El juez federal Ariel Lijo, a quien el Gobierno había promovido para integrar la Corte Suprema, quedó a cargo de la causa por los presuntos hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), un caso que involucra al ex funcionario Diego Spagnuolo y otros colaboradores del entorno libertario.

Lijo salió sorteado después de que el magistrado Sebastián Casanello dejara la subrogancia del Juzgado Federal 11, que es el que lleva el expediente contra Spagnuolo. Casanello subrogaba desde el año pasado en el Juzgado Federal 11, que quedó vacante desde que falleció Claudio Bonadio.

Al haber informado a la Cámara Federal que no solicitaría una prórroga de esa subrogancia, se designó por sorteo a Lijo, titular a su vez del Juzgado Federal 7. La otra magistrada que fue sorteada para la causa -no ganó- fue Sandra Arroyo Salgado, que viene de archivar la investigación por la toma de deuda con el FMI, en la que están procesados los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger, además del expresidente Mauricio Macri.

La causa tiene 19 procesamientos dictados: además de Spagnuolo están Daniel Garbellini, Miguel Angel Calvete, su hija Ornella Calvete y Pablo Atchabahian por delitos como cohecho activo, fraude al Estado, asociación ilícita y negociaciones incompatibles con la función pública.

A principios del año pasado el Gobierno había intentado promover a Lijo y al abogado Manuel García Mansilla para la Corte Suprema, aunque no consiguió el respaldo del Senado.

En el caso de Lijo, el máximo tribunal le exigió que renunciara a su cargo en el juzgado en lugar de presentar una licencia, lo que el magistrado se negó a hacer.

En tanto, Spagnuolo fue procesado el lunes último por asociación ilícita, mientras la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un planteo de los hermanos Kovalivker y habilitó el avance la de la investigación.

Lo había dispuesto Casanello en la causa por presuntos cobros de sobornos, fraude al Estado y incompatibilidades en función del cargo público que ostentaba ex director de la ANDIS.

Fuente: Agencia DIB.

El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo fue procesado este lunes sin prisión preventiva por asociación ilícita, en el marco de la causa que investiga la malversación de fondos del organismo.

La medida fue dispuesta por el juez federal Sebastián Casanello, en el marco de la causa por presuntos cobros de sobornos, fraude al Estado y incompatibilidades en función del cargo público que ostentaba ex director de la ANDIS, según indicó la agencia Noticias Argentinas.

El fallo de Casanello alcanza también a quien fuera el segundo de Spagnuolo en la ANDIS, Daniel Garbellini, al empresario Miguel Ángel Calvete, a su hija, Ornella Calvete, y a 14 otros acusados con estrechos vínculos con droguerías.

Spagnuolo fue procesado por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación por administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública nacional, y asociación ilícita. Además se le dispuso un embargo por más de $200 millones.

El magistrado explicó que la investigación ”permitió reconstruir un entramado de corrupción institucional que tuvo su núcleo en el funcionamiento irregular de la Agencia Nacional de Discapacidad, con operadores externos y funcionarios que ocupaban los cargos de máxima autoridad actuando en forma mancomunada en contra del interés general y a favor de negocios privados ilícitos".

Casanello advirtió: “La Agencia fue cooptada y empleada como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad”.

La causa comenzó luego de la publicación en redes sociales y medios de comunicación de una serie de audios telefónicos donde una voz atribuida a Spagnuolo denunciaba un sistema de retenciones del 8% en las compras de medicamentos, orquestado por Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y la droguería Suizo Argentina.

En esas grabaciones, el exfuncionario refería: “A mí me están desfalcando la agencia” y mencionaba tener “todos los WhatsApps de Karina” como respaldo. “A Karina le llega el 3% y el 1% se va en la operatoria”, expresaba Spagnuolo en las comunicaciones.

En los audios difundidos por el programa Data Clave, en el streaming Carnaval, el funcionario dijo que el presidente Javier Milei estaba al tanto de lo sucedido: “Yo fui y le dije: ‘Javier, yo estoy denunciando todo el choreo y abajo tengo gente que va a pedir guita. ¿Qué hago?’”.

En los audios Spagnuolo describía "una gama enorme de negocios”, vinculados a los remedios que tenían descuentos de las droguerías. En paralelo, miles de personas reclamaban la votación de la Ley de Emergencia en discapacidad por los recortes y bajos sueldos que estaba sufriendo el sector.

Fuente: Agencia DIB 

Tras el escándalo a raíz de la filtración de los audios del exfuncionario Diego Spagnuolo, el Gobierno finalmente concretó la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y traspasó sus atribuciones al Ministerio de Salud a cargo de Mario Lugones. Eso sí: aseguraron que no se cortarán ni se eliminarán prestaciones.

La decisión se maduraba desde la detección de irregularidades en la agencia que conducía el exabogado del presidente Javier Milei.

Este martes el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció su cierre. “La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud”, anunció Adorni desde la sala de conferencias.

El exvocero remarcó: “La agencia se creó en 2017 como un organismo descentralizado que tenía como objetivo coordinar las políticas públicas en discapacidad. Sin embargo, durante años y fruto de la autonomía administrativa que gozaba este tipo de organización, acumuló toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”.

Para Adorni, la situación “provocó irregularidades, como personas fallecidas cuyos familiares seguían cobrando la pensión, pensiones otorgadas sin documentación válida, médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios, como la Fundación METAS, que decía brindar clases de apoyo escolar, pero en sus instalaciones solo había una vivienda precaria, sin agua, electricidad, inmobiliario”.

“Solo se encontró suciedad, moho, escombros y excremento de roedores. Al formar parte del Ministerio de Salud, las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades”, sentenció el funcionario, y completó: “Se va a garantizar la trazabilidad en expedientes, habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones. Además, se van a eliminar 16 cargos políticos, lo que implica una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica”.

