La institución, que desde hace años trabaja en la ciudad acompañando a personas con discapacidad y a sus familias, necesita reunir $50.000.000 para poder sostener el funcionamiento diario del centro y continuar brindando sus servicios a los concurrentes.

La propuesta busca apelar al espíritu solidario de los vecinos y vecinas de Chascomús. Desde la organización explicaron que, si 10.000 personas realizan un aporte de $5.000, será posible alcanzar el monto necesario para mantener en marcha la institución.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo de manera sencilla mediante una transferencia al alias: TODOSXASID.

ASID funciona en su sede ubicada en Machado y Paraguay, donde desarrolla un importante trabajo de contención e inclusión. Allí se brinda acompañamiento integral a personas con discapacidad física y mental a través de talleres, actividades diarias y espacios de encuentro que buscan fortalecer sus capacidades y mejorar su calidad de vida.

Además, el centro cumple un rol fundamental para las familias, ofreciendo un espacio de apoyo y contención, en articulación con el municipio y distintos actores de la comunidad.

Desde la institución destacaron que, en este momento complejo, el acompañamiento de la comunidad resulta clave para poder seguir adelante con esta tarea social, que desde hace años forma parte del entramado solidario de Chascomús.

La Justicia advirtió al Gobierno de Javier Milei que la Ley de Emergencia en Discapacidad “deberá estar en plena ejecución” el día 4 de febrero de este año y lo intimó a acreditar el avance de la implementación de la norma. De caso contrario, aplicará multas a funcionarios.

La decisión del Juzgado Federal de Campana fue tomada luego de la apelación del Ejecutivo en diciembre. En ese sentido, el juez Adrián González Charvay resolvió que el Ejecutivo tenga los procesos administrativos listos para cumplir con la normativa sancionada por el Congreso, incluso cuando no se haya pronunciado la Cámara Federal de San Martín, que tiene en trámite una apelación del caso.

“Toda vez que la Ley de Emergencia citada debe estar reglamentada dentro de los treinta días (conf. art. 21 de la misma) hágase saber a las partes que, tomando como inicio del cómputo el proveído de fecha 18/12/2025 que concedió el recurso de apelación con efecto devolutivo, la ley en trato deberá estar en plena ejecución para el día 04/02/2026, sin perjuicio de lo que en definitiva resuelva el Superior”, dice la resolución.

Según indicaron familiares de personas con discapacidad en un comunicado, a partir de este fallo el Estado deberá presentar “documentos reales” que acrediten el cumplimiento de la sentencia.

En este contexto, el juzgado advirtió que ya no aceptará informes genéricos basados en “evaluaciones”, “análisis” o “proyectos”, sino en constancias concretas que demuestren avances efectivos.

Por su parte, tras la definición judicial, la actriz y madre de un chico con discapacidad, Valentina Bassi, sostuvo: "La ley se tiene que cumplir: si en 10 días hábiles no cumplen comenzarían las multas para los funcionarios", planteó en Instagram.

Cabe recordar que la gestión libertaria apeló en diciembre el fallo que ordenó aplicar de manera inmediata la Ley de Emergencia en Discapacidad y que dispuso la invalidez del artículo 2 del Decreto 681/2025, con el que el gobierno había suspendido la aplicación de la esa ley. El fallo dictado por el juez González Charvay, que tiene alcance colectivo, debe ser resuelto por la Cámara Federal de San Martín.

Fuente: Agencia DIB 

Tras el escándalo a raíz de la filtración de los audios del exfuncionario Diego Spagnuolo, el Gobierno finalmente concretó la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y traspasó sus atribuciones al Ministerio de Salud a cargo de Mario Lugones. Eso sí: aseguraron que no se cortarán ni se eliminarán prestaciones.

La decisión se maduraba desde la detección de irregularidades en la agencia que conducía el exabogado del presidente Javier Milei.

Este martes el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció su cierre. “La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud”, anunció Adorni desde la sala de conferencias.

El exvocero remarcó: “La agencia se creó en 2017 como un organismo descentralizado que tenía como objetivo coordinar las políticas públicas en discapacidad. Sin embargo, durante años y fruto de la autonomía administrativa que gozaba este tipo de organización, acumuló toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”.

