El Poder Ejecutivo avanzó con la presentación de la Ley de Modernización Laboral, un paquete integral que introduce cambios profundos en l as normas de empleo, registración, negociación colectiva y contribuciones patronales. La reforma, que llega en medio de un replanteo general del esquema regulatorio argentino, incluye medidas de desburocratización, reducción de litigiosidad y nuevos incentivos para la contratación formal.

La iniciativa, que ingresó al Parlamento a través del Senado, abarca 79 páginas y detalla uno por uno los cambios que el oficialismo pretende introducir en la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo, la columna vertebral de la legislación laboral argentina.

El texto constituye la apuesta más ambiciosa de la gestión Milei para flexibilizar las condiciones de contratación y despido, redefinir derechos individuales y colectivos, y avanzar en una reducción permanente de las contribuciones patronales. En términos prácticos, el proyecto plantea un nuevo marco normativo que impacta de manera directa en la forma en que se organizan, se remuneran y se extinguen las relaciones laborales.

Uno de los ejes centrales del proyecto es la creación del registro laboral centralizado en ARCA, que pasará a ser la única instancia válida de inscripción de trabajadores. A partir de esta modificación, ningún organismo podrá exigir requisitos adicionales, lo que busca simplificar trámites y unificar la información laboral en un solo sistema.

La Ley también introduce cambios amplios en el Régimen de Contrato de Trabajo. Entre ellos, la redefinición de qué conceptos integran las indemnizaciones, mayores posibilidades de pactar remuneraciones en moneda extranjera y un reordenamiento del tiempo de trabajo que permite nuevas modalidades de compensación horaria. Además, se endurecen los requisitos para las certificaciones médicas y se incorpora un esquema más amplio de beneficios no remunerativos.

En materia judicial, el Gobierno impulsa un cambio clave: las indemnizaciones previstas en la Ley de Contrato de Trabajo pasarán a ser la única vía de reparación posible ante un despido. D e esta manera, se elimina la posibilidad de iniciar reclamos adicionales por daños y perjuicios basados en el Código Civil y Comercial, con el objetivo declarado de reducir la litigiosidad.

Otro punto central es la reforma de la negociación colectiva. Se limita la llamada “ultraactividad”, que mantenía vigentes todos los convenios vencidos de manera indefinida.

Con la nueva norma, solo seguirán en pie las cláusulas normativas hasta que haya un nuevo acuerdo o una prórroga expresa. También se fortalece la autonomía de los convenios sectoriales de menor alcance y se reglamenta el carácter no remunerado de las asambleas sindicales.

Se habilita, asimismo, la conformación de los denominados "bancos de horas" que habilita a que las partes acuerden un régimen de compensación de las "horas extraordinarias" del trabajador siempre que se respeten las 12 horas de descanso mínimo legales (entre jornada y jornada, y de descanso semanal). Este esquema permitiría compensar tiempos dentro de la jornada laboral sin generar horas extra tradicionales, por ejemplo, acordando una reducción de carga horaria en momentos de menor demanda o la generación de francos compensatorios.

La iniciativa incorpora, además, la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), al que los empleadores deberán aportar un 3% del salario de cada trabajador.

Ese fondo, administrado por entidades supervisadas por la Comisión Nacional de Valores, será inembargable y estará destinado exclusivamente a financiar indemnizaciones y otros pagos previstos por ley.

La reforma propone una reorganización del régimen de vacaciones con mayor flexibilidad para empresas y trabajadores. Establece que el período anual deberá otorgarse entre el 1° de octubre y el 30 de abril, aunque las partes podrán pactar fechas diferentes.

Se introduce la posibilidad de fraccionar las vacaciones en tramos nunca inferiores a siete días y se garantiza que cada trabajador pueda disfrutar vacaciones en verano al menos una vez cada tres años. También se regula el procedimiento en caso de interrupción por enfermedad, obligando a reprogramar los días pendientes.

El texto amplía la definición de conceptos remunerativos y no remunerativos. Los llamados beneficios sociales —comedor, reintegros médicos, guardería, útiles escolares, cursos, etc.— se consolidan como no remunerativos, sin aportes ni contribuciones. Se habilita la creación de componentes remunerativos dinámicos (fijos o variables) por negociación colectiva o decisión unilateral, los cuales no generan derechos adquiridos: no aplican ultraactividad ni continuidad tácita. Además se exige que todo salario en dinero sea abonado por acreditación bancaria o medios electrónicos, y se actualiza el régimen de recibos y deducciones.

La reforma impacta directamente en la ultraactividad: los nuevos componentes remunerativos variables no generan ultraactividad, aun tras largo tiempo de aplicación.

Se especifican los requisitos para acreditar la incapacidad. Se establece la exigencia de que los certificados médicos contengan diagnóstico específico, tratamiento y cantidad de días de reposo. Además, se prevé que sean emitidos por personal médico habilitado.

Se regula la exigencia de una junta médica en caso de discrepancia entre los profesionales.

Para incentivar la formalización, se establece el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), que regirá durante un año y otorgará contribuciones patronales reducidas -del 2% por cuatro años- a quienes contraten a personas sin empleo formal reciente, monotributistas, desocupados o exempleados públicos. A su vez, la reforma contempla una reducción general de contribuciones, fijada en 17,40% para empleadores de grandes servicios y comercio, y en 15% para el resto del sector privado.

El proyecto incluye también un régimen especial para trabajadores de plataformas, como repartidores y choferes, a quienes se reconoce como prestadores independientes con requisitos operativos y de cobertura específicos para las empresas que administran las aplicaciones.

Finalmente, la ley incorpora otros cambios vinculados al sistema tributario y al clima de inversiones, como la reducción de alícuotas del Impuesto a las Ganancias corporativo y la creación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones, que promueve la amortización acelerada.

El texto del proyecto cierra: “Con estas medidas propuestas, el proyecto continúa en la senda de simplificación y ordenamiento normativo que el Gobierno viene impulsando desde el inicio de su gestión, orientada a eliminar distorsiones, depurar afectaciones, unificar criterios, dotar de neutralidad al sistema, simplificar y reducir costos de cumplimiento. Este proceso se guía por un principio innegociable: resguardar el equilibrio fiscal que tanto esfuerzo demandó alcanzar”.

Se mantiene la obligación del trabajador de sostener el empleo al trabajador que presente una disminución definitiva como consecuencia de accidente o enfermedad, pero se habilita la reducción del salario para que sea acorde a las nuevas condiciones de categoría y jornada.

Se elimina la exigencia del empleador de preavisar durante el periodo de prueba.

El proyecto introduce regulaciones que reconfiguran el rol gremial en ciertos casos. Por ejemplo, los trabajadores eventuales no podrán ocupar cargos sindicales que impliquen tutela. Limita deducciones automáticas a favor de sindicatos sólo cuando provengan de leyes, estatutos o convenios de empresa signatarios, requiriendo consentimiento expreso del trabajador en el resto de los casos.

Asimismo, se establece que los acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios deberán contar con intervención judicial o administrativa para ser válidos, reforzando controles sobre prácticas sindicales vinculadas a conciliaciones.

Huelga y los servicios esenciales o actividades de importancia trascendental. Se insiste con la reforma dispuesta por el Decreto 70/23 respecto al derecho de huelga y sus limitaciones en materia de servicios esenciales o actividades de importancia transcendental.Modificaciones a la Ley 14.250 sobre Asociaciones Sindicales

Límite a realizar Asambleas. Se dispone el deber de la asociación sindical de contar con autorización previa del empleador para la celebración de una asamblea tanto donde se realizará el horario y el tiempo de su duración y en caso de que se realice dentro del establecimiento deberá requerir autorización respecto del lugar. Además se aclara que el trabajador no devengará salarios durante el tiempo de la misma.Infracciones graves.

