El juez Alejo Ramos Padilla declaró la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del decreto presidencial que había dispuesto el nombramiento en comisión como jueces de la Corte Suprema de Manuel García-Mansilla y de Ariel Lijo.

De esta manera, el magistrado a cargo del Juzgado Federal Número 2 de La Plata, dictó sentencia definitiva en el amparo iniciado por distintas organizaciones que solicitaban declarar la nulidad e inconstitucionalidad del Decreto N°137/2025. Pese a que García-Mansilla renunció tras estar 40 días en el cargo y Lijo nunca asumió, el fallo busca sentar un precedente para evitar otras maniobras similares del Ejecutivo en un futuro.

“La Corte Suprema sostuvo que puede funcionar adecuadamente con tres miembros e indicó el mecanismo específico para su integración con conjueces en los casos excepcionales donde no se lograra el acuerdo necesario para tomar una decisión”, argumentó Ramos Padilla. Y sostuvo que “el nombramiento en comisión del García-Mansilla resulta más perjudicial para el sistema de administración de justicia, la división de poderes y la independencia judicial que acudir a la designación de conjueces”.

La decisión de Milei, acompañado por sus ministros, de impulsar mediante un decreto la designación de jueces en comisión “es violatoria de la forma republicana de gobierno, de la división de poderes, de la independencia del Poder Judicial y de la garantía del juez imparcial”, remarcó el juez federal en el fallo.

En ese sentido, defendió el procedimiento vigente al señalar que, tanto la necesidad de contar con un adecuado sistema de nombramiento de jueces que garantice la independencia judicial” como la aprobación de los pliegos a través “de una mayoría agravada en el Senado”, acompaña la jurisprudencia de la Corte Suprema “dictada con posterioridad a la reforma constitucional de 1994 y con distintos precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

A fines de febrero, Milei decidió avanzar con la firma de un decreto para nombrar en comisión a Lijo y García-Mansilla, pese a no contar con el apoyo del Senado. Entre los fundamentos esgrimidos, indicó que la Constitución faculta al mandatario nacional a “llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”.

El decreto finalmente llegó al Senado el 3 de abril. En una sesión especial, los nombramientos propuestos no lograron alcanzar las dos terceras partes de los votos necesarios y fueron rechazados. Días después, García-Mansilla presentó su renuncia, y ahora, tras dos semanas, el juez le dio un nuevo revés al Ejecutivo. (DIB)

La defensa de la expresidenta Cristina Fernández presentará hoy un recurso de “queja” ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para solicitar su absolución en la causa Vialidad. Se trata de la última instancia para su abogado, Carlos Beraldi, quien busca que el máximo tribunal revierta una condena de seis años de prisión.

El plazo para la presentación vence mañana, 1 de abril. Si la Corte admite el recurso, intervendrá la Procuración General, encabezada por Eduardo Casal, para emitir un dictamen. La causa investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz, en beneficio del empresario Lázaro Báez. Fernández tiene una condena firme de seis años por “fraude contra la administración pública”.

El escrito de Beraldi se basa en la supuesta vulneración del derecho a ser juzgada por jueces independientes e imparciales, así como en la falta de objetividad del Ministerio Público Fiscal. Un antecedente clave ocurrió la semana pasada, cuando la Cámara de Casación Federal rechazó un recurso extraordinario presentado por la defensa.

Como informó DIB este domingo, para el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, “Cristina tiene una condena de prisión que depende hoy solamente de un recurso de ‘queja’ ante la Corte que va a ser rechazado”. “Como es la tradición en estos casos -opinó Francos-, cuando hay doble condena, sobre todo cuando está el Tribunal de Casación de por medio, la Corte obviamente no va a hacer lugar al recurso de queja. Es lo que se supone, por la tradición y la doctrina”, dijo en diálogo con radio Rivadavia, la mañana del domingo. Según el ministro coordinador, “es esperable que en algún plazo -la Corte no tiene plazos-, que en algún momento, esa condena finalmente quede firme”.

Francos había sido consultado por si ve nerviosismo en los sectores cercanos a la expresidenta, y también por la afirmación del presidente Javier Milei, quien en una entrevista la semana opinó que Fernández está nerviosa porque “sabe que va a ir presa”. “Cristina está nerviosa porque Casación le revocó el recurso y sabe que va a ir presa, y eso la tiene como loca. Está quemando las naves, ella y los delincuentes de sus socios”, sentenció el Presidente.

Según Francos, “si esto fuera así, la expresidente (sic) tendrá que purgar su pena. Si esto la tiene nerviosa, supongo que sí. Obviamente, a nadie le puede resultar indiferente tener pendiente como espada de Damocles una condena penal de estas características”.

Actualmente, y a la espera del debate en el Senado de la Nación, la Corte está integrada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Manuel García-Mansilla. (DIB) GML

La designación de Ariel Lijo como ministro de la Corte Suprema entró en un cono de dudas luego de que hoy la Corte le rechazara la licencia que le había otorgado la Cámara de Casación: mientras el magistrado no estaría dispuesto a facilitar a renuncia a su Juzgado en Comodoro Py para facilitar el trámite de jura, mientras que el ejecutivo no retiraría su pliego del Senado, lo que podría derivar en un rechazo por parte de la oposición.

