Sofia Villalba, la joven de 29 años que el domingo a la mañana fue rociada con nafta y prendida fuego por su pareja en la localidad bonaerense de Dolores, falleció este viernes. Luego del violento episodio, permaneció internada en el Hospital Municipal “San Roque” con el 95% de su cuerpo afectado por quemaduras. La mujer era madre de tres chicos.

De acuerdo a la reconstrucción de lo ocurrido, Diego Gómez, de 31 años, le tiró combustible a la víctima tras una discusión, situación que empeoró cuando la nafta tomó contacto con una estufa, generando una explosión e incendio generalizado en la vivienda, ubicada en la calle Pellegrini al 1900.

Los vecinos advirtieron el incendio y fueron los primeros en asistir a la joven. Villalba llegó a describir lo que había pasado, por lo que Gómez fue interceptado. En ese momento, el muchacho habría dicho: “Me mandé una cagada”.

Gómez fue detenido el mismo día del ataque y se negó a declarar. La causa, inicialmente caratulada como “incendio agravado en concurso con tentativa de homicidio agravado por violencia de género”, será modificada tras la muerte de Sofía. (DIB) ACR

El juez de Garantías de Quilmes, Adrián Villagras, resolvió aceptar el pedido que había hecho el fiscal Hernán Bustos Rivas, titular de la UFI N°5 de Florencio Varela, de apartarse de la causa que investiga el doble crimen de los adolescentes Paloma Gallardo (16) y Josué Salvatierra (14) tras un entredicho con el abogado de los padres de una de las víctimas.

Busto Rivas justificó su decisión de dejar el caso por presuntas amenazas de Carlos Diéguez, representante de la familia del adolescente. El abogado habría presionado al fiscal para que investigara una hipótesis alternativa al robo seguido de homicidio.

En tanto, la Fiscalía General de Florencio Varela debe resolver quién lo va a reemplazar al frente del expediente que investiga Homicidios de la Policía Federal Argentina (PFA).

Diéguez cuestionó puntualmente la idea de que los dos menores hayan sido asesinados en el lugar que fueron encontrados los cuerpos. Esa hipótesis se basaría en algunos indicios de la investigación y en la declaración de Alberto Salvatierra, padre de Josué.

Salvatierra dijo que sabía que su hijo solía encontrarse en el descampado con Paloma, pero creía en una zona “de pasto corto”, no tan adentro del predio, donde la vegetación es más densa.

Por su parte, Aníbal Osorio, el abogado de la familia de Paloma, aseguró que el padre de la joven, Omar Gallardo, que dio varias notas al Canal Crónica “no miente” al señalar que hubo un ataque sexual. “El padre de Paloma no habla sin fundamentos”, expresó Osorio en una entrevista reciente. La familia de la adolescente pediría, en esa línea, que se le realice una nueva autopsia al cuerpo.

Lo cierto es que a más de diez días del asesinato de los adolescentes, todavía no hay sospechosos identificados y el doble crimen ha generado más interrogantes que posibles certezas.

Los cuerpos de Paloma y Josué fueron hallados el sábado 1º de febrero en un descampado ubicado en cercanías de la Avenida Calchaquí (Ruta Provincial 36), a la altura de la estación de trenes de Florencio Varela, tras permanecer desaparecidos desde el jueves 30 de enero.

La autopsia determinó que ambos fueron asesinados con repetidos golpes en la cabeza hechos con una piedra, no fueron atados y a Paloma no la agredieron sexualmente. (DIB) ACR

El jefe de la Policía Bonaerense, comisario general Javier Villar, llegó este martes a Mar del Plata para remover a todo el mando superior de la fuerza del distrito, tras el crimen del kiosquero Cristian Velázquez ocurrido el lunes y, según publicó La Capital de Mar del Plata, “por no estar conforme con la dinámica delictiva que se desarrolló en el último tiempo”.

El medio mencionado indicó que “así lo confirmaron de forma oficial fuentes del Ministerio de Seguridad”. Estas medidas afectarán al comisario mayor Luis Senra, titular de la Jefatura Departamental, y a toda la estructura de seguridad del distrito, mientras que por el momento no se removerá al titular de la DDI, comisario mayor Juan Lucero, máximo referente del área “investigación”.

En tanto, el comisario inspector Edgard Vulcano se desempeñará en el cargo de Senra y determinará los cambios que habrá en las comisarías, el Comando de Patrullas y en otras dependencias locales.

La situación del delito en el partido de General Puyerredon genera preocupación en la cartera de Seguridad bonaerense, ya que, en lo que va del año, se contabilizaron siete homicidios. “Esa cifra, anualizada, da casi el doble de lo que viene sucediendo en los últimos años”, indicó La Capital.

El intendente Guillermo Montenegro reclamó este martes penas más duras para los delincuentes y exhortó a llevar adelante un cambio de leyes para que “no entren por una puerta y salgan por la otra”.

Tras el temporal que afectó a un sector de Mar del Plata, Montenegro recorrió las zonas más complicadas junto a un equipo de la Secretaría de Seguridad y de Defensa Civil. En esas circunstancias, habló con vecinos que se mostraron preocupados por la seguridad tras el asesinato del kiosquero Cristian Velázquez.

En su intercambio con vecinos, Montenegro expresó que muchos “romantizan al delincuente” y apuntó a la modificación de las leyes: “Esto no puede pasar. Tiene que haber una modificación clara que venimos planteando hace rato en lo que tiene que ver con las leyes, la reiterancia, la imputabilidad, todas cuestiones que tienen que ver con la dureza en el accionar”.