Bloqueos de empresa. Se dispone, en línea con el DNU 70/23, entre las conductas prohibidas y consideradas infracciones muy graves, provocar el bloqueo o tomar un establecimiento.

Sindicatos de empresa. Se facilita el procedimiento para la obtención de personería gremial de los sindicatos de empresa.Límite de horas. Se limita a diez (10) horas, el crédito para el ejercicio de las funciones de los delegados del personal.Tutela sindical. Se regula con mayor precisión los límites a la tutela sindical.

Período de prueba. Se extiende de treinta (30) días a seis (6) meses.

Recibo. El recibo deberá ser en forma electrónica.

Constancia bancaria. La constancia bancaria constituirá prueba suficiente.

Se prevé un régimen específico de Servicios Personales de Reparto y Mensajerías que utilizan plataformas tecnológicas a los efectos de establecer reglas adecuadas para promover el desarrollo de la economía de plataformas tecnológicas asegurando la independencia de los repartidores.

Fuente: Agencia DIB 

Luego de arduas negociaciones, la Legislatura bonaerense aprobó el pedido de endeudamiento que había presentado el gobernador Axel Kicillof, quien tuvo que ponerse al día con algunas designaciones e incluso ampliar el directorio del Banco Provincia.

En ese sentido, el jueves ingresó el proyecto para modificar al órgano de gobierno de la banca bonaerense que ahora tendrá un total de 14 sillas. Los cargos quedaron repartidos entre las principales fuerzas políticas de la Legislatura (solo la izquierda y los libertarios se quedaron afuera).

Un dato a tener en cuenta es que de los 14 lugares, 9 asientos tienen voto, mientras que otros cinco no.

Unión por la Patria

Unión y Libertad

PRO

UCR

A esto se le suman los nombramientos en el Consejo General de Cultura y Educación, organismo que ahora preside Flavia Terigi y que tiene la función de asesorar en temas sensibles como planes de estudio, carrera docente y reglamentos educativos. Así quedó conformado:

Finalmente, se aprobaron designaciones en el Tribunal Fiscal de Apelación, un organismo descentralizado encargado de intervenir en litigios vinculados al Código Fiscal.

Fuente: Agencia DIB 

Luego de las quejas de los productores por el fin del esquema de retenciones cero, que tan sólo duro tres días, el Gobierno nacional salió cuestionar el enojo del sector y aseguró este lunes que quienes liquiden sus cosechas a los exportadores va a conseguir un mejor precio.

Así lo expresó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien explicó que la diferencia de precios entre el anterior y el que se liquidó ayer “era mucho más alta”.

“Las exportadoras tienen que salir a buscar granos para cumplir con su obligación de exportar, porque cuando tienen sus fondos para tener el derecho de exportación por los 7.000 millones de dólares, también tiene que tener los granos necesarios. O sea, van a salir al mercado a comprar granos, y los productores van a poder decir: ‘Te lo vendo a tanto’“, afirmó en diálogo con radio Cadena 3 Rosario.

“Los productores tienen sus razones y yo las entiendo, pero tampoco creo que sea el valor que ellos van a recibir el mismo que tenía antes de bajar las retenciones. Va a ser más alto, capaz que no es el de retención 0, pero es de una retención menor de 5% o 10%”, sentenció Francos.

La decisión de suspender temporalmente las retenciones a las exportaciones de granos y subproductos, que quedó sin efecto el miércoles tras alcanzar el cupo de US$ 7.000 millones, provocó una fuerte reacción en el sector rural.

En medio de la polémica por el abrupto final de las retenciones a cero, la Sociedad Rural de Rosario exigió con “firmeza” en una carta abierta al presidente Javier Milei realizar una “baja inmediata y sustancial de los derechos de exportación, tanto para la producción primaria como para la industria y dar inicio a las Reformas Tributaria y Laboral, para reactivar el país”.

Por su parte, la Federación Agraria Argentina, a través de su presidenta Andrea Sarnari, fue categórica: “Al productor pequeño y mediano no lo benefició, ni siquiera cerca le pasó de la tranquera”. Señaló que los agricultores no tenían cosecha disponible y que “en dos días era imposible buscar mejores opciones”.

En la misma línea, Carlos Castagnani, titular de CRA, reconoció la capacidad del agro para alcanzar rápidamente la meta de dólares, pero alertó: “El grueso de los productores no accedió de manera directa a la rebaja de retenciones. El beneficio fue para unos pocos, mientras el esfuerzo sigue siendo de todos los productores”. Y lanzó: “Defendamos el valor de nuestro trabajo y no nos apresuremos a vender los granos”.

Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, la producción total de trigo, maíz y soja en la campaña 2024/25 ascendió a 119,6 millones de toneladas, de las cuales cerca de 12 millones de toneladas se destinan a consumo interno (como forraje en el caso del maíz, para balanceado o semilla en el de soja, etc.). Así, el volumen potencial de ventas internas de trigo, soja y maíz que recoge en sus estadísticas de compras semanales la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP) queda en 107,6 millones de toneladas. (DIB)

El vocero presidencial Manuel Adorni informó que el Gobierno decidió postergar el anuncio de las medidas vinculadas con el uso de dólares fuera del sistema formal. A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, expresó: “No vamos a permitir que el kirchnerismo tenga la oportunidad de acusar de electoralista un paquete de medidas trascendentales”.

La habitual conferencia de prensa de Adorni, que estaba prevista para la mañana, había sido reprogramada para la tarde con el objetivo de oficializar esos anuncios. Sin embargo, a pocos días de las elecciones legislativas en la Ciudad, el Gobierno resolvió suspender la presentación y postergar la difusión del paquete económico.

No vamos a permitir que el kirchnerismo tenga la oportunidad de acusar de electoralista un paquete de medidas trascendentales para todos los ahorristas argentinos, el anuncio económico que tenía preparado el Gobierno Nacional para el día de hoy queda postergado.Fin.

“No vamos a permitir que el kirchnerismo tenga la oportunidad de acusar de electoralista un paquete de medidas trascendentales para todos los ahorristas argentinos, el anuncio económico que tenía preparado el Gobierno Nacional para el día de hoy queda postergado”, remarcó Adorni.

Desde hace varias semanas, el Ejecutivo viene trabajando en una estrategia para captar alrededor de US$ 200.000 millones que, según estimaciones de Casa Rosada, permanecen fuera del sistema formal. Las medidas apuntarían a incentivar el ingreso de esos fondos al circuito legal sin exigir la justificación de su origen. (DIB) GML

El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que desde el Gobierno nacional buscarán avanzar en una serie de desregulaciones para que la gente saque los dólares del colchón y los empiece a usar sin tener que dar explicaciones al fisco sobre el origen de los fondos.

“Queremos que se usen los dólares sin dar explicaciones. Que se usen para comprar lo que sea”, dijo Caputo al hacer referencia a la iniciativa que buscará incentivar a que la gente use la moneda estadunidense que tenga atesorada y no haya blanqueado. En ese sentido, confirmó que se trabaja en una serie de desregulaciones para facilitar el uso de dólares para gastos domésticos. “Hablé del tema y se armó un lío bárbaro. Se dijeron cosas erróneas, otras no tanto”, confesó.

El titular de Hacienda confirmó que se trabaja en una normativa para que los argentinos puedan usar sus dólares no declarados en consumos como electrodomésticos, autos o propiedades. Según explicó, el objetivo principal consiste en remonetizar la economía sin recurrir a la emisión de pesos. “Nosotros no emitimos pesos. Si queremos mantener un crecimiento del 6% con este nivel de monetización, en el mediano plazo es insostenible”, advirtió.