El gobierno hizo trascender a través de algunos medios nacionales -Clarín, La Nación- su sorpresa y disgusto por el rechazo a la licencia que votó hoy la Corte, un movimiento que implicó que el alto tribunal no le tomara juramento a Lijo. El tribunal avanzó con una acordada a la que se plegó Maniel García Mansilla, el magistrado que fue nombrado por decreto pero sí logró que la Corte le tome juramento, porque no tiene otro cargo en la justicia.

“No va a renunciar”, le atribuyen a haber dicho a Lijo en una nota de Clarín firmada por Lucía Salinas. “Hacerlo implicaría abandonar un despacho que ocupa hace más de veinte años y que, a diferencia de la designación a comisión del Gobierno, le proporciona estabilidad” añadieron fuentes ligadas al magistrado al mismo diario.

Lijo tiene 54 años y un juzgado a cargo en los tribunales federales porteños, además de subrogar otro, que correspondió a Sergio Torres, actualmente en la Suprema Corte Bonaerense. Con 19 años de judicatura por delante, la renuncia sin tener asegurado un lugar en la Corte sería un movimiento peligrosol: el nombramiento “en comisión” por decreto es válido solo hasta que termine las sesiones ordinarias del Congreso en noviembre.

En ese marco, la oposición trabaja para lograr en los próximos días (pódría ser el 11 de marzo) una sesión en la que lleve al recinto el pliego del magistrado: si el oficialismo no logra los dos tercios de los votos (o sus opositores reúnen un tercio) el nombramiento quedará definitivamente trunco. En el Ejecutivo parecen preferir el riesgo de una derrota: confían en tener el número.

La envestida del Kirchnermo y otras fuerzas de la oposición no se detendría en Lijo, además: buscarían rechazar el pliego de García Mansilla también.

El Gobierno ya trabaja en la estrategia parlamentaria para resistir. En el Instituto Patria creen que podrán cerrar filas con la mayoría de sus senadores, aún reconociendo que hay discrepancias internas y algunos sí acompañarán a Lijo. El principal objetivo es abroquelar a su propia tropa y alcanzar el quorum gracias a otros sectores de la oposición.

En el kirchnerismo se ilusionan con los votos negativos de los radicales Pablo Blanco, Martín Lousteau y Carolina Losada, los amarillos Luis Juez, Carmen Álvarez Rivero y Alfredo De Angeli, el formoseño Francisco Paoltroni, acérrimo opositor a Lijo, y hasta confían en el apoyo de la cordobesa Alejandra Vigo.

En contrapartida, en el Gobierno pretenden quebrar esa eventual convergencia, retomando las negociaciones con gobernadores y otros aliados e instando a que no jueguen en tándem con Unión por la Patria. En paralelo, funcionarios aseguran que Lijo pudo entablar sólidos vínculos con senadores y hasta con mandatarios provinciales, con lo cual dan por sentado que “se garantizará sus propios votos” en el Senado. (DIB)

La decisión de Casación, se tomó con la firma de los seis camaristas del tribunal: Mariano Llorens, Eduardo Farah, Roberto Boico, Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun. Lijo cuenta así con la licencia para asumir en la Corte “en comisión”, un cargo que tendrá validez hasta el final del período de sesiones ordinarias, tras lo cual deberá refrendarlo el Senado. Si no se consigue ese aval, Lijo podría volver al juzgado federal que hoy ocupa.

Los camaristas relataron en su acordada que el juez había solicitado “la concesión de licencia extraordinaria sin goce de haberes para asumir como ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en virtud de la designación en los términos del artículo 99, incs. 4° y 19° de la Constitución Nacional, efectuada por decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 137/2025 del 25/2/2025″.

En el tribunal decían que al juez le correspondía la licencia, pero discutían si podían dársela los propios camaristas, como pretendía Lijo o si ellos debían elevar el pedido a la Corte, dado que se trata de una licencia extraordinaria, que solo ella puede conceder.  Era una discusión clave porque los camaristas tenían información de que para la Corte, Lijo solo puede asumir en el máximo tribunal si renuncia como juez federal, no con una licencia.

Ahora resta ver si con la licencia y no con la renuncia los tres miembros actuales de la Corte -Horacio Rosatti, Carlos Fernando Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti-, le toman juramento a Lijo en estas condiciones, un trámite sin el cual no podría asumir en el máximo tribunal, más allá del decreto.

Por otra parte, el mecanismo mismo fue impugnado ante la justicia: la presentación fue realizada por el CEPIS (Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad) y reclama que se declare inconstitucional el decreto 137/2025, y además  solicita una medida cautelar para que se suspendan los efectos de la decisión impugnada y una medida cautelar interina para que se suspenda la toma de juramento hasta tanto se resuelva la cautelar requerida. 

Al mismo tiempo, en el parlamento comenzaron los posicionamientos en torno a la jugada del presidente: tanto UxP como el sector de la UCR alineado con Martín Lousteau y Facundo Manes  anunciaron que votarían por dejar sin efecto el nombramiento si es que se confirma, en una sesión que buscan realizar a principios del mes próximo.