El mandatario expresó: “Nosotros tomamos una posición muy clara en este último tiempo con la dureza en el accionar contra delincuentes y yo fui denunciado penalmente cuatro veces. Cuando vos ves las personas que han sido identificadas por la patrulla, tres o cuatro tenían pedido de captura”. En esa línea, según citaron medios locales, el jefe comunal llamó a “dejar de discutir pavadas” y ponerse “a trabajar”.

En las últimas horas, un hombre apodado “Nacho” fue aprehendido en la ciudad balnearia y se investiga si se trata de uno de los delincuentes que mataron al kiosquero Cristian Velázquez.

Según publicó La Capital, fue la misma familia del sujeto la que lo puso a disposición de la Justicia, mientras personal policial estaba desplegado por la zona buscando a otro delincuente que fue identificado.

El kiosquero Cristian Velázquez fue asesinado de un disparo en la cabeza el lunes a la tarde en la Avenida Jacinto Peralta Ramos al 700, casi esquina Irala, durante un asalto en su local. El homicidio es investigado por los fiscales Alejandro Pellegrinelli y María Constanza Mandagarán.

Velázquez ya había sido asaltado entre cuatro y seis veces previamente. Esta vez, conforme los primeros datos obtenidos por los investigadores, dos delincuentes entraron al negocio donde trabajaba y le dispararon en la cabeza, después de que intentara resistirse con gas pimienta. (DIB) ACR

El Tribunal Oral en lo Criminal número 7 de San Isidro halló responsable a Martín del Río por el delito de “doble homicidio calificado por el vínculo, por la alevosía, por el uso de arma de fuego y por ser premeditado” al haber matado a sus padres José Enrique Del Río y María Mercedes Alonso el 24 de agosto de 2022 en la localidad de Vicente López. El acusado fue condenado por un jurado popular y cumplirá con reclusión perpetua, según confirmó la jueza María Coehlo en la audiencia de cesura realizada minutos después. Mientras tanto, la defensa ya confirmó que apelará la sentencia.

La decisión del jurado popular, que fue unánime, se conoció tras los alegatos de los defensores Mónica Chirivin y Gastón Salomón; de la querella, conformada por los abogados Félix Linfante y Marcelo D’Angelo; y de la Fiscalía, compuesta por Alejandra Musso, Marcela Semeria y Gastón Larramendi.

La fiscal Semeria fue contundente: “Hoy, más allá de cualquier duda razonable, la Fiscalía ha probado que el día 24 de agosto de 2022, entre las 17:30 a las 18:30 horas, Del Rio, actuando sobre seguro, conforme había sido su plan, colocó en estado de indefensión de sus padres y con el uso de un arma de fuego de su familia efectuó tres disparos a su papá y un disparo a quien lo estaba mirando, a su mamá. Les quitó la vida. Todo para encubrir y no revelar las mentiras en torno al desmanejo del patrimonio familiar”.

Mientras que la defensora Chirivin aseguró que “se lo trata de ubicar a Martín en la escena de hecho donde no está y se lo voy a decir todos los días aunque tenga que ir a la Corte de La Haya porque no está y voy a seguir insistiendo en la inocencia de Martín”. E insistió: “No hay una sola prueba en la escena del hecho que acredita que Martín mató a sus padres. No necesitamos el móvil, necesitamos saber quién, cómo y por qué. Tenemos que saber quién es el autor o los autores”.

Del Rio escuchó la sentencia desde el banco de los acusados ubicado en el lateral derecho de la sala del Tribunal N°7 de San Isidro y no mostró ninguna emoción.

El culpable, de 50 años, pronunció sus “últimas palabras” ante los 12 miembros del jurado y afirmó nuevamente que “es inocente”, al tiempo que expresó: “Es imposible haber cometido este hecho al no estar en el lugar y sin que el arma homicida haya pasado cerca mío”.

En este sentido, señaló: “Soy completamente inocente. Amo a mis madres y todos los días rezo por mis hijos. Quiero que la Fiscalía pruebe quienes son los culpables de este asesinato. Espero que esto se resuelva”.

Por su parte, Nina Aquino, la mucama que estuvo 13 días detenida, se mostró contenta tras conocer el veredicto, según expresó a Noticias Argentinas: “Perpetua para ese hijo de puta. Que se pudra en la cárcel y pague lo que le hizo a sus padres, a mí y a mis hijos. Estoy muy emocionada”.

Durante la audiencia de cesura, los defensores afirmaron que su cliente no estuvo presente en la escena del crimen y reafirmaron su inocencia, mientras que tanto los fiscales y los querellantes reclamaron que Del Río sea condenado a prisión perpetua, lo que finalmente se confirmó.

Mónica Chirivin, la abogada de Martín del Río, confirmó por su parte a Noticias Argentinas que apelará la sentencia dictaminada por la jueza María Coelho.

Chivirin afirmó: “No nos olvidemos que hay un jurado contaminado, que es algo que ya se sabía y que la Fiscalía tenía un dominio absoluto de las pruebas, así que está todo como se esperaba”.

Asimismo, explicó: “Lo bueno de esto es que hay más de 20 reservas que se hacen para la casación y bueno, iremos allí y ahí todas las irregularidades y barbaridades que se cometieron, saldrán a la luz”. Y detalló: “En Casación tal vez se revierta, como corresponde, pero no me quejo del veredicto, yo estoy muy conforme con mi trabajo y con el de Gastón [Salomón, el otro defensor], hemos hecho lo que se pudo con nada, así que es muy difícil todo. La sensación es la que esperaba, a mí no me sorprende”

Por otro lado, la letrada comentó que durante el debate “fueron constantes las objeciones que formulaban la fiscalía y no se nos dejó, a veces, ni repreguntar y tampoco incorporar prueba, si bien ya se había estipulado la incorporación de prueba en las audiencias preliminares”.