Caputo afirmó que en la actualidad “hay muchísimos más dólares que pesos”, por lo que apuntar a una mayor circulación de esa moneda extranjera permitiría consolidar el nivel de actividad. “Necesitamos que haya más dinero en la economía. Eso es lo que se llama remonetización”, dijo.

Cabe destacar que de acuerdo con datos del Indec, a fines de 2024, los argentinos tenían US$271.247 millones guardados fuera del sistema. Se trata de una cifra que el organismo estadístico actualiza trimestralmente, y se publica el informe “Balanza de pagos, posición de inversión internacional y deuda externa”. Ese número comprende tanto a las divisas (dólares u otras monedas) que se guardan en cajas de seguridad, en cuentas fuera del sistema local o “debajo del colchón”.

El ministro indicó que las medidas tendrán que ver con decisiones que tomarán el Banco Central, el Ministerio de Economía y ARCA. “Para que sea un país normal, nadie te pide explicaciones como gastas la plata”, sumó.

“Es un cambio cultural que hay que explicarlo bien”, sentenció, aunque reconoció que la medida podría generar críticas. “Polémica va a generar siempre, porque del otro lado tenés gente que quiere que al país le vaya mal”, cerró.

En otro tramo de una entrevista en el streaming La Casa, Caputo dio detalles sobre la reforma tributaria en la que trabaja el equipo económico de Milei y que busca “generar competencia” entre las provincias. “En términos del IVA, la idea es generar competencia impositiva entre provincias, particularmente”, adelantó.

Y aunque aclaró que esa reforma no tiene fecha aún porque “los tiempos los define el presidente Javier Milei”, el esquema que él imagina para el IVA sería: “Hoy estamos en niveles del 35%; la Nación aporta un 17% y cuando mirás las provincias están en 15%. La mejor forma es hacerlos competir, entonces, ¿cómo hacés para que tengan incentivo? Con competencia: habrá algunas que digan que les conviene bajarlo porque más empresas se radican y facturan más. Nosotros cobraremos lo que le corresponde a Nación sobre el 21% y las provincias pondrán su propio IVA”. (DIB)

Mientras el Gobierno de Javier Milei insiste en la eliminación definitiva de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), en la oposición predomina la idea de suspenderlas por única vez, estrategia que el PRO procurará instrumentar este año en la ciudad de Buenos Aires.

Desde la administración libertaria salieron este lunes a ratificar que se buscará directamente “eliminar” las PASO y no suspenderlas como aconseja el partido liderado por Mauricio Macri, y en ese sentido planea llamar a sesiones extraordinarias del Congreso para abordar ese tema “a fin de mes o a principios de febrero”.

Si bien desde la Rosada aseguran que no están dispuestos a negociar, habrá que ver cuando la iniciativa llegue al Congreso para su debate si con ayuda de los gobernadores logran su objetivo. Por ahora los votos no están. Por eso, la duda pasa por si, de no lograr el objetivo de máxima, el Ejecutivo accedería a una eventual suspensión este año.

Durante este lunes, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, volvió a la carga con la postura del oficialismo de la necesidad de eliminarlas. “No hay que someter a los argentinos al costo de las PASO que no sirven para nada. En 2025, se podría reducir entre un 35% y un 40% el costo total del proceso electoral si elimináramos las PASO, y que cada partido o frente político resuelva internamente sus candidaturas”, dijo en declaraciones radiales.

“Es un conflicto que deberían resolver los partidos, porque someter al pueblo a ir a votar y a soportar un costo de 200 millones de dólares es una locura para unas PASO. Por eso, el Gobierno está planteando, con responsabilidad, eliminarlas”, continuó. Y si bien agregó que aún no han conseguido “el apoyo suficiente” para aprobar esta iniciativa en el Congreso, remarcó que el oficialismo va “a insistir” para lograrlo.

En el bloque de diputados de Pro la cuestión no se discutió aún, pero en la bancada que preside Cristian Ritondo creen que es difícil mantener en pie esta herramienta electoral cuando en la Ciudad de Buenos Aires se aboga por suspenderlas. También el massismo y el kirchnerismo se inclinarían por la suspensión, aunque no hay una posición unificada. (DIB)

Las autoridades de CARBAP expresaron su rechazo a las recientes declaraciones de Francos, quien criticó a los productores rurales por no haber vendido la cosecha y retenerla en silobolsas.

La entidad señaló que la afirmación del jefe de Gabinete, hecha con la aparente complicidad del ministro de Economía, al referirse a las silobolsas en los campos, resulta desafortunada y decepcionante, sobre todo viniendo de funcionarios de un gobierno que dice defender la libertad.

En un comunicado titulado “vemos funcionarios que no la ven”, CARBAP describió las declaraciones de Francos como “injustas e indebidas” hacia un sector que es uno de los mayores generadores de divisas para el país, especialmente en un octubre que registró el mayor ingreso de divisas desde 2002.

Francos y el ministro de Economía, Luis Caputo, habían visitado la obra del gasoducto La Carlota-Tío Pujio en Córdoba y, en ese contexto, Francos comentó: “Vimos muchas silobolsas, ¿no? Hay quienes aún no liquidaron, pero no importa, es un detalle”. Esta observación generó respuestas de rechazo de parte de CARBAP, que se sumó al malestar de otras organizaciones del sector y pidió que se implemente una política para reducir gradualmente las retenciones hasta eliminarlas.

CARBAP también señaló que, en el contexto de precios internacionales bajos y escasa rentabilidad, la posibilidad de que el sector agrícola crezca depende de la capacidad de inversión de los productores, que hoy se encuentra limitada.

Desmentida

Por otro lado, Elbio Laucirica, presidente de CONINAGRO, aclaró en una entrevista que no es cierto que los productores acumulen más grano del habitual en silobolsas, y explicó que la venta se realiza conforme a las necesidades del sector.

Silobolsa: una forma de resguardar valor

Según Laucirica, “la silobolsa es una forma de resguardar valor; uno no vende si no tiene en qué gastar”. Además, reconoció que, aunque la inflación ha disminuido, los productores utilizan este sistema como una medida de protección del valor de sus recursos, concluyó el presidente de CONINAGRO. (InfoGEI)Ac

El estudio, dirigido por Alejandro Catterberg y Eduardo Fidanza, revela un cambio en la percepción pública del gobierno de Milei, acumulando noticias desfavorables. Por primera vez, el desempleo preocupa más que la inflación, con la mitad de los encuestados afirmando que los aumentos de tarifas los impactan significativamente, y casi un tercio responsabiliza al gobierno libertario por las dificultades.

En solo un mes, la imagen positiva de Milei pasó de un diferencial favorable de +10 a +2, situándose ahora en el 40%. Según un analista de Poliarquía, este deterioro está relacionado con la recesión económica y el estilo confrontativo del mandatario. Además, tras el veto a las jubilaciones, la popularidad de Milei ha disminuido considerablemente.

La encuesta también muestra que en septiembre la aprobación del gobierno cayó 2 puntos, ubicándose en 53%, mientras que la desaprobación subió 4 puntos, alcanzando el 47%, la cifra negativa más alta del año. Aumenta también la percepción negativa sobre la situación general del país, especialmente en términos económicos, donde la opinión negativa subió 9 puntos, del 45% al ​​53%.

Asimismo, la vicepresidenta Victoria Villarruel ha visto un incremento en su popularidad, superando a Milei en dos puntos, con un diferencial positivo más alto que el de cualquier otro actor.

