El Ministerio de Salud de la Nación, en conjunto con la Secretaría de Industria y Comercio, busca implementar una herramienta digital para que los ciudadanos tengan acceso a información oportuna sobre los precios de los medicamentos.

Con esta medida todas las farmacias deberán exhibir un código QR que permita a los consumidores acceder a la lista de precios completa de los medicamentos que se comercializan. “Esta iniciativa, que representa un avance significativo en el proceso de digitalización sanitaria, tiene como objetivo contribuir a que los ciudadanos puedan tomar decisiones informadas y autónomas, eliminando la dependencia de intermediarios y la burocracia innecesaria”, indicó el Gobierno en un comunicado.

El código QR deberá ubicarse en un lugar visible dentro del local de modo tal que los consumidores puedan escanearlo con sus celulares y visibilizar la información de manera rápida y simple. El citado código se presentará en un cartel con la leyenda “Consulte aquí la lista de precios de medicamentos”.

Esta medida complementa el desarrollo del “Buscador de Precios de Medicamentos” alojado en la web del Ministerio de Salud que, tan solo en los primeros 60 días de implementación, procesó 129.400 búsquedas. Con el nuevo QR se busca garantizar el acceso a la información de precios en el momento oportuno de la compra en farmacias.

La medida responde a lo establecido por la Resolución N°4/2025 de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía respecto a que la exhibición de precios debe efectuarse en forma clara y que cuando se realice mediante listas, éstas deberán exponerse en los lugares de acceso, de venta o atención, a la vista del público en formato físico y/o digital. Los comercios contarán con un plazo de 30 días a partir de la publicación de la resolución para implementar esta medida.

“Al garantizar la exhibición clara de precios y fortalecer la libertad de elección, estos nuevos mecanismos de consulta permiten a los consumidores adaptar sus compras a sus posibilidades económicas y ejercer plenamente su derecho a decidir. El Estado no tiene que decir qué comprar ni cuánto pagar, pero sí debe asegurar que todos los actores del mercado operen con las mismas reglas”, indicó el Gobierno. (DIB) ACR

En Chascomús, las dificultades que enfrentan los beneficiarios de obras sociales y prepagas han cobrado protagonismo en las últimas semanas. Cecilia Anchordoquy, farmacéutica local, expuso la situación en el programa “Por Siempre Noticias” de la 97.3, planteando interrogantes sobre cómo la tecnología ha comenzado a transformar este sector.

Según Anchordoquy, muchas obras sociales requieren el uso de teléfonos con tecnología específica, lo que se convierte en un obstáculo para la mayoría de los adultos mayores, quienes, además de no contar con smartphones, a menudo no tienen las habilidades necesarias para utilizarlos. “Hay pacientes crónicos que deben realizar todo su tratamiento a través del teléfono”, explicó. Si bien algunas obras sociales aún no han adoptado estas exigencias tecnológicas, la diversidad de sistemas en funcionamiento complica los trámites necesarios para acceder a medicamentos, convirtiendo lo que debería ser un proceso simple en una “aventura” abrumadora para quienes no están familiarizados con estas herramientas.

Además, la farmacéutica destacó que muchos medicamentos han dejado de ser cubiertos por las obras sociales. “Es fundamental que nos consulten a los farmacéuticos, ya que hay tratamientos que son de por vida, y si se inician los trámites correspondientes, la obra social está obligada a cubrirlos por tratarse de pacientes crónicos”, afirmó.

Por si fuera poco, el incremento constante en los precios de los medicamentos plantea un grave problema. Esta situación deja a muchas personas en la difícil decisión de abandonar tratamientos vitales debido a restricciones económicas. La falta de control sobre estos aumentos se ha convertido en una preocupación generalizada, que añade una carga adicional a quienes ya enfrentan desafíos significativos en su atención médica.

El Juzgado Federal N°2 de Mendoza le dio un nuevo revés al mega DNU dictado por Javier Milei en el inicio de su Gobierno. En un importante fallo, definió que los medicamentos sólo se podrán comprar en las farmacias, al rechazar dos artículos que permitía el expendio de remedios de venta libre fuera de los locales especializados.