Luego de mencionar que la salud de Del Río “está muy deteriorada”, la abogada señaló con optimismo: “era previsible que esto pasara y tengo formuladas no menos de 20 reservas en los cinco días de debate. Así que estamos muy tranquilos para ir a Casación”.

El abogado jubilado, expolicía y comerciante José Enrique Del Río (74) y su esposa María Mercedes Alonso (72) aparecieron asesinados -él de tres balazos y ella de uno-, el 25 de agosto de 2022 en el interior de su automóvil en el garaje de su casona de la calle Melo 1101, de Vicente López.

Por el crimen estuvo detenida más de diez días María Ninfa “Nina” Acosta, la empleada de la casa de las víctimas acusada de ser la “entregadora”.

Su hijo menor y ahora condenado a perpetua, Martín Del Río, fue detenido el 7 de septiembre. (DIB) MM

A 21 años del crimen de María Marta García Belsunce que conmovió al país, los jueces de la Sala II de la Cámara de Casación Bonaerense, Fernando Mancini Hebeca y María Florencia Budiño, condenaron a prisión perpetua a Nicolás Pachelo por el crimen al revertir la absolución por mayoría del Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de San Isidro dictada en 2022.

Tras un largo derrotero judicial, que tuvo incluso a Carlos Carrascosa, el marido de la víctima, como condenado y en el centro de la investigación, esta nueva resolución llega 21 años después. Cabe recordar que Pachelo había sido juzgado en 2022 por el homicidio de la socióloga, pero sólo fue condenado por robos y por eso está preso en el penal de Gorina.

Según el escrito, para los magistrados de Casación no quedan dudas de que Pachelo fue quien el 27 de octubre del 2002 ingresó a la casa del matrimonio García Belsunce-Carrascosa, ubicada en el country Carmel, con intención de robarles. En ese contexto, asesinó a María Marta de cinco disparos en su cabeza.

Esta resolución revierte la absolución del 3 de diciembre de 2022, votada por los jueces Esteban Andrejin y Osvaldo Rossi.

Luego de la sentencia, los fiscales Patricio Ferrari, Andrés Quintana y Federico González apelaron la resolución del TOC N°4. Tras ello, llegó la deliberación por parte de los jueces Mancini, Hebeca y Budiño, quienes la semana pasada también decidieron mantener las condenas contra los ocho rugbiers que en enero de 2020 asesinaron a Fernando Báez Sosa.

En tanto ahora, la defensa de Nicolás Pachelo podrá apelar a la Suprema Corte Bonaerense.

Los jueces de Casación basaron su nuevo fallo en las pruebas que presentaron los fiscales de San Isidro en el juicio, como la localización de Pachelo minutos antes y después del crimen, en base a los impactos de la señal de su celular en las distintas antenas.

Si bien Pachelo tenía su coartada, los magistrados la desestimaron. Comprobaron que en el horario del asesinato todavía estaba en el Carmel, a través de comunicaciones telefónicas y registros fílmicos.

Pachelo sostenía que aquel día salió del Carmel cerca de las 17.30, es decir una hora antes del horario en que se fijó la muerte de García Belsunce. Pero los fiscales comprobaron que no fue así.

Además, Pachelo era acusado por María Marta por la desaparición de su perro Tom para pedir un rescate.

Luego del crimen, en el expediente, un veterinario declaró que Pachelo le dejó un perro negro que tenía una curiosa lastimadura en la parte izquierda del cuerpo. Justamente, la mascota de María Marta se había cortado con las hojas de una bordeadora de césped antes de su desaparición.

Cabe señalar que tras el crimen, las primeras investigaciones apuntaron a la familia de la víctima. Carlos Carrascosa había sido condenado a perpetua por el crimen de su mujer y pasó seis años preso y otros dos en domiciliaria, hasta que finalmente fue absuelto de manera definitiva en diciembre de 2020 por la Corte de Suprema de Justicia. (DIB)

El gobierno informó a través de la cuenta de X/Twitter de la Oficina del Presidente de la República Argentina que desde el Ejecutivo se conformó un Comité de Crisis con el objeto de intervenir en la ciudad de Rosario con las Fuerzas de Seguridad federales, tras un pedido del gobernador Maximiliano Pullaro.

Según se indicó, se sumarán “al combate del narcotráfico” para asistir a la Policía de Santa Fe la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario.

El mensaje fue replicado por la propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con la frase: “Por instrucción del presidente Javier Milei en Rosario, ni un paso atrás. Mañana estaré en el terreno”.

Por instrucción del presidente @JMilei, en Rosario, ni un paso atrás. Mañana estaré en el terreno. https://t.co/OnxU9EJNgt

En las últimas horas, varios episodios delictivos conmocionaron a la ciudad de Rosario: unas cuatro personas fueron asesinadas con mensajes explícitos para los gobiernos provincial y nacional. Dos taxistas, un colectivero y un playero de estación de servicio fallecieron en los ataques. En los dos primeros, los agresores dispararon con armas policiales y dejaron por separado, una zapatilla de un mismo par en cada escena. El taque al colectivero fue una balacera, y un proyectil le rozó la nuca. Tras permanecer hospitalizado, murió. En la noche del sábado, fue ultimado el trabajador de la estación de servicio.

