Durante el encuentro, se acordó la incorporación de una cláusula “gatillo” para todo el período 2025, que se aplicará en caso de que la inflación acumulada supere el incremento salarial acordado para ese año. La medida busca garantizar una instancia de revisión automática frente a un eventual desfasaje inflacionario.

Asimismo, se anunció la duplicación del monto correspondiente al presentismo, que comenzará a regir a partir del mes de diciembre para la totalidad de la planta de trabajadores municipales.

Ambas propuestas fueron impulsadas por los gremios UPCN y el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), y aceptadas por el Ejecutivo municipal, quedando asentadas en el acta correspondiente. Las partes también asumieron el compromiso de volver a reunirse en enero para comenzar a dialogar sobre el acuerdo salarial del año 2026.

En paralelo, desde el Ejecutivo se brindaron precisiones sobre el cronograma de pagos de fin de año. Se informó que el aguinaldo será abonado antes de Navidad, el sábado 20 de diciembre, mientras que las horas extra se pagarán el sábado 27, previo a Año Nuevo. Además, se anunció la entrega de cajas navideñas en los próximos días.

El sueldo correspondiente al mes de diciembre se abonará el lunes 5 de enero, con acreditación el sábado 3. Por último, se comunicó que el lunes 30 de diciembre a las 13 horas se realizará un brindis de fin de año en el Museo Pampeano, como cierre del año laboral.

Del encuentro participaron el secretario de Gobierno, Cipriano Pérez del Cerro, y el secretario de Recursos Humanos y Modernización del Estado, José Yezza Ross, junto a los representantes gremiales María Elena Ortiz Molina y Sergio Coronel (UPCN); Marcos Irigoyen (ATE); y Mercedes Roldán y Claudio Bertucci (STM).

Tras la reunión, desde ATE Chascomús–Lezama–Dolores expresaron públicamente su rechazo al cierre del año sin aumento salarial, señalando que el Ejecutivo municipal confirmó que no habrá incrementos en lo que resta de 2025.

“El Ejecutivo profundiza la pérdida del salario municipal”, indicaron desde el gremio, que estuvo representado en la mesa por su secretario general, Marcos Irigoyen.

ATE cuestionó además el aumento del presentismo, al considerar que no constituye una solución salarial real. “No va al básico, no alcanza a todos y funciona como un mecanismo de disciplinamiento”, manifestaron.

En ese sentido, el sindicato informó que firmó el acta en disconformidad y ratificó sus reclamos de reapertura de paritarias, recomposición salarial urgente y salarios dignos de cara a 2026, sosteniendo que “el salario se defiende con aumentos reales al básico, no con parches”.

Según ATE, si bien los funcionarios municipales manifestaron estar gestionando recursos, "la falta de propuestas es inadmisible frente a la pérdida salarial que atravesamos lxs municipales".

La reunión concluyó sin un ofrecimiento formal de recomposición. No obstante, se fijó una nueva convocatoria para el 18 de diciembre a las 10:00 horas, con la posibilidad de adelantar el encuentro si surge alguna "novedad real" por parte del Ejecutivo.

Desde ATE, se reiteró la firmeza del pedido de recomposición salarial para el último trimestre del año, señalando que "la caída del poder adquisitivo no admite más demoras".

En esta oportunidad, los otros dos gremios que participan de la mesa —UPCN y el Sindicato Municipal— se sumaron al planteo, proponiendo el otorgamiento de pagos extraordinarios antes de finalizar el año.

El comunicado de ATE hizo hincapié en la importancia de la continuidad del reclamo, asegurando que si el sindicato "no hubiera sostenido el reclamo, el Ejecutivo ya habría intentado cerrar la negociación hasta 2026". El gremio atribuye la continuidad de la mesa de negociación a la "lucha y organización de lxs trabajadorxs".

En cuanto a otros temas de la negociación, el Ejecutivo informó que en los próximos días se difundirá el cronograma de pago del aguinaldo y de las horas extras.

Finalmente, se informó que se registraron avances en materia de pases a planta permanente y recategorizaciones. Las evaluaciones continúan en curso, con el compromiso de que el decreto correspondiente impacte en los recibos de sueldo a partir de enero de 2026.

Mientras que durante la gestión de Javier Milei ya hubo casi 60.000 despidos en la administración pública nacional y se espera una nueva poda para 2026, desde los sindicatos encendieron las alertas porque el 31 de diciembre se vencen unos 70.000 contratos y muchos de esos trabajadores no tienen certeza de su continuidad.

Según trascendió, el Gobierno libertario tiene en agenda una nueva profundización del achique del Estado, que se concretaría en otra tanda de despidos masivos de empleados públicos nacionales. El recorte podría equivaler al 10% de la planta que sobrevivió hasta ahora a la primera reducción de personal: es decir, unos 29.000 trabajadores.

