Por Andrés Lavaselli

Cristina Kirchner y Axel Kicillof descongelaron su relación política y abrieron así la posibilidad de una negociación por la unidad electoral del pan peronismo que aún tiene final incierto, pero que ya produjo dos efectos políticos centrales, según reconocen en ambos campamentos: 1) Devolvió a la expresidenta a la centralidad del escenario y le dio un argumento para ejercer el liderazgo. 2) Permitió al gobernador consumar una ruptura controlada, un paso imprescindible para el objetivo de correr por la presidencia en 2027.

El reacercamiento entre Axel y Cristina se dio en un contexto marcado por dos hechos fundamentales, que funcionaron como catalizadores: la aceleración, luego de la derrota del macrismo en las elecciones porteñas, del pacto entre La Libertad Avanza y el PRO en la Provincia; y la posibilidad, que en el Instituto Patria consideran “inminente”, de que la Corte Suprema de Justicia confirme la condena de la expresidenta en la llamada Causa Vialidad, lo que podría derivar en la prohibición de ser candidata, además de encerrarla en prisión domiciliaria.

La mayor parte del contenido de las dos horas de charla de se mantienen en reserva, lo que tal vez sea un indicador de que fueron fructíferas. Pero tres datos básicos fueron corroborados por los dos sectores: 1) Aunque el tono fue cordial, la relación de afecto desapareció. 2) Cristina se mostró predispuesta a un acuerdo que hasta ahora había esquivado. 3) El objetivo de la mesa de negociación es crear un mecanismo de equilibrios en las listas que evite que la unidad se alcance al costo de la fuga de algunos sectores.

A eso hay que añadir un motivo compartido detrás del cónclave: se expresa como el triunfo del “instinto de supervivencia” ante la unidad de la oposición. Es que la lista de unidad ayuda a Cristina a preservar su base de operaciones, la tercera sección, donde un resultado por encima de los 50 puntos asegura una victoria en toda la provincia. El gobernador tiene el mismo objetivo: ir separados los expone a una derrota “por 20 puntos” ante una oposición unida, dijo el massista Alexis Guerrera, presidente de Diputados, y eso sería letal para su proyecto presidencial.

A la par, cada sector hizo su propio balance. El cristinismo creen que al haber convocado ella, la expresidenta se posicionó como la abanderada de la unidad y ubicó al gobernador en una posición incómoda: aceptar el llamado o quedar como responsable de la ruptura. “Eso le permite ocupar el centro de la escena, o toda la cancha, y la convierte en el foco de todas las miradas”, dijo a DIB una fuente de ese sector. “Es una forma de intervenir la campaña, de nacionalizarla de hecho”, agregó otra.

En el kicillofismo valoran que haber logrado la “emancipación” política. Es una manera elegante de referirse a la ruptura que, en una paradoja solo aparente, la convocatoria a la mesa de negociaciones confirma. Es que el Movimiento Derecho al Futuro es ahora un sector oficialmente diferenciado del cristinismo-kirchnerismo, con su conducción propia, Kicillof. Una partida clave del juego de la ruptura en unidad, que sienta las bases para la carrera presidencial que el gobernador aspira a protagonizar a partir del año que viene.

Pero no todo está resuelto, ni mucho menos. Las desconfianzas son enormes. Un ejemplo: antes de ir a la reunión, Kicillof informó a intendentes de peso de su espacio (Ferraresi, Secco, Espinoza, Ishii), que le recomendaron asistir. Pero a la vez, varios de esos alcaldes le susurran al oído que es mejor dar la pelea ahora, que ir a una unidad forzada. Otro: las declaraciones de las últimas horas de Máximo, Mayra Mendoza o Wado De Pedro reflotando la tesis de la marcha atrás con el desdoblamiento despiertan en La Plata sospechas de un doble juego del Patria.

Eso por eso que la unidad por ahora es una meta que no está asegurada. Que los intendentes encolumnados con Kicillof, su principal sostén político, evalúen la posibilidad de encabezar las listas locales es otro indicador que de la moneda está en el aire. También, el hecho de que el próximo 9 de junio el gobernador anote su propio frente electoral. “Tenemos una lista completa a diputados nacionales y las ocho listas seccionales, todas con nombres nuestros, porque puede haber ruptura y no nos puede tomar por sorpresa”, cuentan en gobernación.