Desde el Gobierno de Santa Fe, también publicaron un comunicado en el que dieron a conocer nuevas medidas para detener los atentados en Rosario llevados adelante por organizaciones criminales, que no dudaron en calificar como de accionar “terrorista”.“Los ideólogos y ejecutores de estos hechos, que no dudamos en calificar como terroristas, pretenden recuperar los privilegios que tenían las organizaciones criminales dentro de las cárceles: quieren recuperar el delivery, tener celulares, visitas íntimas ilimitadas, y sobre todo organizar y cometer delitos desde la cárcel”, indicaron en el documento desde la administración provincial de Maximiliano Pullaro.“No actúan contra un gobierno: están en contra de todos los rosarinos y los santafesinos en general que queremos la aplicación de la ley para impedirles que sigan cometiendo delitos tras las rejas”, añadieron.

En esa línea, indicaron una serie de ejes de trabajo en los que se va a trabajar con la conformación de este Comité de Crisis, con injerencia federal, provincial y municipal.

“Todos los niveles del Estado trabajamos de manera decidida y coordinada para dar con estos terroristas que se enfrentan a toda la sociedad, concluyeron”. (DIB) ACR

En tanto, la policía detuvo al hijo mayor de 24 años en Dolores, quien había declarado que su padre había llevado dinero al campo porque había comprado una camioneta a través de Facebook. En principio, se habla de un móvil económico y el dinero que mencionó el joven no fue encontrado en el lugar que la familia.

La última información que se tenía de la investigación fue que se secuestró una carabina en el interior de una camioneta propiedad de un familiar de Diego Reddy.

En tanto, la autopsia al cuerpo de María Eugenia Suárez, de 46 años, reveló que fue asesinada de “un disparo en la nuca a una distancia menor a 25 centímetros”, según el informe que recibió el fiscal Jonatan Robert, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 10 descentralizada de Chascomús.

Según indicaron las fuentes a Télam, la mujer fue atacada cerca de las 21 horas del último viernes mientras cocinaba un pollo y murió instantáneamente.

En tanto, Ignacio Reddy (12), hijo de Suárez, presentó “un solo disparo en el abdomen y diversos golpes con un elemento duro en la zona del cráneo y la cara que le produjo varias fracturas”, señaló un investigador.

El menor se encontraba en otro ambiente de la estancia, alejado unos 40 metros del casco del lugar, donde fue auxiliado y trasladado al hospital de la zona, donde falleció minutos después de ser intervenido quirúrgicamente. Para cometer los crímenes, el autor de los disparos se utilizó un arma calibre 22, indicó un investigador.

El caso

El crimen de Suárez y de su hijo Ignacio se produjo el viernes por la noche en un campo denominado “Los Pinos”, situado sobre el kilómetro 129 de la Autovía 2, en Chascomús, donde el matrimonio trabajaba como cuidador del lugar.

De acuerdo a las fuentes, la Policía acudió al lugar tras un llamado al 911 que alertó acerca de una persona fallecida. Una vez en la estancia, los agentes hallaron el cuerpo de Suárez en la cocina, mientras que su hijo se encontraba gravemente herido en un galpón, ambos como consecuencia de disparos de arma de fuego.

El fiscal Robert contó que “la familia se movilizaba en una camioneta que estaba guardada dentro de uno de los galpones de la estancia”, lo que les “da la pauta de que si ésta persona se retiró del lugar, lo hizo por sus propios medios”.

Por Ximena B. Xiong

Mediante resolución emitida por el Juez de Ejecución Penal Nº 1 de Dolores se resolvió “no hacer lugar al régimen de semilibertad peticionado en favor de Urquiaga Diego Antonio”, condenado a prisión perpetua por ser co-autor del delito “Homicidio Agravado por Alevosía”, siendo víctima Mauricio Ponce de León, quien en 2005 tenía 19 años cuando ocurrió el hecho.

A mediados de mayo fue solicitado el régimen de semilibertad peticionado por el abogado defensor del condenado a prisión perpetua, Urquiaga Diego A., quien se encuentra cumpliendo la condena desde 2005.

Y durante el transcurso de la semana, se dio a conocer que el Dr. Matías Zabaljauregui, Juez de Ejecución Penal Nº 1 de Dolores, a cargo de la causa resolvió “no hacer lugar al régimen de semilibertad peticionado en favor de Urquiaga Diego Antonio”.

La fundamentación de la solicitud de gozar con un régimen de semilibertad por parte de la defensa de Urquiaga se enmarcó por lo que sería la conducta del condenado y sus capacitaciones durante los 18 años de prisión que lleva, en la que obtuvo un título de bachiller por haber terminado sus estudios secundarios, título en abogacía y especializaciones en derechos humanos y civiles.

Además de que el condenado como co-autor del delito a “Homicidio Agravado por Alevosía” en el crimen de Mauricio Ponce de León, se encuentra usufructuando salidas transitorias por períodos de 48hs.

Ante el pedido, la presentación de los particulares damnificados en oposición a la solicitud y tras la evaluación del Juez de Ejecución Penal Nº 1 de Dolores, finalmente se resolvió no dar lugar al régimen de semilibertad.

Según supo EL CRONISTA por medio del representante legal de la familia De León, José Ignacio Ochoa, desde la defensa del condenado ya habían solicitado otros beneficios.

Secuestro y asesinato a un joven con discapacidad motriz

En el año 2005, en la ciudad de Chascomús se cometió un crimen donde resultó victima fatal un joven de 19 años, quien por causa de un accidente ferroviario había sufrido la pérdida completa de una de sus piernas.

