El diario Clarín publicó que, según la Casa Rosada, la autora de la filmación, cuya legalidad está en discusión, sería una sindicalista de la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), empleada de planta permanente en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

De acuerdo a las fuentes citadas por el matutino nacional, la gremialista apuntada por realizar la filmación es Victoria Correa, quien supuestamente milita en el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) dentro del Frente de Izquierda. Dirigentes de ese espacio dijeron desconocer la situación pero de todos modos se solidarizaron con ella y reclamaron explicaciones de Adorni.

En paralelo, se sumó un documento clave para la investigación judicial de lo ocurrido: una nueva factura, emitida el 9 de marzo, el mismo día que trascendió el escándalo a través del periodista Carlos Pagni. Esa factura la emitió un broker de vuelos, Agustín Ismel Issin, a nombre del periodista Marcelo Grandio, el mismo que había abonado el vuelo de ida a Punta del Este a través de una empresa suya. El dato se lo confirmó el propio Issin al diario La Nación, además de precisar que el documento “ya están en poder de la justicia”.

También ya había trascendido la factura de ida, por 4830 dólares, emitida por AlphaCentauri a la productora Imhouse, de Grandio, el periodista que trabaja en la TV Pública, amigo de Adorni, que alojó al funcionario en su casa de Uruguay. La nueva factura, revelada por A24, esta fechada el 9 de marzo, el mismo día que Carlos Pagni habló del escándalo por primera vez en LN+. En el concepto solo dice “vuelo 17/02/2026 PDP-FDO”. Ahora Grandio debería aportar los datos de la transferencia que justificaría esa factura.

Mientras, Adorni evalúa los pasos a seguir. El jefe de Gabinete enfrenta cuestionamientos por ese caso y el de la propiedad en el Country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz. Adorni, muy cercano a la influyente secretaria general de la Presidencia, Karina Milei recibió su respaldo y el del propio presidente de la Nación en los últimos días.

Pero de todos modos, seguiría analizado el impacto de la polémica que lo envuelve praa la imagen del gobierno. Adorni, que ya se presentó a la justicia para aportar documentos que aclaren su situación -y que pidió disculpas por haber dicho que se estaba “deslomando” en Nueva York- esperaría el retorno del Presidente y su hermana de Hungría para repasar nuevamente la situación definir su futuro inmediato.

Ornella Calvete, la exfuncionaria del ministerio de Economía imputada en la causa que investiga el presunto pago de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), aparece en un audio diciendo a un interlocutor que sería su padre, Miguel Calvete, también involucrado: “no me hagas karinearte la comisión”.

Ornella renunció a su cargo de directora de Desarrollo Regional y Sectorial de la Secretaría de Industria y Comercio cuando salió a la luz que la Justicia allanó su casa y le encontró 700.000 dólares. La mujer está en pareja con Javier Cardini, que también trabajaba en Economía como subsecretario de Gestión Productiva y tuvo que renunciar por la investigación de las coimas.

"Escuchame Pedro si no me atendés me quedo el 3%, no me hagas Karinearte la comisión", dice en una obvia referencia a los dichos de Diego Spagnuolo sobre el porcentaje de las coimas que debía ir para Karina Milei.

Según consta en la causa, Ornella se refiere a su padre Miguel como "Pedro" porque él le había recomendado evitar su nombre para que no quede pegado. En otras conversaciones que ya habían surgido en la causa, Calvete hablaba del "3% para KM".

El magistrado también citó a declaración indagatoria a Diego Martín D'Giano, que fue director de Prestaciones Médicas en la Andis, y a Patricia Canavesio y Julio César Viera, ambos identificados por el fiscal como gente de confianza de Calvete padre.

En tanto, el juez federal Sebastián Casanello citó a indagatoria a la ex funcionaria del Ministerio de Economía de la Nación Ornella Calvete y a otros tres acusados en la causa por los presuntos sobreprecios y las coimas.

el magistrado aceptó el pedido del fiscal Franco Picardi para convocar a declarar como acusados a Calvete, al ex director de Prestaciones Médicas de ANDIS Diego D’Giano y a Patricia Canavesio y Julio César Viera, dos personas vinculadas a Miguel Ángel Calvete, padre de Ornella y nexo clave en la causa entre los laboratorios que compraban medicamentos a ANDIS y los funcionarios del organismo y preso cumpliendo una condena de cuatro años de prisión por proxenetismo.

