El Gobierno de la provincia de Buenos Aires autorizó un aumento de precios en los peajes controlados por la empresa Autopistas de Buenos Aires SA (Aubasa), que impactarán no sólo en el trayecto entre Buenos Aires-La Plata sino en las rutas que van hacia la costa atlántica.

Así lo resolvió la administración bonaerense en una publicación en el Boletín Oficial, en el marco del inicio de la temporada de verano que también llega con un ajuste en las multas de tránsito. Los aumentos del 7,7% en promedio entrarán en vigencia a partir del sábado.

Cabe recordar que desde agosto de 2024 los peajes de Aubasa se actualizan de manera trimestral según la evolución del Coeficiente de Variación Tarifa (CVT) que considera el Índice de Salarios para trabajadores registrados, el Índice de Precios Internos al por Mayor y la inflación, todas mediciones realizadas por el INDEC.

El recorrido desde la Capital Federal hacia Mar del Plata implica el paso por cuatro cabinas de peaje. Primero, los de Dock Sud y Hudson, sobre la autopista Buenos Aires–La Plata. Luego, ya sobre la Ruta 2, se suman los peajes de Samborombón y Maipú. Cada uno de estos últimos costará actualmente $7000, mientras que los primeros dos suman en conjunto $4.400, siempre en hora pico.

Para quienes eligen destinos como Pinamar o Villa Gesell a través de la Ruta 11, el peaje de La Huella, en General Conesa, mantiene la misma tarifa de $7.000. Los de General Madariaga y Mar Chiquita cobran $3.000 y $3.300, respectivamente, y siempre para autos de dos ejes.

Quienes utilicen TelePASE podrán acceder a grandes descuentos y evitar demoras en las cabinas manuales durante la temporada alta.

Fuente: Agencia DIB 

El Gobierno confirmó que vetará la suba de haberes jubilatorios aprobada en la Cámara de Diputados de la Nación. Ya anoche, tras conocerse el resultado de la votación, el presidente Javier Milei había expresado en su cuenta de X: “Esperemos que los senadores no apoyen esta demagogia populista pero de cualquier forma nuestro compromiso es vetar cualquier cosa que atente contra el DÉFICIT CERO”. Este jueves, en tanto, el jefe de Gabinete Guillermo Francos afirmó que el resultado de la votación en la Cámara baja es de “una irresponsabilidad política muy grande”, y que el Gobierno “no va a permitir que se arruine el equilibrio fiscal”.

Francos, en diálogo con Radio Mitre, comentó que “la Cámara de Diputados aprobó dos leyes para el sistema jubilatorio, una con respecto a un incremento de emergencia para los jubilados, y otra para establecer una extensión de pedido de moratoria. Yo digo que es una irresponsabilidad política muy grande. Entiendo que los diputados tengan como objetivo expresar una especie de sensibilidad hacia un sector que, por supuesto, hoy está en una mala situación, como viene en una mala situación hace muchos años, aunque se ha mejorado la situación que tenía anteriormente”.

El funcionario continuó: “Me gustaría repasar un poquito los números. Tenemos 5.774.000 jubilaciones. De esta cifra son sin moratoria, es decir, gente que ha hecho los aportes para jubilarse, 1.800.000. ¿Y cuántos son los que no hicieron los aportes y se jubilaron con moratoria? Es decir, se jubilan al final sin haber pagado en su momento, les hacen un plan de pago para que ingresen, se jubilen, y en definitiva van pagando la cuota con la propia jubilación. Bueno si eran sin moratoria 1.800.000, con moratoria tenemos 3.900.000, el doble de jubilados”.

“Estos son los distintos planes que se hicieron con el kirchnerismo y este es lo que ahora se prorrogó”, afirmó el jefe de Gabinete. Agregó que “también tenemos pensiones, aunque ahí es superior la cantidad de las pensiones que son sin moratoria, que tienen que ver con jubilados anteriores, en definitiva, y con moratoria son menores, son 200.000”.

Entonces, Francos fue categórico: “En total, cuando uno toma la totalidad de los beneficios que pagaron sus aportes tiene 3.384.000 entre pensiones y jubilaciones, y que no pagaron sus aportes sino que entraron en planes de moratoria 4.102.000”.

El funcionario lanzó: “Todos sentimos la misma sensibilidad (con respecto a los jubilados). Lo que pasa es que la Cámara de Diputados la expresa de una manera que el Estado no puede hacerse cargo”.

“Entonces, ¿qué se pretendió anoche? Uno, mostrarse sensibles ante una situación compleja y difícil, y el otro, tratar de horadar al Gobierno rompiéndole el equilibrio fiscal. Y eso el Gobierno no lo va a permitir, porque el objetivo en esto es muy claro: la solución de los problemas argentinos es mantener el equilibrio fiscal permanentemente”, cerró Francos.

Ya anoche a las diez, apenas conocido el resultado en Diputados, Milei había expresado: “Esperemos que los senadores no apoyen esta demagogia populista pero de cualquier forma nuestro compromiso es vetar cualquier cosa que atente contra el DÉFICIT CERO. Fin”.

Y en el mismo sentido se expresó el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien replicó el mensaje de su jefe y remarcó que “el Presidente de la Nación vetará todos y cada uno de los proyectos de ley que impliquen quebrantar el equilibrio fiscal”. “El populismo ya no es parte del camino. Fin”, insistió. (DIB) MM

Con el respaldo de los bloque de Libertad Avanza y PRO más el acompañamiento de un grupo de legisladores radicales que cambiaron de posición en las últimas, la Cámara de Diputados dejó firme el veto del presidente Javier Milei a la ley que subió 8,1% las jubilaciones y estableció una nueva fórmula de cálculo que abría la posibilidad de que futuros incrementos no estén limitados por el nivel de inflación.