Para Adorni, la situación “provocó irregularidades, como personas fallecidas cuyos familiares seguían cobrando la pensión, pensiones otorgadas sin documentación válida, médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios, como la Fundación METAS, que decía brindar clases de apoyo escolar, pero en sus instalaciones solo había una vivienda precaria, sin agua, electricidad, inmobiliario”.

“Solo se encontró suciedad, moho, escombros y excremento de roedores. Al formar parte del Ministerio de Salud, las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades”, sentenció el funcionario, y completó: “Se va a garantizar la trazabilidad en expedientes, habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones. Además, se van a eliminar 16 cargos políticos, lo que implica una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica”.

Por su parte, aclaró: “Esto no significa que se vayan a cortar pensiones ni nada por el estilo. Esto lo aclaro, porque en virtud de evitar que alguien cometa algún error contando la información alejada de la realidad o de lo que realmente es, repito: esto no implica que se corte absolutamente ninguna prestación”.

Fuente: Agencia DIB 

En la primera sesión de la Cámara de Diputados con la nueva composición surgida tras las elecciones, el oficialismo logró aprobar en general el Presupuesto 2026, el primero que el presidente Javier Milei consigue validar en sus dos años de gestión. Sin embargo, pese a las negociaciones de último momento, el Gobierno sufrió un revés clave: se rechazó el capítulo 11, que incluía el controvertido artículo 75, uno de los puntos más cuestionados del proyecto y que derogaba las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad.

Ese mismo capítulo contenía otras medidas sensibles:

El oficialismo decidió agrupar todos esos puntos en un mismo capítulo y forzar una votación por capítulos y no por artículos, con el objetivo de blindar el artículo 75 y evitar deserciones entre sus aliados. La maniobra generó fuertes críticas, incluso dentro del PRO, y terminó jugando en contra del Gobierno.

Contra las expectativas del propio oficialismo, el capítulo 11 fue rechazado por 123 votos negativos contra 117 afirmativos, lo que provocó la caída completa de ese tramo del Presupuesto.

En la votación en particular, se negaron a convalidar el artículo 75 varios aliados del Gobierno:

La UCR votó dividida: tres diputados acompañaron al oficialismo, uno votó en contra y dos se abstuvieron. También se desmarcaron los misioneros del Frente Renovador de la Concordia, que rechazaron el capítulo y emitieron un comunicado aclarando que apoyaban el Presupuesto en general, pero no la derogación de las leyes de discapacidad y financiamiento universitario.

Fuente: Agencia DIB 

El gobierno logró imponer hoy en el Congreso su dictamen del Presupuesto para el año próximo, que prevé una inflación del 10%% y un crecimiento del 5%, tras ceder fondos discrecionales a gobernadores dialoguistas y con dos importantes modificaciones de último momento: la derogación de las leyes de financiamiento universitario y emergencia en discapacidad, lo que confirmaría el ajuste en ambos sectores.

El dictamen, conseguido con 28 firmas en la Comisión de Presupuesto presidida por Alberto Benegas Lynch, le permitirá al Ejecutivo llevar el proyecto al recinto este miércoles, jornada en la que podría dar un paso fundamental para alcanzar el objetivo político de hacerlo ley antes de fin de año Si lo logra, 2026 sería el primer año en que el Javier Milei contaría con pauta de gastos e ingresas aprobado desde que llegó al gobierno, en 2023.

La mayoría que permitió a La Libertad Avanza lograr el dictamen se nutrió de votos del oficialismo, Pro, la UCR, el MID, Innovación Federal -donde están representados los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones)-, el bloque Elijo Catamarca, que responde a Raúl Jalil, Producción y Trabajo, del sanjuanino Marcelo Orrego, y el espacio Independencia, alineado con el tucumano Osvaldo Jaldo.

En la negociación, el Ejecutivo hizo uso de los Aporte del Tesoro Nacional -los ATN- que se entregan en forma discrecional a las provincias teóricamente para afrontar situaciones excepcionales: 43 mil millones de pesos para Tucumán, Misiones y Chaco. Además, sumó el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares, pedido por las provincias mineras.

A última hora, LLA incluyó, en el artículo 75 de la iniciativa, la derogación de las leyes sobre discapacidad y universidades, vigentes pero que no cumple bajo el argumento de que no incluyeron las partidas de gastos para financiarlas, lo que generó reclamos judiciales. El último de ellos derivó en un fallo lo obliga a aplicar la Emergencia, pero el Ejecutivo lo apeló.