Las indagatorias están fijadas para el 18 de diciembre (D’Giano a las 11 horas y Canavesio a las 12) y para el 19 (Viera a las 11 horas y Calvete a las 12). Se sumarán a otras 15 indagatorias que terminaron la semana pasada y que incluyó a Miguel Calvete, a Spagnuolo y a su segundo en ANDIS, Daniel Garbellini.

Fuente: Agencia DIB. 

Un abogado que defendía a Miguel Ángel Calvete, uno de los implicados en la causa que investiga las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), renunció al cargo que ejercía en la Oficina Anticorrupción(OA).

Camilo Cordero Fabbri se desempeñaba como coordinador en el área de Admisión y Derivación de Denuncias en el organismo estatal.

El letrado representa a Calvete en un caso que derivó en su condena a cuatro años de prisión por explotación de la prostitución ajena.

El fiscal Franco Picardi acusa a Calvete, al ex titular de la ANDIS Diego Spagnuolo y otros 14 ex funcionarios de integrar una organización que digitaba las compras para las llamadas Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI), que “se caracterizan por tener un costo económico elevado o un tratamiento prolongado, como las prácticas quirúrgicas de alta complejidad que se realizan una vez, así como también medicamentos biológicos para enfermedades ‘raras’”.

Fuente: Agencia DIB. 

Ornella Calvete, directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial en la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, presentó su renuncia luego de que la justicia encontrara aproximadamente 700.000 dólares y otras divisas en su domicilio.

El hallazgo se produjo en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), una causa que involucra a funcionarios del gobierno de Javier Milei, incluyendo al ex titular del organismo Diego Spagnuolo, y que amenaza incluso a Karina Milei.

La exfuncionaria había sido designada en el cargo en septiembre de 2024 y es hija de Miguel Ángel Calvete, señalado por el fiscal Franco Picardi como uno de los jefes “paraestatales” de la ANDIS y quien aparece como figura central en el entramado de coimas que investiga la justicia federal.

El procedimiento en la vivienda de Ornella Calvete se realizó el 9 de octubre pasado, aunque la información sobre el secuestro del dinero solo trascendió públicamente esta semana.

Voceros del Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, confirmaron la renuncia de Calvete, aunque intentaron restarle importancia política al afirmar que se trató de una decisión personal de la ahora exfuncionaria y que “trabajaba en una secretaría“.

Ornella Calvete está en pareja con Javier Cardini, quien también trabaja en el Ministerio de Economía como subsecretario de Gestión Productiva, justo por debajo del secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne.

Los investigadores señalan que en la causa constan chats entre la exfuncionaria y su padre que sugieren su participación en el sistema de recaudación ilegal. Según el dictamen fiscal, el 10 de septiembre de 2025, Ornella Calvete insistió a su padre por “Claudio” de Ortopedia Alemana.

Su padre le confirmó que ya había concretado una reunión, a lo cual ella le deseó éxitos y le dijo que si todo salía bien le compraría algo lindo: “una lambo, una granja, lo que quieras“. La respuesta de Miguel Ángel Calvete fue: “No hace falta…con el 3% a KM está perfecto“, en aparente referencia a Karina Milei.

Uno de los episodios más llamativos de la investigación ocurrió dos días después, el 12 de septiembre, cuando Ornella Calvete le escribió a su padre para contarle que en la planta baja de su vivienda había quince policías y agregó: “No sé si es por el cabeza de rodilla o qué“. Su padre inmediatamente la saludó y ella le informó que ya se habían ido, que era una falsa alarma.

Tras intercambiar stickers, Miguel Ángel Calvete le aconsejó a su hija que “se haga la gila”. Ante esto, ella le preguntó a su padre por la situación de INDECOMM, una de las empresas vinculadas a él, y si la firma “tiene cash blanco”. Luego agregó: “por si entran acá y me ven con mosssca” o “digo que me lo prestó alguien, olvidate”.

Esta conversación muestra un nivel de previsión sobre una posible intervención judicial casi un mes antes del operativo que finalmente se concretó con el secuestro del dinero en efectivo, documentos y dispositivos electrónicos.