Sin embargo, desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunciaron que a fin de año termina el contrato de unas 70.000 personas en diversas oficinas y aún no hay una definición sobre el futuro. "Las amenazas están para el 31 de diciembre cuando se vencen 70.000 contratos en la administración nacional. ATE exige la inmediata renovación de todos esos vínculos contractuales", enfatizó Rodolfo Aguiar, el secretario General de ATE Nacional.

ATE, que convocó a un paro nacional y movilizaciones en todo el país para el 9 de diciembre, está en estado de alerta no solo por los contratos que se vencen sino también por la reforma laboral que planea debatir el Congreso. En ese sentido, trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) realizaron este miércoles una protesta en la avenida General Paz a la altura de Constituyentes, con algunos incidentes con la Policía. La protesta se produjo luego de que Gobierno oficializara la disolución del Servicio Argentino de Calibración y Medición del INTI.

Desde la asunción de Javier Milei, 59.924 personas fueron desvinculadas, entre empleo centralizado, organismos descentralizados, fuerzas de seguridad, empresas estatales y entes de todo tipo. De acuerdo a los datos oficiales, si se compara octubre de 2025 con el mismo mes del año pasado, el achicamiento en la administración pública fue de 25.417 trabajadores.

Según datos del Indec, en octubre la planta pública -incluyendo empresas y sociedades estatales- contaba con 285.570 trabajadores. La cifra llegó a superar los 350.000 a mediados de 2023, para luego descender hasta el nivel actual.

A este 17% de ajuste que hizo en los dos años de gestión, el Gobierno pretende sumar otro 10% en los primeros meses de 2026, a través de la no renovación de contratos, retiros voluntarios y jubilaciones. Aunque los gremios creen que la cifra puede ser mayor, sobre todo por el nivel de precarización.

A partir del año que viene, el foco libertario se desplazará hacia organismos descentralizados. Entre los entes en la mira figuran el Conicet, el Indec, la Oficina Anticorrupción, la Anses, el INTA, el INTI, el Enargas, el Enacom, el ENRE, el ARCA y la Archivo General de la Nación, entre otros.

Además de despidos, se prevé eliminar duplicaciones funcionales y suprimir áreas que consideren redundantes. Asimismo, se evalúa avanzar sobre registros de automotores y plantas de empresas estatales que podrían privatizarse.

Fuente: Agencia DIB 

El Municipio de Chascomús mantuvo ayer,  jueves 20 de noviembre, una nueva reunión de la mesa de negociación colectiva en el palacio municipal, donde se avanzó en distintos aspectos vinculados a la situación laboral de los trabajadores municipales.

Durante el encuentro, representantes del Ejecutivo y de los gremios continuaron trabajando en los pases a planta permanente y en la recategorización del personal de diversas áreas, medidas que buscan mejorar la estabilidad y las condiciones laborales dentro del ámbito municipal.

Uno de los puntos centrales de la reunión fue la continuidad en la elaboración del Convenio Colectivo de Trabajo, un documento que establecerá un marco normativo común, claro y transparente para regular las condiciones laborales de los empleados municipales.

Las partes acordaron retomar el trabajo sobre este convenio en dos nuevas reuniones ya programadas:

La reunión fue encabezada por el secretario de Gobierno, Cipriano Pérez del Cerro, y por el secretario de Recursos Humanos y Modernización del Estado, José Yezza Ross.

En representación de los gremios participaron:

Durante el diálogo, la representante de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) informó que, en caso de que el sindicato decidiera continuar con las medidas de fuerza, se garantizará el funcionamiento de los comedores del Jardín Clarisa Amezaga y de la Escuela Municipal Nº 2, asegurando así la prestación de un servicio esencial para la comunidad.

Desde la organización sindical indicaron que no hubo una propuesta salarial concreta por parte del Ejecutivo y que se fijó una nueva convocatoria para el jueves 4 de diciembre. Mientras tanto, afirmaron que continúan las mesas técnicas para avanzar en el trabajo sobre pases a planta permanente y recategorizaciones.

La representante gremial, Cintia Ardohain , expresó que la falta de ofrecimiento aumenta la preocupación de los trabajadores: “Los trabajadores no llegan al segundo día después del cobro. Estamos a las puertas de las fiestas y la situación se vuelve insostenible”.

Ante este panorama, desde el gremio afirmaron que se están evaluando nuevas medidas de protesta, acompañando a quienes mantienen la retención de tareas en distintos sectores municipales.