Las exigencias para la unidad que se conocen hasta ahora son las que hizo trascender Kicillof. Y son duras, sobre todo las que se refieren a la conformación de las listas: protagonismo de los intendentes; injerencia en las seccionales -un pedido para que Ferraresi, enemigo íntimo de CFK, talle en la de la tercera promete generar tensión. También piden un discurso de campaña que apunte a Milei pero que rescate la gestión de Kicillof como su contracara. Y compromiso de los candidatos con los proyectos legislativos del gobernador: la “cláusula sin chistar”.

El diseño del dispositivo del diálogo implica al massismo, pero este sector es cauto. Mientras Massa juega el viejo juego del “Operativo Clamor” -hacer que sus dirigentes “pidan” por las dos opciones que en realidad él baraja, ser candidato a diputado nacional o a senador provincia- y en su entorno se muestran recelosos. Deslizan que si finalmente no va a la pelea, Kicillof dañará su naciente liderazgo. En Gobernación devuelven el fuego: el “esquema de tres tercios de las listas para cada sector” no corre más, dicen. Y al “pedir compromiso anti milei” recuerdan que “Massa casi no criticó en público al presidente en un año y medio”.

El punto que al parecer quedó más abierto en la conversación Cristina/Axel tal vez sea el más urgente: ¿qué hacer si hay un fallo adverso de la Corte? La propia Cristina lo consideró verosímil. Pero no hay un procedimiento establecido sobre cómo actuar, más allá de que el gobernador mandó a decir que estarán en la calle para defenderla. ¿Quién la reemplazaría en las urnas? Misterio. Nota al pie: pese a los rumores instalados, en gobernación manejan un segundo escenario: que el fallo no salga pero, por efecto de la expectativa generada, eso incentive en enojo del electorado anti peronista y profundice la nueva grieta.

En la oposición, el pacto LLA-PRO marcha a pie firme, más allá de algunos roces. Los nueve diputados PRO que responden a Macri y se abstuvieron en la votación del aumento a los jubilados parecieron contradecir el discurso ultra-conciliador del expresidente a su regreso de la gira por Europa y Asia. Pero es solo una apariencia, acaso un gesto de negociación: como prueba baste el hecho de en PRO ya circulan documentos internos sobre el acuerdo, en los que se menciona el hecho de que quienes no lo integren no podrían usar el nombre partidario.

Mientras, en Casa Rosada analizan opciones para competir contra Cristina en la tercera sección. Santiago Caputo quiere aprovechar y mueve nombres propios. Algunos, como Daniel Parisini aka “El Gordo Dan” no parecen supera la prueba de las primeras encuestas. Surgen otros, como el CM de Tik Tok de Milei, Iñaki Gutiérrez. Y rumores, entre ellos el que indica que Karina Milei piensa en la posibilidad de que José Luis Espert sea el candidato contra la expresidenta, aunque él no quiere saber nada con dejar escapar la posibilidad de encabezar la boleta de octubre. (DIB)

El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, le pidió este jueves a la Corte Suprema de Justicia que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner sea condenada a 12 años de prisión por asociación ilícita en la causa de Vialidad por la obra pública en Santa Cruz. Ahora empieza a correr el plazo para que el máximo tribunal del país tome una decisión.

Casal sostuvo el reclamo del fiscal general Mario Villar,al entender que además del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, se le tiene que atribuir el de asociación ilícita en carácter de jefa. En su dictamen de 13 páginas, mantuvo la postura de la Fiscalía de agravar la actual condena de la ex mandataria de seis años de prisión por administración fraudulenta, un mayor decomiso de sus bienes y que la absolución a favor de Julio De Vido sea revocada.

El procurador consideró que la sentencia de la Cámara incurrió en una “causal definida de arbitrariedad” por omitir responder argumentos clave de la fiscalía y aplicar interpretaciones consideradas incorrectas sobre la figura de la asociación ilícita, la doctrina del “hecho único” en la administración fraudulenta, la valoración de la prueba y la cuantificación del decomiso. El dictamen de la Procuración cuestiona principalmente las absoluciones por el delito de asociación ilícita y la reducción del decomiso.

El Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py que la condenó en diciembre de 2022 y Casación que confirmó el fallo en noviembre de 2024 señalaron, ambos por dos votos contra uno, que no hubo asociación ilícita porque tomaron como un único hecho las irregularidades en las 51 obras públicas que de 2003 a 2015 -los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner- recibieron las empresas de Lázaro Báez. Para los jueces no hubo una pluralidad de delitos que lleven a una asociación ilícita.

La Corte, a partir de ahora, estará en condiciones de estudiar el expediente y resolver si confirma o no la sentencia acusatoria que tiene dos efectos inmediatos: la privación de la libertad y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Este último punto es el que, en caso que lo decida, no le permitiría ser candidata a las elecciones legislativas nacionales de octubre.

Sin embargo, hay otros recursos de queja presentados que permanecen en la Corte. Todos tienen un común denominador y apuntan a anular el fallo de la Cámara de Casación que confirmó la sentencia que en diciembre de 2022 dictó el TOF 2. (DIB)

La exmandataria, Cristina Fernández de Kirchner, realizó un posteo en su cuenta de X un día después de su discurso en Quilmes, en el que analizó algunas cuestiones y contradicciones sobre el tratamiento en Diputados de la Ley Bases que impulsa el Ejecutivo.

Fernández sostuvo que la aprobación de la ley es “una mala decisión”, ya que le “ata las manos” al presidente, al paralizar la obra pública, y que “no es coherente”, ya que prohíbe “revisar los contratos dolarizados de generación de energía renovable, térmica e hídrica, causa principal del aumento astronómico en las tarifas eléctricas”, al tiempo que declara “la emergencia energética” el su primer artículo. En esa línea, se preguntó: “¿La declaración de emergencia solo va a ser para justificar el tarifazo?”.

“Mañana se va a tratar en la Cámara de Diputados de la Nación la autodenominada ‘Ley de Bases’, cuyo Título III sobre ‘contratos y acuerdos transaccionales’ autoriza al Poder Ejecutivo, ‘por razones de emergencia’, a rescindir o modificar los contratos de obra pública que hayan sido celebrados con anterioridad al 10 de diciembre del 2023, pero… ‘Quedan expresamente excluidos del régimen establecido en esta ley los contratos suscritos en virtud de los procesos de privatización autorizados por la ley N°23.696 y…(adivina qué también)… aquellos contratos que se hayan suscripto en el marco de regímenes de promoción de actividades, programas de estímulo a las inversiones o a la producción’”, escribió la dos veces Presidenta.

Luego reflexionó: “O sea… faculta al presidente a dejar sin efecto 2.308 obras públicas paralizadas en todo el país, de las cuales 119 son universidades nacionales, pero le prohíbe revisar los contratos dolarizados de generación de energía renovable, térmica e hídrica, causa principal del aumento astronómico en las tarifas eléctricas, como demostramos ayer en nuestra charla en Quilmes. No es una buena decisión atarle las manos al presidente en una cuestión tan delicada y que impacta tan negativamente en todas las actividades de la vida cotidiana: industriales, comerciales, clubes de barrio, universidades, y sobre todo en los bolsillos exhaustos de los argentinos”.

Mañana se va a tratar en la Cámara de Diputados de la Nación la autodenominada “Ley de Bases”, cuyo Título III sobre “contratos y acuerdos transaccionales” autoriza al Poder Ejecutivo, “por razones de emergencia”, a rescindir o modificar los contratos de obra pública que hayan…

Para cerrar, añadió: “Y además de no ser una buena decisión resulta incoherente con la declaración de emergencia en materia de energía establecida en el artículo primero de la referida ley. ¿O la declaración de emergencia solo va a ser para justificar el tarifazo?”. (DIB) ACR

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner reaccionó este lunes al nuevo índice de pobreza difundido por la UCA y consideró que la Argentina se encuentra peor que hace dos décadas, al tiempo que volvió a referirse la deuda tomada por el Gobierno de Mauricio Macri ante el FMI en 2018.