En cuanto a la intención de voto, La Libertad Avanza lidera con un 35%, pero ha perdido 4 puntos en septiembre. En contraste, el peronismo ha crecido en todas sus vertientes, con el kirchnerismo sumando 3 puntos y el peronismo no kirchnerista dando el mayor salto, al pasar de 5 a 12 puntos, superando por primera vez al PRO que disminuyó de 13 a 10, mientras que la izquierda y el radicalismo cierran el ranking empatados en 4. (InfoGEI)Ac

Pese a que los primeros meses del año fueron de suspensiones y despidos en muchas industrias y pymes del país, el secretario de Trabajo nacional, Julio Cordero, aseguró que la caída del empleo se detuvo y, a la par, se observa una tendencia hacia mayor contratación de personas en el sector privado.

Según Cordero, este cambio se debe a las recientes medidas implementadas por el Gobierno de Javier Milei, enfocadas en brindar “mayor seguridad jurídica a las empresas”, lo que ha permitido “generar confianza y dinamizar el mercado laboral”.

“Los números muestran que, desde hace aproximadamente tres meses, estamos midiendo perfectamente cómo viene la situación. De junio a julio se observa una caída, pero el índice que marca la disminución del empleo quedó neutro, y previamente la desocupación no era alta”, afirmó el funcionario a radio Mitre. Según Cordero, esta estabilización del empleo es una noticia relevante, ya que históricamente, en situaciones económicas similares, los índices de desempleo han sido considerablemente más altos.

Cabe destacar que la tasa de desempleo pasó de 6,6% a 7,7% en la última medición oficial. Si bien el funcionario reconoció que este incremento no es drástico, subrayó que es motivo de inquietud para la Casa Rosada, especialmente en un contexto económico complejo. “Vamos a tratar de sostenerlo. El índice marca que se detuvo, y eso es importante, porque no solo vemos que paró, sino porque hay una tendencia a contratar”, señaló.

Sin embargo, eso no se vio reflejado hasta el momento ni en el último mes, algo que sí marcó Cordero. De hecho, en agosto la automotriz Volkswagen despidió a unos 300 trabajadores, y la firma de neumáticos Bridgestone avanzó con unas 500 desvinculaciones de operarios, entre despidos y suspensiones. También la empresa de maquinaria agrícola John Deere siguió ese camino.

Tal como informó DIB, los puestos de trabajo privados destruidos entre enero y junio alcanzaron los 130 mil, de acuerdo con las estadísticas del SIPA, elaboradas por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, que publica el Centro de Economía Política de Argentina (CEPA).  

En este contexto, el secretario de Trabajo atribuyó gran parte de la reciente parálisis en el empleo a la falta de contrataciones, más que a despidos masivos. “La caída estaba dada más por la inacción en las contrataciones que por otra cosa. La tendencia de caída en cuanto al desempleo se debía principalmente a la falta de nuevas contrataciones, y eso nos preocupaba mucho”, explicó Cordero. En este sentido, destacó que las reformas impulsadas por el gobierno en la “ley bases” han logrado crear un marco de confianza: “Las empresas se animan a contratar”.

En el primer trimestre de 2024, la tasa de desempleo en Argentina subió al 7,7%, según el INDEC, un aumento respecto al 5,7% de fines de 2023. Este incremento representa aproximadamente 415.900 personas más desocupadas, con una caída significativa de 612.500 empleos, principalmente en el sector informal. Las mujeres jóvenes (14-29 años) fueron las más afectadas, con una tasa de desocupación del 17,3%. Las regiones más golpeadas fueron el Gran Buenos Aires, con una tasa de desempleo cercana al 10%, y otras áreas como San Nicolás y La Plata. (DIB)

El Gobierno nacional advirtió este jueves que vetará “todo lo que vaya en contra del equilibrio fiscal”, en medio una nueva sesión en la Cámara de Senadores de la Nación en la que se están tratando las modificaciones en las jubilaciones.

“Todo lo que vaya en contra del equilibrio fiscal y de las cuentas públicas, que es nuestra columna vertebral, se va, por supuesto, a vetar”, sentenció antes de dar por finalizada la conferencia el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Mientras tanto, en la Cámara Alta se debate el proyecto de movilidad jubilatoria que establece una actualización mensual basándose en el último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC), como lo dispone el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) vigente que activó el Ejecutivo.

La iniciativa, además, incorpora una compensación extra de 8,1%, dado que el Gobierno otorgó un 12,5%, que no cubre el 20,6% de inflación de enero. Con este mecanismo, el haber mínimo garantizaría la cobertura de la canasta básica del adulto mayor.

“El sistema previsional argentino está en crisis, producto de la crisis económica del país. El Estado tiene que hacerse cargo”, sostuvo el senador peronista Mariano Recalde.

Y agregó: “Aprobar esta ley es un actor de justicia y de reparación. En el 2015 un jubilado compraba 49 kilos de asado, hoy 29. Es urgente que reparemos esta pérdida y este retroceso, porque los jubilados se lo merecen”.

El radicalismo votaría en conjunto la ley ya aprobada por Diputados. Con el acompañamiento de la UCR, el kirchnerismo y los senadores de los bloques provinciales, la iniciativa se sancionaría con dos tercios. (DIB)

Luego de que se aprobara esta madrugada la Ley Bases con el paquete fiscal, el presidente Javier Milei dijo que se terminó la primera fase de su gobierno y que ahora viene otra etapa, la del cambio de régimen monetario.

Esta nueva fase, según confirmó, incluirá nuevas reformas y tendrá como protagonista a Federico Sturzenegger, quien desembarcará formalmente en el Gabinete en los próximos días, al tiempo que impulsará la ley de hojarascas para eliminar más regulaciones.

“Se vienen más reformes estructurales”, anticipó Milei tras conseguir su primera iniciativa legislativa luego de más de seis meses y confirmó: “La semana que viene ya hacemos el nombramiento del doctor Sturzenegger”.

En declaraciones al canal LN+, Milei dijo que “hasta ahora hicimos la fase 1 del gobierno”. Y continuó: “Por un lado, hemos pasado la reforma estructural más grande de la historia. La Ley Bases de anoche es un hito histórico y monumental, es cinco veces más grande que la reforma que hizo (Carlos) Menem, que hasta ahora era la más grande de la historia argentina”.

Luego, se enfocó en el futuro y adelantó: “Hemos logrado consolidar el déficit cero, por lo tanto, la consolidación fiscal está en marcha. Ya pasó la etapa del déficit cero, ahora vamos a la etapa de emisión cero, ahora se viene el cambio de régimen monetario”.

En ese sentido, el Presidente aclaró: “Apuntamos a que lo que se denomina la base monetaria amplia no varíe más. Está cerrado el grifo fiscal, hemos eliminado fuertemente los pasivos remunerados, adentro de las cuentas del Banco Central hay un ajuste de 9 puntos del PBI. Y la idea es que la base monetaria amplia y la simple se parezcan cada día más, hasta que terminan de desaparecer los remunerados”.

En tanto, toda la entrevista estuvo atravesada por la aprobación de la ley Bases, por lo que el líder libertario celebró el aval que recibió del Congreso. “La Argentina empieza a parecerse a países como Alemania, Francia”, sostuvo.

“Una vez que resolvemos el problema de los puts (títulos de deuda soberana emitidos en pesos), esto estaría poniendo un fin a los pasivos remunerados. Una vez que además logremos converger en materia de inflación, cuando se cumpla todo ese conjunto de elementos, estarán las condiciones para salir del cepo”, dijo además.

No obstante, el Presidente aclaró que todavía falta un tiempo para salir del cepo e incluso dijo que “no le preocupa” el valor del dólar, e insistió con que no piensa devaluar.

El Presidente anticipó que su administración ahora trabaja en la ley de hojarascas. “Es sobre un conjunto de regulaciones que entorpecen el funcionamiento del sistema económico. Son cien leyes que se eliminan, pero que implican más reformas”, sostuvo sobre los nuevos textos que mandará al Congreso, en el marco de lo que el cree que se trata una segunda etapa de su gestión.

