La planta, que operaba bajo la firma Argenzum S.A., cerró sus puertas en septiembre del año pasado, dejando a casi una treintena de empleados sin su fuente laboral. En aquel momento, se firmó un acuerdo de desvinculación que contemplaba el pago del 70% de la indemnización correspondiente, en hasta 16 cuotas según la antigüedad de cada trabajador.

Según denuncian los afectados, los pagos se cumplieron entre octubre y enero. Sin embargo, desde febrero las cuotas dejaron de abonarse. La deuda fue asumida por la empresa Pipas, pero hasta el momento no hubo respuestas concretas que aporten previsibilidad a quienes dependen de esos ingresos.

La situación se agrava por un punto clave: al no haber mediado despidos formales, los trabajadores no pudieron tramitar el fondo de desempleo, lo que los dejó sin una red de contención en medio de la búsqueda laboral.

En marzo de 2026, los trabajadores se mantienen en estado de alerta. El conflicto no solo impacta en quienes formaban parte de la planta, sino también en el entramado social y económico de Chascomús, donde cada puesto de trabajo perdido repercute en comercios, servicios y consumo local.

Mientras en Chascomús la incertidumbre persiste, el panorama de la marca a nivel nacional muestra otra realidad. La fábrica que produce las galletitas Tía Maruca en Albardón, provincia de San Juan —operada por Dilexis— atravesó durante 2025 meses de fuerte tensión por atrasos salariales y dificultades financieras que pusieron en riesgo casi 300 empleos.

Sin embargo, a comienzos de 2026 la firma cambió de manos: el empresario bonaerense Juan Carlos Crovella asumió el control con el compromiso de sostener las fuentes laborales. La nueva gestión regularizó pagos en enero y reactivó gradualmente la producción tras un aporte de capital que permitió recomponer la operatoria y normalizar compromisos con proveedores.

El contraste es evidente: mientras en San Juan se anuncia una etapa de reorganización y continuidad, en Chascomús aún no hay certezas para quienes quedaron fuera del esquema productivo.

En una ciudad como Chascomús, la pérdida de 27 empleos industriales no es un dato menor. Se trata de ingresos que sostienen hogares, dinamizan el comercio y forman parte del tejido productivo local.

A casi seis meses del cierre, el reclamo central de los ex trabajadores no es político ni empresarial: es concreto. Exigen que se cumpla el acuerdo firmado y que se regularicen los pagos pendientes.

La comunidad sigue de cerca el conflicto. Porque detrás de cada cuota impaga no hay solo un número en un balance: hay familias que esperan una respuesta.

En aquel entonces, el mensaje era claro: protección comercial, medidas antidumping vigentes contra productos importados y una política industrial orientada a sostener el mercado interno. Goldmund–Peabody producía ventiladores, hornos eléctricos, planchas y más de 300 artículos destinados principalmente al consumo nacional, con algunas exportaciones regionales.

Incluso había lugar para el orgullo: el desarrollo del “E Termo”, premiado con el Red Dot en Alemania, se exhibía como prueba de que la industria argentina podía innovar y competir en diseño. El discurso oficial acompañaba esa narrativa: defender la producción nacional, cuidar el empleo y fortalecer a las pymes como columna vertebral del desarrollo.

Tres años después, la postal cambió.

En marzo de 2026, Goldmund S.A., controlante de Peabody, anunció su ingreso en concurso preventivo de quiebra. El expediente, radicado en el Juzgado Comercial N°21, formaliza un proceso de “reestructuración de pasivos” que la empresa presenta como estrategia para ordenar compromisos y garantizar la continuidad operativa.

El comunicado intenta llevar tranquilidad: la actividad continúa, los compromisos comerciales se mantienen, no hay —por ahora— cierre anunciado. Pero el impacto simbólico es inevitable. La planta que en 2023 era mostrada como ejemplo de expansión hoy es parte de una lista creciente de compañías industriales bajo presión.

El contexto explica parte del giro. El mercado de electrodomésticos enfrenta una demanda debilitada y una competencia importada más intensa. El equilibrio entre costos locales y precios externos se volvió más frágil. En paralelo, multinacionales como Whirlpool anunciaron el cierre de su producción local para concentrarse en la importación, mientras que otras firmas avanzan en reorganizaciones, retiros voluntarios y reconversiones de plantas en centros logísticos.

No se trata solo de una empresa. Se trata de un modelo productivo en discusión.

Entre 2023 y 2026 el péndulo económico se movió. De una estrategia centrada en la protección y el desarrollo del mercado interno, se pasó a un escenario de mayor apertura y reconfiguración industrial. Para algunos sectores, la competencia externa es sinónimo de eficiencia y precios más bajos; para otros, implica pérdida de escala productiva, tensión financiera y riesgo laboral.

En el medio quedan los trabajadores.

Más de 280 empleos directos y cientos de puestos indirectos dependen de la capacidad de Goldmund–Peabody de atravesar este proceso sin caer en la quiebra. La incertidumbre no es abstracta: es concreta, cotidiana, doméstica. Es la pregunta por la continuidad del salario, por la estabilidad, por la posibilidad de proyectar.

La comparación entre aquellas imágenes de 2023 —cintas inaugurales, premios internacionales, visitas oficiales— y la actualidad judicial de 2026 no es solo una anécdota empresarial. Es el reflejo de la volatilidad estructural de la economía argentina, donde los ciclos cambian con velocidad y las certezas duran poco.

¿Es el concurso preventivo una etapa transitoria dentro de un reordenamiento necesario? ¿O es el síntoma de un proceso más profundo de retracción industrial? Las respuestas todavía no están escritas.

Lo que sí queda claro es que el ámbito laboral argentino vuelve a atravesar una fase de creciente incertidumbre. Entre la promesa de competitividad y el temor a la desindustrialización, el debate no es técnico: es social.

Porque detrás de cada planta, de cada balance y de cada expediente judicial, hay trabajadores que no discuten modelos económicos en abstracto. Discuten su futuro.

Según detalló el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, tres de cada diez empresas que cerraron en el país estaban radicadas en suelo provincial, una proporción que refleja el peso del distrito en la estructura productiva nacional, pero también la magnitud del impacto local de la recesión.

“Estamos frente a un modelo económico que debilita la producción nacional y a los sectores que impulsan el mercado interno. El cierre de empresas y la destrucción persistente de empleo son una constante desde la asunción del Gobierno nacional”, escribió López en la red social X.

En concreto, y tal como contó Agencia DIB días atrás, según cifras de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, si se analiza desde noviembre de 2023, el último que gobernó Alberto Fernández, a octubre pasado, en 23 meses se produjo una caída neta de 21.046 empleadores o “unidades productivas”, que emplean a uno o más trabajadores. Es decir, unas 915 por mes o 30 por día.

