A través de la web, es posible consultar el estado de deuda, abonar tasas por vencer, regularizar obligaciones pendientes y gestionar servicios como el Estacionamiento Medido (SEM). Las operaciones pueden realizarse mediante el botón de pago “Macro”, con tarjetas de crédito o débito de cualquier entidad bancaria, o a través de redes como Red Link y Banelco.

Entre los servicios disponibles se encuentran las tasas municipales, los derechos de oficina, la presentación y pago de la Declaración Jurada de Arbolado, y la activación del Estacionamiento Medido, que puede realizarse mediante la aplicación correspondiente, códigos QR o puntos de venta habilitados.

Asimismo, quienes prefieran realizar el pago de manera presencial pueden hacerlo en el Palacio Municipal, ubicado en Crámer 270, en el horario de 7:30 a 13:30, o en agencias habilitadas como Provincia Net, Pago Fácil y Rapipago.

También se encuentra disponible la opción de imprimir las boletas desde la web para abonarlas en puntos físicos.

El Gobierno nacional eliminará desde este jueves 15 de enero totalmente los aranceles de importación para teléfonos celulares, lo que apunta a equiparar los precios locales con los de países vecinos, para fomentar así la competencia y accesibilidad a la tecnología.

Se trata de la segunda rebaja de aranceles a móviles importados prevista en el Decreto 333/2025. En mayo pasado, esos derechos cayeron del 16% al 8% y, a partir de este jueves, se eliminarán por completo.

De esta forma, los equipos dejarán de pagar ese impuesto y se abaratarían entre un 10% y 20%, según estimaciones del sector. Más allá de esta reducción que no será inmediata sino gradual, seguirá siendo hasta un 40% más barato un celular en Chile, Paraguay o Estados Unidos.

De hecho, un iPhone 17 Pro (256 GB) que en Argentina está $2.899.999 se puede conseguir en Ciudad del Este, Paraguay, en torno a los US$ 1.190, es decir unos $1.760.000. En Chile, el valor es de unos US$1.600: esto es $2.368.000.

En el caso de los celulares producidos en Tierra del Fuego, la baja sería de entre un 10% y un 15%, como resultado del régimen de pequeños envíos desde la isla y de la eliminación de impuestos internos, medidas que rigen desde mediados del año pasado.

Cabe recordar que hasta mayo tributaban 16%, y a partir del 21 de ese mes se redujo a la mitad (8%). Además, las consolas de videojuegos pasaron de pagar un 35% al 20%, igualando el Arancel Externo Común (AEC) vigente.

Si bien antes de los cambios, comprar un celular del exterior implicaba pagar una carga impositiva muy alta, que combinaba aranceles y tributos internos y podía sumar más de un tercio del valor del equipo, los cambios en mayo no impactaron como se esperaba en la baja de precios.

Fuente: Agencia DIB 

El Ministerio de Transporte bonaerense actualizará desde mediados de enero la tarifa básica del servicio de Verificación Técnica Vehicular (VTV), que desde ahora costará $97.057,65 con IVA incluido, un 21,8 más que la que se pagaba desde febrero. El monto se estableció según lo dispuesto mediante la Resolución 369/2025 publicada este lunes en el Boletín Oficial.

Según lo dispuesto por el Gobierno, a partir del 16 de enero de 2026 el valor de la tarifa básica de la VTV pasará a ser de $97.057,65. Ese monto corresponde a los vehículos de hasta 2.500 kilos y funciona como referencia para el resto de las categorías del cuadro tarifario, que se calculan a partir de ese valor base.

Este ajuste se da después del que se registró a mediados de julio, con un salto del 25,5% con respecto a febrero. Hace un año atrás el valor del control del auto estaba en $53.819,26.

Desde la cartera que conduce el sistema de verificación explicaron que el aumento responde al esquema previsto en el pliego de concesión del servicio. En particular, el se establece que la tarifa básica equivale al 7% del salario básico del operario categoría 1, según el convenio colectivo vigente entre las empresas concesionarias agrupadas en la Cámara Argentina de Verificadores de Automotores (Cavea) y el sindicato Smata.

Cabe recordar que semanas atrás, el Ministerio de Transporte renovó la página web de la VTV con nuevos servicios digitales para mejorar la experiencia de los usuarios y acercar herramientas para realizar denuncias anónimas y profundizar el combate contra las estafas.

La nueva plataforma, disponible en https://vtv.gba.gob.ar/, facilita el acceso a turnos, historial de verificaciones, vencimientos y toda la información necesaria desde un único perfil personalizado. El rediseño implica una relación más cercana con quienes utilizan el servicio, permitiendo a los bonaerenses resolver trámites con mayor comodidad y desde cualquier dispositivo.

Fuente: Agencia DIB

Según detalló la Dirección de Habilitaciones, quienes deseen iniciar un trámite deberán ingresar al formulario disponible a través del enlace chascomus.gob.ar/municipio/estaticas/habilitacionesy cargar la documentación requerida.

La persona interesada debe ser mayor de 21 años o presentar constancia de emancipación y presentar copia del DNI, CUIT y constancia de inscripción en Ingresos Brutos (ARCA).

Además, es requisito esencial contar con el Certificado de Radicación expedido por la Dirección de Obras Privadas y Planeamiento que determina si la actividad que se desea llevar a cabo está permitida en el lugar solicitado.

Asimismo, se deberá adjuntar el título de propiedad o contrato de locación, comodato o autorización del propietario, con firmas certificadas por el Juzgado de Paz o un escribano público.

En el caso de personas jurídicas, se requerirá además el contrato social y el acta de asamblea más reciente.

También será obligatorio presentar el libre deuda de deberes alimentarios emitido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, que puede solicitarse a través del sitio rdam.mjus.gba.gob.ar.

Para consultas y asistencia durante el proceso, la Dirección de Habilitaciones dispone de una línea de WhatsApp: 2241-559389.

Por otra parte, a través del Decreto N° 312/25, el Ejecutivo municipal prorrogó la bonificación total del trámite de habilitación, autorización o renovación para actividades encuadradas en el Régimen Simplificado de Monotributo hasta la categoría G o en el Monotributo Social.