Pero lo más llamativo es que esa iniciativa tendría el respaldo de al menos una parte del bloque de PRO en lo referido al caso puntual de Lijo, según anunció esta tarde el presidente de esa bancada, Alfredo De Angelis.  Cerca de Macri estiman que seis de los siete integrantes no están dispuestos a acompañar la candidatura de juez federal. La toma de posición de De Angelis se da en medio de la fuerte tensión política entre Macri y Milei.

La movida para rechazar los dos (o uno) de los pliegos en el Senado antes de que el cuerpo intervenga a fin del periodo de sesiones implica que quienes la rechazan logren quorum especial de dos tercios y fuercen el tratamiento de una iniciativa que ratifique con dos tercios a los jueces, una mayoría que le sería difícil alcanzar si la oposición suma voluntades por el rechazo. De no conseguirlo el Ejecutivo, se caerían las nominaciones. (DIB) AL

En una decisión que derivará en varias polémicas, la Oficina del Presidente Javier Milei confirmó esta tarde que serán designados en comisión el juez federal Ariel Lijo y al catedrático Manuel García-Mansilla como nuevos jueces de la Corte Suprema. Es “con el objetivo de normalizar el funcionamiento del máximo tribunal judicial de nuestro país, el cual no puede llevar a cabo su rol con normalidad con tan solo tres ministros”, argumenta el comunicado oficial.

“El Presidente ha tomado la determinación de designar en comisión a los doctores Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta la finalización del próximo período legislativo, con el objetivo de normalizar el funcionamiento del máximo tribunal judicial de nuestro país, el cual no puede llevar a cabo su rol con normalidad con tan solo tres ministros. Durante el mencionado plazo, esta administración continuará con el trámite legislativo para que la Cámara alta ejerza sus atribuciones y preste los correspondientes acuerdos a los pliegos”, señaló la Oficina del Presidente en un comunicado.

En ese texto, el gobierno advierte que “no tolera ni tolerará que los intereses de la política se impongan por sobre los del pueblo argentino, bajo ninguna circunstancia”. Lo hace tras hacer un racconto del proceso de la postulación de Lijo y García-Mansilla el 20 de marzo de 2024, el envío de sus pliegos al Senado y el fracaso para que reúnan los dos tercios de los votos, como fija la Constitución Nacional.

En el comunicado, el Gobierno no plantea ese fracaso como una debilidad de su propuesta, sino como un incumplimiento del Senado. “La Cámara Alta debió haber prestado acuerdo a los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo”, dice en un tramo el Gobierno como argumento, para añadir: “En ningún caso el Senado tiene la potestad para rechazar el acuerdo de los candidatos propuestos por el Presidente en base a preferencias personales o políticas de los senadores”.

Pese a que Lijo es ampliamente reconocido como uno de los jueces con mayores vínculos políticos de Comodoro Py, razón por la que fue ampliamente objetado durante todo el proceso, el Gobierno argumenta en su comunicado que “es la politización de la Justicia una de las principales causas de que los argentinos no tengan un servicio de Justicia que resuelva sus problemas”.

La versión sobre la inminente firma del decreto surgió en medio de la reunión de gabinete convocada por el Presidente esta mañana. Después de muchos meses, y por primera vez en el año, Milei tuvo asistencia puntual y perfecta de los miembros de su equipo. Luego del Presidente, que llegó minutos antes de las 9, arribaron el canciller Gerardo Werthein y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, ambos en su primera reunión de gabinete en lo que va de 2025. Los últimos en llegar y subir hacia el primer piso fueron el ministro de Economía, Luis Caputo, y el asesor presidencial, Santiago Caputo, ambos con rostro serio y paso apresurado.

El Gobierno esperaba el regreso de Milei de su visita a los Estados Unidos, para poner en marcha la designación por decreto de los jueces de la Corte Suprema, los dos candidatos que no consiguieron pasar la valla del acuerdo del Senado a pesar de haber contado, en el caso de Lijo, con el aval inicial del kirchnerismo. La firma del decreto, que hoy por la mañana estaba en la secretaría de Legal y Técnica, tenía como último plazo el viernes 28, dado que al día siguiente por la noche Milei inaugurará las sesiones ordinarias en el Congreso.

El artículo 99 inciso 19 de la Constitución Nacional prevé, entre las atribuciones del Poder Ejecutivo, “llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”.

De concretarse la firma, Milei logrará que en la apertura de sesiones Lijo y García-Mansilla estén ubicados junto a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, actuales integrantes del máximo tribunal luego del reciente retiro del cordobés Juan Carlos Maqueda.

Las designaciones serán para completar las vacantes en el máximo tribunal que dejaron las salidas de Elena Highton de Nolasco, en 2021, y de Juan Carlos Maqueda, a fines del año pasado.

El tratamiento de la candidatura de Lijo en el Senado iba a tener lugar el viernes pasado. El Gobierno presionó para incluir el tema en el orden del día, aunque debió retirarlo y suspender la sesión prevista para ese día, luego de tener en claro que no tenía el número necesario para aprobar su pliego. La designación vía decreto se extenderá por nueve meses, hasta el fin del año parlamentario, y en el caso de Lijo, el actual juez federal deberá renunciar a su cargo antes de asumir como integrante de la Corte.

