que llevó a Galimberti al Congreso, quien dejó la bancada para ocupar una silla en la comisión técnica que administra la represa Salto Grande, donde cobrará 8 mil dólares al mes. El diputado del Frente de Izquierda Nicolás del Caño denunció como “un escándalo” ese reemplazo.

Para el Ejecutivo fue un éxito que celebró el propio Milei, quien en las redes sociales difundió un mensaje en el que calificó de “87 héroes” a los diputados que no se plegaron al rechazo al veto. El Presidente había sostenido en varias oportunidades que el aumento –unos 14 mil pesos para las jubilaciones mínimas, que están en 304.540,23- y el cambio de fórmula atentaban contra el superávit de las cuentas públicas. Por eso, nuevamente calificó de “degenerados fiscales” a los legisladores que optaron por respaldar el incremento de haberes.

El debate fue agitado. Hubo, por caso, cruces entre los propios radicales. Fue Roxana Reyes, radical santacruceña que se ausentó a la hora de votar para facilitar el triunfo libertario, al igual que Gerardo Cipollini- encendió el fuego cuando luego de relacionar la crisis del sistema previsional con la decisión del kirchnerismo de incorporar nuevos jubilados mando un mensaje al interior de su bloque para justificar su postura.

“Van a tener que ir a terapia muchachos, ganó Javier Milei, no ganamos nosotros“, disparó la santacruceña, quien señaló que “el veto presidencial dice que no hay posibilidad de donde sacar la plata, van a emitir, van a crear otro impuesto”.

Campero, uno de los que votaron negativo, pidió la palabra para argumentar su decisión: “no voy a ser partícipe de una desestabilización que quieren hacer los kirchneristas”, aseguró, y recibió la ovación de los liberales.

Acto seguido, Pablo Juliano, el diputado por la Provincia de Buenos Aires que responde a Facundo Manes, salió al cruce de su compañera de bloque avisando que “va a votar igual y a reafirmar su voto a favor del proyecto”. Y cargó contra los diputados que se fotografiaron con Milei al exigir que “devuelvan sus bancas”. “Tengan el coraje político de lo que hacen afuera sostenerlo acá adentro”, dijo el diputado, quien advirtió que “las abstenciones y los que den vuelta su voto van a tener que dar explicaciones”.

Danya Tavela, una de las diputadas de Evolución que está alineada con Martín Lousteau, también cuestionó a los correligionarios que se dieron vuelta. “Roma no paga traidores y el pueblo tampoco los vota”, avisó la legisladora en el recinto.

El kirchnerismo estuvo casi completo y aportó 98 votos de los 153 afirmativos. Faltó la sanjuanina Ana Aubone. Agustina Propato, la esposa de Sergio Berni, llegó en una silla de ruedas por una lesión en una pierna.

En el debate, el jefe del bloque K, Germán Martínez, apuntó contra la Casa Rosada por vetar la ley aprobada por el Congreso con los dos tercios de ambas cámaras. “Un gobierno colgado del travesaño, se lleva a diputados que en junio votaron a favor de los jubilados”, protestó el santafesino, para agregar que “el diablo disfrazado de fuerza del cielo metió la cola”.

Por su parte, Cristian Ritondo, jefe del PRO, defendió en el recinto el veto del Presidente, al apuntar contra la política previsional del kirchnerismo que a su entender “ha sido inviable“. “No vamos a ser parte de un simple montado que empobreció a los argentinos”. “Si quieren voten, pero acá hay responsables de que los jubilados hayan perdido 40 % del poder adquisitivo porque Milei hace seis meses que está gobernando”, agregó.

Hubo otros votos llamativos como el voto a favor del larretista Álvaro González (PRO) y la abstención de Lourdes Arrieta (Fuerzas del Cielo – Espacio Liberal).

El voto de González confirma que Horacio Rodríguez Larreta, el perdedor de la interna presidencial de Juntos por el Cambio el año pasado, ya no articula con el PRO y tiene mucha más afinidad con figuras de la oposición dialoguista como Martín Lousteau y Miguel Ángel Pichetto.

Lo de Arrieta merece un párrafo aparte. En su estreno como diputada independiente tras ser corrida del bloque libertaria, la mendocina fue una de las que cambió el sentido de su voto. En la sesión de junio había tenido disciplina partidaria votando en contra de la reforma jubilatoria, pero en esta ocasión se abstuvo.