El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, fue citado a indagatoria en el marco de la causa que investiga presuntas coimas y direccionamiento de compras dentro del organismo, especialmente en el suministro de medicamentos destinados a beneficiarios del Programa Incluir Salud.

El llamado se produjo tras el levantamiento del secreto de sumario y luego de que el fiscal federal Franco Picardi considerara que se alcanzó el nivel de sospecha exigido por el artículo 294 del Código Procesal Penal.

Además de Spagnuolo, fueron convocadas otras 14 personas, entre ellas exfuncionarios y actores del sector privado vinculados a droguerías y proveedores de insumos de alto costo. La investigación apunta a un supuesto esquema de sobreprecios y sobornos que habría perjudicado directamente al Estado y a una población especialmente vulnerable: personas con discapacidad que dependen de pensiones no contributivas y que no cuentan con otra cobertura de salud.

La causa se inició tras la difusión de audios en los que se escucha a una voz atribuida a Spagnuolo describir un mecanismo de retornos del 3% en la compra de medicamentos. Los registros, publicados en agosto por un medio digital, también mencionaban a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y al asesor Eduardo “Lule” Menem, aunque ninguno fue imputado. Tras la aparición del material, el presidente Javier Milei removió por decreto al funcionario.

Sin embargo, la defensa de Spagnuolo, encabezada por el abogado Mauricio D’Alessandro, sostiene que los audios podrían haber sido generados o manipulados mediante inteligencia artificial. “Parece que es mi voz, pero no soy yo”, habría comentado el exfuncionario a su entorno. Su equipo legal ya anticipó que solicitará una pericia sobre las grabaciones, mientras el propio Spagnuolo niega haber mantenido esas conversaciones y asegura que no reconoce los fragmentos difundidos.

El fiscal Picardi, no obstante, afirmó que la estructura delictiva investigada no se limita a los audios. Según fuentes judiciales, existiría más material audiovisual que compromete a Spagnuolo, así como indicios de un esquema “estructurado y sostenido” de direccionamiento de contrataciones utilizando el sistema informático SIIPFIS como pantalla de transparencia. Entre los indagados también figura el ex número dos de la agencia, Daniel Garbellini, quien habría articulado un circuito paralelo de pedidos de coimas.

La investigación abarca supuestos acuerdos ilegales con droguerías para garantizar adjudicaciones, fijar precios por encima del valor real y asegurar pagos de coimas a cambio de contratos. Todo ello en un área crítica del Estado que gestiona medicamentos y tratamientos de alto costo para personas con discapacidad, incluidas madres de siete hijos, mayores de 70 años en situación de vulnerabilidad y pacientes sin cobertura médica. 

El Gobierno nacional dio otro paso en su cambio de estrategia en torno a los audios que hablan de presuntas coimas en discapacidad y este jueves el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, volvió a apuntar contra Diego Spagnuolo.

En medio del escándalo que salpican a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem, ahora Francos se mostró en sintonía con el presidente Javier Milei, quien ayer en una caravana calificó al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) de “mentiroso”.

Tras asegurar que Milei “no debió haber confiado” en Spagnuolo, el jefe de Gabinete resaltó la figura del Presidente. “Es una persona absolutamente honesta y transparente. No es de los que se abrazan a la caja fuerte”, aseguró. Sin embargo, consideró que “claramente Spagnuolo no lo era”.

En ese marco, el ministro coordinador detalló: “No sé si era cercano, pero lo conoce al Presidente y ha ido varias veces a las reuniones de ópera que hace el Presidente con algunas personas en Olivos. Si el Presidente confiaba en él, bueno no debió haber confiado”.

Consultado por radio Mitre acerca de si pondría “las manos en el fuego por ‘Lule’ Menem”, Francos respondió: “No tengo nada que reprocharle. Esto de preguntar si uno pone las manos en el fuego no tiene sentido. Yo lo conozco del trabajo en la gestión y desde el tiempo que lo conozco me parece una persona irreprochable. Como funcionario me parece una persona de confianza”.

Al ser consultado sobre el material que circula en los medios que hablan de coimas, Francos aseguró que “los audios de Spagnuolo son del año pasado y de golpe aparecen los audios”. Allí apuntó a que se trata de una operación mediática orquestada por el kirchnerismo.

