EL PRO se pronunció a favor de respaldar el veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento universitario, que se debatirá el miércoles en la Cámara de Diputados. Sin embargo, el partido criticó la gestión del Gobierno en la materia.

Ese posicionamiento se adoptó en una reunión de la mesa directiva del partido encabezada por el expresidente Mauricio Macri. Desde las 11 y bajo la modalidad virtual, en el encuentro también estuvieron los gobernadores de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; de Chubut, Ignacio Torres; el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; el presidente del bloque, Cristian Ritondo, y la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez.

De acuerdo con la agencia Noticias Argentinas, esa es la postura que el partido llevará a la sesión especial de Diputados convocada para este miércoles. A través de un comunicado, el PRO expresó que el bloque “ya votó mayoritariamente en la Cámara de Diputados hace pocas semanas, rechazando esa ley. Seguimos pensando lo mismo”.

Sin embargo, el PRO criticó la política oficial sobre las universidades. Señaló que “habiendo pasado diez meses de gestión el Gobierno se encuentra en un conflicto agravado por cuestiones internas del propio gobierno, conflicto que con una gestión profesional y eficiente se podría haber evitado”. “Como siempre hemos señalado, para el PRO la gestión importa”, sentenció.  

Respecto del veto presidencial, y del acompañamiento del PRO, “somos coherentes con la necesidad de sostener el equilibrio fiscal como prioridad para que nuestro país salga adelante”. “Somos coherentes con nuestro respeto a la ley de Administración Financiera, que impide que una ley defina un gasto sin explicar cómo se financia”, reafirmó postura. “El PRO siempre ha defendido la bandera de la educación pública. Lo demostró durante la presidencia de Macri y lo sigue mostrando en sus actuales administraciones provinciales, municipales y de la ciudad de Buenos Aires”, reza el comunicado.

Mañana martes a las 18 los diputados de la fuerza tendrán una reunión de bloque para definir si se expresan en sintonía con la conducción partidaria. (DIB) GML

El presidente Javier Milei vetó la ley de financiamiento universitario a horas de la masiva marcha que tuvo su epicentro en el Congreso Nacional. Lo había adelantado el Gobierno durante la tarde del miércoles, y finalmente se confirmó al filo de la medianoche con la publicación en el Boletín Oficial del decreto 879/2024, en el que se afirma, entre otros puntos, que “el proyecto de ley es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”. Se trata del segundo rechazo del Ejecutivo a una ley aprobada por el Congreso, luego de que se desestimara la recomposición de las jubilaciones.

La ley de financiamiento de las universidades había sido aprobada por la Cámara alta el 12 de septiembre con apoyo de senadores kirchneristas, de la UCR, los bloques federales y los senadores del PRO Luis Juez y Guadalupe Tagliaferri. Los libertarios votaron en contra con el acompañamiento de tres macristas.

Milei advirtió de inmediato que vetaría el proyecto ya que afectaría el equilibrio fiscal.

La ley sancionada por el Congreso el mes pasado establece una actualización del presupuesto basada en la inflación, medida por el INDEC, y una indexación bimestral usando un coeficiente que combine un 50% de variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), 25% de la variación del dólar y otro 25% de las tarifas de servicios públicos.

Además, se propone una recomposición salarial para docentes y no docentes con base en el IPC, pero de manera subsidiaria a la paritaria colectiva. Para este año, la ley tiene un impacto fiscal de $ 738.595 millones, equivalente al 0,14% del PBI, de acuerdo con un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Esa cifra según afirma el texto del DNU 879/2024, “dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas de la República Argentina, ya que significaría la necesidad de obtener una fuente de financiamiento extraordinaria, imprevista, a efectos de afrontar su costo”.

El decreto comienza diciendo que “el proyecto de ley sancionado por el Honorable Congreso de la Nación es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento“.

Se expresa además que “el presupuesto en ejecución de la Secretaría de Educación dependiente del Ministerio de Capital Humano no incluye los créditos necesarios para atender el gasto asociado al proyecto de ley sancionado, motivo por el que su implementación demandaría aportes adicionales del Tesoro Nacional“.

Ese incremento rondaría los $ 250 mil millones de pesos “en las partidas de las actividades 14, 15, 16 y 25 del Programa 26 ‘Desarrollo de la Educación Superior’ del Servicio 330 ‘Secretaría de Educación’”. Ello, “sin perjuicio del impacto de la actualización que pudiera corresponder por el período septiembre – diciembre del actual ejercicio”, aclaró la normativa, que luego remarcó que “la eventual aplicación de las prescripciones del referido proyecto de ley implicaría un gasto adicional de aproximadamente $ 811.569.000.000“.

