La ciudad de Chascomús se sumó activamente hoy, 26 de junio, al Día Internacional de la Lucha contra la Droga, una fecha global impulsada por Naciones Unidas para concientizar sobre las consecuencias del uso indebido de sustancias y el mercado ilegal. La jornada central tuvo lugar en el Monasterio del paraje rural Gándara, donde se realizó una merienda comunitaria, se compartieron conmovedores testimonios y se celebró una Santa Misa rogando por los jóvenes afectados por el flagelo de las adicciones.

Desde la Diócesis de Chascomús, se destacó la importancia de la visibilización y el apoyo. En sus redes sociales, se difundió el testimonio de Facundo y Germán, integrantes de la comunidad Cenáculo en el Monasterio San José de Gándara. El Padre Obispo Juan Ignacio Liébana invitó a “viralizarlo y a dar testimonio de que sí se puede salir de las adicciones y del compromiso de todos por prevenir a nuestros jóvenes y adolescentes de este infierno de las drogas”.

Es fundamental recordar que los trabajos de recuperación que se están llevando adelante en el Monasterio San José en Gándara tienen un objetivo trascendental: la transformación del edificio en un futuro centro de rehabilitación para adicciones, un proyecto clave para la región.

Cada 26 de junio, la fecha busca no solo generar conciencia pública, sino también impulsar políticas más humanas y efectivas, centradas en la prevención, la atención integral y la defensa de los derechos fundamentales de las personas afectadas.

Para reforzar el compromiso local y fomentar la cooperación comunitaria, se ha lanzado una convocatoria abierta para una Jornada de Concientización en Chascomús que tendrá lugar este sábado 28 de junio a las 15:00 horas.

El encuentro será en la Plaza del Santo (Roldán y Ezeiza), junto a la Ermita San Cayetano, y consistirá en una mateada y jornada de visibilización barrial contra la droga y el uso indebido de sustancias.

Esta importante iniciativa es convocada por diversas organizaciones comprometidas con la problemática:

La invitación es extensiva a toda la comunidad para sumarse a este esfuerzo colectivo por una Chascomús más sana y libre de adicciones.

Los consumos problemáticos de sustancias han aumentado en la población en los últimos dos años y la situación es preocupante, sobre todo en los barrios más vulnerables de las grandes ciudades, aunque es transversal a todos los sectores socioeconómicos de la población.

Según la Encuesta Nacional de Consumos y Prácticas de Cuidado (ENCoPraC), el 82,6% de la población percibe un aumento del consumo en los últimos dos años y un 80,1% considera que seguirá creciendo. No obstante, el gobierno nacional ha congelado el presupuesto destinado a estas políticas para 2025, cuyas partidas son las mismas que las de la segunda mitad del año pasado. “En un contexto de inflación sostenida, esto implica un fuerte recorte en términos reales. Y aún más preocupante es que, a mitad de año, ya se ha ejecutado más del 72% de esos recursos, lo que anticipa serias dificultades para sostener programas clave durante el segundo semestre”, indicó en un comunicado la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Y apuntó: “Estos números no son solo estadísticas: son el reflejo de una sociedad que siente que está perdiendo el control sobre una problemática compleja, que requiere más presencia del Estado, no menos”.

Cada 26 de junio se conmemora el Día Mundial contra el Narcotráfico y el Uso Indebido de Sustancias. “En lugar de fortalecer la inversión en políticas públicas de prevención y tratamiento —como recomiendan todos los organismos internacionales—, el actual gobierno opta por un desfinanciamiento que tendrá efectos devastadores a mediano y largo plazo”, subrayó la Defensoría. En esa línea, sumó: “Lo que está en juego no es solo una partida presupuestaria, es el derecho de las personas con consumos problemáticos a recibir atención digna, es el derecho de las familias a no sentirse solas frente a una problemática compleja”.

Según describe la Organización Panamericana de la Salud (OPS), las sustancias psicoactivas son diversos compuestos naturales o sintéticos, que actúan sobre el sistema nervioso generando alteraciones en las funciones que regulan pensamientos, emociones y el comportamiento.

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) sostiene que, por cada dólar invertido en tratamiento, se ahorran 7 en justicia penal y 12 en salud pública. “Ignorar esta evidencia no es solo un error económico: es una vulneración del derecho a la salud, a la inclusión y a vivir en entornos seguros”, advirtió la entidad ciudadana bonaerense.