El decreto establece además que, para los contribuyentes que hayan abonado el trámite desde el 1° de febrero de 2025, se aplicará una nota de crédito equivalente al monto pagado en su cuenta corriente de la Tasa de Inspección por Seguridad e Higiene.

La medida busca acompañar a los pequeños comercios y prestadores de servicios que, en el actual contexto económico, necesitan incentivos para desarrollar sus actividades en condiciones adecuadas, acceder a financiamiento y participar en programas de promoción local.

El decreto establece también la prórroga del plazo para la inscripción o renovación de actividades comerciales sin local, según lo dispuesto en la Ordenanza 5525, hasta fin de año.

El titular de la Agencia de Recaudación Bonaerense (ARBA), Cristian Girard, encabezó la exposición ante legisladores acompañado por el ministro de Economía, Pablo López, y las autoridades parlamentarias Verónica Magario y Alexis Guerrera.

“La Ley Impositiva es un engranaje más dentro de nuestra concepción sobre el rol del Estado: intervenir para mejorar las condiciones de vida, ampliar derechos y sostener una sociedad más justa y solidaria”, afirmó Girard.

El funcionario explicó que la norma “profundiza la progresividad en la recaudación de impuestos patrimoniales y sostiene una visión pro producción y empleo en Ingresos Brutos”.

Una de las principales medidas es el congelamiento del Impuesto Inmobiliario, tanto urbano como rural. Girard detalló que se mantiene la estructura del tributo sin modificar tablas ni alícuotas, lo que “implica una disminución real de la carga fiscal para el 100% de las partidas”.

En un contexto de fuerte deterioro económico, el funcionario insistió: “No hay cuotas adicionales ni aumentos en el Inmobiliario. Es un alivio concreto para las familias y el sector rural”.

Otro de los ejes centrales es la reducción nominal de la Patente Automotor. Según el proyecto, el 75% de los contribuyentes pagará menos que en 2024.

“Tres de cada cuatro bonaerenses se verán beneficiados gracias a una reformulación de las tablas que corrige los saltos de alícuota derivados de la suba en el precio de los autos”, señaló el titular de ARBA. La medida busca recomponer la equidad y evitar que la presión fiscal recaiga sobre los sectores medios.

En la Provincia de Buenos Aires, la patente automotor se calcula en cinco tramos según la valuación fiscal del vehículo, aplicando una alícuota progresiva al valor del mismo, con topes de aumento anuales para moderar las subas, y beneficios por pago anticipado; la Ley Impositiva de cada año establece los montos específicos y las alícuotas para cada escala de valuación. Para 2025, se fijaron diferentes porcentajes según el tramo de valuación, con alícuotas más altas para vehículos de mayor valor.

La patente es progresiva, lo que significa que el porcentaje de impuesto aumenta a medida que el valor del vehículo es mayor.

Girard detalló: “Se va a llevar a cabo por medio de una reformulación de las tablas. En la ley anterior se arrancaba con una alícuota mínima de 3,6% y una máxima de 5%, ahora esos valores se reducirán en cuatro tramos con valores entre 1% y 4%”, puntualizó.

“En relación con Ingresos Brutos, no hay incremento de alícuota para ninguna actividad ni se incluye el anticipo extraordinario a grandes contribuyentes. La provincia decidió sostener el beneficio de alícuota disminuida incrementada. Vamos a actualizar los tramos en un 40% para que mas Pymes se vean beneficiada”, concluyó Girard.

En tanto, desde la oposición aguardarán el análisis del proyecto completo previo a emitir su respaldo a la iniciativa. “Es positivo que no haya aumento en Ingresos Brutos durante esta recesión, aunque esperamos conocer los números de la actualización inmobiliaria”, detallaron desde el radicalismo.

Respecto a Ingresos Brutos, Girard ratificó la continuidad de una política que combina simplificación tributaria y alivio para PyMEs, con mayor fiscalización sobre actividades de alta capacidad contributiva. “Seguimos fortaleciendo la progresividad, modernizando la administración tributaria con herramientas digitales que nos permiten recaudar mejor sin ahogar la producción ni el consumo”, subrayó.

Finalmente, el funcionario defendió el espíritu general de la Ley Impositiva 2026: “Es una norma que acompaña a quienes producen y trabajan, reduce la carga sobre los patrimonios medios y reafirma el principio de que paguen más quienes más tienen. Así logramos distribuir mejor el esfuerzo y construimos una provincia más justa”.

Marcos Galperin, empresario estrella del ecosistema tecnológico argentino y fundador de Mercado Libre, se ha convertido en una figura clave para entender el modelo económico que hoy promueve la derecha en Argentina: Estado chico para todos, salvo para los grandes.

Mercado Libre, el gigante regional del comercio electrónico y las fintech, ha sido uno de los principales beneficiarios de la Ley de Promoción de la Economía del Conocimiento. Bajo este régimen, la empresa accedió a beneficios fiscales millonarios: reducción del impuesto a las ganancias, créditos fiscales para pagar otros tributos, y estabilidad fiscal por una década. Solo en 2023, la empresa se ahorró más de 110 millones de dólares en impuestos, según datos publicados por Página/12.

El problema no es la ley en sí, sino su aplicación en un contexto de ajuste fiscal y concentración de recursos. En medio de un país con cifras alarmantes de pobreza e inflación, que recorta presupuesto en salud, educación y programas sociales, la pregunta es inevitable: ¿tiene sentido subsidiar a una empresa valuada en más de 80 mil millones de dólares?

Galperin responde con un discurso clásico del libre mercado: asegura que los incentivos permiten crear empleo, atraer inversiones y fomentar la innovación. Sostiene que la Ley debería extenderse al resto de la economía y que su caso prueba cómo achicar el Estado genera crecimiento. Pero hay un dato que molesta: mientras exige menos impuestos, Galperin no tributa en Argentina. Cambió su residencia fiscal a Uruguay, país con menor carga impositiva y beneficios especiales para grandes patrimonios. Según un informe reciente del Banco Mundial, esta práctica es una de las principales estrategias utilizadas por los ultra-ricos para evitar tributar en sus países de origen.

