Como si fuese un regalo de Navidad atrasado o uno de Reyes adelantado, muchos clientes del Banco Nación se encontraron con dinero extra en sus cuentas. Fueron unos 700.000 pesos. Pero la ilusión duró pocas horas, ya que la entidad explicó que se trató de un "error técnico que comenzó a subsanarse".

En el último día del año, miles de clientes del Nación, en su mayoría empleados estatales, recibieron, junto con su salario del mes un "extra", que en muchos casos llegó a los $ 699.177,82.

Como la entidad implementó desde este año su cuenta remunerada, ni bien se acreditan saldos en las cajas de ahorro de sus clientes, comienzan a aparecer rendimientos. Pero estas sumas no tenían relación con esos movimientos, sino que se trató de un "error técnico" que con el correr de las horas volverá a "arreglarse", según explicaron desde el BNA.

El movimiento extra también se vio en las cuentas en dólares, en las que se acreditaron "por arte de magia" hasta US$ 370,04. Ambos movimientos aparecieron reflejados en la cuenta como REND.PESO y REND.USD.

En la entidad no aclararon cuántas cuentas se vieron impactadas por este "error millonario", pero para tomar perspectiva del alcance, el Nación tiene actualmente más de 20 millones de cuentas y es el banco más grande del país.

Fuente: Agencia DIB 

​Belma, una vecina de la ciudad, relató la frustración vivida al intentar retirar efectivo. Según su testimonio, al ingresar sus datos de manera habitual, el sistema no respondía. "Parecían estar desconectadas o fuera de servicio", explicó, señalando que lo que inicialmente creyó que era un error personal resultó ser una falla generalizada que afectaba a otros usuarios presentes en el lugar.

​Esta anomalía técnica coincidió con una de las fechas de mayor demanda del calendario bancario. Si bien se presume que el colapso respondió a un alto volumen de operaciones simultáneas, la falta de un comunicado oficial por parte de la entidad dejó a los adultos mayores sin información clara sobre cuándo podrían disponer de su dinero.

​Más alarmante aún es el caso de Osvaldo Calderón, otro jubilado local que denunció un faltante inexplicable en su liquidación de diciembre. Calderón detalló que, tras haber verificado que debía percibir aproximadamente $460.000 (incluyendo el aguinaldo), se encontró con que solo se le habían acreditado $330.000.

​"Desaparecieron más de 130 mil pesos. Es como si no hubiera cobrado el aguinaldo", expresó con angustia.​El impacto económico para Calderón ha sido inmediato y devastador. Ante la falta de esos fondos, el vecino confesó que se vio obligado a solicitar fiado en un comercio barrial para poder alimentarse, acumulando una deuda que ya ronda los $60.000. "No pude afrontar ni los gastos básicos de las fiestas", lamentó.​

​Ambos casos ponen de relieve la vulnerabilidad de la clase pasiva frente a las deficiencias operativas bancarias. Mientras Belma instó a la paciencia a la espera de que el sistema se normalice, Calderón ya inició el reclamo administrativo y advirtió a otros jubilados que controlen exhaustivamente sus recibos de sueldo y movimientos de cuenta.

​Hasta el momento, las autoridades del Banco Nación no han brindado una solución pública ni han aclarado si se trata de un error de sistema o de descuentos indebidos. La comunidad espera que, ante la proximidad de las fiestas de fin de año, la entidad actúe con la celeridad que la situación requiere.

La Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, con voto de los jueces Carlos Vallefín y Roberto Lemos Arias, confirmó la suspensión del decreto 116/2025 que dispuso la transformación del Banco de la Nación Argentina (BNA) en una sociedad anónima.

La decisión llegó en el marco de una acción promovida por trabajadores de la entidad en representación de todo el colectivo del Banco de la Nación Argentina, con el apoyo de la Asociación Bancaria como “amicus curiae”, en la que cuestionaron las acciones oficiales destinadas a la privatización de la entidad bancaria y requirieron, concretamente, la suspensión del decreto 116/2025 que dispuso la transformación del BNA en una sociedad anónima.

El juez de primera instancia admitió su planteo y decretó una medida cautelar suspensiva del decreto de referencia. Esa decisión fue apelada, tanto por el Estado Nacional como por el Banco de la Nación Argentina, y el tribunal de alzada la confirmó. 

Sostuvo la Cámara Federal que los actores se encontraban legitimados para concurrir a la justicia a los fines de “cuestionar la regularidad constitucional de un decreto que transforma una entidad autárquica gobernada por el derecho público -que es su empleadora- en una sociedad anónima”. Asimismo, se destacó que la pretensión fue acompañada por una entidad gremial de primer grado que ejerce la representación de 17.400 afiliados en el país.

En torno a la medida cautelar, el Tribunal sostuvo que los requisitos para otorgar la medida se encontraban satisfechos. Explicó, en tal sentido, que se acreditaron sumariamente la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora y la no afectación del interés público.

De tal modo, explicaron que “la privatización del Banco de la Nación Argentina fue objeto de exclusión del proyecto originario -remitido por el Poder Ejecutivo- que culminó con la sanción de la ley 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”.

Dicha exclusión, agregaron, “autoriza a concluir que el Congreso difirió a su juicio futuro examinar o no la modificación de la condición jurídica del Banco de la Nación Argentina establecida por ley” y que “el trámite parlamentario da cuenta, entonces, de que el Congreso de la Nación no incluyó a dicha institución entre las entidades privatizables”.