 “Esto implica, además, empezar a terminar definitivamente con el problema de la inflación. Cuando vos tengas eso terminado, puedas asegurarte que la emisión sea cero, podemos ir a la ley de emisión cero, donde si emitís dinero vas preso”, dijo.

En tanto, ratificó la promesa que había hecho su ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, de que bajaría la carga del Impuesto PAIS luego de la primera conquista legislativa, pese a que el Presidente puso ciertos reparos sobre el tiempo. “Efectivamente el impuesto se va a reducir, como dijo Caputo, cuando termine de reglamentarse la ley y empiecen a correr los ingresos”, advirtió.

Sobre la dolarización, que fue eje de su campañar, dijo que “va a ocurrir naturalmente” como consecuencia de su programa.

Milei fue consultado sobre las últimas declaraciones del presidente Luiz Inácio “Lula” da Silva, quien le exigió disculpas como condición para poder iniciar conversaciones. El líder libertario consideró que esto fue una “discusión tan chiquita” que parece de “preadolescentes” y consideró que “hay que ponerse por encima de estas nimiedades porque son más importantes los intereses de los argentinos y los brasileños que el ego inflamado de algún zurdito”, dijo.

Y continuó: “Es el mismo mecanismo de Petro, de Sánchez. ¿No te creés que Petro y Lula no hicieron cosas similares? En el caso de Lula, metiéndose en la campaña electoral nuestra”, sostuvo, en relación con el respaldo que el líder del Partido de los Trabajadores (PT) le dio a Sergio Massa, que competía contra él.

En esa línea, profundizó sus críticas: “Las cosas que yo dije encima son ciertas. ¿Cuáles son los problemas, que le dije corrupto? ¿Acaso no fue preso por corrupto? ¿Qué le dije, comunista? ¿Acaso no es comunista? ¿Desde cuándo hay que pedir perdón por decir la verdad? ¿O estamos tan enfermos de corrección política que a la izquierda no se le puede decir nada aún cuando sea verdad?”.

-Sobre las prepagas: dijo que hicieron una “maniobra con intencionalidad” cuando subieron los precios -tema que después el Gobierno corrigió- y volvió a arremeter contra quienes comulgan con el liberalismo pero no lo respaldan: “Algunos confunden ser libertarios con libertarados y descubrí que hay muchos más libertarados”.

-Sobre salarios y jubilaciones: “El salario real está mejor que en noviembre, que cuando asumimos, y los últimos dos meses creció. Las jubilaciones están arriba también y en dólares se duplicaron”. Sobre posibles bonos a jubilados para compensar la pérdida de poder adquisitivo: “No vamos a engañar a la gente dándole cosas que no hay. Si eso termina con emisión monetaria el efecto agregado es peor”.

-Sobre el Premio Nobel: “No quiere decir que yo me postulé, dije que estábamos trabajando en algo que es un torpedo de la política neoclásica de la economía. De ahí a decir que me postulé para el Nobel de Economía es una estupidez del tamaño de una casa”.

-Sobre el Papa Francisco: “Por más que tuviéramos una visión distinta e interpretaciones distintas de las sagradas escrituras, no ameritaban los calificativos que utilicé, porque me equivoqué. Le estaba diciendo algo por pensar distinto. Él no tiene por qué comprar mi argumento de Samuel 8, de San Lucas. Creo que tiene que ver con su perspectiva de un jesuita, pero en el momento caí en la trampa de creer que era una cuestión de porque es peronista. Fue mi error, por eso contesté como contesté. Y cuando me fui desasnando sobre temas vinculados a la sagradas escrituras… no lo pongo en lo político, tiene que ver con su lectura de cómo interpreta. Hay cosas que comparto y que no. Es la interpretación de él, ¿quién dijo que la mía es la correcta?” (DIB)

El Gobierno nacional amplió las partidas presupuestarias para cubrir gastos de funcionamiento destinados a sueldos y aguinaldos en el sector público, como también para afrontar el pago de obras de reversión del Gasoducto del Norte y ampliar la Tarjeta Alimentar, entre otros puntos.

De acuerdo a la Decisión Administrativa 470/2024 publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno de Javier Milei dispuso la adecuación del presupuesto vigente de diversas Jurisdicciones y Entidades del Sector Público Nacional con “el objeto de afrontar gastos impostergables para su normal funcionamiento”.

Según señala la normativa, uno de los motivos principales de la ampliación presupuestaria es “el refuerzo de los créditos de gastos en personal, con el fin de atender necesidades vigentes en materia salarial, de gastos de funcionamiento y equipamiento de las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional”.

También ordena ampliar el presupuesto de la Defensoría General de la Nación, para atender gastos específicos, y de la Agencia Nacional de Discapacidad, para cubrir el pago del refuerzo de ingreso previsional para beneficiarios de pensiones no contributivas

La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, en el eje de la polémica por la retención de alimentos y la suscripción de contratos truchos que supuso la eyección del exsecretario Pablo De la Torre, dispuso la ampliación de fondos para afrontar los gastos que insume la Prestación Alimentar hasta el mes de julio de este año.

Esta ampliación en medio de la polémica por el no reparto de alimentos, se da en el contexto de que la Tarjeta Alimentar ya agotó prácticamente sus fondos: se le giraron $ 745.709 millones de los $ 875.640 millones previstos originalmente, el 85% del total cuando todavía no se completó la mitad del año. Hace unos meses ese presupuesto se estiró a $ 927.018 millones, pero con el actual ritmo de transferencias también quedó corto el número.

Así lo dio a conocer el sitio oficial Presupuesto Abierto, que analizó las transferencias de enero a mayo, período en el que se destinaron $ 1.285.836.000.000, es decir, casi 1,3 billones de pesos en satisfacer las necesidades de la Tarjeta Alimentar y el ex Potenciar Trabajo, hoy desdoblado en “Acompañamiento Social” y “Volver al Trabajo”.

La Tarjeta Alimentar impacta directamente en más de 4 millones de personas. El Gobierno utiliza ese plan como principal sostén de los sectores más postergados. Aumentó los montos del programa en un 137,5% en lo que va del año. Los padres con un hijo de hasta 14 años cobran $ 52.250 por mes y aquellas familias que tienen tres hijos reciben $108.062.

Otra área en la que se amplió el presupuesto fue Energía, con destino el proyecto “Reversión del Gasoducto Norte”, una de las demandas del sector para poder continuar con el saneamiento de la balanza energética del país.

En lo que respecta al Ministerio de Salud, la normativa habilita el incremento de las partidas para la compra de vacunas y medicamentos, como también para sostener las Ayudas Sociales a Personas y Asignaciones Familiares del Programa de Cobertura Sanitaria Compensatoria en el ámbito de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales.

Asimismo, señalan que resulta necesario “reforzar el presupuesto destinado a la atención de la prestación por Desempleo”, luego de lo dispuesto por el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil. (DIB)

El juez federal Sebastián Casanello le ordenó al Ministerio de Capital Humano que en 72 horas elabore un plan para distribuir las cinco toneladas de alimentos alojadas en depósito para ayuda social que no fueron repartidas para “de modo inmediato”, y tras conocer la resolución el Gobierno aseguró que apelará.

Fue el vocero presidencial Manuel Adorni quien afirmó que si bien son “respetuosos de la Justicia” utilizarán “los instrumentos legales que están al alcance en cuestiones en las que no estamos de acuerdo, como bien es este caso”.

En ese sentido, agregó: “Vamos a apelar la resolución porque esto no es una cuestión de índole judicial, sino una definición de política pública. Y la Justicia no se puede entrometer en la política pública”.