Si se aprobase como tal, el ajuste que el gobierno nacional dispuso sobre esas áreas quedaría confirmado por ley.

Durante el debate, hoy dos dictámenes de minoría, uno Unión por la Patria y otro de Provincias Unidas. El PRO y la UCR, en tanto, plantearon una disidencia ya que había votado a favor las leyes que ahora se derogan. Pero no lo hicieron el resto de los bloques de la oposición dialoguista, que también los habían acompañado.

Desde Unión por la Patria, el diputado Pablo Yedlin calificó de “falta de respeto institucional” la derogación de las leyes. Justamente, el dictamen en disidencia de ese sector garantiza el financiamiento universitario, la plena vigencia de la ley de emergencia en discapacidad y los fondos para la emergencia pediátrica. El proyecto opositor también contempla la continuidad del régimen de zonas frías, la automaticidad de las asignaciones familiares, la recomposición de ingresos jubilatorios afectados por el cambio de fórmula y la actualización del bono previsional.

La disidencia de Pro, en tanto, incluyó tambióen un reclamo específico por la deuda que la Nación mantiene con la Ciudad de Buenos Aires, cuyo pago se acordó con Luis Caputo tras un fallo judicial. Pero no hubo ninguna acción similar del PJ para reclamar por los fondos que se retrajeron a la PBA, que Axel Kicillof calculó en unos 9 mil millones de dólares.

El texto del proyecto prevé un crecimiento de la economía del 5% del PBI, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio de $1423 para diciembre de 2026. Además, proyecta un aumento del 10,6% en las exportaciones y del 11% en las importaciones. En materia fiscal, estima un superávit primario del 1,5% del PBI y un superávit financiero -con intereses de la deuda- del 0,2% del PBI.

A la vez, proyecto subas en partidas sociales muy por debajo de la inflación prevista, ya de por sí baja: del 5% en gasto de jubilaciones, un 17% en salud y un 8% en educación, mientras que deja pendiente de resolver el reclamo de las provincias por las cajas previsionales. 

El juez federal de Campana, Adrián González Charbay, restableció la vigencia de la ley de emergencia en discapacidad que había sido suspendida por el gobierno de Javier Milei luego de ser aprobada y reconfirmada por el Congreso, por lo que ahora el Ejecutivo deberá pagar a prestadores y participantes de talleres protegidos.

El juez dictó la medida al hacer lugar a un amparo colectivo presentado por organizaciones vinculadas a la asistencia de personas con discapacidad. González Charbay suspendió la vigencia del articulo II del decreto 681/25, por el cual el gobierno había frenado la aplicación de la ley bajo el argumento de que no se habían explicitado los fondos para financiarla.

Según la oficina de presupuesto del Congreso, la aplicación de la emergencia tendría un impacto fical -anual- de entre 0,22 y 0,42% del PBI.

La ley había sido aprobada por el Congreso en julio del año pasado y declaraba la emergencia en materia de discapacidad hasta fines de 2027, pero aunque el Poder Ejecutivo promulgó la norma estableció un freno a su aplicación al considerar que el Congreso no había definido las fuentes de financiamiento.

Así, el decreto ejecutivo 681/2025 dejó la norma en suspenso, lo que generó un fuerte reclamo de familias, organizaciones y prestadores. El amparo judicial que motivó el fallo había sido presentado por dos familias en representación de sus hijos, cada uno con Certificado Único de Discapacidad.

El recurso sumó el respaldo de asociaciones civiles y entidades vinculadas al sector en todo el país y tuvo como principal argumento que la suspensión dejaba en estado de indefensión a miles de personas que dependen de tratamientos, servicios y apoyos que ya venían deteriorándose por la crisis económica y el desfinanciamiento.

Del lado del Gobierno, el Ministerio de Salud defendió la suspensión al argumentar razones fiscales y advirtió que aplicar la ley sin fondos específicos pondría en riesgo otras áreas estatales. Sostuvo además que la reasignación presupuestaria era una responsabilidad del Congreso y no del Ejecutivo.

Esos planteos fueron rechazados por el magistrado González Charvay al señalar que tras la negativa del veto presidencial, la Constitución obliga al Poder Ejecutivo a promulgar y ejecutar la ley sin condiciones.

