En una entrevista concedida a Radio 10, en el programa Mañana Sylvestre, el jefe comunal puso cifras a la emergencia: la demanda de ayuda alimentaria se disparó casi un 1.000% entre marzo de 2024 y noviembre de 2025.

​La crudeza del diagnóstico se sustenta en el colapso de la capacidad de respuesta local, magnificado por la retracción de los programas nacionales de asistencia. En un escenario de desfinanciamiento y desatención federal, la Municipalidad de Chascomús se ha visto forzada a cargar con una responsabilidad que excede sus recursos.

​La herramienta central de esta resistencia local es el Complemento Alimentario Municipal (CAM). Los datos ofrecidos por Gastón son categóricos y reflejan la velocidad del deterioro socioeconómico:  Marzo 2024: El CAM asistía a 147 grupos familiares. Actualmente (Noviembre 2025): El programa ya alcanza a 1.538 grupos, lo que representa la asistencia vital para 3.696 personas. ​Esto implica un crecimiento brutal del 946% desde su implementación, obligando al municipio a "redoblar esfuerzos" para evitar una catástrofe humanitaria de dimensiones locales. 

La asistencia consiste en un módulo mensual de alimentos secos y frescos, complementado con refuerzos de emergencia que se activan cuando la previsión es desbordada.

​El análisis de la población asistida revela la profunda herida que atraviesa el mercado laboral de Chascomús. La Secretaría de Desarrollo Social y Educación detalla que: 

​Este panorama se agrava con el récord de demanda de empleo en la Oficina Municipal de Empleo. Durante 2025, las inscripciones y solicitudes de trabajo han alcanzado el nivel más alto desde 2021, superando ya el total de trámites de todo el 2024: Mientras que el promedio de personas inscriptas por mes en 2024 fue de 163, en 2025 asciende a 199 personas por mes, lo que implica un crecimiento aproximado del 22% en la demanda mensual de servicios de la Oficina. Esta tendencia marca el mayor nivel de necesidad de empleo desde que existen registros sistematizados.

Este aumento acelerado del 22% en la demanda mensual es el síntoma más claro de la incertidumbre económica. Desde la Oficina se percibe un cambio en el comportamiento de los vecinos: consultas reiteradas y, más preocupante aún, la inscripción de perfiles que carecen de una orientación laboral definida, reflejo de una búsqueda desesperada.

El informe concluye con una advertencia ominosa: mientras la necesidad de empleo se dispara, las ofertas laborales no crecen al mismo ritmo, ensanchando la brecha y condenando a un número creciente de ciudadanos a la precarización o, directamente, a la asistencia municipal. 

La radiografía de Chascomús, presentada por su intendente, es la de un municipio al borde del colapso social, exigiendo una respuesta urgente y a la altura de una crisis que ya califica como "inusitada".

La cantidad de trabajadores registrados en unidades productivas retrocedió en el país en 276.624 puestos entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, la última medición. Mientras que en ese período desaparecieron 19.164 empresas empleadoras, lo que equivale a casi 30 cierres por día.

Uno de los sectores más afectados es el que está vinculado al consumo de alimentos. En este contexto, el supermercado mayorista Yaguar, de Bahía Blanca, cerró sus puertas esta semana y unos 50 trabajadores quedaron en la calle. La compañía, instalada allí de 2006, justificó su decisión en el mal estado de la ruta nacional 33 que impedía llegar a los clientes, peso eso se sumó a los problemas de consumo.

“Hay una caída del poder adquisitivo de la gente. Hay problemas de consumo, del mal estado de la ruta, pero también un mal manejo de la empresa”, dijo el trabajador Juan Ignacio Mangiapane, quien advirtió que todas las sucursales vienen con despidos, pero la de Bahía Blanca es la única que cerró.

En este contexto, la empresa de origen chileno Cencosud (titular de Disco, Easy, Jumbo y Vea) decidió achicar su estructura de supermercados en el país, y por la caída de ventas cerró la sucursal de Vea en San Pedro y 30 personas se quedaron sin trabajo. También bajó las persianas la sucursal de Easy en ciudad bonaerense de La Tablada, en el partido de La Matanza. Allí las afectados fueron alrededor de 55 familias.

Cabe recordar que en octubre, casi 80 trabajadores habían sido indemnizados mientras que otros fueron reubicados en otras dependencias de Cencosud, por el cierre de sucursales Moreno y Castelar.

En medio del fuerte crecimiento del consumo de pollo en lo que va del año en el país, el Grupo Granja Tres Arroyos (GTA) atraviesa una delicada situación con incertidumbre en las cuatro plantas bonaerenses: Ezeiza, Esteban Echeverría, Capitán Sarmiento y Brandsen. En esta última localidad venían reclamando por retraso en el pago de los salarios.

En el sector admiten que se analizan posibles cierres temporales o definitivos de algunas instalaciones, aunque la intención sería evitar despidos y trasladar al personal a los establecimientos que continúen activos.

También relacionado con alimentos, días atrás la Justicia decretó la quiebra de Alimentos Refrigerados S.A. ( ARSA), láctea que elaboraba los yogures, flanes y postres de la marca SanCor. La principal planta de ARSA operaba en el partido bonaerense de Lincoln, donde empleaba a 180 personas. Mientras que algo similar pasó con la quiebra de la empresa Conosur SA, que sería una pantalla legal del grupo lácteo Maralac, el que a su vez manejaba desde 2012 la tradicional fábrica La Suipachense. De la empresa láctea dependían 140 familias de Suipacha.

La empresa Granja Tres Arroyos en crisis.

Como viene informando Agencia DIB, los despidos “por goteo” se vienen dando en las últimas semanas, mientras que desde los sindicatos advierten por lo que puede pasar de acá a fin de año. En las últimas horas Frávega cerró su local en Temperley sin previo aviso, y desde el Sindicato de Empleados de Comercio temen por que la empresa avance con unas 300 cesantías en todo el país.

A fines de octubre la multinacional sueca SKF, dedicada a la fabricación de rodamientos, confirmó el cierre de su histórica planta en Tortuguitas, donde trabajaban unas 150 personas. Y la empresa petroquímica Sealed Air Quilmes, ubicada en la zona sur del conurbano bonaerense, despidió a 89 trabajadores, alegando una reestructuración empresarial.

A estos conflictos se suma el que atraviesa desde hace casi tres meses la fábrica de porcelanato ILVA en Pilar con 300 operarios en la calle y sin indemnización, y las 175 suspensiones hasta marzo con las que avanzó la tradicional empresa Textilana S.A. de Mar del Plata, que fabrica la emblemática marca Mauro Sergio.

Acerías Berisso, también atraviesa una dramática situación en su planta metalúrgica: dos meses de salarios impagos, despidos mientras rige la conciliación obligatoria y una incertidumbre total sobre el futuro de unos 30 trabajadores de la empresa, hoy paralizada. (DIB) Por Fernando Delaiti

En este escenario, el programa Complemento Alimentario Municipal (CAM) se convirtió en una herramienta central para atender a vecinos y vecinas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

De acuerdo con los datos de la Secretaría de Desarrollo Social y Educación municipal, el CAM que comenzó a implementarse en marzo de 2024 creció, desde ese momento, 946%.

