Tras los anuncios del Gobierno nacional sobre el nuevo blanqueo de dólares que impulsó Javier Milei, con el que busca que los argentinos gasten esos billetes estadounidenses que tienen “bajo el colchón”, ahora desde la provincia de Buenos Aires admitieron que existen negociaciones para sumarse al plan, luego de una semana de fuertes cruces.

Así lo expresó este lunes el director de ARBA, Cristian Girard, quien habló de un encuentro “cordial” con Juan Alberto Pazo, de ARCA, para tratar este tema, y aunque se encargó de resaltar ciertas diferencias con el discurso oficial destacó que “no perseguirán a nadie”.  

En conferencia de prensa, el funcionario bonaerense señaló que es necesario que haya una ley que modifique el Régimen Penal Tributario y Cambiario, junto con modificaciones a la Ley de Procedimiento Tributario, porque, de no ser así, la seguridad jurídica no está garantizada. “No es que vayamos a perseguir a nadie que tenga un canuto, ni que estemos en contra que usen dólares, ni que se mueva la actividad”, manifestó.

Las declaraciones de Girard fueron mientras el Gobierno libertaria apura la confección del proyecto de ley sobre el nuevo blanqueo de capitales para presentarlo esta semana. Según el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la iniciativa apunta a “darles todas las garantías” a los ahorristas que ingresen al sistema financiero los dólares guardados en el colchón.

Frente a esto, el titular de ARBA reconoció que mantuvieron una reunión cordial junto al ministro de Economía, Pablo López con Pazo, donde el tono de la charla “fue radicalmente distinto a la propaganda oficial”, detalló. “Estamos estudiando analizando la adenda que nos propusieron y por esos días tendremos un nuevo intercambio con autoridades nacionales para ir definiendo”, sentenció.

Sin embargo, cuestionó la reacción del Ejecutivo nacional tras las declaraciones del gobernador Axel Kicillof, quien puso reparos al proyecto ante la posibilidad que se generen maniobras de blanqueo de dinero ilícito. “Hubo una reacción de construir una narrativa donde el Gobierno nacional es el defensor de los argentinos de bien y la gente que trabaja, y nosotros vendríamos a ser los soviéticos que pedimos seguridad jurídica“, manifestó.

En ese sentido, el funcionario de Kicillof señaló que en la provincia de Buenos Aires desde hace cinco años se está llevando a cabo una política de simplificación impositiva muy importante. “No vemos con malos ojos la simplificación de un régimen, pero nos preocupa que tal como está planteado no hay seguridad jurídica”, remarcó. Y cerró: “No vamos a perseguir a nadie que tenga un canuto bajo el colchón ni estamos en contra que la gente use los dólares, ni que se mueva la actividad, todo lo contrario”. (DIB)

“Hoy finaliza la primera etapa de regularización de activos. Han sido depositados US$18.000 millones solo en efectivo, lo que damos como un éxito rotundo”, aseguró el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa.

El plazo de finalización de esta etapa inicial estaba pautado para el 30 de septiembre, pero finalmente fue postergada hasta la finalización de este mes por pedido de muchos contadores públicos y el interés del gobierno de sumar depósitos en dólares.

En tanto, como no hubo retiros significativos de los dólares depositados ya el lunes los depósitos privados en dólares en los bancos alcanzaban los 32.492 millones, el nivel más alto desde 2019.

Además, el gobierno estima que los depósitos son aún mayores porque en los dos días posteriores el dinero del blanqueo siguió depositándose.

El blanqueo está dividido en tres etapas y en cada una de ellas se modifica la alícuota a pagar por los bienes regularizados. Durante cada etapa convive posibilidad de declarar dinero en efectivo y bienes.

En lo que respecta a bienes en efectivo la exteriorización hasta US$100.000 no tuvo ningún tipo de penalidad.

La etapa dos tiene como período para realizar la manifestación y pago adelantando del 1° de noviembre al 31 de enero, mientras que hasta el 28 de febrero de 2025 se podrá realizar la presentación de la declaración jurada y completar el pago.

La etapa tres va del 1° de febrero de 2025 al 31 de abril de 2025, con presentación de declaración y pago de la alícuota hasta el 31 de mayo.

Las alícuotas que se aplican son:

Etapa 1: 5%.

Etapa 2: 10%.

Etapa 3: 15%.

Si un contribuyente realiza adhesiones en más de una etapa, se tomó la última como etapa para el cálculo de alícuotas.