Por otra parte, afirmó que el decreto que dejó la ley en suspenso violó ese mandato y subordinó una norma del Congreso a reglamentos de menor jerarquía, lo que constituye una intromisión en las competencias legislativas.

El juez federal también cuestionó los argumentos fiscales del Gobierno y recordó que el Congreso había habilitado al jefe de Gabinete a realizar las reasignaciones necesarias y que, desde diciembre de 2023, ya se habían hecho más de diecinueve modificaciones presupuestarias para otros fines.__IP__

La sentencia destacó la especial vulnerabilidad de las personas con discapacidad, principalmente en niños y adultos mayores, así como también y la obligación del Estado de adoptar medidas de protección reforzada invocando jurisprudencia de la Corte Suprema y de la Corte Interamericana que exigen evitar cualquier retroceso en derechos sociales.

Finalmente, el juez González Charvay ordenó la aplicación inmediata de la Ley 27.793, declaró inválida la suspensión dispuesta por el Decreto 681/2025, impuso costas al Estado y dispuso publicar la decisión en el Registro Público de Procesos Colectivos. La decisión judicial reafirma los límites constitucionales al Poder Ejecutivo cuando se trata de derechos sociales

Fuente: Agencia DIB 

La propuesta consistió en invitar a vecinos y vecinas a experimentar en primera persona las dificultades que implica transitar la ciudad. Los participantes pudieron optar por tres recorridos distintos diseñados para simular, de manera directa y memorable, los obstáculos diarios que para muchos son desafíos constantes.

El objetivo de la actividad fue generar empatía y visibilizar que, a nivel global, una de cada siete personas vive con alguna discapacidad en un entorno que no siempre está adaptado.

Desde la organización, se remarcó la importancia de sensibilizar sobre el derecho y el respeto a la accesibilidad como el primer paso fundamental para construir una sociedad más igualitaria e inclusiva. La jornada buscó que las barreras, a menudo invisibles para quienes no las enfrentan, se hicieran tangibles para la comunidad en general.

La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) quedó en el centro de un escándalo que expone al gobierno en su punto más vulnerable y alcanza a la hermana del presidente, Javier Milei. La crisis estalló el mismo día en que el oficialismo defendía en el Congreso el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuando se difundieron audios que revelaban un esquema de coimas dentro del propio organismo encargado de asistir a personas con discapacidad.

En las grabaciones, atribuidas al entonces director de la Andis, Diego Spagnuolo, se detallaba un sistema de retornos por la compra de medicamentos que podía recaudar entre US$ 500.000 y US$ 800.000 mensuales. Allí, Spagnuolo mencionaba como beneficiarios a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y a Eduardo “Lule” Menem, dirigente riojano y sobrino del expresidente Carlos Menem.

El juez federal Sebastián Casanello ordenó allanamientos en 14 domicilios, oficinas y sedes vinculadas, donde se incautaron teléfonos, documentación y dinero en efectivo. La investigación judicial se nutre de la denuncia del abogado Gregorio Dalbón, quien acusó a los hermanos Milei, a Lule Menem y al titular de la droguería Suizo Argentina de presuntos “delitos de cohecho, administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas”. Según su presentación, la empresa farmacéutica habría actuado como canal para el desvío de fondos públicos mediante sobreprecios y porcentajes exigidos a proveedores.

Como reacción inmediata, el Gobierno desplazó a Spagnuolo y a Daniel Garbellini, director de Acceso a Servicios de Salud, y decretó la intervención del organismo. El médico Alejandro Vilches quedó a cargo con la misión de auditar y reorganizar la Andis.

La simultaneidad de los hechos dejó una imagen difícil de borrar: mientras el Ejecutivo defendía recortes en discapacidad en nombre del ajuste fiscal, la Justicia revelaba un entramado de corrupción en el área más afectada por esas restricciones.

El contexto de tensiones venía de antes. En julio, Javier Milei vetó leyes que otorgaban aumentos en pensiones y beneficios a personas con discapacidad y jubilados, ya aprobadas por el Congreso. Un mes después, la Cámara de Diputados rechazó el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad, que buscaba regularizar pagos a prestadores y actualizar aranceles. Todo indica que el Senado se prepara para desafiar a Milei y dejar firme la emergencia en discapacidad.