El otro punto de discusión es el aumento de los salarios docentes por encima del resto del personal de la administración pública: “La medida sancionada establecería un privilegio para el personal de las Universidades Nacionales (87% de incremento entre diciembre 2023 y agosto 2024) respecto del resto del personal de la Administración Pública Nacional (78% en el mismo período), por lo que los incrementos salariales deben tener lugar a través de la negociación colectiva de trabajo”.

Así, el punto “evidencia una incongruencia respecto a la normativa sustantiva inherente a la negociación colectiva de trabajo y a la gestión de la Administración Financiera Pública”.

Y “el propio ordenamiento jurídico específico de la administración presupuestaria (…) con el objeto de evitar prácticas perniciosas que desvirtuaban la formulación presupuestaria y no respetaban la existencia de sustentabilidad financiera, desterró la posibilidad de negociaciones y/o asignaciones retributivas con carácter retroactivo”.

De esa manera, afirma el decreto 879, “dar cumplimiento a la medida sancionada por el Honorable Congreso de la Nación dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas de la República Argentina, ya que significaría la necesidad de obtener una fuente de financiamiento extraordinaria, imprevista, a efectos de afrontar su costo”.

Y por ello, “a los fines de que el país continúe en la senda de la estabilidad y del crecimiento, corresponde que el Poder Ejecutivo Nacional recurra a la herramienta constitucional del veto total de la iniciativa legislativa que le ha sido remitida”. (DIB) MM

Mientras Javier Milei prepara el veto para la Ley de Financiamiento Universitario, el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, le hizo un enfático reclamo y le dijo que si avanza en esa posición “se hipoteca el futuro del país”. “Señor Presidente. Por favor, no vete la ley”.

Este jueves y viernes, las universidades públicas del país están de paro. A estas medidas de fuerza se sumará la marcha federal que preparan las casas de estudio para el próximo miércoles.

En declaraciones a Radio Mitre, el rector insistió que “el error es decir que es plata tirada” aquella que se invierte en educación, por lo que concluyó: “El gasto en educación no es plata que se tira, es inversión al país y a la gente joven”.

“Yo no soy economista, pero los que entienden dicen que esto modificaría 0.14 del PBI, muy poco”, puntualizó Gelpi, quien le reclamó al mandatario que revea la decisión de vetar la ley y le otorgue la mejora presupuestaria a las universidades que reclaman aumento de sueldos y las reformas edilicias.

“Respeto la opinión del Presidente pero no la comparto en absoluto: creo que se está desfinanciando al sector público de la educación y lo vamos a pagar caro”, aseguró el docente.

Gelpi repasó que están teniendo problemas operativos por la falta de recursos y aseguró que muchos docentes empezaron a dejar la Universidad porque no están conformes con los salarios que perciben.

Cabe señalar que esta semana, trabajadores del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) encabezaron una protesta en la que decidieron realizar un abrazo simbólico al edificio y señalaron que la institución hoy funciona al 50% como consecuencia del atraso presupuestario y salarial.

El propósito fue visibilizar “la crítica situación de financiamiento que atraviesa la Universidad de Buenos Aires”.

A través de un comunicado, expresaron que allí desarrollan sus tareas más de 3000 trabajadores, entre profesionales de la salud que atienden a más de 1000 pacientes diarios, quienes realizan tareas administrativas y de mantenimiento. “Al tratarse de un hospital escuela, también se forman allí futuros profesionales en el campo de la medicina y la investigación”, agregaron. (DIB)

El presiente Javier Milei confirmó que aplicará un “veto total” a la ley de financiamiento universitario que sancionó en Senado esta madrugada, por al cual se aumentan las partidas para el funcionamiento de las casa de altos estudios y para subir el sueldo de sus trabajadores, tanto docentes como no docentes.

“Veto total”, respondió Milei en su perfil de X a una publicación del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, en la que el funcionario había aclarado que la “última palabra” sobre la cuestión la tendría el Presidente. Más temprano, el portavoz Manuel Adorni había adelantado que la medida estaba en estudio.

La confirmación del veto abre la puerta a una intensificación del conflicto en las universidades nacionales, que ya comenzaron este cuatrimestre con paros de actividades en protesta por el retraso salarial de los docentes –lo estiman en el 30% promedio o incluso por encima de esa cifra, según la fuente- y el incumplimiento parcial por parte del Gobierno del compromiso de enviar más fondos para el funcionamiento general de las casas de estudios.

