Luego de la confirmación de la condena de Cristina Fernández de Kirchner por la llamada causa Vialidad, el Gobierno nacional resolvió dar de baja la jubilación de privilegio de la expresidenta y de la pensión que recibía por su marido Néstor Kirchner, “por orden del presidente Javier Milei”. La medida “significa para los argentinos un ahorro de unos 21.827.624 pesos”, sostuvo el vocero presidencial, Manuel Adorni.

“El beneficio previsto por la Ley 24.018 para expresidentes y exvicepresidente de la Nación es una asignación que no tiene carácter contributivo y se otorga con carácter excepcional y extraordinario, como contraprestación al honor, el mérito y el buen desempeño en el cargo. La señora Cristina Kirchner fue condenada por la Cámara de Casación Penal en la Causa vialidad como autora del delito de administración fraudulenta, por lo que representa lo contrario al honor, al mérito y al buen desempeño”, planteó Adorni.

"Cristina":Porque el Gobierno dio de baja la jubilación de privilegio que percibía Cristina Kirchner pic.twitter.com/fiII4AYNzn

En esta línea, aseguró que “la jubilación a exmandatarios es un privilegio que no debería existir en la Argentina, más aún si quien la percibe está condenada por estafar desde las más altas esferas del poder a millones de argentinos que vieron esfumarse sus esperanzas a manos de la política”.

“Esto es nada más ni nada menos que otorgar un manto de sentido común y cordura a la gestión pública. Durante el mandato del presidente Milei, la Argentina no va a destinar fondos a ninguna persona que esté condenada por corrupción y que haya más mancillado el honor y la dignidad de los argentinos”, completó el vocero. (DIB)

La jubilación mínima en Argentina rondaría los 290.000 pesos si se aplicara la fórmula que se votó ayer en diputados y que podría convertirse en ley pese al anuncio de veto que lanzó el presidente Javier Milei. Hoy, ese mismo haber está en 206.000 pesos, más el bono de 70.00o fijado a discreción por el Ejecutivo.

El posible nuevo esquema quedó fijado en el proyecto que fue aprobado por Diputados por una mayoría superior a los dos tercios (169 votos a favor, contra 72 en contra y 8 abstenciones) y podría ser también respaldado por Senadores, incluso por una diferencia mayor.

Esa mayoría relativiza el veto que anunció el presidente Javier Milei, ya que en el Congreso ya se conformó una mayoría lo suficientemente numerosa como para rechazar una decisión en contra del presidente y dejar en pie el proyecto del Congreso de la Nación.

Ese articulado dispone una actualización mensual de las jubilaciones a través del índice de precios al consumidor (IPC), la inflación mensual que calcula en Indec. Hasta ahí, es similar  a que ahora está vigente a través de un decreto de Milei que actualiza por IIPC con dos meses de rezago. Es decir, ahora la jubilación de julio se paga con el aumento del IPC de mayo, que fue 8,8%.

Pero la fórmula votada ayer agrega una actualización anual a través del RITPE, el índice de variación salarial que establece el ministerio de Trabajo. Eso, para el caso en que en algún momento los sueldos de los trabajadores formales activos le ganen a la inflación las jubilaciones y pensiones no tengan un techo de incremento. A la vez, se establece un piso que es de 1,09% de la Canasta Básica Total de un adulto. Y, por única vez, se paga un plus del 8,1% en concepto de “empalme”, dado que el gobierno otorgó un 12,5% de recomposición en abril que no cubre el 20,6% de inflación de enero, mes que quedó fuera de la actualización con la nueva fórmula.

En junio, la jubilación mínima se ubica en $206.931, monto al cual se le sumó un bono de $70.000. Suponiendo que la inflación de mayo fue del 4,5%, según las estimaciones de inflación de las consultoras privadas, los jubilados con los haberes más bajos cobrarían $216.242 en julio y si el gobierno decidiera otorgar otro bono del mismo monto, ascendería a $286.242.

En cambio, con la fórmula aprobada en Diputados, a valores de junio y teniendo en cuenta la canasta básica total de abril que fue de $268.012, la jubilación mínima rondaría los $292.000 para aquellos que tengan un solo ingreso. Con una diferencia importante: sin tener en cuenta ningún bono. (DIB) AL

La mayoría de las personas que se jubilan en la actualidad acceden a ese beneficio a través de una moratoria,  ya que no alcanzan a reunir los 30 años de aporte que exige la ley como requisito para obtener la jubilación con el régimen ordinario.

