El inicio del ciclo lectivo en el Espacio de Primera Infancia (EPI) del barrio 30 de Mayo y en el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) del barrio San Luis no es un dato administrativo más. Es la reafirmación de una política pública que entiende que el cuidado en los primeros años de vida no puede depender del poder adquisitivo de una familia. Estos dispositivos, junto al Jardín Maternal e Infantil “Clarisa Amézaga” del barrio Iporá, conforman una red municipal que garantiza derechos desde los 45 días de vida.

El CDI, ubicado en Chubut y Ramón Milani, ofrece cuidado integral a niños y niñas de hasta 2 años, priorizando a familias en situación de vulnerabilidad, y por la tarde se transforma en un centro comunitario. El EPI, por su parte, brinda un servicio gratuito de crianza compartida en doble turno. Allí no sólo se cuida: se acompaña, se orienta y se construyen redes. Se promueve, además, una distribución más equitativa de las tareas de cuidado, ampliando las posibilidades de las mujeres para desarrollarse en otros ámbitos.

Ese mismo enfoque se refleja en el programa “Producir Igualdad”, que continúa creciendo y que ya proyecta la incorporación de unas 20 nuevas emprendedoras. La articulación entre las áreas de Género y Desarrollo Productivo, con acompañamiento provincial, demuestra que la autonomía económica no es un discurso, sino una política concreta: tutorías, capacitación, formalización y espacios de comercialización para mujeres y diversidades que muchas veces son sostén de hogar. Sin Estado, estas herramientas simplemente no existirían.

La ampliación de la oferta académica en el Centro Universitario local, con la incorporación de la Licenciatura en Gestión Educativa, es otro ejemplo de una política que apuesta a la igualdad real. Permitir que docentes puedan formarse en su propia ciudad evita migraciones forzadas y genera desarrollo local. La educación superior deja de ser un privilegio geográfico para transformarse en un derecho cercano.

En paralelo, la vida comunitaria se fortalece con iniciativas como el taller intergeneracional de carpintería en la Residencia Municipal “Elena Hebert de Estefanell”, donde adultos mayores y estudiantes de la Escuela 502 comparten saberes y construyen juntos mobiliario para uso institucional. No es sólo un taller: es integración, es dignidad, es comunidad organizada.

También lo es el curso de preparto gratuito que se dicta cada martes en el Hospital Municipal “San Vicente de Paul”, acompañando a personas gestantes en un momento clave de sus vidas. O el avance de la obra del Espacio Comunitario del barrio La Esmeralda, que incluirá salón de usos múltiples, consultorios, comedor, plaza y cancha, generando infraestructura para el encuentro y la inclusión.

La conformación de la nueva Comisión Administrativa de Becas y Residencia Universitaria, que evalúa solicitudes y asigna recursos con participación plural, reafirma otro principio esencial: el acceso a la educación superior no puede depender exclusivamente del ingreso familiar. Las 25 becas mensuales y las 18 plazas en la residencia representan oportunidades concretas para jóvenes de la ciudad.

Finalmente, la incorporación de una nueva mesa quirúrgica al Hospital Municipal no es solo una mejora técnica. Es una inversión estratégica en salud pública. En un contexto nacional donde se promueve el gerenciamiento privado de hospitales emblemáticos, fortalecer el único efector de salud con internación de la ciudad es una decisión política clara: la salud es un derecho, no un negocio.

Cada una de estas acciones —desde la primera infancia hasta la universidad, desde la producción local hasta la atención sanitaria— configura una misma idea: el Estado no es un gasto; es una herramienta de integración, de equidad y de desarrollo.

Frente a la narrativa que propone un Estado ausente y un mercado que todo lo ordena, la experiencia local demuestra que sin políticas públicas activas se profundizan las desigualdades. Cuando el Estado se retira, no aparece la libertad plena: aparece la exclusión.

Chascomús, con sus programas, obras e inversiones, ofrece otra mirada: la de una comunidad que entiende que el desarrollo no es individual sino colectivo, y que el Estado —lejos de malgastar recursos— cumple un rol indelegable en garantizar derechos y sostener el entramado social.

Porque allí donde hay un niño cuidado, una emprendedora acompañada, un estudiante becado, un adulto mayor integrado o un paciente atendido, hay algo más que una política pública: hay una decisión de comunidad.

La presencia del Estado no se limita únicamente a la apertura de los edificios, sino que se manifiesta en la calidad del servicio. Por ello, el personal de estos centros atraviesa una etapa intensiva de capacitación técnica y pedagógica.

La formación incluye:

La infraestructura de cuidado está estratégicamente distribuida para llegar a donde más se necesita, abordando la realidad de cada zona:

Desde el ámbito municipal, se destaca que estas intervenciones tienen un objetivo que trasciende el aula. Al garantizar espacios de cuidado gratuitos y de calidad, el Estado interviene directamente en la reducción de las brechas de desigualdad.

"Cuando el municipio asume el compromiso de la crianza compartida, no solo protege el derecho del niño al desarrollo, sino que promueve una distribución equitativa de las tareas de cuidado. Esto permite que, especialmente las mujeres de los sectores más vulnerables, recuperen tiempo para su formación, trabajo y desarrollo personal", señalaron desde el área de gestión.

Con la puesta a punto de las salas, el equipamiento renovado y un equipo docente capacitado, Chascomús reafirma que la inversión en la primera infancia es la herramienta más poderosa para construir una ciudad más justa, saludable y con futuro.

El predio municipal donde se desarrolla la obra está ubicado en la intersección de las calles Petronila Casco de Bordeu y Delfina Camino de Justo. Actualmente, los trabajos se encuentran en la etapa final de ejecución de los cimientos y, en los próximos días, comenzará la elevación de las paredes, lo que marcará un avance significativo en la estructura del edificio. Según el cronograma previsto, en aproximadamente un mes se espera completar la losa para continuar con las siguientes etapas de construcción.

El proyecto contempla la edificación de un salón de usos múltiples de 400 metros cuadrados, que contará con auditorio, consultorios, comedor, cocina y sanitarios. A su vez, incluye la puesta en valor integral del predio, con la creación de una plaza destinada al disfrute de niños, niñas y familias del barrio, y la construcción de una cancha de fútbol cinco que promoverá el deporte y la recreación al aire libre.

En paralelo, la Municipalidad de Chascomús llevará adelante obras complementarias que incluyen la construcción de veredas perimetrales y alumbrado público en la manzana, la incorporación de mobiliario urbano —como bancos, mesas y gradas— y tareas de forestación con plantas nativas, con el objetivo de consolidar un entorno accesible e integrado.

En relación al avance del proyecto, el intendente municipal Javier Gastón destacó la importancia del trabajo conjunto entre la comunidad y el Estado. “Cuando un barrio se organiza, sueña y trabaja junto al Estado, pasan cosas como esta. Este espacio comunitario va a ser un lugar de referencia para La Esmeralda, un espacio de oportunidades, de contención y acompañamiento para muchas familias”, señaló.

El jefe comunal también remarcó el contexto en el que se desarrolla la obra y el rol del Estado provincial. “En el contexto económico que atraviesa el país, sostener este tipo de obras implica un esfuerzo muy grande. El acompañamiento y la decisión del Gobierno de la Provincia son fundamentales para que estas políticas públicas sigan llegando a los barrios y para que podamos seguir acompañando a nuestra comunidad con hechos concretos”, agregó.