De tal modo, la Cámara Federal de La Plata concluyó que “la delegación que invoca el Poder Ejecutivo para resolver la transformación en una sociedad anónima no pueden aplicarse a una entidad a la que el Congreso no habilitó a modificar en su naturaleza”.

Dicha “delegación –expresaron los jueces de Cámara- que autoriza al Poder Ejecutivo a ‘reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal con el fin de disminuir el déficit’ no puede considerarse un patrón inteligible que lo habilite a modificar la naturaleza jurídica conferida por ley al Banco de la Nación Argentina”.

Con esos fundamentos, entonces, el tribunal rechazó los recursos de apelación y confirmó la suspensión del decreto 116/2025. (DIB)

La motosierra de Javier Milei comenzó a dejar huellas visibles en el Banco de la Nación Argentina, la mayor entidad financiera pública del país. En el marco del ajuste estructural impulsado por el Gobierno Nacional para reducir el gasto público, sucursales en varias localidades están viendo mermado su personal, e incluso se avanza con cierres definitivos.

Uno de los casos que genera preocupación es el de la sucursal del Banco Nación en Ayacucho, donde, según denunció el secretario general de la Asociación Bancaria de Tandil y la región, Juan Manuel Carri, en menos de un año se perdieron seis puestos de trabajo entre jubilaciones y retiros voluntarios sin reposición alguna. A esta situación se suma una nueva jubilación prevista para julio, lo que acentuaría la sobrecarga laboral del personal restante y afectaría la calidad del servicio a los usuarios.

“Hoy no hay indicios de cierre inminente, pero la situación es muy preocupante”, advirtió Carri, quien además detalló que la sede de Ayacucho es una de las más golpeadas en su jurisdicción. A pesar de que el edificio pertenece al banco, el deterioro operativo aviva temores por el futuro de la atención bancaria en la ciudad.

Mientras tanto, en otras regiones, el desmantelamiento de la banca pública ya es una realidad. En Santa Cruz, por ejemplo, el intendente de la localidad de 28 de Noviembre, Aldo Aravena, expresó su “más profundo rechazo” al cierre de la sucursal del Banco Nación, una decisión que —según denunció— se comunicó por correo electrónico. “Es un acto de abandono del Estado hacia nuestra comunidad”, sostuvo el jefe comunal. “Estas políticas no solo recortan derechos, sino que profundizan la desigualdad“.

Desde abril de este año, tras la decisión del Gobierno Nacional de transformar el Banco Nación en una Sociedad Anónima, se aceleraron cierres, despidos y recortes en la entidad, incluso antes de concretarse su eventual privatización. El argumento oficial es la necesidad de hacer más eficiente al banco y reducir el déficit fiscal, una de las obsesiones del presidente Milei. Sin embargo, los efectos sociales y económicos de estas medidas ya se sienten en distintas localidades del país.

Más allá del impacto directo en los trabajadores del sector y en los servicios prestados, la discusión de fondo apunta al rol que debe tener el Banco Nación y la banca pública en general. A diferencia de los bancos privados, cuyo fin es la rentabilidad, los bancos públicos están pensados para promover la inclusión financiera, sostener políticas de desarrollo económico local y garantizar el acceso a servicios en zonas donde la rentabilidad no es atractiva para los capitales privados.

Sin banca pública:

Lo que en Ayacucho es aún una alerta amarilla, en otros distritos ya es una señal de alarma roja. La motosierra del ajuste no solo corta gastos: también desmantela herramientas históricas del Estado para garantizar derechos y presencia institucional. El debate está abierto y las consecuencias comienzan a sentirse en todo el país.

El Gobierno de Javier Milei adjudicó a ocho bancos la posibilidad de brindar el servicio de apertura, gestión y mantenimiento gratuito de cuentas sueldo para empleados públicos, un paso para desregular el monopolio que tenía el Banco de la Nación Argentina (BNA).

A través de la Decisión Administrativa 9/2025 de la Jefatura de Gabinete, la gestión libertaria formalizó la adjudicación del “servicio de apertura, gestión y mantenimiento gratuito” de cuentas sueldos a once bandos privados. Será por el término de tres años con opción de prórroga de un año adicional. La apertura de ese negocio forma parte del plan para que las reparticiones del Estado no queden obligadas a contratar los servicios de BNA, Nación Seguros e YPF.

La decisión formalizó la iniciativa que ya se había dado a conocer en agosto del año pasado. De esta forma, ahora se le adjudica a otras entidades bancarias el “servicio de apertura, gestión y mantenimiento gratuito” de cuentas sueldos de estatales por el término de tres años con opción de prórroga de un año adicional.

Los nuevos proveedores seleccionados son Credicoop, Patagonia, Santander, ICBC, Galicia, BBVA, Macro y Supervielle. En tanto, la Decisión Administrativa desestimó las ofertas presentadas por Banco Hipotecario, Banco Ciudad y Brubank.

El 21 de agosto de 2024, ya se había derogaron el decreto que obligaba a empleados estatales a cobrar sueldos en el Banco Nación. A su vez, eso era parte de una serie de medidas incluidas en un decreto en el que también se eliminaba la obligatoriedad de contratar a Aerolíneas para viajes oficiales y para que las flotas deban cargar combustibles en YPF. (DIB)

La Justicia decidió hacer lugar a la medida cautelar que había sido solicitada tras el Decreto 116/2025, que buscaba transformar al Banco Nación en una Sociedad Anónima, y suspendió los efectos de dicha medida.

El fallo firmado por el juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, que interrumpió las modificaciones por el plazo de al menos seis meses, destaca que la medida de la administración libertaria no acreditó que “el ente resulte deficitario, ni demostró el perjuicio concreto que produciría en los contribuyentes o en el funcionamiento del Estado”.