Según datos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), en el primer trimestre de 2024 se jubilaron 115.757 personas. 88.212 de las cuales lo hicieron a través de una moratoria, lo que representa el 72,2% del total.

Entre las razones de ese déficit  una principal es la alta proporción de trabajadores que desarrolla sus actividades en un marco de informalidad laboral, sin que sus empleadores le realicen los aportes a la seguridad social necesarios.

Esa una situación que afecta especialmente a las mujeres y en particular a las que desarrollan actividades como personal de casa particulares. De hecho, de las 481.44 personas que se jubilaron en 2023, 416.482 requirieron moratoria. Y de ese total, 259.225 son mujeres.

Entre el personal de Casa Particulares, más del 70% (1,2 millones) no está registrado y en actividades sociales son más los que trabajan en la informalidad que los que están registrados.

A su vez, de los que en 2023 se jubilaron por moratoria, la mayoría tuvo menos de 14 años de aportes efectivos luego de 1994, en su gran mayoría como monotributistas o en relación de dependencia en el sector privado.

En adelante, las mujeres deberán esperar hasta cumplir los 65 años para jubilarse si antes no cumplen con los años de aportes efectivos.

Se jubilarían a través de la Pensión al Adulto Mayor (PUAM) o de la Prestación de Retiro Proporcional (la nueva prestación que votó Diputados) en la que el haber dependerá de los años efectivamente aportados.

En el caso de la Prestación de Retiro Proporcional (PRP), se crea un régimen permanente para varones y mujeres delegando en el Poder Ejecutivo fijar los parámetros y las condiciones del nuevo beneficio, según lo votado en Diputados.

Por los años aportados de los que se jubilaron por moratoria (menos de 14 años) surge que para la inmensa mayoría el haber inicial sería muy bajo.

Por eso se descuenta que la PRP tendría como piso el valor de la PUAM, que equivale al 80% del haber mínimo contributivo.

El valor de la PUAM en mayo será de $152.113 más los $70.000 del bono que, en lugar de integrarse al haber corriente, se mantendría congelado (como pasó en abril) hasta que quede definitivamente licuado con el paso del tiempo.

Además, la PUAM no da derecho a la pensión por viudez, y se adquiere si se demuestra encontrarse en situación de vulnerabilidad social. (DIB)

“Nuestro gremio bancario, junto a las comisiones gremiales internas de la provincia, trabajamos intensamente para desbloquear este nuevo intento de (María Eugenia) Vidal y sus sucesores que, como (Cristian) Ritondo y sus cómplices, quieren avanzar en el objetivo final de destruir o privatizar el Bicentenario Banco de la Provincia de Buenos Aires”, dice la carta abierta.

El gremio sostuvo que se buscan “demoler derechos adquiridos no sólo de los trabajadores y trabajadoras del Banco Provincia, sino también del Instituto de Previsión Social (IPS), desconociendo la letra de la Constitución y, en suma, demostrando además que están contra del Estado de derecho y muy lejos de ser republicanos como se proclaman”.

La nota explica que en la Legislatura se está tratando la modificación de la ley 15.008, que afecta el sistema previsional de los trabajadores jubilados del Banco de la Provincia de Buenos Aires y al propio patrimonio de la entidad bancaria pública provincial, y recuerda que se han expedido “favorablemente las respectivas comisiones de la Cámara de Diputados para que se corrijan los artículos cuestionados por la Justicia y los que nos agravian, pero está empantanado su tratamiento debido a una acción antidemocrática del PRO”.

“Bajo la batuta de Ritondo, ha salido desembozadamente a evitar que se modifiquen los que son incuestionablemente inconstitucionales, como así también los que suprimen contenidos discriminatorios para la mujer trabajadora, y los lesivos para el Banco de la Provincia de Buenos Aires”, dice el texto.

La nota está firmada por las comisiones internas de las sucursales de Azul, Bahía Blanca, Buenos Aires, Chascomús, Chivilcoy, Pehuajó, Junín, La Plata, Mar del Plata, Necochea, Pergamino, Tandil y Viedma.

La comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó el mes pasado por mayoría el proyecto de modificación del régimen jubilatorio de los empleados del Banco Provincia, presentado el año pasado por Kicillof.

La iniciativa busca modificar el régimen de la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco Provincia y restituye el 82% móvil para sus beneficiarios que había sido modificado durante la gestión de María Eugenia Vidal. Busca deroga la Ley 15.008, votada durante el Gobierno de Cambiemos, que provocó en ese momento un extenso conflicto con el gremio bancario y miles de presentaciones judiciales por la modificación en el porcentaje de la jubilación.

El proyecto establece que “el haber mensual inicial de las prestaciones será el equivalente al 82% del promedio actualizado de las remuneraciones mensuales percibidas durante el período de ciento veinte meses inmediatamente anteriores a la cesación del servicio”.

Si bien mantiene la edad de jubilación a los 65 años, baja a 60 la de las mujeres, ya que en la reforma impulsada por Vidal se había equiparado a la de los hombres. Con el fin de mantener el financiamiento de la caja, sube de 14 a 16% el aporte del personal y del 16 al 21 el que debe realizar el Banco. (DIB)

Por Ximena B. Xiong

Durante la mañana de ayer, miércoles, frente al Palacio Municipal de Chascomús permaneció un vecino y empleado municipal que reclamó cumplimiento de la Ordenanza 3.000 para su jubilación y categorización.

El empleado municipal, Ceferino Bulggiani, había anunciado la medida a través de sus redes sociales al llevar más de cinco meses con el pedido de la Ordenanza 3.000 que “es un derecho de los trabajadores municipales con edad a jubilarse y me la están negando”.

Tras haber mantenido una reunión con parte del ejecutivo municipal y al rechazarse su solicitud, Bulggiani se manifestó en las afueras del municipio junto con carteles que expresaron: “Ordenanza 3000. Categoría 15”, “¿‘El poder’ puede a la ley y a la ordenanza?” y “En la campaña prometieron respetar la carrera municipal. Se olvidaron”.

De mantenerse la situación de no respuestas concretas por parte del Departamento Ejecutivo, el empleado anunció a EL CRONISTA que continuará con el plan de lucha, por lo tanto, no se descarta que en la mañana de hoy se encuentre nuevamente el vecino en las afueras del palacio municipal.

Respecto al reclamo, el empleado municipal Ceferino Bulggiani dialogó con este medio gráfico. En primera medida indicó que cuenta con 26 años de carrera y aporte, debido a que “en 1995 entro como empleado político en el gobierno del Tata Fernandino. Trabajé durante cuatro años a rajatabla para mi municipio, mi pueblo. Me desempeñé muy bien, con una categoría alta, política”.

“Llegaron los cuatros años y mi partido político perdió. Llega otra conducción y de la categoría alta que tenía y una ganancia importante, me fui de 100 a 0. La opción era irme porque me destruida económicamente y moralmente”, añadió Bulggiani.

Al tener familia, “vi las posibilidades y me quedé. Fue pasando el tiempo y fui aprendiendo”, así pasó a planta permanente porque “lo político ya se había terminado. Empecé a demostrar lo que yo sabía hacer hasta que en un momento me llaman para ser capataz de nuevo y gané un concurso en el 2009, que es lo justo y es así como debe ser la carrera municipal”.

Luego de haber ganado el concurso, pasó a ser capataz general bajo la categoría 12 hasta que llegó a subir una más. “De 2012 al 2018 me mantengo con esa categoría de jefe de división y en el 2018 se da la categoría 14 que es la de jefe de departamentos, siendo ganadas por carrera”, explicó el empleado municipal a EL CRONISTA.

Pasado los años y cercano a la edad jubilatoria, “cuando hago el reclamo de la Ordenanza 3000 me dicen que la categoría 14 es política. Me lo dijeron ayer (martes) en una de las charlas. Busco en mi recibo de sueldo y siempre dijo planta permanente nunca política o interina”.

Por lo cual, sostuvo que el ejecutivo está equivocado de que la categoría 14 “sea política, porque fue un derecho adquirido. Se frenan ahí para jubilarme con la categoría 14 y es ahí donde empieza el conflicto. En ningún lado dice que es política y no existe”.