“Los jubilados que hoy tienen que afrontar un momento de crisis que, entiendo y respeto a las políticas de shock, pero también entiendo a cada jubilado porque camino, porque viajo en subte, porque me muevo para todos lados sin ningún privilegio y creo firmemente que sí debería el aumento hacerse factible”, sostuvo. (DIB) AL

El presidente Javier Milei insistió hoy en que los jubilados “ganan más” que cuando asumió su gobierno, aunque las cifras en las que basa su argumentación están fuertemente cuestionadas. Además, el Defensor de la Tercera Edad, Eduardo Semino, estima que en la actualidad unos 5 millones de pasivos están bajo la línea de pobreza.

En medio de la controversia por el “veto total” que el Presidente aplicará a la ley que dispone un aumento de emergencia a los pasivos y cambia la fórmula para determinar sus haberes, Milei insistió esta tarde con un argumento que ya había dado ayer, en la Bolsa de Rosario: dijo que las jubilaciones son mayores en términos reales que cuando asumió el gobierno.

“Lo que ha intentado hacer el Congreso es romper el programa económico. Primero, porque mienten, son basuras deshonestas intelectualmente. Hoy los jubilados ganan más que cuando nosotros asumimos en términos reales, por encima de la inflación” entre noviembre y julio, aseguró el Presidente en declaraciones radiales.

Sin embargo, expertos en el sistema previsional afirman que al hacer ese cálculo, Milei omite una cuestión clave: el bono. Es que si se incluye este ítem, congelado desde que asumió Milei, la caída es del 2,5%, según el economista Claudio Caprarulo, de Analytica.

El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), uno de las organizaciones privadas que sigue más de cerca la cuestión previsional, estima que en torno a un 30% de ajuste fiscal que aplicó el ministro de Economía, Luis Caputo, se explica por el ajuste a las jubilaciones.

En ese marco, Semino agregó que la canasta básica de un jubilado rondaría los $800.000 mensuales, mientras que la jubilación mínima en agosto de 2024 fue de $225.497,54. Incluso con el bono de $70.000, que eleva el ingreso a $295.000, esta cifra está muy por debajo de lo necesario para cubrir los gastos básicos.

Semino afirmó que 5 millones de jubilados y pensionados se encuentran bajo la línea de pobreza.  A esta cifra se suman 500.000 personas que cobran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% de la jubilación mínima, y un millón de personas con pensiones no contributivas que perciben solo $220.000 mensuales, lo que agrava aún más su situación.

Semino dijo que la situación económica de los jubilados se ve reflejada en la malnutrición que sufren muchos de ellos. Señaló que entre el 80% y el 90% de los mayores son hipertensos o tienen problemas de colesterol, pero la insuficiencia de sus jubilaciones les impide acceder a alimentos adecuados para mantener su salud.

Además, enfrentan dificultades para comprar medicamentos y pagar servicios básicos como la calefacción, lo que contribuye a un deterioro general de su calidad de vida. (DIB)

El expresidente Mauricio Macri salió este viernes a respaldar a Javier Milei luego de una semana de tensión entre el PRO y La Libertad Avanza, al señalar que apoya el veto al proyecto de movilidad jubilatoria, frase con la que se despegó, a su vez, de los senadores de su fuerza que apoyaron la iniciativa opositora y dejó en claro que no había sido su instrucción expresarse de esa manera.

En línea con Milei, Macri aseguró que ya “no se puede discutir la necesidad del equilibrio fiscal” y ante eso, escribió: “Por el bienestar de nuestros jubilados y de los nietos de los jubilados apoyo el veto del presidente Milei”.

En el posteo, también se expresó contra los legisladores. “La mayoría de los senadores que ahora expresan su preocupación por los ingresos de los jubilados son los mismos que se opusieron con vehemencia al cierre y venta de empresas del Estado deficitarias y llenas de corrupción”, dijo.

La mayoría de los senadores que ahora expresan su preocupación por los ingresos de los jubilados son los mismos que se opusieron con vehemencia al cierre y venta de empresas del Estado deficitarias y llenas de corrupción. Hay que recordar, también, que esos mismos senadores…

“Hay que recordar, también, que esos mismos senadores fueron quienes aprobaron la apertura indiscriminada de universidades públicas, fuente de despilfarro, y fachadas para el clientelismo y una corrupción fenomenal. Fueron ellos los que aprobaron el déficit que empobreció a los argentinos”, escribió en su cuenta de X Macri, contra los representantes de la oposición”, planteo en la misma línea que los planteos de Milei.