Además, dijo que los alimentos sin distribuir “son reservados de forma preventiva para emergencias o catástrofes”. Y agregó: “No es algo que ocurre sólo en la Argentina. Imaginen repartir todos los alimentos y que el día de mañana tengamos una catástrofe que amerite la inmediata entrega de alimentos. Uno no puede no tener stock”.

El funcionario dijo que “de los 5 millones de kilos de alimentos, 3.1 millones corresponden a yerba mate que fue comprada por el gobierno anterior”. Y de inmediato enfatizó que “no hay un solo alimento que se vaya a tirar a la basura. No hay un solo alimento que esté bajo nuestra custodia que esté en riesgo de vencerse”.

Además, volvió a apuntar contra las organizaciones sociales: “A algunos les molesta que hayamos terminado con los intermediarios y con todo un esquema en la Argentina, donde seguramente había muchos beneficiarios a título personal, que se sienten dolidos porque se terminó el usufructo personal que tenían”.

La denuncia contra el Gobierno la inició en febrero pasado el dirigente social Juan Grabois, quien pidió investigar que en dos centros de distribución, uno en Villa Martelli y otro en Tafí Viejo, en Tucumán, se almacenan casi cinco mil toneladas de alimentos sin distribuir que tiene la Dirección de Logística del Ministerio de Capital Humano.

“El derecho humano fundamental a la alimentación está estrechamente ligado al derecho a la vida, a la dignidad y a la salud, los que están expresamente reconocidos en los tratados y convenciones de derechos humanos que integran el denominado ´bloque de constitucionalidad´. Los mandatos también contemplan la especial protección de determinados grupos de personas en función de alguna condición de vulnerabilidad”, explicó el juez Casanello en su resolución.

El magistrado también resaltó los informes del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) que señalan que “el 57,4% de la población argentina se encuentra en situación de pobreza, dentro del cual se encuentra más del 60% de los niños, niñas y adolescentes, cuyo 32% padece inseguridad alimentaria -el 14% de forma severa”.

Así, Casanello dispuso órdenes de presentación para que hoy se “detalle del stock actual de los alimentos almacenados en los depósitos ubicados en las localidades de Villa Martelli, Vicente López, Provincia de Buenos Aires, y Tafí Viejo, Provincia de Tucumán, lo que deberá incluir el tipo de alimento, y las fechas de adquisición y expiración de la mercadería”. También “los registros de ingreso y egreso de mercadería desde diciembre de 2023 hasta la fecha” y “los expedientes administrativos en los que haya tramitado la adquisición de los alimentos almacenados, junto con toda otra actuación y/o documentación vinculada”.

Además, Casanello ordenó la elaboración de un plan en 72 horas para la entrega inmediata de toda la comida. (DIB)

El Gobierno nacional congeló la tarifa de gas, por lo que no pondrá en vigencia el aumento previsto para mayo, que rondaba el 400%, con el objetivo de que no se vuelva a disparar la inflación.

La medida se oficializó este lunes luego de ser analizada por varias semanas por la administración de Javier Milei, que días atrás celebró haber vuelto a tener una inflación mensual de un dígito.

En la primera semana de mayo, el Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo, planteó ante la Secretaría de Energía que “con el objeto de consolidar el proceso de desinflación llevado a cabo por el Gobierno, verificado a la fecha, resulta razonable y prudente postergar en el mes de mayo la aplicación efectiva de las actualizaciones dispuestas en las resoluciones de los Entes antes señaladas y los aumentos del PEST correspondiente a energía eléctrica y del PIST en el gas”.

Días atrás, el vocero presidencial, Manuel Adorni, fue consultado al respecto y respondió: “Cuando tenés superávit fiscal podés dosificar como debe recaer el peso del ajuste en determinados sectores de la sociedad y no ponerles una espada en el cuello”.

Frente a esta situación, desde la Secretaría de Energía le anticiparon a las Licenciatarias del Servicio Público de Transporte y Distribución de gas y a REDENGAS S.A. que no se procedería con la actualización tarifaria prevista para el mes de mayo de 2024, por lo que se mantendrían vigentes y sin modificaciones los cuadros tarifarios publicados en el Boletín Oficial el 3 de abril de 2024.

En efecto, este lunes, a través de la Resolución 224/2024 publicada en el Boletín Oficial, el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) dispuso “mantener inalterados los Cuadros Tarifarios de Transición y de Tasas y Cargos por Servicios vigentes desde el 3 de abril de 2024″.

Los incrementos que habían sido establecidos iban a tener un impacto por encima de 350% y en algunos casos superando ampliamente el 400%. Pero en Economía se resolvió avanzar con el congelamiento de tarifas para evitar su consecuente traslado a precios.

La inflación de abril marcó una desaceleración al 8,8% después del 11% de marzo, el 13,2% de febrero, el 20,6% de enero y el 25,5% de diciembre. El mes pasado el Indec registró un fuerte aumento en el rubro servicios públicos, que saltó 35,6%, acumularon 110,5% en lo que va del 2024 y 311,6% en los últimos 12 meses. (DIB)

Por Héctor Ricardo Olivera | oliverahectorr@gmail.com

El Ejecutivo y el Legislativo son los más observados por la sociedad en una República democrática.

En nuestro caso hay que admitir que la personalidad difícil de encasillar del Presidente ayuda.

Sus modos, su lenguaje, su despeinado lo hacen presa fácil de analistas políticos y gente en general.

Él anda de turismo ideológico por distintos escenarios del Mundo porque disfruta de llamar la atención.

Cuenta con la ventaja del susto que a todos nos invade si pensamos que si no estuviera él hubiera seguido el carnaval de corrupción kirchnerista.

Se achica así el traspié que significa que a más de 5 meses de gestión no haya podido obtener una sola Ley.

Su anarquía de origen se va achicando y ya ha entrado en negociaciones inevitables para intentar alguna forma de normalidad.

El otro Poder, el Legislativo no es, como lo calificara Milei, un “nido de ratas”.

Pero sí es un nido de pájaros de todos los colores y que, para peor, en varios casos se han olvidado de los colores con que llegaron a las bancas y cambian de plumaje con una facilidad asombrosa.

Cuando la República más necesita del  abordaje de temas nuevos los Legisladores están solo dedicados a impedir que el Presidente tenga la Ley Bases antes del 25 de mayo para aguarle al Presidente la fiesta glamorosa del Pacto de Mayo.

La sociedad, mientras tanto, sufre la pérdida de empleos, la suba de servicios, los aprietes de la oligarquía sindical y todos los males heredados y promovidos por el choque de métodos y formas en muchos casos enfrentados con la sana convivencia.

Entretanto,  el tercer Poder, la Justicia, está como ajena a los dramas de todos los días.

Ocurre que cuando el Gobierno parece haber puesto en marcha una estrategia destinada a descubrir los robos infinitos protagonizados por el kirchnerismo, la Justicia no parece decidida a acelerar su motor.

La ayuda una estructura que puede explicar con precisión un abogado pero también puede, como en este caso, intentar describirla un absoluto neófito.

Los asuntos enrolados  en el Derecho Penal, que son los que más nos interesan a todos porque son los que incluyen a funcionarios del Gobierno de los dos Fernández, (ella y él), más Massa y toda la troupe son inentendibles.

Una rápida consulta con un experimentado profesional me permitió saber que los delitos tienen tantas instancias judiciales que generalmente terminan en el olvido que conduce a la nada.

Primera instancia, segunda, Tribunal y luego Cámara  de Casación y  presentación final ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El camino está saturado de maniobras que los abogados manejan con habilidad de malabaristas pero lo peor es que la Cabeza del Poder no tiene  plazos.

“¿Por qué no tiene plazos?”, pregunté.

La respuesta es una obra de arte. “porque eso no está escrito en ningún lado”.