Dentro de ese panorama general, la provincia de Buenos Aires aparece como el territorio más castigado: perdió 5.621 unidades productivas, encabezando el ranking de cierres a nivel nacional. Detrás se ubicaron Córdoba (3.696), la Ciudad de Buenos Aires (2.409) y Santa Fe (2.302), mientras que el resto de las provincias, en conjunto, explicaron una porción significativa del ajuste, en un contexto donde prácticamente todo el país resultó afectado.

El impacto no se limita a una rama puntual. A nivel sectorial, la destrucción de empresas ya alcanza a 16 de los 20 sectores económicos relevados. Comercio, industria manufacturera y construcción -sectores estrechamente ligados al mercado interno- concentran cerca del 40% de las unidades productivas perdidas en el país, lo que explica el efecto multiplicador sobre el empleo y la actividad.

Fuente: Agencia DIB

Tras la llegada de un barco con 5.000 autos de origen chino al país, el ministro de Economía, Luis Caputo, defendió la apertura de las importaciones al asegurar que hará que los precios de los vehículos nacionales bajarán. Sin embargo, desde Ford advirtieron que esto podría generar cierre de fábricas de la industria automotriz.

“La importación de autos estaba prácticamente cerrada. Solo permitían unas pocas unidades y, por supuesto, se pagaban precios altísimos”, sostuvo Caputo, quien afirmó que el efecto principal será una baja en los precios de los vehículos nuevos. “Va a bajar el precio de los 0 km. Por simple lógica, si tenés más oferta y la misma demanda, el precio baja. Los autos nacionales también van a tener que bajar sus precios para competir”, aseguró.

Según el funcionario, la medida busca beneficiar al consumidor argentino, que durante mucho tiempo enfrentó precios elevados y escasez de modelos disponibles. “Cuando restringís la oferta, sube el precio. Cuando ampliás la oferta, el precio baja”, reiteró.

Además, salió al cruce del diputado nacional Miguel Ángel Picheto, quien cuestionó la llegada de autos chinos. “Es una pérdida de dólares para financiar importaciones que destruyen el trabajo argentino”, sostuvo el legislador. Sin embargo, Caputo lo refutó: “Esta medida ayudó a que el precio de los autos en nuestro país convergiera al de los países vecinos (más bajos incluso en algunos casos), y que se empiece a desarrollar la infraestructura eléctrica, lo que está incentivando proyectos de fabricación de camionetas eléctricas”.

El arribo del barco con 5.000 vehículos chinos generó repercusiones inmediatas en el sector automotor. Concesionarios y fabricantes locales reaccionaron ante la posibilidad de que una oferta mayor genere una reducción de márgenes y una competencia distinta.

En ese sentido, Martín Galdeano, cabeza de Ford Argentina, explicó que la competencia con otros mercados por la presión impositiva hace cada vez más difícil operar en el país. “No me sorprendería que cierren fábricas de autos en la Argentina”, disparó y encendió las alarmas por el empleo en el sector.

Cabe destacar que solo dos fábricas, en primer lugar la de Toyota, enclavada en Zárate, provincia de Buenos Aires, y segunda la de Ford, en General Pacheco, también en suelo bonaerense, producen más de la mitad del total de la industria. Y la gran mayoría se exporta.

Sin embargo, el 60% de los autos nuevos que se venden actualmente en Argentina sean importados, el 85% lo traen las propias automotrices que fabrican en Argentina. En concreto, lo que está sucediendo en la industria automotriz local es un cambio profundo de su esencia.

Fuente: Agencia DIB 

La presencia de la Gendarmería Nacional hoy en la puerta de la distribuidora de productos de limpieza Lustramax, en Tortuguitas, con una orden de desalojo emitida por un juez penal elevó aún más la tensión en un conflicto laboral con todos los componentes posibles, desde empresarios que desconocen resoluciones oficiales asesorados por una senadora bonaerense hasta cortes diarios de la panamericana y que ya amenaza con transformase en un caso testigo del debate de la reforma laboral.

El conflicto estalló a mediados de diciembre: la empresa pidió el procedimiento preventivo de crisis alegando dificultades financieras y, poco después, avanzó con el despido de 29 trabajadores. La medida fue rechazada por los gremios -ha representantes de la izquierda y del Sindicato de Empleados de Comercio- y el dueño, Ezequiel Sosa, redujo los despidos a 15, entre ellos dos delegados de los trabajadores.

Hacia fin de año, la pelea escaló y un grupo de los trabajadores comenzó a cortar parcialmente la Panamericana como medida de protesta, con la planta ya tomada. También realizan paros y bloqueos. Sosa denunció que lo amenazaron de muerte y también amedrentan a otros trabajadores que, según el empresario, quieren seguir adelante con las actividades normalmente.

De otro lado, abogados vinculados al Frente de Izquierda denuncian que el empresario lleva adelante un lock out patronal y no respeta la Conciliación Obligatoria que dictó el ministerio de Trabajo provincial, además de asegurar que el paraguas del Procedimiento Preventivo de Crisis tampoco corre porque la medida no fue aceptada por falta de documentación respaldatoria.

En el cruce de argumentos, Sosa dijo que su fábrica está “tomada por la política” en referencia a los delegados de izquierda, y dijo que no reincorporará a los despedidos porque aterrorizan y amenazan al resto de los empleados para lograr sus demandas, entre las que citó la exigencia de realizar un asado por mes para los trabajadores o pagarles el alquiler de canchas de paddle.

Los sindicatos argumentan que en los balances de Lustramax aparece una situación financiera que no justifica los despidos y que, en realidad, se trata de un plan para recortar derechos laborales que incluye la falta de pago del aguinaldo, de las obras sociales, del bono de fin de año. Además de aumentar la jornada laboral sin pagar horas extras.

Sosa, a raíz de las amenazas que dijo recibir, dijo que duerme en su fábrica hace cinco días. “Tengo que cuidar lo que es mío”, declaró. A la vez, presentó una demanda fuera de la justicia laboral, en los tribunales penales donde consiguió una orden de desalojo de la planta que los gremios ya anunciaron que apelarán.

El conflicto, además de al estado bonaerense, los gremios y los sindicatos, involucra a los partidos políticos. La senadora provincial libertaria Florencia Arietto, una de las fundadoras de Movimiento Anti Bloqueos, apuntó contra los trabajadores que protestan: “hay 200 familias en peligro (el total de los trabajadores) por 10 parásitos de la izquierda ”, a los que calificó de “usurpadores promovidos por Miryam Bregman.

“El problema es que acá la Justicia en 24hs consiguió una orden de un juez penal porque alguien intervino, entonces esto es lo grave, que de un conflicto laboral que estaba muy claro, ella empieza a envalentonarse y a conseguir apoyos. Esto se va a apelar, la orden del juez no está firme...Es la orden que ella muestra en la tele, que dice que hay una turbación de la propiedad, pero no considera que hay un conflicto laboral, hay una maniobra en la denuncia penal que ella hace", manifestó Bregman.