La obra es posible gracias al trabajo articulado entre la Municipalidad de Chascomús y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), en el marco de políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida en los barrios.

El Espacio Comunitario de La Esmeralda se proyecta como un ámbito de referencia para el barrio, destinado a la participación, la convivencia y la construcción colectiva, reafirmando el compromiso de generar infraestructura social en los sectores donde más se necesita.

El caso local funciona como un ejemplo nítido de lo que ocurre cuando el mercado deja de ser rentable y se corre, y de lo que sucede cuando el Estado decide asumir su responsabilidad. En Chascomús, nadie duda hacia dónde ir cuando hay una urgencia médica. La población no abraza consignas: abraza al hospital público.

Este escenario se inscribe en un contexto nacional marcado por el ajuste, la desregulación y la pérdida sostenida del poder adquisitivo. Las políticas impulsadas por el Gobierno nacional empujaron a miles de personas a abandonar la medicina prepaga y las coberturas privadas, saturando los sistemas públicos de salud en todo el país.

En agosto, desde la Municipalidad de Chascomús ya advertían que esta situación estaba generando un aumento inédito en la demanda sanitaria. Los datos lo confirman:

La consecuencia es directa: patologías que podrían haberse resuelto con controles o medicación básica llegan hoy al hospital en estados más complejos, con mayor costo humano y sanitario.

En este contexto, esta semana el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, presentó el balance de gestión 2025 de la administración que encabeza el gobernador Axel Kicillof. Lo hizo en un escenario de fuerte asfixia financiera impuesta desde la Nación, pero con números que muestran una dirección política opuesta a la del presidente Javier Milei y su lógica de vaciamiento del Estado.

Desde el inicio de la gestión de Kicillof en 2019, la provincia de Buenos Aires:

Durante 2025, pese al ajuste nacional, se entregaron 1.333 viviendas, se licitaron 99 obras públicas por casi 600 mil millones de pesos y se sostuvo un esquema de inversión continua en educación, salud, rutas, energía, obras hidráulicas y servicios públicos.

Mientras tanto, los municipios quedaron en la primera línea de contención social. En Chascomús, el Hospital Municipal, las escuelas municipales, el sistema de agua, cloacas y recolección de residuos —servicios que en otros lugares están privatizados— sostienen la vida cotidiana de la comunidad.

Al presentar el presupuesto 2026, el secretario de Hacienda local, Juan Facundo Alfonsín, fue claro:

La frase expone una verdad incómoda: hay áreas donde el ajuste no es una opción sin consecuencias graves. La salud pública no se apaga sin dejar heridas profundas.

El cierre de 2025 deja en evidencia dos modelos en disputa. Uno que promueve el retiro del Estado y confía en que el mercado resolverá incluso aquello que nunca resolvió. Y otro que, con dificultades y tensiones, sostiene que sin Estado no hay derechos, ni igualdad de oportunidades, ni comunidades viables.

Chascomús es hoy un espejo de esa discusión. Cuando el privado se fue, el Estado quedó. Cuando hubo incertidumbre, el hospital abrió sus puertas. Y cuando la necesidad apremia, la sociedad no mira balances: busca contención.

Allí donde el Estado está presente, aún en tiempos de ajuste, la comunidad resiste, se cuida y proyecta futuro.

Frente a este escenario, la Municipalidad de Chascomús sostiene —y refuerza— una presencia activa orientada a garantizar derechos esenciales, promover justicia social y acompañar a quienes más lo necesitan. Lo hace con la convicción de que un Estado democrático debe ser cercano, planificado y eficiente: presente sin ser omnipotente, regulador sin ser asfixiante, siempre al servicio del bienestar colectivo.

A través de la Secretaría de Desarrollo Social, el municipio registra un incremento significativo en los pedidos de asistencia. Desde el comienzo del año aumentaron las consultas por situaciones de violencia de género, dificultades habitacionales y acceso a la alimentación.

El programa Complemento Alimentario Municipal (CAM), junto con otras herramientas de apoyo, es hoy un sostén fundamental para numerosas familias. A la par, más de 530 grupos familiares plantean problemas vinculados al pago de alquileres, situaciones de hacinamiento o condiciones de vivienda que requieren intervención urgente.

La quita de subsidios nacionales y el incremento de tarifas también impulsaron nuevas solicitudes para afrontar el pago de servicios públicos, la compra de gas envasado, el desagote de pozos sépticos y otras necesidades básicas que las familias ya no pueden sostener.

Además, creció la demanda del subsidio de sepelios, un indicador que revela el deterioro de la capacidad económica de los sectores más vulnerables.

Uno de los grupos más afectados es el de las personas adultas mayores. Actualmente, 397 jubilados reciben asistencia municipal, ya sea a través del CAM o mediante acompañamiento por problemas de salud crónicos que se agravaron con la quita de medicamentos.

La reducción de las prestaciones del PAMI también generó un aumento en los pedidos de ingreso a la Residencia Municipal de Adultos Mayores, así como consultas para afrontar el costo de instituciones privadas. La situación laboral de las familias —que deben multiplicar horas de trabajo para sostener el nivel de vida— dificulta aún más las redes de cuidado.

El contexto económico y social se expresa también en el aumento de las violencias. Este año se registraron 1428 intervenciones por hechos que van desde amenazas y lesiones hasta el uso de armas de fuego. El municipio recibe cada vez más oficios judiciales para el acompañamiento de víctimas y para el trabajo con los agresores.

Para dar respuesta, continúa activa la guardia permanente de violencia de género y violencia intrafamiliar, disponible las 24 horas mediante llamadas o mensajes al 55-9397. También se brinda atención presencial de lunes a viernes en las oficinas de Moreno y Mendoza, y en las Unidades Descentralizadas de Atención distribuidas en los barrios.

En un país donde se discute el papel del Estado, Chascomús reafirma que la presencia estatal es irrenunciable cuando se trata de garantizar derechos, promover la justicia social y proteger a quienes están en situación de vulnerabilidad.

No se trata de un Estado omnipotente, sino de uno activo, planificado y democrático, que regula cuando es necesario, que escucha, que articula y que actúa. La Municipalidad redobla esfuerzos para contener a los vecinos y vecinas que enfrentan las consecuencias de las políticas nacionales y para sostener los vínculos comunitarios que hacen posible una sociedad más justa.

Tres inmuebles del Estado Nacional en territorio bonaerense -dos en La Plata y otro en Pinamar- salen a subasta a partir de la semana próxima. Forman parte del Plan de Desinversión en Activos Inmobiliarios que lleva a cabo el gobierno de Javier Milei a fin de reducir el patrimonio público.

De acuerdo al decreto 575/2025, lo recaudado ingresa directo al Tesoro Nacional, y según las bases establecidas, las ventas dejarían más de 6 millones de dólares como mínimo.

Predio en Calle 39 entre 29 y 30

La subasta es el lunes 1 de diciembre a las 14 horas, con una base de USD 238991,60.

Se trata de un terreno de 1.200 metros cuadrados, con frente a las calles 30 y 39, actualmente tiene un único acceso por la calle 39. De acuerdo a la información de la Administración de Bienes del Estado (ABE). el inmueble -que carece de construcción- presenta vegetación y malezas, con un muro perimetral de premoldeado.