En marzo de 2024 llegaba a 147 grupos familiares y, a fines del año pasado, ya alcanzaba a 1.220. Actualmente, son 1.538 los grupos beneficiarios que engloban a 3.696 personas.

Desde la Dirección de Políticas Comunitarias -área responsable de la implementación del programa- se informó que la asistencia consiste en una entrega mensual de un módulo orientado a personas mayores de 18 años residentes en la ciudad, que combina alimentos secos y frescos.

Además, se contempla un refuerzo con módulos secos para situaciones de emergencia, que se activan cuando la demanda supera la previsión habitual.

Entre los rasgos que caracterizan a la población asistida, un 64 por ciento de quienes están en edad laboral no cuenta con ingresos provenientes de empleo formal. La principal fuente de sustento proviene de actividades informales o de programas sociales.

También se registran un 22 por ciento de personas jubiladas titulares y un 11 por ciento que posee ingresos formales, aunque insuficientes para sostener la canasta básica y acceder a una alimentación adecuada.

Si bien el programa está orientado a familias atravesadas por distintas situaciones de pobreza, el 73% de los ingresos al CAM se da exclusivamente por la imposibilidad de cubrir necesidades alimentarias básicas.

La política municipal también contempla un acompañamiento específico para personas con diagnóstico de celiaquía. En ese marco, 30 vecinos reciben mensualmente un módulo sin TACC que les permite sostener una dieta acorde a sus requerimientos.

De manera paralela, a través del programa municipal se mantiene una línea de asistencia a comedores y merenderos locales. En ese sentido, actualmente se registran 20 organizaciones que reciben un módulo mensual de alimentos secos y leche, alcanzando a alrededor de 1.700 personas.

El crecimiento de la demanda en estos espacios refleja con claridad el impacto del contexto socioeconómico.

La profundización del acompañamiento es consecuencia de la menor la presencia del Estado nacional en materia alimentaria. Frente a este panorama, el gobierno local continuará reforzando el programa para garantizar que las familias más afectadas puedan acceder a una asistencia que cubra sus necesidades básicas.

Tras una audiencia a instancias del Ministerio de Trabajo de la Nación, la principal fábrica textil de Mar del Plata solicitó la suspensión de casi la totalidad de su personal, lo que se suma a los despidos que a mitad de año ya había implementado.

Tras arduas negociaciones en los últimos días en las que se logró reducir los tiempos y mejorar las condiciones, las partes acordaron suspender a 175 de los 250 operarios de la planta de la Ruta 88, a partir del lunes 16 de noviembre y hasta el 31 de marzo de 2026.

Los suspendidos, se informó, en ese lapso solo cobrarán el 78% del salario de bolsillo y el aguinaldo en dos cuotas, con todo lo que eso implica en un contexto en el que incluso los asalariados tienen una fuerte pérdida de poder adquisitivo.

Cabe mencionar que la empresa nuclea, además de trabajadores del sector textil, a personal de mantenimiento y también aquellos que se desempeñan en locales comerciales de venta al público, aunque en principio las suspensiones solo abarcarían a personal de producción. Llegó a tener 1200 trabajadores en su época de gloria y a principios de 2024 eran unos 400. Sin embargo el achique desde ese momento es constante.

La situación de Textilana se da en un contexto en el que la industria textil argentina atraviesa un momento crítico. Para agosto de 2025, la producción del sector se desplomó un 18,1% en comparación con el mismo mes del año anterior. La utilización de la capacidad instalada se ubicó en apenas 41,5%, dejando gran parte de las instalaciones productivas subutilizadas y en el plano laboral, el sector registró 108.000 trabajadores formales, lo que implica una pérdida de 5.000 empleos en el último año. (DIB) 

Según informó el periodista Sergio Peralta, en el encuentro se comunicó a los trabajadores que no serían exactamente “despedidos”, sino que pasarían a una etapa de negociación de compensaciones económicas. Sin embargo, se les pidió que desde ese mismo momento se consideraran desafectados de sus tareas, dejando a casi 30 familias sin su fuente laboral.

La incertidumbre creció aún más este viernes 26, cuando se realizó una nueva reunión en la sede del Ministerio Provincial de Trabajo. La convocatoria había sido pautada originalmente por el atraso en el pago del medio aguinaldo, pero la inesperada decisión de cierre pasó a ser el eje central de la discusión.

Mientras tanto, varios empleados advirtieron que en paralelo al encuentro se realizaba un vaciamiento de la planta, con al menos dos camiones retirando materia prima e insumos desde temprano. La situación generó mayor malestar y llevó a los trabajadores a exigir garantías para que las negociaciones no se vean condicionadas por la pérdida de bienes de la fábrica.

Este episodio se suma a los antecedentes de crisis que atraviesa la compañía. A fines de agosto, la planta de San Juan paralizó su producción durante una semana completa, lo que afectó a unos 300 empleados que fueron obligados a tomarse vacaciones. Aunque desde la gerencia se presentó como una parada planificada para optimizar la producción, los trabajadores ya habían manifestado preocupación por la inestabilidad de la empresa.

En mayo, además, se habían registrado demoras en el pago de salarios, lo que despertó rumores de problemas financieros. En aquel momento, el CEO de Dilexis —empresa propietaria de Tía Maruca—, Pablo Tamburo, negó que hubiera planes de cierre. Sin embargo, la realidad en Chascomús marca hoy un panorama distinto: una planta cerrada, empleados en la incertidumbre y una comunidad que vuelve a sentir el golpe de la pérdida de puestos de trabajo.

La empresa siderúrgica Acerbrag, la mayor empresa privada de la ciudad bonaerense de Bragado con 600 trabajadores, anunció la suspensión de sus operaciones por tiempo indeterminado, debido a la caída en las ventas que afecta a ese sector fabril.

La noticia fue confirmada a los trabajadores por la propia empresa, ubicada en el Parque Industrial de Bragado, y su anuncio causó fuerte impacto en los empleados de la firma, de capitales brasileños, y en toda la ciudad.

Acerbrag había atravesado la misma situación en febrero último, cuando detuvo las áreas de laminación y acería hasta entrado el mes de marzo, pero la suspensión de actividades ahora es por tiempo indefinido.

La empresa emplea de manera directa a unos 600 trabajadores, y es uno de los principales agentes productivos y económicos de Bragado, una ciudad de 46.000 habitantes situada a unos 250 kilómetros al oeste de la Capital Federal.

Hace un año, en medio de la fuerte retracción del mercado, Acerbrag ya había despedido a 80 trabajadores, y poco después anunció una parada para agosto con el objetivo de cambiar un transformador por uno de mayor capacidad, una inversión pensada para aumentar la productividad por lo que no alarmó a la comunidad.