Una de las posibilidades que analizan en los gremios universitarios es la de reiterar una marcha de protesta, luego de éxito de la que se realizó el martes 23 de abril pasado. También podría desatarse una nueva oleada de paros.

Tras la aprobación de la Ley, el gobierno tiene diez días para dejar sin efecto la decisión parlamentaria. Luego, el parlamento podría intentar dejarla firme, pero para eso hacen falta los dos tercios de ambas cámaras legislativas.

La ley fue sancionada por un mosaico de fuerzas políticas de la oposición en la que confluyeron radicales, kirchneristas, fuerzas provinciales y otros bloques menores, que impusieron su criterio por 57 votos a favor, tan sólo 10 en contra y una abstención.

Según los defensores del proyecto, el costo fiscal de la norma es de apenas el 0,14% del producto bruto interno (PBI). En números, serían unos $780.000 millones de pesos. El oficialismo acusó a la oposición de hacer demagogia con un tema tan sensible como la educación, amén de destacar que la iniciativa no establece la fuente de financiamiento de la mayor erogación que implicará para el presupuesto nacional.

El veto será el segundo en la era libertaria, luego de que hace dos semanas el mandatario firmara el último 30 de agosto la ley de movilidad jubilatoria. En ese caso, la oposición en la cámara de Diputados no logró reunir los dos tercios necesarios para voltear la iniciativa. (DIB) AL

Tras la sanción en el Senado de la ley que recompone el presupuesto de las universidades nacionales, el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que el mandatario Javier Milei tiene “en evaluación” vetarla.

“Se está analizando, no está confirmado que se vaya a vetar o a no vetar. Está en discusión en todo el gabinete y la decisión, por supuesto, la va a tomar el Presidente”, respondió Adorni ante la consulta periodística en su habitual conferencia de prensa.

La cautela del funcionario contrastó con lo que venían expresando miembros del Gobierno respecto de la convicción de que había que vetar el proyecto.

La ley incrementa el presupuesto universitario e incluye una recomposición para los docentes y no docentes. Esto generará un impacto fiscal de 735.598 millones de pesos, lo que implica el 0,14% del PBI, según informó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

Sería, si se avanza en ese sentido, el segundo veto durante el Gobierno mileísta, luego del que el Presidente firmara hace dos semanas contra la ley de movilidad jubilatoria. (DIB)

En medio de una “alianza” transitoria entre kirchneristas y radicales, el Senado rechazó y derogó el decreto de necesidad y urgencia 656/24 por el que el Gobierno de Javier Milei amplió en $100.000 millones el presupuesto para gastos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) que maneja Sergio Neiffert, hombre de confianza del asesor presidencial Santiago Caputo. Fue un duro golpe para la gestión libertaria que horas antes había sufrido la aprobación del proyecto que actualiza y blinda el presupuesto de las universidades públicas, algo que el Presidente ya adelantó que vetará.

La derogación del DNU obtuvo 49 votos a favor de Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical (excepto los ausentes mendocinos Rodolfo Suarez y Mariana Juri), y tres del PRO (la porteña Guadalupe Tagliaferri, la pampena Victoria Huala y el entrerriano Alfredo De Ángeli. El oficialismo apenas juntó 11 y hubo dos abstenciones, del macrista Martín Goerling (Misiones) y la chubutense Andrea Cristina.

Se trata además de un hecho inédito: es la primera vez que el Congreso rechaza un DNU, desde la ley de 2006 que regula el tratamiento de estas decisiones.

Si bien el oficialismo había logrado excluir del temario al DNU 656, un sector de la oposición logró en el inicio de la sesión, doce horas atrás, que se volviera a incorporar. Si bien el Gobierno intentó evitar la derrota legislativa por todos los medios, entablando conversaciones con senadores y presionando a gobernadores para tratar de dejar sin quorum la sesión, no lo logró.

El segundo golpe vino por el lado de las universidades. La ley no solo incrementa el presupuesto, sino que incluye una recomposición para los docentes y no docentes. Esto generará un impacto fiscal de 735.598 millones de pesos, lo que implica el 0,14% del PBI, según informó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

Durante la votación en general, la iniciativa obtuvo 57 adhesiones, 10 rechazos y una abstención, por lo que el texto pasó de manera holgada los dos tercios. De hecho, durante la votación en general avalaron la ley tres legisladores del PRO: Guadalupe Tagliaferri -siempre estuvo a favor-; el jefe de la bancada, Luis Juez, y la tucumana Beatriz Ávila, mientras que se abstuvo la pampeana Victoria Huala. Otros tres lo hicieron en contra: Carmen Álvarez Rivero, Martín Goerling y Alfredo De Ángeli.