En la normativa que regularizó en julio pasado el blanqueo se indicaba que el “tapón fiscal establece que los sujetos que regularicen bienes que poseyeran al 31/12/2023, sumados a los que declaren en las respectivas declaraciones juradas de los ejercicios finalizados hasta el 31 de diciembre de 2023, inclusive, tendrán los beneficios de liberación de los impuestos, por cualquier bien o tenencia que hubieren poseído con anterioridad al 31 de diciembre de 2023 y no lo hubieren declarado”. (DIB)

Según analistas de mercado y estudios contables que atienden a grandes empresas, el blanqueo de capitales podría rondar los US$25.000 millones, tal vez US$30.000 millones “con toda la furia”.

Está lejos de la primera proyección que se le acercó al FMI, que hablaba de unos US$40.000 millones. Como mucho, podría aportar unos U$S 1.500 millones en recaudación, casi un billón y medio de pesos, que permitirían al menos mantener equilibrio fiscal en septiembre.

Expertos como María Castiglioni, de C&T, pronostican que buena parte del blanqueo será volcado a inversiones exentas del 10%, o sea que el impacto va a ser fundamentalmente en actividad y la recaudación de bienes personales adelantada.

En el mercado de real estate observan esto como una oportunidad muy interesante y las inmobiliarias confirman un incremento en las operaciones.

En el Gobierno de Javier Milei admiten que se estará lejos del éxito que tuvo el blanqueo de Macri, que permitió recaudar US$9.500 millones y subir en más de US$7.000 millones las reservas. Aquel blanqueo logró captar casi US$117.000 millones.

Todo a pesar de que el blanqueo actual ofrece más ventajas que el de Macri, porque se pueden regularizar hasta 100 mil dólares sin pagar impuestos y, si se regulariza dinero en efectivo y se lo deja en el sistema financiero en cuentas especiales hasta diciembre del 2025, no se paga penalidad cualquiera sea el monto.

Además, en este blanqueo tampoco se pagan multas si se invierte el dinero en bonos, obligaciones negociables, acciones y proyectos inmobiliarios, cuando en 2016 sólo había costo cero si se compraban bonos intransferibles y no negociables durante los primeros 4 años.

Quienes blanqueen hasta el 30 de septiembre próximo abonarán una alícuota del 5% sobre lo declarado, hasta el 31 de diciembre un 10%, y hasta el 31 de marzo de 2025, 15%. ¿Podrían extenderse los plazos? En el Gobierno lo niegan. (DIB)

Al igual que en la Ley Bases, el Gobierno accedió a modificar varios puntos de este proyecto para acercar posiciones con los bloques de la oposición dialoguista y evitar sorpresas en el recinto. Puntualmente, aceptó actualizar semestralmente por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) las escalas de Ganancias y el Monotributo. La administración libertaria pretendía hacerlo de manera anual, pero los legisladores aliados exigieron una mayor periodicidad en el reajuste para evitar que por el efecto inflacionario se sumen contribuyentes a pagar el tributo.

Además de La Libertad Avanza (LLA), el paquete fiscal contó con el apoyo del bloque de Pro, así como también del grueso de los bloques de la UCR, Hacemos Coalición Federal y la Coalición Cívica. A ellos se sumaron los ocho diputados de Innovación Federal, que representan a los gobernadores de Misiones, Río Negro y Salta, y Osvaldo Llancafilo, del Movimiento Popular Neuquino (MPN).

Los votos negativos los aportaron los diputados de Unión por la Patria (UxP) y de la izquierda. En tanto, los radicales Facundo Manes, Fernando Carbajal, Marcela Coli y Pablo Juliano optaron por la abstención, junto al santacruceño Sergio Acevedo (Por Santa Cruz) y Jorge Ávila (Hacemos Coalición Federal). En tanto, hubo siete ausencias: Carla Carrizo (UCR), Sergio Casas (UxP), Natalia de la Sota (Córdoba Federal), José Luis Garrido (Por Santa Cruz), Álvaro González (Pro), Roberto Mirabella (UxP) y Leopoldo Moreau (UxP).

Impuesto a las Ganancias. El proyecto reinstala este tributo para la cuarta categoría para aquellos salarios superiores al $1.8 millones de pesos para los trabajadores solteros y $2.2 millones para los trabajadores casados con dos hijos. El Gobierno pretendía que la actualización de estos pisos mínimos fuese anual, pero ante la presión opositora, los funcionarios de la Casa Rosada accedieron a que haya una actualización trimestral este año (sería en septiembre) y que, a partir del año próximo, sea semestral. También será semestral la actualización de los topes de facturación en las distintas escalas del régimen de monotributo.