El resultado de la votación fue de 153 diputados a favor de rechazar el veto, 87 que lo respaldaron y 8 abstenciones. Para alcanzar los dos tercios se necesitaban 166 voluntades, por lo que estuvo a 13 votos de conseguir su objetivo.

En ese desenlace resultó clave el cambio de postura de cinco diputados radicales que en junio había votado a favor de la reforma – Mariano Campero, Pablo Cervi, Martín Arjol, José Tournier y Luis Picat- como así también la abstención del bloque de Innovación Federal, que responden a los gobernadores de Río Negro, Misiones y Salta.

Juntos, esos cinco radicales y los ocho federales suman 13 escaños: si no hubiesen cambiado de opinión respecto de las bondades del proyecto luego de que fue vetado, esa decisión del presidente se hubiese caído y el incremento a los haberes se hubiese mantenido firme.

También resultó estratégico el reemplazo del radical entrerriano Rodolfo Galimberti, que había anunciado un voto contra el veto, por la PRO cercana al gobernador Rogelio Frigerio, que votó a favor. Ballejos era la suplente en la lista que llevó a Galimberti al Congreso, quien dejó la bancada para ocupar una silla en la comisión técnica que administra la represa Salto Grande, donde cobrará 8 mil dólares al mes. El diputado del Frente de Izquierda Nicolás del Caño denunció como “un escándalo” ese reemplazo.

Para el Ejecutivo fue un éxito que celebró el propio Milei, quien en las redes sociales difundió un mensaje en el que calificó de “87 héroes” a los diputados que no se plegaron al rechazo al veto. El Presidente había sostenido en varias oportunidades que el aumento –unos 14 mil pesos para las jubilaciones mínimas, que están en 304.540,23- y el cambio de fórmula atentaban contra el superávit de las cuentas públicas. Por eso, nuevamente calificó de “degenerados fiscales” a los legisladores que optaron por respaldar el incremento de haberes.

El debate fue agitado. Hubo, por caso, cruces entre los propios radicales. Fue Roxana Reyes, radical santacruceña que se ausentó a la hora de votar para facilitar el triunfo libertario, al igual que Gerardo Cipollini- encendió el fuego cuando luego de relacionar la crisis del sistema previsional con la decisión del kirchnerismo de incorporar nuevos jubilados mando un mensaje al interior de su bloque para justificar su postura.

“Van a tener que ir a terapia muchachos, ganó Javier Milei, no ganamos nosotros“, disparó la santacruceña, quien señaló que “el veto presidencial dice que no hay posibilidad de donde sacar la plata, van a emitir, van a crear otro impuesto”.

Campero, uno de los que votaron negativo, pidió la palabra para argumentar su decisión: “no voy a ser partícipe de una desestabilización que quieren hacer los kirchneristas”, aseguró, y recibió la ovación de los liberales.

Acto seguido, Pablo Juliano, el diputado por la Provincia de Buenos Aires que responde a Facundo Manes, salió al cruce de su compañera de bloque avisando que “va a votar igual y a reafirmar su voto a favor del proyecto”. Y cargó contra los diputados que se fotografiaron con Milei al exigir que “devuelvan sus bancas”. “Tengan el coraje político de lo que hacen afuera sostenerlo acá adentro”, dijo el diputado, quien advirtió que “las abstenciones y los que den vuelta su voto van a tener que dar explicaciones”.

Danya Tavela, una de las diputadas de Evolución que está alineada con Martín Lousteau, también cuestionó a los correligionarios que se dieron vuelta. “Roma no paga traidores y el pueblo tampoco los vota”, avisó la legisladora en el recinto.

El kirchnerismo estuvo casi completo y aportó 98 votos de los 153 afirmativos. Faltó la sanjuanina Ana Aubone. Agustina Propato, la esposa de Sergio Berni, llegó en una silla de ruedas por una lesión en una pierna.

En el debate, el jefe del bloque K, Germán Martínez, apuntó contra la Casa Rosada por vetar la ley aprobada por el Congreso con los dos tercios de ambas cámaras. “Un gobierno colgado del travesaño, se lleva a diputados que en junio votaron a favor de los jubilados”, protestó el santafesino, para agregar que “el diablo disfrazado de fuerza del cielo metió la cola”.

Por su parte, Cristian Ritondo, jefe del PRO, defendió en el recinto el veto del Presidente, al apuntar contra la política previsional del kirchnerismo que a su entender “ha sido inviable“. “No vamos a ser parte de un simple montado que empobreció a los argentinos”. “Si quieren voten, pero acá hay responsables de que los jubilados hayan perdido 40 % del poder adquisitivo porque Milei hace seis meses que está gobernando”, agregó.

Hubo otros votos llamativos como el voto a favor del larretista Álvaro González (PRO) y la abstención de Lourdes Arrieta (Fuerzas del Cielo – Espacio Liberal).

El voto de González confirma que Horacio Rodríguez Larreta, el perdedor de la interna presidencial de Juntos por el Cambio el año pasado, ya no articula con el PRO y tiene mucha más afinidad con figuras de la oposición dialoguista como Martín Lousteau y Miguel Ángel Pichetto.