El jueves en el recinto los senadores de PRO votaron a favor del proyecto de jubilaciones, a excepción de Carmen Álvarez Rivero. Solo se opusieron la cordobesa y los siete libertarios. Después la mayoría de los amarillos se manifestó en contra de parte del articulado, en sintonía con la Casa Rosada.

Milei anunció, en tanto, que vetará la ley porque esa iniciativa para el sistema jubilatorio va en contra de su meta de mantener equilibradas las cuentas públicas.

Este nuevo guiño de Macri se da luego de las fricciones que se produjeron entre el PRO y LLA a partir de que diputados que responden a Mauricio Macri votaran en contra del DNU que giraba fondos para la SIDE por 100 mil millones de pesos. (DIB)

Luego de que el Senado aprobara la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, el presidente Javier Milei confirmó que vetará la ley con el fin de mantener el déficit cero, tal como había advertido cuando comenzó a tratarse el proyecto. “Es una estafa moral”, alegó el primer mandatario sobre el proyecto que incluye, entre otros puntos, un incremento complementario al de abril pasado de 8,1% por la diferencia de la inflación y que el haber mínimo no podrá estar por debajo del valor de la canasta básica total.

El comunicado difundido en las redes de la Oficina del Presidente comienza informando que “el Presidente Javier Milei, tal cual se comprometió con los argentinos, vetará el proyecto aprobado hoy (por ayer) por el Congreso de la Nación que tiene como único objetivo destruir el programa económico del Gobierno”.

“El Presidente se comprometió con los argentinos a sostener el superávit fiscal a toda costa y así lo hará”, continúa el texto.

Y agrega: “El Congreso Nacional, en un acto de populismo demagógico, sancionó un proyecto de ley irresponsable, ilegal e inconstitucional que establece gastos exorbitantes sin su correspondiente partida presupuestaria, lo que implicaría necesariamente que el Gobierno vuelva a caer en las viejas prácticas de la emisión monetaria, el aumento de impuestos, o el endeudamiento, que son las mismas recetas que nos han llevado al fracaso durante los últimos 100 años”.

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Los puntos principales del proyecto aprobado en el Senado, y que Milei vetará por “gastos exorbitantes”, incluyen:

De acuerdo con el Gobierno, “esta ley implica un gasto adicional del 1,2% del PBI, o lo que es lo mismo, 25% del PBI en términos dinámicos, obligando al Estado a contraer deuda que deberán pagar en el futuro los jóvenes argentinos que, gracias a medidas como ésta, hoy son mayoritariamente pobres”.

Se añade en el comunicado que “adicionalmente, resulta paradójico que la clase política se acuerde de los jubilados hoy y no durante el gobierno de Alberto Fernández y de Sergio Massa. Solo en su último año, los haberes cayeron más del 30% acompañado de una suba sideral del gasto público. Mientras acusan a este Gobierno de licuar a los jubilados, desde enero las jubilaciones han aumentado un 5% en términos reales mientras bajamos el gasto y destruimos la inflación”.

“Tenemos plena conciencia de que la clase política quiere forzar al Gobierno a oponerse a esta medida demagógica para anotarse una victoria política, pero como el Presidente de la Nación ha dicho en innumerables oportunidades, nosotros preferimos decir una verdad incómoda a una mentira confortable”, se destaca.

Desde la Oficina del Presidente dejan claro que “el proyecto sancionado este jueves por el Congreso con la anuencia de todos los partidos políticos es una estafa moral, un acto de demagogia populista y una irresponsabilidad fiscal; y por lo tanto será vetado por este Gobierno, el cual no tiene miedo de pagar los costos que hagan falta para sacar a este país de la decadencia en la que nos han sumergido”.

“Confiamos en que los que durante años se han amparado en el cambio no se presten al juego de quienes quieren destruir el programa económico del Gobierno. Es tiempo de que la dirigencia política elija de qué lado quiere estar: del lado de los que queremos una Argentina distinta luego de décadas de fracaso, o del lado de los extorsionadores que utilizan la política para su propio beneficio personal”, cierra el comunicado difundido al filo de la medianoche del jueves.