En el Gobierno no desconocen que habrá una cerrada oposición al nombramiento de Lijo por decreto. De hecho, en los últimos meses se expresaron en ese sentido desde el bloque que responde a la ex presidenta Cristina Kirchner en el Senado. “Que se sepa públicamente que la persona que acepte ser designada por decreto, inmediatamente nuestro bloque va a pedir sesión para votar la destitución”, expresó el titular del bloque de Unión por la Patria, José Mayans en noviembre pasado.

También el ex presidente y titular de Pro, Mauricio Macri, ha manifestado públicamente su oposición al nombramiento del juez federal en el Alto Tribunal, pese a que él mismo nombró en comisión a Carlos Rosankrantz y Carlos Rosatti en 2016, aunque en su caso y tras un duro debate político y social dio marcha atrás e hiuzo intervenir al parlamento. . “Le comenté (A Milei) que no me gusta Lijo y me contestó que es una decisión. Él cree que va a hacer un cambio, pero yo le respondí que necesitamos recuperar la confianza”. (DIB)

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, admitió hoy por primera vez que el Ejecutivo explora la posibilidad de avanzar con la postulación de una mujer a la Corte Suprema de Justicia, una posibilidad que también interesa al kirchnerismo, además de reiterar que podría optar por un decreto si no obtiene respaldo en el Congreso.

“El Gobierno envió al Senado estos dos pliegos y el Senado tiene que resolver. Entendemos el reclamo sobre presencia de una jueza mujer en la Corte Suprema, seguramente será un tema que el Presidente va a considerar en el caso de que estos pliegos finalmente no avancen”, afirmó Francos durante su primer informe al Senado,l realizado hoy.

Aunque no entró en detalles, Francos pareció así enviar una señal al kirchnerismo, que deslizó que podría respaldar el nombramiento de al menos unos de los jueves que propone el gobierno a cambio de la posibilidad de proponer una mujer, de acuerdo a lo que admitió el senador José Mayans, un delegado del gobernador formoseño Gildo Insfrán alineado con el cristinismo. Antes, la senadora Lucía Corpacci, vice de Cristina Kirchne en el PJ nacional,

La negociación implicaría el respaldo del kirchnerismo a la postulación del juez Ariel Lijo a cambio de la venia del gobierno a la exsenadora María de los Ángeles Suescún, de acuerdo a rumores que nadie confirma públicamente por ahora. Antes de las declaraciones de Mayans, la senadora catamarqueña Lucía Corpacci, vice de Cristina en el PJ, había firmado un dictamen a favor de Lijo. Mayans dijo que esa forma fue una “señal” al gobierno.

El trasfondo político es la revisión que el Máximo Tribunal tiene que hacer de la condena que la cámara de Casación a la Expresienta Cristina Fernández, que ocurrirá con la nueva conformación ya que el mes próximo se jubilará el ministro Juan Cargo Maqueda.

El gobierno, además, propone la incorporación del académico Manuel García Mansiilla, que aparece ahora ser una pieza negociable para cumplir con el kirchnerismo, algo que hasta ahora el gobierno había dicho que no haría. “Son los dos o ninguno” era la posición.  

Por otra parte, Franco retiró que el Ejecutivo también evalúa la posibilidad de avanzar por decreto. “No descarto que el Presidente pueda designar a los ministros de la Corte por decreto en caso de estar cerca de la acefalía. Sería de manera transitoria hasta que logren el acuerdo del Senado, dijo”.

“Así como el presidente [Mauricio] Macri, es cierto que la situación era diferente a la actual, hizo una designación en comisión que luego fue ratificada por el Senado, no descarto que pueda pasar que si la Corte se queda en una situación cercana a la acefalía, el Presidente pueda ejercer esa facultad que está en la Constitución de designar de manera absolutamente transitoria ministros de la Corte que no puedan ser ratificados por el Senado”, afirmó el ministro coordinador.

En ese sentido y en línea con la postura de la Casa Rosada, Francos destacó que el país registra antecedentes de nombramientos de jueces en comisión en la Corte Suprema y que también los hay en un país como los Estados Unidos, que tiene un proceso constitucional de designación de magistrados en la cabeza del Poder Judicial similar al que rige en la Argentina, que exige el cuerdo del Senado con el voto de una mayoría agravada de dos tercios de los presentes. (DIB)

Así lo dictaminó la Procuración General de la Nación, quien se pronunció de esa manera en el marco del pedido de medida cautelar que formuló el gobernador Axel Kicillof ante la decisión de Nación de cortar los aportes para la caja provincial previstos por una ley que atravesó los últimos siete gobiernos.

“La Provincia de Buenos Aires deduce acción declarativa de certeza contra el Estado Nacional con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia DNU y que, en consecuencia, el Estado Nacional ‘restablezca las transferencias de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses)”, explicó la procuradora adjunta Laura Monti.

La noticia se conoce en medio del renovado reclamo del Gobierno de Kicillof, que en las últimas horas denunció un “plan sistemático de asfixia económica” a la Provincia por parte de la gestión de Milei, a través de un recorte de $ 5.8 billones en obras y programas. Entre las deudas, la administración provincial destaca los $ 716.109 millones de transferencias que la Anses debió hacerle a la caja provincial.