Lo de Arrieta merece un párrafo aparte. En su estreno como diputada independiente tras ser corrida del bloque libertaria, la mendocina fue una de las que cambió el sentido de su voto. En la sesión de junio había tenido disciplina partidaria votando en contra de la reforma jubilatoria, pero en esta ocasión se abstuvo.

“Los jubilados que hoy tienen que afrontar un momento de crisis que, entiendo y respeto a las políticas de shock, pero también entiendo a cada jubilado porque camino, porque viajo en subte, porque me muevo para todos lados sin ningún privilegio y creo firmemente que sí debería el aumento hacerse factible”, sostuvo. (DIB) AL

El Ente Nacional Regulador del Gas (ENERGAS) modificó la tarifa que pueden cobrar los subdistribuidores de gas natural a los grandes usuarios (GU) y estaciones de GNC por el uso de sus instalaciones.

Por medio de la Resolución 230/2024, la norma se enfoca en las relaciones y tarifas entre Distribuidoras, Subdistribuidoras, Grandes Usuarios (GU), y Estaciones de Gas Natural Comprimido (GNC), y se da en medio del conflicto con este sector por el corte de suministro.

Asimismo, la resolución actual aprueba con carácter transitorio una nueva tarifa de $1.85 por m³ para los Subdistribuidores que usan sus instalaciones para suministrar gas a los Grandes Usuarios o Estaciones GNC, con vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial.

* La tarifa anterior era de $0,290512 por metro cúbico.

* La nueva tarifa es de $1,85 por metro cúbico.

* La nueva tarifa es transitoria y estará vigente hasta que se complete la revisión tarifaria integral del sector del gas natural.

* La modificación se debe a que los costos de los subdistribuidores se han incrementado en una medida significativamente menor que los ingresos vinculados a las categorías tarifarias a las cuales prestan principalmente el servicio de distribución (residenciales y Servicio General P). (DIB)

Lo hizo a través de la resolución 01/2024 de la Secretaría de Transporte de la Nación publicada esta mañana en el Boletín Oficial.

En el área metropolitana, el boleto de tren de las líneas Mitre, Tren de la Costa, Sarmiento, Gral. Roca, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Gral. Urquiza volverá a subir después de las subas registradas en enero y febrero. Desde mayo, habrá un alza del pasaje de 54%, de $130 a $200, el tramo mínimo (0-12 km); de $169 a $260, el de la segunda sección (12-24 km), y de $208 a $320, el último tramo.

En tanto, para los pasajeros que no tengan la tarjeta SUBE registrada, el precio del pasaje será el doble a lo que corresponde a cada sección ($400, $520 y $640, respectivamente), lo cual también implica un aumento de 54% del valor actual ($260, $338 y $416). Para aquel que pague en efectivo, habrá una tarifa plana de $640.

La tarifa social tendrá un descuento del 55%, respecto del cuadro tarifario aplicable a los usuarios que abonen con SUBE nominalizada. Así, la sección 1 costará $90, la sección 2, $117 y la sección 3, $144.

El Gobierno fijó además un rango de precios para los servicios de larga distancia, de acuerdo al nivel de demanda para un servicio específico. Por ejemplo, es probable que el pasaje a Mar del Plata sea más caro en temporada alta.

“Con el objetivo de mejorar los coeficientes de explotación, la Secretaría de Transporte fijó nuevos valores de referencia para los servicios de larga distancia, con un margen mínimo y máximo de variación tarifaria posible al momento de que salgan a la venta, y que son tenidos en cuenta por parte de Trenes Argentinos Operaciones para confeccionar los valores finales, según criterios comerciales de venta y demanda”, detalló el comunicado oficial.

Así, por ejemplo, el pasaje del tren entre Constitución y Mar del Plata tendrá un rango que va de los $12.716 y hasta los $38.147, según la demanda.

Un dato es que, en el nuevo cuadro tarifario, figura el tren Once-Pehuajó. Semanas atrás, el intendente Pablo Zurro, había expresado su preocupación ante las versiones de que el Gobierno daría de baja el tren que llega hasta su ciudad, ramal que se había recuperado en 2022.

-Constitución – Mar del Plata: Mínimo: $12.716 Máximo: $38.147

-Constitución – Pinamar: Mínimo: $9.660 Máximo: $28.981

-Retiro – Junín: Mínimo: $8.211 Máximo: $24.632

-Once – Pehuajó: Mínimo: $11.864 Máximo: $35.592

-Retiro – Justo Daract, San Luis: Mínimo: $15.653 Máximo: $46.959

-Retiro – Tucumán: Mínimo: $21.042 Máximo: $63.127

-Retiro – Córdoba: Mínimo: $14.487 Máximo: $43.460

-Retiro – Rosario: Mínimo: $9.334 Máximo: $28.003

“Hoy los senadores de todos los bloques acordaron un aumento de su salario que fue votado a mano alzada en el recinto por contar con los votos necesarios para hacerlo. Como Presidente del Senado NO soy senadora, no cobro del Senado y NO puedo interferir en esas decisiones. Tampoco puedo obligar a que se vote nominalmente ni a que se justifique la decisión avalada por todos, porque NO soy senadora”, escribió Villarruel.