La zona se caracteriza por ser residencial, con mayoría de viviendas de uno o dos niveles.

Predio de la calle 45 entre 2 y 3

La subasta es el lunes 22 de diciembre, a las 14 horas, con una base de USD 2.445.282,90.

Es un inmueble con una edificación de tres niveles de 3.299,29 metros cuadrados, 49,16 metros semicubiertos y 1.430,18 descubiertos. En la planta baja funciona una sucursal del supermercado Vea a cuyo depósito se accede por la calle 2.

En planta baja también hay oficinas de la Delegación La Plata de la Dirección de Salud y Acción Social de la Armada (D.I.B.A.), bajo el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IO.S.F.A.).

En el entrepiso se concentran áreas administrativas del supermercado, un comedor, vestuarios y sanitarios para el personal.

En la planta alta hay un estacionamiento para 39 vehículos, depósitos y salas de máquinas.

Avenida Del Mar y avenidas De los Tritones y Eolo

La subasta está convocada para el viernes 19 de diciembre a las 10 horas, con una base de USD 3.474.216,87.

Se trata de un terreno baldío con una superficie de 7.242,85 , con vegetación natural, sin construcciones a excepción de una pequeña edificación abandonada en la esquina de Av. del Mar y Eolo.

El predio está frente a la costa, sobre la Avenida del Mar, cerca del muelle y del centro de Pinamar. 

En el marco del Día Mundial y Nacional de la Salud Mental, que se conmemora cada 10 de octubre, la Municipalidad de Chascomús destaca el trabajo que se realiza desde el Centro de Día, un espacio público de cuidado, inclusión y acompañamiento destinado a fortalecer la salud mental comunitaria.

Ubicado en el Centro Integrador Comunitario (CIC) del barrio 30 de Mayo, el dispositivo ofrece contención profesional y actividades terapéuticas y grupales para vecinos y vecinas que atraviesan distintas situaciones personales o sociales, promoviendo entornos seguros, saludables y protectores de la vida.

El equipo interdisciplinario del Centro trabaja a diario en la prevención del suicidio, la promoción de la salud mental y el fortalecimiento de los vínculos comunitarios, entendiendo que el bienestar emocional es un derecho y una construcción colectiva. A través de talleres, espacios de encuentro e intervenciones territoriales, se busca promover la inclusión y la participación social de quienes asisten al lugar.

El Centro de Día constituye un ejemplo concreto de la presencia del Estado local en el acompañamiento de personas en situación de vulnerabilidad, articulando con otras áreas municipales y con instituciones de la comunidad.

El espacio funciona lunes, martes y viernes de 8 a 14 horas, y miércoles y jueves de 8 a 16 horas, en Carmona 37 (barrio 30 de Mayo).Por consultas o información, se puede escribir por WhatsApp al (2241) 40-9070.

El proceso de venta de activos del Estado volvió a generar controversia tras la reciente subasta de uno de los terrenos más valiosos de la Ciudad de Buenos Aires, propiedad del Ejército Argentino y, por extensión, de todos los argentinos.

La empresa Consultatio, del empresario Eduardo Costantini, se adjudicó el predio ubicado sobre la calle Cerviño, entre Bullrich y Dorrego, en el barrio de Palermo, con una oferta de U$S 127 millones por los 42 mil metros cuadrados. La cifra superó ampliamente el precio base de U$S 81,7 millones fijado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación.

Se trata de un terreno colindante con el Regimiento de Infantería 1 Patricios, actualmente concesionado a la firma chilena Cencosud, que allí opera los hipermercados Easy y Jumbo, además del paseo comercial Portal Palermo.

Una subasta entre pocos y sin claridad sobre el destino del dinero

La operación se concretó bajo la administración de Javier Milei, como parte de un proceso de “desinversión estatal” que, según el Gobierno, busca “generar liquidez y eficiencia”. Sin embargo, no se ha informado públicamente a qué fines concretos serán destinados los fondos obtenidos por la venta.

En la subasta participaron tres desarrolladoras: Consultatio, Simali S.A. (junto a Raghsa) y Gepal S.A.. Cencosud, a pesar de ser la actual concesionaria, decidió no intervenir. La puja fue cerrada: Simali ofertó hasta U$S 124,9 millones, mientras que Gepal alcanzó los U$S 123,6 millones.

Costantini celebró el resultado asegurando que su empresa buscará desarrollar “un distrito de arte, diseño y arquitectura”. Sin embargo, detrás del discurso de renovación urbana surgen preguntas inevitables: ¿debe el Estado desprenderse de sus mejores propiedades en un contexto de crisis? ¿Quién controla el uso y la trazabilidad de los millones que ingresan al erario público?

Un patrimonio nacional en venta

El terreno vendido forma parte del histórico complejo militar del Ejército Argentino, y su desafectación fue autorizada por el Decreto 225/2017, durante la gestión de Mauricio Macri. Desde entonces, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) habilitó el proceso que finalmente se concretó este año.

A pesar de ello, hubo intentos políticos y judiciales por frenar la venta. El diputado Miguel Ángel Pichetto presentó un recurso de amparo, argumentando que el inmueble posee “interés histórico, cultural y militar” y que su enajenación no puede resolverse mediante un simple acto administrativo. La jueza María Alejandra Biotti desestimó la cautelar por “falta de legitimación activa”.

En paralelo, el Senado había dado media sanción a un proyecto impulsado por el senador Pablo Blanco para declarar el predio como “lugar histórico nacional, estratégico y no enajenable”, aunque la iniciativa aún no fue tratada en Diputados.

Entre la especulación y el olvido

El caso de Palermo no es aislado: se suma a una serie de operaciones recientes que ponen en venta propiedades emblemáticas del Estado nacional, muchas de ellas en zonas estratégicas de alto valor inmobiliario. Detrás de cada subasta, surgen las mismas dudas: ¿se trata de un plan para sanear las cuentas públicas o de un desguace del patrimonio común?

Mientras tanto, el capital privado avanza sobre terrenos públicos bajo la promesa de “revalorizar” zonas urbanas. Sin embargo, lo que parece quedar fuera del debate es la pérdida de soberanía patrimonial y la opacidad en el destino de los recursos.

En el caso de Palermo, los 127 millones de dólares que ingresarán al Estado parecen un número impresionante. Pero la pregunta central persiste: ¿cuánto vale realmente un pedazo de historia nacional cuando se mide solo en dólares?

Entre la desconfianza y la colaboración, Jonathan y Emanuel Kovalivker, actuales directivos de la droguería Suizo Argentina, afrontan la investigación que se abrió tras la difusión de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). La defensa de la familia planteó un doble mensaje: desconfianza hacia la prueba principal, pero voluntad de colaborar con la Justicia.

“Son grabaciones que no sabemos si son verdaderas ni si son legítimas, ni si están realmente en la causa ”, sostuvo el abogado Martín Magram, que representa a los hermanos Kovalivker.

En diálogo con Radio con Vos, Magram recordó que a comienzos de año ya se había investigado una denuncia similar, que terminó archivada. “En febrero, el mismo juzgado, con dictamen del fiscal (Carlos) Rívolo, archivó una causa prácticamente espejo”, señaló. En aquel expediente, la Justicia había determinado que Suizo Argentina no recibió contrataciones directas ni trato preferencial, y que todas las compras se realizaron mediante licitaciones públicas.