Cabe señalar que según el estudio publicado por la UCA, la pobreza alcanzó en enero al 57,4% de los argentinos (unas 27 millones de personas), mientras que la indigencia abarcó en el mismo mes al 15% de los argentinos (unas 7 millones de personas).

En el día de su cumpleaños 71, la exvicepresidenta publicó esta mañana un mensaje en sus redes sociales en el que se refirió a ese informe difundido y destacó un gráfico que midió la evolución de las tasas de pobreza e indigencia urbanas entre enero de 2004 y de 2024, “o sea en los tan mentados, meneados y criticados ‘últimos 20 años’”, mencionó.

Ayer, en una nota publicada en Perfil, cuyo título es “El Informe de la UCA. Milei puso distancia del fuerte aumento de la pobreza en enero: “Es la verdadera herencia del modelo de la casta” – https://t.co/lM6pPzI3j9 -, aparece un gráfico del Observatorio de la Deuda Social… pic.twitter.com/qOeaUZaORS

Al respecto, recordó un párrafo de su documento de 33 páginas titulado “Argentina en su tercera crisis de deuda”, hecho público por ella la semana pasada, en el que evaluó la situación política, social y económica de la Argentina.

En su análisis, recordó, “aún persiste” en el país el efecto del “condicionamiento estructural que significaron las decisiones en materia de endeudamiento” tomadas por el expresidente Macri en su gestión entre 2015 y 2019.

“Tanto por la magnitud de su volumen total con bonistas privados y con el FMI, como por el retorno de ese organismo multilateral en su rol de auditor de la economía argentina”, consideró.

“Con el gobierno de Mauricio Macri la Argentina, como en el Juego de la Oca, retrocedía casilleros a mansalva”, indicó.

En esa ocasión, Fernández de Kirchner explicó que el Gobierno de Alberto Fernández, en el que se desempeñó como vicepresidenta, “no pudo o no supo cortar este verdadero nudo gordiano de la economía argentina”.

Y aseguró: “Si fuera el Juego de la Oca, al mirar el gráfico del Observatorio, más que un retroceso a mansalva estaríamos viendo cómo, a partir del año 2018 -con endeudamiento en dólares y regreso del FMI de la mano de Mauricio Macri-, volvimos para atrás hasta caer en el punto de partida”.

La expresidenta expresó que “la realidad que muestra” el documento difundido el sábado por el Observatorio de la UCA “es que hoy ya estamos peor que en el año 2004”.

“Sin embargo -continuó-, la verdadera tragedia es que no están jugando un juego de mesa, sino con la mesa de los argentinos”.

En su mensaje en redes sociales, Fernández de Kirchner resaltó una nota periodística publicada en el semanario Perfil con el título: “El informe de la UCA. Milei puso distancia del fuerte aumento de la pobreza en enero: ‘Es la verdadera herencia del modelo de la casta’”, indicó el medio al utilizar una frase que el Presidente utilizó al hacer mención a ese trabajo en su cuenta de X. (DIB)

Ante un reclamo hecho por el legislador de Juntos por el Cambio, CFK respondió: “Senador, ya debería haber aprendido que no se necesita quórum para la sesión de hoy. Gracias”.

Fue entonces, que Lousteau respondió de “deberían haber aprendido de economía, también”, pero la vicepresidenta no se quedó atrás y le retrucó “me enseñaste vos con la 125”.

La Resolución 125 fue la medida que tomó Lousteau cuando era Ministro de Economía de CFK, durante el año 2008, que creaba un sistema móvil para las retenciones a las exportaciones de soja, trigo y maíz.

La resolución generó un fuerte conflicto con las organizaciones del agro Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, CONINAGRO y Federación Agraria Argentina, y desencadenó en la renuncia de Lousteau.

Las la salida del ministro, el Gobierno de CFK presentó un proyecto de ley para ratificar la resolución. Con el voto “no positivo” del entonces vicepresidente Julio Cobos, el mismo no fue aprobado. (DIB) MT

El Tribunal Oral Federal 2 condenó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, tras declararla culpable de administración fraudulenta en la causa que investigó el presunto direccionamiento de la obra pública vial de Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez entre 2003 y 2015.