Voceros de la empresa dijeron al canal Bragado TV que “frente a la falta de expectativas de mejoras en la demanda y ante la sostenida crisis industrial que sigue golpeando al sector siderúrgico y particularmente a Acerbrag, la empresa deberá parar nuevamente sus operaciones a partir de la semana próxima”.

Sin embargo la producción de la planta en julio fue de unas 23.000 toneladas, una cifra que para los trabajadores es “aceptable” teniendo en cuenta el contexto actual.

Además de los inconvenientes para las ventas de la empresa, los trabajadores enfrentan una situación salarial difícil, ya que la paritaria de 2024 demandó más de diez meses de negociación, y aunque ya se acordó la de 2025, todavía está pendiente la homologación oficial por parte de la Secretaría de Trabajo de la Nación.

La crisis en Acerbrag se suma a la de otras grandes firmas del sector, como Ternium, Tenaris o Acindar, un segmento fabril que, controlada por Arcelor Mittal.

La industria siderúrgica abastece a sectores clave como la construcción, el agro, la industria automotriz y la línea blanca, todos fuertemente afectados por la actual política económica. (DIB)

En un contexto de profunda dificultad a nivel nacional, donde el Congreso debate hoy proyectos de emergencia en discapacidad, actualización de jubilaciones y coparticipación con el fantasma de posibles vetos, el gobierno municipal de Chascomús intensifica sus esfuerzos para acompañar a las familias y sostener los servicios esenciales. La gestión local advierte sobre las “consecuencias directas y visibles” de las políticas nacionales en la vida cotidiana de los chascomunenses, que obligan a “multiplicar recursos” para contener la creciente demanda.

Desde el inicio de la actual gestión nacional, los recortes en áreas sensibles como la obra pública, los subsidios a tarifas, y los programas sociales y educativos han modificado drásticamente la dinámica local. Aunque el municipio cuenta con recursos propios y una gestión reconocida por su transparencia, hay cuestiones que “exceden por lejos las capacidades presupuestarias de la ciudad”.

La paralización de la obra pública es uno de los puntos más críticos. Esta situación impacta de lleno en el desarrollo de planes de vivienda y en la infraestructura escolar, afectando además la economía local al frenar la generación de empleo y la dinámica que este sector aporta a la actividad económica en general. La falta de inversión nacional en infraestructura se traduce directamente en menos oportunidades y menos mejoras para la comunidad de Chascomús.

La combinación de la devaluación, el “superávit fiscal” logrado a costa de la desaceleración del consumo por el congelamiento salarial, el recorte a jubilados y la alta inflación, ha provocado una severa pérdida de poder adquisitivo. Esto se traduce en un incremento sostenido de la demanda en las áreas sociales del municipio.

La Secretaría de Desarrollo Social local ha registrado un alarmante aumento en la asistencia directa por alimentos: de 300 familias a 1.520, de las cuales un 28,8% son adultos mayores. Esta situación ha exigido un reajuste en la asignación de partidas destinadas a políticas alimentarias, que hoy ascienden a más de $31.000.000. Adicionalmente, el municipio mantiene el apoyo a comedores y merenderos a través del Programa Complemento Alimentario Municipal, uno de los primeros sectores afectados por la “motosierra que todo destruye” a nivel nacional.

La quita de subsidios a las tarifas de servicios públicos como el gas y la luz ha vuelto “impagables” las facturas para miles de hogares chascomunenses. Desde la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) afirman que las consultas y los reclamos por aumentos desmedidos, errores de facturación o pérdida de segmentación se triplicaron.

Esta situación es especialmente sensible para los vecinos, que cada vez destinan una mayor parte de sus ingresos al pago de estos servicios básicos, sumándose a la desregulación de tarifas en otros rubros como telefonía, televisión por suscripción y medicina prepaga.

Frente al “retiro del Estado nacional”, la Municipalidad de Chascomús ha reforzado su rol como garante de derechos. Se han reorganizado partidas presupuestarias, fortalecido áreas sensibles y ampliado la atención territorial para intentar amortiguar el impacto.

“Sabemos que son tiempos difíciles. Pero no estamos cruzados de brazos. Desde el gobierno municipal redoblamos el esfuerzo, con recursos limitados pero con un compromiso claro: estar cerca de quienes más lo necesitan”, concluyó el intendente Javier Gastón.

A pesar que la producción de leche en el país creció en el primer cuatrimestre del año un 11% con respecto a 2023, más de mil tambos cerraron desde que asumió la presidencia Javier Milei, lo que enciende una luz de alerta en el sector agropecuario.

De los 10.063 tambos que había a lo largo y ancho de la Argentina a finales de 2023, a mayo de este año quedaron 9.039 establecimientos, es decir un 10,2% menos. Sobre esos 1.036 tambos que se dieron de baja, unos 500 fueron en el último año y 80 desde el pasado mes. Este número es el más bajo desde el registro de 2002, cuando había unos 15.000 establecimientos.

De acuerdos a datos del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA) que analizó agencia DIB, el 91% de los tambos del país, y el 95,7% de las vacas en producción, se concentran en las cuatro cuencas más importantes: Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos.

Puntualmente en lo que respecta a la provincia de Buenos Aires, que tiene una participación del 20% de los tambos, actualmente existen 1.805 establecimientos, 25 menos que a fin de 2024. También en estos meses hubo una baja en la cantidad de vacas: un 6%.

Cabe destacar que el sector lechero viene de atravesar una importante sequía que redujo la producción de leche y achicó la facturación, a punto tal que para muchos productores significó el abandono de la carrera a pesar de los buenos precios que tuvo sobre todo el año pasado cada litro ofertado.

Además, otro factor gana protagonismo en el mercado: la falta de sucesión. En una actividad “sacrificada”, las nuevas generaciones prefieren dedicarse a otra cosa con más proyección, más ganancia, y menos esfuerzo.

En este contexto, Sebastián Alconada, director nacional de Lechería, habló en el lanzamiento del Seminario Internacional de Lechería sobre los desafíos de la actividad y el rol del Estado en un contexto global desafiante. “El productor es quien debe tomar las decisiones. No va a estar el papá Estado para decirle dónde tiene que invertir. Hay negocio en la lechería”, dijo. Y agregó: “Nosotros queremos aumentar la cantidad de industrias lácteas exportadoras”.

Y consultado sobre la concentración del sector, destacó que la Argentina tenía una de las tasas más bajas de cierre por concentración a nivel mundial. “Pero eso era en un mundo medio imaginario. Hoy el gran desafío es trabajar en la eficiencia, que cada uno, producción, industria y Estado mejore sus números”, explicó.

Por su parte, Alfredo Trionfini, coordinador de lechería de la Confederación de Asociaciones Ruralistas de Santa Fe (Carsfe), se mostró escéptico sobre la situación y dijo que los problemas estructurales de la lechería son tres: informalidad, comercialización y sanidad. (DIB)

El tejido productivo argentino atraviesa un momento de extrema fragilidad. La combinación de recesión económica, caída del consumo interno y un mercado cada vez más erosionado por la competencia de productos importados está empujando a múltiples empresas al borde del colapso. Este panorama, que se refleja en distintas provincias del país, también impacta de lleno en Chascomús, donde la fábrica Conarco Alambres y Soldaduras S.A. confirmó la semana pasada el despido de 20 trabajadores.