Pero el malestar social y político en torno a la política de discapacidad se remonta a enero de 2025, cuando la Andis había emitido una resolución que clasificaba a personas con discapacidad intelectual con términos como “idiota”, “imbécil” o “débil mental profundo”. El repudio fue inmediato y, aunque Spagnuolo admitió “una grave equivocación”, el daño político ya estaba hecho.

No es la primera vez que Karina Milei aparece vinculada a cuestionamientos por dinero. En 2023, el empresario Juan Carlos Blumberg denunció en los medios que en La Libertad Avanza se cobraban hasta US$ 50.000 por una candidatura a concejal. Desde Neuquén, el periodista Carlos Eguía aseguró que se vendía la marca y los lugares en las listas.

Ese perfil se reforzó con testimonios como el del productor Nito Artaza, quien recordó que Karina preguntaba con insistencia “cuántas entradas vendieron, cuándo le iban a pagar su parte”. El economista Carlos Maslatón lo sintetizó en una frase: “A Javier nunca le interesó el dinero. A Karina sí”.

El escándalo en la Andis resuena con otro antecedente: el del token $LIBRA. Lanzado en febrero de 2025 con un mensaje promocional del propio Javier Milei en sus redes sociales, el precio se disparó en minutos hasta valuaciones multimillonarias, calculadas en torno a los US$ 4.400 millones según estimaciones privadas, para luego desplomarse y dejar a miles de pequeños inversores en la ruina.

En paralelo, surgieron acusaciones mediáticas de que Karina Milei cobraba hasta US$ 50.000 por organizar reuniones privadas con el Presidente vinculadas al proyecto. El episodio derivó en más de un centenar de denuncias en la Justicia argentina, una investigación en EE.UU. y una demanda colectiva en Nueva York.

Karina Elizabeth Milei, de 52 años, ocupa desde diciembre de 2023 la Secretaría General de la Presidencia y preside La Libertad Avanza. Su rol como armadora y tesorera del espacio se consolidó en la campaña legislativa de 2021. Su hermano la llama “el Jefe” y la describe como indispensable desde la infancia, cuando era víctima de violencia paterna.

Hoy, mientras la Justicia avanza sobre la Andis y persisten las secuelas del colapso de $LIBRA, la hermana del Presidente aparece en el centro de las acusaciones más graves contra el oficialismo: una figura estratégica y controvertida, señalada por su manejo del dinero y por su influencia decisiva en las decisiones de gobierno.

Las organizaciones sociales Barrios de Pie y la Corriente Militante Futuro Chascomús expresaron públicamente su solidaridad con los vecinos y vecinas que están recibiendo intimaciones por parte del Gobierno Nacional a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Según señalaron en un comunicado difundido a la prensa, numerosas personas con algún tipo de discapacidad han comenzado a recibir notificaciones por correo postal en el marco de una auditoría, en la que se les exige revalidar toda la documentación correspondiente para conservar sus beneficios. En caso de no hacerlo, advierten que podrían perder derechos adquiridos.

Desde las organizaciones denunciaron que estas acciones representan una nueva forma de presión sobre los sectores más vulnerables. “Con estos aprietes siguen atacando a la gente humilde, generándoles miedo e incertidumbre”, manifestaron. A la vez, cuestionaron el contraste entre estas medidas y el gasto público en viajes, contratos y sueldos “para los amigos del poder”.

En ese contexto, llamaron a la comunidad a mantenerse unida y comprometida frente a lo que califican como “un nuevo ataque al pueblo”. También se pusieron a disposición de quienes necesiten ayuda para realizar trámites, expresar sus situaciones o encontrar soluciones colectivas a los problemas que se vienen profundizando.

“Convocamos a todos aquellos que no están de acuerdo con la crueldad a dar una mano en estos tiempos tan difíciles. Más allá de la ideología de cada uno, es momento de actuar para defender los derechos de los trabajadores, jubilados, personas con discapacidad, desocupados, estudiantes y niños”, señalaron.

El pronunciamiento cierra con un llamado a la reflexión y a la acción: “Con una mano en el corazón, pensemos en quienes están sufriendo las consecuencias del ajuste brutal y desmedido. Es hora de ponerse de pie y trabajar con más fuerza y amor para frenar estos atropellos. No podemos ser indiferentes: construyamos juntos una Argentina solidaria, inclusiva, con trabajo, paz y justicia”.