La respuesta política no se hizo esperar. El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, uno de los nuevos referentes nacionales de la UCR y ganador en las últimas elecciones provinciales, se plantó frente a Galperin. Luego de que Mercado Libre cuestionara el impuesto a los Ingresos Brutos en varias provincias, y propusiera “diferenciar” a las que cobran menos, el mandatario fue categórico: “Si las fintech prestan plata como los bancos, deben tributar como los bancos. No hay privilegios para la especulación”.

El modelo de negocios de Mercado Libre no solo incluye comercio electrónico, sino también una creciente actividad financiera a través de su plataforma Mercado Pago, que otorga préstamos y cobra intereses. Pullaro elevó el impuesto a los servicios financieros del 5% al 9%, alegando que se trata de una actividad no productiva, sino financiera: “En Santa Fe no premiamos la especulación”.

La tensión entre Galperin y Pullaro es más que un cruce aislado. Es una muestra de los debates de fondo que atraviesan a la Argentina: ¿Qué rol debe tener el Estado? ¿Quién paga los costos del ajuste? ¿Por qué una empresa multimillonaria recibe subsidios mientras se ajusta a los sectores más vulnerables? ¿Y por qué quienes se benefician del Estado argentino eligen tributar en el extranjero?

En tiempos donde se impulsa una narrativa que responsabiliza al Estado de todos los males y promueve su achicamiento, casos como el de Galperin reflejan la paradoja de un capitalismo que exige ayuda estatal, pero escapa cuando le toca contribuir.

El debate no es menor. Mientras la derecha económica aplaude la eficiencia de Mercado Libre y promueve su modelo como ideal a seguir, voces como la de Pullaro alertan sobre el riesgo de desfinanciar al Estado y fomentar una competencia desleal donde los gigantes se llevan los beneficios y el resto paga la cuenta.

En definitiva, lo que está en discusión no es solo un régimen fiscal, sino el modelo de país: uno donde las reglas se ajusten a los poderosos o uno donde la equidad tributaria sea la base de un desarrollo sostenible y justo.

El presidente Javier Milei anunció este sábado en la 137° Exposición Rural de Palermo la reducción de las retenciones de manera “permanente” a varios productos del campo, incluyendo carnes y también granos,  tras una fuerte expectativa por parte del sector.

De acuerdo a lo que enumeró, desde hoy los porcentajes quedan de la siguiente manera: “A la carne aviar y vacuna se reducirán del 6,75% al 5%, al maíz del 12% a 9,5%, al sorgo de 12% a 9,5%, al girasol del 7,5% al 5,5%, a la soja del 33% al 26%, y a los subproductos de soja del 31% al 24,5%”.

“De la catarata de problemas, sólo queda el yunque más pesado. Las retenciones. Por eso quiero hacer un importante anuncio sobre este gran flagelo que nunca debería haber existido”, dijo el libertario antes de confirmar las cifras.

En tanto, aseguró que estas bajas “redundan en una reducción de retenciones de las alícuotas para las cadenas de granos del 20%; y en una reducción de retenciones a la cadena de ganado y carnes del 26%”. Tras ello, confirmó que las reducciones serán “permanentes” y no transitorias.

“Buscamos dar impulso al campo, fuertemente castigado por estos impuestos en los últimos 20 años. Repito, estas reducciones son permanentes y no tendrán vuelta atrás mientras yo esté en el gobierno. Eliminar las retenciones es una obsesión para nuestra gestión y hemos hecho muchos avances en esa dirección”, insistió el Presidente, quien luego agregó: “Es importante tener presente que esto es únicamente gracias al superávit fiscal que hemos conseguido, que lo cuidamos como agua en el desierto ante los embates sistemáticos de la casta política”.

Minutos más tarde, desde la Oficina de Presidencia emitieron un comunicado sobre el anuncio. “El campo argentino, columna vertebral de nuestra economía, ha sido una de las principales víctimas de las políticas implementadas durante décadas por la casta política empobrecedora que sostuvo su modelo económico basado en el robo sistemático del fruto del trabajo ajeno. Y no lo hizo solamente con las retenciones, también lo hizo con otros cepos cambiarios, múltiples tipos de cambio, tasas desproporcionadas, excesiva burocracia e incrementos continuos de impuestos; todas prácticas eliminadas por este gobierno”, dice el escrito.

“El gran campo argentino tiene en el presidente Milei un aliado que lo ve como el motor de crecimiento del país, y no como una caja para saquear y hacer política. Este gobierno confía en su potencial para continuar sirviendo a la Patria, cultivando nuestras tierras y posicionándose como líderes del sector en el mundo”, cierra.

El primero en hablar este sábado en el acto en Palermo fue el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, quierealizó una crítica a la continuidad de las retenciones. Destacó, en resumen, que no solo daña a los productores, sino a la sociedad como país debido a que son un obstáculo que paraliza al sector y no le permite expresar su potencial.

“Mientras hacíamos el discurso debatimos si íbamos a hablar en tono pesimista u optimista, pero decidimos que íbamos a ser realistas. Tenemos que reconocer los avances que ha habido en el país desde el año pasado y lo que falta por hacer, pero sabemos a dónde no queremos volver”, expresó y se volteó para mirar al Presidente, quien le sonrió.

Y siguió: “Si tuviéramos las condiciones adecuadas, podríamos producir el doble de lo que hacemos. La función del Estado no es ni reemplazar ni trabar nuestra actividad, debe generar condiciones que permitan la producción. Los argentinos no podemos perder otra oportunidad. ¿Cuáles son las condiciones que pedimos? Que se continúe reduciendo la carga impositiva, para liberar nuestra capacidad productiva. Esto incluye, ante todo, eliminar las retenciones. Pero también eliminar las superposiciones impositivas. Un caso importante es el impuesto a los ingresos brutos establecido por algunas provincias, cuyo peso monetario es tal que en algunos casos iguala o supera al de las retenciones”.