Por su parte, aclaró: “Esto no significa que se vayan a cortar pensiones ni nada por el estilo. Esto lo aclaro, porque en virtud de evitar que alguien cometa algún error contando la información alejada de la realidad o de lo que realmente es, repito: esto no implica que se corte absolutamente ninguna prestación”.

Fuente: Agencia DIB 

En plena auditoría integral de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el Gobierno detectó una irregularidad de enorme impacto: 178 mil usuarios del Certificado Único de Discapacidad (CUD) figuran como activos pese a estar fallecidos. Fue tras un cruce de datos con el Registro Nacional de las Personas (RENAPER). El hecho encendió alarmas en la Casa Rosada, donde ya se analiza avanzar con acciones judiciales tanto contra quienes percibieron los beneficios como contra los prestadores involucrados.

La detección se produjo en el marco del reordenamiento del organismo, intervenido tras el escándalo que derivó en la salida de su extitular, Diego Spagnuolo, luego de la difusión de audios en los que se lo escucha hablar de un presunto circuito de cobro de coimas.

Si bien el exfuncionario presentó recientemente en la Justicia un informe pericial en el que asegura que esas grabaciones fueron manipuladas con inteligencia artificial, la auditoría avanzó y comenzó a exponer inconsistencias estructurales en la agencia.

El actual interventor, Alejandro Vilches, médico sanitarista designado por el ministro de Salud Mario Lugones, fue quien ordenó el cruce de bases de datos y autorizó las bajas inmediatas de los certificados observados. Según explicaron fuentes oficiales, el próximo paso será cotejar los datos de los fallecidos con los prestadores que declararon haber brindado servicios.

El CUD es un documento público y gratuito que certifica la discapacidad de una persona y habilita el acceso a prestaciones de salud, transporte gratuito, asignaciones familiares y otros beneficios en todo el país. Se otorga tras una evaluación de una Junta Interdisciplinaria y no tiene vencimiento fijo, aunque requiere actualizaciones periódicas que hoy se encuentran prorrogadas.

El hallazgo forma parte de una serie de irregularidades que obligaron al Poder Ejecutivo a impulsar el pasado 28 de agosto una auditoría integral sobre el organismo que incluyó además la revisión de contratos, luego de que Spagnuolo apuntara contra la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el armador del Interior, Eduardo “Lule” Menem, por presunto pedido de coimas.

Los resultados aún no están cerrados, y podrían ser oficializados sobre el final del primer trimestre de 2026.

Fuente: Agencia DIB 

Ornella Calvete, la exfuncionaria del ministerio de Economía imputada en la causa que investiga el presunto pago de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), aparece en un audio diciendo a un interlocutor que sería su padre, Miguel Calvete, también involucrado: “no me hagas karinearte la comisión”.

Ornella renunció a su cargo de directora de Desarrollo Regional y Sectorial de la Secretaría de Industria y Comercio cuando salió a la luz que la Justicia allanó su casa y le encontró 700.000 dólares. La mujer está en pareja con Javier Cardini, que también trabajaba en Economía como subsecretario de Gestión Productiva y tuvo que renunciar por la investigación de las coimas.

"Escuchame Pedro si no me atendés me quedo el 3%, no me hagas Karinearte la comisión", dice en una obvia referencia a los dichos de Diego Spagnuolo sobre el porcentaje de las coimas que debía ir para Karina Milei.

Según consta en la causa, Ornella se refiere a su padre Miguel como "Pedro" porque él le había recomendado evitar su nombre para que no quede pegado. En otras conversaciones que ya habían surgido en la causa, Calvete hablaba del "3% para KM".

El magistrado también citó a declaración indagatoria a Diego Martín D'Giano, que fue director de Prestaciones Médicas en la Andis, y a Patricia Canavesio y Julio César Viera, ambos identificados por el fiscal como gente de confianza de Calvete padre.

En tanto, el juez federal Sebastián Casanello citó a indagatoria a la ex funcionaria del Ministerio de Economía de la Nación Ornella Calvete y a otros tres acusados en la causa por los presuntos sobreprecios y las coimas.

el magistrado aceptó el pedido del fiscal Franco Picardi para convocar a declarar como acusados a Calvete, al ex director de Prestaciones Médicas de ANDIS Diego D’Giano y a Patricia Canavesio y Julio César Viera, dos personas vinculadas a Miguel Ángel Calvete, padre de Ornella y nexo clave en la causa entre los laboratorios que compraban medicamentos a ANDIS y los funcionarios del organismo y preso cumpliendo una condena de cuatro años de prisión por proxenetismo.

Las indagatorias están fijadas para el 18 de diciembre (D’Giano a las 11 horas y Canavesio a las 12) y para el 19 (Viera a las 11 horas y Calvete a las 12). Se sumarán a otras 15 indagatorias que terminaron la semana pasada y que incluyó a Miguel Calvete, a Spagnuolo y a su segundo en ANDIS, Daniel Garbellini.

Fuente: Agencia DIB. 

Un abogado que defendía a Miguel Ángel Calvete, uno de los implicados en la causa que investiga las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), renunció al cargo que ejercía en la Oficina Anticorrupción(OA).

Camilo Cordero Fabbri se desempeñaba como coordinador en el área de Admisión y Derivación de Denuncias en el organismo estatal.

El letrado representa a Calvete en un caso que derivó en su condena a cuatro años de prisión por explotación de la prostitución ajena.