En su fallo, el juez resolvió: “Hacer lugar a la medida cautelar solicitada y suspender los efectos del Decreto 116/2025, previa caución juratoria que deberán prestar los accionantes. Ello, por el plazo de seis meses, conforme lo dispuesto en el art. 5 de la ley 26.854″. Además, Ramos Padilla sostuvo que con la transformación del ente, el Poder Ejecutivo “asumiría el riesgo de desproteger un activo de suma importancia para las arcas del Estado, que ha tenido un rol fundamental para mitigar crisis económicas y financiar el desarrollo agrícola, industrial y comercial del país, como más adelante se desarrollará, así como dejar de prestar funciones esenciales en materia de administración de fondos de jubilaciones y pensiones”.

En la primera medida cautelar, tal como informó DIB, el juez le había pedido al Gobierno que informe en el expediente cuál es el interés público que justifica la decisión. Luego de que la administración mileísta indicara que la suspensión del Decreto 116/2025 “comprometería la administración de los recursos públicos en perjuicio de las arcas del Estado y de los contribuyentes, o el restablecimiento del orden económico financiero y a mejorar el funcionamiento del Estado”, Ramos Padilla aseguró que esos “resultan argumentos con un alto grado de indeterminación para valorar la producción de una real afectación del interés público” y que tampoco “aparecen elementos que justifiquen o permitan tener por acreditado que el Banco Nación esté atravesando ‘una situación de emergencia’”.

Respecto a si el Gobierno hubiese decidido avanzar con la transformación del ente, “ello implica prima facie un riesgo cierto de que las acciones del Banco Nación pasen a manos privadas eludiendo la necesaria intervención del Congreso de la Nación”.

En referencia a la Ley Bases (aprobada en junio del 2024), en la que el BNA quedó fuera de la lista de empresas sujetas a privatización, el fallo agrega: “No puede dejar de señalarse que, de aceptarse hipotéticamente la lógica interpretativa que propone el Poder Ejecutivo Nacional dicha entidad podría, por ejemplo, ser objeto de disolución, aún cuando el Congreso de la Nación se manifestó en reiteradas ocasiones en contra de su privatización y en favor de su continuidad como ente autárquico público. Ello pues, esta entidad bancaria no figura en el listado de entes autárquicos respecto de los cuales se prohíbe su disolución”.

Esta decisión se tomó en el marco de una causa iniciada el 11 de junio pasado, en la que se pedía que se declarara “la nulidad e inconstitucionalidad de la Resolución Privativa del Directorio del BNA Nº 348 así como de todo acto que tenga por objeto avanzar con la privatización” del Banco Nación. Se trató de un planteo de la Asociación Bancaria, el gremio que reúne a los empleados del sector y que es encabezado por Sergio Palazzo, actual diputado nacional de Unión por la Patria. (DIB)

El juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, resolvió suspender la transformación del Banco Nación en Sociedad Anónima, algo en lo que avanzó días atrás el Gobierno de Javier Milei por decreto.

El magistrado dictó una medida cautelar interina donde consideró que el Poder Ejecutivo se habría excedido en los límites que el Congreso le dio al realizar la delegación de facultades en la Ley Bases.

“Disponer como medida cautelar interina la suspensión de los efectos del DNU 116/25 y ordenar al Estado Nacional y al Banco de la Nación Argentina que se abstengan de toda acción tendiente a su implementación”, señaló la resolución a la que accedió DIB.

También resolvió: “Requerir a las autoridades públicas demandadas que, dentro del plazo de cinco (5) días, produzcan un informe que dé cuenta del interés público comprometido por la solicitud de medida cautelar efectuada por la actora en fecha 20/2/2025″.

“El Banco de la Nación Argentina es una entidad autárquica cuya creación compete al Congreso Nacional. Por lo tanto, es éste el único Poder que tiene la facultad de revocar dicho carácter y cualquier decisión sobre la modificación del estatus de autarquía de una entidad creada por el Congreso Nacional debe emanar exclusivamente del Poder Legislativo”, sostuvo en el documento Ramos Padilla.

Cabe recordar que antes de viajar a los Estados Unidos para reunirse con Donald Trump, el presidente Javier Milei firmó el decreto 116/2025 que transforma al Banco Nación en una sociedad anónima. Según se indicó, el Estado mantendrá la titularidad del 99,9% del capital social y el 0,1% restante será propiedad de la Fundación Banco de la Nación Argentina.

Esta medida del magistrado se tomó en el marco de una causa iniciada el 11 de junio pasado en la que se pedía que se declarara “la nulidad e inconstitucionalidad de la Resolución Privativa del Directorio del BNA Nº 348 así como de todo acto que tenga por objeto avanzar con la privatización” del Banco Nación.

Cabe recordar que el 25 de septiembre de 2024, Ramos Padilla había resuelto que “el DNU 70/23 y la resolución 348 del Directorio del B.N.A. no autorizan a modificar la situación jurídica de la entidad bancaria, que solo puede llevarse adelante mediante una ley formal dictada por el Congreso de la Nación y promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional” y, por ende, el juez declaró “abstracta” la cuestión.

En su fallo de este martes, Ramos Padilla recordó que “el 19 de febrero pasado, se dictó el decreto 116/2025 que dispuso la transformación del ente autárquico ‘Banco de la Nación Argentina’ en una sociedad anónima bajo la Ley N° 21.526 e instruyó al Directorio a tomar las medidas necesarias para llevar a cabo esa transformación y su inscripción ante la Inspección General de Justicia”, entre otras medidas. El juez relató que el 20 de febrero, con el expediente en la Cámara (que todavía no resolvió “el fondo del asunto”), se presentó en la causa la solicitud del “urgente dictado de una medida cautelar”.

