El Juzgado Contencioso Administrativo Nº 4 de La Plata hizo lugar a la presentación que realizó el gobierno de Axel Kicillof para que las cooperativas y distribuidoras de gas puedan seguir percibiendo el Fondo Especial de Obras en las boletas, medida que el gobierno de Javier Milei había ordenado interrumpir. De esta manera, la justicia le da otra revés a Luis Caputo, artífice de dicha medida.

La jueza María Ventura Martínez otorgó una medida cautelar para que las empresas Camuzzi Gas Pampeana, Litoral Gas, Naturgy; Cooperativa de Electricidad de San Bernardo; Cooperativa de Henderson; Grupo Servicios Junín, Cooperativa de Servicios Públicos de Fátima; Cooperativa de Abasto; Cooperativa de Tres Límites; Cooperativa de Electricidad de Suipacha, y Cooperativa de Morse, vuelvan a tributar en la boleta el impuesto previsto en el artículo 2 de la Ley 8.474 (Crea el Fondo Especial para Obras de Gas), cuyo fin es el “financiamiento de obras provinciales de gas”.

Se trata de un impuesto que representa el 4% de la factura de cada usuario o usuaria y que se dejó de cobrar en octubre del año pasado tras dos decretos de la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación, bajo la órbita de Luis Caputo, y del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS). El gobierno provincial percibía alrededor de $40 millones por el Fondo Especial para Obras de Gas y ello dejó de percibirse desde el 2024.

Según se desprende del fallo, el derecho del gobierno provincial “a exigir la continuidad de la actuación como agentes de recaudación a las distribuidoras, está suficientemente fundamentado en la vigencia y operatividad de la ley 8.474”.

Además agrega que “el impuesto como sistema de percepción mediante un porcentaje en la facturación al usuario, jamás tuvo reproches constitucionales por parte de las distribuidoras ni de usuarios”, por lo que “hay una práctica institucional sostenida al respecto”.

Vale remarcar que las empresas prestadoras, si bien son de jurisdicción nacional, tienen asiento en la provincia de Buenos Aires, y por ello la medida cautelar dispuesta el 1 de abril debe ser acatada. El fallo no es retroactivo, por lo que el gobierno provincial anticipó que “hará una nueva presentación para que así lo sea”. Vale remarcar que la medida cautelar no implica a todas las compañías ya que hubo dos presentaciones judiciales y aún resta resolverse la segunda.

Desde el gobierno bonaerense esgrimieron que “hubo una decisión nacional de desfinanciar la ejecución de obras de gas”, y por ello la presentación judicial cuestionando “la arbitraria decisión por ilegítima e inconstitucional, violatoria de las competencias locales y del principio de autonomía provincial”.

Al respecto el subsecretario de Energía del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, Gastón Ghioni, dijo que “este es el primer paso de una batalla que seguiremos dando porque lo que queda claro es el modo de gestionar del gobierno nacional: mediante una mera resolución de un funcionario, pretenden avasallar no sólo la jurisdicción provincial sino también lo resuelto por representantes del pueblo bonaerense en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires”.

Desde que se creó el Fondo Especial para Obras de Gas algunas de las obras realizadas son los gasoductos a través de los cuales se abastecen áreas que resultaban carentes del servicio de gas por redes como el gasoducto de la Costa, gasoducto Noroeste, gasoducto Noreste, y gasoducto Sur. (DIB)

El Gobierno nacional aseguró que le transfirió a la provincia de Buenos Aires $10 mil millones tras el temporal trágico en Bahía Blanca, al tiempo que puso condiciones para enviar más fondos para la reconstrucción de la ciudad.

Según se informó, el presidente Javier Milei destinó los $10 mil millones para atender las primeras urgencias en la ciudad devastada por el temporal, que generó fuertes inundaciones y destrozos y que provocó 16 muertes, hasta el momento. Sin embargo, el intendente local Federico Susbielles, había dicho que de acuerdo a las primeras estimaciones serán necesarios “más de 400 mil millones de pesos” para la reconstrucción.