El abogado insistió en que el nuevo expediente es una copia del anterior: “Se reeditó una denuncia que es exactamente una copia de lo que ya se ha investigado y archivado”.

El avance de la causa dejó escenas que, más que contrastar, se parecen demasiado: según reconstruyó la investigación, Emanuel intentó fugarse cuando la policía llegó a su vivienda en Nordelta. Fue retenido y en su auto se incautaron sobres con dinero por unos US$ 266 mil, además de anotaciones y su teléfono celular.

Su hermano mayor, Jonathan, logró anticiparse. Cuando los efectivos llegaron a su casa, él ya no estaba. Allí se encontraron con su mujer e hijos y una caja de seguridad abierta y vacía, con banditas elásticas tiradas en el piso. En la propiedad había otras dos cajas: una con poco dinero y otra con unos USD 50 mil.

Jonathan, que posee el 21,3% de las acciones y preside Suizo Argentina, quedó bajo sospecha no solo por su rol societario sino también por la secuencia que rodeó el allanamiento.

Durante los operativos ordenados por el juez Sebastián Casanello se incautaron computadoras, documentos y servidores de la compañía. Magram advirtió que esa medida “tenía tanta información” que podría poner “en jaque” el funcionamiento de la droguería y afectar la distribución de medicamentos en todo el país.

“Esto está hecho para todos los matutinos porque estamos en un proceso preelectoral”, agregó el letrado.

El proceso se sostiene sobre grabaciones en las que una voz que sería la de Spagnuolo describe un mecanismo de retornos con participación de Suizo Argentina. Hasta ahora, las fuentes judiciales habían coincidido en que se trataba de audios clandestinos y editados, nunca declarados falsos. Con las declaraciones de Magram, es la primera vez que la defensa cuestiona de manera pública su veracidad.

Los nombres de Jonathan y Emanuel ya figuran en el expediente: entregaron sus celulares a la Justicia, aunque sin las claves de acceso. Ese mismo Jonathan fue quien le regaló a su padre la primera Ferrari, iniciando la colección que Caras retrató en febrero. Medio año después, su apellido aparece en los papeles judiciales que comprometen a la empresa familiar.

Marcos Galperin, empresario estrella del ecosistema tecnológico argentino y fundador de Mercado Libre, se ha convertido en una figura clave para entender el modelo económico que hoy promueve la derecha en Argentina: Estado chico para todos, salvo para los grandes.

Mercado Libre, el gigante regional del comercio electrónico y las fintech, ha sido uno de los principales beneficiarios de la Ley de Promoción de la Economía del Conocimiento. Bajo este régimen, la empresa accedió a beneficios fiscales millonarios: reducción del impuesto a las ganancias, créditos fiscales para pagar otros tributos, y estabilidad fiscal por una década. Solo en 2023, la empresa se ahorró más de 110 millones de dólares en impuestos, según datos publicados por Página/12.

El problema no es la ley en sí, sino su aplicación en un contexto de ajuste fiscal y concentración de recursos. En medio de un país con cifras alarmantes de pobreza e inflación, que recorta presupuesto en salud, educación y programas sociales, la pregunta es inevitable: ¿tiene sentido subsidiar a una empresa valuada en más de 80 mil millones de dólares?

Galperin responde con un discurso clásico del libre mercado: asegura que los incentivos permiten crear empleo, atraer inversiones y fomentar la innovación. Sostiene que la Ley debería extenderse al resto de la economía y que su caso prueba cómo achicar el Estado genera crecimiento. Pero hay un dato que molesta: mientras exige menos impuestos, Galperin no tributa en Argentina. Cambió su residencia fiscal a Uruguay, país con menor carga impositiva y beneficios especiales para grandes patrimonios. Según un informe reciente del Banco Mundial, esta práctica es una de las principales estrategias utilizadas por los ultra-ricos para evitar tributar en sus países de origen.

La respuesta política no se hizo esperar. El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, uno de los nuevos referentes nacionales de la UCR y ganador en las últimas elecciones provinciales, se plantó frente a Galperin. Luego de que Mercado Libre cuestionara el impuesto a los Ingresos Brutos en varias provincias, y propusiera “diferenciar” a las que cobran menos, el mandatario fue categórico: “Si las fintech prestan plata como los bancos, deben tributar como los bancos. No hay privilegios para la especulación”.

El modelo de negocios de Mercado Libre no solo incluye comercio electrónico, sino también una creciente actividad financiera a través de su plataforma Mercado Pago, que otorga préstamos y cobra intereses. Pullaro elevó el impuesto a los servicios financieros del 5% al 9%, alegando que se trata de una actividad no productiva, sino financiera: “En Santa Fe no premiamos la especulación”.

La tensión entre Galperin y Pullaro es más que un cruce aislado. Es una muestra de los debates de fondo que atraviesan a la Argentina: ¿Qué rol debe tener el Estado? ¿Quién paga los costos del ajuste? ¿Por qué una empresa multimillonaria recibe subsidios mientras se ajusta a los sectores más vulnerables? ¿Y por qué quienes se benefician del Estado argentino eligen tributar en el extranjero?

En tiempos donde se impulsa una narrativa que responsabiliza al Estado de todos los males y promueve su achicamiento, casos como el de Galperin reflejan la paradoja de un capitalismo que exige ayuda estatal, pero escapa cuando le toca contribuir.

El debate no es menor. Mientras la derecha económica aplaude la eficiencia de Mercado Libre y promueve su modelo como ideal a seguir, voces como la de Pullaro alertan sobre el riesgo de desfinanciar al Estado y fomentar una competencia desleal donde los gigantes se llevan los beneficios y el resto paga la cuenta.

En definitiva, lo que está en discusión no es solo un régimen fiscal, sino el modelo de país: uno donde las reglas se ajusten a los poderosos o uno donde la equidad tributaria sea la base de un desarrollo sostenible y justo.

Martín Menem quedó envuelto en un nuevo escándalo de la empresa Tech Security, propiedad de sus hermanos Fernando y Adrián, luego que le preadjudicaran un contrato por más de $3.900 millones para brindar seguridad al Banco Nación.

El portal A24.com publicó los términos de la licitación, donde consta que la búsqueda apuntaba a la provisión de un servicio de seguridad privada en los “establecimientos de Casa Central, Centro de Procesamiento Paralelo, Edificio Maipú, Edificio de Funcionarios y Aeroparque Internacional Jorge Newbery”, por un período de “24 meses, con opción a dos renovaciones de 12 meses cada una”.

Desde el entorno del riojano dicen que Tech Security ya tenía contratos con el Banco Nación. Pero esos contratos habían sido por un año, mientras que el actual es por dos años y con extensión a dos más. En la banca pública apuntan a una maniobra empujada por el presidente Daniel Tillard.

Menem alega que se desprendió de su participación accionaria en la empresa antes de asumir como legislador. Sin embargo, resulta cuanto menos poco transparente que la empresa familiar pueda realizar negocios con la banca pública, mientras uno de sus miembros está en línea de sucesión presidencial.

Martín Menem ya había sido involucrado por su capital en Tech Security SRL a mediados de junio, cuando el portal El Disenso publicó una nota en la que denuncia que la firma ganó una licitación por más de 1300 millones de pesos para brindar servicios al Hospital Favaloro.