El fiscal Franco Picardi acusa a Calvete, al ex titular de la ANDIS Diego Spagnuolo y otros 14 ex funcionarios de integrar una organización que digitaba las compras para las llamadas Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI), que “se caracterizan por tener un costo económico elevado o un tratamiento prolongado, como las prácticas quirúrgicas de alta complejidad que se realizan una vez, así como también medicamentos biológicos para enfermedades ‘raras’”.

Fuente: Agencia DIB. 

Ornella Calvete, directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial en la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, presentó su renuncia luego de que la justicia encontrara aproximadamente 700.000 dólares y otras divisas en su domicilio.

El hallazgo se produjo en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), una causa que involucra a funcionarios del gobierno de Javier Milei, incluyendo al ex titular del organismo Diego Spagnuolo, y que amenaza incluso a Karina Milei.

La exfuncionaria había sido designada en el cargo en septiembre de 2024 y es hija de Miguel Ángel Calvete, señalado por el fiscal Franco Picardi como uno de los jefes “paraestatales” de la ANDIS y quien aparece como figura central en el entramado de coimas que investiga la justicia federal.

El procedimiento en la vivienda de Ornella Calvete se realizó el 9 de octubre pasado, aunque la información sobre el secuestro del dinero solo trascendió públicamente esta semana.

Voceros del Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, confirmaron la renuncia de Calvete, aunque intentaron restarle importancia política al afirmar que se trató de una decisión personal de la ahora exfuncionaria y que “trabajaba en una secretaría“.

Ornella Calvete está en pareja con Javier Cardini, quien también trabaja en el Ministerio de Economía como subsecretario de Gestión Productiva, justo por debajo del secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne.

Los investigadores señalan que en la causa constan chats entre la exfuncionaria y su padre que sugieren su participación en el sistema de recaudación ilegal. Según el dictamen fiscal, el 10 de septiembre de 2025, Ornella Calvete insistió a su padre por “Claudio” de Ortopedia Alemana.

Su padre le confirmó que ya había concretado una reunión, a lo cual ella le deseó éxitos y le dijo que si todo salía bien le compraría algo lindo: “una lambo, una granja, lo que quieras“. La respuesta de Miguel Ángel Calvete fue: “No hace falta…con el 3% a KM está perfecto“, en aparente referencia a Karina Milei.

Uno de los episodios más llamativos de la investigación ocurrió dos días después, el 12 de septiembre, cuando Ornella Calvete le escribió a su padre para contarle que en la planta baja de su vivienda había quince policías y agregó: “No sé si es por el cabeza de rodilla o qué“. Su padre inmediatamente la saludó y ella le informó que ya se habían ido, que era una falsa alarma.

Tras intercambiar stickers, Miguel Ángel Calvete le aconsejó a su hija que “se haga la gila”. Ante esto, ella le preguntó a su padre por la situación de INDECOMM, una de las empresas vinculadas a él, y si la firma “tiene cash blanco”. Luego agregó: “por si entran acá y me ven con mosssca” o “digo que me lo prestó alguien, olvidate”.

Esta conversación muestra un nivel de previsión sobre una posible intervención judicial casi un mes antes del operativo que finalmente se concretó con el secuestro del dinero en efectivo, documentos y dispositivos electrónicos.

El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, fue citado a indagatoria en el marco de la causa que investiga presuntas coimas y direccionamiento de compras dentro del organismo, especialmente en el suministro de medicamentos destinados a beneficiarios del Programa Incluir Salud.

El llamado se produjo tras el levantamiento del secreto de sumario y luego de que el fiscal federal Franco Picardi considerara que se alcanzó el nivel de sospecha exigido por el artículo 294 del Código Procesal Penal.

Además de Spagnuolo, fueron convocadas otras 14 personas, entre ellas exfuncionarios y actores del sector privado vinculados a droguerías y proveedores de insumos de alto costo. La investigación apunta a un supuesto esquema de sobreprecios y sobornos que habría perjudicado directamente al Estado y a una población especialmente vulnerable: personas con discapacidad que dependen de pensiones no contributivas y que no cuentan con otra cobertura de salud.

La causa se inició tras la difusión de audios en los que se escucha a una voz atribuida a Spagnuolo describir un mecanismo de retornos del 3% en la compra de medicamentos. Los registros, publicados en agosto por un medio digital, también mencionaban a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y al asesor Eduardo “Lule” Menem, aunque ninguno fue imputado. Tras la aparición del material, el presidente Javier Milei removió por decreto al funcionario.

Sin embargo, la defensa de Spagnuolo, encabezada por el abogado Mauricio D’Alessandro, sostiene que los audios podrían haber sido generados o manipulados mediante inteligencia artificial. “Parece que es mi voz, pero no soy yo”, habría comentado el exfuncionario a su entorno. Su equipo legal ya anticipó que solicitará una pericia sobre las grabaciones, mientras el propio Spagnuolo niega haber mantenido esas conversaciones y asegura que no reconoce los fragmentos difundidos.

El fiscal Picardi, no obstante, afirmó que la estructura delictiva investigada no se limita a los audios. Según fuentes judiciales, existiría más material audiovisual que compromete a Spagnuolo, así como indicios de un esquema “estructurado y sostenido” de direccionamiento de contrataciones utilizando el sistema informático SIIPFIS como pantalla de transparencia. Entre los indagados también figura el ex número dos de la agencia, Daniel Garbellini, quien habría articulado un circuito paralelo de pedidos de coimas.

La investigación abarca supuestos acuerdos ilegales con droguerías para garantizar adjudicaciones, fijar precios por encima del valor real y asegurar pagos de coimas a cambio de contratos. Todo ello en un área crítica del Estado que gestiona medicamentos y tratamientos de alto costo para personas con discapacidad, incluidas madres de siete hijos, mayores de 70 años en situación de vulnerabilidad y pacientes sin cobertura médica. 