En este contexto, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue consultado sobre el envío de más dinero, ya que los $10 mil millones enviados representan solo un 2,5% de lo estimado por el jefe comunal. “El plan para reconstruir la ciudad tiene que ver con el municipio y con la Provincia. Todo que la Nación pueda hacer económicamente para apoyar estas circunstancias lo hará, pero ellos tienen que tener un plan para hacerlo”, aclaró a Radio La Red.

Asimismo, Francos destacó que “la organización de eso es de la provincia de Buenos Aires; ellos tienen que decirnos de qué manera podemos colaborar y ayudarlos. La reconstrucción tiene que tener un plan, eso tiene que ver mucho con el municipio, tendrán que elaborar un plan y ver cómo podemos colaborar con eso”.

De esta manera, el jefe de Gabinete salió al cruce de los reclamos del ministro de Gobierno de Axel Kicillof, Carlos Bianco, que le hizo fuertes pedidos al Gobierno, al exigir un replanteo “público de la cuestión de la obra pública, no solo lo que hizo Nación, sino muchos voceros, que hablan públicamente que están bien los recortes, haber parado la obra pública, cuando es algo muy necesario”.

“Estamos dispuestos a hacer lo que corresponda para aliviar la situación y para prevenir en el futuro. Pero este Gobierno lleva un año en el ejercicio de la administración nacional”, contestó Francos. Pero aclaró: “Estamos dispuestos a trabajar con la Provincia en todo lo que sea necesario para prevenir hechos futuros”. (DIB)

El gobernador bonaerense Axel Kicillof les tomó hoy juramento de fidelidad a la bandera nacional a 1.848 cadetes y futuros oficiales sub ayudantes de la Policía de la provincia de Buenos Aires, en el marco de un acto en el que apuntó contra el Gobierno nacional por el recorte de fondos.

“Este es un día importante porque el juramento a la bandera es también un compromiso con un pueblo que hace un gran esfuerzo en su vida cotidiana y contribuye a sostener una policía provincial más cercana y eficaz, que esté a la altura de las demandas de las y los bonaerenses”, señaló el Gobernador desde Berazategui, donde juraron los agentes que finalizarán este año sus procesos de formación en la Escuela de Policía Juan Vucetich.

En el marco del acto, Kicillof apuntó contra la gestión de Javier Milei por el recorte de fondos al sostener que en la actualidad el “esfuerzo” que realizan los efectivos policiales bonaerenses “es aún mayor, ya que el Gobierno nacional ha desertado de sus responsabilidades”.

“Vamos a seguir reclamando por todos los medios para que nos devuelvan los fondos que nos han quitado de forma ilegal y que nos permitían fortalecer la seguridad”, apuntó el Gobernador. Y concluyó: “Desde la Provincia acompañamos este juramento ratificando el compromiso de continuar invirtiendo para transformar nuestra Policía y brindar así más seguridad a los y las bonaerenses”.

En la actividad, estuvieron presentes los intendentes de La Plata, Julio Alak, y de Florencio Varela, Andrés Watson; el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; el jefe de la Policía provincial, Javier Villar; el subjefe, Héctor Cisneros; y el superintendente de Institutos de Formación Policial, Leandro Sarlo. (DIB) MT

El ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso, acusó al gobierno de Javier Milei de no enviar los fondos correspondientes para el funcionamiento de la Policía bonaerense y advirtió que esta situación puede generar que los ciudadanos estén “más vulnerables”.

“Hay fondos que el gobierno nacional no está enviando, como por ejemplo el fondo para la Policía bonaerense”, señaló el funcionario de Axel Kicillof en las últimas horas en el marco de una entrevista con Radio Colonia. Y agregó: “El argumento es la motosierra, en palabras del Presidente. Es plata que está asignada por el Congreso. Esto no se está cumpliendo por el DNU”.

Alonso indicó que “si desfinanciamos la seguridad los bonaerenses van a estar más vulnerables” y que “los delincuentes no discriminan a sus víctimas por el voto”. “Le van a robar tanto a los libertarios, como a los kirchneristas”, amplió su idea.