Hoy los senadores de todos los bloques acordaron un aumento de su salario que fue votado a mano alzada en el recinto por contar con los votos necesarios para hacerlo. Como Presidente del Senado NO soy senadora, no cobro del Senado y NO puedo interferir en esas decisiones. Tampoco…

“Podría haberme levantado para no que no salga mi foto y parte del periodismo y de los trolls me acusen de lo que NO tengo injerencia alguna pero siempre doy la cara y hoy no va a ser la excepción. Lamento que se le mienta al pueblo y ciertos sectores aprovechen para intentar ensuciarme, pero lo que sucedió en el Senado es perfectamente legal y NO tengo herramienta alguna para frenarlo”, añadió la Vicepresidente.

En tanto, el senador que presentó la propuesta, el salteño Juan Carlos Romero (PRO), nunca detalló en qué consistía la medida que estaban votando, sino que se refirió al “proyecto 615/24 de autoría de varios senadores que obra sobre las bancas”. Sin más, en el tiempo récord de un minuto reloj, se alcanzaron los dos tercios de mayorías para tratar el tema sobre tablas y aprobar el aumento.

De acuerdo a los números y a lo votado, el salario de un senador pasaría de $1,7 millones a $4 millones. El proyecto establece que a partir del mes de mayo, los senadores percibirán un total de 13 dietas anuales. Cada una será equivalente a 2.500 módulos más un adicional de 1.000 módulos por gastos de representación y 500 de adicional por desarraigo. (DIB) ACR

Durante una reunión de la Mesa Salarial llevada a cabo este viernes en el Palacio Municipal, se estableció un aumento del 16% en abril y un adicional del 15% que se sumará en mayo.

Esto representa un acumulado del 91% para la planta municipal en el primer semestre del año.

Además, se determinó elevar el presentismo a 5 mil pesos a partir de abril y actualizar la grilla de asignaciones familiares a partir de mayo.

La medida es parte de las acciones que lleva adelante el gobierno municipal con el objetivo de fortalecer los ingresos de los empleados ante las dificultades económicas que atraviesa el país y la constante evolución de los precios.

El Ejecutivo estuvo representado por el secretario de Recursos Humanos y Modernización del Estado, José Yezza Ross, y el de Gobierno, Cipriano Pérez del Cerro.

Por parte de los sindicatos asistieron Mercedes Roldán y Claudio Bertucci del Sindicato de Trabajadores Municipales, Cintia Ardohain y Marcos Irigoyen de Ate, y María Eugenia Molina y Sergio Coronel de UPCN.

Los precios de los combustibles volverán a subir desde el viernes, cuando se aplique una nueva actualización del impuesto a los combustibles líquidos, como definió la AFIP por pedido del Ministerio de Economía.

Según cálculos privados, el impacto final en los precios de surtidor sería de entre 3% y 4%, aproximadamente, a nivel nacional. Sin embargo, se espera que las empresas apliquen una suba adicional para trasladar el aumento de sus costos y para recomponer rentabilidad.

Cabe recordar que el Impuesto al Combustible Líquido (ICL) y al Dióxido de Carbono (IDC) había sido postergado la administración de Alberto Fernández durante 10 trimestres consecutivos, desde julio de 2021. Ahora, con la suba que se aplicará desde marzo, de acuerdo a los cálculos realizados por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el impuesto a los combustibles subirá un 50% y eso se trasladaría a las naftas, lo que las encarecerá en torno al 4%.

Con un ajuste del impuesto de monto fijo de $33 el tributo se eleva desde $65 por litro a $98, es decir, un incremento del 50%. Lo que no se descarta aún es que las petroleras apliquen algún incremento adicional por costos, lo cual impactaría más en el precio final. En principio, el precio de un litro de nafta súper en la Ciudad de Buenos Aires pasará a costar en torno a los $783.

A principio de mes, el Gobierno “descongeló” el tributo que grava a los combustibles, que estaba sin modificación desde julio de 2021 y que debe actualizarse cada tres meses, tomando como cálculo la variación de la inflación acumulada en ese período. El Gobierno aplicó una suba por el atraso de 2021 y 2022, y difirió para los próximos meses los aumentos que correspondían a la inflación de 2023.

Las empresas refineras trasladaron la actualización impositiva al valor final del surtidor y aplicaron una suba adicional de dos puntos porcentuales por el aumento del bioetanol y el biodiesel, que se usa como corte en la producción de nafta y gasoil, respectivamente. (DIB)

El Gobierno de Axel Kicillof dio a conocer este viernes el detalle del cronograma de pagos a los empleados de la administración pública con el aumento del 25% otorgado por decreto y anunciado semanas atrás.

Este viernes 26 de enero se dieron a conocer las fechas de pago de cada uno de los ministerios y dependencias del Gobierno. Así, el calendario inicia el miércoles 31 de enero y finaliza el 7 de febrero.

El miércoles 31 de enero cobran quienes se desempeñan en la Dirección de Vialidad y el personal del Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (Oceba); el 1 de febrero, el Ministerio de Seguridad, el Servicio Penitenciario, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad; el Patronato de Liberados; el Instituto Provincial de Lotería y Casino y el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia.

Mientras que el 2 de febrero cobran el personal del Ministerio de Salud y Caja de Policía; y el 5 de febrero la Fiscalía de Estado, la Junta Electoral, el Tribunal de Cuentas, la Asesoría General de Gobierno, la Secretaria General, la Coordinación General Unidad Gobernador, Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual; Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros; Ministerio de Hacienda y Finanzas; Contaduría General de la Provincia; Tesorería General de la Provincia; el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica Fondo Provincial de Puertos; el Ministerio de Desarrollo Agrario; Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos; el Consejo de la Magistratura.