Las señales de alarma se multiplican. En Santa Fe, la histórica firma Lácteos Verónica paralizó su producción tras abonar apenas el 30% de los salarios de sus 700 empleados. La situación es aún más crítica si se tiene en cuenta que la empresa acumula más de dos años sin pagar aportes sociales y previsionales, lo que motivó protestas sindicales que frenaron la actividad.

En Gualeguaychú, Entre Ríos, la metalúrgica Futura, radicada en el Parque Industrial local, anunció el cierre definitivo de su planta. La compañía ofreció a sus 22 trabajadores dos opciones de retiro voluntario. De no aceptar, los empleados deberán recurrir a la vía judicial para reclamar las indemnizaciones por despido.

En el sector alimenticio, la situación no es menos preocupante. La empresa Lipo, con sede en Lanús, pagó solo el 50% de los salarios a sus 100 trabajadores, lo que derivó en un paro por tiempo indeterminado convocado por el Sindicato de la Alimentación (STIA). Internas familiares y conflictos con un grupo inversor profundizan la crisis de esta firma que hasta ahora era referente en su rubro.

También la conocida marca de galletitas Tía Maruca, operada por la empresa Dilexis, reconoció demoras en el pago de sueldos a los 300 empleados de su planta en Albardón, San Juan. Si bien su CEO, Pablo Tamburo, negó un cierre o venta de la firma, la situación financiera de la compañía es tensa. A pesar de asegurar que la planta continúa operativa y en expansión, la incertidumbre no deja de rondar.

A nivel general, las empresas lácteas figuran entre las más comprometidas. La emblemática SanCor sigue inmersa en un concurso de acreedores sin salida clara, mientras que La Lácteo y ARSA enfrentan severas dificultades económicas. Incluso gigantes del sector como Nestlé o La Serenísima han comenzado a aplicar ajustes estructurales ante la retracción del consumo.

En este contexto nacional adverso, Chascomús no es la excepción. Tal como adelantó El Cronista, se concretaron la semana pasada los temidos despidos en Conarco, una de las principales plantas industriales locales, ubicada sobre la Ruta 2. Según confirmó Mario Batista, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) local, 20 trabajadores fueron desvinculados ante el fin del acuerdo de suspensiones temporales que regía desde hace dos meses.

Batista explicó que, ante la caída sostenida de la producción y las bajas ventas, la empresa había implementado turnos rotativos y un esquema de suspensiones consensuadas con el sindicato por 60 días, que venció recientemente. Pese al pedido de la UOM de avanzar con retiros voluntarios para evitar despidos, la compañía resolvió cesantear personal de forma directa.

La situación de Conarco refleja con crudeza el escenario que se extiende por distintos puntos del país: fábricas que reducen turnos, ajustan planteles o directamente cierran. Más allá de los esfuerzos sindicales o los intentos empresariales por resistir, la crisis industrial en Argentina ya se traduce en pérdida de empleos, debilitamiento de la capacidad productiva y un futuro cargado de incertidumbre.

La empresa ceramista Cerro Negro, controlada por el Grupo Sociedad Comercial del Plata, solicitó ante el Ministerio de Trabajo de la Nación la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) que involucra a sus tres plantas productivas: Olavarría, Cormela (Campana) y Córdoba. De ser aprobado, este mecanismo podría habilitar suspensiones por 60 días y eventuales despidos con indemnizaciones reducidas al 50%, según advirtió el Sindicato de Obreros y Empleados Ceramistas de Olavarría (SOECO).

Gustavo Bustamante, secretario general del gremio, confirmó que el pedido ya está en trámite y precisó que las medidas alcanzarían a unos 500 trabajadores en total. “Podemos esperar cualquier cosa del Ministerio”, expresó, citado por el portal olavarriense Infoeme. Según lo planteado por la empresa, en una primera etapa las suspensiones se aplicarían de manera escalonada.

En la planta de Olavarría, una línea se detendría el 16 de junio, otra el 23, y la línea de ladrillos cesaría entre agosto y septiembre. Las fábricas de Campana y Córdoba también se verían afectadas.

“La propuesta es suspender con un pago del 70% del salario neto”, indicó Bustamante, quien además advirtió que el sector aún no logró cerrar la paritaria 2024-2025. “Hasta ahora solo conseguimos un 19% de aumento, frente a una inflación que roza el 48% interanual. Estamos 30 puntos por debajo”, remarcó.

Según el dirigente, únicamente Cerámica San Lorenzo, en Azul, mantiene cierta actividad, aunque también enfrenta dificultades en las ventas. “El 90% de la industria ceramista nacional está en crisis, con suspensiones y despidos. Es un caos”, resumió.

Como recuerda Infoeme, este nuevo escenario se da pocas semanas después de un duro conflicto gremial en la firma, que incluyó bloqueos, huelgas y cortes en la Ruta 226. La empresa había despedido a 96 trabajadores sin diálogo previo ni apertura de un PPC, lo que derivó en la intervención del Ministerio a través de una conciliación obligatoria. Finalmente, en asamblea se acordó la reincorporación de 37 empleados, mientras que 33 aceptaron retiros voluntarios y 26 quedaron desvinculados de manera definitiva. También se resolvió mantener paralizada una de las tres líneas de producción.

En Olavarría, otras empresas como Fabi Bolsas y Loma Negra también ejecutaron despidos, mientras que en Luján, Cerámica Cortines atraviesa una crisis con más de 300 suspensiones. Para los gremios, se trata de un deterioro estructural del empleo industrial en la provincia de Buenos Aires, concluye Infoeme. (DIB) GML

En los primeros cinco meses del gobierno de Javier Milei se perdieron poco más de 175.000 puestos de trabajo formales, mientras que casi 7.900 empeladores – PyMES en su casi totalidad- dejaron de serlo, de acuerdo a un trabajo de investigación del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), sobre a base de datos oficiales.

El CEPA detectó en su informe que entre despidos y suspensiones suman 177.657 casos y que de ese total, la construcción explica el 56,29%, seguida por la industria, que acumula el 42,95%, mientras que en el sector despidos solo se dio el 0,76%.

“Los despidos en el sector construcción tiene su origen principalmente en la paralización de la obra pública y los del sector industrial en la caída del consumo como consecuencia de la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos a partir de la devaluación y la desregulación de amplios sectores de la economía”, dice el trabajo de CEPA, al que accedió DIB.

De acuerdo a datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo citados por el Centro de Estudios, el golpe más fuerte lo sufrieron las PyMES. Desde noviembre a abril, de los 7.860 empleados que dejaron de ser, el 99.5% tenía menos de 500 trabajadores a cargo. Lo que implica que solo se destruyeron 40 grandes empresas, mientras que las que no aguantaron la caída del consumo registrada en el período eran casi todas medianas o pequeñas.