La Cámara de Diputados resolvió este miércoles emplazar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Acción Social y Salud Pública para el próximo martes a las 14, con el objetivo de debatir un conjunto de proyectos vinculados al escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Entre ellos figura la iniciativa para interpelar a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

De acuerdo con la agencia Noticias Argentinas, la moción fue presentada en el recinto por el diputado de Unión por la Patria (UxP) Itai Hagman y se aprobó a mano alzada, pese al rechazo del oficialismo.

La Comisión de Salud ya venía analizando pedidos de informes, proyectos de interpelación, una propuesta para dejar sin efecto las auditorías que dieron de baja pensiones por discapacidad y otra iniciativa de Juan Marino (UxP) destinada a reestructurar la conducción de ANDIS. Sin embargo, todas esas propuestas también tienen giro a la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Nicolás Mayoraz, del oficialismo, lo que hace imprescindible su dictamen.

Tal como ocurrió con otras iniciativas opositoras -como el pedido de una comisión investigadora por el caso del fentanilo contaminado-, Mayoraz evitaba convocar al cuerpo para tratar proyectos que comprometen a funcionarios del Gobierno. Por eso, el emplazamiento se convirtió en un paso clave para habilitar la discusión. En ese marco, recobró fuerza el relato del ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, quien aseguró que el sistema de recaudación habría sido montado por la Droguería Suizo Argentina, la cual “pasaba la gorra” entre los laboratorios para que dejaran un 5% en concepto de retornos, porcentaje que en cierto momento se habría elevado al 8%. (DIB)

Mientras el jefe de gabinete Guillermo Francos asegura que “en el Gobierno no hubo casos de corrupción”, la Justicia federal analiza más de 600 contratos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) con la droguería Suizo Argentina SA. La sospecha es doble: sobreprecios en licitaciones y un circuito de coimas para garantizar negocios por más de 55.000 millones de pesos.

El jueves vencerá el secreto de sumario que rige desde hace veinte días y los investigadores esperan confirmar si la firma de la familia Kovalivker se convirtió en la principal proveedora del organismo a través de un sistema de beneficios irregulares.

La investigación comenzó con las grabaciones del ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo. En esos audios aparecen mencionados Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem, lo que derivó en una denuncia por cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función pública e infracción a la Ley de Ética Pública.

Spagnuolo, hoy desplazado, quedó en el centro de la escena: bajo su gestión, la ANDIS multiplicó las contrataciones directas con la droguería Suizo Argentina.

El fiscal Franco Picardi trabaja sobre dos hipótesis: adjudicaciones direccionadas con precios por encima del mercado y pagos ilegales a funcionarios para sostener esas contrataciones. “Una termina siendo resultado de la otra”, explican en los tribunales de Comodoro Py.

En paralelo, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo de Sergio Rodríguez, concentra su tarea en reconstruir la trazabilidad de los pagos, facturas y expedientes licitatorios que respaldaron los contratos.

La droguería Suizo Argentina, vinculada a la familia Kovalivker, tiene hoy como responsables visibles a Emmanuel y Jonathan, mientras la denuncia judicial alude a presuntas maniobras que involucran a la firma.

En una entrevista con BorderPeriodismo, Guillermo Francos cuestionó la validez de los audios que originaron el caso. “¿Esos dichos son ciertos? ¿Este señor está en su sano juicio? Vamos a verlo”, planteó. Y remarcó: “No hubo de parte del Gobierno nacional hechos de corrupción. Yo creo en el Presidente, me parece que esto fue una operación para golpear al Gobierno”. (DIB)

El juez federal Sebastián Casanello procesó este lunes a Ariel De Vicentis, jefe de seguridad de Nordelta, por su presunta colaboración con la familia Kovalivker, investigada en la megacausa de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que compromete a funcionarios y empresarios del sector farmacéutico.

De Vicentis fue procesado sin prisión preventiva por los delitos de desobediencia, estorbo de un acto funcional y encubrimiento. El juez le trabó además un embargo de dos millones de pesos. Según la resolución, el jefe de seguridad desplegó “maniobras dirigidas a crear un escenario de confusión y resistencia para obstaculizar la orden judicial” que apuntaba a requisar a los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker y secuestrar sus teléfonos celulares.

La noche del 21 de agosto, cuando la Policía de la Ciudad se presentó en el barrio La Isla, De Vicentis estaba de vacaciones, pero intervino: comenzó a llamar de manera insistente a los guardias, pese a que se les había ordenado no usar sus celulares durante el procedimiento.

Minutos después, Jonathan Kovalivker salió del country a bordo de un Audi S3 y logró evitar la requisa. Su hermano Emmanuel fue interceptado cuando intentaba huir en su auto con sobres que contenían 266.000 dólares y siete millones de pesos. En la vivienda de Jonathan, los efectivos hallaron una caja fuerte abierta y vacía, junto a banditas elásticas en el piso.

El fallo describe además que cuatro patrulleros de la Policía Bonaerense llegaron al lugar, convocados por el área de seguridad de Nordelta bajo la falsa denuncia de que “personas no identificadas” intentaban realizar un procedimiento sin orden judicial. Los móviles se retiraron una vez comprobada la legalidad de la medida.

Las pruebas centrales fueron los mensajes hallados en el celular de De Vicentis. En uno de ellos escribió: “Reitero sea la fuerza de seguridad que fuere, nosotros no tenemos que facilitarle el camino a ninguno”. Para Casanello, esos chats revelan “una suerte de protocolo no escrito que exhibe un modus operandi acerca de cómo no colaborar con las fuerzas de seguridad”.

En otro mensaje, enviado al grupo de supervisores tras los allanamientos, De Vicentis insistió: “Nadie facilita nada y nadie deja entrar a ninguna oficina, si en la documentación no está especificado el lugar”. Y remató: “Si creen estar en fuerte apache o en algún otro lugar parecido, se confunden”.