En esa línea, después de considerar que los audios de Spagnuolo “son ridículos y sin sentido”, insistió: “Cuando uno ve que en 24 horas aparecen todos los audios en un canal de streaming (Carnaval) pagado para ser opositor al gobierno y aparece esto horas antes de que se tarta en diputados el proyecto de discapacidad”. (DIB)

El senador nacional Edgardo Kueider presentó un pedido formal de licencia mediante una carta dirigida a la vicepresidenta Victoria Villarruel, con el objetivo de suspender temporalmente sus funciones en la Cámara Alta. La solicitud se produjo tras su detención en el puente internacional de La Amistad, que conecta Paraguay con Brasil en la triple frontera.

Allí, durante un control, personal de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) encontró en su vehículo más de 200 mil dólares sin declarar. Las autoridades locales lo acusaron de lavado de dinero y contrabando de divisas, y actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario en Asunción.

El senador por Entre Ríos y su secretaria, Iara Guinsel Costa, cumplen arresto en un departamento de la capital paraguaya. El juzgado de Garantías impuso una fianza de US$ 150.000 para cada uno, según informó ABC Color.

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De acuerdo con el diario paraguayo, el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú les dictó el arresto domiciliario, procesados por supuesto contrabando en grado de tentativa tras ser detenidos en la madrugada del miércoles, al intentar ingresar a Paraguay con US$ 211.102, $ 646.000 y 3.900.000 guaraníes en efectivo. (DIB) GML

El Tribunal Oral Criminal II de La Plata le impuso a Mariano Bruera una pena de seis años de prisión y diez de inhabilitación para el ejercicio de la función pública, por lo que convalidaron el pedido que había elevado la fiscal de juicio platense, Victoria Huergo.

En tanto, los abogados de Bruera anticiparon que apelarán el fallo de primera instancia.

También fue condenado el exsecretario de Gestión Pública, Enrique Sette, a ocho años de prisión, por “exacciones ilegales” y “cohecho pasivo”. El empresario, Gustavo Orlandi, recibió una pena de tres años de prisión, ya que lo encontraron culpable de “cohecho activo”, lo que se traduce en pago de coimas. En tanto, Gustavo Petró, director de Planeamiento, resultó absuelto.

El caso data de 2014, cuando un funcionario de la municipalidad de La Plata le pidió 200 mil dólares a un empresario de la construcción para autorizar un proyecto inmobiliario.  

Mariano Buera se desempeñaba en el sector de Relaciones Interjurisdiccionales del municipio, pero las escuchas registraron una conversación con otro empresario. “Te llamo para hacer un repaso para pasar la gorra”, surgió de una grabación autorizada por la Justicia.

Por esta causa, Mariano Bruera ya había estado dos veces en prisión. En enero de 2017 pasó una semana detenido y fue liberado por un fallo de Casación, con la firma de la sala presidida por Martín Ordoqui. En julio de ese año regresó a la cárcel, donde pasó dos años hasta que le concedieron una excarcelación extraordinaria con una caución de un millón de pesos. (DIB)

La liberación, según informaron portales de noticias nacionales como La Nación e Infobae, se produjo cerca de las 4:30 de la madrugada. Desde allí Jaime, que era el último funcionario kirchnerista con prisión efectiva, se trasladó a su Córdoba natal, donde residirá.

De acuerdo a lo informado, los magistrados decidieron la morigeración de la prisión de Jaime a partir de un pedido de la defensa que se sustenta en la mala condición de salud del exfuncioinario del área de transporte.

Jaime fue condenado en seis causas. Algunas penas ya las cumplió pero las más graves no, porque los fallos no se encuentran firmes. Entre ellos se cuenta el que se le impuso por su responsabilidad en la llamada “Tragedia de Once.

Jaime ahora vivirá en el Barrio Alberdi, de la capital cordobesa, con su pareja Claudia Ochoa. Tiene la obligación de llevar una tobillera electrónica. (DIB)

Sergio Urribarri, exembajador en Israel y exgobernador de Entre Ríos, fue condenado a ocho años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua por los delitos de “negociación incompatible con la función pública y peculado” en cinco causas que se tramitaron desde septiembre del año pasado en los Tribunales de su provincia. Anoche el presidente Alberto Fernández aceptó su renuncia.