En otra entrevista radial con radio AM750 explicó que “nosotros recibimos 44 mil millones de pesos menos por mes del fondo de fortalecimiento fiscal de la provincia, que es ese porcentaje que se dio a través de una ley que no es discrecional”.

?? #López910 |@JaviAlonsook: “Creció mucho el robo de autos por la condición económica que hace que se busquen repuestos” con @gustavohlopez ? | AM 910

“Los fondos que nosotros dejamos de percibir, por ejemplo este para seguridad, estaba regulado por una ley que votó el Congreso, y el presidente, amparándose en el decreto inconstitucional 70/2023 está reordenando partidas y no nos está enviando el dinero”, agregó. (DIB) MT

Bajo el lema “En defensa de la educación pública”, la movilización contará con el apoyo de otras universidades nacionales, la Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos CTA. Y, además, como gesto se sumaron a la marcha entidades educaticas privadas como el Centro de Estudiantes de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) y San Andrés (UdeSA).

La movilización, fuertemente criticada por el Gobierno que desplegará efectivos de las cuatro fuerzas federales para evitar el corte total de calles, comenzará en la plaza del Congreso Nacional, en la esquina de las avenidas Callao y Rivadavia. Desde allí se trasladarán hacia Plaza de Mayo, donde a las 18 leerán un comunicado elaborado de forma consensuada entre la UBA, todas las facultades y otras universidades nacionales.

En este contexto, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el organismo que nuclea a todas las Universidades Nacionales Argentinas, manifestó que la marcha convocada es “una actividad de vital importancia para visibilizar la situación que atraviesa el sistema universitario y científico nacional” e invita a un “diálogo” con el Gobierno Nacional. A su vez reclamaron “el planteo de incrementos necesarios para gastos de funcionamiento y becas estudiantiles, actualización de salarios docentes y no docentes y reactivación de las políticas de ciencia, investigación y extensión y el financiamiento de obras”.

Pelea por los fondos

La semana pasada, el Gobierno anunció una “propuesta consensuada con el Consejo Interuniversitario Nacional” respecto a la situación presupuestaria de las universidades públicas. La decisión del ministerio de Capital Humano dispuso un aumento del 70% en marzo llevando la asignación por gastos de funcionamiento a $10.075.851.995 mensuales para las Universidades Nacionales.

En tanto que anunció otro 70% en mayo, alcanzando los $14.224.732.213 mensuales, totalizando un 140% de aumento sobre la asignación base de $5.926.971.777 mensuales. Además, la medida asignó una partida extraordinaria para necesidades de los hospitales universitarios por una suma de $14.403.479.661. Desde la UBA salieron a desmentir el acuerdo y señalaron que la medida era “insuficiente”.

Paralelamente, la Casa Rosada también anticipó que avanzará en un programa de auditoría conjunta de las universidades nacionales para perfeccionar el sistema actual. Y convocó a una reunión para el 30 de abril.El presupuesto universitario tiene tres partes: los salarios del personal docentes y no docentes, gastos de funcionamiento y, por último, programas especiales. Actualmente, de los gastos que requiere la universidad, cerca de un 90% del total corresponde a salarios y un 10% se destina a otros gastos para funcionamiento.

Protocolo de Bullrich

A la espera de una movilización masiva, el Gobierno de Milei preparó un fuerte operativo de seguridad para garantizar el orden público y la circulación en el centro porteño. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, coordinó con su par de la Ciudad Autónoma, Waldo Wolff, el despliegue de fuerzas y la logística.

En ese sentido, se espera que la administración nacional aplique el Protocolo Para el Orden Público, conocido como “Protocolo Anti piquetes”. Se trata del instrumento que implementó Bullrichdesde que asumió en su cargo, el 10 de diciembre, y ejecutó en cada movilización piquetera, de movimientos sociales o espacios políticos. Sin embargo, hubo movilizaciones masivas por efemérides, como la del 24 de marzo, en la que el Gobierno no aplicó ese protocolo.