Además, el sindicato denunció un presunto caso de presión gremial en el área de Obras, donde se habría advertido que aquellos empleados que adhieran a la medida de fuerza no podrán realizar horas extras. “Es una represalia injusta contra un derecho constitucional como la huelga”, señalaron desde ATE.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires convocó a los gremios estatales a una nueva negociación paritaria, que comenzará el martes 18. Las organizaciones estaban luchando desde octubre por conseguir una audiencia para recomponer los salarios. El último acuerdo había sido en agosto.

“Luego del pedido de nuestra organización fuimos convocados a audiencia paritaria salarial”, dijeron desde ATE al confirmar la apertura de una nueva instancia de negociación.

La reunión será en el edificio del Ministerio de Trabajo -en 7 entre 39 y 40, La Plata- este martes próximo a las 17.15.

La convocatoria, según asegura 0221, se extendió al resto de los gremios con representación entre los trabajadores de la Ley 10.430. En la reunión habrá dos representantes de cada gremio: la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires (Fegeppba) y ATE.

El sindicato había solicitado reabrir la discusión el 22 de octubre mediante una carta enviada al ministro de Trabajo, Walter Correa. Allí se hacía hincapié en que “resulta indispensable que podamos continuar trabajando en conjunto entre el Estado provincial y los sindicatos para sostener una paritaria abierta y permanente" y así "logremos recuperar poder adquisitivo salarial".

El último acuerdo salarial se firmó en agosto e incluyó un aumento del 5% distribuido en septiembre y noviembre. Desde entonces, las organizaciones del sector sostienen que los sueldos quedaron por debajo de la suba inflacionaria. 

Inicialmente, el gobierno municipal había argumentado la imposibilidad de otorgar incrementos salariales en lo que resta del año. No obstante, la perseverancia sindical llevó a la mesa de diálogo a cambiar su postura.

Si bien en la última reunión no se concretó un ofrecimiento salarial, el Ejecutivo reconoció la necesidad de avanzar y comunicó que ha iniciado gestiones para conseguir ayuda económica que permita abordar el reclamo. Como resultado, se fijó una nueva fecha de encuentro paritario para el jueves 20 de noviembre.

Además de la demanda salarial, ATE mantiene una plataforma de reclamos que incluye la exigencia de:

Desde la seccional sindical, destacaron que estos avances son un logro directo de la acción gremial. “Estos avances son fruto de la lucha de ATE y de cada trabajador y trabajadora que se planta y no se resigna”, expresaron en un comunicado, subrayando: “Nadie nos regala nada, todo se conquista con organización y presión. Vamos a seguir firmes, unidos y movilizados”.

La decisión se tomó luego de que una reciente convocatoria de negociación colectiva con el Departamento Ejecutivo (D.E.) municipal concluyera sin ninguna propuesta salarial para los trabajadores.

​En un comunicado contundente, la entidad gremial denunció que, a pesar de haber suspendido acciones de lucha como un "gesto de apertura al diálogo", el D.E. no presentó ninguna oferta, dejando en claro que "NO hubo propuesta salarial alguna".

​ATE enfatizó la necesidad de la unidad de los trabajadores en un contexto que describe como de intento de "demonizar lo gremial y pregonar un desprestigio creciente" de los empleados estatales.

​El sindicato citó al exreferente Germán Abdala para reforzar su postura: "No nos despanzurremos entre los que estamos del mismo lado... mientras ellos se juntan para masacrarnos sin complejos". Subrayaron que su deber ético es defender a los municipales que hoy, con sus ingresos, "no llegan a cubrir una canasta básica", y que en muchos casos ven su sueldo "embargado en créditos y deudas".

​"Mantenemos una posición clara y responsable frente a lo que entendemos por ‘negociación colectiva’... entendida como una herramienta para defender y mejorar los derechos de lxs y lxs trabajadorxs, mediante el diálogo y la presión organizada FRENTE al empleador."

​La seccional ratificó que sus acciones se guían por los principios de la "Autonomía de los gobiernos, los partidos políticos y de los patrones" y que la única autoridad que reconocen es el mandato que surge de las asambleas de trabajadores.

​El comunicado finaliza ratificando el compromiso de ATE con la construcción de un Convenio Colectivo de Trabajo Municipal (CCT) que garantice "transparencia, equidad y justicia laboral, evitando por sobre todo Discrecionalidades" en el municipio.

​Mientras no se concrete una nueva mesa de negociación que resulte satisfactoria, el gremio mantendrá su Estado de Asamblea Permanente y las medidas de protesta.

​El Estado de Asamblea Permanente es una medida interna de los gremios que implica la alerta máxima. Los trabajadores se mantienen reunidos, debatiendo y evaluando pasos a seguir, con la posibilidad de convocar a medidas de acción directa (como paros o movilizaciones) de forma inmediata.