En ese sentido, el vecino exteriorizó: “Estoy esperando respuesta y voy a seguir peleando por la categoría 15. Estoy dispuesto a que me llamen y conversemos”, debido a que “la ordenanza menciona que a los 57 años tenés que presentar 32 años de servicios para poder llegar a los 60 para poder jubilarte con los 35 años. Ya lo presente y me acogí a esa ordenanza”.

Ante la situación, Bulggiani expresó: “Espero tener respuesta favorable, si no voy a seguir es mi lucha hasta las últimas consecuencias. Me saqué las vacaciones para poder lucharla porque si no en este momento me estarían descontando los días o suspendiendo”.

El presidente Alberto Fernández confirmó este jueves que los jubilados que perciben la mínima cobrarán un bono de $ 8 mil que se pagará durante los días 20 y 23 de diciembre.

“A todos y todas los que cobran la jubilación mínima entre el 20 y el 23 de diciembre van a recibir un bono de $ 8 mil para que pasen una buena Navidad”, señaló hoy el mandatario en el marco de un acto en el que entregó la jubilación número 50 mil por el Reconocimiento de Aportes de Tareas de Cuidado y la Jubilación Anticipada 2 mil.

Según se informó oficialmente el día del cobro será según la terminación del DNI: los finalizados en 0, 1 y 2 percibirán el bono el 20 de diciembre; 3, 4 y 5, el 21 de diciembre; 6 y 7, el 22 de diciembre; 8 y 9, el 23 de diciembre.PUBLICIDAD

El acto se realizó hoy en el Museo del Bicentenario. Junto al Presidente estuvieron presentes en el acto la titular de Anses, Fernanda Raverta, y el ministro de Economía, Martín Guzmán. (DIB) MT

El gobernador Axel Kicillof enviará en los próximos días a la Legislatura un proyecto de ley para implementar una nueva reforma de la caja de jubilaciones del Banco Provincia, que desanda algunos de los cambios implementados durante la gestión de su antecesora, María Eugenia Vidal en 2017.

El proyecto ya está listo y aun-que sus detalles se mantienen en reserva, DIB pudo saber que aunque no para volver al esquema previo a la reforma de Vidal, sí busca avanzar en una especie de vía intermedia que devuelva a los jubilados del Banco algunos beneficios que perdieron, aunque sin comprometer la sostenibilidad del sistema.

La reforma de estableció baja escalonada y gradual de la edad jubilatoria -pasó de 60 a 65 años- y una fórmula de cálculo menos favorable a los pasivos. Fue un recorte profundo, que se aprobó en medio de un escándalo que incluyó la quema de un acceso al palacio legislativo y la irrupción en el recinto de sesiones de Diputados de manifestantes comandados por el intendente de Ensenada, Mario Secco, quien enfrenta una causa que está por ser elevada a juicio por el episodio. Otros sectores del peronismo, hoy en el Frente de Todos, lo apoyaron.

Vidal promulgó rápidamente los cambios, pero el esquema fue judicializado casi de inmediato también y viene sufriendo reveses en tribunales de primera y segunda instancia de varios distritos de la provincia, que disponen que los jubilados que los impulsan cobren de acuerdo con la fórmula previa, lo que genera un costo adicional para el Estado bonaerense, que además debe correr con las costas. Pero el dato decisivo, en este plano, es una demanda por inconstitucionalidad que está en la Corte Suprema, y que fue planteada por un colectivo de actores. Un fallo adverso podría tener efectos más generales y es por lo tanto un riesgo latente alto para la administración Kicillof.

En el Gobierno lo consideran un asunto económico de magnitud: el peso de la caja jubilatoria del banco es grande. De hecho, comparten parte del diagnóstico que llevó a Vidal a ajustar su funcionamiento para poner coto a un déficit que, cuando se hizo aquella reforma, era de unos $ 6.000 millones. “La caja tiene que ser sustentable”, dicen.

La diferencia es que para lograr esa solución plantean una menos cruenta para los trabajadores y que no genere un problema económico judicial. Una especie de vía intermedia entre lo que existía antes de Vidal y lo que existe ahora. Hay un dato clave: la buena relación de Kicillof con el secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo. (DIB)