En medio del conflicto, desde el FIT sacaron a relucir la historia del Movimiento Anti Bloqueos, uno de cuyos primeros casos fue el de Lácteos Vidal, la empresa de Carlos Casares que enfrentó un bloque de Camioneros en el que su dueña Alejandro Bada Vásquez fue defendida por Arietto. Tiempo después, la compañía quedó envuelta en el escándalo por ser vehículo de un posible aporte de fondos del presunto narco Fred Machado a la campaña electoral de Patricia Bullrich en 2023, cuando aún era parte de PRO.

Fuente: Agencia DIB 

En medio de un arranque de año con despidos, suspensiones y cierres de empresas, los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo no son alentadores desde la llegada de Javier Milei al poder. Desde noviembre de 2023 a octubre del año pasado, cerraron más de 900 unidades productivas por mes, lo que repercutió en miles de despidos.

Según las cifras oficiales solo en octubre pasado se dieron de baja 912 empresas en todo el país. Y acumula en esos 10 meses de 2025 una pérdida neta de 8.830 empleadores, con su impacto en miles de puestos de trabajo.

Sin embargo, si se analiza desde noviembre de 2023, el último que gobernó Alberto Fernández, a octubre pasado, en 23 meses se produjo una caída neta de 21.046 empleadores o “unidades productivas”, que emplean a uno o más trabajadores. Es decir, unas 915 por mes o 30 por día.

De acuerdo a los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), siempre en el mismo período, el sistema de riesgos del trabajo sumaba 9.857.173 trabajadores en noviembre de 2023, y pasó a octubre 2025 a 9.584.566 empleados. Es decir, el empleo registrado cayó en 272.607 puestos, una reducción del 2,77%, a un ritmo cercano a 400 trabajadores menos por día.

El ajuste impactó con fuerza en sectores estratégicos: Transporte y Almacenamiento fue el más afectado en cantidad de empleadores (-5.042), mientras que la Administración Pública encabezó la pérdida de empleo en términos absolutos, con 83.014 puestos menos, y la Construcción sufrió la mayor caída relativa, con un desplome del 15,6% de su dotación laboral.

Las áreas más castigadas por la devaluación y “la motosierra” en términos de empresarias fueron las vinculadas a la construcción (1.797 empresas menos), la industria manufacturera (-2.238 menos), comercio (-4.184 menos), servicios inmobiliarios (-3.057) y servicio de transporte y almacenamiento (- 5.042).

Mientras que el 99,63% de los empleadores que cerraron son firmas de hasta 500 trabajadores -principalmente pymes-, la mayor parte de los despidos se concentró en empresas de gran porte. El 66,8% de los puestos perdidos correspondió a compañías con más de 500 empleados, lo que da cuenta de una estrategia de ajuste que combina destrucción del entramado productivo chico y recortes masivos en grandes unidades económicas y en el Estado.

Cabe recordar que días atrás, el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, resaltó el cierre de miles de pymes desde que asumió Milei. Tras un 2025 conflictivo, con varias empresas que cerraron sus puertas o suspendieron personal para atravesar la crisis, el informe de López indicó que entre noviembre del 2023 y septiembre del 2025, un total de 5335 empresas bonaerenses dejaron de operar y se registran siete meses consecutivos de cierres. Unas 232 por mes, solo en el territorio bonaerense.

Fuente: Agencia DIB 

La crisis que atraviesa la industria textil argentina sumó un nuevo capítulo con fuerte impacto social en el norte del país. La empresa TN & Platex, considerada la principal textil de la Argentina, cerró por tiempo indefinido su planta ubicada en la localidad de Los Gutiérrez, en la provincia de Tucumán, y suspendió a 190 trabajadores. La decisión se da en un contexto de fuerte retracción del consumo interno, creciente presión de las importaciones y severas dificultades para acceder al financiamiento.

Si bien la compañía comunicó formalmente que se trata de una suspensión y no de un cierre definitivo, en el sector existen serias dudas sobre la posibilidad de que la producción se reactive en el corto o mediano plazo. 

Tras la paralización de la planta tucumana, TN & Platex inició gestiones con otras empresas de la provincia para intentar reubicar a los trabajadores afectados. En paralelo, la empresa confirmó que entre 30 y 35 empleados continuarán desempeñando tareas administrativas y logísticas en la planta de Los Gutiérrez, mientras que otros 12 trabajadores serán reubicados en distintas fábricas que el grupo posee en otras provincias.

El cierre de la planta tucumana no es un hecho aislado. En los últimos meses, TN & Platex viene aplicando un proceso de ajuste en varias de sus unidades productivas, en línea con el deterioro general del sector.

Hace pocas semanas, la compañía suspendió una línea de producción de indumentaria en su fábrica de La Rioja. Esa decisión implicó la desvinculación de 50 trabajadores y la no renovación de otros 12 contratos laborales. Antes, en noviembre de 2025, el grupo empresario había anunciado una reestructuración en su planta de Monte Caseros, en Corrientes, donde redujo la fabricación de prendas deportivas y ropa interior de la línea Seamless. Aquella medida derivó en al menos 17 despidos directos.

La empresa abastece tanto a marcas propias, como DFAC y Xpirit, como a terceros, cubriendo distintos segmentos del mercado nacional. Desde la compañía sostienen que todas estas decisiones responden exclusivamente al derrumbe de la demanda interna y al avance de los productos importados, que ganaron participación en el mercado local.

La Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA) dice que en los últimos dos años relevados -diciembre de 2023 y septiembre de 2025- el empleo en este sector nunca paró de caer y se perdieron más de 16 mil puestos de trabajo.

A la par del cierre o el achique de empresas textiles locales, gigantes como Decathlon, Victoria's Secret, entre otros, ingresan al mercado local con un modelo basado en importación de bienes terminados. Plataformas como Shein y TEMU, que comenzaron a operar en el país en 2025, están jugando su parte también. 

La solución que están encontrando quienes no bajan la persiana parece ser la de eficientizar mediante compra de tecnología: de enero a noviembre de 2025 se realizaron inversiones en compra de maquinaria importada por u$s164 millones, monto que supera el total de 2024 pero todavía muy por debajo de los niveles alcanzados entre 2021 y 2023.

De acuerdo al informe de FITA, -que representa casi a la totalidad de las 4.000 empresas y establecimientos que operan en el sector textil y de la confección (hilandería, tejeduría, tintorería, acabado y proveedores)- en octubre de 2025 la actividad textil registró una caída interanual de 24%, una contracción significativamente superior a la observada en la industria en su conjunto, que retrocedió 2,9%.

A la vez, en el acumulado enero-octubre el sector retrocedió 3,4%, mientras que el total industrial creció 3,1%. El nivel registrado en el mes fue el más bajo para un octubre dentro del período 2016-2025, "comparable con los niveles alcanzados durante la pandemia", indicó la organización. Fuente: IProfesional

El beneficio está destinado a trabajadores despedidos sin causa o con contratos finalizados y requiere una solicitud previa, con requisitos que varían según el tipo de empleo.