El conflicto se agudizó luego de que, según informaron desde el gremio, las autoridades municipales comunicaran que “no habría fondos suficientes para otorgar aumentos”. Esta situación derivó en una retención de tareas de tres horas en los lugares de trabajo, como medida de protesta.

Desde la organización sindical expresaron su malestar por lo sucedido y reafirmaron que el reclamo principal es una recomposición salarial mínima del 15% para noviembre, con la posibilidad de reabrir la discusión en enero.

Mientras se desarrollaba la reunión en el Palacio Municipal, un grupo de trabajadores nucleados en ATE se manifestó frente al despacho del intendente, sobre calle Sarmiento, en apoyo al reclamo y a la continuidad del diálogo paritario.

Desde el sindicato insistieron en la necesidad de una respuesta “urgente y concreta” que permita recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores municipales ante el contexto económico actual.

 El conflicto salarial entre la Municipalidad de Chascomús y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), seccional Chascomús-Lezama-Dolores, entró en una pausa negociadora. El gremio anunció ayer la suspensión de las medidas de fuerza programadas para hoy y mañana, 7 de noviembre, luego de que el Departamento Ejecutivo (DE) convocara a una nueva reunión de mesa salarial para el próximo martes.

​Contexto: La polémica por los "básicos indignos"

​El conflicto escaló luego de que ATE denunciara públicamente la insuficiencia de los salarios básicos, a los que calificó de "básicos indignos". El sindicato detalló los haberes, que en las categorías mínimas se ubican en torno a $442.917 (35 horas) y $506.190 (40 horas).

​La demanda de ATE por una "Recomposición salarial YA!" se intensificó ante la supuesta postura inicial del Ejecutivo, que había argumentado que "los aumentos superarían la inflación", lo que el gremio cuestionó preguntando: "¿Y la dignidad de lxs trabajadores?".

​Ante la falta de propuesta, ATE había resuelto llevar a cabo una retención de tareas de 3 horas durante dos días y mantener asambleas permanentes.

​Giro y Convocatoria a Negociación

​La situación dio un giro en las últimas horas de ayer miércoles. Luego de que ATE notificara formalmente al Intendente interino y al Ministerio de Trabajo de la provincia sobre el inicio de las medidas de fuerza, el Ejecutivo Municipal revirtió su postura y llamó a una nueva mesa de negociación colectiva para el martes 11 de noviembre a las 15 horas.

​El llamado a diálogo fue interpretado por el gremio como un triunfo de la organización:​"La voz de los trabajadores y trabajadoras fue escuchada. Gracias a la unidad, la organización y las retenciones en los sectores de trabajo, el Departamento Ejecutivo Municipal nos convocó a una nueva mesa de negociación", comunicó ATE a sus asociados, confirmando la suspensión de las acciones.

​El sindicato aseguró que asistirá a la reunión del martes con la firmeza de defender los derechos y exigir salarios justos, manteniendo en suspenso las futuras acciones gremiales a la espera del resultado de la mesa paritaria.

El Juzgado Nacional de Trabajo N° 3, a cargo de la jueza Moira Fullana, aceptó la acción de ATE y suspendió de manera provisional el artículo 2 del DNU 430/2025, que eliminaba ese día feriado para los empleados del Estado nacional.

La magistrada consideró que la medida era urgente y el derecho invocado plausible, ya que el decreto fue difundido oficialmente el 26 de junio y afectaría directamente el día siguiente. Al considerar que su implementación podría causar un daño difícil de reparar, decidió:

1 – Reconocer la competencia de la Justicia del Trabajo.

2 – Aceptar la acción de amparo con medida cautelar.

3 – Suspender la vigencia del DNU 430/25 para los trabajadores representados por ATE hasta que haya una resolución definitiva.

También determinó que los costos y honorarios se definirán cuando se resuelva el fondo del caso.

Este fallo se da en el marco de un conflicto creciente entre el Ejecutivo y los sindicatos estatales, que denuncian medidas por decreto como atentatorias contra derechos laborales sin intervención del Congreso. ATE, UPCN y otros solicitantes lograron frenar por cautelar la eliminación del feriado del “Día del Trabajador del Estado” —fijado por la Ley 26.876 para el 27 de junio— decreto que se difundió ayer por el diario oficial. (InfoGEI)Ac

Luego de que el vocero presidencial Manuel Adorni anunciara que eliminarán el Día del Trabajador del Estado por decreto, el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, rechazó esta medida y señaló que “es un nuevo acto despótico propio de un régimen autoritario y autocrático”.