Horas antes, cuando el proyecto estaba a punto de ser aprobado en el Senado, el Presidente replicó en sus redes un mensaje de la cuenta Coherencia por favor: “No son más senadores, ahora son cenadores y nos están comiendo vivos”.

Milei también reposteó un mensaje alusivo de su subsecretario de Prensa, Javier Lanari, quien sostuvo: “El equilibrio fiscal es la columna vertebral del plan económico. Todo lo que ataque eso se va a vetar. El ´costo político´ no lo va a pagar el que avisó que lo iba a vetar. Lo van a pagar los degenerados fiscales“. (DIB) MM

Fue por 61 votos afirmativos, ocho negativos y cero abstenciones, en general. En particular, la oposición logró blindar todos los artículos sensibles para el Gobierno nacional con dos tercios.

Además del aumento de 8,1% y el cambio en la fórmula de actualización, la iniciativa contempla que, en marzo de cada año, se aplicará un aumento del 50 por ciento de la variación de la de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) por sobre la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año anterior.

A su vez, dispone que la ANSES “garantizará, para el caso de las personas que perciban un solo beneficio, el pago de una prestación con un suplemento dinerario de carácter alimentario, de forma tal que los ingresos totales no sean menores al último valor de la canasta básica total por adulto multiplicado por 1,09”.

También instruye a la institución a que cancele la totalidad de las deudas que mantiene con las provincias cuyos sistemas previsionales “no fueron transferidos al Estado nacional, como así también con los beneficiarios que cuenten con sentencia firme, dentro de los 6 meses de la promulgación de esta ley”.

Su aprobación significará un gasto del 0,43 por ciento del PBI, según especificó un estudio realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Ante este panorama, Milei aseguró que utilizaría, por primera vez, su facultad de veto. El jefe de Estado calificó como “degenerados fiscales” a los diputados cuando le dieron luz verde al proyecto.

Semanas atrás, la Casa Rosada envió al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y al titular de la ANSES, Mariano de los Heros, para defender el “déficit cero” que promueven Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Los funcionarios postularon que aceptaban el 8,1, pero no harían lugar al resto de los puntos. No obstante, la propuesta del 8,1 también fue condicionada por los emisarios del Poder Ejecutivo al sostener que no sería de forma retroactiva a enero, mes en el que las jubilaciones subieron 12,5 frente al 20,6 que fue la inflación, sino al mes siguiente de la promulgación de la ley.

La presentación del proyecto, que cuenta solo con 13 artículos y que consiguió ser dictaminado por una mayoría construida por el kirchnerismo, radicales y un bloque federal, quedó en manos del senador Mariano Recalde (CABA), de Unión por la Patria, que comenzó su alocución pasadas las 12.30.

Uno de los primeros en tomar la palabra fue el radical Martín Lousteau (CABA), uno de los firmantes del despacho. El presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) hizo un punteo de ejes principales y citó a la OPC por su informe para explicar cómo, en su parecer, el Gobierno podría haber afrontado el costo.

“El costo es un poco menor de haber bajado los Bienes Personales, es decir, del impuesto que se les cobra a los más ricos de los más ricos. Nuestro bloque hizo una propuesta y el Gobierno no quiso cobrar más por el Blanqueo. Incluso, el Presidente fue a un programa que había método inclusive para ganar plata blanqueando”, argumentó Lousteau.

En esa línea, continuó: “Al que nunca pagó IVA, Ganancias, Bienes Personales le condonamos. Ahora, darle a los jubilados está mal. El Presidente dijo que el evade es un héroe. Claro, después falta la plata para pagarle a los jubilados que pusieron el lomo durante muchos años”.

El senador de Unión por la Patria Fernando Salino (San Luis) siguió la senda de Lousteau: “Esto de enamorarnos de la baja de la inflación y creer que si la bajamos resolvimos todos los problemas de la humanidad. Los funcionarios afirman que mejoraron las jubilaciones y, por otro, dicen que disminuyeron el gasto previsional. Es contradictorio y no lograron explicarlo”.

Uno de los que bancó la parada del oficialismo fue el senador libertario Bartolomé Abdala (San Luis). Si bien dijo que su espacio entiende el reclamo de la ciudadanía, cargó contra la oposición: “Nos quieren venir a decir que el problema es desde el 10 de diciembre y le faltan la palabra a la ciudadanía”.