El fallo, en concreto, suspendió así los artículos 313 y 317 del megadecreto que firmó en diciembre el Presidente. En ese sentido, el juzgado, que trataba una demanda del Colegio de Farmacéuticos de Mendoza contra el Poder Ejecutivo, declaró la inconstitucionalidad de doce artículos del DNU que desregulaban actividades del rubro, entre ellas la venta de ciertos medicamentos. El colectivo de farmacéuticos había alegado que la desregulación provocada por el decreto afectaba puestos de trabajo y también derechos laborales, sanitarios y sindicales.

“El rol del farmacéutico no se limita a la venta de medicamentos”, afirma el fallo de la Justicia federal, que califica la actividad de los farmacéuticos como “fundamentales para la protección del derecho a la salud en su dimensión colectiva”.

De esta manera, la cautelar restituye la plena vigencia del artículo 1 de la ley 17565, de 1967, que en uno de sus párrafos restringía a esos comercios especializados la venta de medicamentos de expendio libre.

En un primer momento, el decreto -que eliminaba aquel párrafo de la normativa original- comprendía que el expendio de todos los medicamentos de venta libre quedara abierto a otros establecimientos, como los kioscos. Sin embargo, la reglamentación del DNU restringió esa posibilidad a los analgésicos y antiácidos.

“La ‘venta libre’ no exige receta pero sí requiere los cuidados y controles realizados por los farmacéuticos”, profundizó el fallo, que apuntó a una eventual incoherencia: 2 comprimidos de Ibuprofeno venta libre de 200mg es igual a un comprimido de 400mg, que por su dosis debe venderse bajo receta. También recordó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) respalda la actividad farmacéutica con “personal capacitado en el tema, capaz de informar y asesorar sobre su uso seguro y eficaz, y que los mismos hayan pasado por los controles necesarios”. (DIB)

La Justicia frenó este martes los artículos del DNU 70/23 que modificaban la actividad laboral de los farmacéuticos y, a partir de ese fallo, se cae también la venta de medicamentos en kioscos y otros establecimientos en los que no haya un profesional para dispensarlos.

Tras el reclamo del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB), la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo suspendió los artículos 319, 320 y 321 del DNU 70/2023 que modificaban la actividad laboral de los farmacéuticos.

En rigor, el DNU 70/23 sacaba de circulación a los farmacéuticos porque derogaba los artículos 13, 20, 25, 26, 27, 40, 41, 42, 43 y 44 de la ley 17.565 de farmacia.

La Justicia resolvió establecer la obligación de la presencia, la atención personal y la dependencia exclusiva del farmacéutico con la farmacia o establecimiento que dirija, durante todo el horario de atención; la obligación de reemplazar al farmacéutico ausente por otro profesional para poder continuar con la distribución o dispensación de los medicamentos, caso contrario la farmacia no podrá dispensar remedios recetados; y la obligación de la dirección técnica farmacéutica en otros lugares como herboristerías, porque el uso de plantas medicinales también conlleva riesgo.

“La sentencia en forma directa establece que ningún establecimiento que venda medicamentos puede funcionar sin la presencia permanente de un profesional farmacéutico. E indirectamente impide la venta en kioscos porque al restablecer que la dispensiòn de medicamentos deba ser exclusivamente bajo la supervisión profesional, el kiosco no puede vender”, explicó el titular del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos, Marcelo Peretta.

La sentencia del expediente caratulado “Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB) c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ Acción de Amparo” fue clara al afirmar: “Los perjuicios que se derivan de manera inmediata de la entrada en vigencia del DNU 70/23 en lo que hace a la modificación y derogación de los arts. 25, 26 y 42 de la ley 17.565 (cfr. arts. 319, 320 y 321 del DNU 70/2023) que afectan el trabajo y la profesión de los farmacéuticos, en su fuente laboral, todos los recaudos cautelares se encuentran reunidos, por lo que corresponde revocar lo decidido en grado y hacer lugar a la suspensión de los efectos del DNU 70/2023 en lo que hace a las regulaciones implementadas por los arts. 319, 320 y 321 hasta tanto se dicte resolución definitiva”.