Desde el entorno del presidente de la Cámara Baja dijeron que el riojano “no tiene nada que ver con la empresa“. En rigor, el legislador le cedió sus acciones a uno de sus hermanos antes de asumir como diputado, en diciembre de 2023.

El artículo publicado por El Disenso afirma que “pese a haber salido formalmente de la empresa, en la DDJJ anual presentada en noviembre de 2024 Martín Menem incluyó su participación en Tech Security (15,66%) al inicio del período, valuada en $91.845.595,74, la cual desaparece hacia el cierre del año”.

Bajo ese enfoque, señala que el Hospital Universitario Fundación Favaloro adjudicó un contrato por $1.312.819.200 a Tech Security SRL “por la prestación de servicios durante seis meses”. Desde el oficialismo aducen que “se trata de una renovación” de una licitación que la firma había ganado también años anteriores.

Menem también quedó en el centro de una controversia similar en mayo de 2024, cuando se conoció que Javier Milei contrató a la misma empresa para la seguridad del show que dio en el Luna Park para la presentación de su libro.

En el loteo del poder interno en el gobierno libertario, Karina Milei aparece como la dirigente con poder clave detrás del trono en el Banco Nación. Memen, a la vez, es uno de los operadores políticos de la hermana presidencial con quien trabaja, junto a su primo Eduardo “Lule” Menem, enm la expansión partidaria de La

Según trascendidos, Tech Security habría embolsado en ese momento alrededor de 35 millones de pesos por el evento, aunque el Gobierno explicó que el costo de la presentación era de 10 millones de pesos. Al ser un evento privado, nunca se informaron oficialmente los costos. El Presidente llegó a decir en una entrevista que el alquiler del Luna Park había sido pagado por una empresa y que Planeta, la editora de su libro, cancelaría la deuda con las regalías.

Pero la editorial, que no tuvo ningún rol en el alquiler del Luna Park ni en el pago de gastos de logística y seguridad, se vio obligada a anunciar minutos antes del evento que Milei cedió los derechos económicos de la obra luego de la controversia generada en torno al alquiler del estadio. (DIB)

El próximo martes 8 de julio finalizan las facultades delegadas que el Gobierno logró, tras la aprobación de la Ley Bases en el Congreso. Desde la Casa Rosada, en el equipo de Federico Sturzenegger, desestiman que se vuelvan a pedir, por lo que se aceleran una serie de reformas y otras desregulaciones previstas para anunciar ese mismo martes por parte del vocero Manuel Adorni.

Los decretos están elaborándose en estas horas e involucran la tarea del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y la Secretaría de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy.

La mayoría de las medidas previstas ya son conocidas, aunque venían demoradas. Por un lado, se pretende modificar el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Se espera un inminente decreto donde confirme que ambos organismos descentralizados del Ministerio de Economía pasen a la órbita de la Secretaría de Agricultura y la Secretaría de Industria, respectivamente, dejando atrás su autarquía.

Este traspaso implicará que ambas áreas sufran un fuerte ajuste en el presupuesto, con despidos y desprendimiento de patrimonio en distintos puntos del país.

Además, en el caso del INTA, el Gobierno buscará reestructurar el actual organigrama del consejo directivo, quitándole influencia a los representantes de las entidades rurales. “Todo lo definirá el Ejecutivo”, apuntaron desde el sector agropecuario. Acerca del INTI, se convertirá en una “unidad organizativa” dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio.

“El kirchnerismo hizo crecer tanto al Estado, con un montón de organismos que se llaman descentralizados, como la Anmat y el INTA. El organismo descentralizado puede cobrar, y cuando puede cobrar es una caja. Es una manera de crear una repartición del Estado con una caja, porque si sos parte de la administración pública no cobrás .Y si sos un organismo descentralizado tenés la potestad de cobrar. Esos organismos, a su vez, al poder hacer caja empezaron a crear trámites para cobrar, y generar caja para recaudar. Lo que vamos a hacer es volver esos organismos a la administración central”, comentó en los últimos días el ministro desregulador, de quien se desconoce si seguirá en ese cargo o si tendrá un rol activo en la campaña.

Por otro lado, el Gobierno trabaja en la fusión del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas). Se llamará el Ente Nacional Regulador de Gas y la Electricidad y estará bajo la órbita de la Secretaría de Energía, área que también depende del Ministerio de Economía.

Esta fusión fue propuesta en 2024, en el marco de la ley Bases (artículo 161°), pero no prosperó. A su vez, estaba en vigencia la emergencia energética y el debate interno en el Gobierno sobre cómo afrontar el ajuste en las tarifas y el esquema de subsidios para hogares e industrias. Este nuevo ente contará con una absoluta injerencia por parte del Estado nacional.

Por otro lado, la gestión libertaria trabaja hace tiempo en la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad. También prevé desguazar la CNRT, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional de Tránsito. La mayoría de estas áreas serán absorbidas por otras reparticiones dentro de la Secretaría de Transporte, como así también la posibilidad de que Gendarmería asuma las responsabilidades en los controles de tránsito que corresponden a la jurisdicción nacional.

La reforma en Vialidad significará una reestructuración de toda su estructura, modificando su presupuesto y derivando en la creación de la Agencia de Control de Concesiones de Transporte, donde se unificarán todas las responsabilidades en la fiscalización y control para los contratos de concesión. También estará bajo el control del ministro Luis Caputo.

Este anuncio se enmarcará también en el planteo que realiza la Casa Rosada con los gobernadores, a quienes les quieren traspasar obras nacionales, pero sin los fondos correspondientes. Las provincias aseguran que “se vive una situación límite” con las rutas nacionales, donde afirman que “no hay ningún tipo de mantenimiento y eso provoca que se multipliquen las víctimas viales”.  (DIB)

En Chascomús, más de 360 grupos familiares se encuentran participando activamente en el programa municipal “Cosechando Saberes”, una propuesta que busca fomentar la producción de alimentos saludables en los hogares, de manera amigable con el ambiente y con un fuerte enfoque en la soberanía alimentaria.

El programa, que se desarrolla de manera conjunta entre la Municipalidad de Chascomús y el INTA Chascomús, tiene como propósito central que cada vez más vecinos y vecinas puedan producir sus propios alimentos, generando un impacto positivo tanto en la economía familiar como en la salud de la comunidad.

Durante la temporada otoño-invierno, son más de 360 familias las que cultivan huertas en sus hogares, fortaleciendo así la autonomía alimentaria y promoviendo prácticas agroecológicas que cuidan el ambiente.

Cosechando Saberes se basa en tres grandes objetivos:

✔️ Generar información estadística confiable, que permita diseñar políticas públicas acordes a las realidades locales.

✔️ Desarrollar acciones de capacitación y formación, tanto para la comunidad en general como para la profesionalización de promotores territoriales que acompañan el proceso.

✔️ Promover la creación de una red local, integrada por organizaciones, productores y vecinos comprometidos con una alimentación sana, segura y soberana.

Desde el Municipio remarcan que el programa no solo representa una mejora económica para las familias, sino que también constituye un paso clave en la construcción de una comunidad más consciente, saludable y comprometida con el cuidado del ambiente.

“Cosechando Saberes” es una muestra concreta de cómo, a través del trabajo articulado y la participación comunitaria, se puede avanzar en el acceso a alimentos sanos y en el fortalecimiento de la soberanía alimentaria en nuestra ciudad.”, destacaron desde la organización.