A ese pedido hizo lugar hoy el magistrado, con la advertencia de que su marco de actuación está “limitado” porque, dijo, “será la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata la que, en definitiva, deberá decidir si corresponde o no mantener la decisión oportunamente dictada en esta causa que, además de considerar abstracta la cuestión, declaraba que la modificación de la situación jurídica de la entidad bancaria solo puede llevarse adelante mediante una ley formal dictada por el Congreso de la Nación y promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional y, eventualmente, analizar cómo afecta el ‘hecho nuevo’ incorporado por la actora (en alusión a la transformación en sociedad anónima)”. (DIB)

Antes de viajar a los Estados Unidos para reunirse con Elon Musk y el FMI, el presidente Javier Milei firmó el decreto 116/2025 que transforma al Banco Nación en una sociedad anónima. El Estado mantendrá la titularidad del 99,9% del capital social y el 0,1% restante será propiedad de la Fundación Banco de la Nación Argentina.

Así lo anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, en redes sociales, en un mensaje que completó con la frase “Dios bendiga a la República Argentina” y su tradicional “Fin”.

El Gobierno había incluido al Banco Nación en el listado de empresas a privatizar, pero finalmente la entidad fue excluida por el Congreso.

Según se indicó en su momento desde el Nación, la transformación en sociedad anónima es “imprescindible” para que la entidad “continúe aumentando los préstamos a favor de las PyMEs y las familias”.

“Para sostener ese crecimiento, la institución necesitará ampliar su fondeo, lo que podrá hacer abriendo su capital, para lo cual es esencial que se convierta en Sociedad Anónima y que tenga la aprobación del Congreso”, señalaron desde el banco.

Entre los considerandos del decreto, se menciona que el Gobierno nacional “ha iniciado un proceso de evaluación de la eficiencia organizacional de las estructuras de los distintos órganos y organismos que conforman la Administración central y descentralizada”.

Así, en el decreto 70/2023, el conocido como Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina, “se dispuso que las sociedades o empresas con participación estatal se transformarán en sociedades anónimas y se ajustarán a lo dispuesto en la Ley General de Sociedades”.

Continúan: “Que con fundamento en el citado decreto se procedió a transformar en sociedad anónima a numerosas empresas y sociedades del Estado para mejorar la gestión, transparencia y el gobierno corporativo de las mismas”.

Se argumenta que “el actual régimen de entidad autárquica limita la capacidad del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA para competir en igualdad de condiciones con otras entidades del sector financiero”. Y, por lo tanto, “la transformación del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA en sociedad anónima contribuirá a modernizar su estructura jurídica y operativa, permitiendo una mayor flexibilidad en su gestión y adaptación a las mejores prácticas del mercado financiero, incorporando mecanismos de gobierno corporativo más ágiles y eficientes y una administración más profesionalizada y alineada con estándares internacionales de transparencia, eficiencia y control”.

Además, “la transformación permitirá optimizar la asignación de recursos, fortalecer su posición en el mercado y potenciar su capacidad de financiamiento, en beneficio de sus clientes y del desarrollo económico en general”.

De esta manera, “los accionistas del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA (BNA S.A.) serán el ESTADO NACIONAL, quien mantendrá la titularidad del NOVENTA Y NUEVE COMA NUEVE POR CIENTO (99,9 %) del capital social y que ejercerá todos sus derechos a través del MINISTERIO DE ECONOMÍA, y la FUNDACIÓN BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, quien mantendrá la titularidad del CERO COMA UNO POR CIENTO (0,1 %) del capital social”.

Además, en el decreto se remarca que el capital social del BNA S.A. “se prevé en la suma de PESOS UN BILLÓN SEISCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL ($1.602.274.965.000), el cual deberá ser suscripto e integrado en su totalidad, debiendo constar ello en su Acta de Constitución”.

Como informa la entidad en su sitio web, el Banco de la Nación Argentina fue fundado en 1891 por iniciativa del presidente Carlos Pellegrini “como un medio para resolver los embates de una devastadora crisis económica que afectaba, en especial, al sistema bancario existente en ese momento”.

“De capital enteramente estatal, en pocos años abarcó en su giro a toda la geografía nacional y se convirtió en el mayor banco comercial argentino”, se destaca. (DIB) MM

El Banco Nación (BNA) cerrará sucursales en aquellos municipios que “insisten con abusar de sus vecinos mediante subas de tasas municipales injustificadas”. Lo anunció el ministro de Economía Luis Caputo, quien dijo que así se lo pidió el presidente Javier Milei.

“Hoy el presidente Javier Milei me pidió que cerráramos las sucursales del Banco Nación de aquellos municipios que insisten con abusar de sus vecinos mediante subas de tasas municipales injustificadas, que además esconden en servicios nacionales. Ya he hablado con el presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, quien será el encargado de llevar adelante esta medida”, adelantó Caputo.

El anuncio del ministro se da en plena disputa con intendentes por la incorporación de tasas municipales en las boletas de los servicios públicos. De hecho, hoy mismo el Gobierno oficializó la decisión de dar de baja las tasas municipales en las facturas de Edenor y Edesur. Así se determinó en una resolución publicada este martes en el Boletín Oficial que, de todas maneras, tiene un capítulo abierto en la Justicia que, por ahora, les dio una buena noticia a los intendentes del Conurbano.