Blanqueo de capitales. El proyecto establece que los activos por hasta los US$100.000 tendrán una alícuota del 0%, mientras que los montos superiores abonarán alícuotas crecientes en función del momento en que ingresen. En la primera etapa, que se extenderá hasta el 30 de septiembre de 2024, la tasa sobre el excedente será del 5%; en la segunda etapa, hasta el 31 de diciembre de 2024, será del 10%, y en la tercera, hasta el 31 de marzo de 2025, del 15%.

Bienes Personales. Se establece una fuerte rebaja en este tributo. El mínimo no imponible subirá de $11 millones a $100 millones y la deducción por la vivienda familiar pasará de $56 millones a $350 millones, lo que implica que se reducirá la base de contribuyentes alcanzados. Estos importes se ajustarán cada año en función de la variación anual de la inflación difundida por el INDEC. Otro de los beneficios es la reducción gradual de la escala de alícuotas progresivas, eliminándose la discriminación existente para bienes situados en el exterior. Para el ejercicio fiscal 2023, la alícuota máxima que se propone es del 1,5%, y se irá reduciendo paulatinamente hasta alcanzar el 0,25% en el 2027, por debajo del 0,75%. Además, se crea un régimen especial que permite adelantar el pago de cinco años (del 2023 al 2027) en una cuota con una alícuota reducida del 0,45% por año por el patrimonio que supere el mínimo no imponible, y posteriormente será del 0,25% del excedente hasta 2028.

Monotributo. El proyecto plantea un aumento tanto de los niveles de facturación –con un tope máximo de $68 millones anuales- como de la cuota mensual a pagar. Esos aumentos oscilan entre el 200 y el 300%, según la categoría. Asimismo, se amplían los límites de facturación de locaciones y servicios, con nuevas categorías para este segmento, igualándolas a la de venta de cosas muebles.

Moratoria de obligaciones tributarias, aduaneras y de seguridad social no regularizadas. Permitirá pagar obligaciones vencidas al 31 de marzo de 2024 en hasta 84 cuotas con diversos beneficios como la condonación de la totalidad de las multas y de hasta el 70% de los intereses por los saldos adeudados, dependiendo la modalidad de pago. (DIB)

La medida está orientada a pequeñas y medianas empresas que se encuentran en problemas para abastecer su producción y quisieran declarar fondos tanto en el exterior como “debajo del colchón”.

En rigor, en el artículo 72 del proyecto de ley se incluyó un mecanismo que permitirá a las empresas un blanqueo de dinero no declarado para el caso que deba ser destinado al pago de importaciones, un pedido que realizaron cámaras empresariales al Gobierno la semana pasada.

Este artículo se incluirá dentro de la Ley de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda (Nº 27.679), que fue promulgada en agosto pasado y extendió por un año el Régimen de Blanqueo para la Construcción.

Además, se incorporaría que los fondos que se declaren en el marco del Programa de Normalización para Reactivar la Construcción Federal Argentina también podrán destinarse a la adquisición de un inmueble usado que sea afectado con destino exclusivo a casa-habitación del declarante de los fondos y su familia o por un plazo no inferior a 10 años, a la locación con destino exclusivo a casa-habitación del locatario y su familia (hasta ahora era solo para proyectos en construcción con avances de hasta 50%).

El objetivo sería reactivar el sector inmobiliario y reducir el valor de los alquileres. “En ambos supuestos, su valor de adquisición deberá resultar igual o inferior a dos veces el importe previsto en el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley de Impuesto sobre los Bienes Personales, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, vigente al 31 de diciembre del período fiscal inmediato anterior al de la mencionada adquisición”, aclara el proyecto de norma.

Desde la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) venían solicitando hace tiempo que las obras usadas ingresaran en el blanqueo en un momento de muy baja actividad para el sector. Sin embargo, no estaban al tanto de la inclusión de este artículo en el proyecto de Presupuesto.

El proyecto fue girado por el Gobierno y está firmado por el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Juan Manzur y el ministro de Economía, Sergio Massa. En los fundamentos, el oficialismo señala que el “presupuesto que se presenta propende a la estabilidad macroeconómica, a la recomposición del poder adquisitivo de los ingresos y al fortalecimiento del mercado interno”. (DIB)