En este encuentro “abordaremos los desafíos relacionados con la integración sensorial y la sincronización en la comunicación. Se brindarán herramientas áulicas y consejos prácticos para favorecer una convivencia armoniosa dentro de las salas”, explicó la subsecretaria municipal Jimena Arano.

Cabe aclarar que, en el primer encuentro desarrollado en las instalaciones del Fuerte San Juan Bautista, en un muy ameno clima y despertando gran interés en las participantes, se trataron los siguientes temas: cómo fue evolucionando el concepto de discapacidad, de qué se trata el “Modelo Social de la Discapacidad” y se abordaron nociones básicas de accesibilidad.

También se realizó una introducción al paradigma de la Neurodiversidad y se culminó detallando varias características del autismo y la neurodivergencia en general.

Se trata de una ley que promueve diseños universales de todos los entornos y que entienda a la persona con discapacidad como sujeto activo de la vida en sociedad en todas sus esferas.

“Es fundamental, para el proceso de gesta de una nueva ley marco en discapacidad, generar instancias de diálogo e intercambio plurales que recopilen los aportes y opiniones de la sociedad civil, personas con discapacidad y sus familias, las organizaciones de y para personas con discapacidad, organismos públicos cuyas competencias funcionales se vinculen con la temática, sindicatos, universidades, y todos los sectores clave”, expresó Jimena Arano, directora de Accesibilidad y Derechos de las PcD.

En Argentina, la Ley 22.431, sancionada en 1981 como ley marco en discapacidad, instituyó el denominado “sistema de protección integral de las personas discapacitadas”, una normativa que da cuenta de una concepción de la discapacidad de anclaje eminentemente médico, proteccionista, asistencialista, que entiende a la persona con discapacidad sólo como sujeto de cuidado y no como sujeto de derecho; que anula el reconocimiento de la persona como actor social y la limita a ser receptora de acciones de contención diferenciales y segregacionistas.

Con el objetivo de efectivizar el cambio de paradigma desde el cual se aborda la discapacidad en nuestro país, y consolidar un marco normativo que interpele a la sociedad en su conjunto para lograr la inclusión plena, la Nueva Ley de Discapacidad representa un paso fundamental en el camino de la armonización legislativa en la materia, la condición necesaria para una transformación estructural que funde las bases de igualdad, autonomía y equidad necesarias y es, también, el saldo de una enorme deuda de la democracia en pos de la construcción de una Argentina que nos incluya a todas y todos.

En este sentido, la Dirección de Accesibilidad y Derechos de las PcD, trabaja en un documento municipal que será presentado ante el Agencia Nacional de Discapacidad en el marco de las audiencias públicas que la ley establece. Por ello, se invita a todas las personas interesadas en participar de este encuentro denominado “Nueva Ley de Discapacidad”, que se llevará a cabo el día 10 de mayo, a las 13 hs en las instalaciones de UTHGRA (Sarmiento 263).

Los interesados deberán inscribirse a través del siguiente link https://forms.gle/oDcBrXaSYLnf4GHbA

El convenio se llevará adelante a través de un trabajo en conjunto entre el ANDIS y la Municipalidad de Chascomús y tiene como objeto la institucionalización, jerarquización y ordenamiento de una política pública en discapacidad en el nivel local y en la puesta en marcha de iniciativas, acciones y dispositivos que contribuyan a la construcción de ciudades accesibles e inclusivas y al pleno goce de todos los derechos humanos de las personas con discapacidad en sus territorios.

El Plan se implementará contemplando tres etapas de desarrollo y líneas de ejecución, en el fortalecimiento de la Gestión Local y Territorial, en la Promoción y Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el Ámbito Local, y en apoyo a las iniciativas para la Construcción de Ciudades Accesibles e Inclusivas.

En este sentido, la directora de Accesibilidad y Derechos de las PcD, Jimena Arano, destacó que se encuentra en la etapa del relevamiento de instituciones que trabajan la temática con el objetivo de sistematizar la información para poder orientar, asesorar y acompañar a dichas instituciones y a la población que atienden y de esta manera establecer un diagnóstico de situación en nuestra ciudad.

Por Ximena B. Xiong

Durante la novena sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Chascomús, se aprobó un proyecto de ordenanza en la que se establece al Departamento Ejecutivo municipal y deliberativo a una capacitación obligatoria en temática de discapacidad.