Al mismo tiempo, CEPA puntualiza que cuando se analiza la caída del empleo registrado por tamaño de empresa “se observa que durante los primeros meses de la gestión de Milei la expulsión de trabajadores se concentró en las empresas de mayor porte: 74% de la pérdida de empleo (-126.244 trabajadores registrados) se focalizó en empresas de más de 500 trabajadores”.

En el detalle de los casos de despidos y suspensiones,  la mayoría (166.870) no tiene como causal el cierre de la sucursal o empresa sino la reducción de personal. Sólo el 0,2% de los casos (335) son por motivo de cierre.

Estos despidos en el sector privado se suman a las 29.604 desvinculaciones relevadas por CEPA en el sector público, principalmente en el Estado Nacional, ya sea en la Administración Central como en las Empresas de Capital Estatal como Correo Argentino o Radio y Televisión Argentina SE.

Uno de los casos seleccionados es el de Acindar, una de las principales siderurgias del país, y que tras el derrumbe de las ventas, suspendió ya dos veces en el año su producción. A fines de junio, la empresa anunció que en el segundo semestre sólo trabajarán 2 de los próximos 6 meses. Es decir, 2/3 partes del semestre permanecerá cerrada. Los trabajadores suspendidos por su parte percibirán en julio el 83% del sueldo de bolsillo, reduciéndose en agosto a 80% y desde septiembre hasta fin de año, 75%.

El desplome del consumo alcanza incluso al sector alimenticio. Un caso testigo en ese aspecto es el de los despidos por el cierre de la fábrica Canale, en Mendoza. A fines de junio anunció su definitivo cierre, y con él, el despido de 38 empleados: 22 efectivos y 16 temporales.

Asimismo, se presentaron dos casos de industrias pertenecientes al grupo Construya: FV y Ferrum, que paralizaron sus plantas y despidieron o suspendieron personal en el marco del desplome del sector. La empresa dispuso en mayo la suspensión por tres meses de unos 800 operarios de su planta ubicada en Pilar, provincia de Buenos Aires. En el caso de Ferrum (la mayor fábrica de artefactos sanitarios de cerámica del país), ya despidió 100 trabajadores en lo que va de 2024.

Otro caso seleccionado es el de Tenaris SIAT, del grupo Techint, a cargo de la producción de los caños del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, cuyo tramo I fue inaugurado en 2023, pero sus obras complementarias fueron suspendidas por el actual gobierno. A fines de mayo, la empresa del Grupo Techint de Paolo Rocca, anunció el despido de 5 trabajadores, y a fines de junio se sumaron otros 200 trabajadores de la planta ubicada en Valentín Alsina.

La caída del consumo también afecta al sector de electrodomésticos o línea blanca, que a su vez está siendo desprotegido por la reducción de aranceles a la importación de heladeras y lavarropas. Ello ocasionó despidos en Whirlpool y Briket, entre otras. En la primera se produjeron 60 despidos en la empresa por reducción de producción en su planta del Parque Industrial Pilar, en provincia de Buenos Aires, en mayo de 2024. En Briket, ubicada en el sur de Rosario, la empresa –que produce heladeras, exhibidoras y freezers-, despidió 300 trabajadores en lo que va del año.

En el plano de las empresas públicas, resalta el caso del proyecto CAREM (Central Argentina de Elementos Modulares), cuya construcción fue paralizada argumentando falta de presupuesto por parte del Estado Nacional, y que puede suponerse que su reactivación no tendrá lugar hasta que ingresen capitales privados a la empresa Nucleoeléctrica Argentina SA a partir de la sanción de la Ley Bases. Como ha estimado la propia Cámara de la Construcción, CAMARCO, hay 100.000 despidos en este sector.

El informe releva, finalmente, otros importantes casos de retracción del empleo en industria metalúrgica, química, automotriz, alimenticia, textil, sector supermercadista y otros servicios. (DIB)

Esta empresa, una de las más importantes del distrito, emplea a 248 trabajadores. La acumulación de stock y las bajas ventas llevaron a tomar esta decisión preventiva.

Según publica El Civismo, el último día de mayo, la empresa y el sindicato Agrupación Obrera de la Cerámica acordaron suspender a parte del personal desde junio hasta el 31 de julio, con la posibilidad de extender la medida hasta el 31 de agosto si la situación no mejora, según consta en el acta.

La suspensión afecta principalmente a los operarios de la fábrica de cerámicos esmaltados, mientras que los trabajadores de despacho, mantenimiento, ventas y personal administrativo continuarán con sus labores.

En cuanto a los salarios, durante junio los trabajadores recibirán el 90% del sueldo neto como “compensación salarial por los días caídos”, acorde a su categoría y antigüedad. En julio, el porcentaje bajará al 85% para el personal afectado. Si la suspensión se extiende a agosto, las partes acordarán un nuevo porcentaje a abonarse. Además, los días feriados serán pagados como jornada simple, y se cubrirá el 100% de las contribuciones a las leyes Nº 23.660 y 23.661, obra social y aportes sindicales durante el período de suspensión.

La empresa también se comprometió a pagar el medio aguinaldo (SAC) conforme a la ley y en función del mejor sueldo percibido. (InfoGEI)Ac

Mientras que para las pymes industriales la crisis todavía no tocó fondo, para las empresas con más personal parece que tampoco. La recesión que hundió al mercado interno y achicó el consumo golpea a todo tipo de compañías y por eso no sorprende que todas utilicen la misma estrategia para seguir adelante: suspensiones, adelanto de vacaciones o, en algunos casos, directamente los despidos.  

Según un informe de Industriales Pymes Argentinos (IPA), las pymes del país prevén más suspensiones y despidos, con un recorte estimado de 300.000 puestos de empleo en 2024. Y la mayoría de los trabajadores afectados tienen asiento en la provincia de Buenos Aires, que viene sintiendo semana tras semana el impacto de la crisis económica.

Un ejemplo de la crisis es lo que pasa en la fábrica de electrodomésticos a gas Eskabe, oriunda de Mar del Plata, que avanza con la suspensión de un tercio del personal. Se trata de 33 operarios que sufrirán esta medida en julio, agosto y septiembre. Si bien la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) pidió que por lo menos se firme un compromiso de no despedir a nadie, la empresa por ahora se negó, por lo que la incertidumbre del personal es total.

En Bragado, también, se viven horas de angustia. Es que la empresa Fiasa (Fábrica de Implementos Agrícola) suspendió por tres meses a 33 operarios debido a un sobre stock en el sector molinos de la firma. También en este caso cobrarán el 85% de sus haberes pero si no repunta el mercado, las suspensiones se pueden ampliar o incluso convertir en cesantías.  

En tanto, la sede central de Acindar Villa Constitución, en Santa Fe, paralizará sus operaciones, en principio, desde la semana próxima. La decisión de la compañía implica suspensiones de personal e impacta en otras plantas, como la que está en la localidad bonaerense de San Nicolás. Se estima que actualmente la producción está a un 25% de su capacidad.