Urribarri había puesto a disposición su dimisión después de que se conociera la condena decidida por el tribunal de Juicios y Apelaciones de Entre Ríos, por el desvío de fondos públicos entre 2010 y 2015.

Urribarri, exgobernador de la provincia mesopotámica, expresó desde sus redes sociales que el fallo de primera instancia es una “clara muestra de arbitrariedad, injusticia y atropello al Estado de derecho”, por lo que anticipó que apelará con la “convicción de que me asiste la razón”, manifestó.

El fallo de primera instancia de hoy es una clara muestra de arbitrariedad, injusticia y atropello al Estado de Derecho. Voy a apelar con la convicción de que me asiste la razón. No obstante, he puesto a disposición del presidente mi renuncia como embajador.

Los jueces decidieron condenar a 8 años de prisión efectiva a Urribarri más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos y una multa de $ 180.000 por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y defraudación a la administración pública.

Los jueces José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón consideraron que “con pleno conocimiento” se “echó mano a fondos” provinciales para un “interés netamente particular”, en referencia a una “campaña para posicionar la imagen de Urribarri como candidato a presidente” en las elecciones de 2015.

También indicaron en su fallo que hubo “retornos” por parte de los empresarios contratados.

La audiencia, de más de 12 horas, se desarrolló desde las 8.30 en el Salón de Actos del Superior Tribunal de Justicia entrerriano, en Paraná, pero Urribarri y su exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, participaron de manera virtual.

Además de Urribarri y Báez, estaban acusadas otras 11 personas entre familiares, empresarios y exfuncionarios de su gestión.

Las causas abiertas eran tres: negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y defraudación a la administración pública. Los fiscales Patricia Yedro, Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano unificaron los expedientes porque todos se basaban en la “utilización de fondos públicos para financiar la campaña presidencial” de Urribarri en 2015.

Los abogados defensores y los imputados alegaron que la investigación y todo el juicio se trató de una “persecución político judicial”.

“¿Son conscientes, señores fiscales, del sufrimiento que causaron con el escarnio mediático que promovieron?”, preguntó Urribarri en los alegatos de clausura, y destacó las “embestidas de periodistas obsesionados conmigo y mi familia” previo y durante el juicio.

Desde sus redes sociales, el exgobernador de Entre Ríos señaló que “la propia fiscalía reconoció que no tenían pruebas ni testigos y el tribunal hizo caso omiso, y ninguna, absolutamente ninguna, de las pruebas ofrecidas por cada una de las defensas fueron tenidas en cuenta”.

“Nunca -continuó- se vio semejante aberración jurídica. Estamos ante una nueva entrega de arbitrariedades y atropellos, que no es sino la lógica a la que hemos estado sometidos en estos seis años”.

Urribarri aseguró que continúa siendo víctima de “ensañamiento e injusticias”, y sostuvo que el fallo es “el relato de fiscalía construido en base a creencias y prejuicios”.

Finalmente, remarcó que “solo es cuestión de tiempo y de jueces que fallen con objetividad” para demostrar “de forma contundente” su inocencia.

“Nunca me voy a someter a la operatoria de amedrentamiento y disciplinamiento de la política. Hagan lo que hagan y pase lo que pase, nunca voy a dejar de hacer política”, concluyó Urribarri. (DIB)

El Tribunal Oral Federal 6 condenó este viernes al exsecretario de Transporte Ricardo Jaime a 8 años de prisión y al exministro de Planificación de los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (su segunda presidencia, de 2011 a 2015), Julio De Vido, a 4 años de cárcel, por el delito de “defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” por la compra de trenes a Portugal y España.

En su fallo, los jueces Julio Panelo, Fernando Canero y Ricardo Basílico, condenaron a Jaime “a las penas de ocho (8) años de prisión, multa de catorce millones novecientos noventa y un mil trescientos ochenta y cinco pesos ($14.991.385), inhabilitación absoluta y especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y al pago de las costas, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de enriquecimiento ilícito de funcionario público, en concurso real con los delitos de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en calidad de coautor y cohecho en calidad de autor, delitos que concursan materialmente entre sí, en el marco de la causa nro. 5406/2013 ‘compra de trenes a España y Portugal’”.