“El farmacéutico se encarga del origen, la conservación y la información de todos medicamentos y tiene un papel clave en la vacunación, la aplicación de inyectables, el control de la presión arterial, el seguimiento de pacientes crónicos y el uso racional de los medicamentos, por eso resulta incompatible laborar simultáneamente en más de un local”, indicaron los farmacéuticos en un comunicado.

La sentencia confirma que cada profesional farmacéutico solo podrá dirigir un establecimiento, en el marco de los convenios colectivos de trabajo 691/14, 707/15, 794/22 y 795/22, y la farmacia deberá garantizar la suficiente cantidad de personal farmacéutico para cumplir su función durante todo el horario de atención.

Con esta sentencia, el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB) se posiciona junto a la Confederación General de Trabajo (CGT) y la Confederación de Trabajadores Argentinos (CTA) entre los pocos actores que lograron frenar los efectos del mega DNU. (DIB)

Si bien, ni el IOMA, ni la Provincia, tienen deuda con las farmacias por la prestación de medicamentos, la obra social se comprometió con el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires a hacer un adelanto económico en los próximos días de $5800 millones, sumándose así a la ayuda financiera de $800 millones que el gobierno de Axel Kicillof adelantará por la facturación que vence en diciembre. Esto busca aliviar el problema económico que enfrentan las farmacias debido a las condiciones de pago impuestas por los laboratorios proveedores.

Este mediodía se realizó la reunión entre las autoridades del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires (Colfarma), con el fin de acordar y comenzar a trabajar los procesos administrativos para la resolución del problema de financiamiento, para la provisión de medicamentos a las farmacias.

De la reunión participaron por parte del IOMA su presidente, Homero Giles; y la directora de Políticas de Medicamentos, Verónica Martínez Black, y por Colfarma asistió su presidenta Alejandra Gomez y el secretario Luis María Ferrari. Se acordó que en los próximos días además del desembolso de ayuda financiera por parte de la provincia de Buenos Aires, la obra social realizará un pago de $5800 millones correspondientes a la facturación que vencerá en noviembre y diciembre.

El encuentro entre las autoridades del IOMA y el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires se realizó en la obra social y fue fundamental para acordar los pasos a seguir en la resolución de este problema. Es importante destacar que tanto el gobierno de la provincia de Buenos Aires como el IOMA están comprometidos en encontrar soluciones y apoyar a las farmacias en este difícil momento.

Ayer el gobierno de Axel Kicillof, anunció que va a desembolsar $800 millones de pesos como adelanto de la facturación de medicamentos con vencimiento en diciembre para las farmacias integrantes de la Red Colfarma, con el fin de ayudarlas a superar la situación financiera, sobre todo a las consideradas pequeñas y medianas, ya que muchos de estas farmacias no pueden afrontar el pago que les imponen los laboratorios si o si a pocos días.

Ante esta situación, el gobernador bonaerense Axel Kicillof decidió intervenir y brindar un apoyo financiero para las farmacias. Este desembolso será de gran ayuda para que estas puedan hacer frente a sus compromisos financieros y económicos.

Por otra parte, también IOMA y Colfarma se comprometieron a modificar los acuerdos vigentes, para lo cual los equipos técnicos profesionales de ambas instituciones mantendrán reuniones de trabajos semanales para realizar los cambios de gestión administrativas con el objetivo de acortar los plazos de presentación y pago de facturaciones.

Declaraciones de Homero Giles y Alejandra Gómez

Luego de la reunión la presidenta de Colfarma, Alejandra Gomez, expresó su agradecimiento al IOMA “y a toda la gestión provincial por haber atendido la problemática de nuestras farmacias, que comenzó como un problema financiero, pero para muchas farmacias se transformó en un problema económico”, y enfatizó en que “hoy tuvimos un nuevo comienzo para conversar sobre este y otros temas. Eso es lo que le confiere una gran trascendencia a esta reunión”.