No obstante, el Gobierno ve con preocupación quer a la marcha se hayan sumado además la CGT, las dos CTA, espacios políticos, como el kirchnerismo, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, movimientos sociales y piqueteros. (DIB)

El gobierno de Axel Kicillof transfirió $11.600 millones a los 135 municipios bonaerenses, la primera cuota de las cuatro previstas para el fondo de libre disponibilidad que las comunas ahora podrán utilizar para equilibrar sus finanzas.

La decisión de Kicillof se da en medio del tironeo con el gobierno Nacional por los recortes a los envíos de fondos, y supone un gesto de diferenciación del Gobernador, que cumple con lo acordado cuando en la Legislatura se votó la ley de Endeudamiento para este año.

Se trata del Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal creado por la Ley Nº 15.480, que reemplazó a un Fondo de Infraestructura Municipal que tenía el destino prefijado.

“Aún en un contexto en el que el Gobierno Nacional plantea un grave ajuste sobre las provincias argentinas, que ya se ha materializado en la interrupción de todas las transferencias obligatorias no automáticas, la Provincia de Buenos Aires realiza un enorme esfuerzo para cumplir con sus compromisos con los 135 municipios”, indicó el ministerio de Economía en un comunicado.

“Este Gobierno provincial vuelve a manifestar su preocupación por las políticas que se están llevando adelante y el impacto de las mismas en las condiciones de vida de argentinos y argentinas, y reafirma su compromiso con un Estado presente que utilizará todos los medios a su alcance para paliar la grave situación económica y social”, dice el texto difundido por la cartera económica. (DIB) AL

El Gobierno bonaerense informó este martes que el 6 de febrero pasado abonó, como estaba previsto en el cronograma, los salarios docentes con la totalidad de las sumas que lo componen, incluidas las que les corresponden a Nación, como el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), Conectividad y Material Didáctico, pese a que la administración central no giró los fondos.

“Aún cuando el Gobierno Nacional no transfirió los fondos correspondientes a los salarios de enero 2024, la Provincia tomó la decisión de pagarlos adelantando con recursos propios los conceptos mencionados para evitar que se vea resentido el poder adquisitivo del salario en un contexto económico sumamente adverso y de gran incertidumbre”, señalaron desde el Gobierno de Axel Kicillof en un comunicado.

No obstante, advirtieron: “De persistir esta situación, la Provincia no podrá hacerse cargo de estos componentes salariales que son exclusiva responsabilidad y obligación del Gobierno Nacional, y que, en el caso de un Maestro de Grado, llegan a explicar cerca del 10% del salario”.

En ese sentido, desde el Gobierno bonaerense indicaron que “todas las provincias del país están siendo sometidas al mismo retraso en la transferencia de los complementos salariales docentes por parte del Gobierno Nacional” y que “la Provincia de Buenos Aires manifiesta su enorme preocupación e insiste en que el Gobierno Nacional debe honrar sus compromisos y transferir los fondos de forma inmediata, a fin de dar cumplimiento a las Leyes N° 26.075 y Nº 25.053”. (DIB)

El foro que reúne a 58 intendentes de Juntos por el Cambio se reunió en La Plata y emitió un duro comunicado en el que denuncia al gobernador Axel Kicillof de discriminarlos en el envío de fondos. Afirman que lo hace por motivos electorales pero que a la vez perjudica la vida de “seis millones de bonaerenses”.“Los intendentes de Juntos por el Cambio estamos en estado de alerta por el desfinanciamiento que sufren en la actualidad nuestros municipios, manifestamos nuestra gran preocupación por una parte por la demora en el pago de diversos conceptos”, reclamaron en el documento titulado “Al señor Gobernador de la provincia Axel Kicillof”.

Tras un encuentro que se realizó en la casa de la Provincia, en calle 51 entre 8 y 9, los intendentes de PRO y radicales decidieron poner por escrito sus objeciones a la administración Kicillof y entregarlas en un documento formal que llevará la firma de los 58, para darle un mayor peso formal.  Allí, los alcaldes Sostuvieron que hay incumplimiento de temas acordados a la hora de sancionar el presupuesto provincial y que se encuentran con demoras significativas, entre ellas por “la falta de pago a muchos municipios de aportes del tesoro provincial para compensar la caída de CUD (coparticipación), cuya cancelación estaba prevista en desembolsos para marzo y junio”.