El Gobierno resolvió despedir a cien trabajadores estatales de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual (DPSCA), que quedará reducida a unos 40 empleados, según lo informó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien señaló además que el organismo fue creado “por el kirchnerismo para doblegar al periodismo independiente”.

El funcionario, a través de su cuenta en la red social X, dijo que “desde su creación en 2009, los argentinos hemos contribuido 70 millones de dólares para sostener este organismo que juntaba denuncias (muchas repetidas con el mismo texto por centenas) en contra de periodistas críticos del kirchnerismo”.

Sturzenegger puntualizó que “entre otros dislates, este cuerpo tenía un estudio de televisión portátil con el que se recorría la costa en temporada estival, invitando a los chicos a participar en un adoctrinamiento en contra de los críticos del kirchnerismo”.

La DPSCA fue creada por la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, conocida como Ley de Medios, y entre sus funciones está la de “recibir y canalizar las consultas, reclamos y denuncias del público de radio, televisión y otros medios”.

“La resolución 107 [de la DPSCA] baja la planta de 144 empleados a 40, aliviana la estructura, remata el estudio de televisión y restringe el uso del organismo como herramienta de persecución”, afirmó el ministro.

La Defensoría -que está a cargo de la funcionaria Soher El Sukaria– depende del Poder Legislativo, por lo que Sturzenegger destacó los esfuerzos que desde la Cámara de Diputados “está haciendo @MenemMartin (Martín Menem) para bajar el gasto político en el Congreso”.

Aseguró que la Defensoría “dio cobijo a una nutrida concurrencia de militancia rentada”, y puntualizó que “aproximadamente la mitad de los empleados eran del partido de La Matanza”.

Además, el ministro dejó abierta la puerta para una decisión más profunda, al advertir que “el Congreso se debe el debate sobre si queremos este tipo de instituciones”. El sábado pasado Sturzenegger festejó las 200 áreas públicas disueltas por el Gobierno durante 2024, como la Coordinación de Vínculos con las Organizaciones Sociales de la Economía Social y Popular, y la Dirección de Mujeres, Géneros, Diversidad y Tecnología de la Información y Comunicación, para citar solo dos ejemplos. (DIB) MM

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, festejó este sábado las 200 áreas del Estado que logró cerrar en el primer año de Gobierno del presidente Javier Milei: “Van a reír y van a llorar”.

“En esta semana donde vamos cerrando el año les dejo un listado de las más de 200 áreas del Estado que cerramos este año. Pasen y miren. Van a reír y van a llorar. Advertencia: no apto personas impresionables“, lanzó Sturzenegger en su cuenta de X.

En esta semana donde vamos cerrando el año les dejo un listado de las más de 200 áreas del Estado que cerramos este año. Pasen y miren. Van a reír y van a llorar. Advertencia: no apto personas impresionables. Gracias al Secretario de Transformación @MaxiFarina que junto a cada… https://t.co/eikxTyPE1J

En esa línea, profundizó en agradecimiento a Milei: “Gracias sobre todo a Javier Milei por la convicción y liderazgo en la necesidad de reducir el Estado”.

También extendió su agradecimiento a otros funcionarios: “Gracias al secretario de Transformación, Maximiliano Fariña, que junto a cada una de las áreas de gobierno (imposible mencionarlas todas acá) logró estas adecuaciones. Gracias Liza Macri, directora nacional de Diseño Organizacional, por el profesionalismo en la tarea de ordenamiento, y a Alejandro Atamer, subsecretario de Transformación por empujar siempre. Gracias a José Rolandi y Nicolás Germán del área de Guillermo Francos por acompañar siempre”.  

El tuit del ministro citó una publicación de Fariña, el segundo en la cartera que conduce el expresidente del Banco Central durante la gestión nacional de Mauricio Macri.

El texto de Fariña que acompaña la lista señala: “A medida que vamos revisando las estructuras de cada Ministerio nos encontramos con excesos, duplicaciones y áreas totalmente innecesarias. Durante el 2024 ya eliminamos más de 200 áreas (Direcciones Nacionales, Direcciones y coordinaciones) que tenían funciones duplicadas u obsoletas y casi 100 Secretarías y Subsecretarías”.

Y amplía: “Nos encontramos con áreas que cumplían funciones o tareas que puede hacer el sector privado o con otras que directamente cumplían funciones que le corresponden a las provincias o municipios rompiendo el federalismo”. (DIB) MM

“Si no hubiera Estado, no habría verano”. Estas palabras del gobernador bonaerense Axel Kicillof son un perfecto resumen del discurso que dio en el lanzamiento del Operativo de Sol a Sol 2024/25 en la ciudad de Miramar, con el acompañamiento en el escenario de gran parte de su gabinete y del intendente de General Alvarado, Sebastián Ianantuony.

En su parlamento, que duró unos veinte minutos, el mandatario se mostró “muy contento de lanzar este operativo” mientras “nos acompaña el sol y este hermoso Mar Argentino, la mejor costa del mundo”.

Y afirmó que el verano bonaerense va a ir “a contramano del Gobierno nacional, porque si no hubiera Estado no habría verano”.

El discurso fue dominado por las críticas al presidente Javier Milei: “El Gobierno de Milei cumplió un año y festejó una fiesta financiera, cuando en ningún lugar de la Costa ni de la provincia de Buenos Aires las actividades principales son las finanzas. Así que este Operativo De Sol a Sol se da en un contexto donde los números de caída del salario de las familias, de las jubilaciones, de los consumos, ha sido y es catastrófica”.

Kicillof insistió: “Más allá de lo que diga el Gobierno la plata no alcanza: la comida, los remedios, los alquileres, todo está por las nubes”.

Continuó: “No vengo a tirar pálidas, pero vengo a comentar que como pasó en otras situaciones, como la pandemia, la Provincia y los intendentes pusimos el pecho, los brazos, el esfuerzo y logramos tener temporadas que dadas las circunstancias fueron buenas. A pesar de todo este marco espantoso del Gobierno nacional, los bonaerenses no vamos a bajar los brazos”.

“Porque -aseguró Kicillof- somos un experimento en un tubo de ensayo y vemos si es cierto lo que dice el Presidente, que ‘si los vecinos ven que se necesita un puente nada les impide hacer una vaquita y construirlo’. Son cosas un poco ofensivas, pero yo no me voy a dedicar a insultar. La realidad ha demostrado que no se construyó nada con el anarcocapitalismo en materia de bienestar. No sirvió de nada”.

El gobernador destacó que “para llegar hasta la Costa Atlántica hacían falta obras, y la Provincia invirtió 280 millones de dólares para las rutas y dos puentes, no con el ‘método Milei’ sino con el método del Estado que es lo que se usa en todo el mundo”.

Axel Kicillof destacó que “todos los países del mundo promocionan e invierten en el turismo, solo el Gobierno de Milei no lo hace, no le importa lo nacional. Hay otros gobiernos de derecha en el mundo, pero son nacionalistas”.

Así, señaló el gobernador, “estamos ante esta situación agridulce donde tenemos las playas más bonitas en un contexto tremendamente adverso”.