El texto sancionado establece que el Poder Ejecutivo tendrá que actualizar desde el 1 enero de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2024, de forma bimestral, el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales por el Índice de Precios al Consumidor informado por el INDEC. 

De acuerdo a la OPC, la actualización de partidas del 2023 según el IPC es de 210.742 millones de pesos; el ajuste bimestral de los recursos para 2024 es de 86.254 millones de pesos, en tanto que para salarios los fondos oscilan en los 441.600 millones de pesos. (DIB)

El Senado dictaminó favorablemente el proyecto de aumento presupuestario para las universidades nacionales, que cuenta con la media sanción de la Cámara de Diputados y es rechazado por el oficialismo con el argumento de que pone en riesgo el superávit fiscal. 

El encuentro tuvo como marco el plenario de las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda que conducen el kirchnerista Eduardo “Wado” de Pedro (Buenos Aires) y el libertario Ezequiel Atauche (Jujuy).

Al cierre de esta nota, las intenciones por sesionar marchaban por carriles distintos. Por un lado, un sector pretende llevarlo al recinto mañana miércoles y propinar así una sanción definitiva a la iniciativa.

Otros pretendían que fuera el jueves y que se incluya el proyecto que implanta la Boleta Única de Papel (BUP). La moneda aún está en el aire con respecto al DNU que le otorga fondos a la SIDE y que ya fue rechazado por Diputados.

El aumento de los recursos para las universidades nacionales, que incluye un incremento para los docentes y no docentes, generará un impacto fiscal de 735.598 millones de pesos, lo que implica el 0,14 por ciento del PBI, según informó la Oficina de Presupuesto del Congreso.  

El proyecto obliga al Poder Ejecutivo a actualizar las partidas presupuestarias para cubrir gastos de funcionamiento, investigación y extensión en las universidades y fija que cada dos meses el Gobierno deberá ajustar los presupuestos de las universidades acuerdo a la inflación.

El primero en tomar la palabra fue De Pedro, quien destacó que la media sanción que tiene como origen la Cámara de Diputado solo “es un rescate urgente para garantizar el funcionamiento mínimo” de las universidades nacionales.

Por su parte, Atauche, la voz de la Casa Rosada en la comisión -de la que se retiró rápidamente-, explicó  que el financiamiento de las casa de estudio “preocupa” al oficialismo y consideró que vienen apoyando la causa.

“Hemos aumentado el presupuesto de educación, a pesar de que venia muy atrasado. Pusimos al día una cuestión que no se reclamaba y que empezaron reclamar; y que entendíamos que era razonable que todos los docentes y los presupuestos sean adecuadas”, argumentó.

En esa línea, hizo énfasis en el pedido del Ejecutivo por auditar el presupuesto de las universidades: “Tenemos que cuidar los bolsillos de los pagadores de impuestos argentinos. Queremos que los argentinos sepan los niveles de actualización y en qué se utilizan”.

Uno de los que salió al cruce de Atauche sin nombrarlo fue el senador de la UCR Flavio Fama (Catamarca) que, además de citar la autonomía de las universidades, sostuvo que es “injusto meter en la misma bolsa a todas las universidades”.

Otro radical que cargó contra el oficialismo fue el senador Martín Lousteau (CABA) que, principalmente, apuntó contra Milei: “El presidente habla de la educación pública como adoctrinamiento, después va a su viejo colegio y adoctrina a los alumnos”.

“El Gobierno mintió con los gastos de funcionamiento. El Gobierno decía que eso estaba saldado, pero no era así. Aún hoy no terminan de cumplir, según nos cuentan los rectores de las universidades”, explicó el representante de la ciudad de Buenos Aires.  (DIB)

Pese al rechazo del oficialismo, los diputados de la oposición aprobaron este jueves un proyecto que procura garantizar el financiamiento de las universidades públicas, que ahora será tratado por el Senado.

La denominada Ley de Financiamiento de Universidades Nacionales, impulsada por la UCR, encomienda al Poder Ejecutivo a actualizar -cada dos meses y por inflación- los gastos salariales y de funcionamiento de las casas de altos estudios de manera retroactiva, desde enero de este año hasta el 31 de diciembre.