El joven con discapacidad motriz, conocido como “Perico”, había sido secuestrado por cuatro conocidos suyos que planeaban asesinarlo y pedirle a la familia una suma importante para el rescate y que era parte de una indemnización que la víctima había cobrado por un accidente ferroviario cuando tenía 11 años.

Uno de los conocidos de “Perico”, le ofreció un estéreo para su Peugeot 206 a un bajo costo y horas después, el cuerpo de un joven en las proximidades de la laguna de Chascomús alertó a las autoridades policiales. Se trataba de Mauricio, quien había sido apuñalado más de 30 veces.

Finalmente en julio de 2008, el asesino, conocido de la víctima e identificado como Diego A. Urquiaga, fue condenado por el Tribunal Oral Criminal N° 2 a prisión perpetua por ser co-autor del delito de “Homicidio agravado por alevosía”, y hasta el día de hoy continúa cumpliendo la condena tras no darse lugar a la semilibertad.

Por Fernando Delaiti, de agencia DIB

Irina Montoya, de 25 años, y María Dolores Sánchez, de 18, salieron de Chañar Ladeado, un pequeño pueblo santafecino, para hacer dedo hasta Comodoro Rivadavia, adonde se había mudado la familia de la más joven. Era toda una aventura de 1.709 kilómetros para ellas.

En la madrugada del 18 de febrero de 1998, llegaron desde Rosario en un camión a una estación de servicio ubicada sobre la ruta que conduce hacia Guaminí, al sudoeste bonaerense. Desde allí, y en medio de un fuerte temporal, siguieron su travesía en un auto, pero el viaje terminó una tragedia. Horas después, sus cuerpos aparecieron en un camino de tierra. Dolores estaba sin vida, mientras Irina, que agonizaba, murió poco después en el hospital.

La historia de las mochileras que querían conocer la Patagonia, rápidamente se convirtió en un caso que suscitó el interés de la sociedad. Y llevó a Eduardo Fermín Eliçabe a la cárcel con la pena de reclusión perpetua, aunque beneficiado por el famoso “2 por 1” recuperó la libertad antes de tiempo. 

En el bar de la estación de servicio, las jóvenes consultaron a un mozo sobre cómo llegar hasta Bahía Blanca. Un camionero les dijo que no las podía llevar pero les acercó una solución: habló con el custodio de una agencia de seguridad que vigilaba camiones en tránsito. Él, en su Fiat Duna Weekend, estaba por salir hacia Bahía Blanca y las llevaría. Ese hombre era Eliçabe.

Lo que siguió después fue muy difícil de reconstruir. Aunque todo terminó de la peor manera. Unos 30 kilómetros antes del destino, por la ruta 33, el conductor se desvió hacia el camino a García del Río. Allí detuvo el auto, violó a Dolores y las mató a las dos. 

Cuando la claridad del amanecer intentaba ganarle a la copiosa lluvia, un tambero las encontró. Pensó que dormían, pero un tiempo después al ver que no se movían se dio cuenta que algo había pasado. Dolores tenía un disparo en la espalda y otro en la cabeza. Irina, que aún agonizaba, había recibido un balazo en la nuca. Finalmente murió en el hospital Penna de Bahía Blanca. 

Una escena complicada

Mientras la lluvia borraba todas las posibles pistas en la escena del doble crimen, Eliçabe partió rumbo a su casa de Bahía Blanca. Llegó alrededor de las 6.30, escondió una cámara de fotos que le robó a las jóvenes y la Beretta calibre 6.35 que usaba para su trabajo. A la pistola la puso en el interior de un parlante. 

Miró un rato de televisión y se acostó junto a su mujer. Antes de cerrar los ojos, le acarició la panza de embarazada de ocho meses. A la mañana siguiente, cuando ya gran parte del país hablaba de las mochileras, Eliçabe pasó por la comisaría a contar una extraña historia de que las jóvenes podrían ser correos de la droga. De hecho, tiempo después, ya condenado, vinculó a la empresa para la que trabajaba con el tráfico de drogas. 

Sin embargo, los testimonios clave fueron los del mozo que habló con las chicas, Carlos Lemos, y del camionero, Ricardo Acuña, quien había intercedido para que el hombre las llevara.  

El domingo 22 de febrero la Policía allanó el domicilio de Eliçabe. Encontraron la pistola usada y la cámara de fotos Olimpus Stylus. El auto había sido lavado en su interior por lo que era complicado encontrar huellas.

El hombre que trabajaba como seguridad fue detenido, y a partir de allí empezó un derrotero de contradicciones. Hasta habló de una confabulación en su contra de policías, jueces y patrones. Pero nada prosperó. Las pruebas eran contundentes, como el ADN encontrado en el cuerpo de la joven abusada.  

Condena, a medias

Ni el camionero Acuña, amenazado y “suicidado” meses antes, ni el mozo estuvieron presentes en el juicio que se realizó en marzo de 2000. Allí Eliçabe fue condenado a reclusión perpetua, en medio de insultos y llantos de los familiares de las jóvenes. Entre los presentes estaban los padres de José Luis Cabezas. Es que el abogado Alejandro Vecchi, quien intervino en el caso del fotógrafo asesinado, representó a las familias de las mochileras. 

Los jueces encontraron culpable a Eliçabe de “violación, homicidio doblemente calificado reiterado y tenencia de munición de guerra”. El tribunal aplicó la pena máxima, que incluyó la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado, lo que determinaba que el condenado tendría que cumplir cerca de 25 años de prisión efectiva antes de estar en condiciones de solicitar la libertad condicional.