La medida conocida hoy, firmada por Darío Arrué, interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), estableció que “corresponde dejar sin efecto toda autorización que haya sido otorgada por este ente, en orden a que se incluya en las facturas que emiten Edenor SA y Edesur SA conceptos a cobrar ajenos a dicho servicio de carácter federal”. Hasta entonces, las distribuidoras podían cobrar servicios adicionales, como las cuotas de seguros de vida o créditos personales.

Eso sucedió luego de que la Secretaría de Comercio cumpliera con el pedido de Caputo y publicara la resolución 267/2024, que busca limitar el cobro de “cargos ajenos a la naturaleza del servicio” que se está facturando, lo que alcanzó desde las tasas viales que cobran algunos municipios en las estaciones de servicio, hasta las “ecotasas” que cobran los hoteles en zonas turísticas.

Respecto de la decisión de avanzar con el cierre de sucursales del Nación, Caputo cerró su posteo: “Estamos todos los argentinos haciendo un esfuerzo enorme por sacar al país adelante, pero hay todavía una buena parte de la política que quiere aferrarse al modelo de ‘privilegios para pocos y pobreza para muchos’ de los últimos veinte años. El pueblo argentino votó un cambio, y es nuestro deber cumplir con su mandato”. Y sumó tres emojis de las banderas argentinas.

No es la primera vez que las sucursales del Banco Nación aparecen en este tironeo. Y hoy mismo el Gobierno de La Pampa informó que no le cobrará al Banco Nación el aumento de la alícuota de Ingresos Brutos fijada por cuatro meses para la actividad financiera, medida que había generado el anuncio del Nación de cerrar nueve sucursales en esa provincia y el traslado de una gerencia zonal a San Luis. Según informa el diario La Nación, lo que no pague de incremento el Nación por ese plazo, que es el tiempo estipulado de aporte para un fondo solidario de ayuda alimentaria, lo absorberá el Banco de La Pampa. En cambio, la suba sí regirá para los otros bancos.

También hoy, la Secretaría de Trabajo llevó a cabo una audiencia entre la Asociación Bancaria y el Nación, después de la denuncia del gremio por el cierre de las nueve sucursales y de la gerencia zonal. Tras la reunión, desde La Bancaria remarcaron que exigieron “el mantenimiento de los puestos de trabajo y las condiciones laborales vigentes de los trabajadores y trabajadoras”, y rechazaron el cierre de las sucursales y la gerencia zonal. Según el sitio Mundo Gremial, la medida dispuesta por el BNA afecta a las localidades de Bernasconi, Colonia Barón, Eduardo Castex, General Acha, Guatrache, Ingeniero Luiggi, Intendente Alvear, Winifreda y Victorica.

A junio de 2024, el Banco Nación cuenta con 739 sucursales en el país -655 sucursales plenas, 62 anexos operativos, 4 bancos en planta, 16 sucursales electrónicas y 2 sucursales sin contabilidad propia-, 34 puestos de promoción, 1 oficina administrativa, 3 sucursales móviles y su Casa Central. (DIB) GML

El Banco Nación (BNA) lanzará en las próximas horas una línea de créditos hipotecarios ajustables por UVA, que se sumará a las entidades públicas y privadas que ya avanzaron con esta herramienta para la adquisición de propiedades. Sin embargo, en el caso de la banca que preside Daniel Tillard, ese préstamo contará con un tope contra inflación, para evitar así un salto en la suba de precios que complique a los tomadores.

El crédito del que se conocerán detalles el miércoles, tendrá un tope para que la cuota no suba en forma excesiva si la inflación se dispara. Esa garantía será opcional y lo diferencia de las líneas ya presentadas por bancos como el Hipotecario, el Ciudad y el Supervielle. Es decir, los clientes que tomen el crédito podrán pagar un porcentaje adicional de tasa como seguro para evitar este riesgo.

Los Créditos Hipotecarios UVA son préstamos ofrecidos por la entidad financiera a largo plazo, ya que su período de devolución es de 20 años, junto a intereses que varían en función de la inflación. Se caracteriza por ser préstamos que se traducen en unidades conocidas como UVA.

Los hipotecarios, que habían desaparecido con la crisis del 2018-2019, tienen una tasa promedio del 5% más la inflación, según difundieron los propios bancos, que destacaron el fuerte interés generado por este producto que tuvo su auge en 2017.

Hasta el momento, una serie de bancos lanzaron ofertas de créditos, para adquisición o refacción de viviendas, luego de que desde el Gobierno se anunciara el retorno de esa modalidad. (DIB)

El gobierno de Javier Milei buscará privatizar unas 41 empresas estatales entre las que se encuentran el YPF, el Banco Nación, Aerolíneas Argentinas, la Televisión Pública y otras vinculadas a recursos estratégicos como puertos, trenes y el manejo de la energía nuclear.

El megaproyecto de ley presentado por Milei (“Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos”) contiene un capítulo específico sobre la “Privatización de empresas públicas”.

La ley ómnibus busca declarar “sujeta a privatización” a unas 41 empresas estatales (detalladas en un anexo), para lo que se deberá cumplir “con el proceso establecido en el artículo 9° de la Ley 23.696”. Esa normativa señala que “la declaración de ‘sujeta a privatización’ será hecha por el Poder Ejecutivo Nacional, debiendo, en todos los casos, ser aprobada por ley del Congreso”.