Gomez detalló que entre los temas abordados en la reunión entre el Instituto y el Colegio de Farmacéuticos provincial, “se acordó llevar adelante una agenda de trabajo conjunta” y, en lo inmediato, “la modificación de los plazos de pago, acortando los tiempos de cobro” para que las farmacias bonaerenses puedan prestar el servicio farmacéutico en toda la provincia a las y los pacientes del IOMA, “garantizando accesibilidad a los medicamentos y la integridad de los recursos económicos, tanto de las farmacias como de la obra social” .

“Es un gran paso hacia la adecuación del convenio que nos une. Creo que fortalece el compromiso entre ambas instituciones y nos compromete a trabajar juntos por nuestra comunidad” destacó Gomez, la presidenta del Colfarma. Añadió que “es una gran oportunidad para que la industria, como otra parte firmante del convenio, se comprometa también a adecuar los plazos de pago a las droguerías y que estas hagan los propios con nuestras farmacias”.

Por su parte, el presidente de IOMA, Homero Giles, explicó que estos problemas suceden cuando el mercado regula una función pública. “La salud no puede ser tratada así, el acceso a la salud es un derecho y por eso tiene que ser regulada por el Estado porque es el único que garantiza la equidad y la igualdad. En este caso la equidad en cuanto a la administración y entrega de medicamentos”.

Y al mismo tiempo el titular del Instituto argumentó que “a los medicamentos tienen que acceder todas las personas que lo necesiten. Por eso no se puede dejar que sea el mercado, la ganancia, la especulación, quien regule. Porque siempre hay uno que tiene una posición privilegiada, con mayor fuerza, en este caso los laboratorios, y que las ejercen de manera egoísta, y hace que ponga en riesgo todo el resto de la cadena, que son la sobrevivencia de las farmacias y la posibilidad de que las obras sociales y prepagas, toda la seguridad social, garantice la accesibilidad de medicamentos para los afiliados”, enfatizó Giles.

Por otra parte, Gomez también habló sobre la necesidad de que la industria de medicamentos se comprometa a colaborar en estos momentos para garantizar el acceso a la continuidad de los tratamientos de las personas. En este sentido recordó “que los laboratorios productores de medicamentos no sólo fijan los precios”, sino que “también establecen las condiciones de toda la cadena comercial. En estos momentos tan difíciles que se atraviesa, desde el sector de la salud necesitamos compromiso y esfuerzo de todas las partes”.

En este sentido Giles dijo que “esto además es completamente descabellado, porque ¿cuál es el fin de esto? Si las farmacias se funden, los laboratorios no tienen cómo proveer medicamentos porque por ley no pueden proveer medicamentos directamente a las personas, y si solo quedan las farmacias más grandes y se funden las familiares, las medianas, las más pequeñas, van a tener que pagar las afiliadas y afiliados de su bolsillo, con lo cual se va a generar un sistema de salud para pocas personas”, finalizó el presidente de IOMA.

Sobre este particular, en la reunión de las autoridades del IOMA y Colfarma se abordó la cuestión de “la necesidad de avanzar hacia la integración tecnológica que establece el convenio vigente entre las partes” ya que la “proforma puede ser un mecanismo efectivo para acortar plazos. Aunque se trata de cuestiones técnicas, tienen un gran valor político, ya que son definiciones del tipo de atención para los pacientes desde la Obra Social y la implementación a través de las farmacias.

¿A qué se debió el problema de dispensa de medicamentos?

El problema es multicausal, entre ellos surge a raíz de los plazos y condiciones de pago que los laboratorios exigen a las farmacias. Muchas de ellas, especialmente las pequeñas y medianas, no tienen los recursos económicos necesarios para cumplir con estas obligaciones en el plazo establecido. Esto ha llevado a una situación complicada en la provisión de medicamentos, afectando directamente a las personas afiliadas que dependen de las farmacias para continuar con sus tratamientos.