Sin embargo, y pese a que la pena fue confirmada por la Suprema Corte, el 30 de diciembre de 2010, pasadas las 17 horas, el asesino salió en libertad condicional favorecido por una caprichosa interpretación de la ya derogada ley del 2 x 1.

Tras un paso por una estancia familiar en Coronel Rosales, Eliçabe se fue a vivir a Mar del Plata, se convirtió en marino mercante y pasó varios años mar adentro contratado por una empresa pesquera. Según contó en 2018 el diario La Nueva, que logró hablar con él, por razones laborales se trasladó a Comodoro Rivadavia, paradójicamente la ciudad que era destino de las mochileras. seguía hablando de conspiraciones e inocencia. (DIB) FD   

Un juez de Garantías de Tigre dispuso la reapertura de la causa por la muerte en enero de 1996 del padre de Nicolás Pachelo, principal acusado en el juicio por el crimen de María Marta García Belsunce, para que se investigue si pudo tratarse de un homicidio, tal como solicitaron los fiscales del debate, luego de que cuatro testigos señalaran al exvecino del country El Carmel como autor del hecho.

La medida fue ordenada por el juez de Garantías 5 de Tigre, Diego Martínez, quien hizo lugar a un pedido de la Fiscalía General de San Isidro para que se reabra la causa por la muerte de Roberto Pachelo (51), que había sido cerrada como suicidio, y que se aporten “nuevas pruebas que puedan ser de utilidad para el esclarecimiento del hecho”, según indica la resolución.

Los fiscales Patricio Ferrari, Andrés Quintana y Federico González solicitaron que la nueva investigación esté caratulada como “homicidio agravado por el vínculo”, delito que prevé una pena de prisión perpetua”, con Nicolás Pachelo (46) como imputado.

La primera medida adoptada por el juez Martínez fue “requerir con carácter de urgente” al presidente del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de San Isidro, Federico Ecke -a cargo del juicio por el crimen de García Belsunce-, las videofilmaciones y actas de las declaraciones de los testigos que en ese debate se refirieron a la muerte de Pachelo padre.

Estos testigos son Jacqueline Barbará, viuda de Pachelo; Hernán Coudeau, hijo de Barbará, que se crió con los Pachelo; Dionisio Simón, amigo y socio de Roberto Pachelo en la tosquera de Pilar, y Francisco Pachelo, hermano menor de Nicolás.

“Mis hijos siempre supieron, le echaron la culpa a Nicolás de que lo había matado a Roberto y a María Marta (García Belsunce) también”, dijo Barbará (78) sentada en los Tribunales de San Isidro. Mientras que Francisco Pachelo (40) lanzó: “Cuando tenía tres años, prendió fuego un colchón donde yo dormía. Es un psicópata y un asesino, no me cabe ninguna duda de que mató a mi padre”.

Entre los elementos que utilizó la fiscalía para argumentar el pedido, además de los testimonios de la familia de Roberto y Nicolás Pachelo, se sumó el peritaje practicado sobre las manos de la víctima donde, afirmaron, “surge como conclusión que en las muestras correspondientes de ambas manos no se comprobó presencia de restos de deflagración de pólvora”. 

Los fiscales también recordaron el testimonio del vigilador Casanova que dijo que Roberto “tenía problemas con Nicolás” y que el hijo “no tenía ningún sentimiento hacia su padre”. Todo eso basado en que, luego de la muerte de Roberto Pachelo, había encontrado una serie de fotos que rescató de un misterioso incendio en la casa donde había muerto (encontraron una garrafa de 45 kilos abierta en el lugar) y que “al consultarle a Nicolás qué hacer con ellas, él las dejó en un remolque para luego dispararles con una carabina 22 terminando así con su destrucción”, cita. (DIB)

El hecho ocurrió en la madrugada del 20 de diciembre de 2020, cuando los bomberos fueron solicitados en calle 102, en el barrio Manantiales de El Calafate, debido que se estaba incendiando un rodado.

Los bomberos se dirigieron al lugar y rápidamente comenzaron a sofocar el fuego sobre un rodado marca Chevrolet Corsa. En un momento determinado miraron adentro del vehículo y en el asiento trasero encontraron a un hombre a quien revisaron y constataron que no tenía signos vitales, pero sí manchas rojizas.

Los bomberos llamaron a los uniformados de la Comisaría Segunda, quienes se acercaron al sitio junto a sus pares de la División Criminalística y médico policial. Una vez en el lugar certificaron el deceso y se iniciaron las pericias del caso.

Con estos datos obtenidos y de acuerdo a averiguaciones, es que logran identificar al posible sospechoso del homicidio, siendo Luis Sanfelippo, procediendo a su aprehensión.En cuanto a la víctima fue Fabián Esponda, de 53 años, remisero de la Agencia Lago Argentino, oriundo de Lezama y vinculado a Chascomús, último lugar de residencia antes de partir hacia el sur argentino.

El personal policial allanó la casa del sospechoso, ubicada en calle Virginia Gallardo al 100, donde además de encontrar prendas de vestir con manchas rojizas también se hallaron manchas rojizas en el piso, macetas y paredes, de las cuales los peritos tomaron muestras para luego ser analizadas y por esto se cree que esa fue la escena del crimen y posteriormente el sospechoso subió el cuerpo de Esponda al rodado; lo dejó en el asiento trasero; cruzó la ciudad en el auto donde luego lo dejó e intentó incendiarlo.

Ya ha pasado un año y siete meses del cruento crimen, el juez Carlos Narvarte, a cargo del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N°1 de El Calafate, dio por finalizada la etapa instructora de la causa y la misma fue elevada a la Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial para que se proceda a fijar fechar para el debate oral.