También condenaron a la hija de Jaime, Julieta Cecilia, “a las penas de dos (2) años y cuatro (4) meses de prisión en suspenso, multa de doscientos cincuenta mil pesos ($250.000), inhabilitación absoluta perpetua y al pago de las costas del proceso, por considerarla partícipe necesaria del delito de enriquecimiento ilícito de funcionario público.

Por el lado de De Vido, fue sentenciado “a las penas de cuatro (4) años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y al pago de las costas del proceso, por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública -causa nro. 5406/2013 ‘compra de trenes a España y Portugal’”.

Según se determinó en el juicio, las sumas ilegales se percibieron a través de una firma que manejaba Manuel Vázquez, sindicado como principal testaferro de Jaime y también condenado junto al exsecretario de Transporte. En su caso, la pena fue de cinco años y ocho meses de prisión, e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En tanto, el hijo de Vázquez, Julián, involucrado en el entramado del enriquecimiento de Jaime, fue condenado dos años y ocho meses de prisión en suspenso.

Según la fiscal del caso, Gabriela Baigún, los exfuncionarios de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández “aprovecharon la política de reactivación ferroviaria impulsada por el gobierno de Kirchner para celebrar la operación de compra de coches a España y Portugal, en condiciones desventajosas para la Argentina, pero ventajosas para ellos”.

Por eso, fueron acusados por “administración fraudulenta y cohecho” por un monto que rondaba los cien millones de euros, según estimaciones de la Auditoría General de la Nación.

“Se encuentra acreditado que Julio Miguel De Vido, en su carácter de Ministro de Planificación, Inversión Pública y Servicios de la Nación, y Ricardo Jaime, en su calidad de Secretario de Transporte, es decir, máximas autoridades del transporte ferroviario, llevaron adelante una serie de actos jurídicos que, violando los deberes a su cargo, obligaron y comprometieron abusivamente al patrimonio del Estado Nacional”, consideró Baigún en su escrito, quien consideró que De Vido y Jaime “violaron las obligaciones del buen administrador” mediante la adquisición de coches que por sus características resultaban inútiles para el sistema ferroviario argentino.

Los contratos para la compra de esos trenes “fueron suscriptos sin ningún tipo de previsión respecto de las necesidades del sistema ferroviario argentino, ni respecto de los talleres donde se realizarían las reparaciones”, según la fiscal.

La investigación por enriquecimiento ilícito de Jaime había comenzado en agosto de 2008 y fue procesado en 2013 por el juez Sebastián Casanello. En 2016, el fiscal Carlos Rívolo pidió la elevación a juicio, que tras una disputa de competencia entre tribunales orales que duró ocho meses, se inició en 2019. Se demoró con las complicaciones por la pandemia y recién llegó a su fin este viernes.

Jaime se encuentra detenido en el Penal de Ezeiza desde 2016 por varias condenas: una, firmada por el tribunal Oral Federal 2 de Córdoba en septiembre de 2013 en la que se lo acusó de intentar robar pruebas en un allanamiento de la causa por enriquecimiento ilícito que este viernes llegó a su fin y cuya condena está firme. Otra, dictada en octubre de 2015, cuando Jaime admitió haber cobrado coimas ante el fiscal Guillermo Marijuán. El juez Julián Ercolini lo condenó a la pena de un año y medio de prisión (compuesta con la condena anterior). El ex funcionario pactó una pena en un juicio abreviado y de esa manera confesó haber recibido dádivas de empresarios a los que debía controlar mientras fue secretario de Transporte.

Además, Unos meses antes, Jaime había sido condenado por su responsabilidad por la Tragedia de Once, de acuerdo al fallo del Tribunal Oral Federal 2, que lo encontró responsable del delito de administración fraudulenta y le dio una pena de siete años de prisión. Casación revisó esa condena y la modificó: determinó que Jaime era responsable también por el estrago (es decir por el choque) y le subió la pena a ocho años de prisión, que empezó a cumplir en 2018. Pero en 2020, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó las condenas del resto de los imputados en la Tragedia de Once, señaló que la de Jaime por estrago debía ser revisada otra vez por Casación. Por eso la condena por la Tragedia de Once aún no está firme.

Por su parte, De Vido permanece en libertad, a la espera de que quede firme o sea revocada una condena a cinco años y ocho meses de cárcel por la Tragedia de Once. (DIB)