En otro tramo de su alocución, Pino habló de Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), recientemente reestructurada por el Gobierno a través de cambios en el directorio y la apertura de retiros voluntarios: “Debe seguir existiendo. Debe dedicarse a la investigación y al desarrollo al servicio de los productores; seguir trabajando en el campo de la biotecnología y continuar desarrollando nuestras herramientas, adaptando las tradicionales y dando acceso a las nuevas, incluidas la inteligencia artificial y la robótica”. (DIB)

El presidente Javier Milei se reunió este martes con los integrantes de la denominada Mesa de Enlace del campo y si bien les prometió que las retenciones son el próximo impuesto a bajar y de manera definitiva, no dio un plazo concreto. 

Acompañado por su hermana Karina, Milei llegó instantes después de las 10 y, tras ser recibido por el titular de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, mantuvo una reunión con los dirigentes del campo. Allí estuvieron además el presidente de Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), Lucas Magnano; Andrea Sarnari, de Federación Agraria Argentina; y Carlos Castagnani, de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

Durante las casi dos horas que duró el encuentro, el mandatario analizó las problemáticas que enfrenta el sector, y marcó su entusiasmo por las “oportunidades que se van abriendo para la Argentina” a partir de la apertura de mercados internacionales. “Hablamos de varios temas, pero el Presidente hizo mucho hincapié en la apertura de Argentina al mundo y en la responsabilidad que tenemos como productores de encarar este desafío”, explicó Pino tras el encuentro.

Sin embargo, el campo no se llevó un anuncio concreto, como se ilusionaba. En ese sentido, Milei ratificó su compromiso de que las retenciones a las exportaciones están “en la mira” y que será el próximo impuesto que buscará reducir. Según Sarnari, la promesa es que la próxima rebaja de retenciones será “definitiva y no transitoria, como ha sucedido hasta ahora”.

Cuando le consultaron sobre los plazos, la titular de la FAA señaló: “No dio fechas exactas, sí se llevó el compromiso de que lo va a hacer prontamente, ni bien pueda”.

En tanto, Magnano destacó el “gesto” del Presidente de dialogar con la Mesa de Enlace, dado que no estaban “acostumbrados”, pero advirtió que eso no implica que deban “dejar de reclamar y plantear todos los problemas”.

Además de los tributos a la exportación, la agenda incluyó el análisis de la falta de rentabilidad en las economías regionales, la infraestructura nacional -con especial énfasis en los caminos rurales- y la problemática de la barrera patagónica, que incide en la movilidad de productos agropecuarios hacia y desde el sur del país. Los dirigentes rurales plantearon sus reclamos en materia de logística y competitividad, al señalar que la deficiente infraestructura impacta de forma directa en los costos y las posibilidades de expansión del sector.

Cabe recordar que a fines de junio, el Gobierno oficializó la continuidad de las retenciones reducidas para la cebada y el trigo. Y, por ahora, regresaron a su nivel anterior las alícuotas para soja, maíz, girasol y sorgo. Mientras que las alícuotas volvió a 33% para los granos de soja , pasó a ser de 12% para maíz. (DIB)

El encuentro, adelantado por Nicolás Pino -titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y uno de los dirigentes con mayor llegada al jefe de Estado- tendrá una agenda abierta para abordar las principales inquietudes del agro. Pino calificó la reunión como “todo un gesto” y subrayó la disposición del Gobierno para tratar “los temas que nos preocupan al sector”, según lo cita la agencia Noticias Argentinas.

Entre los planteos previstos, las entidades del campo priorizarán la eliminación de los derechos de exportación, además de expresar su preocupación por eventuales cambios en el INTA y la posible eliminación de la “barrera sanitaria” en la Patagonia.

La reunión coincidirá con el ingreso de los primeros ejemplares vacunos a la tradicional Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional, que se llevará a cabo en el predio de Palermo entre el jueves 17 y el domingo 27 de este mes, y que contará con la presencia del Presidente en su jornada de cierre. (DIB) GML

En un emotivo acto realizado en el hall del palacio municipal, el intendente Javier Gastón encabezó la entrega de reconocimientos a los soldados conscriptos bajo bandera durante la guerra de Malvinas, residentes en Chascomús.

La actividad se llevó a cabo en el marco del decreto municipal N° 417/2025, que establece la eximición de por vida del pago de tasas municipales y del impuesto automotor para ex combatientes y movilizados en el conflicto bélico de 1982.

Durante la ceremonia, cada uno de los vecinos homenajeados recibió de manos del intendente una credencial que acredita el beneficio. 

“Este merecido reconocimiento forma parte de un marco más amplio de acciones y beneficios para mejorar su calidad de vida y fomentar su bienestar general”, expresó Gastón en sus palabras ante los presentes.

Del acto participaron también el secretario de Cultura, Deporte y Relaciones Institucionales, Pablo Nápoli; el director de Relaciones Institucionales, Oscar Giménez; y la directora de Recaudaciones y Atención al Ciudadano, Rosana Zabaleta.

La jornada concluyó con un café compartido por los presentes, espacio propicio para el intercambio de recuerdos, anécdotas y emociones de quienes cumplieron su servicio durante el conflicto del Atlántico Sur.

Aquellos beneficiarios que aún no hayan retirado sus credenciales pueden acercarse a las oficinas del Palacio Municipal para solicitarlas.

El Gobierno anunció una eliminación de varios impuestos que pagan autos y motos, lo que llevará a una rebaja de los precios de los modelos que cuestan por encima de los $ 41 millones. Además, fomentará la importación de vehículos eléctricos e híbridos de bajo costo, según expresó el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo en sus redes sociales.

Caputo comentó que se trata de un ajuste en la política tributaria que busca estimular el consumo interno y la transición hacia tecnologías más limpias.

“Seguimos bajando”

El texto publicado por el ministro en X se titula “SEGUIMOS BAJANDO IMPUESTOS”, y allí refiere: “A partir de la semana que viene, eliminaremos impuestos para reducir los precios de los autos y las motos”.