Acá es donde uno quisiera ver a los Legisladores presentando un proyecto de Ley que cambie estos vicios del sistema de manera que se termine este triste y apabullante espectáculo de ver que al que roba una gallina lo meten adentro y al que desde un cargo de Gobierno se roba todo nadie lo toca y sigue su vida normal hasta, en algunos casos, dando “clases maestras”.

Este Presidente nos llena de dudas y temores por actitudes reñidas con normas fundamentales de la Democracia.

Ha empezado a aflojar y veremos hasta donde llega con sus rarezas.

Pero es evidente que algunas de sus medidas han incorporado contenidos de estricto sentido común que pueden servir. El asunto es que lo aprovechen los que tienen posibilidad de hacerlo.

No sirve que Diputados y Senadores malgasten su tiempo en ver como alargan el plazo para postergar o rechazar la Ley bases.

Sería bueno verlos con propuestas de cambio para que una nueva Justicia sea despojada de ese elemento que suena a un poder monárquico al que nadie puede exigirle la necesaria velocidad de sus fallos.

Un almanaque debería tener en los estrados de la Justicia el mismo valor que la balanza.

Esta columna ha dicho antes de ahora que el cambio ya no alcanza.

La Argentina del futuro necesita de lo nuevo, porque los cambios timoratos intentados no han demostrado eficiencia para ordenar nuestras vidas.

Será Justicia.

¿Será?

El diputado nacional y jefe del bloque de Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, pidió por la aprobación de la Ley Bases, pero también consideró que al Gobierno le vendría bien “oxigenar algunas áreas” con recambio de autoridades, al tiempo que reclamó mayor sensibilidad social ante el ajuste.

Además, reconoció que tiene buen diálogo con algunos integrantes de la administración libertaria, como es el caso de la vicepresidenta Victoria Villarruel, así como con el ministro de Economía, Luis Caputo.

“Es un presente que está en construcción. Esperemos que se consolide porque está justo en la instancia del cambio. Esperemos también que tenga la sensibilidad social para poder amortiguar los efectos de ajuste que son muy duros en la gente. Hay que cuidar el empleo, hay que retomar la construcción. Hay un montón de temas que están todavía en construcción”, aseguró el legislador en diálogo con “On the record”, el ciclo de entrevistas que se emite por C+.

En ese sentido, y ante la consulta sobre los rumores de modificaciones en algunos ministerios, el diputado nacional explicó: “Ahí entrás en el plano de informaciones más reservadas de la entraña del Gobierno, pero yo creo que oxigenaría algunas áreas. A mí no me preocupa tanto tener 8 o 12 ministerios. Creo que la Argentina agroindustrial necesita un ministro de agricultura o un secretario de agricultura que tenga independencia y autonomía y que dependa del presidente únicamente”.

“Creo que la educación es un factor importante, hay un área que está muy sobrecargada, que no estoy descalificando a la persona que la lleva adelante Capital Humano, pero me parece que tiene muchas responsabilidades muy sensibles, en términos de la vida cotidiana de la gente”.

Y completó: “La comunicación no puede ser solamente por tuit, es importante ese mundo, no lo desconozco. Todos los hechos prescriben a los 35 minutos de haber hecho el tuit”.

Respecto al tratamiento en el Congreso de la Ley Bases impulsada por el Gobierno, Pichetto se mostró optimista, más allá de los cambios que podría introducir los senadores.

“Si vuelve a Diputados, se va a tratar únicamente la reforma que se hace en el Senado, puntual. No va a estar en debate toda la ley. Desdramatizo el tema, forma parte del sistema democrático. Hay una cámara de origen que votó con simple mayoría, va a la cámara revisora que es el Senado, difícilmente tenga dos tercios, con lo cual las reformas que el Senado le incorpore van a ser revisados nuevamente en última instancia por la Cámara de origen que es la Cámara de Diputados”, sostuvo el dirigente.

Además, aclaró: “Creo que no hay chances de que se rechace la Ley Bases. Creo que sería un grave error el rechazo de la ley, puede haber alguna modificación. Hay un debate sobre ganancias, sobre el RIGI (Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones), en términos de la preocupación que tienen las PyMEs, que para mí es infundada. Porque cuando hay una gran inversión hay un foco repito desarrollo regional, ¿dónde van a ir a comprar combustible al África?”. (DIB)

El Gobierno realizó una nueva reunión de Gabinete en Casa Rosada y desde temprano monitoreó el paro general de 24 horas que convocó la CGT contra las políticas del presidente Javier Milei, una medida que minimizó en su impacto y respecto de la cual denunció “extorsiones”.

En el marco de la medida de fuerza, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezaron el encuentro sin la presencia del Jefe de Estado, quien demoró su llegada a Casa de Gobierno por “otras reuniones de agenda”.

La llegada del Presidente se concretó cerca de las 11 de la mañana, cuando la reunión de ministros había finalizado, y se mantuvo muy activo en redes sociales. “Nota de color… ¿Saben cómo se dice Faraón en hebreo? Les cuento… PARO. A buen entendedor pocas palabras bastan… VIVA LA LIBERTAD CARAJO”, posteó en la red X.

También vinculó un post de Instagram en su cuenta de X con el cierre del discurso por el Día del Holocausto y del Heroísmo. “Las convicciones no se negocian”, indicó en el mensaje que acompaña un video en el que se refiere a las mentiras y a la verdad.

En línea con las críticas del mandatario, en Casa de Gobierno calificaron como un “fracaso” la medida de fuerza. “Pararon el transporte para que la gente no vaya a trabajar”, aseguraron fuentes gubernamentales.

Por su lado, luego de participar de la reunión de Gabinete, el vocero presidencial, Manuel Adorni, denunció “extorsiones” por parte de los sindicatos contra choferes de colectivos que no adhirieron al paro y acusó a los gremialistas de ser  “ricos y no representar los intereses de los trabajadores”.

Junto a Posse y Karina Milei estuvieron presentes durante la reunión de ministros Diana Mondino (Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto); Guillermo Francos (Interior), Patricia Bullrich (Seguridad); Luis Caputo (Economía); Mariano Cúneo Libarona (Justicia) y Mario Russo (Salud).

También concurrieron el vocero Adorni, el Secretario de Prensa, Eduardo Serenellini; el Secretario de Legal y Técnica, Javier Herrera Bravo y el Secretario Ejecutivo de Gobierno de la Jefatura de Gabinete, José Rolandi.

En tanto, durante el transcurso de la jornada de protesta, el Gobierno se mostró proactivo en todas sus áreas, ya que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, denunció distintos incidentes contra los colectivos que no quisieron formar parte del paro.

A su vez, junto al Secretario de Transporte Franco Mogetta, convocó a una conferencia de prensa en horas de la mañana para “realizar una evaluación sobre la situación del transporte público de pasajeros, frente al paro que se está desarrollando el día de hoy”.

Por otra parte, mientras viaja la Ley Bases en el Senado, que entró en cuarto intermedio hasta el lunes, el ministro del Interior, Guillermo Francos, mantuvo una hermética reunión con el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, y el de Salta, Gustavo Sáenz.

Si bien en el Gobierno fueron muy cautos respecto del contenido de la reunión, los dos mandatarios provinciales tienen especial interés en dos puntos de la norma que el oficialismo impulsa en el parlamento, que son el Régimen de Grandes Inversiones (RIGI) y el impuesto al tabaco.

Otro de los gobernadores que pasó por Casa Rosada en horas de la tarde fue el de Río Negro, Alberto Weretilneck, quien impulsa el voto a favor de la norma en el Senado, aunque, al igual que el resto de los gobernadores patagónicos, muestra reparos con el capítulo sobre Ganancias. (DIB)

El titular de la Fundación El Libro, Alejandro Vaccaro, volvió a desmentir al Gobierno nacional con respecto a la participación financiera del Ejecutivo en la Feria del Libro y dijo que la cifra que dio el vocero presidencial Manuel Adorni en conferencia de prensa, donde habló de un aporte estatal a la Feria de 450 millones de pesos, es de “literatura fantástica”.