Además, el 5 también perciben sus haberes personal del Mrio. de Justicia y Derechos Humanos, Mrio. de Gobierno, Mrio. de Trabajo, Defensoría del Pueblo, Mrio. De Comunicación Pública, Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA), Autoridad del Agua, Comisión de I. Científicas (CIC), Comisión por la Memoria, Comité de Cuenca del Rio Recon. (COMIREC), Corp. de Fomento del Valle Bonaerense del R. Colorado (CORFO), Ente Adm. Astilleros Río Santiago, Organismo Prov. De Integración Social y Urbana (OPISU); Poder Legislativo; Universidad Pcial. del Sudoeste (U.P.S.O.); Universidad Provincial de Ezeiza; Jefatura de Asesores del Gobernador y el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

Asimismo, del Ministerio de Ambiente, Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano, Ministerio de Transporte y del Instituto Universitario Policial Provincial Comisario General Honoris Causa Juan Vucetich.

Por último, el 6 de febrero cobran los empleados del Poder Judicial y el 7 de febrero quienes se desempeñan en la Dirección General de Cultura y Educación.

El Gobierno bonaerense resolvió otorgar por decreto un 25% de aumento a trabajadores estatales, judiciales, docentes y policías en enero. Según se informó oficialmente, 15 puntos corresponden al cierre de la paritaria 2023 y los 10 restantes se dan en concepto de adelanto de negociaciones 2024. 

Kicillof cerró así la primerea paritaria del año sin el acuerdo de las organizaciones gremiales, que pedían un incremento superior que equipare la suba de los sueldos con la de los precios, que se dispararon fuerte después de la devaluación del Peso que dispuso el ministro de Economía, Luis Caputo, en el primer paquete de medidas económicas del gobierno de Javier Milei.

En un comunicado oficial, el gobierno de Kicillof apunta a “la aceleración inflacionaria desatada por el gobierno de Javier Milei” al señalar que es “consciente” de que provocó una “pérdida del poder adquisitivo del salario”. Menciona específicamente el Índice de Precios al Consumidor de diciembre, que fue del 25,5%, para señalar que se trata de la inflación “más elevada en década para nuestro país”. (DIB)

La medida, que había sido anunciada en diciembre pasado, fue ratificada en las últimas horas por el intendente Francisco Echarren, quien anunció que la suba “también llega a los jubilados”.

Tomamos la decisión de aumentar 50% el sueldo de los municipales porque siempre defendemos a los que trabajan.Este aumento record se hace de una vez y también le llega a los jubilados.Creemos en otra Argentina.

Castelli fue explícito en su intención de diferenciación respecto del gobierno nacional: “Creemos en otra Argentina”, indicó el intendente en sus redes sociales.

El anuncio coincidió con el decreto del gobernador Axel Kicillof por el cual se aumentó un 50% el sueldo de los empleados del estado provincial. (DIB) AL

El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) formalizó la convocatoria para el 8 de enero a una Audiencia Pública en la que se abordará la actualización de las tarifas de transporte y distribución, el traslado de subsidios al precio de gas, y el diseño de un nuevo sistema de actualización mensual.

La medida se oficializó mediante la resolución 704/2023 publicada este viernes en un suplemento especial del Boletín Oficial, en línea con la decisión del Gobierno de reducir los subsidios a los servicios energéticos y determinar un esquema de actualización tarifaria.

El objetivo del Gobierno es ganar tiempo y realizar la audiencia con celeridad, ya que luego hay un proceso administrativo que demora al algo más de un mes y los entes reguladores deben elaborar un informe. Si bien la intención del Ejecutivo era implementar la quita de subsidios desde enero, va a llevar algún tiempo más hacerlo. Si se llega, las facturas podrían estar con aumentos en febrero, aunque lo más probable es que sean las de marzo.

Los temas a tratarse en el encuentro que se realizará el 8 de enero, a las 9 de manera virtual, son:

Las petroleras YPF y Axion aumentaron este jueves 37% el valor de naftas y gasoil y se sumaron así a Shell, que ayer inauguró el incremento, con lo cual los combustibles acumulan un incremento de 77% desde el 1 de noviembre.

En el caso de YPF en la ciudad de Buenos Aires, los valores quedaron en $ 587 para el litro de nafta súper; $ 704 para el de nafta premium; $ 662 para el gasoil y $ 779 para el diesel premium.

También Axion subió sus precios, con valores para la nafta súper en $ 599 por litro en estaciones de servicio porteñas.

Por su parte, Shell, la marca gerenciada por Raizen en la Argentina, llevó el precio de su nafta súper a $ 615 en CABA.

YPF lidera el segmento de venta de combustibles con casi el 55%, seguida por Shell con 23% y Raizen con 20%.

El incremento en los combustibles responde al movimiento del tipo de cambio oficial que desde ayer se ubica en los $ 800 por dólar.

De esta manera, el precio de referencia internacional que es la variedad súper pasó a tener un valor de poco más de US$ 0,75, por debajo del promedio histórico del país de entre US$ 1 y US$ 1,1 por litro. En el sector se espera que el próximo mes alcance la paridad con el dólar oficial. (DIB)

Será el tercer aumento en el año lo que provocará un alza acumulada de 210% cuando el nivel de inflación al momento ronda el 140%.  Los incrementos fueron de 50% en mayo, 40% en agosto y el 50% del próximo mes.