Pues bien, para enero, la ANSES fijó un tope máximo de $341.000, aunque el importe final puede variar según los ingresos previos y la cantidad de aportes acumulados por cada solicitante.

La cifra marca un techo que quedó muy por debajo de la línea de indigencia, y casi 1/4 de lo que representa la línea de la pobreza en Argentina ($1.257.000 pesos).

Es que, a finales de 2025 y principios de 2026, el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) en Argentina para una familia tipo (dos adultos y dos niños) rondaba los $566.000 a $578.000 pesos, marcando la línea de indigencia, mientras que la Canasta Básica Total (CBT), que incluye otros gastos, superaba los $1.257.000 pesos, estableciendo la línea de pobreza, según datos del INDEC para fines de 2025 y enero de 2026.

Canasta Básica Alimentaria (CBA) (Indigencia): Alrededor de $566.000 – $578.000 (para una familia tipo).

Canasta Básica Total (CBT) (Pobreza): Aproximadamente $1.257.000 (para una familia tipo en Gran Buenos Aires). CBA (Indigencia) define el costo mínimo para cubrir las necesidades calóricas y proteicas básicas de una familia. CBT (Pobreza) incluye la CBA más gastos no alimentarios esenciales (vestimenta, transporte, salud, educación).

Además de la asistencia económica mensual, el programa contempla una serie de coberturas adicionales mientras dura la percepción del beneficio.

Entre ellas se incluye el acceso a asignaciones familiares cuando corresponde, la cobertura médico asistencial y el cómputo del período como tiempo válido para la jubilación. También se prevé la posibilidad de acceder a la tarifa social para el transporte público a través de la Tarjeta SUBE.

Por último, el organismo previsional informó que los pagos comenzarán a efectuarse a partir del 23 de enero y se organizarán según la terminación del DNI. Para acceder a la Prestación por Desempleo es obligatorio realizar una solicitud previa, ya que cada trámite es evaluado de manera individual antes de su aprobación. 

En el contexto de una crisis de la industria nacional que parece no detenerse en el arranque de 2026, dos empresas radicadas en la provincia de Buenos Aires avanzaron en las últimas horas con una serie de despidos que impactaron en unas 145 familias.

Tras un 2025 conflictivo, con varias empresas que cerraron sus puertas o suspendieron personal para atravesar la crisis, una compañía instalada en la localidad bonaerense de Pilar anunció el cierre de su planta y, a partir de dicha decisión, se concretarán 80 despidos. Se trata de GEPSA, agroindustrial especializada en la producción de alimento balanceado, cuyos trabajadores permanecen en estado de alerta.

Con raíces en la provincia de Córdoba, la sucursal pilarense de GEPSA está ubicada en el kilómetro 2 de la ruta 34. Allí, los trabajadores están en alerta y a la espera de una respuesta positiva en las audiencias que se dan en el Ministerio de Trabajo.

Sin embargo, las expectativas no son buenas, ya que los problemas comenzaron en octubre por una baja del 30% de las ventas. En ese momento se llegó a un arreglo para conservar los puestos de trabajo, acuerdo que entre otros puntos incluyó una reducción de la semana laboral, llevándola a cuatro días. Pero al atraso de pagos se sumó el adelantamiento de vacaciones y ahora se confirmó el cierre de la planta.

Por otro lado, la empresa petroquímica Sealed Air confirmó el despido de 65 trabajadores, luego de que inicialmente se anunciaran alrededor de 90 desvinculaciones. Con el pretexto de afrontar “un proceso global de optimización de recursos”, la firma comenzó en noviembre las negociaciones para la reducción de personal.

Tras la ruptura de las negociaciones, el personal resolvió un paro por tiempo indeterminado y la fábrica se encuentra actualmente sin actividad. El delegado general de la comisión interna de la empresa, Alfredo Piscopo, señaló que los trabajadores están “en negociación hace dos meses” por estos despidos, incluyendo un “casi acuerdo” que la empresa truncó agregando demandas adicionales.

Durante la conciliación obligatoria, el gremio aceptó el retiro de 45 trabajadores, en su mayoría próximos a jubilarse, como parte de un acuerdo que permitiera reubicar personal y sostener la producción. Sin embargo, la negociación se frustró cuando la empresa exigió mayores niveles de producción con menos personal y sin respetar los tiempos de capacitación necesarios.

Fuente: Agencia DIB

Un relevamiento reciente de la consultora Sistémica puso números concretos a este proceso. Según el informe, en el último trimestre se registraron 21 casos de cierres, suspensiones o recortes de personal, con un impacto directo sobre 4.382 trabajadores. Las zonas más golpeadas fueron la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y el NOA, regiones con fuerte peso industrial.

Todas las empresas que cerraron plantas y despidieron o suspendieron personal

La crisis alcanzó de lleno a ramas históricas de la producción. En el sector cerámico, Ilva cerró su planta de Pilar, en territorio bonaerense, y dejó sin empleo a 300 trabajadores. También en Buenos Aires, la multinacional Whirlpool, vinculada a la industria metalmecánica, bajó las persianas de su fábrica inaugurada en 2022, con 220 puestos de trabajo afectados.

El rubro autopartista tampoco quedó al margen. Corven avanzó con despidos en su planta de Venado Tuerto, Santa Fe, donde 150 trabajadores perdieron su empleo. A su vez, SKF clausuró su establecimiento de Tortuguitas, en Buenos Aires, con 145 desvinculaciones, mientras que Dana cerró su fábrica de Naschel, San Luis, lo que comprometió 50 puestos de trabajo.

En la industria electrónica, el ajuste se hizo sentir con fuerza en Tierra del Fuego: Newsan despidió a 150 trabajadores de su planta de Ushuaia. En paralelo, el sector de equipos eléctricos sumó el cierre de la fábrica de DBT-Cramaco en Sastre, Santa Fe, donde se perdieron 37 empleos.

La industria láctea también sufrió un golpe significativo. La Suipachense cerró su planta en Suipacha, Buenos Aires, y dejó sin trabajo a 143 empleados. En el rubro alimenticio, la firma Otito dispuso el cierre de su establecimiento en San Pedro, Jujuy, lo que afectó a 40 trabajadores.

El sector textil, uno de los más sensibles a la competencia importada, acumuló varios casos. TN & Platex discontinuó líneas de producción en Corrientes y La Rioja, con 88 desvinculaciones, mientras que Luxo y Vulcalar cerraron sus plantas y generaron un saldo de 168 personas despedidas.

Además de los cierres y despidos, el trimestre estuvo marcado por suspensiones de gran escala. En la industria metalúrgica, Acindar (ArcelorMittal) implementó suspensiones en su planta de Villa Constitución, Santa Fe, que alcanzaron a 200 trabajadores.