Explica que “se eliminarán los impuestos internos para los autos de entre 41 y 75 millones de pesos, que hasta ahora pagaban una alícuota del 20% y se reducirá la alícuota para los autos de más de 75 millones, del 35% al 18%”.

Esto, según asegura Caputo, “va a impactar en una reducción del precio de venta de estos vehículos de entre un 15% y un 20%, lo que seguramente producirá un aumento en la demanda del mercado”.

Destaca además que “bajarán a cero los aranceles para la importación de autos eléctricos e híbridos de bajo precio FOB con la intención de que haya opciones de vehículos más económicos. Habrá un cupo anual de 50 mil autos a ser importados en esta categoría”.

En cuanto a las motos, el ministro de Hacienda afirmó que “se eliminarán los impuestos internos” de estos vehículos “de un precio de entre 15 y 23 millones de pesos, que hasta ahora pagaban un impuesto del 20%”.

Rebajas

La medida anunciada por el funcionario alcanzará a modelos como los SUV importados Honda CR-V, Nissan X-Trail, Hyundai Tucson, Kia Sportage, Ford Kuga, Peugeot 3008, o el Baic X55II Plus. También al nuevo Alfa Romeo Tonale Mild-Hybrid o el Renault Mégane E-Tech, por citar dos ejemplos de modelos que tienen un precio más alto por su tecnología electrificada de propulsión.

Se espera que la rebaja para estos modelos ronde el 20%, con lo que los modelos que hoy tienen un precio aproximado a los $ 65.000.000 deberían costar cerca de $ 50.000.000. (DIB)

De acuerdo a la argumentación que el gobierno incluyó en la introducción al proyecto, el objetivo es “sostener (en 2025) la misma presión tributaria alcanzada en 2024”, es decir que no haya aumento de impuestos en términos reales.

En ese marco, el Impuesto Inmobiliario tendrá tope de aumento del 28% para todo el año, tanto en la versión Urbana (edificado y baldío) como la Rural. El cálculo se hace comparando la cuota cinco de este año con la primera el próximo.

En el caso de Patentes, el tope es del 19% -con la misma fórmula de cálculo-, aunque aplica para los vehículos de mayor valuación, que tributan más. El promedio de aumento estará sensiblemente por debajo de ese nivel, explicaron a DIB fuentes del oficialismo.

Un capítulo clave para este año serán las bonificaciones. En el caso del Inmobiliario Urbano y en Patentes serán del 10% por pago anual y del 5% por buen contribuyente, es decir por estar al día con el tributo. En ese punto, ARBA lanzó a principios de este mes un plan de pago de deudas que contempla cuotas y descuentos.

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En el caso del Inmobiliario Rural, los descuentos serán del 5% por pago con débito y 5% por buen contribuyente, dos beneficios que este año no habían regido. Además, el gobierno estudia un pedido de las organizaciones ruralistas para establecer un descuento adicional por pago anual, que hasta ahora no había regido para este impuesto.

El gobierno no modificó las alícuotas de Ingresos Brutos y quitó el adelanto a grandes empresas, y tampoco modificó Sellos ni Transmisión Gratuita de Bienes (Herencia), que tendrán los mismos porcentajes que el año pasado. (DIB) AL

El Ministerio de Economía nacional avaló este lunes la emergencia agropecuaria en unos 50 distritos de la provincia de Buenos Aires, algo que venía dilatando desde principio de este año.

La Resolución 946/24 publicada en el Boletín Oficial con firma del ministro Luis Caputo contiene dos declaraciones. Una emergencia agropecuaria va desde el 1° de noviembre de 2023 y hasta el 31 de enero de 2024 y abarca a explotaciones agrícolas, forestales y frutihortícolas. La segunda va desde el 1° de noviembre de 2023 y hasta el 30 de abril de 2024, pero abarca a explotaciones ganaderas, tamberas y apícolas.

Desde hace meses el Gobierno de Axel Kicillof venía reclamando estas declaraciones. A través del ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, venía denunciando que la administración libertaria mantenía planchada la emergencia para cientos de productores que no podían acceder a las exenciones impositivas nacionales.

Ambos casos son por sequía y para los mismos cincuenta distritos: Bahía Blanca, Puán, Patagones, Junín, Bolívar, Tornquist, Carlos Casares, General Alvear, Magdalena, Nueve de Julio, General Viamonte, Rauch, Villarino, General Arenales, Tordillo, Saladillo, Suipacha, Carlos Tejedor, Trenque Lauquen, Alberti, General Villegas, Pila, San Andrés de Giles, General Belgrano, Adolfo Alsina, Coronel Rosales, Pergamino, Lobos, Bragado, Rivadavia, Chascomús, Saavedra, Lincoln, Azul, Chacabuco, Adolfo Gonzales Chaves, Chivilcoy, General Las Heras, San Antonio de Arco, Navarro, Monte, General Lavalle, Dolores, Tres Arroyos, Luján, Maipú, Veinticinco de Mayo, Rojas, Guaminí, Ramallo y General Madariaga.

La homologación de la emergencia agropecuaria por parte del Gobierno nacional permite a los productores afectados acceder a la prórroga del vencimiento del pago de impuestos que graven el patrimonio, capitales o ganancias de las explotaciones afectadas; la suspensión por parte de AFIP de la iniciación de juicios de ejecución fiscal para el cobro de impuestos adeudados hasta el período siguiente a la finalización del período de emergencia o desastre; y la posibilidad de deducir en el balance impositivo del impuesto a las ganancias el 100% de los beneficios derivados las ventas forzosas de hacienda bovina, ovina, caprina o porcina.

Además, en el marco de la Ley Nacional, la AFIP también podrá establecer la exención total o parcial del pago del impuesto a los Bienes Personales sobre los bienes ubicados en las explotaciones agropecuarias sobre los inmuebles rurales arrendados si se encuentran en zona de desastre. Al mismo tiempo, el organismo podrá determinar la exención de otros tributos como Ganancias, el componente impositivo del Monotributo y las contribuciones a la Seguridad Social.