En concreto, los montos reclamados corresponden a “compensación por el déficit del régimen jubilatorio de la Provincia de Buenos Aires no transferido al Estado Nacional”, a valores actualizados. El régimen se implementó a fines de 1999 cuando se firmó el “Compromiso Federal” (ratificado por ley) por el cual el Estado Nacional “se comprometió a financiar los déficits globales de los sistemas previsionales provinciales no transferidos, con recursos provenientes de rentas generales”.

La aplicación de la norma se mantuvo durante el interinato de Eduardo Duhalde y los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, e incluso se profundizó cuando en 2016, durante la gestión de Mauricio Macri, se dictó la ley de “Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados”. También la normativa fue prorrogada por decreto durante el Gobierno de Alberto Fernández.

Sin embargo, la administración libertaria lo interrumpió mediante el DNU al justificar que “no se encuentran comprendidos en dicha prórroga” los artículos que determinan el aporte de Nación a la caja jubilatoria provincial.

“Toda vez que la Provincia de Buenos Aires –a quien le corresponde la competencia originaria de la Corte-, demanda al Estado Nacional, que tiene derecho al fuero federal, entiendo que la única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales es sustanciar la demanda en esta instancia”, opinó la procuradora adjunta. “En tales condiciones, opino que el proceso debe tramitar ante los estrados del Tribunal”, resumió Monti. (DIB)

El gobernador Axel Kicillof informó este lunes que la Provincia hará un reclamo ante la Corte Suprema de Justicia por la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal que recibía el Estado bonaerense y sostuvo que la gestión de Javier Milei “se roba los recursos” de las distintas jurisdicciones del país.

“Instruimos al fiscal de Estado de la Provincia para que inicie acciones judiciales ante la Corte Suprema de justicia y que cautelarmente restituyan los fondos que nos sacaron”, señaló hoy el mandatario provincial en una conferencia de prensa realizada en el Salón Dorado de la Gobernación bonaerense.

Kicillof señaló que Milei “no solo somete al pueblo a un ajuste salvaje, sino que se roba los recursos de las provincias”. “No son recursos ni de un gobernador ni de un gobierno. Son recursos del pueblo de la provincia de Buenos Aires”, dijo el mandatario provincial sobre la eliminación del Fondo de Fortalecimiento. Y profundizó: “No se dejen engañar, esto es contra el pueblo de la provincia de Buenos Aires”.

El Gobernador hizo hoy un recapitulación de los distintos recortes que viene haciendo Nación sobre las provincias. Se refirió a la quita de fondos educativos, al retiro del fondo de compensación para el transporte y también a la situación de Chubut.

“Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo de Chubut al que hay que restituirle los fondos que hoy le retienen”, señaló. Y contó que se encuentra en diálogo con mandatarios de otras provincias y que este martes habrá una reunión de la que participarán gobernadores “de todos los espacios políticos”.

El Fondo para el Fortalecimiento Fiscal fue creado durante la gestión de Alberto Fernández tras una protesta policial contra el Gobierno bonaerense. En aquel momento, enfrentó en duros términos a Casa Rosada y a Horacio Rodríguez Larreta, porque se financió con la quita de un 1% de los fondos de la coparticipación federal correspondiente a CABA, que judicializó la medida.

La quita de fondos a la Provincia se oficializó hoy a través del Decreto 192/2024, publicado en el Boletín Oficial, que derogó el artículo 4º del Decreto Nº735 de septiembre de 2020 a través del cual se buscaba “equilibrar las finanzas de la provincia de Buenos Aires”.

El Gobernador explicó que el Fondo se utilizó “en primer lugar para recuperar sueldos de la policía” y para comprar equipamiento. “No es para un gobernador ni para un gobierno, es para la seguridad de los y las bonaerenses”, explicó. Y detalló que esos recursos también están vinculados a la ampliación de plazas carcelarias, a infraestructura educativa y comedores escolares.

“A pesar de generar el 40% de los fondos que luego se distribuyen, el año pasado la provincia de Buenos Aires fue la que menos gastó”, indicó Kicillof. Y consideró que Milei “pareciera estar buscando una suerte de disolución”. “Está en juego la unidad nacional y la Constitución”, aseguró.

En este marco, el Gobernador fue consultado sobre la eventual emisión de una moneda bonaerense. “Se están estudiando muchísimas respuestas de diversa índole. Nos invitan al caos, a la locura, a hacer cualquier cosa. Creo que lo que hay que hacer es tratar de evitarlo. Hay que buscar una solución que no implique la disolución de nuestra Nación”, respondió. (DIB) MT

En busca de asegurar su vigencia hasta que el parlamento se expida al respecto, el gobierno apeló hoy ante la Corte Suprema –vía un recurso extraordinario- el capítulo de reformas laborales del mega DNU 70, suspendido a raíz de la respuesta favorable de un juez a in planteo de la CGT y de las CTA, las centrales de trabajadores de Argentina.

El planteo del gobierno corrió por cuenta del jefe de los abogados del Estado, el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, que fue directamente al Máximo Tribunal para tratar de acortar los tiempos. Ahora, la Corte puede aceptar el recurso o puede rechazarlo, con lo que dejará al funcionario con la única alternativa de recurrir al recurso de la queja.