En el sector alimenticio, Mondelez frenó la actividad de 2.300 empleados en su planta de General Pacheco, provincia de Buenos Aires, en una de las decisiones más significativas por su volumen.

Por su parte, en el rubro textil, Textilana (Mauro Sergio) suspendió a 175 trabajadores, mientras que Stellantis resolvió adelantar las vacaciones y extender el receso de verano por un mes, hasta el 4 de enero de 2026, en su planta de El Palomar, donde se producen los modelos Peugeot 208, 2008 y Partner, y Citroën Berlingo.

Este deterioro del empleo industrial se da en paralelo a un retroceso de la inversión extranjera directa (IED). Según el balance cambiario del BCRA, entre enero y octubre el flujo neto de IED registró un saldo negativo de u$s1.500 millones, reflejando salidas de capital y procesos de desinversión de empresas ya instaladas en el país.

El fenómeno, advierten los analistas, responde tanto a la cautela frente a los riesgos macroeconómicos y regulatorios, como a una redefinición de estrategias empresarias, orientadas a reducir exposición en mercados percibidos como más volátiles.

"El retroceso de la IED convive con un proceso acelerado de cierre de empresas y achicamiento del entramado productivo local. En el último mes se multiplicaron los anuncios de cierres, suspensiones y despidos, con especial impacto en ramas industriales sensibles a la caída del consumo interno y a la competencia de importaciones", señaló Sistémica.

"El fenómeno no se limita a casos aislados, sino que adopta una lógica sistémica: menor demanda, mayores costos relativos y pérdida de competitividad configuran un escenario en el que muchas firmas optan por reducir operaciones (por lo general, reconversión a actividades de importación) o directamente abandonar el mercado. El resultado es un deterioro del empleo formal y un efecto contractivo adicional sobre la actividad, que retroalimenta la fragilidad económica", agregó el informe.

"La destrucción de activos y capacidades productivas no habilita la reasignación de recursos y creación de nuevas actividades en el modo en que lo sugieren los libros de texto de economía. Genera pérdida de empleo y chatarra productiva porque el capital no es plastilina y las habilidades de los trabajadores no son universales sino especificas", advirtió la consultora.

Fuente: InfoProfesional 

En medio de la crisis y tras de decenas de despidos, Cerámica Cortines S.A., una de las principales productoras de cerámicos de la provincia de Buenos Aires ubicada en la localidad de Luján, presentó ante la Justicia un escrito para solicitar la apertura de concurso preventivo y, en paralelo, pidió una “medida cautelar” ante sus problemas productivos.

La empresa argumentó su situación ante el Juzgado Comercial en la caída de las ventas, el aumento de costos y la crisis sectorial y económica. Esto afecta también a los trabajadores despedidos, alrededor de un tercio de su planta, que firmaron un acuerdo de pago por las indemnizaciones, que ahora pasaron a ser acreedores.

En este contexto, el síndico cumplirá un rol clave como auxiliar de la Justicia. En ese sentido, intervendrá en la verificación de créditos, recibiendo las presentaciones de los acreedores y analizando la legitimidad, el monto y el carácter de cada reclamo, con facultades para formular observaciones o impugnaciones cuando detecta irregularidades, en resguardo de la transparencia del proceso concursal.

Justamente, según informó El Civismo de Luján, esta situación afecta directamente a los trabajadores despedidos que firmaron un acuerdo de pago con la empresa en concepto de indemnización que, según Cerámica Cortines, alcanza al 70% de los cesanteados.

La firma describe una coyuntura de costos crecientes, entre ellos la energía eléctrica, el gas y la materia prima que, unida a la caída del volumen de metros vendidos, “impactan en los costos operativos y erosionan los márgenes de rentabilidad, adunándose a ello la alta presión impositiva existente en nuestro país”.

El documento incorpora cifras para describir el descenso de actividad. En particular, afirma que la producción pasó de 7.710.049 metros cuadrados en 2023 a 4.859.286 en 2024, y que este año se registraron ventas por un volumen que la empresa presenta como insuficiente, en un contexto donde “existe una cantidad de stock que no se compadece con las ventas”. En tal sentido, cuantificaron ese stock acumulado: 1.533.832 de metros cuadrados.

Por otro lado, uno de los puntos sensibles del escrito es el impacto laboral. Allí, la empresa deja asentado que la dotación “al cierre del ejercicio 2024” era de 345 empleados y que se adoptó una política de reducción de personal “asumiendo los costos que ello implicaría”, detallan.

En tal sentido, reconoce una baja de “casi un tercio de su personal y llegar a acuerdos de pago con casi el 70% del personal despedido”. En otro pasaje, al describir medidas aplicadas frente a la coyuntura, la empresa también menciona la “suspensión” de actividad industrial durante un período señalado en el escrito.

Dentro del capítulo cautelar, la empresa explica que mantiene operatoria comercial y que existen cheques de pago diferido emitidos con fecha anterior a la presentación, cuya situación -según argumenta- requiere una decisión judicial para impedir que generen rechazos, sanciones o bloqueo de la operatoria.

Fuente: Agencia DIB 

En el último año, más de 100 personas fueron parte de las capacitaciones técnicas ofrecidas por el área de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Chascomús, dirigidas a empresas y emprendedores locales, además de cooperativas y grupos asociativos. Estas iniciativas son parte de un circuito integral diseñado para fortalecer y potenciar las unidades productivas de nuestra ciudad.

Desde el área de empresas y emprendedores, se desarrollan talleres claves como el de formalización, donde se capacita y asesora a los participantes sobre aspectos legales y fiscales esenciales para la correcta gestión de sus proyectos. Entre los temas abordados en este taller se encuentran la inscripción en el Monotributo, habilitaciones comerciales, la aplicación de la Ley ALAS y otros trámites impositivos fundamentales para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

Además, otro de los talleres destacados es el de costos y precios de venta, que brinda herramientas prácticas para que los emprendedores puedan gestionar de manera eficiente sus precios y márgenes de rentabilidad, permitiéndoles tomar decisiones informadas que favorezcan la sostenibilidad y el crecimiento de sus unidades autogestivas.

Estos espacios de formación no sólo buscan brindar conocimientos técnicos, sino también ofrecer acompañamiento continuo a los emprendedores para que puedan desarrollarse de manera exitosa en un mercado cada vez más competitivo.

En ese marco, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), principal organismo científico-tecnológico vinculado al desarrollo agroproductivo, vuelve a quedar en el centro de la ofensiva oficial. A pesar de existir una medida cautelar en la Justicia y del freno político que había impuesto el Congreso, el Poder Ejecutivo impulsa un plan de desmantelamiento que incluye despidos, cierres de estructuras territoriales y el remate de miles de hectáreas destinadas históricamente a la investigación y la experimentación.

