Ante el inicio de la temporada de caza en la región y el sostenido avance de actividades ilegales vinculadas a los denominados “galgueros”, productores rurales y vecinos de Chascomús expresan su creciente preocupación por los reiterados hechos que afectan la seguridad, el bienestar de los animales y el equilibrio del entorno rural.

En este contexto, el fiscal Jonatan Robert, titular de la U.F.I.D. N° 10 de Chascomús, mantuvo en los últimos días una reunión de trabajo con el comisario Hernán Cussig, responsable del Comando de Prevención Rural (CPR) local. El encuentro, realizado en la sede de la fuerza, tuvo como objetivo central coordinar acciones de prevención y control frente a las prácticas ilegales que se vienen registrando en distintos puntos de la zona rural del distrito.

Durante la reunión se analizaron hechos recientes y se delinearon estrategias concretas de intervención para reforzar la presencia de las fuerzas en el territorio y actuar de manera más eficiente frente a denuncias por caza furtiva, ingreso no autorizado a campos privados y maltrato animal.

Según se informó, este tipo de encuentros se extenderá a otros CPR de la región, incluyendo próximamente al distrito vecino de Pila, con el propósito de establecer una línea de trabajo conjunta que permita abordar el problema de forma integral.

Los productores afectados vienen reclamando desde hace tiempo una respuesta firme de las autoridades ante el accionar de estos grupos que, en muchos casos, ingresan de forma violenta a los campos, ocasionan daños y representan un riesgo para personas, animales y bienes.

La coordinación entre el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad aparece como una herramienta clave para dar respuesta a una problemática que preocupa y afecta directamente a quienes habitan y trabajan en el ámbito rural.

El Comando de Patrulla Rural de Chascomús llevó a cabo un exitoso operativo para interceptar a cazadores ilegales, en una acción coordinada con la Patrulla Municipal. El despliegue se activó tras recibir un llamado al 911 que alertaba sobre un vehículo sospechoso en Ruta 20 y el camino del Vado.

Apenas se recibió la alerta, dos móviles del Comando se dirigieron rápidamente al lugar, donde, con el apoyo de inspectores locales, lograron localizar el vehículo en el camino del Cedive. La intervención finalizó con el traslado del rodado al depósito de infractores.

Este tipo de operativos son fundamentales para proteger la fauna local y asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes. Las autoridades enfatizan que estas acciones no solo desalentaron la caza ilegal en el distrito, sino que también envían un mensaje claro sobre el compromiso de la comunidad en la preservación del medio ambiente.

Durante el encuentro, se conversó sobre el trabajo que se viene realizando, se compartió información, perspectivas y se trazaron objetivos para seguir mejorando.

Los productores presentes en la reunión -según informó la comuna ayer- coincidieron en que ha habido una mayor presencia de la policía de la provincia de Buenos Aires y del estado municipal en las zonas rurales. “Además, se destacaron las inversiones que se están materializando en acciones y las que se seguirán realizando en el futuro”, señala el parte de prensa.

Uno de los problemas que se discutió en la reunión fue el de las contravenciones por parte de los cazadores ilegales, denominados “galgueros”. En este sentido acordaron continuar trabajando de manera conjunta y asumiendo la responsabilidad, con una mayor presencia del Estado para impedir este tipo de delitos.

“Fortalecer la seguridad en las zonas rurales es un tema de gran importancia para los productores y las autoridades, y esta reunión es un paso importante para seguir avanzando en este sentido”, mencionaron desde la comuna.

Cabe resaltar que los miembros del Foro de Seguridad Rural local fueron recibidos días pasados por el Juez de Faltas municipal, quien concordó con los productores en la necesidad de reformar la ordenanza sobre caza ilegal, para lograr avanzar en la erradicación de este flagelo que sufren los productores rurales de nuestro partido cada vez con más asiduidad.

Participó del encuentro desarrollado en la víspera, la secretaria de Seguridad Ciudadana Mariela Moscarella, la directora de Seguridad Rural del Ministerio de Seguridad de Buenos Aires, Natalia Rama, miembros de la Asociación rural y del recientemente creado foro de Seguridad Rural, CPR y Patrulla Municipal Rural.

La situación se agravó tras la implementación de la ley 27.330 en 2016, la cual prohibió las carreras de galgos en áreas urbanas y estableció sanciones que incluyen hasta cuatro años de prisión y multas para quienes estuvieran involucrados en su realización, promoción u organización. Esto hizo que aquellos que hacen esta actividad ilegal se trasladaran a zonas rurales de difícil control para las fuerzas de seguridad.

La cuenca del Salado pasó a ser especialmente atractiva debido a la mayor presencia de fauna cerca del área metropolitana.

En rigor, el productor explicó que en los campos cercanos al río Salado se encuentran extensos humedales que albergan una gran variedad de especies de animales que conviven con las actividades ganaderas y agrícolas que se desarrollan allí.