El TOF 2 también absolvió por mayoría a la expresidenta y al resto de los acusados por el delito de asociación ilícita por el cual los acusaron los fiscales del juicio Diego Luciani y Sergio Mola.

Los fundamentos del veredicto emitido hoy por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso serán dados a conocer el 9 de marzo del año próximo, fecha a partir de la cual las partes podrán presentar sus apelaciones.

La sentencia quedará firme cuando se hubieren agotado todas las instancias, es decir, cuando la Corte Suprema responda a todos los planteos que le lleguen.

El TOF 2 también condenó al empresario Báez a 6 años de prisión como partícipe necesario de administración fraudulenta, en tanto que al exsecretario de Obras Públicas, José López y al exdirector de Vialidad Nacional Néstor Periotti les dictó la misma pena como coautores del delito, por lo que también dispuso en relación a ellos su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

De los trece imputados por este caso hubo tres que fueron absueltos: el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y el expresidente de la Administración General de Vialidad Provincia de Santa Cruz (AGVP), Héctor Garro.

En tanto, el exsubsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal Carlos Santiago Kirchner resultó sobreseído por extinción de la acción penal. Había sido acusado por supuesto incumplimiento de deberes de funcionario público.

La última audiencia del juicio abrió puntual a las 9.30 luego del ingreso a la sala de los tres jueces, custodiados por policías asignados a la seguridad de Comodoro Py y sin formular declaraciones a la prensa.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola habían pedido que se condene a 12 años de prisión a la expresidenta como supuesta jefa de asociación ilícita y administración fraudulenta.

Para el empresario Lázaro Báez, la fiscalía reclamó también 12 años de prisión como presunto autor de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada.

Además, solicitaron diez años de cárcel para el exministro de Planificación Julio De Vido y el exdirector de Vialidad Nacional Nelson Periotti, y seis años para Mauricio Collareda y Juan Villafañe, exfuncionarios del organismo.

Para Héctor Daruich y Raúl Pavesi, en tanto, requirió cinco años, y cuatro años para Abel Fatala y José Santibáñez.

En cuanto a Carlos Kirchner, los dos fiscales postularon la absolución por asociación ilícita y una condena a dos años en suspenso por abuso de autoridad.

En el juicio oral se debatió el presunto direccionamiento del 80% de la obra pública nacional vial en Santa Cruz a favor de empresas de Báez entre 2003 y 2015, además de presuntos sobreprecios y falta de controles ante incumplimientos. (DIB)

Por Ximena B. Xiong

Tal como estaba previsto, en la jornada de ayer, partidos políticos y organizaciones sociales afines al peronismo y kirchnerismo llevaron a cabo una nutrida caravana denominada “Chascomús con Cristina”.

El punto de encuentro tuvo lugar en Avenida Hipólito Yrigoyen y Escribano, donde se encuentra el busto de Eva Perón. Desde allí se movilizaron los vehículos con bocinazos y carteles en apoyo a la vicepresidenta de la nación argentina hasta Avenida Lastra para recorrer las calles céntricas, mientras grupos de personas concentraron en cercanía del Reloj de los Italianos en la espera de la fila de autos.

Pasadas las 18hs, agrupaciones políticas, sociales, funcionarios, cooperativas y vecinos concentraron en el emblemático reloj, donde el cántico peronista ocupó la escena junto con los carteles en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner, tras el pedido de condena a 12 años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos por parte del fiscal federal Diego Luciani.

De esta manera, la caravana “Chascomús con Cristina” llegó a hacerse notar por la convocación que llegó a tener, más de 160 personas, quienes acompañaron a quien fue presidenta de la Argentina.

Al respecto, el diputado provincial por la quinta sección electoral, Juan Ignacio “Cote” Rossi, publicó en redes sociales sobre la jornada en Chascomús, donde “se organizó una multitudinaria caravana en apoyo a Cristina Fernandez de Kirchner”.

“Cientos de vecinos y vecinas de la ciudad, compañeros y compañeras militantes de diferentes sectores y organizaciones del peronismo, ciudadanos y ciudadanas de a pie, participaron de la convocatoria en defensa de vicepresidenta que finalizó con una masiva concentración en el reloj de los italianos”, posteó el diputado provincial.