Barra pretende que las más de 50 amparos presentados en distintos fueros se unifiquen en el juzgado del juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Esteban Furnari, quien está de vacaciones y es reemplazado por Enrique Lavié Pico Días atrás, Barra habíaa dicho que “el caso del capítulo cuarto del DNU, la Cámara del Trabajo se saltó al juez de instrucción -que no dictó ninguna medida precautoria- y no nos dio derecho a la defensa”.

A principios de mes, la decisión de la Cámara Nacional del Trabajo fue respaldada por los jueces José Alejandro Sudera y Andrea García Vior. En disidencia, la tercera jueza Dora González pidió que el expediente sea remitido a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, como había solicitado el fiscal del caso.

En los últimos días se había habilitado la feria por distintos pedidos de cautelares, en el marco de la “lluvia de amparos” que pronosticó el ex diputado Héctor Recalde. Por un lado, la jueza del Trabajo Silvia Garzini hizo lugar a dos nuevas medidas cautelares contra el capítulo laboral del DNU, con lo que ya suman cinco presentaciones contra esa norma avaladas por la Justicia.

En esta oportunidad, la magistrada dio lugar a sendas presentaciones de las organizaciones Centro de Capitanes de Ultramar y oficiales de la Marina Mercante, y la Asociación del Personal Aeronáutico.

Estas dos entidades se sumaron así a la CGT, la CTA de la Argentina y la Federación Única de Viajantes de Comercio, que también habían presentado cautelares contra el apartado laboral. (DIB)

Tras un largo tiempo fuera de la escena pública, Roberto Lavagna, el exministro de Economía y excandidato a presidente en 2019, publicó un mensaje en contra del juicio a la Corte Suprema de Justicia que el kirchnerismo. El economista se pronunció esta tarde en la red social X sobre el nuevo avance del oficialismo sobre la Justicia.

“Siempre nos opusimos al Juicio Político a la Corte, porque pretende condicionar a la Justicia. Coherente con ello, en Comisión de Juicio Político nuestro diputado Alejandro “Topo” Rodríguez rechazó todos los expedientes acusatorios. El desarrollo argentino es con calidad institucional, sin trampas”, aseguró Lavagna.

Las declaraciones de Lavagna se dan luego de que el excandidato presidencial de Hacemos por Nuestro País, Juan Schiaretti, también se expresara en contra de la iniciativa judicial. “Una vez más quiero hacer público mi categórico rechazo al pretendido juicio político a la Corte Suprema que impulsa el gobierno kirchnerista del ministro Sergio Massa”, manifestó el gobernador de Córdoba.

“Si queremos un país normal empecemos por dejar de lado actitudes feudales que atropellan las instituciones”, señaló Schiaretti al ahondar en la importancia de fortalecer la república mediante el respeto a la división de poderes.

Los diputados oficialistas de la Comisión de Juicio Político Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz están decididos a avanzar en el enjuiciamiento a la Corte Suprema por mal desempeño en sus funciones. Si bien los informes acusatorios están casi listos y el tiempo límite para dictaminar es el 17 de este mes, aún se desconoce si lo harán antes o después del balotaje presidencial.

Desde el entorno del ministro de Economía descartan que Massa auspicie ir al choque contra la Corte Suprema, menos a dos días del balotaje. No haría otra cosa, sostienen, que darle pasto a la oposición y a su rival libertario Javier Milei en su campaña de asociarlo con las prácticas del kirchnerismo.

El próximo martes será el último plazo para que los dos jueces restantes que aún no respondieron –Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda-, lo hagan de manera presencial. En el oficialismo descartan que eso suceda; de hecho, se sorprendieron que Rosatti y Rosenkrantz hayan enviado sus descargos a la Comisión cuando, según había trascendido, había un pacto tácito de los cuatro magistrados de mantenerse en silencio y no responder las acusaciones del oficialismo para no darle entidad al enjuiciamiento. (DIB)

El Ejecutivo bonaerense manifestó hoy su adhesión al recurso presentado por el Estado nacional en la causa de coparticipación y el gobernador Axel Kicillof sostuvo que la Corte Suprema “parece dispuesta a escuchar únicamente al Jefe de gobierno de la Ciudad”.

En un breve hilo de Twitter, el mandatario provincial se refirió hoy a la medida cautelar emitida por la Corte a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) que ordenó que mientras dure la discusión de fondo sobre el reparto se le entregue “el 2,95% de la masa de fondos” coparticipables.

Kicillof, además, mostró el apoyo de la Provincia al recurso de revocatoria “in extremis” contra la decisión judicial presentado por el Gobierno nacional. “Reiteramos una vez más nuestro derecho a ser oídos para manifestar la voz de 17 millones de bonaerenses y expresamos la total adhesión al recurso presentado por el Estado Nacional”, indicó.

Y agregó: “Es la tercera vez que nos presentamos, pero la Corte parece dispuesta a escuchar únicamente al Jefe de gobierno de la Ciudad. Necesitamos terminar con estas desigualdades y con los fallos arbitrarios del partido judicial”.

El conflicto por la coparticipación se remonta al año 2016, cuando el expresidente Mauricio Macri incrementó los recursos federales que recibía la CABA de 1,4% al 3,75% para financiar el traspaso de la Policía Federal.