En Comodoro Py, De Vicentis reconoció su intervención aunque sostuvo que su objetivo fue corroborar la validez de la orden judicial y la actuación de los policías. Para el juez, en cambio, su posición como jefe de seguridad le permitió “advertir en tiempo real la presencia de la fuerza pública, identificar el lote objeto de la medida y transmitir instrucciones al personal”, lo que derivó en la fuga de Jonathan Kovalivker y en la frustración parcial del operativo.

Además de procesarlo, Casanello declaró su incompetencia territorial y remitió la causa a la justicia federal de Tigre, donde ocurrieron los hechos.

Entre la desconfianza y la colaboración, Jonathan y Emanuel Kovalivker, actuales directivos de la droguería Suizo Argentina, afrontan la investigación que se abrió tras la difusión de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). La defensa de la familia planteó un doble mensaje: desconfianza hacia la prueba principal, pero voluntad de colaborar con la Justicia.

“Son grabaciones que no sabemos si son verdaderas ni si son legítimas, ni si están realmente en la causa ”, sostuvo el abogado Martín Magram, que representa a los hermanos Kovalivker.

En diálogo con Radio con Vos, Magram recordó que a comienzos de año ya se había investigado una denuncia similar, que terminó archivada. “En febrero, el mismo juzgado, con dictamen del fiscal (Carlos) Rívolo, archivó una causa prácticamente espejo”, señaló. En aquel expediente, la Justicia había determinado que Suizo Argentina no recibió contrataciones directas ni trato preferencial, y que todas las compras se realizaron mediante licitaciones públicas.

El abogado insistió en que el nuevo expediente es una copia del anterior: “Se reeditó una denuncia que es exactamente una copia de lo que ya se ha investigado y archivado”.

El avance de la causa dejó escenas que, más que contrastar, se parecen demasiado: según reconstruyó la investigación, Emanuel intentó fugarse cuando la policía llegó a su vivienda en Nordelta. Fue retenido y en su auto se incautaron sobres con dinero por unos US$ 266 mil, además de anotaciones y su teléfono celular.

Su hermano mayor, Jonathan, logró anticiparse. Cuando los efectivos llegaron a su casa, él ya no estaba. Allí se encontraron con su mujer e hijos y una caja de seguridad abierta y vacía, con banditas elásticas tiradas en el piso. En la propiedad había otras dos cajas: una con poco dinero y otra con unos USD 50 mil.

Jonathan, que posee el 21,3% de las acciones y preside Suizo Argentina, quedó bajo sospecha no solo por su rol societario sino también por la secuencia que rodeó el allanamiento.

Durante los operativos ordenados por el juez Sebastián Casanello se incautaron computadoras, documentos y servidores de la compañía. Magram advirtió que esa medida “tenía tanta información” que podría poner “en jaque” el funcionamiento de la droguería y afectar la distribución de medicamentos en todo el país.

“Esto está hecho para todos los matutinos porque estamos en un proceso preelectoral”, agregó el letrado.

El proceso se sostiene sobre grabaciones en las que una voz que sería la de Spagnuolo describe un mecanismo de retornos con participación de Suizo Argentina. Hasta ahora, las fuentes judiciales habían coincidido en que se trataba de audios clandestinos y editados, nunca declarados falsos. Con las declaraciones de Magram, es la primera vez que la defensa cuestiona de manera pública su veracidad.

Los nombres de Jonathan y Emanuel ya figuran en el expediente: entregaron sus celulares a la Justicia, aunque sin las claves de acceso. Ese mismo Jonathan fue quien le regaló a su padre la primera Ferrari, iniciando la colección que Caras retrató en febrero. Medio año después, su apellido aparece en los papeles judiciales que comprometen a la empresa familiar.

La intervención de Osprera abrió una caja que ahora revisa la Justicia. Entre noviembre de 2024 y marzo de 2025, la obra social de los trabajadores rurales giró más de $7700 millones a la droguería Suizo Argentina, empresa investigada en otra causa por supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Los pagos, dispuestos durante la gestión del interventor Marcelo Carlos Petroni, incluyeron medicamentos de alto costo y convenios capitados para tratamientos oncológicos.

Según registros internos, fueron 193 las facturas abonadas en apenas cinco meses. El flujo fue irregular, pero sostenido: $667 millones en noviembre, $2500 millones en diciembre, $1395 millones en enero (con 101 transferencias), $629 millones en febrero y $2491 millones en marzo. La droguería de la familia Kovalivker quedó así entre los principales proveedores del sistema sindical de salud.

El 23 de enero de este año, Petroni firmó un acta acuerdo con Suizo Argentina para establecer un plan de pagos sobre la deuda acumulada hasta diciembre de 2024. La empresa se comprometió a garantizar el abastecimiento de medicamentos, mientras la obra social prometía cancelar las nuevas facturas en un plazo de 60 días. Según reconstruyó el diario La Nación, la deuda actual ronda los $3000 millones.

“La intervención recibió a Osprera con un pasivo total de $97.000 millones y un pasivo corriente de $5000 millones mensuales que ya se bajó en más de 50%”, aseguraron desde la conducción. También negaron que exista trato preferencial con ningún proveedor.

El fiscal federal Guillermo Marijuan, que ya investiga a Suizo Argentina en la causa de Andis, también avanza sobre las contrataciones de Osprera. En el expediente figuran mensajes de WhatsApp que revelan vínculos políticos entre Petroni y referentes libertarios. En uno de los chats, el interventor escribe a Sergio Andrés Aguirre, socio del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem: “Eso lo tiene que saber Martín y Lule”. En otro mensaje afirma: “Nosotros somos Lule y Karina”.