Tras el rechazo al dictamen que había impulsado el kirchnerismo, el segundo dictamen de minoría fue aprobado en general con 143 votos afirmativos, 77 negativos y 1 abstención, tras la inclusión de artículos complementarios.

En medio del fuerte recorte en su presupuesto educativo desde que asumió el Gobierno de Javier Milei, la propuesta aprobada es resistida por la Casa Rosada, ya que tiene un impacto fiscal de $ 1,4 billones, lo que hace tocar el objetivo de déficit cero.

El dictamen de minoría, firmado por la UCR, Encuentro Federal, Coalición Cívica e Innovación Federal, y con Danya Tavela como autora principal, tras sumar una serie de modificaciones en artículos, propuesto por Unión por la Patria, consiguió los votos necesarios para ser aprobado.

Al respecto, Tavela apuntó que “un docente universitario, titular de cátedra, con exclusividad y un doctorado, cobra lo mismo que un jefe de despacho de cualquier diputado”. Y reclamó: “Les están faltando el respeto a los docentes universitarios al no convocarlos a la paritaria”.

Sobre la necesidad de recomponer el poder adquisitivo de docentes y no docentes que, se estima ronda el 45% de caída, el proyecto instruye al Gobierno a recomponer el presupuesto salarial a partir del 1° de diciembre pasado hasta el mes de la sanción de la ley por el índice de inflación acumulada que informa el Indec. Luego, la actualización deberá ser de manera mensual, también por inflación.

Esta recomposición salarial, empero, no se aplicará en el caso de que las paritarias del sector sean acordadas y rubricadas por las partes, reza el proyecto.

El único artículo que fue rechazado está vinculado con la distribución de los fondos. La propuesta del radicalismo establecía que el aporte del Estado nacional para las universidades se de en función del número de estudiantes ingresantes y alumnos en cada institución, el tipo de carrera ofrecida. Este punto fue rechazado por Unión por la Patria.

Desde el lado del oficialismo, el diputado José Luis Espert aseguró que el Gobierno de Milei “está solucionando varios problemas en materia de educación superior heredados del gobierno de Alberto Fernández”. Y advirtió: “No podemos permitirnos una ley de fantasía como la que existe en el dictamen de mayoría que vaya en contra del déficit cero, porque es el instrumento para mantener a raya a la inflación”.

Ahora, la propuesta pasará al Senado, donde el radicalismo deberá contar con el apoyo del kirchnerismo y de los bloques provinciales para avanzar con la sanción definitiva. (DIB)

Tras el acuerdo al que arribaron el Gobierno con las autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) por los fondos para su funcionamiento, el senador nacional por la UCR, Maximiliano Abad, pidió que se garantice el dinero para el resto de las altas casas de estudios del país.

“La actualización en un 270% del presupuesto de gastos de funcionamiento y de un 300% para Hospitales de la Universidad de Buenos es un dato alentador pero insuficiente para dar respuesta a los reclamos de todo el sistema público universitario”, dijo Abad.

En ese sentido, recordó que para garantizar el financiamiento universitario, “hace falta recomponer el de las 60 universidades nacionales restantes, no sólo el de la UBA”. Y continuó: “Cómo lo anticipamos en febrero de este año, la situación presupuestaria de las Universidades Públicas de la Argentina es de extrema gravedad, ya que al no haberse sancionado una Ley de Presupuesto, las casas de estudio están funcionando con partidas presupuestarias compuestas por fondos con los valores del año 2023, esto es, sin la correspondiente actualización presupuestaria por inflación”.

Cabe destacar que Abad le preguntó y le sugirió al jefe de Gabinete, Nicolás Posse que incorpore la educación al Pacto de Mayo y destacó que “los pactos no pueden ser de adhesión, los pactos tienen que ser de concertación”.

Otro de los aspectos considerados por el senador nacional de la provincia de Buenos Aires, es de la urgencia por actualizar los salarios de docentes, investigadores y trabajadores no docentes de las altas casas de estudios. “El sistema público universitario es uno solo y necesita de un financiamiento adecuado, que incluya el presupuesto básico para su funcionamiento y también la actualización de los salarios y de los fondos para ciencia e investigación. Invertir en educación Superior no es un gasto, es una decisión de apuntalar el desarrollo y la perspectiva de crecimiento de nuestro país”, cerró. (DIB)