En principio, el acuerdo con la UOM es que el valor diario de la prestación no remunerativa será equivalente a un 83% del salario básico neto para las suspensiones que se efectúen en junio y julio; de 80% si se realizan en agosto y de un 75% si se producen en septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

La actividad de la construcción acumula en los primeros cuatro meses del año una caída del 32%, lo que hizo a que el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, advirtiera que la crisis actual “es mucho peor que la de 2001”.

En ese contexto, no llama la atención que fábricas ligadas al sector tomen medidas con su producción y el personal. Tal es el caso de Ferrum, que desarrolla, produce y comercializa productos sanitarios. La compañía con una planta en la localidad de Pilar viene desde hace mucho tiempo con despidos “por goteo” que, de acuerdo a los trabajadores, ya rondan los 100. Sin embargo, ahora Ferrum paralizará la producción por 90 días y suspenderá a personal.

Una de las primeras compañías que tomó la decisión de reducir la producción también en el parque industrial de Pilar había sido Whirlpool, empresa multinacional, que redujo un turno y despidió a 60 empleados por el derrumbe de las ventas de lavarropas. Luego, fue el turno de FV, principal fabricante de grifería, que dispuso la suspensión por tres meses de unos 800 operarios.

Akapol, fábrica de pegamentos y adhesivos, con marcas como Voligoma y La Gotita, hasta el 30 de junio, suspendió la producción afectando así a 150 trabajadores. Hasta fines de mes, los únicos empleados que quedan en planta son aquellos fuera del convenio y los de despacho.

También Fara, que fabrica placas y ladrillos refractarios, suspenderá a 54 trabajadores al menos, por un mes. Se trata del 90% del total y la decisión es por la caída del 80% de las ventas. En ese tiempo, los empleados percibirán el 75% del salario.

Cabe recordar que la crisis y cierta apertura de las importaciones, además, impactó muy fuerte en la industria de los neumáticos. Por ello en la audiencia ante la Secretaría de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, no hubo avances y Fate confirmó el despido de 97 trabajadores. Esos se suman a las cesantías que en el último tiempo aplicó Bridgestone y Pirelli. Esta última empresa dejó de trabajar los fines de semana y lleva, a través de los retiros voluntarios, arriba de 100 trabajadores cesanteados. (DIB)

Más de un millón de chicos en la Argentina saltean alguna comida –desayuno, almuerzo, merienda o cena– por falta de recursos como consecuencia de la situación económica, y solo tres de cada diez no sufren privaciones a sus derechos básicos, según la nueva encuesta de Unicef sobre la Situación de la Niñez y Adolescencia a nivel nacional.

“Los datos de la encuesta muestran las dificultades que tienen los hogares con niñas y niños para generar ingresos suficientes y, de esta forma, acceder a alimentos y afrontar gastos corrientes básicos. Esto se produce en un contexto donde las partidas presupuestarias de la Administración Nacional dirigidas a la niñez y adolescencia muestran una caída del 25% en términos reales en los primeros 5 meses de 2024 con relación al mismo período de 2023”, indicó Sebastián Waisgrais, especialista en Inclusión Social y Monitoreo de Derechos de Unicef Argentina.

Los resultados abarcan hasta mayo de 2024 y señalan, además, que los ingresos del 48% de los hogares argentinos no alcanzan para cubrir los gastos mensuales corrientes con una diferencia de 7 puntos más con respecto al año anterior, cuando así lo manifestaban el 41%, y de 15 puntos más si la referencia es 2022, cuando eran el 33%.

Además, el trabajo revela que diez millones de chicos comen menos carne y toman menos leche que hace un año.

En las familias también se redujo el consumo de verduras y frutas (58%) y solo aumentó la ingesta de fideos y harinas (24%), de acuerdo con la octava encuesta a hogares, una medición de alcance nacional que Unicef Argentina realiza de manera ininterrumpida desde 2020.

El dato más dramático es que más de un millón de niños deja de comer alguna comida (desayuno, almuerzo, merienda o cena) por falta de dinero. En siete de cada diez hogares donde esto sucede, la persona a cargo se encuentra ocupada y, dentro de ellas, más de un 60% de manera informal.

A la vez, tres de cada diez familias tuvieron que recurrir a algún préstamo o fiado para comprar comida y más de la mitad de los hogares, donde viven casi siete millones de chicos, tuvieron que dejar de comprar algún alimento por falta de dinero.

“Frente a la insuficiencia de ingresos, las familias se endeudan, dejan de comprar alimentos nutritivos o medicamentos, lo cual empeora significativamente la calidad de vida de sus integrantes”, explicó Luisa Brumana, Representante de Unicef Argentina. “Estos datos sobre la situación socioeconómica buscan contribuir a la toma de decisiones para el desarrollo de políticas que permitan a estos hogares salir de la pobreza, de acuerdo a nuestro mandato de cooperación con los Estados nacionales y provinciales”, señaló. 

El estudio revela que en nueve de cada diez familias los ingresos no alcanzan para comprar la misma cantidad de productos básicos que en 2023, mientras que en el 82% los ingresos no logran solventar gastos específicos de los chicos, como útiles escolares, transporte, vestimenta y calzado.

En este contexto, en un 23% de los hogares se dejaron de comprar medicamentos; en un 32% se redujeron los controles médicos y odontológicos; y en un 41%, se utilizan ahorros para gastos corrientes. Además, en los sectores medios un 9% de las familias tuvo que desafiliarse de la prepaga o cambiar a los niños de escuela, y aumentó el uso de la tarjeta de crédito para la compra de alimentos.

Una de las contradicciones que señala el informe es que las dificultades para acceder a la canasta básica alcanzan incluso en una mayor proporción a quienes son beneficiarios de prestaciones sociales: “Estas restricciones tienen lugar en un contexto en el que más de la mitad de los hogares accede a alguna política de transferencias de ingresos. En este sentido, el 93% de las personas encuestadas cree que los programas de protección social que brinda el Estado son necesarios, pero en el 68% de los hogares que reciben estas prestaciones el dinero les alcanza para menos de la mitad de los gastos”, apunta el informe.

En un 30% de los hogares cuya persona a cargo cuenta con un empleo registrado, tampoco se cubre las necesidades básicas. “Esto refleja una situación que se observa también al analizar los perfiles de pobreza de los hogares con niñas y niños: el tener un empleo no resulta situación suficiente para salir de la pobreza”, dice el informe.

En un 15% de los hogares con niños alguna persona adulta ha perdido el empleo durante 2024, representando a por lo menos 980.000 personas. “Un 82% de los hogares (con niños) indican que sus ingresos no le alcanzaron para hacer frente a estos gastos, un crecimiento de 20 puntos con respecto a 2023. En particular, destacan las dificultades para comprar libros, hacer excursiones o salidas (49% de los hogares en ambos casos), afrontar los gastos de transporte (35%), calzado y vestimenta (34%)”, agrega.

Ante estas situaciones, un 23% de los hogares está endeudado y más de la mitad de ellos pertenece al 40% de los hogares más pobres. Un 31% de los hogares con niñas y niños tuvieron que recurrir a algún préstamo o fiado por parte de algún comercio para comprar alimentos.