Aguirre aparece también como fundador de la firma HTech Innovation, beneficiaria de un contrato con Osprera a partir de noviembre de 2024. Según documentos oficiales, la empresa facturó $40.251.879 y $7.733.119 en pagos iniciales, y mantiene un vínculo vigente por $16 millones mensuales. La firma figura como socia de TR Nutrition, dedicada a suplementos dietarios, que aparece en la declaración jurada de Martín Menem.

Mientras tanto, el Gobierno había emitido el decreto 1045/24 con una “Guía de buenas prácticas para interventores”. El texto prohíbe pagar deudas anteriores a la intervención sin una auditoría previa que verifique su legitimidad. La lupa judicial apunta ahora a determinar si esas normas fueron cumplidas.

Petroni modificó el mecanismo de adquisición de medicamentos. Reemplazó las compulsas “telefónicas” por licitaciones cuatrimestrales a sobre cerrado ante escribano público. En la primera compulsa, realizada el 31 de julio, participaron 16 droguerías. Según La Nación, Suizo Argentina quedó tercera en medicamentos de alto costo en general y primera en oncología.

En paralelo, el nombre de la droguería volvió a aparecer vinculado al escándalo de los audios que derivaron en la renuncia del ex titular de Andis, Diego Spagnuolo. Las conexiones se multiplican: misma empresa, mismos intermediarios, mismas cajas. La obra social de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, con 500.000 afiliados y uno de los presupuestos más grandes del sistema, quedó en el centro del radar judicial.

Pero Marijuan no sólo investiga los pagos millonarios a la droguería Suizo Argentina. También lleva adelante otra causa que expone el entramado político, gremial y empresarial en torno a la Uatre y su obra social, por una denuncia presentada en febrero por el actual secretario general del sindicato, José Voytenco.

Ese expediente apunta directamente al plano sindical. Hace pocos días, el fiscal pidió la declaración indagatoria del diputado nacional Pablo Ansaloni, acusado de participar en un “plan criminal” para intervenir el gremio y recuperar poder tras su derrota electoral en 2022, en una maniobra atribuida a su socio político y sindical, el operador Fernando Antúnez, quién estuvo a cargo de Osprera durante la gestión de Ramón Ayala.

Según la denuncia, el objetivo fue desplazar a la conducción electa mediante maniobras políticas y operativas que habilitaran la intervención estatal, concretada en agosto de 2024. Desde entonces, la obra social Osprera quedó bajo control del Gobierno, primero con Virginia Montero al frente y luego con Marcelo Carlos Petroni, abogado cercano a Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia.

Fue precisamente a partir de esa intervención estatal que se produjeron las 193 facturas hoy bajo la lupa judicial.

En abril de este año, en tanto, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo desestimó una medida cautelar solicitada por la Secretaría de Trabajo de la Nación para avanzar en la intervención de la UATRE y no logró desplazar a Voytenco.

El Gobierno nacional dio otro paso en su cambio de estrategia en torno a los audios que hablan de presuntas coimas en discapacidad y este jueves el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, volvió a apuntar contra Diego Spagnuolo.

En medio del escándalo que salpican a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem, ahora Francos se mostró en sintonía con el presidente Javier Milei, quien ayer en una caravana calificó al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) de “mentiroso”.

Tras asegurar que Milei “no debió haber confiado” en Spagnuolo, el jefe de Gabinete resaltó la figura del Presidente. “Es una persona absolutamente honesta y transparente. No es de los que se abrazan a la caja fuerte”, aseguró. Sin embargo, consideró que “claramente Spagnuolo no lo era”.

En ese marco, el ministro coordinador detalló: “No sé si era cercano, pero lo conoce al Presidente y ha ido varias veces a las reuniones de ópera que hace el Presidente con algunas personas en Olivos. Si el Presidente confiaba en él, bueno no debió haber confiado”.

Consultado por radio Mitre acerca de si pondría “las manos en el fuego por ‘Lule’ Menem”, Francos respondió: “No tengo nada que reprocharle. Esto de preguntar si uno pone las manos en el fuego no tiene sentido. Yo lo conozco del trabajo en la gestión y desde el tiempo que lo conozco me parece una persona irreprochable. Como funcionario me parece una persona de confianza”.

Al ser consultado sobre el material que circula en los medios que hablan de coimas, Francos aseguró que “los audios de Spagnuolo son del año pasado y de golpe aparecen los audios”. Allí apuntó a que se trata de una operación mediática orquestada por el kirchnerismo.

En esa línea, después de considerar que los audios de Spagnuolo “son ridículos y sin sentido”, insistió: “Cuando uno ve que en 24 horas aparecen todos los audios en un canal de streaming (Carnaval) pagado para ser opositor al gobierno y aparece esto horas antes de que se tarta en diputados el proyecto de discapacidad”. (DIB)

En medio del escándalo judicial que desató la filtración de audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, sobre coimas del Gobierno para la compra de medicamentos, este miércoles salieron a la luz nuevos mensajes de voz comprometedores para el oficialismo. “Estoy cobrando dos mangos y no puedo meter la mano y cobrar”, se lo escucha decir al funcionario eyectado de su puesto al frente del organismo hace una semana.

El material protagonizado por el exabogado del presidente Javier Milei agrava la situación judicial de los altos funcionarios de La Libertad Avanza (LLA) y el entorno más cercano del Presidente. Puntualmente, están mencionados la Secretaria General de la Presidencia y hermana del mandatario, Karina Milei; y Eduardo “Lule” Mene m, hombre central en el Gobierno.

En total, habría otros siete nuevos audios filtrados en los que se oye al exfuncionario quejarse de su salario declarado y el poco margen que le dejaba la Secretaría General de la Presidencia para “manotear” dinero de la caja.

