La embajada del Estado de Israel en la ciudad Buenos Aires era volada hace 30 años, el martes 17 de marzo de 1992, en un atentado terrorista que dejó un resultado de 22 muertos y 242 heridos, y que aún permanece impune. A las 14.47 de aquella jornada, el centro de Buenos Aires fue sacudido por una gran explosión en el barrio porteño de Retiro que destrozó la sede diplomática israelí en el país, al abarcar tanto la embajada como el consulado, ubicadas en los números 910 y 916 de la calle Arroyo de la ciudad de Buenos Aires.
Desde hace 30 años, en ese mismo horario, se escucha el sonido de una sirena a la hora del hecho, en recordatorio de las víctimas, y como un permanente grito que pide justicia en una causa que llegó a la Corte Suprema sin que haya hasta el momento un solo detenido.
Aquel día, las calles se llenaron de escombros, polvo y cuerpos sin vida, y se improvisaron en un primer momento rescates de las personas que podían pedir auxilio frente al desconcierto de bomberos y policías que llegaban al lugar.
Murieron y resultaron heridos también personas ajenas al edificio diplomático, entre ellos peatones, conductores, y hasta ancianos que estaban en un geriátrico cercano. También hubo destrozos en una iglesia ubicada a pocas cuadras y en una escuela.
Se trató del primer atentado terrorista en el país y así Argentina entró brutalmente en la agenda del terrorismo internacional sin saber que otro atentado ocurriría dos años después, esta vez en la AMIA.
En esa oportunidad, el resultado fue de 85 muertos, otros tantos heridos, y muchas más vidas quebradas en el barrio de Once, hecho que también sigue hoy impune.
En 1992, tras el atentado, el entonces presidente Carlos Menem acusó en medio de la conmoción a “sectores del nazismo” y afirmó que ya habían “sido derrotados”, en referencia a los militares carapintadas, cuyo último levantamiento había sido sofocado en diciembre de 1990.
Otras de las hipótesis que lanzó el entonces mandatario, días más tarde, fueron que el hecho de “haber sido el único Presidente argentino que visitó Israel pudo haber sido lo que haya ofendido a estas organizaciones terroristas”, o “lo otro que puede ser es el envío de las naves argentinas al Golfo con motivo de la invasión de Irak a Kuwait”, según dijo a la prensa.
Se refirió así al envío de dos buques de guerra al Golfo, en 1991, para reforzar la coalición liderada por Estados Unidos contra Irak, un hecho representativo del estilo de la política exterior que siguió el gobierno de Menem.
Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, la principal hipótesis de la investigación se inclinó por culpar a la organización Hezbollah, con base en Líbano y apoyada por la República Islámica de Irán, supuesto organizador intelectual de ese ataque.
Como el atentado afectó a una delegación extranjera, la causa quedó en
manos de la Corte Suprema de Justicia, que el 24 de marzo del 92 abrió el expediente 143/1992, que continúa en poder del máximo tribunal sin resultados.
En tanto, las pesquisas de la instrucción quedaron en manos de la Comisaría 15 de la Policía Federal, pese a que la Corte rechazó luego el pedido de los querellantes de convocar a declarar a los custodios de esa fuerza que se retiraron de la puerta de la Embajada poco antes de la explosión.
Recién cuatro años después del atentado, esos efectivos policiales fueron citados a testimoniar, junto al titular de la comisaría 15.
Cuando el atentado se produjo, en el edificio se realizaban obras de remodelación, por lo que los familiares de las víctimas y sobrevivientes solicitaron que los propietarios de la empresa constructora encargada de esos trabajos declararan en el expediente.
El fallecido ministro de la Corte Ricardo Levene, por entonces a cargo del expediente, formuló en 1996 la teoría de que el edificio había sido demolido por un artefacto explosivo colocado en su interior.
Otros peritos señalaron, en cambio, la presencia de una camioneta Ford F-100, que merodeó la zona al momento del siniestro, y que, cargada de explosivos, fue conducida por un terrorista suicida que la explotó frente a la delegación diplomática.
Esa terminó siendo la versión oficial sobre el ataque que se impuso tras la creación, en 1997, de una Secretaría Especial que asumió la investigación bajo la dirección de Esteban Jorge Canevari, funcionario de la Corte.
En tanto, la Justicia argentina creyó identificar al supuesto comprador de la camioneta F-100 que se habría utilizado en el ataque, con el nombre de Riberio Da Luz. Pero luego se supo que ese dato era falso por lo que nunca se pudo identificar al autor material del crimen.
Otros hechos notorios en la investigación fueron la detención de cuatro ciudadanos de Paquistán y la imposibilidad de determinar el número preciso de muertos, cifra que se supo con exactitud casi siete años después de ocurrido el hecho.
Los ciudadanos paquistaníes fueron detenidos tres días después del ataque y, aunque quedaron liberados una semana más tarde, continuaron vinculados a la causa durante siete años, hasta que finalmente los sobreseyeron.
En cuanto a la cantidad de víctimas, inicialmente se consignó que hubo 29 fallecidos, luego 26, y finalmente, en 1999, la Corte ratificó que fueron en realidad 22 víctimas fatales.
Ese año, la investigación pareció cobrar un nuevo impulso, al solicitar Canevari la captura internacional de Imad Mughniyieh, entonces jefe militar de Hezbollah.
En 2006, y por impulso de los familiares de las víctimas, la Corte Suprema, compuesta por los jueces Enrique Petracchi, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni, Ricardo Lorenzetti y Carmen Argibay, declaró la causa como “imprescriptible”.
Con esa resolución, el tribunal ratificó el trabajo de Canevari, a pesar de los escasos avances verificados en la investigación, y confirmó las órdenes de captura pedidas por el secretario, que a partir del 1 de abril de este año se jubiló.
Recién muchos años después, en 2015, la entonces presidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ordenó mediante un decreto presidencial publicado en el Boletín Oficial “la desclasificación de la totalidad de la documentación de los archivos de inteligencia relacionados con el mencionado atentado”.
El Gobierno argentino instruyó a la Agencia Federal de Inteligencia “para que, previo análisis, remita a la Corte Suprema de Justicia de la Nación aquellos documentos donde se encuentre información relacionada con el brutal atentado”.
Sin embargo, desde entonces, el alto tribunal tampoco ha avanzado. A modo recordatorio, el 18 de diciembre de 2017 se promulgó la ley que instituye el 17 de marzo como Día de la Memoria, en conmemoración a las víctimas.
El año pasado, en un contexto de pandemia, la embajada de Israel en Argentina lanzó un homenaje virtual del que participó el presidente Alberto Fernández, y su par israelí, Reuven Rivlin, como precedente de un acto central que se realizó en forma remota.
Fernández dijo que, “a 29 años del atentado, una vez más, decimos presente” y luego, su par de Israel, expresó: “Bendita sea su memoria”.
En la actualidad, el sitio donde estaba la embajada está preservado y se levanta allí un muro que contiene los nombres de los fallecidos en una placa. Este lugar de la memoria fue inaugurado el 17 de marzo del año 2000.
Además, hay una plaza donde cada aniversario se vuelve a escuchar el clamor de justicia. (DIB)
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