Frente a este panorama, en los casos más sensibles, las familias restringen el consumo de alimentos. Un 52% de los hogares tuvieron que dejar de comprar algún alimento por falta de dinero, 11 puntos más que en 2023 y el valor más alto de toda la serie de encuestas. Son 3,3 millones de hogares en donde viven casi siete millones de chicos. Un 90% dejó de comprar carnes, leche y otros lácteos. Asciende a 67% en hogares con AUH y con Prestación Alimentar e incluso alcanza un 35% en el caso de los hogares con jefes o jefas registrados.

Es decir, se reduce significativamente el consumo de alimentos centrales para la nutrición de la infancia (carne, verduras, frutas y lácteos) y aumentan aquellos más baratos y menos nutritivos (fideos, harina y pan).

De este modo, durante el último año se registró que aproximadamente un cuarto de los adolescentes realizaba tareas laborales y que un 12% buscaba trabajo. (DIB)

Esta nota, que de alguna manera graficar la crisis por la que atraviesan las industrias de distintas ciudades de la Argentina, tomamos el ejemplo del distrito de Pilar, ubicado al norte del Conurbano bonaerense, con un gran desarrollo de áreas residenciales, comerciales y empresariales, que albergan numerosos parques industriales, como el Parque Industrial Pilar, donde operan empresas nacionales e internacionales en sectores como manufactura, tecnología y servicios.

Según da cuenta el portal, Pilar a Diario, la empresa Ferrum, ubicada en Villa Rosa, anunció despidos y la paralización de su producción durante tres meses, suspensión de actividades que comenzará el 1° de julio, o incluso antes, compañía ésta, que ya ha cesado a una parte significativa de su personal.

Esta situación refleja un patrón similar al de otras empresas en la región, como FV, Akapol y Whirlpool, que también han detenido sus operaciones.

La decisión de Ferrum se debe a la acumulación de stock por la caída de la demanda, estrechamente ligada a la crisis en el sector de la construcción.

A medida que se acerca la fecha de la paralización, se están negociando los salarios que recibirán los trabajadores durante julio, agosto y septiembre; periodo durante el cual, se mantendrá una guardia para evitar apagar los hornos y para gestionar cualquier pedido significativo que pueda surgir.

Despidos

En cuanto a los despidos, las primeras cesantías afectaron a empleados con sumarios. Luego, la compañía de limpieza, que estaba tercerizada, también cortó su servicio. Algunos empleados fueron reubicados en tareas de limpieza, mientras que en otras áreas, jefes y supervisores se encargan de la limpieza de oficinas y baños.

El volumen de despidos ha sido considerable, dejando a algunos sectores de Ferrum con la mitad de su personal o menos, con la promesa de recontratarlos si la producción se recupera. Los despidos han afectado tanto a empleados con poca antigüedad como a aquellos con más de 20 años en la empresa. “Nunca viví algo así, salvo un momento parecido durante el gobierno de Mauricio Macri”, comentó la fuente.

Contexto de la crisis

La crisis en Ferrum es parte de una cadena de problemas que comenzó con Whirlpool, que a principios de mayo redujo drásticamente su producción en la fábrica de lavarropas inaugurada por el anterior gobierno, hace poco más de un año en Pilar.

Whirlpool cerró uno de sus turnos de producción y despidió a 60 de sus 400 trabajadores locales, un 15% de su plantilla total.

Poco después, FV, el mayor fabricante de griferías del país, anunció la suspensión por tres meses de 800 trabajadores de su planta en Villa Rosa, que emplea a 1.400 personas.

A finales de mayo, la fábrica de adhesivos Akapol suspendió a todos sus empleados durante 60 días, afectando a 150 trabajadores en su planta de Zelaya. (InfoGEI)Ac

La provincia de Buenos Aires siente cada vez más el golpe de la recesión económica y, por ese motivo, día a día se conocen nuevas suspensiones y despidos en industrias bonaerenses que no logran que los números cierren en medio de la crisis.

Esta vez fue el turno de la fábrica Akapol, empresa líder en la producción de pegamentos y adhesivos, con marcas como Voligoma, La Gotita, Poxipol, Poxilina, Poxi-Ran y Fastix, ubicada en la localidad bonaerense de Zalaya, en Pilar, que tomó la decisión de suspender a todos sus empleados por 60 días.

La medida afecta a 150 trabajadores que a diario concurren a la planta ubicada en la localidad de Zelaya. Así, se suma a lo resuelto en la firma FV, líder en fabricación de grifería, también en Pilar, que días atrás suspendió a 800 operarios. Más drástico fue el caso de Whirlpool, que en los últimos días directamente despidió a 60 empleados.

Desde la empresa de pegamentos manifiestan que bajaron muchos las ventas desde principios de año y afirman que tienen cinco meses de stock. Por esto, “necesitan parar a cero la fabricación por 60 días, desde el 1° de mayo hasta el 30 de junio”.

En este marco, en la planta sólo queda personal fuera de convenio y de despacho.

Fundada en 1960, Akapol inauguró su planta en Zelaya en 1972, un espacio de casi 18.000 m2 de superficie, equipado con maquinaria de última generación.

Así, se suma a una larga lista de firmas que han decidido despedir o suspender trabajadores: se calcula que desde diciembre ya son alrededor de 100.000 los puestos afectados en todos los rubros de la industria.

Como viene informando DIB, en lo que va del año hubo despidos y suspensiones sobre todo en industrias relacionadas a la construcción, automotrices, manufactureras y alimentarias.(DIB)

En medio del debate de la Ley Bases, que incluye la privatización de empresas públicas, mayores facultades para despedir empleados públicos y la flexibilización de leyes laborales, la provincia de Buenos Aires siente cada vez más el golpe de la marcha de la economía. Suspensiones y despidos empiezan a repetirse como estrategia de grandes y pequeñas empresas para lograr que “los números cierren”.

Mientras que desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) aseguran que el ajuste del Gobierno de Javier Milei pone en riesgo el trabajo de más de 50 mil personas para los próximos dos meses, el gremio acordó con las empresas del Grupo Construya (FV, Loma Negra y Aluar, entre otras) un esquema de reducción de la jornada laboral por 10 días en mayo, 9 en junio y 10 en julio, con la paga de un 80% del salario neto. Todo en medio de una caída del 33% de los despachos de la empresa en el primer cuatrimestre del año.

Justamente, una de las compañías del grupo, FV, la mayor fabricante de grifería del país, dispuso la suspensión por tres meses de unos 800 operarios de su planta de la localidad de Pilar, donde trabajan 1400 personas. También en este partido del conurbano, la empresa multinacional Whirpool redujo un turno de la producción y despidió a 60 empleados de su planta por el derrumbe de las ventas de lavarropas. Esto último se da en un contexto de una caída del 40% en el primer trimestre de este año de las ventas de electrodomésticos en Argentina, que están en el nivel más bajo de los últimos 12 años.