La información fue difundida este miércoles en el programa de streaming Data Clave de Carnaval Stream, en donde su conductor, Mauro Federico, aclaró: “ La persona que estuvo distribuyendo este material es alguien de la más extrema proximidad con el presidente Javier Milei (…). Es una persona que tiene muchos años con Milei. Es una persona que hasta llegó a dormir en la misma cama”.

En el primero de ellos, el extitular del Andis decía: “En enero cobré 3 palos. Hoy estoy cobrando 2.800.000, porque me subieron un límite de los aportes, y sigo cobrando 2.800.000. Y ahora viene ganancias, y la conchuda de Karina (Milei) congeló los salarios de los funcionarios… Y vos decís, che, loco, a los funcionarios no les cierra el blanco. Yo soy soltero, no tengo hijos, 2.800.000 me sobra. Pero si tenés dos hijos, vivís en un country, y los tenés que mandar (a los chicos) a la escuela, y pagar la obra social… No te cierra”.

En rigor, Spagnuolo se expresaba con descontento por el nivel de sus ingresos declarados y por la imposibilidad de solventar sus gastos de manera legal. “Yo tengo rango de secretario de Estado. Loco, ¿qué están haciendo? Te pegan ese pijazo. Todos los funcionarios de Sandra (Petovello, ministra de Capital Humano) se les fueron a la mierda, y yo estoy cobrando dos mangos y no puedo meter la mano y cobrar un mango“.

Y las quejas siguieron: “Es necesario sacar guita de algún lado para que te funcione. Tuvimos que sacar las horas extras… Al que queda, pagale bien. Hay gente que se gasta la guita en el pasaje ida y vuelta al laburo y en la comida”, enfatizó.

En un segundo audio, Spagnuolo decía: “Los Menem dicen y dicen… Flaco, sos un Menem, partimos de esa base. Te venís a hacer el moralista acá que tenemos que cuidar el mango y morir de hambre. Cómo hacés para chupar esa pija y después no ir y decir tenemos que subir los sueldos. Te pone en una situación como diciendo “qué te calienta si con la que te estás choreando de guita (…). A mí me pone en esa situación”.

En línea con su descargo contra Karina Milei, en el tercer audio se escucha: “Le manotean la caja a todo el mundo, no solamente a mí. Tienen frente de conflicto en todos lados”. El exfuncionario daba a entender que su área no era la única afectada por el robo.

“Yo no hago más quilombo. Pero como estaba denunciando todo esto… No puedo. Estaba denunciando que nosotros le íbamos a pedir guita a los que estamos denunciando”, continuaba su alocución el exfuncionario.

Puntualmente, respecto de Karina Milei, lanzó: “ No es que fue beneficiada. Ella maneja todoNo es que fue beneficiada. Ella maneja todo

. Entonces, nosotros dos vendemos torta, y yo voy a manejar el negocio de las tortas. Pero no es que lo manejo compitiendo, sino que obligo. Entonces, voy a vender todas mis tortas, todas estas, y a vos te dejo a la flaquita, te digo ‘andá vendele a este que está a dieta tu torta’. O sea, es tremendo”.

En otro tramo de los audios filtrados, Spagnuolo rememora un hecho que fue usado por el Gobierno para generar impacto en la opinión pública y, de esa manera, intentar justificar los recortes al sector de discapacidad: una supuesta pensión otorgada a una persona que había presentado una radiografía de un perro.

“Mirá la comunicación. Lo tenés al pelotudo de Adorni que le pasamos toda la información. La radiografía del perro dijimos: esta pensión no se otorgó, y qué va y dice? Que se otorgó. Y yo tengo que andar explicando por qué dicen ‘Está mintiendo, está mintiendo’. Y yo: te lo pasé clarito, no se otorgó ”, mencionaba el entonces funcionario.

Finalmente, respecto la dupla Lule Menem-Karina, espetó: “Son desprolijos. Todo eso es Lule. Los está cogiendo a todos con la pija de Karina, no la de él. Aparte, vos lo ves, negro desagradable… ¿Vos viste lo feo que es? (…) Este está dejando todos los dedos marcados. Aparte son seis meses los que llevamos y ya estás haciendo este zafarrancho. Karina era una mina que hacía tortas y hoy maneja todo esto… Cómo hacés”.

La investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo con operativos en el country Nordelta. Este martes, la Justicia secuestró videos de accesos y egresos de los barrios La Isla y El Golf con el fin de comprobar si el jefe de seguridad, Ariel De Vicentis, ayudó a Jonathan Kovalivker a escapar de las fuerzas de seguridad en plena pesquisa judicial.

El procedimiento fue ordenado por el juez federal Sebastián Casanello, que conduce la causa junto al fiscal Franco Picardi. Se trata de un expediente abierto hace menos de una semana, tras la filtración de audios atribuidos al ex director de la ANDIS, Diego Spagnuolo, en los que denunciaba supuestas maniobras irregulares y retornos ilegales en la compra de medicamentos.

Jonathan Kovalivker, presidente de la droguería Suizo Argentina e hijo de Eduardo Kovalivker, dueño del 64,5% de la compañía, había logrado abandonar Nordelta antes de que la Policía llegara a su domicilio. Al ser finalmente citado, se presentó en Comodoro Py con su abogado y entregó su celular, aunque sin la clave de acceso. Su hermano Emmanuel, en cambio, fue interceptado el viernes cuando intentaba salir del barrio cerrado con sobres que contenían US$ 266.000 y 7 millones de pesos, además de su pasaporte.

