Si bien el Gobierno frenó la suba de la luz, el gas y minimizó lo que pasará con los combustibles, habrá un par de incrementos que le suman incertidumbre a la futura cifra que da a conocer el Indec.

La empresa Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) completará este mes el ajuste de su tarifa que ya subió en mayo y que ahora será un 50% más caro para unas 90 localidades de la provincia de Buenos Aires. La medida que entra en vigencia el próximo mes hará que el valor del módulo o metro cúbico suba un 50%, lo que lo llevará a $72,54, mientras que la factura promedio será de $3.656,62 mensuales. Sin embargo, una propiedad valuada entre $150.000 y $200.000 abonará $6.819 por ambos servicios. De acuerdo indicaron desde ABSA, en esta segunda etapa de ajuste tarifario, el 47,4% de los usuarios tendrán un aumento de menos de $1.000 mensuales, el 41,5% de entre $1.001 y $2.000, el 8,7% de entre $2.001 y $3.000, y el 2,4% de más de $3.000”.

El Gobierno nacional oficializó los nuevos ajustes para los que viajen en el servicio de tren de larga distancia. Desde julio, período que incluye a las vacaciones de invierno, el pasaje costará un 20% más que junio y, por ejemplo, el viaje Buenos Aires Mar del Plata saldrá entre $30.000 y $36.000. El aumento incluye las rutas que van a otras provincias como Córdoba o Santa Fe, pero también localidades bonaerenses como Bragado o Pehuajó. Mientras que a Córdoba el boleto subió en primera de $3155 a $23.000 en la era Milei, a Pehuajó, por ejemplo, de $2450 a $ 18.000 (un 635%).

La Justicia dio de baja la medida cautelar que retrotraía los aumentos de las empresas de medicina prepaga, por lo que se volverán a habilitar los incrementos en las cuotas sin restricciones. Desde el nuevo mes, “las cuotas de los afiliados se ajustarán libremente, conforme estructuras de costos y debido cálculo actuarial de cada una de las empresas”. Según ya comunicaron algunas empresas de medicina prepaga, los ajustes de las cuotas rondarán el 6,7% y 8,5%.

Los contratos que hayan sido firmados en el marco de la Ley de Alquileres tendrán un aumento del 244% en julio porque corresponde la actualización del precio anual a través del Índice de Contratos de Locación (ICL). Dicho procedimiento se debe cumplir hasta terminar el contrato, aunque la norma haya sido derogada por Javier Milei. La disposición alcanza a los alquileres iniciados entre el 1º de julio del 2020 y el 17 de octubre del 2023. Con este ajuste, si actualmente un inquilino está pagando $110.000 pasará a abonar $378.400.

El Ente Nacional de Telecomunicaciones (Enacom) eliminó oficialmente las regulaciones que establecían un tope a las tarifas de internet, celulares y cable. El límite de los aumentos era de entre el 5% y 10% mensual y ahora deja de regir, con lo cual las empresas tienen luz verde para fijar los precios que consideren más convenientes, aunque en la práctica la liberación ya estaba vigente. Se espera que en julio se apliquen subas pero que se pagarán recién con las boletas de agosto.

Si bien el ministro de Economía, Luis Caputo, decidió volver a postergar la entrada en vigencia de la mayor parte del aumento de impuestos a los combustibles, las naftas y el gasoil se incrementarán desde julio entre el 5% y el 7%. Es que el Gobierno autorizó una mínima suba de los tributos que tendrá un impacto de solo 1% en los surtidores. A eso se le debe agregar un 2% adicional por la devaluación mensual (crawling peg) y otro 2% por el incremento de los precios de los biocombustibles para mezcla. Por ello el valor del litro del combustible, dependiendo la compañía, se ajustará entre un 5% y un 7%. En Buenos Aires, esto implicará una suba promedio de unos 70 pesos por litro en la nafta súper. (DIB)

El Ente Nacional de Telecomunicaciones (Enacom) eliminó todas las regulaciones que le ponían tope a las tarifas de Internet, celulares y cable. La institución, que actualmente se halla intervenida, eliminó las regulaciones de la anterior gestión de Claudio Ambrosini que fijaban un límite a las empresas para los aumentos del 5% y de hasta el 10% mensual, a partir de declarar los servicios de telecomunicaciones e Internet (TIC) como “esenciales”. De este modo, a partir de los próximos meses las subas serán libremente fijadas por las compañías prestatarias.

La decisión la tomaron los interventores Juan Martín Ozores (consultor y exempleado de Movistar), Patricia Roldán (abogada con 30 años de carrera en organismos estatales) y Alejandro Pereyra, exdirector del organismo en la gestión macrista. Roldán y Pereyra operan en este caso como interventores adjuntos.

A través de la Resolución 13/2024, el Gobierno derogó las siguientes resoluciones:

Esta decisión responde al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 302/2024, que anuló el anterior DNU 690/2020. Este último había declarado a los servicios TIC como “servicios públicos esenciales y estratégicos”, otorgando al Enacom la facultad de regular sus tarifas.