El consumo problemático de sustancias no solo deteriora la calidad de vida de quienes padecen conductas adictivas, sino de sus familias. Además, unos 3 millones de personas mueren al año en el mundo por esta cuestión sanitaria. Al hablar de drogas, es necesario que el imaginario social tenga en cuenta los altos consumos de alcohol, que están naturalizados, son los más peligrosos y letales: 2,6 millones de personas fallecen por su vinculación con la bebida.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) expresó: “El consumo de sustancias daña gravemente la salud, aumenta el riesgo de padecer enfermedades crónicas y trastornos mentales, y provoca cada año millones de muertes que se podrían evitar. Es una tragedia para las familias y las sociedades y aumenta la probabilidad que se produzcan accidentes, traumatismos y actos de violencia. Para que nuestras sociedades sean más equitativas y saludables, debemos poner en práctica con urgencia medidas enérgicas que reduzcan las consecuencias negativas para la salud y la sociedad del consumo de alcohol y que pongan a disposición de las personas los tratamientos de los trastornos por consumo de sustancias de forma más económica y directa”.

El martes 4 de febrero, se llevó a cabo un importante encuentro en el recinto del Honorable Concejo Deliberante de Chascomús, donde una amplia cantidad de vecinos se reunieron para presentar propuestas orientadas a mejorar la seguridad en la ciudad y el tratamiento de las personas con adicciones. La reunión contó con la participación de vecinos de distintos sectores de la comunidad, incluyendo representantes de instituciones comerciales, turísticas, rurales, clubes deportivos, entidades religiosas y otras organizaciones intermedias.

Durante el encuentro, los asistentes expresaron su creciente preocupación por la inseguridad que afecta a varios barrios de la ciudad. Los vecinos denunciaron la falta de respuestas por parte de la justicia, mencionando que los procedimientos judiciales frecuentemente no avanzan y que las acciones de seguridad, como las cámaras de vigilancia, son insuficientes para frenar los delitos. En particular, se destacaron los barrios Parque Girado y Lomas Altas, donde los mismos vecinos construyeron y equiparon los destacamentos de policía hace años, pero hoy en día se encuentran desatendidos.

Carlos Álvarez Correa, representante del foro de seguridad rural, señaló la necesidad de incorporar nuevos actores al foro municipal de seguridad. Álvarez Correa detalló el tipo de delitos que afectan a la zona rural, como el abigeato (robo de ganado) y la caza ilegal. A pesar de los esfuerzos realizados por su agrupación, lamentó que los resultados obtenidos no sean proporcionales a las inversiones en seguridad, como las cámaras y móviles adicionales.

Por su parte, el concejal Valentino Redruello propuso la creación de una procuración municipal para agilizar las denuncias. La idea es que un abogado se encargue de la representación del damnificado, garantizando una atención rápida y completa de las denuncias, y asignando responsables policiales y judiciales para que las investigaciones avancen sin demoras.

La vecina Gabriela Santillán, de San Cayetano, destacó la falta de personal policial suficiente y la falta de capacitación de los agentes, y pidió una mayor gestión política para aumentar el número de efectivos. También se refirió a la limitación del Centro Provincial de Atención (CPA) para tratar a menores con problemas de adicciones, sugiriendo la necesidad de reformular el foro vecinal para mejorar la representación.

La concejal Claudia Quiroga recordó la propuesta de reemplazar a policías destinados a tareas de vigilancia con personal municipal, y subrayó la importancia de mejorar el control del ausentismo en la fuerza policial.

Otros vecinos, como Graciela Giles de Barrio Jardín, señalaron la deficiente iluminación y la falta de vigilancia efectiva en su barrio, mientras que Martina Fernández expresó su frustración con la falta de respuestas judiciales y propuso un sistema de seguimiento de las causas criminales para asegurar que los fiscales actúen de manera efectiva. (Fuente y foto: Leonardo Moyano)

En otra parte de la misiva presentada en la mesa de entrada de la Municipalidad, también señalan que “No podemos mirar hacia otro lado cuando el paco ha empezado a golpear las puertas de nuestra ciudad y cuando prolifera el narcomenudeo en los barrios”.

Al mismo tiempo hacen referencia a la “disolución o cambio de estrategia” sobre drogas, en clara alusión al alejamiento de Esteban Wood del gobierno Municipal.

Para finalizar, los pastores evangélicos mencionados señalan que “desde nuestro compromiso con el mensaje evangélico, lo invitamos a tomar una defensa más firme ante esta situación…”.

Cabe mencionar que este tema está dando vueltas por diferentes medios de nivel nacional desde hace algunos días a la fecha, aunque todavía no se conoce si se han realizado exposiciones al respecto en la justicia, dado el tenor de la denuncia pública.