“La cifra que dio (Manuel) Adorni se inscribe dentro de la literatura fantástica, porque no tiene nada que ver con la realidad”, aseguró Vaccaro en diálogo con Radio Colonia.

En esa línea, expresó: “No quiero hablar de cifras, porque implica hablar de millones de pesos en un país en el que la gente no puede llegar a fin de mes, jubilados que ganan 200 mil pesos, gente que no puede comprar remedios”.

Además, Vaccaro sostuvo que hablar de millones de pesos para la Feria del Libro es “obsceno” y afirmó: “La cifra es abismalmente distinta de la que dijo el vocero presidencial hoy (por este viernes)”.

A pesar de que el presidente de la Fundación El Libro ya había desmentido los números informados por el Ejecutivo con relación al financiamiento que aporta el erario público al evento, el portavoz presidencial reiteró la cifra en conferencia de prensa en Casa Rosada.

“El Stand de la Secretaría de Cultura en la Feria del Libro tenía un costo de $ 300 millones, a lo que había que adicionarle alrededor de $ 150 millones por el armado o desarmado”, manifestó Adorni.

“Era un monto descabellado y por eso se optó usar esos recursos para las bibliotecas populares”, subrayó Adorni.

E insistió con que “fue una cuestión de eficiencia en la toma de decisiones para reducir algo que era un monto descabellado para el momento en el que vivimos”, y dijo que “no amerita mayor justificación porque los montos eran realmente desorbitados para estar así cuando consideramos que se podía aportar muchísimo más desde otro lado”.

Por otra parte, Vaccaro sostuvo que mantuvieron una reunión “positiva” para que el jefe de Estado pueda participar del evento que tiene lugar en La Rural.

“El presidente va a estar el 12 mayo presentando su libro. Disfrutando de una feria a la que él institucionalmente le da la espalda”, apuntó. Milei presentará “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica”, un compendio de artículos que terminó de escribir en sus viajes como mandatario.

El titular de la Fundación El Libro, y biógrafo de Jorge Luis Borges, había asegurado en otra entrevista que “desde la vuelta a la democracia hasta ahora nunca ocurrió una Feria con un hostigamiento, con una actitud tan hostil de parte de un Gobierno hacia la cultura en general y también hacia la Feria en particular”. (DIB) MM

El vocero presidencial, Manuel Adorni, negó este miércoles que el Gobierno busque cerrar las universidades, cuestionó la participación opositora en la marcha y volvió a apuntar contra los estudiantes extranjeros.

“Las universidades no se van a cerrar, no va a estar jamás en una agenda nuestra cerrar una universidad”, afirmó en su habitual conferencia de prensa. No obstante, se refirió a la posibilidad de arancelar el estudio universitario o cobrarle a estudiantes extranjeros.

“El arancelamiento es una discusión que, en tal caso, tendrán que darla las universidades. Es razonable que se priorice la educación de un argentino y no de una persona que viene solo a estudiar y que después solo se lleva el aporte de los argentinos y no devuelve nada por esa educación que se llevó con él para el resto de su vida”, remarcó.

En relación al rol opositor, consideró: “Si fue para que nosotros, como Gobierno, no impulsemos el cierre de las universidades, fue una marcha equivocada, porque claramente no es que nosotros no lo tenemos en agenda”.

Y realizó una acusación: “Eso fue evidentemente algún sector con determinados intereses que logró imponer ese título que está lejos de ser compatible con nosotros o con nuestra ideología”.

“Si hubo un grupo de dirigentes, de líderes piqueteros que se encargó fervientemente de convencer a terceros de que nosotros vamos a cerrar la universidad pública, les han mentido. Nunca se nos hubiese ocurrido siquiera cerrar las universidades, estamos a favor de la educación pública y la vamos a defender tanto como aquellos que quieren una educación pública de calidad, que les garantice un futuro y que los ponga en los primeros estratos del mundo”, añadió.

En ese sentido, Adorni agregó que la participación de dirigentes políticos en la movilización de ayer “transformó un reclamo genuino en una marcha política opositora”, y volvió a reclamar que se auditen los fondos universitarios: “Las universidades no son gratis, son no pagas para el que estudia; la pagan los argentinos”, indicó.

“Solo es sostenible una educación pública de calidad en el camino que estamos transitando, de equilibrio de las cuentas públicas y, por supuesto, de las auditorías que creamos convenientes en pos de entender un poco en qué son utilizados los fondos”, planteó Adorni.

Si bien realizó varios cuestionamientos a las motivaciones y a los participantes de la movilización, consideró que fue “una marcha genuina”.

“Es genuina cuando los jóvenes sienten que el futuro académico está en riesgo y cuando sienten que están pasando cosas que a ellos les afectan. Lo que no quita que no se van a cerrar las universidades, no se van a quedar sin presupuesto, no se van a quedar sin pagar la luz. Queremos que el dinero público le llegue al alumno y las auditorías son un pilar fundamental en todo esto”, insistió. (DIB)

A pocos días de la Marcha Federal Universitaria, que se realizará el 23 de abril como protesta al ajuste presupuestario del Gobierno nacional, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, dijo que avanzarán sí o sí con una auditoría “pase lo que pase, hagan lo que hagan”.

El mensaje que lanzó el funcionario en X fue replicado este sábado por el presidente Javier Milei, cuando desde la conducción de las altas casas de estudio insisten en rechazar esta posibilidad al alegar que la Constitución Nacional pregona la autonomía de las universidades.

“Un aviso importante: pase lo que pase, hagan lo que hagan, por lo menos mientras Javier Milei sea presidente, el dinero de la gente que va a las universidades se va a AUDITAR”, sostuvo Álvarez, quien alegó que la “fiscalización” de estos gastos está en la ley 24.521 de educación superior.

Un aviso importante: pase lo que pase, hagan lo que hagan, por lo menos mientras @JMilei sea presidente, el dinero de la gente que va a las universidades se va a AUDITAR, la fiscalización del gasto en las universidades esta en la ley de Educación Superior. pic.twitter.com/EZufqYPRuc

A eso le agregó la captura de una parte del artículo dos de esa legislación. “El Estado nacional es el responsable de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de las universidades nacionales, así como la supervisión y fiscalización de las universidades privadas. Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son los responsables de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de los institutos de formación superior de gestión estatal y de las universidades provinciales, si las tuviere, de su respectiva jurisdicción”, señala el extracto compartido por el funcionario que está bajo la superestructura del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello.

La ley dice, además, en el artículo 59 bis, que el control administrativo externo de las instituciones de educación superior universitarias de gestión estatal es competencia “directa e indelegable de la Auditoría General de la Nación”, como así también que deben generar “mecanismos de auditoría interna que garanticen transparencia en el uso de los bienes y recursos”.

Cuando el jueves por la noche desde Capital Humano enviaron un comunicado que aseguraba que habían llegado a un acuerdo con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para aumentar los aportes en 70%, lo que luego fue desmentido desde las casas de altos estudios, en la cartera de Pettovello además aseguraron que habían alcanzado un entendimiento para generar una “auditoría conjunta”.

De hecho, el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, negó que el Gobierno esté habilitado para controlar las cuentas de las universidades. “Habría que modificar algo para eso. En la reforma de la Constitución Nacional de 1994 se dispone la autonomía de las universidades, donde el Poder Ejecutivo no tiene posibilidad de inmiscuirse. Hay una auditoría propia y hay personas externas que colaboran con la universidad, pero el Poder Ejecutivo no puede auditarnos”, sentenció. (DIB) MM