Con la nueva disposición, las empresas de telecomunicaciones recuperan la capacidad de fijar libremente sus precios, algo que el organismo regulador justifica como necesario para “salvaguardar las reglas que permitan el desarrollo de un mercado en competencia”.

La resolución, firmada por la intervención del Enacom, entró en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

Como se explica en la misma resolución, según la Procuración del Tesoro de la Nación “el cambio de ordenamiento jurídico hace que deje de ser válido sin quedar totalmente extinguido”. Por ese motivo fue necesario emitir otra resolución “que pronuncie su extinción, sea por la administración o por la Justicia”.

En otro tramo del documento, explicitan que tal como surge del DNU N° 302/2024 “los servicios de TIC han sido creados en competencia, así como la prestación de los servicios de comunicaciones móviles, siendo una facultad esencial para su desarrollo y crecimiento la posibilidad de que los licenciatarios puedan fijar sus precios libremente” y que “el DNU N° 690/2020 establece una modificación esencial sobre el marco jurídico del sector, que debe ser corregida con el fin de salvaguardar las reglas que permitan el desarrollo de un mercado en competencia y la libre fijación de los precios de los servicios prestados”. (DIB)

Lo hizo a través de otro decreto, el 302/2024, que fue publicado este miércoles en el Boletín Oficial, donde puso fin a la regulación de los precios del mercado a través del Enacom, que también establecía los aumentos.

“El presidente en acuerdo general de ministros decreta: artículo.- Sustitúyese el artículo 48 de la Ley Argentina Digital N° 27.078 y sus modificatorias por el siguiente ´los licenciatarios de Servicios de TIC fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, cubrir los costos de la explotación y tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación´”, establece la normativa.

Durante la pandemia de Covid-19 y la cuarentena decretada por el Gobierno de Alberto Fernández, los servicios de Internet, telefonía y cable fueron declarados como esenciales y era el Ente Nacional de Comunicaciones el que establecía los aumentos tarifarios de las empresas prestadoras.

Ahora, los licenciatarios de servicios TIC podrán establecer sus tarifas. El objetivo es fomentar la competencia y también generar inversiones para mejorar la calidad de los servicios ofrecidos a los consumidores.

En febrero, el rubro Comunicaciones registró una suba del 24,7% mensual, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el Indec. Mientras que en enero, la variación fue del 25,1%; en diciembre, del 15,6%; en noviembre las tarifas se incrementaron un 15,2% promedio; y en octubre, 12,6%.

“Que es de destacar que ante el creciente desarrollo de los servicios de telecomunicaciones, la contemplación de las diferentes circunstancias del mercado resulta fundamental, tanto para favorecer su dinamismo y generar un equilibrio competitivo sostenible como para asegurar una mayor oferta de servicios a los usuarios a precios justos y con mayor calidad, extremos que se contraponen con la regulación tarifaria establecida por el Decreto N° 690/20”, agrega el decreto.

El decreto lleva la firma del presidente Milei, los ocho ministros nacionales y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse. (DIB)

El hecho sucedió en las últimas horas del lunes de la corriente semana cuando personal de la dependencia policial acudió hasta la Estación de Bombeo de Agua de la Municipalidad de Chascomús y procedió a aprehender a un masculino mayor de edad que había robado cable subterráneo.

Al momento de la aprehensión, el sujeto tenia en su poder una gran cantidad de cobre con temperatura por haber sido quemado minutos antes.

Ante lo acontecido, la UFID Nº 10 convalidó la aprehensión y dispuso que el individuo quede alojado en la EPC local por el delito de “Robo”.

Asimismo, ayer en la tarde, por requerimiento del titular de la fiscalía interviniente, el Juzgado de Garantías Nº 5 de Chascomús resolvió convertir en detención la aprehensión del imputado.

El anunció fue realizado por el CEO de la empresa, Sundar Pichai, durante una reunión que mantuvo con el presidente, Alberto Fernández, en Los Ángeles.

Durante el encuentro, que se llevó a cabo en la sala de reuniones del Hotel Intercontinental, el directivo de la firma tecnológica informó al mandatario argentino acerca del compromiso de la empresa para impulsar la transformación digital en América Latina a través de un plan de cinco años, que requerirá una inversión de 1.200 millones de dólares, “de la cual una parte se está planificando canalizar en Argentina”, dijeron a Télam fuentes de Presidencia.

La inversión en el país es “para fortalecer conectividad, nube y plataformas tecnológicas para pequeñas y medianas empresas”, indicaron las fuentes, y también se mencionaron “planes regionales”, aunque no se especificó el monto destinado a la Argentina.

Como parte de la medida, Google se encuentra desarrollando un cable submarino internacional llamado Firmina, que unirá desde 2023 la costa Este de Estados Unidos con la localidad de Las Toninas.

La buena noticia, en este sentido, es que se recuperó el tendido debido a que la empresa prestataria del servicio subsanó el problema.

Ahora los vecinos esperan que se les reconozca a fin de mes el tiempo que estuvieron sin el correspondiente servicio, ya que hubo 15 días aproximadamente sin internet y teléfono.