“El único que goza de privilegios del Estado sos vos Adorni, caradura. Llenaste la Secretaría de Comunicación de familiares y militantes libertarios con sueldos millonarios. Ustedes no lo pueden entender, no tienen un día para ustedes porque no laburaron un sólo día en su vida”, indicó el referente estatal en la previa de la movilización del Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y el Salario Justo.

“El Gobierno pretende eliminar por decreto un día histórico, el Día del Trabajador del Estado, sancionado por la Ley 26.876. Sólo el Congreso puede derogar una Ley que el mismo sancionó. En la argentina no existen los emperadores. Quieren destruir el Estado y también a los estatales, por eso intentan eliminar el día que los reconoce como tales, pero no van a poder”, agregó Rodolfo Aguiar.

Es importante recordar que el 27 de junio se conmemora el Día de la y el trabajador del Estado en Argentina, establecido a través de la Ley 26.876 que fue promovida por el entonces diputado nacional Víctor De Gennaro, a iniciativa de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE). La misma conmemora el momento en que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 1978, adoptó el Convenio Nº 151 y la Recomendación Nº 159 vinculados al derecho a la negociación colectiva y las relaciones de trabajo en la administración pública.

En Argentina, el antecedente clave para este reconocimiento lo daría la promulgación de la Ley de Negociación Colectiva 24.185, más conocida como la Ley Abdala, promulgada en 1992 que habilitó la negociación colectiva en paritarias como mecanismo para la discusión salarial y la ampliación de derechos de los trabajadores estatales. Con ella se establecieron las bases para que los sindicatos puedan discutir las condiciones laborales y salariales con el Gobierno, buscando un equilibrio entre los intereses de los trabajadores y las necesidades del Estado

La Seccional Chascomús-Lezama-Dolores de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) llevó adelante una jornada de trabajo centrada en los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) municipales y en la situación particular de la Municipalidad de Chascomús, donde aún no se ha avanzado con la firma de un convenio local.

El encuentro se realizó la semana pasada en la sede sindical y contó con la participación de Marcelo Derito, paritario nacional de ATE, con amplia trayectoria en el diseño y negociación de CCT en distintas localidades del país.

Durante la jornada, se abordó en profundidad el análisis del proyecto de ordenanza que propone la ampliación del escalafón municipal, evaluando sus implicancias en la carrera administrativa de los trabajadores y trabajadoras. Desde la seccional se remarcó que este tipo de iniciativas deben formar parte de un debate más amplio, enmarcado en un Convenio Colectivo que contemple los derechos laborales y las particularidades del municipio.

Asimismo, se denunció el incumplimiento de varios puntos de la Ley 14.656, que regula las relaciones laborales en el ámbito municipal en la provincia de Buenos Aires. Entre las falencias señaladas, se destacó la ausencia de un CCT como una deuda pendiente en la ciudad.

“El Convenio Colectivo de Trabajo no es sólo un instrumento legal, sino una herramienta para garantizar condiciones laborales dignas y construir una administración pública más justa y eficiente”, señalaron desde ATE.

La jornada también incluyó el análisis de experiencias de otras localidades, cuyos convenios podrían servir como base o punto de partida para avanzar en un modelo propio que refleje la realidad y la historia del Municipio de Chascomús.

Desde la seccional reafirmaron su compromiso con la construcción colectiva de un CCT que represente los intereses de los trabajadores municipales y convocaron a las autoridades locales a retomar el diálogo en este sentido.

El pasado miércoles se llevó a cabo una reunión en la Unidad de Pronta Atención N°7 (UPA) de Lezama, en respuesta a diversos reclamos presentados por trabajadores del establecimiento, quienes denunciaron situaciones de violencia laboral, imposiciones de horarios y problemas en la organización de los servicios internos.

Del encuentro participaron autoridades de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) a nivel provincial, entre ellos Luis Romero, Director de Salud del gremio, junto a Santiago Elfi y Macarena Villegas. En representación de la seccional Chascomús-Lezama-Dolores, estuvieron presentes Lucas Alvarado, secretario gremial, y Paola Umpierre, secretaria de organización. También se sumaron referentes del sindicato de salud pública.

Durante la jornada se abordaron con preocupación los hechos de violencia denunciados por el personal, así como condiciones laborales consideradas irregulares. Los gremios señalaron que ya se han elevado las denuncias correspondientes y que serán tratadas dentro del marco normativo establecido por los lineamientos de violencia en el ámbito de salud.

Desde ATE se indicó que se hará un seguimiento riguroso de cada caso, con el objetivo de garantizar condiciones laborales justas y seguras para todos los trabajadores de la UPA.