En tanto, a partir de la homologación nacional, los productores que estén inscriptos en el régimen simplificado del Monotributo podrán gozar de la prórroga del pago del componente impositivo y una reducción del 50% si están englobados en el estado de emergencia y del 75% si se trata de zona de desastre. (DIB)

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) informó que se encuentra vigente la exención del Impuesto Inmobiliario Urbano para jubilados y pensionados, un beneficio que alcanza a más de 40 mil personas, quienes ya no deben abonar este tributo, aliviando su carga fiscal en un contexto económico desafiante.

“Desde el gobierno de Axel Kicillof nos esforzamos día a día por proteger a las jubiladas y jubilados, quienes han trabajado incansablemente, atravesando todo tipo de adversidades, para construir este país. Mientras el gobierno nacional de Milei avanza con ajustes que afectan a los sectores más vulnerables, la provincia defiende sus derechos con políticas concretas. La prioridad en Buenos Aires es clara: quienes más necesitan, primero”, señaló Cristian Girard, Director Ejecutivo de ARBA.

Para acceder a la exención del Impuesto Inmobiliario, las personas deben cumplir con los requisitos establecidos en el Código Fiscal. Es necesario ser titular de un único inmueble edificado destinado a vivienda familiar, cuya valuación fiscal no supere los $6 millones en 2024.

El trámite se puede iniciar de manera online a través de la página web de ARBA, utilizando el CUIT y la clave CIT. Una vez completada la solicitud, el beneficiario deberá presentar en el Centro de Servicios más cercano la documentación requerida, que incluye DNI, escritura del inmueble, comprobante de cobro de jubilación o pensión, y el histórico de haberes de ANSES o IPS. Para personas casadas o viudas, será necesario también adjuntar el certificado de matrimonio o el certificado de defunción del cónyuge, según corresponda.

Esta medida se enmarca dentro de las políticas de simplificación tributaria impulsadas por ARBA, cuyo objetivo es facilitar los trámites y garantizar la justicia fiscal para quienes más lo necesitan. (DIB)

El Ministerio de Justicia anunció este viernes que reducirá impuestos para los trámites de compra y venta de autos. La medida que busca “reducir la burocracia de los registros automotor” se da en el marco de una merma de 3%, en los primeros siete meses del año, en la venta de autos 0 km.

Según informó la cartera que conduce Mariano Cúneo Libarona, a partir de ahora se reduce a 1% el arancel de las transferencias y ya no se cobrará la emisión de cédulas, títulos, patentes ni la certificación de firmas. Además, se digitalizan los legajos para realizar los trámites. Y los usuarios podrán elegir el registro que prefieran para hacer el trámite.

A través de un comunicado que tituló “Desarmando la burocracia de los registros automotores: menos costos y libertad para elegir”, desde ministerio señalaron que la medida ratifica su “compromiso por desarmas los negocios espurios detrás de los Registros Automotores y mejorar la vida de los argentinos”.

Desde el Gobierno señalaron que el impacto por la baja en el arancel de las transferencias y la bonificación en la emisión de cédulas, títulos y patentes, redunda en que “regresan al bolsillo de los argentinos más de $ 36.000 millones de pesos por año”. La medida es aplicable para autos de industria nacional e importados, precisaron.

Cúneo Libarona destacó que “a partir de ahora los argentinos son libres de decidir en qué registro automotor hacer sus trámites, el Estado ya no los obliga a ir a uno puntual”.

Además, se indicó que la decisión de digitalizar los legajos automotores implica un ahorro mensual de $ 1.300 millones de pesos. que se gastaban por el traslado de la documentación a través del correo. “En pleno siglo 21 es inaudito que todo el trámite se hiciera en papel, con los costos y tiempo de traslado que eso implica”, dijo el ministro.

Desde el Gobierno también señalaron que se estableció “un tope máximo a las ganancias que pueden percibir los encargados de los registros automotores”. Para Cúneo Libarona, es “un paso más para terminar con el curro de los registros”. (DIB)

Mediante el Decreto 661/2024, el Gobierno oficializó cambios en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes o Monotributo. Se elevan los montos de facturación de manera significativa y se establece que las actualizaciones se harán dos veces al año: en enero y julio.

Las modificaciones estaban incluidas en el paquete fiscal que aprobó el Congreso a fines de junio, las llamadas Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes.

Además de los aumentos en los montos de facturación, que van del 201% al 301% según la categoría, el decreto establece que la AFIP “efectuará las actualizaciones dispuestas (…) en los meses de enero y julio de cada año considerando, en cada caso, la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que suministre el INDEC.

Y otro de los puntos sobresalientes de la normativa afirma que “si las personas habían renunciado al Régimen, pero continúan con su actividad, podrán volver a adherir al RS en cualquier momento -en la medida en que cumplan con ciertas condiciones exigidas- en la categoría que les corresponda, sin los beneficios”.

Por otra parte, el decreto dispone que cuando de la proyección anual “surja que el sujeto queda excluido del régimen, por haberse superado los límites máximos aplicables, el pequeño contribuyente permanecerá dentro del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), debiendo encuadrarse -hasta la próxima recategorización semestral-, en la Categoría K”.

Estos son los aumentos en los montos de facturación de acuerdo con la categoría.

Categoría A: pasará de $ 2.108.288,01 a $ 6.450.000 lo que representa un alza de 206%

Categoría B: pasará de $ 3.133.941,63 a $ 9.450.000 lo que representa un alza de 202%

Categoría C: pasará $ 4.387.518,23 a $ 13.250.000 lo que representa un alza de 208%

Categoría D: pasará de $ 5.449.094,55 a $ 16.450.000 lo que representa un alza de 202%

Categoría E: pasará de $ 6.416.528,72 a $ 19.350.000 lo que representa un alza de 202%

Categoría F: pasará de $ 8.020.660,9 a $ 24.250.000 lo que representa un alza de 203%

Categoría G: pasará de $ 9.624.793,05 a $ 29.000.000 lo que representa un alza de 202%

Categoría H: pasará de $ 11.916.410,45 a $ 44.000.000 lo que representa un alza de 270%

Categoría I: pasará de $ 13.337.213,22 a $ 49.250.000 lo que representa un alza de 269%

Categoría J: pasará de $ 15.285.088,04 a $ 56.400.000 lo que representa un alza de 269%

Categoría K: pasará de $ 16.957.968,71 a $ 68.000.000 lo que representa un alza de 301%

El detalle de cada categoría puede verse en el siguiente cuadro, extraído de la web de la AFIP:

Además de incrementarse los montos de facturación, también aumentan las cuotas impositivas, de seguridad social y obra social. La cuota impositiva aumenta entre el 278% y 510%;  la de seguridad social entre el 212% y 343%, y la de obra social entre 212% y 214%.