Estas modificaciones principalmente fueron las de acortar los tiempos de abono de la facturación sumado a que los laboratorios aumentaron los precios por encima de la inflación.

Las farmacias bonaerenses, que en la provincia de Buenos Aires alcanzan a unas 4600 de las cuales un 90% están en el rango de medianas o pequeñas, a través de Colfarma que las representa, habían señalado días atrás que “no podían sostener la actividad dado que las financiadoras reintegran el monto de las ventas entre 60 y 90 días” después de concretada la venta en mostrador lo que implica “algo muy costoso en este contexto” para que sea sostenido por la farmacia comunitaria.

Se espera que, con esta ayuda financiera, las farmacias puedan continuar con la provisión de medicamentos a las y los afiliados sin interrupciones y poder cumplir con los pagos y obligaciones que tienen con los laboratorios proveedores.  Por otra parte, es importante decir que se acordó la disminución de plazos y condiciones de pago justas para las farmacias, evitando así futuros problemas de financiamiento y sobre todo económicos.

En el encuentro, al que se sumó la secretaria de Salud Pública, Marcela Arias, Ferrari aseguró que la situación se encuentra normalizada y que los comercios locales retomaron la atención de afiliados de obras sociales y de Pami.

Ferrari, quien además es secretario del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires, explicó que la decisión tomada por las farmacias a nivel local se debió al gran aumento en el valor de los medicamentos registrado en los últimos días y al sistema de pago de las obras sociales que lleva al desfinanciamiento de los comercios.

En ese sentido, informó que se trabajó para poder asegurar la prestación del servicio y que, desde el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires, se realizaron gestiones para mejorar la forma de cobro a través de las obras sociales.

Cabe mencionar que la última farmacia que se abrió en Chascomús es la ubicada en avenida Presidente Raúl Alfonsín y Bahía Blanca en el barrio Gallo Blanco.

La iniciativa -según informó la comuna- busca brindar un mejor acceso a los vecinos del barrio de la zona norte de la ciudad, quienes muchas veces tienen que trasladarse largas distancias para conseguir los medicamentos que necesitan.

Además, la nueva Farmacia, generará empleo y dinamizará la economía local.

De la reunión también participó el secretario de Gobierno Cipriano Pérez del Cerro.

En cumplimiento con la Ley 27.680 de Prevención y Control de la Resistencia a los Antimicrobianos, promulgada el 24 de agosto, desde el 1° de septiembre la dispensa de los mismos será “bajo receta archivada”. Esto significa que quien prescriba un antimicrobiano (antibiótico, antiviral, antifúngico, antiparasitario) deberá entregar al paciente la receta original y una copia o duplicado para que una de ellas quede archivada en la farmacia en la que será dispensado. Además, se deberá incorporar en la prescripción el diagnóstico por el cual se indica su uso.

En la receta –ya sea manuscrita, electrónica o digital– debe constar la siguiente información: nombre, apellido, profesión, número de matrícula, domicilio, número telefónico y correo electrónico, según corresponda, del prescriptor.

La Ley 27.680 tiene el enfoque integral de “Una Salud”, que implica el abordaje de la Resistencia Antimicrobiana (RAM) como problema de salud pública desde las diferentes disciplinas de las ciencias médicas, veterinarias y medioambientales con la participación de todos los sectores y actores involucrados, con un enfoque multidisciplinario como es la génesis de su problemática y a partir de la necesidad de alcanzar un mejor manejo y control.

El objeto de la normativa es establecer desde una ley de orden público los mecanismos necesarios para promover la prevención y el control de la RAM en el territorio nacional. Asimismo, le otorga fuerza de ley a la creación del Plan Nacional de Acción para la Prevención y Control de la Resistencia Antimicrobiana y a la Comisión Nacional de Control de la Resistencia Antimicrobiana (CONACRA) como organismo interdisciplinario e interministerial de asesoramiento técnico a los fines de brindar recomendaciones sobre estrategias para promover la prevención y el control de esta problemática. (DIB) ACR