Cabe recordar que la Unidad de Pronta Atención N°7, inaugurada en 2014, se encuentra ubicada estratégicamente en el kilómetro 157 de la Autovía 2. Especializada en Traumatología, cumple un rol clave en la atención de emergencias viales en una de las rutas más transitadas de la provincia de Buenos Aires, especialmente hacia los distritos de la costa atlántica.

Con la participación de integrantes del Consejo Directivo Provincial de ATE y representantes de distintas seccionales de la región, la Seccional Chascomús-Lezama-Dolores de la Asociación de Trabajadores del Estado llevó a cabo su Asamblea Anual Ordinaria de afiliados.

Durante la jornada, que tuvo lugar en la sede local del sindicato, se presentó la Memoria y el Balance anual, documentos que fueron aprobados por unanimidad por las y los presentes. Asimismo, se procedió a la elección de delegados congresales que representarán a la seccional en el próximo Congreso Provincial.

Al cierre de la asamblea, se analizó el reciente ofrecimiento salarial realizado por el Departamento Ejecutivo del Municipio de Chascomús. La propuesta de incremento del 10 % fue rechazada en forma unánime por considerarse insuficiente en el contexto actual. Desde ATE señalaron que el salario testigo de un trabajador municipal ingresante que cumple una jornada de 40 horas semanales ronda actualmente los $438.260,01.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) decidió un paro de 24 horas para el jueves 5 de diciembre, para reclamar mejores salarios y en contra del examen de “idoneidad” que el Gobierno tomará a empleados públicos.

La medida de fuerza contempla además movilizaciones en rechazo al recorte salarial en las paritarias, condena a las amenazas del Gobierno manifestadas a través de diferentes ministerios como también a los exámenes de idoneidad en la administración pública.

Desde la organización gremial precisaron que “la tónica de violencia” desde la gestión libertaria incluye entre el caso de sanciones anunciadas por el Ministerio de Justicia luego de los reclamos en el Registro de la Propiedad Automotor.

“Si los estatales no vamos a la huelga, estos tipos nos llevan puestos. Ya destruyeron nuestros salarios y ahora con exámenes de idoneidad que son ilegales pretenden seguir despidiéndonos. ¿Qué examen nos va a tomar esta gente sobre nuestro trabajo si no lo conocen? No tienen ni idea”, sostuvo el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.

El paro fue ratificado en el Plenario Nacional de Delegados que se llevó a cabo en el Anfiteatro Eva Perón y que contó con la participación de dirigentes de todo el país. De esta manera, se espera que el paro impacte en las actividades que se desarrollan en la provincia de Buenos Aires, como las clases en escuelas públicas y el trabajo en algunas dependencias estatales.

Dentro de esta pauta salarial en ATE consideraron que la pérdida del poder adquisitivo de los estatales ya supera el 39% en lo que va del año.

También expresaron su rechazo al Sistema de Evaluación Pública mediante el cual pretenden evaluar a trabajadores con 10, 15 y hasta 20 años de trayectoria en el Estado. Son más de 40.000 los contratados evaluados, excluyendo a quienes estén amparados en el cupo por discapacidad y cupo trans.

El sindicato estatal además exige el cese de los despidos en el sector público, la reincorporación de todos los cesanteados, el freno al vaciamiento de los organismos públicos y de los intentos de privatizaciones de las empresas estatales mediante quiebras fraudulentas. (DIB) FD

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, rechazó la prueba de idoneidad que anunció el Gobierno en las últimas horas para empleados estatales y lanzó una chicana para Manuel Adorni, quien fue el encargado de dar a conocer la medida. “El examen debería ser para la Vocería”, replicó.

“¿Después de 5, 10, 15 y hasta 20 años de trabajo les quieren tomar examen?”, se preguntó el líder gremial de la Asociación Trabajadores del Estado. En un mensaje publicado a través de su cuenta de X, continuó: “El examen debería ser para la Vocería. Si a vos @madorni o a tus cientos de trolls les hubieran tomado examen, nunca hubiesen ingresado a parasitar al Estado!”.

Aguiar cerró su descargó con el característico “Fin.”, que popularizó el vocero en su época de twittero, previo a la llegada de Javier Milei a la presidencia.

¿Después de 5, 10, 15 y hasta 20 años de trabajo les quieren tomar examen?El exámen debería ser para la Vocería. Si a vos @madorni o a tus cientos de trolls les hubieran tomado examen, nunca hubiesen ingresado a parasitar al Estado!Fin. pic.twitter.com/YfAVqh4Zck

Más tarde, el dirigente gremial profundizó su cuestionamiento y calificó el anuncio como “un invento trucho e ilegal que consolida el fraude laboral en el Estado”.