El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) rechazó la nueva convocatoria a la “Consulta Ciudadana”, calificándola como un “simple formalismo, meramente decorativa, de carácter no vinculante y no presencial, por escrito, y con la sola finalidad de imponer y habilitar un nuevo incremento en las tarifas de peaje”.

El alza aplicará en la Red Vial Nacional concesionada, incluyendo Puente Rosario – Victoria y Accesos Norte, Oeste y Riccheri – Ezeiza – Cañuelas, y que encima ya está autorizado de antemano”, según expresó Ricardo Lasca, titular de CONADUV.

En un comunicado de prensa, Lasca sostuvo que el “problema no radica en modificar constantemente las tarifas, sino que debería analizarse la problemática de fondo que se viene arrastrando desde los años 90”.

En ese sentido puntualizó “Contratos de concesión leoninos, ilegales y lesivos, tarifas calificadas de exacciones ilegítimas, perjudiciales al interés general, carentes de causa jurídica, con niveles desproporcionados con relación al servicio, contrarias a la utilidad nacional, y de beneficios abusivos para los concesionarios”.

Según este comité, “es evidente que podría existir una maniobra tendiente a beneficiar en forma ilegítima a las empresas concesionarias, como Corredores Viales S. A., Caminos del Río Uruguay S. A., Autopistas del Sol S. A. y Grupo Concesionario del Oeste S. A., provocando serios perjuicios sociales y económicos a los usuarios viales y a toda la comunidad”.

Por todas estas razones, entre otras, el comité de usuarios “rechaza el nuevo tarifazo de peaje, exhortando a las autoridades orrespondientes a no dar curso al incremento propuesto”, solicitando coraje, voluntad y decisión política al nuevo Gobierno que asuma el próximo 10 de diciembre para que se ponga fin al negocio que representan las concesiones viales y que los usuarios viales sufren injustamente desde los años 90″, concluyó. (DIB)

En tanto, los docentes, analizarán una propuesta realizada esta tarde por el Gobierno, que adelantaría un porcentaje ya acordado para julio a mayo y la reapertura del diálogo en el mes de junio. Los trabajadores reclaman además aplicación de adecuación de ganancias.

Los estatales y judiciales de la provincia de Buenos Aires habían pactado en febrero un 40% (20% en marzo, 6% en mayo y 14% en julio). En el primer trimestre del año, la inflación oficial de Indec alcanzó el 21,7% y, según consultoras privadas, se espera que mañana sume otro 7,5% por abril. El adelantamiento del tramo implicará que los estatales cobren por mayo un 20%. En tanto, la reapertura de la paritaria (que en el primer acuerdo había quedado para agosto) será en junio.

Los docentes bonaerenses, por su parte, pondrán a consideración adelantar a mayo el 12% que se había acordado en febrero para el mes de julio, y reabrir el diálogo en junio. Lo que se había negociado a principio de año fue 18% en marzo, 10% en mayo y 12% en julio (40% total); de aceptarse la propuesta quedaría en 22% hasta mayo (40,5%) y nueva negociación en junio.

El ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, aseguró que “estos acuerdos mantienen el compromiso que asumimos a principio de año y son producto del diálogo permanente con las y los representantes de los gremios”, e indicó: “Desde la gestión del gobernador Axel Kicillof seguiremos trabajando para recuperar el poder adquisitivo de las y los trabajadores provinciales”.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Walter Correa, aseguró: “El diálogo permanente que tenemos con los gremios fue fundamental para dar respuesta a las trabajadoras y los trabajadores, desde la Provincia seguiremos fortaleciendo el contacto con las organizaciones sindicales para juntos encontrar el camino más conveniente para atender los reclamos de las y los compañeros”.

Participaron de las reuniones representantes de las y los trabajadores judiciales AJB; por las y los trabajadores de 10430 FEGEPPBA, UPCN, ATE, AEMOPBA, AERI, AJAMOP, AMS, APLA, APOC, CICOP, SGP, SOEME, SPMHLP, SOSBA y SSP; y por las y los trabajadores docentes SUTEBA, FEB, UDOCBA, SADOP, AMET, UDA, ATE y UPCN.

Estuvieron presentes, por el Ministerio de Hacienda y Finanzas, el subsecretario de Coordinación Económica y Estadística, Nicolás Todesca, y la Directora Provincial de Economía Laboral del Sector Público, Gisela Swaels; por el Ministerio de Trabajo, la jefa de Gabinete, Cecilia Cecchini; y el director provincial de la Negociación Colectiva, Juan Pablo Lorenzo; por la Jefatura de Gabinete de Ministros, el subsecretario de Empleo Público y Gestión de Bienes, Daniel Lorea; y la directora provincial de Prestaciones y Recursos del IPS, Carmen Sarra. (DIB) MT/ACR

“El objetivo de esta medida es continuar fortaleciendo los ingresos de los y las bonaerenses que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad”, aseguró Kicillof y agregó: “Nuestro compromiso es seguir trabajando día a día para dar respuestas a las demandas de los y las bonaerenses con políticas que nos permitan mejorar la calidad de vida de todos y todas”.

Las y los beneficiarios con haberes mínimos son 11 mil bonaerenses que representan el 3,5% del total, quienes con este segundo aumento en lo que va del año habrán obtenido una mejora del 113,68% desde diciembre de 2021.

“Luego de la noticia del aumento para las y los trabajadores estatales, se dispuso también un incremento para las jubilaciones y pensiones mínimas del sistema contributivo del IPS”, sostuvo Moretti, y añadió: “Vamos a seguir por este camino, haciendo los esfuerzos necesarios para acompañar y cuidar los ingresos de todos y todas las bonaerenses”.