No obstante, celebró que “a pesar del absoluto abandono del Gobierno nacional tengo la certeza de que con esta inversión, con estas acciones, junto a estos intendentes, vamos a tener un excelente verano en la provincia de Buenos Aires. Vamos a ir compensando, sustituyendo y apoyando a los trabajadores, empresarios, intendentes y artistas de la provincia. Les decimos a todos que la provincia más bonita del mundo los espera con los brazos abiertos”.

Al comienzo del acto que cerró Kicillof hizo uso de la palabra el intendente local, Sebastián Ianantuony, que agradeció que la ciudad de Miramar -cabecera del partido de General Alvarado- haya sido elegida para presentar el operativo.

“Nos sentimos honrados por esta elección”, destacó, y añadió que “el gobernador ha estado en las buenas y en las malas, cuando teníamos alegrías y cuando necesitábamos una mano. Agradezco tener un gobernador amigo de Miramar y de General Alvarado”.

Ianantuony destacó con orgullo que en todo el país se certificaron “diez balnearios con ‘bandera azul’, el máximo estándar, y de ellos seis están en Miramar”.

A continuación, el ministro de Seguridad, Javier Alonso, destacó especialmente que el Operativo De Sol a Sol no abarca solamente la Costa Atlántica bonaerense: “También estamos en el río Paraná, en Sierra de la Ventana, en lagunas, ríos, en diferentes playas, todo con el objetivo de cuidar a nuestros vecinos”. “En total -señaló- son 70 municipios”.

Remarcó que en un contexto donde “nos han quitado el fondo de fortalecimiento de la seguridad desde Nación, agradecemos al gobernador por la inversión en el área”.

“Tenemos todo preparado para que sea un gran verano”, finalizó Alonso.

Luego tomó la palabra el ministro bonaerense de Salud, Nicolás Kreplak, quien comentó que la temporada que empieza “puede ser compleja con el dengue, pero también tenemos problemas del sol, alimentación, nocturnidad, abuso de alcohol y sustancias”. En esto último afirmó que se trabajará de manera conjunta con el Ministerio de Seguridad.

“Venimos a garantizar el derecho a la salud en una ausencia absoluta del Estado nacional”, recalcó, en línea con el resto del gabinete provincial y del gobernador.

Por su parte, la presidenta del Instituto Cultural bonaerense, Florencia Saintout, reconoció: “Llegamos al verano en un tiempo muy difícil para nuestra cultura, producto de un Gobierno nacional que desfinanció a sus organismos rectores y que ataca y persigue a los artistas”. E indicó: “La temporada contará con una propuesta cultural integral porque en la provincia contamos con un gobernador que parte de una perspectiva totalmente opuesta y está convencido de que la cultura es trabajo, es inversión y es un derecho esencial vinculado al encuentro y al descanso”.

Mientras que Augusto Costa, ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica y bajo cuya ala está la Subsecretaría de Turismo bonaerense, señaló que “por primera vez habrá un parador de ReCreo en Miramar, además de otro en Villa Gesell” y que se trabaja “junto al Banco Provincia para generar beneficios con sus tarjetas y con Cuenta DNI”.

El objetivo, aseguró, es “garantizar que un turista, que hace un esfuerzo enorme para llegar con su familia, pueda venir, disfrutar, y acceder a posibilidades de ocio. Así que trabajamos con todos los municipios para que tengamos la mejor temporada posible”.

En el acto también estuvieron presentes también los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; de Transporte, Jorge D’Onofrio; el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; las subsecretarias de Turismo, Soledad Martínez, y de Promoción Sociocultural, Lorena Riesgo; y el subjefe de la Policía provincial, Leandro María Sarlo.

Además, participaron los intendentes de Villa Gesell, Gustavo Barrera; de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro; de Necochea, Arturo Rojas; de San Cayetano, Miguel Gargaglione; de General Guido, Carlos Rocha; del Partido de La Costa, Juan de Jesús; y de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzki. (DIB) MM

Se confirmó el ajuste sobre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) del que se venía hablando en los últimos días. Este miércoles, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció la puesta en marcha de un plan para “modernizar” el organismo, que implica la venta de edificios y tierras, y el despido de 227 empleados.

“El Gobierno puso en marcha un plan para modernizar el INTA, que es un organismo fundamental para el desarrollo del campo argentino, cuyos objetivos fueron desvirtuados por la gestión anterior“, apuntó Adorni.

Días atrás se conoció que el presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, elaboró la propuesta para este ajuste en un documento titulado “Propuesta de Presidencia de INTA para el análisis y decisión del Consejo Directivo en el Corto plazo (Noviembre-Diciembre 2024)”. Además de los 227 contratos que no serán renovados, junto a otros empleados que se acogieron al retiro voluntario y otra cantidad de gente intimada a jubilarse y otras bajas, en total sumarán 1.043 los puestos de trabajo reducidos en el organismo desde el comienzo de la gestión libertaria.

Por su parte, en su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, Adorni señaló que “desde 2007 el INTA se enfocó en temas que nada tenían que ver con lo agrícola, como las cuestiones de género, los falsos mapuches y la agricultura familiar“.

Al brindar detalles sobre el plan de “modernización”, el funcionario indicó que “se van a dar de baja los 227 ingresos que se hicieron el año pasado, que deberían haberse suspendido en enero, y se va a poner a disposición el predio del ente estatal en Cerrillos, provincia de Salta“.

“Mañana el Consejo Directivo del INTA va a votar este plan. Ojalá que opten por aprobar estas medidas que le van a brindar más recursos al organismo público para mejorar su equipamiento, modernizarlo y potenciar sus investigaciones”, deseó el vocero.

Adorni destacó que “el 50% de sus 6.852 empleados actuales ingresó durante los gobiernos de Cristina Fernández, entre 2007 y 2015. De los 250 millones de dólares al año que recibe el INTA, el 90% se usa para pagar sueldos. Hoy la participación privada en las investigaciones del INTA es inferior al 10% y el objetivo es que esta cifra aumente al 30% para el año 2027″.

Mientras tanto, el plan que se anunció este miércoles “incluye la venta de edificios y tierras subutilizadas como el inmueble ubicado en Avenida Cerviño y Ortiz de Campo en Palermo. Este edificio está valuado en 6 millones de dólares como precio base. Cuenta con más de 3.100 m2 de superficie cubierta para apenas 140 empleados. Además del mal gasto de recursos que implica, la propiedad presenta graves irregularidades como la construcción de una estructura por fuera de la disposición original del edificio”.

El vocero presidencial destacó que “lo recaudado por la venta de este edificio quedará en manos del propio INTA y será destinado a financiar lo que debe financiar el INTA que son investigaciones“. “De las 116.000 hectáreas que tiene el INTA entre todos sus predios y propiedades solo 45.000 de ellas se usan para experimentación con fines comerciales y productivos”, cerró Manuel Adorni. (DIB)

Tras el cierre de una empresa estatal ferroviaria, el Gobierno nacional confirmó que achicará la Casa de Moneda y eliminará la Compañía de Valores Sudamericana, la ex Ciccone Calcográfica, bajo el argumento de que son deficitarias.

Así lo indicó el vocero presidencial Manuel Adorni, quien la definió la Casa de Moneda como “una imprenta estatal con severas ineficiencias que se encarga de imprimir billetes, pasaportes, patentes de autos y estampillas”

“El Gobierno Nacional va a avanzar con la disolución de la Compañía de Valores Sudamericana, la ex Ciccone Calcográfica, como se la conoce popularmente, recordada por seguramente uno de los casos de corrupción más grandes de las últimas décadas”, comunicó portavoz en la habitual conferencia de prensa.