A las 17.30hs saldrán desde Yrigoyen y Escribano para concentrar en el Reloj de los Italianos en Avenida Lastra y Mitre, donde manifestarán apoyo a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, ante el pedido de condena a 12 años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos por parte del fiscal federal Diego Luciani en la “Causa Vialidad”.

La ex presidenta es la principal acusada del caso tras analizar los delitos de “asociación ilícita” y “defraudación al Estado”. La causa suma 23 imputados, entre quienes están De Vido y el ex secretario de obras públicas José López.

El pedido de condena fue formulado por el fiscal Diego Luciani ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2, tras considerar que la exmandataria fue la “jefa de la asociación ilícita” a la que se acusa, además, de haber cometido el delito de administración fraudulenta en contra de la administración pública.

“Una sentencia ejemplar puede ser el primer paso para restaurar la confianza de la sociedad en las instituciones”, dijo Luciane en la última jornada de alegatos Y añadió: “Nuestro único objetivo fue buscar la verdad. “Señores jueces, este es el momento. Es corrupción o justicia. Y ustedes tienen la decisión”.

El fiscal tuvo en cuenta una serie de agravantes para pedir la condena a Cristina: la magnitud de los delitos cometidos, que su aporte fue principal, su poder de dirección para el resto de los acusados, los medios empleados y la extensión en el tiempo de daños. También la calidad de los motivos de la maniobra (“el lucro personal buscado”) y el “apartamiento de cualquier tipo de escrúpulos”.

Luciani también ponderó “el desprecio a la ciudadanía en general por dilapidar fondos públicos, a los ciudadanos de Santa Cruz en particular que no tuvieron las rutas construidas y a los empleados de las empresas que se quedaron sin trabajo”. Y aseguró que la ex presidenta “defraudó a los ciudadanos que la votaron”.

“No tuvo arrepentimiento y ostentaba el cargo máximo del estado nacional y empleó su poder sobre el resto de los imputados para alcanzar la finalidad de lucro tan anhelada”, concluyó el fiscal. En los juicios hay situaciones que atenúan la pena para los acusados. “No encuentro ni un solo atenuante para Cristina Kirchner ante los crímenes cometidos”, sostuvo el fiscal.

En tanto, Luciani pidió para el empresario Lázaro Báez la pena de 12 de prisión, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de asociación ilícita agravada, por su calidad de organizador, y partícipe primario del delito de defraudación al Estado. Para el es ministro de Planificación, Julio de Vido, reclamó 10 años de prisión e inhabilitación especial perpetua por los delitos de asociación ilícita agravada en calidad de organizador y administración fraudulenta agravada, que concurren de manera real.

Del mismo modo, solicitó para el exsecretario de Obras Públicas, José López, la pena de 10 de cárcel, inhabilitación perpetua por los delitos de asociación ilícita agravada, por su calidad de organizador, y el delito de administración fraudulenta agravada al Estado. La misma pena solicitó para el extitular de Vialidad Nacional, Nelson Periotti.

Los pedidos de penas alcanzaron también para Mauricio Collareda (seis años de prisión), Juan Carlos Villafañe (seis años de prisión), Raúl Osvaldo Daruich (cinco años), Raúl Pavesi (cinco años), Claudio Abel Fatala (cuatro años), José Raúl Santibañez (cuatro años), Héctor René Garro (tres años de prisión en suspenso), todos con inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. A Carlos Santiago Kirchner le pidió dos años de prisión en suspenso e inhabilitación por cuatro años.

En la audiencia de este lunes el fiscal Sergio Mola expuso que la defraudación al estado nacional en las obras que recibió Báez fue de 5.321 millones de pesos. Y el fiscal Luciani pidió el decomiso sobre los bienes de los acusados por ese monto prorrateado entre los acusados. También solicitó el decomiso de las empresas de Báez y de 12 estancias compradas por él y por sus hijos. “Deviene de suma importante que de dictarse el decomiso de los bienes el destino sea instituciones de bien público para equilibrar el perjuicio de los graves delitos”, planteó Luciani. (DIB) FD