Entre las empresas que busca privatizar el Gobierno nacional están la petrolera YPF, el Banco Nación, Aerolíneas Argentinas, la satelital Arsat, la aeroespacial VENG, el Correo Argentino, Corredores Viales, Ferrocarriles Argentinos, la Administración de Infraestructuras Ferroviarias, la Operadora Ferroviaria y el Belgrano Cargas.

Milei también busca que pasen a manos privadas la empresa de energía nuclear Nucleoelectrica que maneja los servicios de las centrales nucleares de Embalse y Atucha I y II; y Energía Argentina, encargada del sector petrolero y energético del país. La iniciativa incluye además la privatización de Yacimientos Carboníferos y Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio.

Algunas curiosidades a medida que vamos viendo. 1)Lista de empresas posibles de privatización en un anexo.2)Pide ratificación del #DNU @radiomitre ⬇️ https://t.co/BT1tsKC2ot pic.twitter.com/87NyxzRdRE

Además, el Gobierno busca vender el paquete de Radio y Televisión Argentina que incluye la Televisión Pública, el Canal 12 de Trenque Lauquen y Radio Nacional. También, Contenidos Públicos (Encuentro, Paka Paka y Depor TV), la agencia de noticias estatal Télam y las radios de las universidades del Litoral y de Córdoba.

Por otro lado, el Gobierno libertario intentará privatizar Fabricaciones Militares (empresa que cuenta con una sede en Azul que fue reabierta en los últimos años luego de que el gobierno de Mauricio Macri la cerrara) y la Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín” de Córdoba. (DIB) MT

“Ante el peligro de privatización establecido por el DNU y de acuerdo a lo establecido por el plenario de Secretarios/as Nacionales, el día miércoles 27/12 iniciaremos un plan de acción Gremial en defensa del Banco Nación con asambleas presenciales durante toda la jornada”, informaron desde La Bancaria.

Fuentes del gremio le señalaron a DIB que “se va a definir el plan de lucha a nivel nacional” y que las asambleas buscan informar sobre los alcances del decreto de necesidad y urgencia anunciado por el presidente Javier Milei que, entre otras polémicas medidas, habilita la posibilidad de privatizar el Banco Nación. (DIB) MT

El mega decreto anunciado anoche por cadena nacional por el presidente Javier Milei tiene como uno de sus ejes centrales la preparación del terreno para desprenderse de las empresas públicas del Estado, incluido el Banco Nación, y vender el paquete accionario de Aerolíneas Argentinas.

Este punto es una de las columnas vertebrales del DNU, que busca hacer una fuerte desregulación de la economía e incluye una profunda reforma laboral, entre otros tantos puntos.

El decreto establece que las empresas del Estado deberán mutar a Sociedades Anónimas, acordes al régimen de la Ley General de Sociedades. “Las sociedades o empresas con participación del Estado, cualquier sea el tipo o forma societaria adoptada, se transformarán en Sociedades Anónimas”, menciona el artículo 48° del DNU.

“Esta disposición comprende a las Empresas del Estado que no tengan una forma jurídica societaria, las Sociedades del Estado, las Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria, las Sociedades de Economía Mixta y todas aquellas otras organizaciones societarias donde el Estado nacional tenga participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias y no se encuentren constituidas como sociedades anónimas”, detalló el decreto.

“Las Sociedades Anónimas transformadas estarán sujetas a todos los efectos a las prescripciones de la Ley General de Sociedades (…) en igualdad de condiciones con las sociedades sin participación estatal y sin prerrogativa pública alguna”, planteó.

La medida no sorprende si se tiene en cuenta que el Milei había anunciado, antes del cambio de mando, que buscaría avanzar en la privatización de una veintena de empresas públicas, entre ellas Arsat, las compañías administradoras de los trenes, los medios públicos o la mayoría accionaria en YPF. No obstante, se esperaba que fuera en el marco de un proyecto de ley, que llegaría en ese formato al Congreso.

El decreto también menciona a Aerolíneas Argentinas. El capítulo II del DNU dice que buscará sustituir el artículo 4° de la Ley N° 26.412. Ese artículo reza que el Estado autoriza “la cesión a los empleados de Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas – Cielos del Sur S.A. por hasta un máximo del 10% del paquete accionario de las respectivas empresas, de conformidad con el Programa de Propiedad Participada”.

Como contrapartida, el decreto de Milei prevé “la cesión, parcial o total, del paquete accionario” a los trabajadores de esas dos firmas. Y también deroga el artículo 9° de esa ley que establece que “en ningún caso el Estado nacional cederá la mayoría accionaria de la sociedad, la capacidad de decisión estratégica y el derecho de veto en las decisiones de la misma”. De esa forma, dejaría el Estado argentino de tener injerencia alguna en la compañía.

El Banco Nación

Pero además, el DNU también introduce modificaciones en la ley que regula la actividad del Banco Nación e incluso abre la puerta para una privatización. Específicamente habla del artículo 2° de la normativa que le da marco de acción al principal banco público.

Y en el artículo 41° del DNU, por otra parte, deroga un artículo de la ley 23.696 que sostiene que se exceptúa al Banco Nación “de la declaración de ‘sujeta a privatización’ al Banco de la Nación Argentina, el que deberá continuar su actividad como institución bancaria de propiedad del Estado nacional”.

Otro artículo derogado es el que establece que “los depósitos judiciales de los Tribunales Nacionales en todo el país deberán hacerse en el Banco de la Nación Argentina, excepto en jurisdicción de la Capital Federal donde únicamente se depositarán los que al respecto determine la ley que rija en esa materia”, reza ese tramo de la ley.