También se detalló “el financiamiento por parte de los municipios de un porcentaje significativo de los Torneos Bonaerenses, la falta de cumplimiento de convenios celebrados para el funcionamiento de las policías en los distritos por parte del Ministerio  de Seguridad (Fondo Municipal de Seguridad), o los que tienen que ver con las acciones planteadas en los convenios celebrados con el Ministerio de las Mujeres, por ejemplo”. A su vez, cuestionaron la “excesiva intencionada burocracia y duplicidad de controles (cuestiones que se acordó oportunamente simplificar y disminuir), sumada a la importante demora en el pago de los anticipos y/o certificados correspondientes, en un contexto de una altísima inflación que no para de crecer, que obliga en muchos casos a la paralización de obras comprometidas con la consecuente falta de respuestas a nuestros vecinos que esperan la ejecución y el cumplimiento de las mismas, a su vez que se ponen en riesgo miles de puestos de trabajo generados a partir de ellas”.

Por otra parte, se planteó “la insuficiente actualización del valor de las prestaciones abonadas por el IOMA y la demora en la cancelación de las mismas, que dificultan seriamente el normal funcionamiento de nuestros efectores de salud”, afectando seriamente las prestaciones que reciben los afiliados.En cuanto al pago del bono de 60 mil pesos a los empleados municipales, se graficó que “se toman medidas de manera unilateral que afectan el normal desenvolvimiento de nuestros municipios y que al no ser acompañadas con los recursos suficientes para hacer frente a dichas obligaciones también generan inconvenientes en los gobiernos locales, en un contexto de absoluta dificultad financiera”.

Los intendentes de Juntos por el Cambio apostaron a “la sana convivencia democrática, al diálogo y el consenso político, por lo que seguimos aguardando ser convocados a partir de nuestro pedido de audiencia del 7 del corriente mes”.

“Apostamos a poder construir una provincia mejor para cada unos de los bonaerenses”, remarcaron y concluyeron: “Somos 58 intendentes que gobernamos municipios donde habitan más de 6 millones de bonaerenses a lo largo y a lo ancho de más de 170.000 kilómetros cuadrados de nuestra querida provincia”. LOS 58 INTENDENTES QUE FIRMARON EL COMUNICADOJulio Garro (La Plata), Sebastián Abella (Campana), Gustavo Posse (San Isidro), Jaime Méndez (San Miguel), Alejandro Federico (Suipacha), Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Soledad Martínez (Vicente López), Javier Olaeta (Arrecifes), Javier Iguacel (Capitán Sarmiento), Javier Martínez (Pergamino), Gustavo Perie (Ramallo), Román Bouvier (Rojas), Francisco Ratto (San Antonio de Areco), Manuel Passaglia (San Nicolás), Oscar Capeletti (Brandsen), Néstor Grindetti (Lanús), Jorge Etcheverry (Lobos), Gonzalo Peluso (Magdalena), Vicente Gatica (Bragado), Víctor Aiola (Chacabuco), Nahuel Mittelbach (Florentino Ameghino), Edgardo Battaglia (General Arenales), Franco Flexas (General Viamonte), Eduardo Campana (General Villegas), Pablo Petrecca (Junín), Salvador Serenal (Lincoln), Mariano Barroso (Nueve de Julio), Javier Reynoso (Rivadavia), Miguel Fernández (Trenque Lauquen), Emilio Cordonnier (Ayacucho), Esteban Reino (Balcarce), Camilo Etchevarren (Dolores), Osvaldo Dinápoli (General Belgrano), José Rodríguez Ponte (General Lavalle), Carlos Santoro (General Madariaga), Guillermo Montenegro (General Pueyrredón), Arnaldo Harispe (Lezama), Juan José Fioramonti (Lobería), Matías Rapallini (Maipú), José Castro (Monte), Martín Yeza (Pinamar), Roberto Suescún (Rauch), Miguel Ángel Gargaglione (San Cayetano), Miguel Ángel Lunghi (Tandil), Javier Andrés (Adolfo Alsina), Héctor Gay (Bahía Blanca), Raúl Reyes (Coronel Dorrego), Lisandro Matzkin (Coronel Pringles), Mariano Uset (Coronel Rosales), Martín Randazzo (General La Madrid), José Luiz Zara (Carmen de Patagones), Guillermo Pacheco (Pellegrini), Facundo David Castelli (Puan), Gustavo Notararigo (Saavedra), Hernán Bertellys (Azul), Ramón Capra (General Alvear), Ezequiel Galli (Olavarría), José Luis Salomón (Saladillo). (DIB)