Durante el gobierno de Cambiemos ese porcentaje bajó al 3,5%. Y en 2020, en medio de una fuerte protesta por salarios de la Policía bonaerense, el presidente Alberto Fernández firmó el decreto 735/2020 que redujo en un punto el porcentaje a la Ciudad y le envió más recursos a Provincia. Esa medida fue luego ratificada por una ley.

Así, la coparticipación de la Ciudad quedó en 2,32% y la gestión de Horacio Rodríguez Larreta acudió a la Corte. Ahora, el tribunal le restituyó a la CABA un 0,63% hasta tanto se defina la cuestión. (DIB) MT

También anticipó que la Ciudad de Buenos Aires impulsará la eliminación del impuesto a los sellos que se aplica a los resúmenes de las tarjetas de crédito. “Yo me comprometí a bajar los impuestos y lo cumpli, lo que digo lo hago” sostuvo al recordar que esas cargas impositivas habían sido dispuestas para cubrir el “agujero fiscal” que sufrió CABA en plena pandemia como consecuencia del “ataque” del Gobierno nacional.

En en conferencia de prensa, Rodríguez Larreta explicó: “el presidente decidió quitarle a la Ciudad de Buenos Aires un monto equivalente al sueldo anual de todos nuestros docentes.” “Fue inconstitucional, fue violando la autonomía y todos los principios que rigen al federalismo” dijo en referencia a la quita de coparticipación que realizó el Gobierno Nacional en el año 2020.

“La Corte falló por unanimidad en favor de la Ciudad de Buenos Aires, en la demanda que teníamos por la quita que el Estado Nacional nos había hecho”, detalló el mandatario sobre el fallo publicado esta tarde.

Asimismo, explicó: “Esta decisión no afecta en lo más mínimo a ninguna provincia porque, así como el presidente cuando nos sacó los fondos no le dio ningún peso a ninguna provincia salvo a la de Buenos Aires, ahora con el fallo no se le saca un peso a ningún distrito.”

Rodríguez Larreta agregó: “No se entiende entonces como algunos gobernadores están viniendo a la convocatoria de apoyo al presidente. Este es un fallo que defiende el federalismo porque a partir de ahora y con este antecedente el Gobierno Nacional nunca más le va a poder sacar fondos arbitrariamente a las provincias.”

Y arremetió: “Son contradictorios: con el argumento de defender el federalismo están yendo contra un fallo que defiende la autonomía de las provincias”.

“Basta de arbitrariedades acá ningún presidente, gobernadores puede estar por encima de la ley” afirmó Rodríguez Larreta, quien se refirió a la jornada de hoy como a un “buen día para el país, porque quedó demostrado que el camino legal e institucional da resultados. Que hacer lo correcto vale la pena.”

Y cerró: “Yo creo en el diálogo, no en el conflicto; en los hechos, no en los gritos; en la responsabilidad de gobernar, no en la conveniencia; en los resultados, no en los aplausos o el rating. Y sobre todo, creo en la política que se preocupa mucho más por resolver los problemas de la gente, que de sí misma”.

El Jefe de Gobierno habló esta noche durante una conferencia de prensa que ofreció en la sede del Gobierno de la Ciudad, en Parque Patricios, acompañado por autoridades del gabinete y por legisladores que integran los bloques de Juntos por el Cambio en el Congreso Nacional y en la Legislatura porteña.

Rodríguez Larreta estuvo acompañado durante la conferencia de prensa por María Eugenia Vidal, Martín Lousteau, Maximiliano Ferraro, Ricardo López Murphy, Mario Negri, Cristian Ritondo, Juan Manuel López, Paula Oliveto, Graciela Ocaña, Guadalupe Tagliaferri, Emmanuel Ferrario, Facundo Del Gaiso, Roy Cortina, Martín Ocampo, Sergio Abrevaya, Claudio Romero, Jorge Macri, Fernán Quirós, Felipe Miguel, Marcelo D’alessandro, Martin Mura, Silvia Lospennato, Waldo Wolf, Alvaro Gonzalez, Emiliano Yacobitti, Omar de Marchi, Gabriel Astarloa, Leticia Montiel, Mariela Coletta, Yamil Santoro, Claudio Cingolani, Abel Fernández, Gustavo Arengo, Pablo Tonelli y Dina Rezinovsky.

Desde Juntos por el Cambio no dan el brazo a torcer y prometen dar pelea en la Cámara de Diputados para tumbar la ampliación de la Corte Suprema que impulsa el Frente de Todos, la cual ya obtuvo media sanción en el Senado tras una ajustada votación.

El oficialismo logró dar su primer paso en la iniciativa que permite sumar miembros al cuerpo del máximo tribunal de Justicia. Esto desató un fuerte rechazo por parte de la coalición opositora ya que denuncian una nueva jugada del kirchnerismo para destrabar algunas causas que siguen obstaculizando a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

“La justicia no funciona bien en Argentina. Requiere reformas, gestión y gente que lleve a cabo esa gestión. Es parte de un pacto democrático modificar la justicia, pero no puede ser para la impunidad de los funcionarios, sino para que sea legitimado y que la sociedad se beneficie, no para salvar a un funcionario”, fueron las palabras del senador mendocino, Alfredo Cornejo.