“Los campos, en su mayoría, tienen un alambre perimetral de siete hilos, y en el interior utilizan alambres eléctricos de un solo hilo para dividirlo en parcelas, que son potreros más pequeños. Entonces, en una parcela de aproximadamente una hectárea, donde hay 300 vacas, cuando estas personas ven un animal salvaje, sueltan a los perros de caza y las vacas, en un intento por escapar de la situación, rompen los alambrados eléctricos y se adentran en los cultivos de maíz, rompen silobolsas y causan estragos”, alertó.

También contó que trabajan en conjunto con Proyecto Galgo, una de las organizaciones impulsoras de la ley para prohibir las carreras, debido al maltrato que reciben los animales. “Los traen escondidos y encerrados en los baúles de los autos o en las cajas de las camionetas, durante muchas horas de viaje. Cuando se lesionan, los abandonan”, lamentó.

Respuesta oficial

Ante una consulta de La Nación, en el municipio expresaron su preocupación y dijeron que están comprometidos en abordar la problemática. Cipriano Pérez del Cerro, secretario de Gobierno de la Municipalidad local, destacó: “Es un problema existente que afecta a toda la provincia de Buenos Aires. Tanto los concejales como el departamento ejecutivo están dedicados a buscar soluciones”.

El funcionario reconoció que las herramientas disponibles actualmente “no son suficientes para resolver el problema”, pero enfatizó que están en búsqueda de soluciones. En ese sentido, mencionó que el Concejo Deliberante está trabajando en un proyecto de modificación de la ordenanza correspondiente para mejorar la normativa.

Además, informó que recientemente se llevó a cabo una reunión entre el área de seguridad municipal, los concejales y el juez de falta.

Aclaró que esta actividad constituye una contravención que conlleva una multa. Según las estadísticas proporcionadas, en 2021 se registraron 248 actas de infracción y 227 sentencias.

En 2022, hubo 467 actas y 449 sentencias, y en lo que va de 2023 se contabilizaron 154 actas y 155 sentencias. Estos datos reflejan claramente una situación de contravención.

En relación al tema del secuestro de galgos, Pérez del Cerro explicó que, debido a que el Código Rural a nivel provincial no contempla esa posibilidad, se ha establecido una normativa a nivel local para permitir el secuestro de los perros. En este sentido, se han construido caniles en la sede de la patrulla rural para albergar a los perros que son secuestrados, brindándoles el tratamiento adecuado.

Según dijo, el trabajo conjunto entre la Municipalidad y la patrulla rural es constante para prevenir estas contravenciones. No obstante, destacó la necesidad de realizar una modificación a nivel provincial de la normativa correspondiente, en este caso, la ley 1081 vigente desde 1983.

En la sede del Juzgado de Faltas Municipal, los miembros del Foro de Seguridad Rural de Chascomús junto a “representantes de los parajes rurales de nuestro partido”, entre ellos Juan Olivera, (Don Cipriano), Marcelo Irulegui (Don Cipriano), Carlos Alvarez Correa (Don Cipriano), Rolli Melani (Don Cipriano), Roberto Iriarte (Manantiales) Martina Nogues Miguens (Libres del Sur), Manuel Anchorena (La Corona), fueron recibidos por el Juez de Faltas de Chascomús Dr. Juan José Melani.

Los productores del partido transmitieron al Juez la difícil realidad que se vive en las zonas rurales, debido a la intrusión a los establecimientos agropecuarios de cazadores ilegales.Los vecinos resaltaron que ingresan a las propiedades de los establecimientos, produciendo daños y destrozos a la producción y a las familiar rurales.

En este sentido manifestaron la necesidad que la intrusión a los campos debe ser sancionada con mayor severidad, ya que se trata de bandas organizadas con transportes y personas que hacen de guías para ingresar sin autorización a los campos.

Según detalló un productor, los responsables de estas actividades ilegales son residentes de la zona que organizan estos tours de carreras y cacerías a través de las redes sociales. Transportan a quienes pagan por el servicio en combis, autos o camionetas particulares hacia los campos, donde ingresan en grupos con una jauría de perros.

“Cobran por cazar en campos privados. La policía ha encontrado a personas con órdenes de captura vigentes, con tobilleras electrónicas y armas. Además de amenazarnos, causan daños de todo tipo dentro de nuestras propiedades”, declaró.

El Juez de Faltas Municipal Juan José Melani, por su parte, manifestó que dentro de su competencia aplica la ley sancionando a los intrusos. También informó que se sancionaron desde el año 2021 a la fecha a 619 infractores con multas.

Finalmente, luego de escuchar los reclamos de los productores, ambas partes coincidieron en la necesidad de aumentar el mínimo de las multas y modificar la ordenanza para poder avanzar en la erradicación de la caza ilegal en el partido de Chascomús.