Relacionado con el sector de la construcción, la motosierra de Milei sobre la obra pública impacta, por ejemplo, en las fábricas de ladrillo. Tras el cierre a principios de año de Ladrillos Olavarría Sociedad Anónima (LOSA) y el despido de 35 trabajadores, ahora se sumó que Cerro Negro comenzó a ponerle freno a su producción y suspendió a unos 50 operarios por 60 días, plazo durante el cual percibirán el 80% de su salario básico. El panorama para las canteras es aún peor. Algunas compañías pasaron de despachar 150 camiones de piedra al mes a sacar tan sólo 10.

Otro rubro con graves problema es el automotriz. General Motors recurrió a retiros voluntarios, mientras que Toyota y Renault también iniciaron esos procesos para cientos de sus trabajadores. La caída de esa industria repercutió también sobre Acindar tras el derrumbe del 40% en su facturación. La fabricante de acero analiza frenar su producción entre 2 y 4 semanas en junio en Villa Constitución, donde trabajan 3000 personas.

Una consecuencia de ello y también de la apertura de las importaciones con la baja de aranceles es el despido de 97 despidos de la empresa de neumáticos Fate en la planta de la localidad de San Fernando. También la japonesa Bridgestone, con planta en Lomas de Zamora, viene de aplicar a lo largo del año suspensiones, adelanto de vacaciones y más de 150 despidos, según denunció el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna).

Por la baja en el consumo la firma norteamericana de snacks Pepsico despidió en abril a 36 operarios en Mar del Plata, mientras que en las últimas horas Chango Más anunció que cesanteó a trabajadores en algunas de sus cerca de 90 sucursales en el país, en medio de un derrumbe del 15% de las ventas en volumen en las grandes cadenas. La medida generó protestas en Avellaneda y Bahía Blanca, mientras que una situación similar se dio en Quilmes, donde el mayorista Diarco cerró una sucursal y dejó en la calle a unas 30 personas, según el gremio de comercio.

En lo que tiene que ver con la industria manufacturera (textil, indumentaria y calzado), sector que emplea de forma directa y registrada a más de 1,2 millones de personas, el golpe de la recesión también se siente. En Mar del Plata, donde existen unas 70 empresas textiles, ya comenzaron los despidos “por goteo”. Y algo similar pasa en Luján desde marzo, cuando dos importantes empresas (Estampados Rotativos y Algoselan) resolvieron acogerse a un esquema de suspensiones. (DIB)

El gobernador Axel Kicillof presidió el encuentro y destacó que “estamos atravesando una situación inédita en la Argentina, producto de un Gobierno nacional que se ha desentendido de los problemas cotidianos de los argentinos y las argentinas”. “El federalismo y las atribuciones de la Nación no son optativas: aunque su marco ideológico les diga que todo lo va a resolver el mercado, juraron sobre una Constitución Nacional que les otorga responsabilidades y los hace garantes de determinados derechos”, agregó.

Se trata de un instrumento creado en diciembre de 2023 a partir de la Ley Nº 15.480, que establece la transferencia de fondos no reintegrables y de libre disponibilidad a partir del Coeficiente Único de Distribución (CUD). Este desembolso se da en el marco de un inédito ajuste del Gobierno nacional que está afectando la recaudación de la provincia y los municipios.

“Es muy importante para Chascomús contar con el apoyo del gobierno de la provincia para poder seguir sosteniendo, ni más ni menos, que nuestro municipio”, expresó el intendente Javier Gastón tras el acto formal.

Al respecto agregó que “en medio de la crisis social y económica que atraviesan muchas familias y también el municipio, vamos a seguir trabajando con el gobierno provincial para sostener los servicios entre todos. El recorte de los aportes nacionales para salud, seguridad y educación nos lleva a doblegar esfuerzos para continuar implementando políticas públicas que nos contengan a todos”.

Esta decisión, tomada en un momento de profundo sufrimiento y necesidad para millones de ciudadanos, refleja un desprecio flagrante por la realidad del país y una total falta de empatía hacia aquellos que están sufriendo las consecuencias más graves de esta crisis.

El aumento del 40% en la dieta de los senadores es una bofetada a la cara de todos aquellos que luchan día a día para llegar a fin de mes, que tienen dificultades para alimentar a sus familias y que ven cómo sus ingresos se evaporan ante el aumento constante de los precios. Mientras tanto, los senadores, que deberían ser los representantes del pueblo, se llenan los bolsillos con un incremento salarial que resulta obsceno en este contexto de emergencia económica.

Este acto de codicia y falta de sensibilidad por parte de nuestros líderes políticos es una afrenta a la democracia y al principio fundamental de la justicia social. En lugar de ponerse del lado de la gente y trabajar incansablemente para encontrar soluciones a los problemas que aquejan al país, nuestros senadores han optado por privilegiar sus propios intereses egoístas, demostrando una vez más que están desconectados de la realidad y que han perdido por completo el sentido de la responsabilidad y el deber público.

Es hora de que nuestros representantes políticos asuman su verdadera responsabilidad: la de servir al pueblo y trabajar incansablemente para mejorar la calidad de vida de todos los argentinos. El aumento en la dieta de los senadores es un insulto a la dignidad de la nación y una afrenta a la esperanza de un futuro mejor. Es hora de que aquellos que nos gobiernan recuerden para quién trabajan realmente y actúen en consecuencia, demostrando con sus acciones que están verdaderamente comprometidos con el bienestar y el progreso de todos los ciudadanos argentinos.

El Gobierno nacional eliminó este lunes, a través de un decreto, el Fondo de Fortalecimiento Fiscal creado en 2020, para compensar a la Provincia en el reparto de la coparticipación.

“Esta medida que tomó el presidente Javier Milei afecta directamente a todos los bonaerenses, por lo que también lo hace con nuestro municipio”, advirtió Javier Gastón, quien estuvo presente durante la conferencia en la que el gobernador Axel Kicillof expresó públicamente su rechazo a esta decisión del presidente Javier Milei.

Al respecto, señaló que “esta disposición arbitraria del Gobierno nacional afecta directamente a servicios que la provincia brinda en nuestro municipio como seguridad, salud y educación, entre otros aspectos esenciales”.

“En relación con la seguridad no habrá nuevos patrulleros ni equipamiento. La Municipalidad ya aporta un porcentaje mayor al que le corresponde para el combustible y la reparación de los vehículos policiales y esto se va a profundizar”, indicó Javier Gastón.

La quita de los fondos determina la paralización definitiva de la obra de construcción del nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) en el barrio Iporá, afectando de manera directa a los vecinos de un importante sector de la ciudad. También se encuentra suspendida la construcción del edificio para la escuela primaria 56 en el barrio 30 de Mayo.

La eliminación de este recurso también afecta a los servicios educativos, especialmente a los comedores escolares: “Estamos hablando directamente de la comida que, en esta situación, en muchos casos termina siendo la única del día para muchos chicos. Además, se pone en riesgo el bolsón de alimentos que se da a través del programa Mesa Bonaerense porque, al interrumpirse esa prestación, va a aumentar la demanda de alimentos y ayuda a la Municipalidad que ya está teniendo un importante aumento”, advirtió.