Cabe recordar que el acusado, quien está detenido desde el mismo día del hallazgo del cuerpo, fue uno de los delincuentes que se dio a la fuga de la dependencia donde se encontraba alojado, pero horas más tarde fue recapturado.

Por Marcelo Metayer, de la redacción de DIB

El 14 de abril de 2014 era un lunes habitual de otoño en Saladillo, provincia de Buenos Aires. Marisol Oyhanart (38) salió a caminar a la hora de la siesta, como hacía cada tarde. Desde su casa en el centro de la localidad se dirigió hacia una pista de atletismo cerca de la ruta. Se cruzó con otras dos mujeres que también hacían ejercicio y la saludaron. Mientras tanto su marido, Sergio Rachid, dormía. Lo despertó una llamada telefónica: era su hija mayor, a la que Marisol iba habitualmente a buscar a la escuela luego de sus ejercicios. La mujer no había acudido. Pasaron las horas y no volvía. A las 19 Sergio fue a la comisaría para denunciar la desaparición de Marisol. La buscaron toda la noche y recién la encontraron al otro día, a la salida del sol. Muerta. El cadáver estaba entre pastizales, a unos 20 metros del camino, boca arriba y vestido con las mismas prendas con las que había salido de su casa. La autopsia reveló que la habían ahorcado. Quién, por qué, y qué hay detrás del femicidio, son las preguntas que a casi siete años del hecho continúan sin certezas.

Saladillo es una localidad del centro de la provincia de Buenos Aires, con unos 30.000 habitantes. Lugar tranquilo: el último crimen había tenido lugar en 2011, como reconoció el secretario de Gobierno de la localidad, Mario Buezas, cuando encontraron el cuerpo de Marisol. Pero el crimen de la mujer, maestra jardinera y madre de tres hijos, hizo a mucha gente pensar en el más temible caso sucedido en Saladillo: los asesinatos de Miguel Alberto Gobia, el “asesino de la tormenta”, ocurridos en 1995. De hecho, dado que Gobia estaba libre desde 2010, más de uno quiso vincularlo con la muerte de Oyhanart.

Irregularidades

La realidad es que el cuerpo de Marisol fue hallado en un lugar donde ya se había rastrillado antes, lo que de inmediato despertó sospechas. De hecho, la búsqueda de la mujer había sido suspendida durante cuatro horas durante la madrugada. Los peritos concluyeron que el cadáver fue colocado en ese lugar después del rastrillaje policial. Más tarde se vería que la investigación policial traería aún más dudas, errores y misterios. Por ejemplo, desaparecieron la calza y las zapatillas que la víctima llevaba el día que la mataron. En las calzas había quemaduras que habrían sido producidas por el encendedor de un automóvil, con el que la habrían torturado.

En tanto, el marido de Marisol permaneció unas cuantas horas en la comisaría de Saladillo mientras era interrogado en profundidad. Se dice que al principio se habían detectado contradicción en su declaración. Pero no encontraron motivos para detenerlo y volvió a su casa el 16 de abril.

La investigación continuó y se detuvo a un sospechoso días después. Se trató de Jonathan Bianchi (25), un joven con antecedentes por robo y denuncias por violencia de género, que según testigos había sido visto en la zona del crimen.

Mientras, se conoció que la mujer había sido brutalmente golpeada y ahorcada, y que había fallecido después de las 21 del 14 de abril. Así, cobró fuerza la hipótesis de un secuestro, y de que el cuerpo fue plantado en el lugar donde se lo encontró en esa “ventana” de cuatro horas en el las que se detuvo la búsqueda.

¿Dónde estuvo Marisol hasta que la asesinaron? Un detalle que llamó la atención a los investigadores fue que podría haber conocido al asesino: su cuerpo no presentaba heridas compatibles con lesiones de defensa ni tenía restos de piel ajena bajo las uñas.

Varios meses después del crimen no había ninguna certeza y sí muchas sospechas de irregularidades en la investigación policial. Tras una populosa marcha en Saladillo pidiendo “Justicia por Marisol”, la causa cambió de manos: de la fiscal Patricia Hortel pasó a Marcelo Romero. Todavía habría otro cambio, más adelante.

La fiscal Hortela había pedido la detención de Bianchi, a quien todos llamaban “perejil”, es decir, un acusado que nada tenía que ver. Sin embargo, César Melazo, juez de Garantías de La Plata, rechazó la solicitud. Luego, ante el estancamiento de la investigación los abogados de la familia de la víctima recusaron a la fiscal Hortel y pidieron que se la aparte de la instrucción del sumario. Los letrados también presentaron un escrito en el que describieron una serie de irregularidades que avalaban la presunción de que al menos siete policías plantaron pistas falsas para desviar la investigación hacia Bianchi.

La olla pareció destaparse a principios del año siguiente, cuando un efectivo de la comisaría de Saladillo declaró como testigo en la causa y denunció la presunta trama del encubrimiento policial, que se habría pergeñado para desvincular del crimen a un poderoso empresario agropecuario de la zona. Al parecer este estanciero era amante de Marisol y habría pagado un millón y medio de pesos para encubrir las pruebas del femicidio. Como nunca estuvo imputado, no se conoce su nombre, al menos no públicamente.

La hipótesis que comenzó a manejarse entonces fue que este supuesto amante, luego de matarla, llamó a los policías para que lo ayudaran a desprenderse del cuerpo. Los efectivos, tras colocar el cuerpo en la zona de taperas donde fue hallado, intentaron involucrar al marido de la víctima. Esto no funcionó y trataron de hacer lo mismo con Jonathan Bianchi, pero tampoco tuvieron éxito.