Además, Abdala salió en defensa del programa económico de Milei y Caputo y cargó contra el Congreso por el retraso en la sanción de la Ley Bases y el paquete fiscal: “Falta mucho y somos conscientes. Tenemos mucha sensibilidad con la tercera edad. Si nos hubieran dado la Ley Bases antes, los jubilados estarían mejor“.

A su turno, la senadora de Unión por la Patria Juliana Di Tullio calificó al presidente Javier Milei como un “degenerado social” en respuesta a Milei: “Si quienes vamos a votar este proyecto que viene con dos tercios de la Diputados que somos degenerados fiscales, es un degenerado social”.  (DIB)

El Gobierno nacional advirtió este jueves que vetará “todo lo que vaya en contra del equilibrio fiscal”, en medio una nueva sesión en la Cámara de Senadores de la Nación en la que se están tratando las modificaciones en las jubilaciones.

“Todo lo que vaya en contra del equilibrio fiscal y de las cuentas públicas, que es nuestra columna vertebral, se va, por supuesto, a vetar”, sentenció antes de dar por finalizada la conferencia el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Mientras tanto, en la Cámara Alta se debate el proyecto de movilidad jubilatoria que establece una actualización mensual basándose en el último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC), como lo dispone el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) vigente que activó el Ejecutivo.

La iniciativa, además, incorpora una compensación extra de 8,1%, dado que el Gobierno otorgó un 12,5%, que no cubre el 20,6% de inflación de enero. Con este mecanismo, el haber mínimo garantizaría la cobertura de la canasta básica del adulto mayor.

“El sistema previsional argentino está en crisis, producto de la crisis económica del país. El Estado tiene que hacerse cargo”, sostuvo el senador peronista Mariano Recalde.

Y agregó: “Aprobar esta ley es un actor de justicia y de reparación. En el 2015 un jubilado compraba 49 kilos de asado, hoy 29. Es urgente que reparemos esta pérdida y este retroceso, porque los jubilados se lo merecen”.

El radicalismo votaría en conjunto la ley ya aprobada por Diputados. Con el acompañamiento de la UCR, el kirchnerismo y los senadores de los bloques provinciales, la iniciativa se sancionaría con dos tercios. (DIB)

Los haberes jubilatorios cuyo pago está a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) tendrán en agosto un reajuste de 4,58%. Y quienes perciben los ingresos más bajos del sistema volverán a recibir un bono de hasta $70.000.

A través de las Resoluciones 389 y 390/2024 publicadas este martes en el Boletín Oficial, se dispuso un aumento del 4,58% el próximo mes a partir de fórmula de movilidad que ajusta por inflación con dos meses de rezago. En este caso se toma el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo.

De esta manera, la jubilación mínima llegará a $225.540,61, a lo que se sumará un bono de $70.000, totalizando $295.540.

Ningún jubilado podrá cobrar menos de esa cifra, por lo que aquellos beneficiarios cuyo haber sea mayor al mínimo cobrarán un bono proporcional hasta alcanzar ese piso.

En tanto, la jubilación máxima alcanzará los $1.517.094,80, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), $180.363,54 y la Prestación Básica Universal (PBU), $103.135,11;

A su vez, la ANSES confirmó los nuevos montos de las asignaciones familiares: la Asignación Universal por Hijo (AUH) será de 81.010 pesos; la AUH por Hijo con Discapacidad, 263.791 pesos, y la Asignación Familiar por Hijo, 40.505 pesos para el primer rango de ingresos (hasta $627.230, por grupo familiar).

Cabe destacar que en la resolución publicada este martes, se dispone que “la percepción de un ingreso superior a $1.660.759 por parte de una de las personas integrantes del grupo familiar, excluye a dicho grupo del cobro de las asignaciones familiares, aun cuando la suma de sus ingresos no supere el límite máximo de ingresos establecido”.

Pese al bono de $70.000 que viene aplicando el Gobierno de Javier Milei, en los primeros seis meses de este año, las jubilaciones con haberes mínimos o por debajo del mínimo, perdieron frente a la inflación.

Entre enero y junio la inflación fue del 79,8%, de acuerdo al INDEC. Mientras que la jubilación y pensión mínima, más el bono, subió de $ 160.713 a $ 276.931. Un incremento de 72,31%. Son 7,5 puntos menos.