De Vicentis, con más de once años de servicio en la seguridad del complejo, quedó bajo investigación. Declaró en indagatoria ante Casanello que, aun estando de vacaciones, intervino en el operativo por “celo profesional”, pero negó haber alertado a los Kovalivker sobre el avance policial. La Justicia le secuestró dos teléfonos celulares, ya en análisis en la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip).

El ex director de la ANDIS, Diego Spagnuolo, fue desplazado por el Gobierno tras la difusión de grabaciones en las que describía el mecanismo de recaudación. Allí afirmaba: “La gente de la Suizo llama a los proveedores y les dice: ‘Escuchame, no va más el 5, vas a tener que poner el 8. Lo traés a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia. Así se están manejando’”.

La Justicia ya logró realizar una copia forense del contenido de uno de sus teléfonos. En la primera revisión se detectaron mensajes eliminados, aunque todavía no se estableció si guardaban relación con la causa.

El escándalo también salpica al subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia, Eduardo “Lule” Menem, señalado en los audios como facilitador del circuito de sobornos. Según publicó Clarín, circulan versiones sobre un supuesto video que lo mostraría a bordo de un vehículo de alta gama junto a uno de los empresarios investigados.

Más allá de los rumores, el dirigente riojano ya arrastraba denuncias por maniobras irregulares en dependencias del PAMI y la ANSeS bajo su órbita política. Según acusaciones, se trataba de un esquema de recaudación ilegal con proveedores.

El juez Casanello dispuso la prohibición cautelar de acceso a cajas de seguridad para los principales implicados y deberá definir en los próximos días su situación procesal. El fiscal Picardi, por su parte, advirtió que “no se va a tolerar la obstrucción de la Justicia”.

Con audios, allanamientos y celulares bajo peritaje, la pesquisa sobre las presuntas coimas en la ANDIS abre nuevas aristas que complican a funcionarios y empresarios en la trama de la provisión de medicamentos al Estado.

La irrupción de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), colocó al Gobierno en una posición incómoda: reconocer que existen indicios comprometedores sin asumir su veracidad plena. La estrategia comunicacional elegida fue acusar una “utilización política” de los registros, aunque la decisión de apartar al funcionario muestra que no se descarta que el material sea real.

“Este es el Gobierno que se jactaba de la anticorrupción y en 18 meses tuvo la no entrega de millones de kilos de alimentos, después el escándalo de la cripto Libra, luego lo de las valijas que no fueron revisadas en el Aeropuerto como correspondía y de eso nunca más se habló y ahora tiene el escándalo de la fuga de dinero de los discapacitados, con coimas de laboratorios y droguerías, donde se vuelve a mencionar a la hermana del presidente. Explícame en qué punto estamos”, planteó el analista político Aníbal Urios en diálogo con Radio Rivadavia.

El mensaje oficial se sostuvo en dos planos. Por un lado, la denuncia de un uso partidario del caso, explicitada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en una entrevista radial. No sólo dijo que a Milei “no le importa la plata”, sino que afirmó: “No es difícil pensar que es algo armado”, señaló. Por otro, en la Casa Rosada marcaron distancia de esa interpretación y subrayaron que la posición institucional no es atribuirlo a una operación, sino denunciar la “utilización política” de los audios.

La contradicción se profundizó al avanzar la Justicia. El juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi dispusieron allanamientos y secuestros de teléfonos y documentos, luego de la denuncia del abogado Gregorio Dalbón. En los audios se menciona que se pedía un 8% de retorno a droguerías y que un 3% llegaba a autoridades superiores. Ese señalamiento, que incluye al asesor Eduardo “Lule” Menem, generó una crisis interna por la cercanía del funcionario con la cúpula del poder libertario.

La reacción inmediata del Ejecutivo fue la expulsión de Spagnuolo y del director de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel Garbellini. El decreto que los removió aludió a “principios éticos de honestidad y probidad”, sin especificar las causas del desplazamiento. En paralelo, se intervino la agencia, bajo la premisa de que las palabras grabadas podrían ser verídicas. “Por ahora no tenemos certezas de nada”, admitieron fuentes oficiales.

La decisión expuso el dilema: al aceptar la posibilidad de que parte del material sea auténtico, el Gobierno deja abierta la puerta a que también lo sea el segmento donde se habla de la participación de Menem y de que las máximas autoridades estaban al tanto. La línea de defensa quedó reducida a la denuncia de “escándalo mediático” y a la espera de lo que resuelva la investigación judicial.

Mientras tanto, Javier Milei y su hermana Karina optaron por el silencio público. Un contraste notorio con otras ocasiones: cuando la secretaria general de la presidencia fue señalada falsamente por usar un reloj Rolex de USD 35.000, respondió de inmediato con fotos y mensajes en redes para desmentirlo. En cambio, ante la mención directa de su nombre en los audios, eligió no pronunciarse.

En ese abanico de respuestas quedó expuesta la estrategia defensiva del Gobierno. Hubo alusiones a una “maniobra política”, como la de Guillermo Francos, y menciones aisladas de dirigentes que hablaron de una “operación”. La línea oficial, sin embargo, se concentró en denunciar la “utilización política” de los audios. A esa postura se agregaron argumentos genéricos, como el principio de que “son todos inocentes hasta que se demuestre lo contrario”. El decreto que expulsó a Spagnuolo y a Garbellini apeló a principios éticos, pero evitó describir imputaciones concretas. El silencio de Javier y Karina Milei, en contraste con reacciones rápidas ante denuncias menores como la del reloj Rolex, terminó de marcar el carácter contradictorio de la estrategia oficial.

Urios fue más allá: “Si el mismo (Diego) Spagnuolo dice que él le había contado a Javier, que Javier estaba al tanto… Javier es el doctor Milei, el Presidente de la Nación. ¿Qué duda cabe?”.