La investigación encontró, más tarde, que habían desaparecido imágenes de una cámara de seguridad ubicada en la esquina de en Saavedra e Irigoyen, en Saladillo, que presuntamente registró el paso de la maestra jardinera y de un automóvil en el que la habrían seguido.

Cuando Marisol fue asesinada, el oficial principal de la Policía bonaerense Pablo Fernando Gallo se desempeñaba como jefe de calle de la comisaría de Saladillo. Desde ese puesto, el uniformado participó de la búsqueda de la maestra jardinera. Tras el hallazgo del cuerpo una de sus tareas consistió en ir a buscar la computadora donde estaban guardadas estas imágenes, que hubieran sido claves para la resolución del caso. Pero cuando la PC fue devuelta faltaba el registro correspondiente al lapso entre las 15 y las 15.30 del fatídico lunes 14.

Tras la investigación sobre los policías que habrían actuado para borrar pruebas, y sobre la primera fiscal actuante, fue el mismo Gallo quien quedó imputado por la nueva fiscal Ana Medina, de la UFI 1 de La Plata. El oficial está acusado de “encubrimiento” agravado por haber sido cometido por un funcionario público.

Un año atrás, antes de que el término coronavirus fuera de uso común en nuestro país, parecía que el cerco sobre el caso se estaba cerrando y que el muro de silencio levantado para encubrir el crimen de Marisol iba a desaparecer. Pero, como reconoció lacónicamente la fiscal Medina a DIB, hoy “no hay mucho nuevo para decir. La verdad es que estamos estancados. No aparecieron nuevas pistas, y la pandemia no colaboró”.

En poco tiempo se cumplirán siete años del brutal femicidio, por el que no hay detenidos. El misterio del crimen continúa enlutando a Saladillo, una ciudad que no dejó ni deja de reclamar justicia por la maestra jardinera que salió a caminar una tarde como cualquiera y nunca regresó. (DIB) MM

Tres jóvenes fueron detenidos como acusados del crimen del comerciante Gonzalo Refi, asesinado el martes pasado de un balazo en el rostro cuando se resistió a un asalto e intentó escapar en su vehículo en la localidad bonaerense de Gerli, informaron fuentes judiciales.

El último de los acusados que se encontraba prófugo fue capturado en la casa de uno de sus abuelos, mientras que el primer detenido en la causa es hijo de un dirigente del Club Atlético Boca Juniors.

Las otras dos detenciones se concretaron el jueves, luego de que los acusados, identificados como Luca Tomás Sempe Etchart (21) y Agustín Iván Verderrosa (23) se entregaran a la Policía, al encontrarse “cercados”, informaron voceros judiciales a Télam.

Los investigadores del crimen de Refi (32) analizaron las cámaras de seguridad que registraron la huida de tres asaltantes en un automóvil Citroën DS3 de color blanco y pudieron visualizar cómo se encontraban vestidos.

Posteriormente, los pesquisas analizaron la cuenta de Facebook de González, el primer detenido y quien conducía el vehículo, y advirtieron que había subido fotos con el mismo rodado y los otros tres sospechosos, con la misma vestimenta que utilizaron al momento de asesinar al comerciante.

A raíz de ello, se libraron órdenes de allanamiento y detención para los tres imputados, todos de la zona de la localidad bonaerense de Valentín Alsina, informaron fuentes judiciales.

Durante los allanamientos no fueron encontrados los acusados, pero con el correr de las horas Sempe Etchart y Verderrosa decidieron entregarse y esta tarde eran indagados por el fiscal Gastón Fernández, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús, que les imputó a todos los detenidos el delito de “homicidio en ocasión de robo”.

En tanto, Facundo Nicolás González, quien se había entregado el miércoles en el Centro de Monitoreo de Lanús, luego de contactarse con el responsable del área de Seguridad del municipio, Diego Kravetz, se negó a declarar.

Fuentes judiciales informaron que el joven es hijo de Alejandro Daniel González, presidente del área de Relaciones Públicas de Boca Juniors, y dueño del Citroën patente OVP025 utilizado para cometer el asalto y encontrado el miércoles en una cochera de Lanús.

Por su parte, el cuarto delincuente identificado era intensamente buscado por la Policía y finalmente fue localizado en la casa de uno de sus abuelos y detenido de inmediato.

A su vez, el fiscal Fernández ya recibió el informe preliminar de la autopsia, que indica que Refi recibió un solo disparo, que impactó en el rostro, añadieron los informantes.

El crimen del comerciantesEl hecho se registró el martes alrededor de las 18.45 en la calle Honduras al 1600 de Gerli, partido de Lanús.

Voceros municipales y policiales informaron que tras un llamado al 911 que alertó acerca de lo ocurrido, efectivos de la comisaría 7ma. de esa jurisdicción acudieron al lugar y encontraron a Refi, fallecido a bordo de su auto.

Según lo que se pudo establecer en base al testimonio de testigos, el comerciante fue interceptado por ladrones armados con intenciones de robo, ante lo cual se resistió e intentó escapar, momento en el que le dispararon.

Refi condujo unos metros malherido y luego de chocar contra otros autos estacionados se subió a una vereda.

La principal hipótesis que manejan los investigadores es que la víctima había pactado encontrarse en el lugar con presuntos compradores de racks y placas utilizadas para minar criptomonedas, elementos que llevaba en el baúl del auto de alta gama que conducía, y que en esas circunstancias fue asaltado.