En referencia al Convenio Colectivo de Trabajo 214/06 que rige para la Administración Pública Nacional, Aguiar apuntó: “El convenio de la Administración Pública se encuentra vigente y, por lo tanto, los únicos procesos de evaluación y selección son los ahí reconocidos. Esta es una medida sensacionalista para ganar votos pero que no les va a dar resultados y no respeta ninguna legalidad”.

Sobre el examen, Adorni explicó que se trabaja en conjunto con varias áreas y en coordinación con la Universidad de Buenos Aires (UBA).

“Se tomarán aproximadamente 2000 exámenes por día y la gente que se contrate a partir del 1° de enero también va a pasar por eso”, puntualizó Adorni, durante la conferencia de prensa. El funcionario especificó, asimismo, que los exámenes se van a “convertir en una práctica normal y habitual en el Estado nacional”.

Además, indicó que “la modalidad va a ser online para que no haya subjetividad en el proceso”, y recordó que la medida “está establecida en la Ley Bases, en el marco del decreto reglamentario del empleo público”.

También adelantó que el examen “se va a realizar en el mes de diciembre, que es cuando vencen estos contratos; para ser renovados van a requerir que el examen esté aprobado”.

En el mismo sentido, el funcionario aclaró que “los discapacitados no van a participar del examen en primera instancia, ya que los sistemas requieren una adaptación adicional”. (DIB)

“Este miércoles los estatales tenemos que ir al paro en todas las universidades y retirarnos de nuestros lugares de trabajo para acompañar la marcha universitaria. Tenemos que expresarnos en la calle en todo el país”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los retiros de los lugares de trabajo comenzarán a las 14 para confluir en la gran movilización al Congreso de la Nación junto a otras organizaciones. En tanto, las protestas se replicarán en todas las provincias y las principales ciudades del país.

“Esta debe ser una jornada nacional de protesta que permita fortalecer los reclamos de los trabajadores y estudiantes universitarios, pero también que los trascienda y que la masividad nos permita poner a la educación pública y gratuita en lo más alto de la pirámide de derechos de nuestro pueblo”, agregó el dirigente.

En este marco, Aguiar concluyó: “Tiene que ser un día que sirva para unificar todas las luchas, también para rechazar los despidos y el ajuste en el Estado, los haberes de miseria de los jubilados y la pobreza extrema que sufre más de la mitad del país”.

La ejecución del presupuesto universitario es por amplia diferencia la más baja de los últimos 10 años, estando un 76% por debajo del promedio, según los datos del Indec y del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM). La ley, aprobada en el senado con 57 votos afirmativos y apenas 10 rechazos, busca actualizar la partida del presupuesto gravemente deteriorada por lo que fue la inflación de este año.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmó para este jueves un paro en la administración pública, con movilización a Plaza de Mayo. Reclama la renovación de unos 65.000 contratos que se vencen a fin de mes y estima serán dada de baja.

“El Gobierno que hace nueve meses nos declaró la guerra no pasa por su mejor momento, y nosotros tenemos que seguir golpeándolo. Tenemos que pasar de la resistencia al ataque para evitar nuevas cesantías masivas a fin de mes”, señaló el secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.

En ese sentido, agregó en un comunicado: “No vamos a tolerar una sola cesantía ilegal más. Este Estado si todavía brinda servicios es gracias al esfuerzo y sacrificio casi sobrehumano de sus trabajadores a lo largo y a lo ancho del país”.

En una asamblea masiva, más de mil delegados votaron en favor de la medida de fuerza que en la Ciudad de Buenos Aires contará con cese de tareas, retiros de los lugares de trabajo a partir del mediodía y una olla popular frente a la Casa Rosada. En tanto que en cada una de las provincias definirá la modalidad que tendrán las protestas en sus distritos.

En el comunicado, ATE apuntó que “son casi 65 mil los contratos del Estado que fueron renovados tan solo por tres meses y que el Gobierno planea concluir este 30 de septiembre”.

“La última información del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) indica que la caída del empleo asalariado en el sector público desde noviembre de 2023 es de 37.561 puestos de trabajo menos. Cabe recordar que el último informe del INDEC señaló que el desempleo escaló al 7,6% en el segundo trimestre del corriente año”, añadió el gremio.

Los estatales suman el reclamo paritario al paro de este jueves: “Motiva también esta acción la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores estatales que ya supera el 30% en lo que va del año y podría empeorar a partir de la amenaza de congelamiento salarial”. (DIB)

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ha anunciado un paro nacional para este miércoles 7 de agosto, coincidiendo con el Día de San Cayetano. La medida se enmarca en la tradicional marcha por el “Pan, Paz, Techo, Tierra y Trabajo”, convocada por las organizaciones sociales conocidas como “Los Cayetanos”, que están agrupadas en la UTEP y cuentan con el respaldo del bloque Territorios en Lucha. Este año, además de la CTA Autónoma, se sumarán a la protesta la CTA de los Trabajadores y la CGT.