Respecto de las pensiones no contributivas que reciben niños, niñas y juventudes menores de 21 años y las del régimen general, también se incrementarán un 42,45%. Este aporte alcanza a 24 mil bonaerenses. En ningún caso será necesario realizar trámites para percibir el incremento.

Con los haberes de septiembre, cuyo pago se realizará entre el jueves 29 y viernes 30, los ingresos de las personas jubiladas y pensionadas de la Provincia se verán favorecidos por las últimas medidas dispuestas por el Gobierno tras el anuncio de aumento salarial para las y los trabajadores de la administración pública bonaerense. (DIB) ACR

El ministro de Economía, Sergio Massa; y la directora del Anses, Fernanda Raverta; anunciaron ayer un aumento por movilidad del 15,53% para jubilaciones, pensiones y asignaciones, una medida que alcanza a más de 16 millones de personas.

A este aumento se le sumará un refuerzo mensual de hasta $7.000 pesos que se pagará en septiembre, octubre y noviembre hasta el próximo aumento por movilidad previsto para diciembre, informó el Anses a través de un comunicado.

Dicho refuerzo “alcanza a 6,1 millones de personas, casi el 85% de todas las jubilaciones, e irá decreciendo progresivamente hasta los 4.000 pesos, monto que cobrarán quienes tengan ingresos de hasta dos haberes mínimos”, agregó el comunicado oficial.

Con estos aumentos, a partir de septiembre, la jubilación mínima pasará de $37.525 a $50.353 y las dos jubilaciones mínimas pasarán de $75.050 a $90.705 pesos.

Con estas medidas, destacó Massa en su cuenta de Twitter, “la jubilación mínima aumentará 73,3% en lo que va del 2022, creciendo un 7,9% por arriba de la inflación”.

Con estas medidas, la jubilación mínima aumentará un 73,3% en lo que va del 2022, creciendo un 7,9% por arriba de la inflación.

De esta forma, la jubilación mínima pasará de $37.525 a $50.353, mientras que, quienes perciban hasta dos jubilaciones mínimas pasarán , cobrar de $75.050 a $90.705; por lo que “ninguna jubilación quedará por debajo de los $50 mil”, resaltó.

“Estamos dando un paso más para proteger a los jubilados y las jubiladas. Con esta medida, acompañamos a quienes más lo necesitan y lo hacemos manteniendo el orden en las cuentas por el incremento de la recaudación que representa el adelanto de Ganancias”, agregó Massa.

“A partir de septiembre, ninguna jubilación quedará por debajo de los $ 50.000 . Con este anuncio, además, garantizamos previsibilidad para lo que resta del año y continuamos protegiendo los ingresos de las familias argentinas”, señaló a su vez Raverta.

Este es el séptimo aumento otorgado mediante la Ley de Movilidad 27.609 y el tercero del año 2022. De esta manera, la Asignación Universal por Hija e Hijo pasará a ser de $ 8.471. Al mismo tiempo, se actualizan también la Asignación por Embarazo, Asignación Prenatal, Asignación por Nacimiento, Asignación por Adopción, Asignación por Matrimonio y Cónyuge.

La medida fue anticipada el miércoles pasado por el propio Massa cuando asumió la cartera de Economía. En esa oportunidad, el ministro aseguró que “se va a anunciar el índice de movilidad jubilatoria con un refuerzo que ayude a los jubilados para superar el daño que les produce la inflación”.

El incremento se basa en el cálculo establecido por la ley de Movilidad, que actualiza los montos en base a un coeficiente elaborado en partes iguales por la recaudación previsional y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte). (DIB)

El Gobierno nacional autorizó este miércoles un aumento en las tarifas del gas de entre 19% y 20% para usuarios residenciales desde marzo, como había anticipado el secretario de Energía, Darío Martínez, mientras que para las pymes el incremento será de entre 14% y 15% en la tarifa final.

La medida se oficializó este miércoles con la publicación del Decreto 91/2022 en Boletín Oficial, que establece ajustes para las empresas productoras y distribuidoras de gas de entre 36% y 70%, según el usuario. En la audiencia pública las compañías habían solicitado incrementos en las tarifas finales de entre 76% y 80% en promedio.

Sin embargo, el Gobierno resolvió aplicar subas considerablemente menores a las requeridas para evitar un mayor impacto inflacionario y para proteger el bolsillo de los usuarios y de las pequeñas y medianas empresas, que impulsan la producción nacional.

Por eso, en el costo final del cliente residencial el 20% de aumento del gas se verá reflejado en un adicional de unos $300 por cada factura de $1.500, lo que marca una amplia diferencia con los pedidos de las distribuidoras y productoras. Los aumentos comienzan a regir a partir de marzo, pero se empiezan a pagar en abril.

El Decreto 91/2022 puso en vigencia los nuevos Acuerdos Transitorios de Renegociación – Régimen Tarifario de Transición entre las empresas, el Enargas y el Estado nacional. Estos acuerdos habilitaron aumentos para las distribuidoras y productoras. (DIB)

La Cámara Federal de Mendoza le ordenó a la ANSES subir el haber previsional de un jubilado con el objetivo de evitar que continúen este año los efectos del ajuste aplicado en el 2020.

Los jueces reconocieron, en cambio, la validez de la suspensión de la movilidad durante el año pasado.