Documentos internos del Consejo Directivo del organismo revelan que el Gobierno busca avanzar con la venta de unas 42 mil hectáreas pertenecientes a estaciones experimentales, rotuladas como “improductivas”. Se trata de tierras que forman parte de las más de 100 mil hectáreas que el INTA utiliza para investigación aplicada, desarrollo tecnológico y acompañamiento a productores de todo el país. La comunidad científica y universitaria advierte que la iniciativa implica una pérdida de patrimonio estratégico y un retroceso severo en la capacidad de innovación nacional.

El ajuste contempla además el recorte de 11 centros regionales, el cierre de 293 agencias territoriales y la eliminación de 82 programas, reduciendo los programas nacionales activos de 134 a apenas 52. Entre los más afectados se encuentran los vinculados a la Agricultura Familiar, un sector clave para la soberanía alimentaria, el arraigo rural y el sostenimiento de economías regionales. En paralelo, se proyecta un “shock” de retiros voluntarios que reduciría drásticamente la dotación de personal técnico y profesional.

La avanzada se acelera luego de que técnicos de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) realizaran mediciones en predios del INTA. La AABE está presidida por Nicolás Pakgojz, hombre de confianza del empresario inmobiliario Eduardo Elzstain, cercano al presidente Milei, lo que alimenta sospechas sobre un posible negocio inmobiliario detrás de la decisión política.

Ante este escenario, los gremios APINTA y ATE anunciaron medidas de protesta para este jueves, 18 de diciembre, frente a la sede central del organismo, advirtiendo que el Consejo Directivo podría convalidar “el desguace y la liquidación” del INTA en su última sesión del año.

Pero el ataque al sistema científico y tecnológico no ocurre en soledad. En la misma línea se inscribe el proyecto de Presupuesto 2026, que elimina el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional mediante la derogación del artículo 52 de la Ley N° 26.058. Este fondo garantizaba recursos específicos —no inferiores al 0,2% de los ingresos corrientes del presupuesto nacional— para equipamiento, infraestructura y formación docente en escuelas técnicas.

Este desfinanciamiento educativo ocurre en paralelo a una apertura importadora acelerada que golpea de lleno a la industria nacional. Durante 2025, las importaciones de bienes de consumo crecieron a ritmos muy superiores a la producción local, desplazando a empresas nacionales, reduciendo la utilización de la capacidad instalada y provocando cierres de fábricas y despidos en sectores como indumentaria, electrodomésticos, tecnología, metalmecánica y construcción.

El impacto social de este modelo ya se refleja con claridad en el mercado laboral. El cierre de fábricas, la caída de pymes y el derrumbe del consumo se volvieron parte del paisaje cotidiano. Con salarios que no alcanzan y trabajadores cada vez más cerca de la línea de pobreza, sostener el empleo dejó de ser una certeza. En ese contexto, el empleo registrado volvió a retroceder de manera sostenida.

Según datos oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), entre junio y septiembre de 2025 se perdieron 49 mil puestos de trabajo en el sector privado. El dato confirma que la recuperación de fines de 2024 fue breve y que, a lo largo de 2025, el mercado laboral ingresó en una etapa de debilidad persistente.

El deterioro se profundizó en septiembre, cuando el empleo registrado volvió a caer con fuerza: ese mes se contabilizaron 10.700 trabajadores menos que en agosto. La baja se explicó casi en su totalidad por el retroceso del empleo asalariado privado, que se contrajo un 0,1%, equivalente a unos 9 mil puestos menos declarados en la Seguridad Social.

La pérdida de empleo atraviesa a casi todos los sectores. En la comparación interanual, respecto de septiembre de 2024, el empleo asalariado registrado se redujo en 53.300 personas. La caída alcanzó tanto al sector privado (25.900 puestos menos) como al sector público (12.800), mientras que el trabajo en casas particulares volvió a ubicarse entre los más golpeados, con una reducción del 3,2%, equivalente a 14.700 trabajadoras y trabajadores fuera del sistema.

Si se observa el acumulado desde noviembre de 2023, el impacto es aún más profundo. El empleo asalariado privado pasó de 6,38 millones a 6,19 millones, lo que implica 187.400 puestos menos. En paralelo, el empleo público se redujo en 70.100 cargos y el trabajo en casas particulares perdió 27.300 puestos. Son cifras que reflejan un ajuste extendido y persistente, con consecuencias directas sobre el tejido social.

El mapa sectorial confirma la gravedad del momento económico. Durante septiembre, seis actividades redujeron su nivel de empleo: industria, comercio, construcción, agro, transporte y minería. En estos sectores, cada baja se traduce en menos turnos, menos horas trabajadas y, en muchos casos, despidos directos o no renovación de contratos. Los leves incrementos registrados en pesca, electricidad, gas, agua y enseñanza resultan insuficientes para compensar las pérdidas en las actividades más intensivas en mano de obra.

En conjunto, el desmantelamiento del INTA, el desfinanciamiento de la educación técnica, la apertura indiscriminada de importaciones y la destrucción de empleo no son hechos aislados. Forman parte de una misma lógica que debilita la capacidad productiva del país y consolida un modelo más dependiente de la importación que de la producción nacional. Bajo la bandera del ajuste, el Gobierno avanza sobre los cimientos del desarrollo argentino, erosionando el presente y comprometiendo el futuro.

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló una fuerte contracción del empleo registrado y de la cantidad de empleadores en los casi primeros dos años de la gestión de Javier Milei. El estudio analiza la evolución del mercado laboral entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025, a partir de datos oficiales del sistema de Seguridad Social publicados por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

Según el relevamiento, la cantidad de empleadores con trabajadores registrados pasó de 512.357 a 492.223 en el período analizado. La caída equivale a 20.134 empresas menos, lo que representa un promedio de 30 empleadores que dejaron de registrar personal por día, reflejando un deterioro sostenido del entramado productivo formal.

El sector más afectado en términos absolutos fue el de transporte y almacenamiento, que perdió 4.851 empleadores entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025. Le siguieron el comercio mayorista y minorista, reparación de vehículos automotores y motocicletas, con 3.750 empleadores menos; los servicios inmobiliarios, con una caída de 3.005, y los servicios profesionales, científicos y técnicos, que registraron una baja de 2.198 empresas.

En términos relativos, transporte y almacenamiento también encabezó el ranking de retrocesos, con una contracción del 12,3% en la cantidad de empleadores. Detrás se ubicaron los servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales (-11,6%), los servicios inmobiliarios (-10,1%) y la construcción, que mostró una caída del 8,1% en el mismo período.

La reducción del número de empleadores estuvo acompañada por una baja significativa del empleo registrado. El informe señala que la cantidad de trabajadores formales cayó de 9.857.173 a 9.576.189 (-2,85%), lo que implica la pérdida de 280.984 puestos de trabajo, equivalente a casi 420 empleos menos por día desde el inicio de la actual administración nacional.