La jornada comenzará con una concentración a las 10:00 en el templo de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers. A las 13:00, los manifestantes partirán en movilización hacia la Plaza de Mayo, donde está previsto un acto a las 14:00.

El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, justificó la medida afirmando que el paro es una respuesta a las políticas del presidente Javier Milei, que, según él, están afectando gravemente los salarios y el empleo en el sector público. “Decidimos volver a salir a la calle para reclamar por el pan y el trabajo que nos están quitando. El recorte en los salarios, las cesantías masivas y el ajuste presupuestario están deteriorando los servicios públicos”, afirmó Aguiar.

La convocatoria al paro nacional tendrá un impacto significativo en el funcionamiento de los servicios públicos, incluyendo el sector educativo. Debido a la medida de fuerza, se espera que las escuelas no puedan dictar clases, ya que la falta de auxiliares y otros trabajadores del sector complicará el normal desarrollo de las actividades escolares.

Aguiar destacó que “el proceso de empobrecimiento de los asalariados y jubilados se está acelerando” y enfatizó que la única manera de enfrentar esta situación es intensificando las protestas a nivel nacional. En Buenos Aires, los trabajadores comenzarán a retirarse de sus puestos a partir de las 12:00 para garantizar su participación en la movilización, mientras que en el resto del país, cada provincia decidirá sus modalidades de protesta.

La protesta del 7 de agosto busca romper la “tensa calma” posterior a la aprobación de la Ley Bases y evidenciar los esfuerzos del sindicato para lograr una mayor unidad en la defensa de los derechos laborales.

Trabajadores de distintas áreas claves del Estado Nacional, que el viernes denunciaron nuevos despidos y el cese de contratos, protestaron este lunes en las puertas del INTI –una de las dependencias más afectadas por las desvinculaciones–, en el marco de una jornada de lucha convocada por ATE, en la que se vivió una fuerte tensión con la Policía, que reprimió y detuvo a dos personas.

En medio de la protesta, la Policía de la Ciudad implementó el protocolo antipiquete para liberar el tránsito en la colectora, debido a que los manifestantes se encontraban en la calle. Desde la Asociación Trabajadores del Estado denunciaron represión, ya que los incidentes se produjeron cuando comenzó a avanzar un grupo de efectivos con escudos. Fue en ese momento que arrojaron gas pimienta y se realizaron dos detenciones.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, se encontraba en el lugar, y fue uno de los afectados por los incidentes, mientras se encontraba dialogando con la policía, y denunció “detenciones ilegales”.

????? ?????????? ??????? ?? ????????́? ? ?? ?????? ? ?????????Durante la protesta frente a la sede del INTI las fuerzas de seguridad avanzaron contra los estatales golpeándolos y detuvieron a dos trabajadores. pic.twitter.com/6lCFDifPl1

Cabe señalar que desde el viernes por la tarde, empleados públicos contratados de distintas áreas claves del Gobierno nacional comenzaron a recibir aviso de la no renovación de su contrato y su subsecuente desvinculación.

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), ya habían advertido que el 30 de junio se vencían alrededor de 50 mil contratos en el Estado Nacional y el viernes por la tarde comenzaron a llegar los mails para que los empleados contratados sepan que “no se renovaría su contrato” y “retire sus pertenencias el lunes 1 de julio”.

Por ese motivo, ATE Nacional convocó a una movilización este lunes 9 en la sede nacional del INTI, ubicada sobre la colectora de Av. General Paz al 5445, en Buenos Aires. En ese organismo, en esta ocasión, fueron más de 280 las desvinculaciones.

En las primeras horas de la segunda ola de despidos en el Estado, ATE ya registró 2.305 despidos en la Administración Pública Nacional. Pero extraoficialmente, los trabajadores estiman que pueden ser hasta 5 mil despidos con el cambio de mes cuando intenten ingresar a los lugares de trabajo.

Al momento, las principales áreas afectadas son el Ministerio de Capital Humano, el exministerio de la  Mujer, la Secretaría de Derechos Humanos y el Instituto Nacional de la Tecnología (INTI).

Desde la Comisión por la Memoria (CPM), informaron que “la Policía de la Ciudad reprimió a trabajadores y representantes de ATE que se manifestaban pacíficamente en reclamo por los 282 despidos del organismo”.

“El cordón policial avanzó con sus escudos y arrojando gases químicos de manera indiscriminada. Dos trabajadores de la CTA fueron detenidos arbitrariamente”, ampliaron en un comunicado. (DIB)