Pero a la vez dispusieron que el ingreso mensual se reajuste de tal manera que la persona cobre, a partir de enero de 2021, lo que le hubiese correspondido en caso de haber seguido vigente la fórmula de actualizaciones de la ley 27.426, aprobada a fines de 2017 durante la gestión de Juntos por el Cambio.

La decisión se tomó en el marco de la causa “Guerra, Alfredo Antonio c/ Anses s/ Reajustes varios”.

El conflicto se originó en diciembre de 2019 cuando, recién asumido, el gobierno de Alberto Fernández le pidió al Congreso la aprobación de la ley 27.541 que, entre otros puntos, suspendió la aplicación de la fórmula de movilidad previsional aplicada en 2018 y 2019.

Esa suspensión fue, en principio, por un período de 180 días, pero luego se la prorrogó por decreto de necesidad y urgencia hasta el último día de 2020.

Y el 4 de enero último se puso en vigencia la ley 27.609, con una nueva modalidad de cálculo de las actualizaciones.

Mientras duró la suspensión, el Poder Ejecutivo decidió otorgar alzas de manera discrecional, que resultaron, para todo 2020, de entre 24,3% y 35,3%, dependiendo del nivel de ingresos (el aumento más bajo le correspondió al haber máximo y el más alto, al mínimo).

Movilidad suspendida

En caso de haberse aplicado la fórmula suspendida, todos los jubilados y pensionados habrían recibido un incremento de 42,1%.

Mientras el ingreso mínimo resultó en diciembre de 2020 de $ 19.035, habría llegado a $ 19.980 con la ley que se dejó en suspenso.

Y el haber máximo, en tanto, habría sido de $ 146.454, en lugar de los $ 128.089 que efectivamente se pagaron.

La política previsional decidida por el gobierno de Fernández provocó un ajuste fiscal estimado en unos $ 100.000 millones en el 2020.

Pero los efectos siguen este año y los siguientes, porque los porcentajes de subas que surgen de la nueva fórmula de movilidad se están aplicando sobre haberes más bajos, respecto de lo que serían en caso de no haber mediado la suspensión.

Esto último es, justamente, lo cuestionado por los jueces en su fallo.

Según la cámara federal, cuya argumentación fue dada por el juez Manuel Alberto Pizzarro y avalada por Gustavo Enrique Castiñeira de Dios y Juan Ignacio Pérez Curci, es aceptable que durante el 2020, mientras estaba declarada la situación de emergencia por la ley de diciembre de 2019 (antes de la pandemia), se pagaran esos montos, resultantes de aplicar porcentajes inferiores a los de la fórmula.

Pero el tribunal consideró que no resulta correcto, en cambio, que este año se siga convalidando el ajuste.

Por esa razón, dispuso que desde enero último los ingresos mensuales de los jubilados deberían ser equivalentes en sus montos a los que hubieran correspondido en caso de no haber existido la suspensión de la fórmula anterior.

Si se siguiera ese criterio, en septiembre próximo el haber mínimo llegaría a $ 27.223 y el máximo, a $ 199.442.

En cambio, las cifras serán de $ 25.922 ($ 1.301 menos) y de $ 174.433 ($ 24.989 menos), respectivamente.

La resolución es muy similar a la dispuesta en junio pasado por la Cámara Federal de Bahía Blanca en la causa “Martínez, Eduardo Rubén c/ Anses s / Reajustes varios”.

Allí se le había ordenado a la ANSES “integrar el haber previsional de diciembre de 2020 con el porcentaje de incremento que la parte actora haya dejado de percibir en virtud de la suspensión legalmente dispuesta”.  (DIB)

El Gobierno autorizó una suba de 9% en agosto, 9% en septiembre, otro 9% en octubre y, por último, un 9% a partir del 1º de enero de 2022 de las cuotas de los afiliados a las empresas de medicina privada. El mismo porcentaje de aumento está previsto para enero del próximo año, según se publicó este viernes en el Boletín Oficial.

Mediante la Resolución 2125/2021 del Ministerio de Salud, se dio luz verde al aumento de las prepagas que se suma a la suba acumulada del 13,5% en lo que va de 2021 y del 10% correspondiente a 2020.

En la normativa publicada este viernes se dispuso que cada aumento es “complementario y acumulativo”, lo que significa que cada incremento se aplica sobre la cuota aumentada del mes anterior y que totalizará una suba del 41,14%.

El artículo primero de la resolución reza que se autorizan “aumentos generales, complementarios y acumulativos” de hasta un 9% a partir del 1º de agosto, 9% a partir del 1º de septiembre, 9% a partir del 1º de octubre y el mismo porcentaje a partir del 1º de enero de 2022.

En los fundamentos, el Gobierno trasmitió que las entidades representativas del sector han expresado su preocupación por “el estado crítico en que se encuentran la mayoría de los prestadores”, al tiempo que enfatizaron “la necesidad de incrementar los aranceles que perciben por las prestaciones que brindan, a fin de paliar dicha situación y garantizar su continuidad”.

Asimismo se indicó que un informe de la Superintendencia de Salud determinó que resulta razonable autorizar aumentos generales, complementarios y acumulativos de aquel que ha sido aprobado para el mes de mayo de 2021.

De esta manera, y teniendo en cuenta los aumentos autorizados este año, de 3,5% en marzo, 4,5% en abril y 5,5% en mayo, con los nuevos incrementos las empresas de medicina prepaga terminarán por ajustar sus cuotas en un 61,04% en menos de un año, de marzo de 2021 a enero de 2022. (DIB)