En esa línea, la titular del PRO Patricia Bullrich, se sumó a las quejas por lo votado en la Cámara Alta: “El engendro kirchnerista para cambiar la Corte y manejar la Justicia NO PASARÁ. En Diputados no tienen los votos y en el Senado necesitan 2/3 para nombrar a los jueces. Quieren meternos miedo. Que no nos paralicen. ¡Luchar contra el régimen es nuestro único camino!”, escribió en su cuenta de Twitter.

Emilio Monzó, expresidente de la Cámara de Diputados y actual líder del Partido del Diálogo, también usó la cuenta del pajarito para expresar su descontento con los resultados finales: «Lejos de los problemas de la gente, el kirchnerismo avanzó en el Senado con un proyecto que busca condicionar la independencia de la Justicia y la división de poderes. En Diputados vamos a frenar este nuevo embate contra el sistema republicano«, lanzó.

Por la resistencia de sectores internos del Frente de Todos al proyecto de reforma para ampliar la Corte a 25 miembros (suscripto por José Mayans y Anabel Fernández Sagasti, y motorizado por un grupo de 16 gobernadores oficialistas), que ponía en peligro la media sanción del Senado, el espacio gobernante cedió en las pretensiones y a último momento modificó la redacción del texto acotando a 15 integrantes la composición del máximo tribunal.

El FdT había intentado durante meses persuadir al puntano Adolfo Rodríguez Saá, y a los aliados circunstanciales Alberto Weretilneck y Clara Vega, quienes impulsaban  iniciativas que contemplaban un número menor a 25. Pero los intentos no prosperaron y por eso se demoró tanto la convocatoria a la sesión.

En la votación final de la Cámara Alta, el oficialismo consiguió que los tres acompañaran el proyecto y también hizo lo propio la misionera Magdalena Solari Quintana. La puntana oficialista María Eugenia Catalfamo votó en contra por indicación expresa de su gobernador Alberto Rodríguez Saá, uno de los que más había bregado para que la Corte pasara a tener 25 miembros. Ese voto en contra, no obstante, no puso en riesgo la media sanción.

Si se aprobara la iniciativa en la Cámara de Diputados y se completara la integración con la designación de nuevos magistrados, el órgano pasará a contar con 11 integrantes adicionales, ya que pese a que la ley actual establece una composición de cinco miembros, quedó reducida a cuatro desde la renuncia en noviembre del año pasado de la jueza Elena Highton de Nolasco. Sería además la Corte Suprema con mayor número de miembros de la historia argentina. (DIB)

La Corte Suprema de Justicia convocará, en el primer semestre del año, a cuatro audiencias públicas para escuchar a las partes en algunas causas sensibles de y alto impacto social, como las relativas al cannabis medicinal o con los corredores inmobiliarios. También figuran en agenda el derecho al olvido en Internet y un tema de medio ambiente como el conflicto entre la conservación del yaguareté.

Los temas para las audiencias fueron definidos por los jueces supremos al cabo del primer acuerdo de 2022, que se celebró tras la marcha convocada por un sector del oficialismo en la que se reclamaba la renuncia de los magistrados de la Corte y antes de otra manifestación menor a favor del máximo tribunal, realizada el jueves.

En una acordada del 2007, el máximo tribunal implementó las audiencias públicas con el propósito de “elevar la calidad institucional en el ámbito del Poder Judicial y profundizar el estado constitucional de derecho”. Las reuniones son públicas y allí concurren los representantes legales de las partes para ser escuchadas e interrogadas por los magistrados de la Corte, quienes luego fallan en función de estos y otros elementos.

En estas audiencias participan los abogados de las partes en disputa, que exponen su caso ante los jueces de la Corte, en una audiencia que se realiza a la vista de todos. Se pueden presentar amigos del tribunal, es decir actores ajenos al conflicto pero con un interés en hacer un aporte científico o dar su punto de vista, por estar ligados a la temática que se trate. Los jueces de la Corte pueden interrogar a las partes y al cabo de la audiencia dictarán una sentencia escrita.

En el caso del cannabis la Corte deberá atender el cuestionamiento a la exigencia de inscribirse en un programa estatal de investigación, como condición para acceder al aceite, además de la objeción a la prohibición del autocultivo para tratamiento en menores.

En el derecho al olvido, los cuatro jueces deberán analizar el pedido de bloqueo de información en internet que afecta la privacidad de las personas por hechos ocurridos en el pasado.

En tercer lugar, la audiencia pública discutirá un pedido para preservar el hábitat del Yaguareté –en peligro de extinción-, que implicaría la suspensión de una “explotación productiva”.

Finalmente, antes de mitad de año, la Corte escuchará los argumentos en torno a los “corredores inmobiliarios”, sobre los conflictos recurrentes entre los colegios de corredores y las empresas de “servicios complementarios” a la actividad inmobiliaria, por los alcances de esa actividad profesional.

La de corredor inmobiliario es una profesión regulada tanto por la Nación como por las provincias y, a su vez, los conflictos afectan a toda la categoría de profesionales. Se suma a ello que ya han recibido soluciones de diferente tenor en distintas jurisdicciones. Se encuentra en debate si se trata de una cuestión de jurisdicción nacional o provincial, quedando, a su vez, alcanzado, el derecho a trabajar y ejercer toda industria lícita. (DIB) FD