“También deberán depositarse en el Banco de la Nación Argentina los fondos en moneda extranjera de los organismos del Estado nacional, así como de las entidades o empresas que pertenezcan total o mayoritariamente al mismo, que transfieran al exterior o los mantengan depositados en él, cuando las casas del Banco ya instaladas o que se instalen fuera del país puedan prestar el respectivo servicio”, continúa. Estos dos últimos párrafos quedarán eliminados del marco legal del BNA.

Marcha de La Bancaria

Pasadas las 10 de la mañana de este jueves, empleados del Banco Nación realizan una marcha en su sede de Rivadavia y Avenida de Mayo en contra del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) anunciado por el presidente Javier Milei, que dispone la privatización de las empresas del Estado. En reacción a esta medida, desde la Asociación Bancaria repudiaron enérgicamente el cambio en un comunicado y denunciaron que la norma “avasalla y golpea a la democracia y las instituciones”.

En un texto firmado por el secretario general, Sergio Palazzo, el gremio se declara en estado de “alerta y movilización” y rechaza asimismo que “el Banco Nación y los bancos públicos en general sean convertidos en una Sociedad Anónima para su posterior venta o liquidación, como si se tratara de un negocio más”.

“Hay una función social que nunca debe resignarse y es la razón de ser de este tipo de instituciones”, remarcaron en el documento, en el que rechazaron y repudiaron “enérgicamente” el DNU publicado este jueves en el Boletín Oficial.

En respuesta a los anuncios, y con carteles y arengas que rezan “el BN no se vende” y “ni un puesto de trabajo menos”, un amplio grupo de trabajadores protesta en el centro de la Ciudad.

Desde el comunicado, la AB consideró que “no hay necesidad ni urgencia para esta batería de medidas, que van claramente en perjuicio y detrimento del pueblo argentino y sus trabajadores/as y nadie más” y agregó: “Todavía nos seguimos preguntando en que momento pasamos a ser casta y la casta real pasó a ser un mero espectador de este siniestro espectáculo”.

Finalmente, se declaran en “estado de alerta y movilización, en defensa de las y los trabajadores y el pueblo en su conjunto”.

“Nos veremos en las calles, no estamos dispuesto a aceptar este brutal y salvaje ajuste, ni tampoco a resignar ningún derecho!!!”, concluye el texto. (DIB)

El Banco Nación (BNA) anunció que puso en funcionamiento una nueva línea de cuentas para adolescentes de entre 13 y 17 años, cuya apertura se puede gestionar de forma gratuita a través de la billetera digital BNA+.

A partir de estas cuentas, que se pueden abrir de manera “100% digital”, los adolescentes podrán realizar transferencias, pagos online, generar plazos fijos y acceder a promociones y beneficios, incluyendo los de la billetera virtual MODO. También podrán pagar en comercios con QR, realizar compras online y suscripciones a plataformas; y recargar el celular y la tarjeta SUBE, entre otras transacciones.

El objetivo del Banco Nación, a través de este nuevo producto financiero, es “impulsar la inclusión financiera y facilitar el acceso de los más jóvenes a los servicios bancarios”, según indicaron en un comunicado.

Además de las transacciones, los jóvenes podrán acceder con sus cuentas a una tarjeta de débito Mastercard Digital, es decir, podrán realizar los pagos desde el celular sin tener que portar un plástico físico. Esto, según el BNA, también “contribuye positivamente al medio ambiente” al eliminar la impresión de plásticos y reducir la huella de carbono.

Quienes abran la cuenta también podrán acceder a una devolución del 50% en todos sus consumos con la tarjeta de débito, con un tope de $ 10.000 mensuales, hasta el próximo 31 de mayo.

Como requisito, los titulares deben tener entre 13 y 17 años –sin necesidad de intervención de su representante legal, salvo que lo requieran- y sus cuentas tendrán un límite de un salario mínimo vital y móvil, actualmente cifrado en $ 80.342. Este último límite no abarca a la generación de plazos fijos que podrán superar dicho tope.

“Es un orgullo como principal banco público del país estar a la vanguardia de las innovaciones tecnológicas y de la inclusión y educación financiera para todas las personas, en especial, para el segmento de nativos digitales que demandan productos más agiles y flexibles y que son parte de la real transformación digital de la industria financiera”, destacó la presidenta del BNA, Silvina Batakis.

Como parte de la iniciativa y el público a la cual está dirigida, el banco abrió una página web (bna.com.ar/bnatesuma/adolescentes), en la cual, además de dar a conocer los detalles de la nueva línea, se comunica de manera simple las ventajas de los productos financieros, además de conceptos básicos de educación financiera. (DIB)

El Gobierno aceptó este miércoles las renuncias al directorio del Banco Nación presentadas por Claudio Lozano, Guillermo Wierzba, Federico Sánchez, en el marco de la renovación de autoridades por la llegada de Silvina Batakis a la conducción de la entidad.

Las dimisiones de Wierzba y Sánchez fueron formalizadas mediante el decreto 476, mientras que la de Lozano se efectivizó a través del decreto 477, ambos publicados en el Boletín Oficial.

La exministra de Economía Batakis asumió en la práctica su cargo al frente del BNA el jueves a la espera del decreto presidencial que la habilite para asumir formalmente, aunque ya desde el lunes de la semana pasada se había reunido con el presidente saliente de la entidad, Eduardo Hecker, para dialogar sobre las principales políticas que llevó adelante desde diciembre de 2019.

Se trató, en definitiva, de un pedido expreso del Presidente, ante la solicitud que hace unos días realizó Batakis, quien pretende reubicar en el Banco Nación a integrantes del equipo con el que trabajó en Economía.