En lugar de integrar el bono a los haberes corrientes, el Gobierno insiste en mantenerlo separado y congelado como un refuerzo no remunerativo hasta que la inflación lo termine reduciendo a una proporción mínima y en determinado momento quede definitivamente anulado. El bono además no computa para el pago del aguinaldo. (DIB)

La Anses anunció que en junio las jubilaciones y pensiones tendrán un aumento del 8,8% correspondiente al IPC de abril, conocido este martes, y la jubilación mínima se irá a $ 206.874. En tanto, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo tendrán un aumento del 41,8% y pasarán a ser $ 74.354 por cada hijo y $ 37.177, respectivamente, para el primer rango de ingresos.

Según explicó el organismo, “la nueva fórmula de movilidad (Decreto 274/24) que ajusta por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), y que entra en vigencia el próximo mes de julio, fue aplicada por Anses en las jubilaciones y pensiones de los meses de abril, mayo y junio, como adelanto a cuenta del resultado de la fórmula vigente para el mes de junio (Ley 27.609), y arrojó un aumento del 53,91% en el trimestre”.

Mientras tanto, “para el mes de junio, la fórmula vigente (Ley 27.609) determinó un aumento del 41,48%, lo que resulta menor que la suma de los adelantos otorgados en el trimestre de abril a junio por la fórmula nueva, que fue superior en 12,43 puntos porcentuales, generando un incremento, en términos relativos, del 29,97% respecto de la anterior”.

Anses señaló que el 53,91% es el resultado de los porcentajes aplicados en el mes de abril (27,40%, formado por un 12,5 por única vez, más un 13,24% correspondiente al IPC de febrero); mayo (11,0 % correspondiente al IPC de marzo); y el aumento que se aplicará en junio (8,83% correspondiente al IPC de abril).

Entonces, al haber sido mayor el aumento correspondiente a la nueva fórmula, los incrementos adelantados se consideran incorporados al haber y en junio, a las jubilaciones y pensiones, se les aplicará el porcentaje del 8,83% de aumento correspondiente al IPC de abril.

En cuanto a las asignaciones familiares, a partir del mes de junio, que continúa vigente la movilidad de la Ley 27.609, tendrán un 41,48% de aumento.

A partir del mes de julio, entrará en plena vigencia la nueva fórmula de movilidad con aumentos mensuales y, tanto las jubilaciones y pensiones, como las asignaciones, se ajustarán en función del Índice de Precios al Consumidor del mes de mayo. (DIB) MM

Lo que no se confirmó es si seguirá en vigencia el bono extra de 70.000 pesos que venían cobrando en los últimos dos meses.

El reajuste alcanzará a todos los ingresos del régimen regular de Anses y las asignaciones no contributivas, como la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor). El haber mínimo rondará los 206.900 pesos en bruto, y el máximo 1.392.500.

Para quienes manejan Internet, la página web de Anses ofrece un sitio muy fácil de usar para calcular la fecha de cobro:

#Calendariodepago de Jubilaciones y PensionesConsultá tu fecha de cobro ingresando en https://t.co/dWK1OEmrct #ANSES pic.twitter.com/WCtRPCqkee

En tanto, el calendario de este mes es el siguiente:

La inflación de abril fue del 8,8% en abril por lo que acumuló 64% en el primer cuatrimestre del año y 289,4% en los últimos doce meses.

#DatoINDEC Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 8,8% en abril de 2024 respecto de marzo y 289,4% interanual. Acumularon un alza de 65% en el primer cuatrimestre https://t.co/i3C4nkQCDO pic.twitter.com/OOjfQn7H8i

De acuerdo al cálculo de Indec, una familia de cuatro integrantes necesitó $828.158,19 para superar el umbral de pobreza en abril de 2024: 307,2% más interanual.

En tanto, por rubros, el índice de Precios al Consumidor (IPC) registró las mayores variaciones en la vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (35,6%) por los incrementos en las tarifas de servicios. (DIB) ACR

Luego de que la Cámara de Diputados aprobara hoy el título IX de la Ley Bases, que contiene reformas previsionales, las personas que no tengan los años de aportes mínimos necesarios para jubilarse solo podrán acceder a los 65 años e un beneficio equivalente al 80% de un haber mínimo, sin importar si es varón o mujer.

Los cambios en materia jubilatoria -que solo se implementarán si el Senado sanciona el proyecto de ley que hoy aprobó Diputados- fueron aprobados por 125 votos positivos, 113 negativos y 3 abstenciones.