POR ESTEBAN WOOD (*)

Para bajar los índices de siniestralidad y mortalidad en los pasos a nivel de una ciudad del oeste del conurbano (de la que hoy no recuerdo el nombre), un grupo de intelectuales ideó la teoría de que la mejor forma de reducir estos incidentes (o al menos evitar mayores daños) era brindando a las personas diversas herramientas y habilidades para esquivar al tren antes de ser embestidos.

Abandonar el vehículo sobre las vías, correr, saltar al costado del terraplén y agitar un trapo para lograr que la formación aminore la marcha fueron algunas de las medidas impulsadas por estos alegres teoricistas. Frente a algo socialmente normalizado, naturalizado e inevitable como lo eran estos accidentes y ante el incuestionable derecho de las personas a decidir sobre sus vidas, el plan perfecto consistió en migrar de una política de intervención a una de mera contemplación.

En esta ciudad del oeste del conurbano (de la que hoy no recuerdo el nombre), a nadie se le ocurrió que la mejor forma de abordar este fenómeno era fortaleciendo las estrategias de prevención primaria: educando desde muy temprana edad, sensibilizando a la comunidad, reprochando ciertas conductas temerarias y elevando la percepción del enorme riesgo que reviste cruzar un paso a nivel con las barreras bajas.

Con las políticas públicas de reducción de la demanda de drogas pareciera suceder algo no muy distinto por estos días. Así como aún persiste la tensión ideológica entre prohibir o permitir, entre reprochar o legalizar, entre el sanitarismo y el progresismo a medias, la nueva grieta que nos divide es prevención primaria versus reducción de daños.

Por supuesto que, desde un torcido enfoque de derechos, es mucho más sencillo cruzarnos de brazos y no intervenir. Hacernos bajar los brazos es justamente lo que buscan quienes sostienen que el uso de alcohol, marihuana y otras sustancias es un desenlace inevitable en todos nuestros jóvenes, que tarde o temprano todos experimentarán, que ya no es necesario medir el fenómeno (última encuesta nacional en estudiantes secundarios data del 2014), y que lo mejor que se puede hacer es desterrar el “no” y apuntalar las intervenciones que reduzcan los daños asociados.

La prevención no es impacto sino proceso. Construir una verdadera cultura del cuidado requiere anticiparse al daño, no promocionarlo. Porque ciertos posicionamientos institucionales, bien intencionados pero a la vez contradictorios, son usados por los mismos adolescentes para blindar el sistema de creencias que regula su comportamiento social, los códigos que comparten entre pares, los valores que validan el ser y el pertenecer a un grupo, y todo aquello que ellos dan por verdadero por más que sea falso. No interesa si el sustento de esos comportamientos surge de un mito, de una falacia o de una posverdad. Una vez que la inevitabilidad del consumo sedimenta y echa raíces, desarraigarla para devolverle el sentido a las cosas exige desandar el mismo e idéntico camino previo que se usó para su construcción.

*Esteban Wood es Magíster en políticas públicas y especialista en asuntos sobre drogas, adicciones y narcotráfico.

La jornada se llevó adelante la semana pasada en la ciudad de Mar del Plata, donde el equipo de salud local expuso la experiencia del Centro de Día de Salud Mental y Adicciones sobre el seguimiento domiciliario durante la pandemia y hasta ahora.

Participaron del Congreso, la secretaria de Salud Pública Marcela Arias, las licenciadas en enfermería Liliana Correa y Estela Corbalán y la Dra. en Psiquiatría Belén Luchetti, quienes expusieron sobre el funcionamiento del Centro de Día, siendo este un dispositivo de atención, cuidado y acompañamiento para personas con padecimientos mentales con un enfoque de salud integral y su trabajo durante la pandemia.

El congreso a través del Consejo de Salud de la Provincia de Buenos Aires (CoSaPro), tuvo su eje en la construcción de un sistema sanitario integrado y una agenda pospandémica.

Entre los principales temas abordados se dialogó sobre presentación de innovaciones tecnológicas, apreciaciones sobre financiamientos en el sistema de salud, aprendizaje epidémico en tiempos de pandemia, y los desafíos para la reforma en el modelo de atención a la salud mental, entre otros.

Durante la asamblea, las autoridades presentes consensuaron un acta de acuerdo titulada “Carta por un Sistema de Salud Integrado y Fortalecido”, con el objetivo principal de continuar el trabajo, aprovechando y sosteniendo los mejores rasgos solidarios que surgieron en la pandemia, para lograr un sistema de salud integrado y garantizar el acceso del mismo.

Participaron autoridades nacionales, municipales, actores sociales y políticos, sociedad científica, universidades, trabajadores y trabajadoras de la salud de la provincia.