El sector más afectado en términos de destrucción de puestos laborales fue la administración pública, defensa y seguridad social obligatoria, con una reducción de 88.342 trabajadores. También se registraron caídas pronunciadas en la construcción, que perdió 77.383 empleos, y en la industria manufacturera, con 59.127 puestos menos. Transporte y almacenamiento, a su vez, recortó 53.642 empleos registrados.

Al analizar la dinámica según el tamaño de las empresas, el CEPA advierte que el 99,6% de los empleadores que dejaron de registrar trabajadores fueron firmas de hasta 500 empleados, mientras que las empresas de mayor tamaño explicaron apenas el 0,4% de los casos. No obstante, la mayor parte de la pérdida de puestos de trabajo se concentró en las compañías de más de 500 trabajadores, que absorbieron el 69,4% del total del empleo destruido.

Fuente: Agencia DIB 

Por Fernando Delaiti

La combinación de consumo interno retraído y el aumento de las importaciones en varios sectores, impactó de lleno en varias empresas ubicadas en la provincia de Buenos Aires, y más allá del cierre de algunas de ellas, otras optaron por suspensiones de su personal o el adelanto de vacaciones para intentar sortear la crisis.

En las últimas horas, Mondelez confirmó un freno productivo inusual en la planta de General Pacheco, partido de Tigre, su complejo industrial más grande en Argentina, y avanza con un reordenamiento operativo para administrar un nivel de stock que supera con holgura el promedio histórico. Los afectados son unos 2300 operarios, con el adelantamiento de una semana de vacaciones y una semana adicional de licencia.

Se trata de la compañía dueña de marcas populares como Milka, Oreo, Pepitos y Beldent, que decidió detener parte de sus líneas en diciembre y reordena vacaciones para administrar el sobrestock. El movimiento incluye adelanto de vacaciones, reducción de relevos, readecuación de turnos y menor uso efectivo de capacidad instalada. La actividad normal se reanudará el 4 de enero.

Según trascendió, las ventas cayeron alrededor de 15.000 toneladas en el acumulado del año, un retroceso que afectó sobre todo a categorías de alto volumen como galletitas, chocolates y alfajores. Todo esto, inclusive, en tiempos de fiestas, cuando el consumo suele repuntar. "Los supermercados están importando productos y no hay ventas. Se muestra un panorama muy complejo para el 2026 si no se levantan las ventas", dijo el delegado en Mondelez-Pacheco, Jorge Penayo, quien señaló que el salario promedio es de $1.400.000.

Como informó Agencia DIB, la tradicional compañía de alimentos Georgalos, reconocida por el ícono navideño como el Mantecol, también aplicó un esquema de suspensiones rotativas en su planta bonaerense de Victoria, partido de San Fernando. La medida, que llega justo antes de las celebraciones de fin de año, afecta a 600 operarios.

Según la compañía, la decisión responde a la caída de ventas y a la fuerte competencia de golosinas importadas, un fenómeno que se acentuó en los últimos meses con la política oficial de apertura comercial. El cronograma de suspensiones abarca la primera quincena, afecta a los trabajadores por tandas y contempla el pago del 80% del salario en forma no remunerativa.

En tanto, hace pocos días y en un contexto en el que el patentamiento de autos 0 km cayó un 3,6% interanual en noviembre, Peugeot decidió adelantar vacaciones y paralizó la producción en la planta de El Palomar, en el partido de Tres de Febrero, por más de un mes, con reinicio previsto para enero.

Aunque la compañía no emitió un comunicado oficial, la duración del cese productivo de más de cinco semanas resulta más prolongado de lo habitual y alimenta dudas sobre la estabilidad del personal en esa planta bonaerense.

A mediados de noviembre, y en el marco de la crisis de la industria textil en la Argentina a partir de la importación de ropa extranjera y el consumo que no repunta, la tradicional empresa Textilana S.A. de Mar del Plata, que fabrica la emblemática marca Mauro Sergio, suspendió a unos 175 trabajadores hasta el 31 de marzo. Los suspendidos, se informó, en ese lapso solo cobrarán el 78% del salario de bolsillo y el aguinaldo en dos cuotas.

Si bien el cierre inesperado de la empresa de electrodomésticos Whirlpool en la localidad bonaerense de Pilar con el despido de 220 trabajadores marcó un cimbronazo, fue solo un ejemplo de otras que siguieron ese camino en las últimas semanas. De hecho, este jueves se conoció el caso de la textil Hazan Silvia, que anunció el cierre de su planta en Lanús y dejó a 50 trabajadores en la calle.

Fuente: Agencia DIB 

Entre la difícil situación económica, la baja de consumo y la apertura de las importaciones que complicó las condiciones de competencia, esta semana se confirmó el cierre definitivo de la tradicional empresa conservera de Mar del Plata Marechiare y unos 40 trabajadores fueron despedidos.

A través de sus redes sociales, la empresa marplatense anunció su cierre definitivo y habló del fin de un ciclo, pero a la vez dejaron entrever que su “vocación industrial” permanecía intacta y que no descartaban futuras nuevas inversiones.

Según explicaron, meses atrás la empresa había suspendido la producción “golpeados por la caída de las ventas, el aumento de costos y la dificultad de competir con los productos importados” y desde entonces mantenían un flujo de ventas pero solo de manera online hasta liquidar el stock. “Hoy, con los últimos productos ya en manos de nuestros clientes, llegó el momento de decir adiós”, anunciaron.

El cierre marca un punto crítico para el sector del atún y las conservas, que desde el año pasado arrastra caídas sostenidas en las ventas y enfrenta un escenario operativo cada vez más adverso. Marechiare, en ese contexto, había intentado adaptarse con la incorporación de un modelo de importación, reforzando su presencia digital y apostando a una estructura comercial más flexible. No obstante, los esfuerzos no lograron revertir el deterioro del mercado.

Fuente: Agencia DIB 

En un contexto en el que el patentamiento de autos 0 km cayó un 3,6% interanual en noviembre y se desplomó más de un 30% mensual, Peugeot anunció que paralizará un mes la producción y adelantó las vacaciones para sus trabajadores de la planta de El Palomar, en el partido de Tres de Febrero

Según informaron los operarios, la compañía retomaría las actividades el 5 de enero en esa planta, donde se fabrican los autos 208 y 2008, y la Peugeot Partner y la Citroën Berlingo. La decisión de Stellantis enciende señales de alerta entre los trabajadores y el sector autopartista.

Aunque la compañía no emitió un comunicado oficial, la duración del cese productivo de más de cinco semanas resulta más prolongado de lo habitual y alimenta dudas sobre la estabilidad del personal en esa planta bonaerense. De hecho, en la de Córdoba el personal iniciará su licencia el 15 de diciembre, algo más acorde al receso estival tradicional.