Tras haberse presentado por el interbloque UCR-Cambiemos Chascomús en la sexta sesión ordinaria, desarrollada el 4 de junio del corriente año, el expediente 5478/O “Institúyase en el DE y Deliberativo del Distrito de Chascomús, la capacitación obligatoria en la temática integral de discapacidad”, quedó aprobado por unanimidad con modificación en autoridad de aplicación que pasará a estar a manos del ejecutivo municipal.

Dicho proyecto surgió luego de varios debates dentro del Concejo Deliberante, sobre todo en las sesiones ordinarias, donde ediles manifestaron desconocimiento del tema y también cómo a lo largo del tiempo el término de discapacidad cambió de acuerdo al contexto, por ejemplo, pasar a decir “discapacitado” a “persona con discapacidad”, donde éste último hace hincapié en la persona y luego la discapacidad, contrario al primer término, mal utilizado, al hacer foco en la discapacidad y no en la persona.

Con aprobación del proyecto y capacitación que deberán tener las y los funcionarios en temática de discapacidad, EL CRONISTA dialogó con el concejal del Bloque UCR Chascomús, Ignacio López, quien mencionó: “Entendemos que cada organización tiene su lucha y parte tiene que ver con la diversidad, por lo cual tuvimos capacitaciones con perspectiva de género”, mediante la aplicación de la Ley Micaela.

Así, las capacitaciones como una herramienta más, “permite pensar de otra manera, cambiar los paradigmas a la hora de tomar decisiones, plantear ideas y proyectos desde esa perspectiva”, expresó el edil.

A la vez que agregó: “Los legisladores necesitamos entender que la discapacidad no solo se trata de una silla de ruedas o algo que obliga al municipio a generar un gasto, debido a que se tiene como idea que todo lo que tiene que ver con discapacidad se vincula con plata, es lo contrario, tiene que ver con educación, sentido común, que no requieren gastos”.

Por el panorama y desconocimiento en la temática, desde la oposición solicitaron mediante la ordenanza, ya aprobada, que se realicen capacitaciones que tendrán que dictarse próximamente.

Asimismo, López hizo alusión a un proyecto presentado en 2019, denominado “Crease el censo municipal para personas con discapacidad” que en su momento fue girado a comisión para ser tratado.

El objetivo fue que “se oficialice un censo municipal para discapacidad” porque “para poder hacer políticas públicas necesitamos saber a qué universo tenemos que beneficiar a la sociedad, cuáles son sus necesidades puntuales, cómo puede acercarse el Estado a las personas con discapacidad”, explicó el edil radical.

En consideración a que los datos obtenidos, al momento de la presentación del proyecto, solo contaban con el último censo nacional, el documento plasmaba que “sería recomendable realizar una encuesta municipal de personas con discapacidad cada cuatro años”, y que no ha ocurrido.

En ese sentido, para el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de la República Argentina que debía hacerse en el año 2020 y debió suspenderse por la pandemia a causa del Covid-19, “planteamos que si no era un censo, podría hacerse un relevamiento a través de las redes sociales o página del municipio”, indicó López.

Y subrayó: “Queremos que se construya de manera equitativa con los aportes de todos los bloques políticos y se convierta en una política pública, independientemente de quién esté gobernando la ciudad”.

-Hacia una Comisión Especial de Discapacidad

Por otro lado, el concejal del Bloque UCR Chascomús citó un proyecto de declaración, presentado en la séptima sesión ordinaria del HCD y girada a la Comisión de Reglamento, sobre la creación de una Comisión Especial de Discapacidad en el Concejo Deliberante que “funcionaría como la Comisión de Covid-19”, comentó López.

Esto debido a que “hoy en día, los proyectos que tienen que ver con discapacidad se tratan en la Comisión de Salud, Acción Social y Seguridad, y quizás no se da el abordaje correcto”.

Por eso, el proyecto de declaración explicita en su segundo articulado que la comisión especial de personas con discapacidad tendrá por objeto: “A) Analizar todo asunto concerniente a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad”; “B) Estimular políticas públicas efectivas en todas las áreas, que permitan la total integración de las personas con discapacidad”.

Sumado a “C) Fomentar campañas de concientización y educación en pro de la no discriminación y la igualdad de oportunidades”, finalmente “D) Promover mediante iniciativas legislativas la inclusión y la igualdad de oportunidades, el acceso al trabajo, la educación y la vida independiente de las personas con discapacidad”.