Cabe mencionar que el Intendente Javier Gastón participó del cierre del Congreso.

Por Esteban Woodwww.estebanwood.comMagíster en políticas públicas. Especialista en asuntos sobre drogas, adicciones y narcotráfico.

Mientras proceso los datos de la tercera encuesta a estudiantes secundarios de Chascomús sobre consumo de drogas, sacudido por edades de inicio cada vez más prematuras en el uso de alcohol y por la bajísima percepción de riesgo sobre la marihuana, me pregunto si existirá forma de mensurar el enorme daño que los talibanes de la ley de Salud Mental, los pregoneros locales del romanticismo cannábico y la variopinta fauna de oportunistas y neófitos de turno, embanderados en conceptos tales como “consumos problemáticos”, “reducción de daños” y “cannabis medicinal” (ignoran toda su compleja génesis), le están causando a nuestros niños, niñas y adolescentes.

¿Es posible cuantificar el daño provocado por todo este nuevo ecosistema superficial, banalizador y relativista? ¿Cómo encarar la prevención y fortalecer la resiliencia en esa franja etárea cuando todo se ha vuelto tan líquido, tan naturalizado, tan posmoderno, tan… inevitable?

Ante todas estas preguntas, y existiendo en nuestra ciudad una estrategia rectora local en materia de drogas (explicitada el 26 de marzo del 2017, a través de la decisión política del intendente Javier Gastón y con el respaldo del actual diputado nacional, Daniel Arroyo), lo primero es instar a un sinceramiento que ponga en debate los dos paradigmas de abordaje de esta problemática, actualmente en pugna. Porque es una obligación decir que al igual que en el plano nacional y provincial, en Chascomús hoy estarían confluyendo dos miradas antagónicas sobre el fenómeno de las adicciones que, cual placas tectónicas, habrían comenzado a colisionar entre sí.

Una, quizás más social, que entiende la problemática del uso, abuso y dependencia de sustancias psicoactivas como un complejo sistema multicausal en el que intervienen factores de riesgo y de protección, y que requiere de una necesaria especificidad que no puede quedar circunscripta exclusivamente a un problema de salud mental. Un enfoque que cree en la necesaria integralidad de las políticas de reducción de la demanda y de la oferta, con evaluación estadística permanente; que abraza la prevención primaria como principal herramienta de militancia, protección de derechos y transformación, que fundamenta sus intervenciones desde la evidencia científica (no la ideológica), y que sabe que aquellas personas que transitan una dependencia requieren de empatía, contención y acompañamiento cotidiano. Un paradigma que no mira hacia otro lado ante la certeza e inminencia del riesgo, sabiendo que la internación y el cese del consumo es el único rescate posible en trayectorias de vida que, de otro modo, terminarán en cárceles o cementerios.

Otra, la “antipsiquiatría”, que al amparo de la ley de salud mental logró apropiarse de lo que torcidamente denomina “enfoque de derechos” para justificar el criterio de mínima intervención (rozando el abandono de persona y la paradójica vulneración de derechos) frente a situaciones de adicción; que promociona la “reducción de daños” (progresismo pedagógico para drogarse a bajo riesgo) como una forma evolucionada y moderna de suplantar las intervenciones preventivas que desalienten el uso de sustancias; que milita el accionar comunitario con la sensibilidad social que podría tener un maniquí de vidriera. Un paradigma que repite, cual canto de sirenas, el libreto de la monovalencia y la desmanicomialización (“a desalambrar” cantaba Víctor Jara) sin comprender que lo manicomial no es lo edilicio, sino las prácticas profesionales de control tan propias del modelo médico-hegemónico que tanto cuestiona, pero que aún ejercita (entre ellas, el abuso de lo farmacológico).

Concretado esta primera instancia de sinceramiento, todos los actores intervinientes podrán despojarse de sus máscaras, explicitar subjetividades e intencionalidades, fundamentar desde lo teórico y desde lo empírico cual es el mejor modelo de abordaje de la problemática, y facilitar todos los insumos que permitan a las máximas autoridades municipales ratificar o rectificar el rumbo definido hace ya cinco años, con el diseño e implementación de la Estrategia Municipal sobre Drogas.

Es tiempo de sinceramientos en el abordaje de las adicciones. Porque como cualquier elección trascendental en nuestras vidas, llega un momento en el que se debe decidir de qué lado se quiere estar. Porque no existen políticas públicas de doble comando. Porque el creciente fenómeno del uso y abuso de drogas (legales e ilegales), que hinca sus raíces en las cicatrices de la post pandemia y en un tejido social cada vez más fracturado, no admite tibiezas ni temperaturas intermedias: o se es caliente o se es frío.