Según Adorni, “la mala administración anterior implicó un despilfarro de recursos, con deudas que hoy ascienden a los US$ 371 millones, un patrimonio negativo de US$ 78 millones y un resultado bruto negativo de US$ 20,5 millones”

“Cabe resaltar que la decisión del kirchnerismo de negarse a emitir billetes de mayor denominación desde el año 2020 se gastaron 4.700 millones de dólares en importar billetes. Por si no se entiende, se gastaron 4.700 millones de dólares en importar billetes para solventar la caza de la moneda, que es quien debería haber abastecido a la Argentina de estos billetes”, completó.

La ex Ciccone fue adquirida por el ex vicepresidente Amado Boudou, destinada a imprimir papel moneda y otra documentación oficial del Estado nacional. Incluso, por esta tarea el exfuncionario fue condenado a 5 años y 10 meses en 2018 por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública.

Para el vocero, la empresa configura “un delirio que representa fielmente la gestión de (Sergio) Massa, (Alberto) Fernández, y la presidenta de Instituto Patria, Cristina Kirchner”.

Asimismo, detalló que bajo la gestión de Unión por la Patria se contrataron 211 empleados que conformaban un total de 1.300 empleados. También cuestionó el jardín de infantes “La Monedita”, al asegurar que gastaban en promedio 1,2 millón de pesos por niño. “Tenía 60 niños y había 31 personas empleadas, prácticamente cada dos chicos había una persona contratada. Además, tenía un servicio médico con 8 empleados, que hace 4 años tenía 2 y gastaba 370 mil dólares por año”, criticó.

“En la Argentina que ya no imprime billetes para financiar a la política poco sentido tiene seguir con este absoluto despilfarro para mantener una estructura al servicio de los degenerados fiscales”, sostuvo, y concluyó: “La readecuación de la Casa de la Moneda es el último clavo en el ataúd de la inflación”. (DIB)

El gobierno nacional afirma que con el achique del Estado que lleva adelante economizó unos 36 mil millones de pesos en los primeros siete meses de este año, a partir de un recorte de unos 28 mil puestos de trabajo.

Los datos fueron difundidos por el ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que encabeza Federico Sturzenegger y surgen de un informe que detalla “cuánto ahorró el Gobierno con los recortes que llevó a cabo en 2024” en el sector público.

Según este informe, “durante los primeros 7 meses de su mandato, Javier Milei ha llevado a cabo una importante reestructuración en el sector público al recortar más de 28 mil puestos de trabajo entre diciembre de 2023 y julio de 2024, lo que representa una reducción del 5,7% del personal”.

 “En la administración pública (que fue uno de los pocos rubros que generó empleo en la última década en Argentina), los recortes adoptados desde diciembre generaron un ahorro de 36 mil millones de pesos”, señala el trabajo de la “Unidad de Evaluación de Impacto” del ministerio.

Entre diciembre de 2023 y julio de 2024, se registró un descenso del 5,7% en el personal de la administración pública nacional (APN) y de las empresas estatales, lo que equivale a la reducción de 28 mil empleados.

Al analizar los datos desagregados por sectores, se destacan bajas pronunciadas en el sector de la APN y en las empresas estatales. Entre diciembre de 2023 y julio de 2024, el sector de APN experimentó una reducción del 8,7% en su personal, mientras que en las empresas estatales esta caída alcanzó el 10,8%.

Durante los primeros siete meses de 2024, se observó un descenso en los diversos tipos de vinculación laboral en la administración pública nacional. Respecto de los empleados de planta permanente y transitoria, se registró una leve caída del 2,4% entre diciembre de 2023 y julio de 2024. En contraste, el personal contratado bajo la Ley Marco (Ley 25.164) y los empleados con contratos LOYS (monotributistas bajo el Decreto 1109/17) experimentaron descensos mucho más pronunciados, con reducciones del 15,8% y 52,9%, respectivamente.

Esta reducción en el personal de la administración pública implicó, en los primeros siete meses de gestión, un ahorro de 36 mil millones de pesos. El recorte se ha manifestado de manera más pronunciada en los contratos regidos por la Ley Marco, con una disminución de 29 mil millones de pesos.

En cuanto a la modalidad permanente y transitoria, el ahorro alcanzó los 4 mil millones de pesos, mientras que en la modalidad de contratos LOYS se logró una reducción de 3 mil millones de pesos. Para este cálculo se ha utilizado el salario promedio ponderado correspondiente a cada modalidad de contratación, considerando los datos mensuales desde el inicio de la nueva gestión.

Al detallar la información por ministerios, se destaca que las carteras con mayores reducciones porcentuales en el empleo entre diciembre de 2023 y julio de 2024 fueron el Ministerio de Justicia (-17.5%) y el Ministerio de Capital Humano (-16.6%). En contraste, el Ministerio de Seguridad mostró un incremento del 1.3% en el mismo período. (DIB)

Los telegramas con las desvinculaciones comenzaron a llegar a los trabajadores el viernes y abarcan áreas muy diversas de actividad como el Hospital Posadas-, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTO) o la línea 144 de atención a víctima de violencia de género.

El gobierno se resiste a llamarlos despidos porque se trata de personal sin estabilidad, contratados. Pero desde los gremios apuntaron al hecho de que la mayoría de ellos cumple funciones hace años y que, en realidad, el Estado está en mora con su pase a planta permanente.

En tanto, fuentes del gobierno conformaron a DIB que, tal como dijo Milei, la cifra de despedidos a la que apuntan es la de 75 mil.

El lunes, el portavoz Manuel Adorni informó que habían sido despedidos 685 empleados, que formaban parte del hoy ex Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad y que se sumaron a los 240 empleos “eliminados” [SIC].

“Bajo la administración del presidente Milei, no hay lugar para gastos superfluos con el dinero de los contribuyentes”, definió el portavoz.

Ya la semana pasada, Adorni había anticipado: “El 30 de junio será otra barrida y otra limpieza que se le dé a ese universo. Los que continúen vigentes también será por un tiempo determinado y se seguirá evaluando cada uno de los casos. Lo estamos haciendo de una manera absolutamente quirúrgica”.

Pese a esas declaraciones de Adorni, se conocieron casos como el de una bióloga molecular del hospital Posadas que al ser despedida, tras 20 años de trabajo, dejó al nosocomio sin experta en una variante relativamente frecuente de cáncer infantil.

Lo ocurrido en ese nosocomio también ratifica que no es personal dedicado a tareas de excepción el despedido, donde los despidos afectarán a áreas sensibles como Fisiatría, Emergencias, Neumonología, Clínica Médica, Kinesiología, Enfermería, Biología Molecular aplicada al tratamiento de cáncer, Radiología y Hemoterapia.

Edgardo Zacarías, secretario general de Cicop, le contó al diario Página 12 que en el Posada echaron a “las dos kinesiólogas de la guardia de los miércoles de terapia intensiva, infantil y de adultos, fueron despedidas. Que además son quienes estuvieron en primera línea durante la pandemia. Una de ellas tiene 28 años y otra 17 años de hospital, contratadas”. (DIB) AL