Lozano había expresado sus críticas a Batakis cuando fue designada como ministra de Economía. En aquella oportunidad, la acusó de hacer una “sobreactuación del ajuste fiscal” y señaló, en paralelo, que no alcanzaba solo con su nombramiento en la cartera que ocupaba Martín Guzmán para revertir la crisis económica.

Sobre la conformación del nuevo directorio, fuentes del banco aseguraron que “todos los directores han puesto las renuncias a disposición y algunas serán aceptadas y otras no”. En ese marco, hoy se conoció la aceptación de tres de ellas. (DIB)

El Banco de la Nación Argentina y la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) resolvieron suspender el trámite de fe de vida o “supervivencia” para jubilados y pensionados que obtengan sus haberes por esa entidad bancaria.  

El BNA y la Anses acordaron además trabajar junto al Registro Nacional de las Personas (Renaper), para desarrollar un esquema de seguimiento y actualización de información que “genere mayores certezas acerca de la supervivencia de jubilados y pensionados, y evite eventuales fraudes en perjuicio de todo el sistema de Seguridad Social”.

Luego de que estuviera suspendido en el marco de las restricciones por la pandemia de coronavirus, el trámite de “fe de vida” para jubilados y pensionados finalmente volvió a ser un requisito a partir del 1º de marzo de este año.

En tanto, cada banco lo gestionó de una manera diferente, causando, en algunos casos, contrariedades para las personas beneficiarias.

De este modo, el Banco Nación directamente suspenderá el trámite, al poder realizar un cruce de datos con Anses.

En el caso del Banco Provincia de Buenos Aires no había que hacer trámite: la supervivencia se realizaba en forma automática. Otras entidades, exigen una compra con tarjeta de crédito o débito del titular de cuenta o pago de servicios por cajero automático. (DIB)

La persona denunciante, constató que autores ignorados le sustrajeron de su cuenta bancaria de la entidad Banco Nación, un monto de $16.734 mediante diferentes compras realizadas.

Sin tener sospechas de quién podría haber sido el causante del hecho, se inició actuación por “Averiguación de ilícito” dándose intervención de DDI Dolores con base en Chascomús.

“Proseguirá la opción de solicitar turnos previos para realizar todo tipo de trámites, transacciones y operaciones, ya que la experiencia de esa modalidad durante la pandemia fue exitosa para miles de usuarios, quienes pudieron operar de manera ágil y sin demoras en todas las sucursales”, explicó el Nación en un comunicado.

«También se podrán utilizar los canales digitales como la billetera BNA+, que permite realizar pagos a través de un código QR, transferencias, recarga de celular y SUBE y pago de impuestos y servicios, así como la apertura de una cuenta gratuita, sin costo de mantenimiento actual ni futuro, a aquellas personas que aún no fueran clientes de la entidad», indicaron.

Asimismo, se podrán hacer transacciones financieras tales como inversiones, compra y ventas de dólares, y plazos fijos, préstamos, apertura de cuentas, fe de vida, gestión de turnos, y otras nuevas funcionalidades, como el acceso a los programas de fidelización del Banco, y canje de puntos.

El Banco Central aprobó una serie de medidas destinadas a beneficiar de forma especial a sectores productivos provinciales y afectados por la caída de actividad generada por la pandemia.

Según lo comunicó la entidad monetaria, las resoluciones tomadas apuntan a “potenciar una recuperación equilibrada y sostenida en todo el país”.

El BCRA lanzó una nueva Línea de Inversión Productiva para MiPyMEs y tratamientos especiales para sectores provinciales considerados clave: la industria y los servicios.

Esta línea, que todas las entidades financieras deben ofrecer en forma obligatoria —los principales bancos deben prestar 7,5% de su stock de depósitos privados—, implicará la creación de nuevos créditos por unos 450.000 millones de pesos antes del 31 de marzo 2022.

Según informó, consta de dos tipos de financiación: créditos para Inversión en Bienes de Capital con una tasa de 30% anual y plazo promedio mínimo de 2 años y para Capital de Trabajo con una tasa de 35% anual.

Esta línea, indicó el BCRA en un comunicado, prevé tratamientos especiales que benefician a sectores provinciales claves:

• Acceso especial para todas las Micro y Pequeñas empresas ganaderas. Pueden acceder a los dos tipos de líneas (Capital de Trabajo y Bienes de Inversión).

En las Líneas anteriores el sector primario agropecuario estaba excluido y está dirigido a productores de carne y/o leche, e incluye engorde, pasturas, vientres, genética, galpones, vehículos nacionales, alambrado y aguadas, entre otros.

• Acceso especial para MiPyMEs y No MiPyMEs productoras de carne de pollo y/o cerdo y pueden acceder a la Línea de Inversión en bienes de Capital a 30% de tasa todo tipo de empresas sin importar el tamaño.

• Acceso especial para gastronomía, hotelería, servicios culturales y de esparcimiento. En este caso, los interesados pueden acceder a la Línea de Capital de Trabajo al 35% de tasa con un plazo de gracia de 6 meses para comenzar a apagar el crédito.

Por otra parte, el Central anunció medidas destinadas al sector agropecuario.

La entidad decidió duplicar el plazo para la liquidación de las exportaciones de sorgo y cebada que pasa de 15 a 30 días.

“Se trata de una medida que responde a un pedido clave por parte de productores y exportadores dados los tiempos sanitarios que bloqueaban los envíos, sobre todo a China”, añadió la autoridad monetaria. (DIB)