Sumando todos los parámetros, las cuotas a pagar irán de $ 26.600 (categoría “A”) hasta $ 280.734 (categoría “H”). Actualmente, los montos van de $ 12.128 a $ 66.111. (DIB) MM

El Gobierno de Javier Milei decidió elevar los impuestos al combustible líquido (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), que se trasladará directo al precio del litro de nafta y gasoil a partir de este sábado 1° de junio, por lo que el salto del precio podría llegar hasta el 20%.

Mediante el decreto 466, publicado este martes en el Boletín Oficial que lleva las firmas de Milei, el exjefe de Gabinete, Nicolás Posse y el ministro de Economía, Luis Caputo, el Ejecutivo estableció un nuevo cronograma para subir los impuestos fijados para los combustibles virgen. De esta manera, entre el 1 y el 30 de junio se aplicarán las subas a esos tributos por el cuarto trimestre de 2023 y al primer trimestre de este año.

Cabe recordar que el 1° de junio vence la prórroga del mencionado tributo, y el Ejecutivo tenía que decidir si continuaba con el congelamiento dispuesto a fines de abril o si volvía a actualizarlo de acuerdo a la inflación. El argumento que se utilizó para postergar el incremento al ICL en mayo tenía que ver con “estimular el crecimiento garantizando un sendero fiscal sostenible”. Sin embargo, ahora la cartera a cargo de Caputo dispuso la actualización del tributo que tendrá un trasladado a la nafta y el gasoil en surtidores -de YPF, Shell, Axion y Puma Energy– con efectos en la inflación.

“Con el fin de estimular el crecimiento de la economía garantizando un sendero fiscal sostenible, resulta razonable diferir parcialmente los efectos de los incrementos que resultarían aplicables a partir del 1° de junio de 2024 para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil”, sostiene el decreto. Y se remarca que los “hechos imponibles que se perfeccionen desde el 1° de julio de 2024, inclusive, deberá considerarse el incremento total en los montos de impuesto”.

En lo que va de 2024, los precios de las naftas y el gasoil acumulan un alza de 57% promedio. Si se confirma que las petroleras trasladas esta suba de impuestos a los precios en torno al 20%, el litro de nafta súper en la Ciudad de Buenos Aires escalará unos $178 sobre los valores vigentes. La súper rondaría los $1.048 y la premium $1.195. Para el gasoil, el ajuste sería del 11% y haría saltar el litro $121. (DIB)

El gobierno anunció hoy una baja de los aranceles y los impuestos al sector automotriz, que explica el 10% de la producción industrial del país, con el objetivo de mejorar su competitividad.

La novedad fue comunicada por el ministro de Economía, Luís Caputo, a través de un post en X en el que señaló que la intención es “impulsar el crecimiento del sector” que actualmente “genera más de 75.000 empleos”.

En su cuenta de la red social X, Caputo informó además que se mantendrá la exención de derechos de exportación para las ventas al exterior incrementales -que estaba vigente desde 2021- y se sistematizará y digitalizará el Régimen de Reposición de Existencias (Repostock).

El régimen “repostock” busca mejorar la competitividad de las empresas argentinas en el exterior mediante la eliminación de parte de los impuestos que pagan a los insumos importados. Establece condiciones y beneficios en la importación temporal de mercaderías para la industria y su posterior exportación para consumo.

Por su parte, los beneficios para las importaciones incrementales consisten en la reducción a cero de los derechos de exportación por las ventas al exterior que superen las realizadas en 2020.

“Estas medidas permitirán que los proveedores vendan partes a las terminales con una rebaja de aranceles e impuestos y que se genere una caída en el costo de las autopartes nacionales con destino a exportación”, destacó el funcionario.

Según lo dispuesto por Economía, los aranceles de moldes de metal usados por la industria automotriz pasarán del 35% al 12,6%, mientras que los moldes de inyección plástica pasarán del 24% al 12,6%.

Con el objeto de mejorar la competitividad e impulsar el crecimiento del sector automotriz, lanzaremos una rebaja de aranceles e impuestos que beneficiará a este sector que actualmente tiene el 10% de la producción total industrial y genera más de 75 mil empleos.Se mantendrá…

A partir de junio, también se homologarán los ensayos de Licencias para la Configuración de Modelos (LCM) con Brasil para que no sea necesario duplicar aquellos ensayos que ya están reconocidos por el país vecino y viceversa, de acuerdo con la información oficial.

Según los últimos datos del sector difundidos por la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), la producción de vehículos en el país fue de 43.159 unidades, un 15,1% más respecto de febrero y 29,4 % menos respecto del  mismo mes del año pasado.

Esta industria exportó 23.484 vehículos en el tercer mes del año, con lo cual registró 0,4 % menos en su comparación con febrero, y 27,6 % por debajo del volumen que se contabilizó en marzo de 2023.

En ventas mayoristas, el sector automotor comercializó a la red de concesionarios 30.176 unidades en marzo, 9,2% menos comparado con el mes anterior, y 20,8 % por debajo de marzo del año pasado.

En el acumulado del primer trimestre, el sector produjo un total de 103.293 vehículos, un 23,2% menos respecto de las 134.574 unidades que se produjeron en el mismo período del 2023. (DIB)

Los profesionales de la salud pública bonaerense enrolados en Cicop advirtieron que el Gobierno nacional busca eliminar la exención del impuesto a las Ganancias que rige para médicos que realizan guardias y horas extras.