Por Ximena B. Xiong

El lunes de la corriente semana, el Consejo Escolar de la ciudad de Chascomús dio a conocer que la Provincia de Buenos Aires giró al distrito un total de $595.000 para cubrir gastos de materiales educativos, una inversión que se realizó para el último tramo de clases no presenciales.

En este sentido, consejeros escolares del Frente de Todos, cuyo presidente del consejo Escolar pertenece a ese espacio, informaron que a través del artículo tercero del Decreto N°181/2, el Poder Ejecutivo Provincial creó en el ámbito de la Dirección General de Cultura y Educación el “Programa de asistencia a establecimientos educativos de nivel primario y secundario y de la modalidad de educación especial de gestión estatal provincial”.

Tiene como objetivo “realizar asignaciones de fondos por única vez, para atender los gastos de material educativo necesario para garantizar la continuidad pedagógica no presencial de las y los estudiantes con menores recursos económicos”. En ese sentido, los establecimientos educativos contarán con recursos para financiar la entrega de impresiones y fotocopias o útiles escolares.

Y por lo cual el programa “benefició a nuestro distrito con un fondo de $595.000, de los cuales $26.000 para la modalidad de educación especial; $239.000 para el nivel primario y $330.000 para el nivel secundario”.​

Los montos asignados a los establecimientos educativos del distrito de Chascomús, “fue realizada por la Subsecretaría de Planeamiento, tomando en consideración el nivel de enseñanza y la matricula total, a la vez que la cantidad de base asignada se pondera de acuerdo con las características de la matrícula”, comunicaron.

A la vez que añadieron que “si bien la administración de los fondos antes mencionados, son administrados a través de este Consejo Escolar que actuamos como agentes de pago de las sumas afectadas a cada establecimiento educativo del distrito, son las autoridades de las instituciones quienes contratan a los proveedores y hacen llegar a este organismo la facturas para dar rendición de los montos afectados”.

Finalmente expresaron que el monto destinado al partido fue “una ayuda que permitió a muchas familias acceder a distintos materiales escolares para su continuidad pedagógica”.

Ayer en las instalaciones del Polideportivo, representantes del Club Deportivo y Social Garay, Automoto Club Chascomús, Club Atlético Unión Deportiva, Club Social y Deportivo Los Picapiedras, Campo de Pato Chascomús, Chascomús Futsal, APAC Padel, MX Chascomús Asociación Civil, Asociación de Fútbol Barrial de Chascomús, Agrupación Ciclista Chascomús, Club de Pelota Chascomús, Club Bochístico Independiente, Club de Regatas Chascomús, Asociación Pesca y Náutica y Club Atlético Chascomús, firmaron un compromiso para recibir este apoyo junto al Intendente Javier Gastón, el secretario de Planificación y Turismo, Leandro Otondo y el director de Deportes, Pablo Francese.

Se trata de un programa del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación que asiste a clubes de barrio y de pueblo y a otras entidades deportivas en el proceso de formalización y regularización institucional.

“Con estos fondos, las instituciones locales podrán cubrir gastos administrativos necesarios para regularizar su situación legal; este fondo de fortalecimiento forma parte del compromiso de un Estado presente también en este contexto tan difícil que atravesamos producto de la pandemia”, expresó Francese.

Los recursos, permitirán regularizar la gestión de trámites, pagos de formularios, presentaciones, fotocopias de estatutos, copias e impresiones, actas y libros contables entre otros aspectos, así como también servicios profesionales, administrativos y de gestoría.