Esta medida se da en el medio de los datos que dio a conocer días atrás la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), quien marcó una baja del 3,6% en el patentamiento de autos en noviembre al comparar con el mismo mes de 2024. Pese a eso, en todo el año las ventas vienen marcando un salto de casi el 50%.

Fuente: Agencia DIB 

El gobierno de Javier Milei tendría lista una nueva profundización del achique del Estado, que se concretaría en otra tanda de despidos masivos de empleados públicos nacionales, un recorte que podría equivaler al 10% de la planta que sobrevivió hasta ahora a la primera reducción de personal.

De acuerdo a los últimos datos oficiales, en el último informe del INDEC, en octubre, la dotación total de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades era de 285.570. personas, luego de que solo en lo que va de este año se perdieran 15 mil puestos de trabajo estatales, una cifra que se extiende a casi 59 mil desde que comenzó el gobierno de Javier Milei, según precisó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

La información, que fue revelada por la periodista Cecilia Devanna en una nota para el diario LA Nación, precisa que los nuevos despidos serían inminentes y que el gobierno focalizará la “motosierra” en organismos descentralizados como Oficina Anticorrupción, el Indec, el Conicet, la Coneau, el ARCA, el Archivo General de la Nación, la Anses, la Conadis, el Enargas, el Enre, el Inta, el Inti y el Enacom.

Como ocurrió en el primer tramo del gobierno, los despidos se materializarán a través de la no renovación de contratos, una modalidad relación laboral extendida en el Estado más allá dela voluntad de los trabajadores y de los plazos legales establecidos.

“Hay contratos desde la época de (el expresidente, Carlos) Menem ”, reconocen en la Casa Rosada, según publica LA Nación.

La idea principal es reducir el número de empleados también de forma transversal, incluyendo las diferentes carteras, organismo, empresas y dependencias del Estado. Parte de los recortes de personal podrían también venir de la eliminación de los registros de automotores y de las plantas de empresas que estarían para privatizarse.

“Vamos a terminar de eliminar registros de automotores y a privatizar más empresas”, adelantaron en ese sentido en Casa Rosada, donde la administración mileista busca acelerar cambios tras el “parate” de las elecciones nacionales.

Vamos a terminar de eliminar registros de automotores y a privatizar más empresas

A las bajas por caídas de contratos, también se habla de reducciones y eliminación de áreas duplicadas.

El avance para reducir el tamaño del Estado y de empleos públicos estaría encabezado desde la Jefatura de Gabinete, a cargo deManuel Adorni, y con el trabajo del titular de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. A Adorni se le atribuye el mandato de llevar “ la gestión a una velocidad de 200 kilómetros por hora”.

Fuente: Agencia DIB. 

En medio del cimbronazo que generó el cierre de la planta de la empresa de electrodomésticos Whirlpool en la localidad bonaerense de Pilar y que dejó 220 trabajadores despedidos, ahora el turno fue de la fabricante de muebles Color Living en Pacheco, partido de Tigre, donde se desempeñaban 40 personas.

Como viene sucediendo con otras compañías que cerraron este año, el establecimiento bonaerense argumentó que la medida responde a la caída de la demanda y la apertura de importaciones, que impactaron en sus volúmenes de producción.

Con más de 40 años en el sector y una producción anual de 90.000 unidades, la firma mantendrá su actividad en su planta principal de Villa del Rosario, en Córdoba, donde trabajan aproximadamente 400 empleados. En Pacheco, se desempeñaban 40 trabajadores de los sectores de carpintería y costura, y todos fueron desvinculados.

El anuncio llega en un contexto de incertidumbre laboral para el sector manufacturero. Solo un día antes, la compañía Whirlpool confirmó también su cierre, lo que alimentó comparaciones entre ambos casos y la percepción de una tendencia a sustituir producción nacional por productos importados. Como informó Agencia DIB, solo en la localidad de Pilar cerraron varias empresas y despidieron en el año a unos 1500 trabajadores.

La caída el consumo masivo y el ingreso de productos importados, más allá de cierta estabilidad inflacionaria, volvieron a poner en escena el mercado laboral que, en la provincia de Buenos Aires, mostró despidos y suspensiones en empresas que buscan sortear la crisis.

Fuente: Agencia DIB 

El gobierno nacional decidió acelerar el proyecto de reforma laboral, que ya tiene fecha de presentación para su discusión pese a que no alcanzó el consenso en el Consejo del Mayo, marco en el que comenzó el debate en torno a la iniciativa.

La decisión del Ejecutivo plantea presentar la iniciativa el 9 de diciembre, unos días antes de la fecha del 15 de ese mes prevista originalmente y se conoció0 hoy tras una reunión del Consejo en la que no se alcanzaron acuerdos explícitos.

Básicamente, quienes adelantaron su rechazo son los gremios, representados en el encuentro por el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez.

La reunión estuvo presidida por primera vez por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y participaron el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger junto al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por las provincias; la senadora nacional, Carolina Losada, por la Cámara Alta; el diputado nacional, Cristian Ritondo, por la Cámara Baja y el presidente de la UIA, Martín Rappallini, por los empresarios.

La presencia de Cornejo, Losada y Ritondo habla de la búsqueda de los apoyos necesarios para transformar en ley el proyecto., que ya está en etapa de pulido de su “letra chica”-

En los próximos días comenzará a correr el borrador elaborado por la administración del presidente Javier Milei que, dejaron trascender desde el oficialismo, incluirá algunas de las peticiones vertidas por el Consejo.

Otro de los temas que se trató en el cónclave, que inició pasadas las 11.30 en el Salón de los Escudos, de la Casa de Gobierno, fue que quedarán fuera de los 10 puntos del Pacto de Mayo -que será remitido como informe-, la Reforma Previsional y de la Ley de Coparticipación. En principio, serían temas que Milei pondría más adelante sobre la mesa.

Al término del intercambio, el diputado del PRO Cristian Ritondo reveló: "No está el proyecto definitivo. Hay diferencias, por una lado desde la UIA lo quieren de una manera y desde la CGT de otra. Nosotros que tratamos de mediar para que haya una modernización laboral que signifique una oportunidad para un montón de trabajadores que hoy no encuentran un trabajo formal".

Hay diferencias, por una lado desde la UIA lo quieren de una manera y desde la CGT de otra.

La reforma laboral incluye los siguientes títulos: ultra actividad; relación de los convenios; cargas fiscales; peajes, financiamiento de sindicatos y cámaras; derechos colectivos; trabajo individual; trabajadores autónomos; democracia sindical y derivaciones varias.

la edición de este mediodía, la primera sin Guillermo Francos, Sturzenegger presentó un ranking que ubica a la Argentina como uno de los países más restrictivos del mundo en materia de importación y exportación con el propósito de plantear trabajar en conjunto para salir del podio.

La reunión se produjo poco después del primer encuentro de Gabinete presidida por Adorni, quien recibió el respaldo explícito del Presidente Javier Milei, quien se hizo presente.

Fuente: Agencia DIB