“Nadie estará dispuesto a trabajar más y ganar menos. La ciudadanía se verá perjudicada”, alertó Pablo Maciel, el secretario General de Cicop.

De prosperar esta medida regresiva, sostuvieron que “serán más frecuentes los servicios de emergencia sin planteles completos” y que esta situación “quebrantará el derecho al acceso a la salud de la población”.

Repudio total! El gobierno nacional además de restablecer el impuesto al salario propone suprimir las excepciones que los trabajadores de la salud habíamos conseguido para que las guardias no sean computadas para el mencionado impuesto. Es un enorme retroceso que no solo golpea… pic.twitter.com/HoexZPnLnK

A través de un comunicado de prensa, el gremio manifestó que “el Gobierno libertario, además de restablecer el impuesto al salario, propone suprimir las exenciones que los trabajadores de la salud habíamos conseguido para que las guardias y horas extras realizadas no sean computadas para el mencionado impuesto”.

Al respecto, Maciel consideró que “es un enorme retroceso que no solo golpea el bolsillo de los trabajadores sino que también pone al sistema de salud en una situación muy delicada. Nadie estará dispuesto a trabajar más y ganar menos. Lamentablemente, la población se verá perjudicada encontrando con mayor frecuencia el cartel ‘no hay médico de guardia’ en los efectores de salud”.

Contrariamente, “desde CICOP recalcamos la importancia de jerarquizar el salario de los profesionales de la salud para poder sostener un sistema público de salud que viene con una demanda creciente -y proyectamos una demanda mayor- producto del aumento de las prepagas y el desfinanciamiento de las obras sociales”, agregó Maciel.

Cabe señalar que el Gobierno de Javier Milei envió en las últimas horas la nueva versión de la Ley de Bases, que abarca cuestiones fiscales, económicas y de reforma del Estado. Uno de los principales temas es la modificación del Impuesto a las Ganancias.

El proyecto contempla la eliminación de exenciones fiscales vigentes, como las diferencias entre horas extras y ordinarias en días feriados, bonos por productividad y los ingresos de guardias médicas, entre otros. (DIB)

Por Carlos Alvarez Correa.alvarezcorreacarlos@yahoo.com | @la.voz.del.productor

¿Será una nueva experiencia violar la ley para los productores?.

Hemos tratado de analizar cómo puede organizarse una sociedad sin pagar impuestos. La verdad que detestamos pagar impuestos. No le gusta a ningún productor. Pero no encontramos otra forma de organizarnos que no sea a través del pago impuestos y un Estado ordenador.Muchas veces transitamos rutas que se hacen con impuestos. No nos damos cuenta pero es el único camino. Lo que irrita, es ver que esos impuestos se administran mal, o se administran para “la política”.

El sector de los productores agropecuarios, “los tranqueras adentro”, están cansado que la carga impositiva sea del 67 % de nuestra actividad -según datos de una Fundación para el Desarrollo Argentino (FADA).-

Entonces vemos que a un Diputado Nacional, -que se encuentra al día con sus impuestos en ARBA y que no se le conoce un proyecto de ley en la materia- incita a los productores agropecuarios a una “rebelión fiscal”. Una propuesta antidemocrática.-

Realmente los productores cuando escuchan rebelión fiscal, tienen una satisfacción inicial, pero al poco de analizar la mayoría de productores piensan y dicen: “no puedo dejar de pagar”.

QUE HACE EL PRODUCTOR – ¿DEJA DE PAGAR?

La gente de campo, es gente de trabajo productivo, quieren trabajar y vivir dignamente de su “producción”. Es ilícito incitar a una medida extrema utilizando nuestra bronca?, ¿Solo para satisfacer el odio contra un Gobernador?.

El Diputado siempre se encuentra enemistado de contra toda propuesta humanista que pueda pensar en la gente que trabaja diariamente. Y debe saber que los productores agropecuarios son gente también y no gozan con el hambre del paisano de campo, pero no gozan con el hambre de nadie.

En el campo hay serias dificultades cuando pagan tasas municipales, que aumentan más que en el impuesto inmobiliario de la Provincia de Buenos Aires. Tienen problemas cuando pagan impuestos a las ganancias, cuando pagan el IVA, cuando pagan las guías de transporte, cuando pagan las vacunas antiaftosas carísimas. Todo es dinero que no vuelve.

El problema es la “capacidad contributiva”. El productor no puede pagar más impuestos.

¡Si! Tienen problemas y bronca. Pero creen que los mecanismos extremos no lo van a llevar a ningún destino.

¿CUAL ES EL CAMINO ENTONCES?

La provincia de Buenos Aires aumentó el impuesto inmobiliario un 200 % y actualizó las valuaciones fiscales. Lo dijimos desde el primer momento. SI hay inconsistencias, la salida es la acción colectiva o la acción de certeza judicial. Le exigíamos a las entidades rurales del campo de la Provincia de Buenos Aires, Carbap principalmente, que accione judicialmente.

Sr. Diputado…..Usted está en el Congreso, es una institución democrática donde se discuten las leyes, en vez de calentarle la cabeza, le pregunto: ¿cuántos proyectos presentó en materia impositiva?

Pero CARBAP marcó el camino. La entidad rural, finalmente inició las acciones judiciales para determinar si el aumento del impuesto inmobiliario rural se adjunta a la ley y por sobre todo si “es justo”, en función de la capacidad contributiva de los productores.

La disputa esta saldada. La entidad rural marcó correctamente el camino, dentro del marco del sistema democrático e involucró al Poder Judicial, para que este como intérprete constitucional determine las obligaciones y derechos de los productores. Solo resta la respuesta institucional a través de una resolución judicial. El camino está en el marco de la democracia.

Ahora eso no quita que el productor se manifieste, se exprese y se movilice…..por tal, la propuesta del diputado nos deja un sinsabor de quien nunca presentó un proyecto legislativo en la materia; por ejemplo de eliminación de las retenciones o de evitar la cartelización de los precios agropeucuarios.