El primer artículo del título IX de la iniciativa del oficialismo establece la derogación de la moratoria previsional, iniciativa promulgada a principios de 2023 mediante la Ley 27.705, con el fin de darle continuidad a los esquemas de moratorias que rigen desde hace casi dos décadas con las políticas de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

Esta modificación implica la pérdida del derecho de jubilarse para las personas mayores que no cuenten con los 30 años de aportes necesarios a la Anses, una medida que afecta sobre todo a las mujeres mayores.

En la actualidad, con la moratoria, al cumplir los 60 años, las mujeres pueden iniciar los trámites de la jubilación y pagar los años faltantes de aportes para cobrar sus haberes mensuales. Desde 2021 se implementó para las madres además un reconocimiento a las tareas de cuidado de hijos e hijas.

El Gobierno pretende crear, en reemplazo de la moratoria jubilatoria, un sistema denominado “Prestación de Retiro Proporcional (PRP)”, que consta de un haber mensual equivalente a la Prestación Universal al Adulto Mayor (PUAM), que representa el 80% del haber jubilatorio mínimo. Para acceder a esta prestación, las personas deben cumplir con los siguientes requisitos:

En resumen, si el Senado aprueba la “Ley Bases”, quienes no tengan los años de aportes necesarios solo podrán acceder a la PUAM a los 65 años, y cobrarán solo el 80 por ciento del haber mínimo, independientemente de la cantidad de años que hayan aportado, y siempre que puedan demostrar que se encuentran en una situación de vulnerabilidad social.

El titular de la ANSeS, Mariano de los Heros, informó este jueves que el complemento en los haberes de los jubilados se pagará a partir del 17 de abril.

De esta manera, el funcionario le puso fecha al desdoblamiento que se había anunciado para el pago de las jubilaciones, por un lado, y del bono y de los incrementos por otro, a raíz de las demoras en la publicación de las normas que regulaban los incrementos.

El titular del organismo confirmó la medida ante los diputados de la comisión de Previsión Social.

El Gobierno había tomado la decisión de pagar en dos cuotas para “no demorar el acceso de los beneficiarios a sus haberes”. Habrá una primera liquidación correspondiente al haber de abril 2024 y una segunda, dentro del mismo mes, correspondiente al aumento por movilidad previsional y al refuerzo previsional de $ 70.000.

Esto significa que, en abril, quienes cobran la jubilación mínima recibirán un primer pago de $ 134.445 brutos según el cronograma habitual. Será el mismo haber que en marzo. Luego, desde el 17 de abril se agregará el bono y el aumento por movilidad, para llevar la mínima a $ 171.283 más el bono de $ 70.000, para completar un ingreso total de $ 241.283.

Según el calendario de abril de la ANSeS las jubilaciones, pensiones y pensiones no contributivas que no superan el haber mínimo se pagan, según del número de terminación del DNI hasta 23 de abril, Y las jubilaciones y pensiones superiores al mínimo, entre el 24 y el 30 de abril.

En esas fechas se abonarán los mismos montos que fueron cobrados en marzo (con o sin el bono), y a partir del 17 de abril se abonará el resto.

Durante su exposición, De los Heros resaltó que el 87% del total de los titulares de jubilaciones otorgadas por moratoria, perciben el haber mínimo. Mientras subrayó que, de las personas con al menos 30 años de aportes, solo el 6% cobra la mínima.

“Evidentemente, el proceso de achatamiento de la pirámide no es producto de la movilidad, sino de la otorgación de moratorias desde el 2005. Desde ese tiempo, hemos incorporado a 5 millones de personas que no cumplieron con la ley previsional que establecía los 30 años de aportes”, indicó al respecto y cargó las tintas contra la política previsional de los gobiernos kirchneristas.

En sentido contrario, defendió la nueva fórmula plasmada la semana pasada en un DNU 274: “Las decisiones políticas del Gobierno tienen la convicción de otorgar fondos públicos para tratar de mejorar la situación desastrosa de los jubilados”.

En la comisión de Previsión Social, de los Heros dijo también que la ley actual “permite comprar aportes no realizados”, y a modo de ejemplo indicó que el promedio de aportes efectivos ante el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) es de cinco años para las mujeres y en el caso de los hombres de nueve años.

“Debemos trabajar en consensos y poner en valor el esfuerzo que realizó el Gobierno nacional al proponer esta nueva movilidad jubilatoria″, concluyó.